Las mujeres llegaban a España, tras mediar un contacto de la trama, con visado de turista. Una vez en Vigo, les esperaría el taxista J.L.T.L., que vestía una ropa determinada, normalmente un gorro de cuero y un signo pactado como un periódico bajo el brazo. Accedían a ejercer la prostitución impelidas al recibir 3.000 euros para el viaje, que al pasar la frontera debían devolver.
La organización gestionó la regularización de papeles de algunas de ellas. Para ello, asegura el fiscal, contaron con la ayuda de funcionarios públicos como M.D.R., subinspector de Trabajo destinado en Vigo que asesoraba a los acusados en los procesos de regularización, extranjería y sanciones, extremo que niega el propio funcionario. En correspondencia a esos favores, A.J. se comprometió "a pagar la reforma de la cocina de un piso que M.D. posee en Moaña", valorada en unos 7.000 euros, pago frustrado al salir a la luz la instrucción de este sumario y que también negó el acusado." (El País, ed. Galicia, Galicia, 23/09/2009, p. 5)
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