"La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso. La elegida por Carles Puigdemont para la sucesión de Quim Torra.
Laura Borràs. Su hasta ahora prometedor futuro político se tambalea por
decisión de una jueza. La titular del Juzgado de Instrucción 9 de
Barcelona, Silvia López Mejías, ha solicitado la imputación de la nueva
esperanza neoconvergente por cuatro delitos.
En concreto, acusa a Borràs de favorecer la adjudicación de 18 contratos irregulares a un amigo, el informático Isaías Herrero, durante un periodo de cuatro años, los transcurridos mientras permaneció al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2017. El ILC es un organismo público dependiente de la Generalitat.
El pretendido delfinato deseado por el 'expresident' huido puede verse truncado por una investigación judicial que arrancó en Manresa y que aún tiene pendiente la imputación formal por obra y gracia del aforamiento. Borràs es diputada nacional. Más aún. Es miembro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
Por tanto, será el Tribunal Supremo
el que acabe decidiendo si existen indicios para investigarla por
corrupción tras la remisión de una exposición razonada por parte del
juzgado de Barcelona. Cuatro son los delitos que le imputa la Fiscalía
de Barcelona, en pleno desarrollo de su 'iniciación' política, y en los
que se apoya la magistrada instructora: prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental. Si la causa prospera, supondría el final de su carrera política.
Como si de una reproducción de otras tramas de corrupción se tratara
—un espejo de la Púnica o la Lezo, que afectan al PP—, la atención de la
Justicia se centra en este caso en la manipulación de concursos
públicos. En esta ocasión, con un único beneficiario. Herrero, diseñador
web, programador informático y profesor de Creación Digital módulo del
máster en Era Digital de la Universitat de Barcelona. Tanto el
Ministerio Público como la magistrada consideran que Borràs adjudicó a
dedo contratos a su amigo bajo el parapeto de empresas falsas y por
servicios ficticios jamás prestados.
Tanto la magistrada como la
Fiscalía consideran que los servicios de programación informática
aludidos en las facturas investigadas son "inventados". Se idearon con
el único fin de ocultar que el prestador del contrato nunca realizó prestación alguna. Y para ocultarlos, los pretendidos servicios se trocearon en contratos menores de 18.000 euros, de modo que su atribución sorteara los controles. El destino final fue —según defienden— el bolsillo de Isaías Herrero.
Las diligencias se han conducido en secreto durante los últimos dos años. Arrancaron en un juzgado de Manresa
y acabaron en el 9 de Barcelona tras una inhibición. Durante el periodo
en que se ha mantenido la reserva —levantada hace unos meses—, se
practicaron escuchas telefónicas que, en opinión de los
investigadores, acreditan la ilicitud de las adjudicaciones. Los
pinchazos, entre ellos los practicados al propio Lafuente, acreditarían
que cantidades aún por cuantificar acabaron en cuentas vinculadas al
beneficiario último.
El Ministerio Público, que apoya la imputación, valora que no hay duda de la intervención directa de Borràs
en la adjudicación. Fue ella quien propuso la concesión de los
contratos, quien acordó su ejecución y quien resolvió aprobar el gasto.
Las transferencias de pago, defienden los fiscales, trataron de
difuminarse tanto en origen como en su recepción. Se ha detectado una
pluralidad de transferencias con orígenes distintos y diferentes
destinatarios.
Herrero, el beneficiario último, fue detenido en diciembre de 2017 por tráfico de drogas y otros delitos,
como falsificación de moneda o defraudación en la factura de la luz.
Según publicó el 'Periódico de Cataluña', en aquel momento los contratos bajo sospecha se
limitaban a tres. En junio de 2015, el colaborador recibió 17.650
euros, en concepto de 'Migració dels continguts de l'antic portal 'Què
llegeixes?', disseny, programació i desenvolupament'. En octubre de
2016, se detectó otra adjudicación por valor de 11.850 euros, en
concepto de 'Desenvolupament àrees Festival Nacional de Poesia al portal
de la ILC'. En febrero de 2017, por 16.050 euros, en concepto de
'Creació i manteniment web Any Bertrana'.
La investigación apunta, sin embargo, que los vínculos se prolongaron
mientras Borràs se mantuvo al frente del ILC, hasta mayo de 2018,
momento en que pasó a ser designada 'consellera' de Cultura. Los
primeros indicios dieron lugar a una comparecencia en el Parlament hace
unos meses. Entonces, Borràs —que acudió a la Cámara a petición propia—
negó que fueran concesiones a dedo a un colaborador y aseguró que las
acusaciones respondían a un "linchamiento mediático".
Durante su comparecencia, defendió que todos los encargos hasta
18.000 euros (exentos, por tanto, de concurso) se adjudicaron tras haber
recibido tres presupuestos, algo que no era obligatorio pero que se
hizo "con el valor añadido de buena praxis". Y ha considerado que
"hablar de fraccionamiento es ridículo", siendo contratos en años
distintos y con objetos distintos.
Sin candidata
En caso de prosperar esta causa en el Tribunal Supremo, JxCAT se quedaría sin candidata en caso de unas elecciones anticipadas, como las que se prevén por la más que probable inhabilitación de Quim Torra por la causa de las pancartas en la fachada de la Generalitat. Borràs iba a ser el relevo natural, aunque en el PDeCAT no la ven con simpatías.
Eso obligaría a Puigdemont a tener que buscar otro relevo en un entorno
político tan inestable como el espacio político posconvergente, que no
ha sido capaz de reunificar.
Si Borràs acaba encausada por el Tribunal Supremo, eso supondría una buena noticia para las perspectivas electorales de ERC en estos teóricos comicios adelantados. También para el PDeCAT,
que lleva tiempo intentando impulsar un candidato propio a la
Generalitat, al margen de Puigdemont. De nuevo, calendarios judiciales
interfiriendo en la agenda política." (Marcos Lamera, Beatriz Parera, El Confidencial, 26/11/19)
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