"Al menos cuatro jefes de servicio de la Policía
Portuaria y dos personas vinculadas a la Asociación de Armadores de Vigo
(Arvi) han sido detenidos este lunes en el puerto del Berbés, el de
mayor volumen de descargas de España y uno de los más importantes de
Europa. Todos ellos están implicados en una supuesta red que pagaba
sobornos en especies a los inspectores portuarios a cambio de evitar los
controles fiscales en la comercialización de especies prohibidas y
tallas ilegales.
En el operativo desplegado por la Guardia Civil y
coordinado por el juzgado de instrucción número cuatro de Vigo, se
decomisaron más de doscientos kilos de pescado, principalmente de atún y
pez espada que no alcanzaban el tamaño permitido para su
comercialización y que estaban dispuestos para su venta final en
restaurantes y particulares.
Los detenidos pasaran este martes a disposición judicial. Se les imputan delitos de cohecho, falsedad en documento oficial, revelación de secretos y delito fiscal en base a la operativa que puso al descubierto la investigación policial y que al parecer se venía realizando desde hace varios años en el Berbés después de haber sido objeto de otra investigación abierta en 2013 que se cerró sin resultados desde la Fiscalía de Pontevedra.
Esta consistía en que los agentes portuarios, en connivencia con los armadores, se quedaban con parte de las capturas ilegales por hacer la vista gorda en los controles comerciales y fiscales. Estas capturas ilegales que supuestamente recibían los agentes corruptos eran vendidas en el mercado negro por lo que obtenían elevados beneficios, lo que en el argot se denomina como chupa, según indicaron fuentes de la investigación.
Las piezas más importantes en el engranaje de este grupo que venía operando en el puerto de Vigo eran los jefes de servicio de la Policía Portuaria o cabos, que realizan su servicio en la lonja. De ellos depende el control de la actividad de las descargas y la venta de la pesca en fresco, lo que repercute en el pago de tasas a la Autoridad Portuaria que trataban de eludir los armadores.
Así, uno de los cometidos de los jefes de servicio era dar las órdenes a los demás policías portuarios que realizan la actividad en la lonja y controlar la entrada y salida de personas al recinto del puerto del Berbés. De la investigación hasta ahora realizada se deduce que los policías detenidos participaban en la actividad delictiva avisando de las actuaciones de los inspectores del Ministerio de Pesca, de la Xunta de Galicia y Guardia Civil.
También los jefes de servicio portuario detenidos recibían dádivas por aportar mayor espacio en la lonja al controlar el reparto de los huecos para la colocación de las cajas de pescado con el fin de beneficiar a los armadores en las subastas.
Esta no es la primera investigación que pone al puerto del Berbés en el punto de mira de actuaciones ilegales en la descarga y comercialización de pescado. A raíz de una inspección de la Agencia Tributaria en una cooperativa de Marín por fraude de IVA que operaba en el puerto vigués, la Fiscalía de Pontevedra halló indicios de una supuesta trama de sobornos con implicación de agentes portuarios que hacían la vista gorda para que los armadores no declararan parte de las descargas y defraudar al fisco sin pasar por los controles del pesaje en la lonja.
La fiscalía llegó a citar entonces a decenas de testigos, entre ellos trabajadores portuarios y armadores, que no llegaron a ser imputados por falta de pruebas por lo que la investigación se cerró un año después." (El País, 31/10/17)
Los detenidos pasaran este martes a disposición judicial. Se les imputan delitos de cohecho, falsedad en documento oficial, revelación de secretos y delito fiscal en base a la operativa que puso al descubierto la investigación policial y que al parecer se venía realizando desde hace varios años en el Berbés después de haber sido objeto de otra investigación abierta en 2013 que se cerró sin resultados desde la Fiscalía de Pontevedra.
Esta consistía en que los agentes portuarios, en connivencia con los armadores, se quedaban con parte de las capturas ilegales por hacer la vista gorda en los controles comerciales y fiscales. Estas capturas ilegales que supuestamente recibían los agentes corruptos eran vendidas en el mercado negro por lo que obtenían elevados beneficios, lo que en el argot se denomina como chupa, según indicaron fuentes de la investigación.
Las piezas más importantes en el engranaje de este grupo que venía operando en el puerto de Vigo eran los jefes de servicio de la Policía Portuaria o cabos, que realizan su servicio en la lonja. De ellos depende el control de la actividad de las descargas y la venta de la pesca en fresco, lo que repercute en el pago de tasas a la Autoridad Portuaria que trataban de eludir los armadores.
Así, uno de los cometidos de los jefes de servicio era dar las órdenes a los demás policías portuarios que realizan la actividad en la lonja y controlar la entrada y salida de personas al recinto del puerto del Berbés. De la investigación hasta ahora realizada se deduce que los policías detenidos participaban en la actividad delictiva avisando de las actuaciones de los inspectores del Ministerio de Pesca, de la Xunta de Galicia y Guardia Civil.
También los jefes de servicio portuario detenidos recibían dádivas por aportar mayor espacio en la lonja al controlar el reparto de los huecos para la colocación de las cajas de pescado con el fin de beneficiar a los armadores en las subastas.
Esta no es la primera investigación que pone al puerto del Berbés en el punto de mira de actuaciones ilegales en la descarga y comercialización de pescado. A raíz de una inspección de la Agencia Tributaria en una cooperativa de Marín por fraude de IVA que operaba en el puerto vigués, la Fiscalía de Pontevedra halló indicios de una supuesta trama de sobornos con implicación de agentes portuarios que hacían la vista gorda para que los armadores no declararan parte de las descargas y defraudar al fisco sin pasar por los controles del pesaje en la lonja.
La fiscalía llegó a citar entonces a decenas de testigos, entre ellos trabajadores portuarios y armadores, que no llegaron a ser imputados por falta de pruebas por lo que la investigación se cerró un año después." (El País, 31/10/17)
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