La corrupción judicial española... sucinta enumeración de casos

"¿Cómo no tener esa opinión tan negativa de los jueces y juezas españolas cuando es tan evidente que cuando se trata de juzgar a los ricos y a los dirigentes de la derecha se pierden los papeles, se demoran los procesos y todo termina prescribiendo, mientras que si el que cae es alguien de izquierdas los jueces se dan una diligencia extrema para cerrar los casos jaleada por la derecha política?

¿Cómo se puede entender que sean siempre tan lentos con los mismos y que siempre se le terminen escapando de las manos las piezas de piezas de caza mayor que son de derechas o tienen dinero?

¿Cómo se puede pensar bien de una justicia que ha dejado ir de rositas a banqueros y grandes financieros cuando ha habido mucho más que pruebas de sus responsabilidades, o que calla cuando altos dignatarios hacen negocios de todo tipo de los que sabe todo el mundo menos los fiscales y magistrados?

¿Cómo no pensar mal de los jueces que primero hacen declaraciones manifestando sin pudor su ideología derechista y que luego son tan generosos a la hora de juzgar a quienes la comparten y tan severos con quienes piensan de otro modo, ¡esos rojos!?

¿Cómo no pensar mal de jueces y juezas que no se abstienen ni por iniciativa propia ni a petición de parte cuando sus propias esposas o maridos se hayan relacionados con los casos que han de juzgar, o cuando han sido los propios imputados quienes han declarado su amistad íntima con ellos?

¿Qué opinión se puede tener de unos jueces a quienes no se les cae colectivamente la cara de vergüenza cuando se anuncia una detrás de otra las prescripciones en procesos que afectan a la flor y la nata del capital y la política de derechas? ¿qué otro colectivo es capaz de permanecer incólume cuando dentro de él se descubren todo este tipo de cosas?

¿Y cómo tener buena opinión de una justicia en la que resulta tan evidente que muchos jueces proceden y sentencian con una cadencia y una sintonía tan contiguas a las que llevan los dirigentes del Partido Popular?

¿Cómo se puede confiar en la justicia que imparten magistrados que en los más altos tribunales están divididos en bandos de “conservadores” y “progresistas” y que no mueven su voto de las sentencias para alinearse siempre con los suyos pase lo que pase, porque para eso los puso el correspondiente partido?

¿Cómo se puede tener buena opinión de la justicia si no pasa nada cuando hay jueces que para sentenciar como desean no admiten las pruebas que solicitan para poder defenderse, como Baltasar Garzón, aquellos a quienes acusan; o que no reclaman testimonios decisivos para poder conocer la verdad de los casos, como ocurrió en el llamado caso Los Merinos, en Málaga, o que sentencian cada vez con un criterio según quién sea la persona a quien están juzgando?

¿Cómo pueden apreciar los ciudadanos a una administración cuando se enteran por los medios o por propia experiencia que se permite que los jueces o juezas hagan juicios de valor temerarios dentro y fuera de sus propias sentencias, que llevan a cabo auténticas causas generales contra gobiernos contrarios a su ideología y sean tan condescendientes contra otros con los que es evidente que simpatizan?

¿Cómo va a ser buena la opinión de una sociedad moderna sobre una administración de justicia en donde prácticamente no pasa nada cuando hay jueces que dictan sentencia en nombre de Dios, cuando cada año se producen docenas de sentencias machistas o simplemente dislocadas como la que, refiriéndose a la violada libertad sexual de una mujer, señalaba que “es necesario apreciar una menor gravedad en las consecuencias del delito sobre la víctima, por el hecho de tratarse de su marido y no de un desconocido”?

¿Y qué valor darle a una administración en donde hay jueces como Francisco Javier Paulí que sentenciaba que el aspecto físico de una mujer que había sido víctima de malos tratos, su forma de vestir, sus anillos, pulseras y pendientes demostraban en ella una conducta “que no coincide con la de una mujer que ha pasado meses de agresiones”; o a Ferrín Calamita que equipara la relación homosexual con la de un pederasta, o al titular de un juzgado de la localidad de Manresa que dejó en libertad sin fianza a un hombre acusado de degollar a su esposa, entre otros motivos, porque “delitos pasionales como el que nos ocupa se suelen producir una vez en la vida, al igual que sucede con los delitos de los funcionarios”?

¿Qué otra opinión se merece una justicia que no encarcela a un hombre que mata a su mujer “en casa de sus suegros, y en presencia de ellos, de su esposa y de su hija de cinco años, (…) sin atender a razones y requerimientos de que dejase la Nochebuena en paz”, y que casualmente era un colega de los magistrados que lo juzgaron?

¿Qué podemos esperar los ciudadanos de la justicia cuando el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, es capaz de afirmar que es “libertinaje” “dudar de la honestidad y el trabajo del órgano de gobierno del Poder Judicial”, , como si sus miembros fueran dioses, querubines, divinidades o majestades arcangélicas ajenas a cualquier mal, cuando en realidad son los que está dejando pasar la corrupción judicial que tan nítidamente perciben los españoles?

¿Cómo respetarlo cuando los ciudadanos pueden leer en los medios de comunicación que ese Consejo se permite considerar que una juez como Laura Alabau que se niega a cumplir la ley y lo predica insultando a órganos gubernamentales simplemente está haciendo uso de su libertad de expresión?

¿Cómo confiar en la ecuanimidad de los jueces españoles cuando se ha sabido que “El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, ordenó a los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces retrasar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dos de los cuatro nombramientos de la Sala de lo Civil del alto tribunal aprobados el 20 de abril de 2005, según el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, una maniobra con que “se alteró la composición de la Sala Especial que ilegalizó a Batasuna y que actualmente liquida su patrimonio (Sala del 61), dando entrada en ella al conservador Antonio Salas, en lugar de a Encarnación Roca, de sensibilidad catalanista y progresista”.

¿Cómo confiar en ese órgano en donde hay o ha habido jueces como Antonio Montserrat Quintana que decidió no imputar a Jaume Matas, por entonces presidente del Govern de las islas, por el caso Formentera, el supuesto pucherazo con inmigrantes argentinos realizado por el PP en las elecciones autonómicas de 1999; o en Concepción Espejel, presidenta de la Audiencia de Guadalajara, responsable de no aceptar el informe pericial en el que se descartaban las negligencias en el incendio que causó la muerte de once miembros de un retén para poder llevar al banquillo a técnicos y cargos políticos de la Junta de Castilla la Mancha?

¿Cómo confiar en ese tipo de jueces o en el Consejo cuando es público y notorio que las irregularidades y faltas de sus colegas terminan con multas simbólicas, si es que son castigadas?

¿Y cómo valorar bien a la justicia cuando se ha podido conocer el papel de algunos jueces en Marbella en la época de Jesús Gil, cuando era habitual ver por sus aledaños a magistrados de los tribunales más altos de la nación a costa de aquel alcalde corrupto?

No es exagerado ni mucho menos afirmar que una buena parte de la judicatura española está al servicio de la causa, pero de la causa de la derecha política y más concretamente del Partido Popular con quien comparte principios y en muchos casos incluso estrategias políticas concretas y es fácil suponer que, dada esa sintonía evidente, incluso directrices políticas.

Uno de esos jueces, José Luis Requero, lo llegó manifestarlo claramente en una entrevista cuando se le preguntó si la asociación de jueces de derechas a la que pertenece era la cantera ideológica judicial del PP: “Somos el referente judicial del PP." ( Juan Torres López: Juezas y jueces al servicio de la causa. Attac Madrid, 19/04/2011)