El magistrado Francisco Javier de Urquía se enfrenta a una petición del fiscal de dos años de cárcel y multas que superan los ocho millones de euros por dos delitos de prevaricación judicial y otros dos de cohecho que supuestamente cometió cuando instruía el caso Hidalgo. Según el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Urquía, "aprovechando su competencia como instructor de la causa, se puso de acuerdo con [sus amigos] Igor Mier y Arnaud Fabrice Albouhair (...) para obtener algún beneficio económico importante a cambio de ofrecer favores judiciales".
En su escrito, el fiscal cuenta el chantaje al que supuestamente fue sometido el empresario británico David Shamoon, imputado en el caso Hidalgo, que Urquía investigaba cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga). Shamoon, dueño de los lujosos hoteles Puente Romano y Marbella Club, tenía intención de vender el primero de estos establecimientos. Sin embargo, Urquía había embargado sus bienes, lo que impedía la venta. Los amigos del magistrado acudieron hasta en nueve ocasiones al entorno de Shamoon para ofrecerle que Urquía levantara el embargo a cambio de una cantidad que arrancó en cinco millones de euros y acabó en ocho.
En varias de las entrevistas, que fueron grabadas, Mier y Albouhair demostraron que tenían acceso al juez Urquía citando aspectos muy concretos del sumario, que por entonces estaba secreto. También le hicieron llegar a Shamoon una nota manuscrita, supuestamente por Urquía aunque éste lo niega, en la que figuran datos del hotel que el empresario quería vender y el nombre del comprador.
Urquía y Albouhair también están acusados de repartirse 60.000 euros que otro imputado del caso Hidalgo, Azan Khan, entregó bajo cuerda para librarse él y su familia de ir a prisión." (El País, ed, Galicia, España, 21/01/2010, p. 19)
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