"No hay ninguna ciudad ni pueblo de España donde haya pasado lo que en
Jerez, donde la prevaricación y la malversación de fondos parecen haber
sido norma más que excepción en la gestión de sus alcaldes.
El
exalcalde andalucista Pedro Pacheco cumple condena por esos delitos
desde octubre del año pasado, su sucesora en el cargo la socialista
Pilar Sánchez ha sido condenada a cuatro años y medio por los mismos
delitos en una sentencia del Supremo y la sucesora de Sánchez, la
popular María José García-Pelayo, parece seguir los pasos de sus
predecesores: la Fiscalía del Tribunal Supremo le atribuye a la
exalcaldesa y senadora un papel principal por la adjudicación irregular y
arbitraria de tres contratos del Ayuntamiento en Fitur en 2004 por
valor de casi 350.000 euros a empresas de la red Gürtel.
Además de compartir un mismo tipo de prácticas administrativas tipificadas en el Código Penal, ninguno de los tres exregidores del Jerez parecen haberse lucrado personalmente de sus acciones. Al menos la justicia no ha demostrado ni aportado indicios en esa dirección.
Pedro Pacheco fue condenado por la Audiencia de Cádiz a cuatro años y
medio de cárcel -pena que fue aumentada en un año por el Supremo- por
los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación en la
contratación en 2005 de dos políticos del Partido Socialista de
Andalucía como asesores de diferentes empresas municipales de Jerez de
la Frontera y a las que ni siquiera acudían a trabajar, ya que solían
hacerlo para el partido.
Igualmente, el Tribunal Supremo ha confirmado ahora la sentencia de
la Audiencia Provincial de Cádiz que condenó a cuatro años y medio de
cárcel a la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez por los
delitos de falsedad documental con el agravante de prevalerse de su
carácter público, de prevaricación y de malversación de caudales
públicos en relación con la concesión de una subvención a la empresa
Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para la adquisición de suelo en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez. La puntuación obtenida por la empresa fue amañada a instancias de la regidora socialista, que fuera del partido.
La acusación contra García-Pelayo, recién reelegida senadora en las
listas del PP y, por tanto, aforada, también es por un delito continuado
de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y
falsificación de documentos oficiales.
Según el escrito de la Fiscalía,
García-Pelayo, indiciariamente, “dictó resoluciones decisorias con conocimiento de su separación clamorosa del derecho”.
Resoluciones para las que “carecía de competencia”, en relación a las
dictadas desde la presidencia del Instituto de Promoción de Jerez, “con
vulneración de las normas esenciales de legalidad e igualdad de
concurrencia”.
La pruebas documentales contra Pelayo son muy
concluyentes, de manera que es bastante probable es que acabe siguiendo
los pasos de sus antecesores." (Público, 22/12/15)
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