" La pieza número 25 del caso Palma Arena está relacionada con las anomalías detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros) al instituto sin ánimo de lucro Nóos, presidido por el duque de Palma.
Desde que afloraron los primeros documentos relacionados con los contratos del Gobierno balear al instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, todas las fuentes jurídicas relacionadas con el caso consideraron “inevitable” la imputación del duque de Palma.
Diego Torres, socio principal de Urdangarin en el instituto beneficiado por los contratos públicos entre 2004 y 2006, lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos. (...)
En los autos que justificaron los registros se atribuía a Urdangarin y Torres el montaje de una red cuyo principal reclamo era un instituto sin ánimo de lucro (Nóos) para captar fondos públicos que luego desviaban a varias empresas de su propiedad.
En los contratos que conseguían a través de Nóos, según el relato judicial, “se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban”.
Para demostrar que Torres y Urdangarin idearon esta fórmula de apropiación de fondos públicos, el juez señala en un auto que el Instituto Nóos, sin ánimo de lucro, y el resto de las empresas privadas con ánimo de lucro y propiedad de Urdangarin o Torres tenían “el mismo domicilio social real y sus respectivos empleados desarrollaban sus servicios para el Instituto Nóos, de forma tal que solo nominalmente cobraban la nómina de una u otra sociedad”. (...)
Los investigadores judiciales sostienen que el núcleo principal de toma de decisiones en Nóos estaba formado por Urdangarin, Torres y la esposa y dos cuñados de éste, que se encargaban de los departamentos jurídico y financiero del instituto.
Pese a que la infanta Cristina de Borbón, hija del Rey Juan Carlos, y su secretario, Carlos García Revenga, figuraban como vocal y tesorero de la junta directiva de Nóos hasta 2006, los investigadores judiciales consideran, con toda la documentación analizada, que estaban “apartados del conocimiento del área financiera”.
Los investigadores judiciales se apoyan en la declaración policial de Ignasi de Juan Creix Bretón, que colaboró en Nóos en 2006, para justificar su decisión de no implicar a la infanta Cristina en los negocios, supuestamente ilegales, de su marido. (...)
Pese a ello, la infanta Cristina posee a medias con su marido la promotora inmobiliaria Aizoon, una de las empresas que recibieron fondos públicos desviados a través de Nóos.
El socio de Urdangarin ha declarado al juez que la promotora inmobiliaria de este y de Cristina de Borbón cobró al instituto Nóos por los servicios prestados.
Las facturas que se incluyen en el sumario del caso acreditan que la inmobiliaria Aizoon facturó al menos 275.000 euros al instituto Nóos en el ejercicio de 2005.
Torres también confesó en sede judicial que una empresa consultora de su propiedad había cobrado a Nóos 80.000 euros. “No cobro por participar en los órganos de Gobierno de Nóos, sino por los servicios que presto con ocasión de desarrollar proyectos, básicamente estudios realizados por esa empresa de consultoría con personal propio”, explicó Torres al juez.
La infanta no será imputada, según fuentes jurídicas próximas a la investigación, porque ni el juez José Castro, que instruye el caso, ni los fiscales que lo investigan la incluyen dentro del “círculo cerrado de toma de decisiones” del entramado que dirigía su marido, al que atribuyen el “desvío” de fondos públicos. (...)
La investigación ha llegado a evaluar, en función de distintos informes periciales de la causa, en un 170% el beneficio que Urdangarin y su socio obtenían sobre el coste de los congresos que organizaban para el Gobierno balear.
De esa manera, habrían ganado casi 1,5 millones de euros de los 2,3 millones que cobraron al Ejecutivo de Jaume Matas por organizar en Palma dos congresos sobre turismo y deporte en los años 2005 y 2006, que duraban dos días.
Durante la investigación judicial se han descubierto salidas de más de medio millón de euros de la estructura societaria montada por Urdangarin y Torres hacia paraísos fiscales. Esta vía está siendo indagada al suponer que se pudo enmascarar fiscalmente una cantidad superior." (El País, 07/12/2011, p. 16/7)
"El Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarín fijaba unos precios “totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la administración pública”.
Tras recibir los fondos, según la investigación judicial, “el Instituto Nóos simulaba la contratación de servicios ficticios a entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.
En el sumario de esta causa figura uno de los presupuestos que el Instituto Nóos facilitó al Gobierno balear para justificar los 1,2 millones de euros que pidió para la organización de un congreso sobre Turismo y Deporte (Illes Balears Forum 2005) en el que estuvieron, entre otros, Rafael Nadal o Samuel Eto’o. (...)
Cerca de un tercio del presupuesto de 1,2 millones que Nóos presentó al Gobierno balear acabó en la caja de empresas propiedad de Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres. Con todo, en los actos contratados con el Gobierno balear, los gastos de alojamiento y manutención de los invitados corrían por cuenta del Instituto Nóos, que lo pagaba con el dinero público recibido para la organización del congreso.
En Valencia, con un esquema similar, Nóos cobraba un canon anual (900.000 euros que pagaban a partes iguales organismos dependientes de la comunidad y del ayuntamiento de Valencia) por la organización del acto, pero todos los gastos de alojamiento y manutención de las personas que intervenían en las mismas corrían por cuenta de las instituciones públicas." (El País, 07/12/2011, p. 17)
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