“Michele Orsi, de 47 años, copropietario de la empresa de recogida de basuras Eco4, sabía demasiado. Vivía en Casal di Principe, un pueblo de 20.000 habitantes situado en la provincia de Caserta, cerca de Nápoles, el feudo de la banda camorrista más poderosa, la de los Casalesi, cuyo capo es Francesco Schiavone, Sandokán. Orsi iba a testificar el jueves ante el juez sobre los lazos que unen a políticos, empresarios, camorristas y funcionarios en torno al negocio de la basura en Campania. Sorprendentemente, el domingo le dio por pasear. No tenía escolta. Dos pistoleros se cruzaron en su camino y le pegaron 18 tiros. Le alcanzaron tres, dos en el pecho y uno en la cabeza, y Orsi se convirtió en el cuarto testigo asesinado en el último mes. (…)
Saviano, que vive bajo escolta permanente a causa de las amenazas de muerte, explicó tras el asesinato de Orsi que éste "era un empresario líder del sector de la basura que hizo millones de euros con los clanes camorristas". Su abogado, en cambio, definió al dueño de Eco4 como "una víctima que había pagado durante años 15.000 euros mensuales a la Camorra".
La razón del impuesto es que Orsi había conseguido en los últimos años los contratos para eliminar la basura en 18 lugares distintos de la región. "Él y su hermano Sergio se ocupaban de la basura de 150.000 personas", dice Maurizio Braucci, escritor napolitano y coguionista de Gomorra. "Tenían contactos con políticos, con los colaboradores del comisario especial que gestiona la emergencia de las basuras y con la Camorra. Era una de las personas clave en la diabólica red de corrupción y clientelismo que se esconde tras la emergencia de las basuras en Nápoles". (…)
"La clave es entender que la batalla principal es un enorme negocio", explica Braucci. "El problema que se juega hoy nació hace 15 años, en 1994, cuando el Gobierno decidió que la emergencia de la basura en Campania fuera gestionada por un comisario especial nombrado por Roma y no por la región directamente".
Esa decisión originó, explica Braucci, la creación de un "gran número de entes, entidades, empresas y consorcios, privados y públicos, que dependían del comisario. Esa inmensa red significaba contratos de trabajo, éstos significaban clientelismo y votos a los partidos, y eso a su vez significaba corrupción".
Así nació una inmensa red de intercambio de favores que dura todavía. Y se consolidó un sistema de emergencia en la gestión de los residuos, lo que implica que en Campania, desde hace 15 años, se eliminan las basuras sin cumplir "ni las normas italianas ni las europeas", afirma Braucci. "Los jueces, con errores y buena voluntad, intentaron parar los abusos ecológicos pero los políticos lo impidieron. El negocio era tan grande que dejó de ser regional y se convirtió en nacional", sigue el escritor.
Impregilo, la más grande sociedad financiera de Italia, con sede en Milán, tuvo entre 2000 y 2005 el contrato exclusivo para eliminar los residuos de la región. "Todo el ciclo de basuras estaba en manos de su empresa FIBE", recuerda Braucci. El resultado de la gestión fue el caos y un juicio por delito ecológico. "El comisario de 2000 a 2005, Antonio Bassolino, hoy presidente regional, fue procesado con un hijo y un sobrino de Romitti, el dueño de Impregilo. Los jueces les confiscaron 750 millones que ahora les han devuelto". Durante años, las basuras urbanas fueron depositadas en los mismos basureros y vertederos utilizados por la Camorra para enterrar residuos tóxicos. La conexión Camorra-basura peligrosa venía de lejos, y se cruzó en una madeja diabólica con la emergencia de la basura urbana. En los años ochenta, la mafia napolitana había descubierto el gran negocio: ofrecer a las empresas del norte del país ocuparse de sus residuos tóxicos llevándolos al sur. "Ahí se produjo el cortocircuito. La Camorra empezó a descargar veneno en vertederos normales, y se cruzaron los caminos de los partidos, la ecomafia, el Estado y las empresas. Los ciudadanos empezaron a protestar y salió todo a la luz". (El País, ed. Galicia, Internacional, 08/06/2008, p. 8)
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