Lo bautizaron como el caso funeraria. Una novela con malos, corruptos y documentos falsos que aún pesa sobre Funespaña y que ha tardado 16 años en esclarecerse. Su última página se escribió el pasado verano. El caso comenzó en 1992 cuando el primer teniente de alcalde de Madrid, Luis María Huete, decidió plantear la privatización del 49% de la Empresa de Servicios Funerarios de Madrid y así intentar sortear las enormes deudas que acumulaba. Funespaña fue agraciada con la concesión a cambio de una simbólica cantidad: 100 pesetas (0,60 euros) en 1994. Sólo unas semanas después, el PSOE interpuso un recurso a la operación.
Sólo un año después la empresa mixta controlada por Funespaña había pasado de las enormes pérdidas a ganar más de seis millones al año. Izquierda Unida denunció la operación ante la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que el Ayuntamiento había regalado la compañía pública. A partir de entonces se sucedieron las querellas, los autos de acusación y las peticiones de fianzas.
En 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el concurso de privatización por irregularidades, pero finalmente, tras pasar tanto por la Audiencia Provincial como por el Supremo, sólo el ex edil Huete fue condenado, por prevaricación, a dos años de inhabilitación para cargos públicos, así como al pago de una parte de las costas. El resto de implicados, algunos cargos públicos y varios directivos de Funespaña, como José Ignacio Rodrigo y Juan Antonio Valdivia, fueron absueltos de los delitos de falsedad documental y tráfico de influencias al haber prescrito." (El País, Negocios, 11/01/2009)
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