"Más de la mitad de los contratos públicos en España (el 52,9%) no
justifica el presupuesto de licitación, es decir, el precio de salida
que la Administración pone a las obras o servicios que quiere contratar.
Esto provoca “desviaciones desproporcionadas” entre ese presupuesto
inicial y el importe finalmente adjudicado, alerta el primer informe de
la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
(Oirescon), creada recientemente a instancias de Bruselas.
También denuncia la existencia de irregularidades en el 47% de la
contratación menor, que se otorga directamente y evita la competencia.
En el fondo, el documento está identificando una “falta de
planificación” en la contratación pública. En España se firman unos
120.000 contratos al año, sin contar los menores. “Sorprende el
porcentaje que denuncia la oficina en la medida en que se está apuntando
a una falta de preparación en el diseño del contrato y el cálculo de
los costes”, comenta José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Según explica, si se da el
caso de que existan varios postores que compiten por el contrato, el
precio terminará de todas formas ajustándose. Pero si no hay una tensión
competitiva, entonces la Administración acabará pagando de más.
El extenso informe, que abarca más de 400 páginas, desgrana las
irregularidades en las que las Administraciones Públicas incurren cuando
contratan a terceros. Para ello analiza sobre todo 17 informes del
Tribunal de Cuentas y otros organismos fiscalizadores autonómicos. Entre
las más comunes está la de no justificar el procedimiento de
adjudicación utilizado, lo que según el supervisor ocurre en el 58,8% de
las licitaciones. Generalmente sucede cuando se usa el procedimiento
negociado sin publicidad, por cuantía o por motivos técnicos o de
exclusividad del proveedor. Pero también en los casos en los que la
Administración recurre a la tramitación urgente o de emergencia sin que acredite que se dan los requisitos necesarios para hacerlo.
Otro de los problemas radica en la contratación menor. Con cifras de
2018, se detectan irregularidades en la mitad de ellos. Y eso a pesar de
que la legislación de 2017 estaba redactada para limitarlos, impidiendo
que se usen siempre que se pueda anticipar la necesidad. El contrato
menor es aquel cuya cantidad máxima alcanza los 15.000 euros para un
año. Se adjudica directamente entre tres presupuestos que el organismo
público haya recabado. Es decir, carece de un procedimiento de
licitación al uso. En su lugar, según la ley, cuando se trate de un
gasto previsto debería emplearse el procedimiento abreviado que sí
implica una licitación abierta a todo el mundo y con publicidad.
Sin embargo, el informe no entra en cifras de cuánto se ha conseguido restringir el empleo de estos contratos menores.
Según el documento, las Administraciones recurren “de forma reiterada”
al fraccionamiento de contratos para los mismos servicios. En ocasiones,
la duración supera la prevista legalmente. Y en otros casos la
facturación excede los importes adjudicados. El estudio también encontró
que se incumple la obligación recogida en la ley de solicitar tres
ofertas para el contrato menor. En definitiva, del análisis se infiere
que todavía se abusa de esta figura, que reduce la tensión competitiva y
facilita que la Administración de turno entregue el encargo a una
empresa próxima. De esta manera, algo que muchas veces se hace por
simple comodidad puede incluso acabar degenerando en un tipo de corrupción, según denuncian los expertos consultados.
La oficina de contratación reprocha, además, que no se documente
individualmente cada uno de los contratos y, en consecuencia, no se
pueda examinar en profundidad qué está pasando. Podría estudiarse mejor
si su tramitación estuviese digitalizada. Sin embargo, a pesar de que ya
se exige que el 100% de la licitación se haga de forma electrónica,
solo el 7% lo está, dice el organismo independiente. Este reclama que se
avance en la digitalización, ahora “lejos de ser una realidad”. La
falta de una base de datos única impide que la oficina independiente
pueda aprovechar el big data para sacar conclusiones más
definidas sobre la contratación pública, un área que según el Ministerio
de Hacienda equivale al 13% del PIB.
La oficina de la contratación alerta de que no pueden darse datos
económicos “ciertos y de calidad” para averiguar el ahorro entre el
presupuesto de licitación y el precio final de adjudicación. Este dato
es muy importante, ya que representa un claro indicador de cuánta
competencia se ha dado para conseguir el contrato y abaratar el coste
para el Erario.
La Oirescon pide también establecer medidas de control para asegurar
el pago a las firmas subcontratadas. Y recomienda que se justifiquen
mejor las modificaciones en los contratos." (Elena G. Sevillano, Antonio Maqueda, El País, 08/01/20)
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