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16.4.14

La corrupción... la del fútbol

"Los crecientes problemas con la Justicia de numerosos mandatarios de clubes de fútbol pone en entredicho la credibilidad del mayor espectáculo de masas de España. Juan Bautista Soler, José María Del Nido, Sandro Rosell, Augusto César Lendoiro o Agapito Iglesias protagonizan los casos más recientes pero ya Jesús Gil y José María Ruiz-Mateos acumularon un amplio historial delictivo en su día. Todo ello, unido a la crítica situación económica del fútbol español, dibuja un panorama desolador. 

El mundo del fútbol está acaparando en los últimos años demasiadas portadas que en nada tienen que ver con los éxitos deportivos y sí con sus mandatarios enfangados en problemas judiciales. El último caso ha sido el esperpento de la detención del expresidente del Valencia, Juan Bautista Soler, por intentar secuestrar a Vicente Soriano, su sucesor en el cargo. 

Pero la lista comienza a hacerse ya interminable. Los que antes ocupaban los palcos de los estadios ahora se sientan en los banquillos de los acusados.
Detenidos, imputados, condenados y encarcelados. Del Nido, Rosell, Núñez, Ruiz de Lopera, Lendoiro son las muestras más visibles de que el fútbol español huele cada vez peor. Unos por cometer delitos ejerciendo sus cargos futbolísticos y otros por sus problemas fuera de los estadios, todos han terminado por quedar expuestos a la acción de una Justicia que cada día parece tener más trabajo.(...)

Muchos de los males que padece el fútbol español en la actualidad tienen su origen en la famosa Ley del Deporte de 1990, por la que se creó la figura de la Sociedad Anónima Deportiva. Pese a que el propósito era la de dotar de un mayor control y transparencia a las estructuras del fútbol profesional, la realidad acabó siendo otra bien distinta. Se obligó a los clubes con deudas a transformarse en SAD y se las diferenció de los aparentemente saneados, que pudieron mantenerse como clubes deportivos.

 Entre ellos se encuentran los dos clubes más poderosos de este país, Real Madrid y Barcelona. Así, lo que terminó provocando la ley del 90 es que la gran mayoría de clubes de Primera pasaran de ser propiedad de sus socios a quedar en manos de aquel que se hiciera con el mayor número de acciones, como en una empresa cualquiera.

 Eso propició la irrupción en el fútbol de empresarios, sobre todo provenientes del ámbito de la construcción, que tan solo buscaban notoriedad, poder y que en muchos casos convirtieron a los clubes en refugios opacos de sus capitales. 

Por tanto, todo ello ha derivado en que se hayan apropiado del enorme legado histórico y social de muchas instituciones deportivas personajes poco o nada ejemplares. El resultado es que la mayoría de SAD ha terminado en la ruina y han provocado un agujero económico en el fútbol español de escándalo. 

Creyéndose ajenos a la acción de la Justicia, muchos dirigentes han gestionado de forma desleal e irregular los clubes hasta hundirlos. Otros han invertido dinero de dudosa procedencia en el fútbol para darle apariencia de legalidad y los que hay que aprovechándose de la influencia conseguida gracias a él han delinquido fuera de los muros de los estadios. Y ni qué decir que estos mandatarios corruptos se han aprovechado de la connivencia y laxitud de las autoridades españolas. (...)
 
Otros históricos del fútbol español con serios problemas judiciales son José María del Nido, Manuel Ruiz de Lopera, Augusto César Lendoiro o Josep Lluís Núñez. El más flagrante es el caso del primero, que ingresó en la cárcel el pasado 5 de marzo, meses después de ser condenado por el Supremo a siete años de prisión por delitos de prevaricación y malversación en el caso Minutas. El abogado y ya expresidente del Sevilla cobró 2,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella por servicios jurídicos que nunca efectuó. 

Su compinche fue Julián Muñoz. Del Nido hizo lo imposible por evitar la cárcel e, incluso, contó con una carta de apoyo de la mayoría de presidentes de Primera, del de la Federación y el de Liga en la que solicitaban su indulto. Uno de sus antecesores en el cargo, José María González de Caldas, fue detenido y juzgado por la operación Malaya. Fue condenado a ocho meses de cárcel y 30.000 euros de multa.

En el otro club de la ciudad hispalense, Manuel Ruiz de Lopera ha campado a sus anchas desde los años 90 en el Betis y también fue de los que se aprovechó de la conversión de los clubes en SAD para acabar siendo el accionista mayoritario del club verdiblanco. Fue condenado en 2006 por delito contra la Hacienda Pública, en su gestión al frente del Betis, le fueron impuestas dos penas de siete meses y medio de cárcel, además del pago de una multa de casi cinco millones de euros.

 La juez Mercedes Alaya ha imputado a Lopera un delito societario continuado y le acusa de haberse apropiado indebidamente de 25 millones de euros del Betis. En 2010 anunció la venta de su paquete de acciones a Luis Oliver, por unos 18 millones de euros, aunque dicha venta no se llegaría a producir. El club sigue en concurso de acreedores, intervenido judicialmente y administrado por Francisco Estepa.

La perpetuidad de Lendorio y Núñez

A Coruña es sinónimo de Lendoiro, otro de los mandatarios que ha tenido que dejar recientemente la presidencia de un club por problemas judiciales. El Deportivo no había conocido otro presidente desde 1988.

 Este pasado enero le sucedió Constantino Fernández Pico. Pese a comandar el histórico Superdépor de inicios de los 90, Lendoiro ha terminado por llevar al club a una situación financiera insostenible y fue imputado en 2009 por una supuesta falsificación de la firma del exauditor de las cuentas de la entidad para conseguir la licencia UEFA y poder disputar competiciones europeas.

Y de Lendoiro a Núñez, que continúa envuelto en procesos con la Justicia y que visto hace bien poco como el Supremo le rebajaba la condena por el caso Hacienda de seis años de cárcel a dos. El mandatario que ocupara el sillón presidencial del Barça durante 22 años formó parte de una trama corrupta que sobornaba a altos cargos de la Administración tributaria para eludir pagos de impuestos.

 Otros expresidentes ya fueron imputados en su día. Joan Gaspart lo fue por una presunta apropiación indebida de un seguro profesional de los pilotos de Spanair y Joan Laporta declaró en su día como imputado por un delito de injurias.

El Barça actual, entre Neymar y la FIFA

No anda últimamente el Barça para bromas con las autoridades judiciales y futbolísticas. Sandro Rosell dimitió el pasado 23 de enero, un día después de que el juez Ruz admitiera a trámite una querella por supuesta apropiación indebida en la modalidad de distracción por el fichaje del brasileño Neymar. La justicia sigue investigando si el Barça pagó más de los 57 millones de euros oficialmente declarados e incluso el Barça, como entidad jurídica, ha sido imputado. 
El ya exdirigente azulgrana también se tiene que enfrentar a una petición de ocho años de cárcel que se ha hecho efectiva en Brasil. La última bofetada se la ha dado la FIFA, al sancionar al club azulgrana prohibiéndole fichar hasta el verano de 2015 por violar su normativa al fichar a varios jugadores menores de 18 años

Una frase del ínclito Jesús Gil resumiría a la perfección las intenciones de todas estas personas: "Compra un equipo de fútbol, tendrás a la prensa cada domingo en tu casa". Precisamente, él encabezada una de las familias, junta a la Ruiz-Mateos, que se convirtieron en el paradigma corrupto al que nos referimos y que bien podrían inspirar la versión española de la serie Los Soprano. 

Tanto él como José María Ruiz-Mateos controlaron durante años dos clubes como el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, acumularon numerosas condenas y pasaron varias épocas de sus vidas entre rejas.  (...)

Jesús Gil y Gil, fallecido en 2004, acumula uno de los historiales delictivos más largos de este país tanto por sus fechorías en el Atlético de Madrid como desde la alcaldía de Marbella. Pasó tres veces por la cárcel aunque tan solo pasó a la sombra escasos días en todos los casos. 

La primera vez fue en 1969 cuando fue condenado por el hundimiento de un comedor en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael del que era promotor y propietario. Fallecieron 58 personas. Pasó año y medio en la cárcel y fue indultado por Franco tras pagar 400 millones de pesetas. El periodo de mayor esplendor de Gil llegaría al conjugar su presidencia del Atlético, desde 1987, con la alcaldía de Marbella, desde 1991. 

Para empezar, junto a Enrique Cerezo se apropió de la propiedad del club rojiblanco sin poner un duro al hacerse con más de 236.000 acciones. En 2004, con Gil ya fallecido, el Supremo les absolvió a ambos del delito de apropiación indebida por haber prescrito. Sin embargo, el pasado mes de febrero el TS declaró nula la ampliación de capital que en 2003, cuando el club estaba intervenido, realizaron Gil y Cerezo al entender que existió fraude de ley.

Sí fue condenado Gil junto a su hijo Miguel Ángel Gil Marín, actual máximo accionista del club, a un año y medio de cárcel por un delito de estafa al simular contratos a cuatro jugadores africanos y birlar al Atlético 16,2 millones de euros.

 La pésima gestión de los Gil desembocó en que en 1999 la Audiencia decretara la intervención judicial del club para a los pocos meses reponer en sus puestos a los antiguos mandatarios. En 2000 Jesús Gil fue de nuevo condenado a 28 años de inhabilitación y seis meses de arresto por cuatro delitos de prevaricación al poner en las camisetas del Atlético publicidad de Marbella y desviar 45 millones de pesetas del ayuntamiento andaluz al club.

 Tan solo durmió tres noches en prisión. Y su último encarcelamiento fue por el caso Saqueo por el desvío de 26,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella a empresas privadas entre 1991 y 1995. Para remate, el actual director deportivo del club, José Luis Pérez Caminero fue imputado por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Los líos judiciales de la extensa familia Ruiz-Mateos arrancan en los años 80 con el holding Rumasa siguen extendiéndose hasta nuestros días con implicaciones incluso en la causa de los ERE falsos en Andalucía. Su cabeza visible, José María, atesora un historial nada despreciable. Múltiples condenas, expropiaciones, esperpénticas actuaciones en los juzgados, puñetazos a ministros, disfraces, partidos políticos y un largo etcétera. 

Ya en 1983 el Gobierno expropió a la familia el holding de empresas Rumasa al entender que había eludido millonarios pagos a Hacienda. José María Ruiz-Mateos pasó esos años eludiendo sus citaciones judiciales e inmerso en pagos continuos de fianzas para no pasar en la cárcel más tiempo del necesario. En 1991 se convierte en propietario del Rayo Vallecano y llegó a ser eurodiputado. 

La mala gestión del club franjirrojo le llevó a ser intervenido judicialmente y a terminar jugando en Segunda B. Hoy todavía, la Justicia sigue pendiente de si los Ruiz Mateos siguen controlando el Rayo y si el actual presidente Raúl Martín Presa ejerce de su testaferro.

 Sin embargo, en noviembre de 2013 un juzgado de lo Penal tuvo que absolver a la familia de trece delitos contra Hacienda por el impago del IVA y las retenciones del IRPF desde 1996 a 2002 por parte del Rayo. Así, los Ruiz-Mateos se libraron de pagar 18,5 millones y todo por la mala actuación de la Fiscalía y la Agencia Tributaria. En 2005, José María también es condenado a tres años de cárcel por alzamiento de bienes al lucrarse de forma ilegal del inmueble sede de Mundo Joven.

 En 2007 ingresó en prisión y salió de ella tres días después. Sus últimas fechorías tienen que ver con un nuevo fraude en la emisión de pagarés de Nueva Rumasa y por una supuesta estafa de 7,3 millones en la venta de un hotel en Mallorca. Por esta causa fue detenido en 2012 y desde entonces no puede salir de España a la espera de que se resuelva el caso. Mientras, cuatro de sus hijos están imputados por la juez Mercedes Alaya.

Las votaciones de Calderón; las recalificaciones de Florentino

Sin salir de la capital de España, los recientes presidentes del Real Madrid también han tenido sus escarceos con la Justicia. Ramón Calderón tuvo que responder por cuatro presuntos delitos, entre ellos el de fraude en los votos en la Asamblea del club de 2008. Dimitió pero todavía no ha sido condenado por ninguna causa judicial. 

Muchos y variados fueron los delitos imputados a Lorenzo Sanz, otro expresidente blanco. En octubre de 2013 fue absuelto pese a que la Fiscalía pedía seis meses de cárcel por una supuesta estafa en la venta de unos terrenos en San Fernando de Henares. Florentino Pérez es un ejemplo perfecto de empresario de la construcción y presidente de fútbol y lo que ello implica.

 Todavía sigue coleando el pelotazo urbanístico que supuso la recalificación de los terrenos de la antigua ciudad deportiva de La Castellana, la construcción de las cuatro torres actuales y el dinero conseguido para construir el actual complejo de Valdebebas. Todo se hizo con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde.

Y también queda pendiente la conclusión de la Comisión Europea sobre la investigación abierta por las ayudas estatales recibidas. Los últimos órdagos de Florentino son la remodelación del Santiago Bernabéu y las condiciones leoninas que quiere imponer para acceder a la presidencia del club blanco.
 
Otros históricos del fútbol español con serios problemas judiciales son José María del Nido, Manuel Ruiz de Lopera, Augusto César Lendoiro o Josep Lluís Núñez. El más flagrante es el caso del primero, que ingresó en la cárcel el pasado 5 de marzo, meses después de ser condenado por el Supremo a siete años de prisión por delitos de prevaricación y malversación en el caso Minutas. 

El abogado y ya expresidente del Sevilla cobró 2,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella por servicios jurídicos que nunca efectuó. Su compinche fue Julián Muñoz. Del Nido hizo lo imposible por evitar la cárcel e, incluso, contó con una carta de apoyo de la mayoría de presidentes de Primera, del de la Federación y el de Liga en la que solicitaban su indulto.

 Uno de sus antecesores en el cargo, José María González de Caldas, fue detenido y juzgado por la operación Malaya. Fue condenado a ocho meses de cárcel y 30.000 euros de multa.

En el otro club de la ciudad hispalense, Manuel Ruiz de Lopera ha campado a sus anchas desde los años 90 en el Betis y también fue de los que se aprovechó de la conversión de los clubes en SAD para acabar siendo el accionista mayoritario del club verdiblanco. Fue condenado en 2006 por delito contra la Hacienda Pública, en su gestión al frente del Betis, le fueron impuestas dos penas de siete meses y medio de cárcel, además del pago de una multa de casi cinco millones de euros. 

La juez Mercedes Alaya ha imputado a Lopera un delito societario continuado y le acusa de haberse apropiado indebidamente de 25 millones de euros del Betis. En 2010 anunció la venta de su paquete de acciones a Luis Oliver, por unos 18 millones de euros, aunque dicha venta no se llegaría a producir. El club sigue en concurso de acreedores, intervenido judicialmente y administrado por Francisco Estepa.

La perpetuidad de Lendorio y Núñez

A Coruña es sinónimo de Lendoiro, otro de los mandatarios que ha tenido que dejar recientemente la presidencia de un club por problemas judiciales. El Deportivo no había conocido otro presidente desde 1988. Este pasado enero le sucedió Constantino Fernández Pico. 

Pese a comandar el histórico Superdépor de inicios de los 90, Lendoiro ha terminado por llevar al club a una situación financiera insostenible y fue imputado en 2009 por una supuesta falsificación de la firma del exauditor de las cuentas de la entidad para conseguir la licencia UEFA y poder disputar competiciones europeas.

Y de Lendoiro a Núñez, que continúa envuelto en procesos con la Justicia y que visto hace bien poco como el Supremo le rebajaba la condena por el caso Hacienda de seis años de cárcel a dos. El mandatario que ocupara el sillón presidencial del Barça durante 22 años formó parte de una trama corrupta que sobornaba a altos cargos de la Administración tributaria para eludir pagos de impuestos. 

Otros expresidentes ya fueron imputados en su día. Joan Gaspart lo fue por una presunta apropiación indebida de un seguro profesional de los pilotos de Spanair y Joan Laporta declaró en su día como imputado por un delito de injurias.

El Barça actual, entre Neymar y la FIFA

No anda últimamente el Barça para bromas con las autoridades judiciales y futbolísticas. Sandro Rosell dimitió el pasado 23 de enero, un día después de que el juez Ruz admitiera a trámite una querella por supuesta apropiación indebida en la modalidad de distracción por el fichaje del brasileño Neymar.

 La justicia sigue investigando si el Barça pagó más de los 57 millones de euros oficialmente declarados e incluso el Barça, como entidad jurídica, ha sido imputado. El ya exdirigente azulgrana también se tiene que enfrentar a una petición de ocho años de cárcel que se ha hecho efectiva en Brasil. 

La última bofetada se la ha dado la FIFA, al sancionar al club azulgrana prohibiéndole fichar hasta el verano de 2015 por violar su normativa al fichar a varios jugadores menores de 18 años
 
Lejos de las grandes ciudades la geografía española está plagada de directivos que han pasado de los palcos a los banquillos de los acusados y que debido a sus nefastas gestiones han terminado hundiendo la trayectoria deportiva de sus equipos. En el Racing, por ejemplo, llevan juntándose todo tipo de circunstancias desde la aparición del inefable Dimitri Piterman.

 Hace diez años se hizo con el control del club y termino compareciendo ante un juez imputado por la querella interpuesta por unos aficionados ante los reiterados insultos y sus particulares modos de gestionar el equipo, entre los que se encontraban atribuirse facultades para también entrenar al equipo. Sin embargo, sus problemas con la justicia no acabaron ahí.

 Tras dejar el Racing, se hizo cargo del Alavés entre 2004 y 2007 y por su gestión fue condenado a quince años de inhabilitación y a indemnizar al club con 6,8 millones de euros, tras ser considerado culpable de llevar al equipo a un concurso de acreedores.

En El Sardinero volvió a aterrizar otro aprovechado del fútbol como el inversor indio Ali Syed. Compró por 15 millones el paquete de acciones que le daban control sobre el club, solo pagó medio millón y casi ni pisó el estadio. Anda en busca y captura por la Interpol y colocó como hombre de paja a Ángel Lavín, ‘Harry'. 

Con él, el Racing se hundió hasta Segunda B, entró en concurso de acreedores y los trabajadores acumularon meses sin cobrar sus nóminas. El pasado mes de enero, con motivo de la huelga de sus jugadores en el partido copero ante la Real Sociedad, se logró un cambio de rumbo al elegir como nuevo presidente al exjugador Juan Antonio Sañudo.

En Zaragoza, Agapito Iglesias es otro de los mandatarios que no predica con el ejemplo. El todavía propietario del club ha declarado como imputado por un presunto desvío de 50 millones de euros en las obras de construcción de la plataforma logística Plaza de Zaragoza y no se le ha ocurrido otra cosa que incluir su paquete accionarial en el club aragonés como parte de la fianza solidaria de 18,8 millones de euros que le ha impuesto el juez. Por su parte, el expresidente del Athletic de Bilbao Fernando García Macua también fue imputado por un delito fiscal. 

El presidente Alfonso García se enfrentó a una petición de un año de cárcel por la construcción de viviendas sin licencia de obras, como promotor de Almanzora Country Club. Y el del Espanyol, Daniel Sánchez Llibre fue imputado por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales relacionados con el traspaso de Sergio González al Deportivo. Y la lista de agravios a la legalidad se extiende también a clubes como el Mallorca, el Hércules, el Murcia, el Granada...

Por último, merece mención especial el presidente de la Federación Española, Ángel María Villar. Otro de los aferrados al poder desde hace ni más ni menos que 26 años y cuya labor ha sido seguida de cerca por los tribunales. En 2010, el máximo mandatario del fútbol español era absuelto de delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental.

 También ha sido objeto de investigación el posible uso de fondos de la Federación para costear viajes privados de sus directivos. Y la Justicia sigue con el ojo puesto en los terrenos que cedió de una manera muy poco transparente el ayuntamiento de Las Rozas a la Federación para construir la Ciudad del Fútbol."         (Público, 12/04/2014)

25.10.13

Los registradores de la propiedad son dueños de una empresa inmobiliaria con 72 millones de euros de capital

"Fundada por el Colegio de Registradores en 2002, Inversiones Inmobiliarias CRE SL dio entrada en 2008 a más de 250 registradores a título individual.

El Colegio, que se nutre con aranceles fijados por el Gobierno, preparó así un trasvase de fondos a los funcionarios del cuerpo que acudieron a la ampliación de capital .

Los expertos creen que el carácter funcionarial de los registradores les impide sumarse a empresas cuyo objeto social coincida con el de las tareas que tienen encomendadas."        (Info Libre, 15/10/2013)

11.10.13

La “corrupción generalizada” de Marbella se va de rositas. Roca cumplirá 3 años de cárcel... a lo sumo

"Marbella pasó este viernes no una, sino 5.774 páginas de putrefacción política en su Ayuntamiento. La Audiencia Provincial de Málaga hizo pública la sentencia del caso Malaya, la causa más sonada contra los desmanes urbanísticos del gilismo, y que supuso la primera disolución de un Ayuntamiento en la democracia.

 Los magistrados, presididos por José Godino, muestran en el fallo su “firme convicción” de que en el consistorio marbellí se había instaurado un “sistema de corrupción generalizada”.

 Este régimen operaba bajo el “poder de hecho” ejercido por Juan Antonio Roca, el exasesor urbanístico que a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil y hasta marzo de 2006 compró voluntades de concejales, funcionarios e incluso jueces para amasar un patrimonio de origen ilícito tasado en 101,7 millones de euros, que ha quedado incautado.

Tras cinco años de instrucción, dos años de juicio y 13 meses de redacción, la sentencia considera probado que Roca recibía dinero de promotores con intereses urbanísticos en la ciudad más cotizada de la Costa del Sol. A cambio, él se encargaba de manejar como marionetas a los ediles, encargados de aprobar licencias contrarias al planeamiento en su beneficio. 

Roca ocultó las enormes riquezas obtenidas –eran los años del boom inmobiliario— en un entramado de 71 sociedades pantalla gestionadas por un despacho de abogados de Madrid. Todos esos extremos han quedado plenamente ratificados en la sentencia conocida este viernes.

 Sin embargo, el fallo, pese a su contundencia formal y a que recoge el fondo de las tesis de la acusación, deja un cierto sabor a levedad en las penas. El fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, había pedido al tribunal una condena de 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa para Roca. 

Los jueces dejan el castigo al exasesor urbanístico en 11 años de cárcel y sanciones económicas por 240 millones de euros. Parte de esta rebaja deriva de que se le ha aplicado una atenuante de confesión y del hecho de que el tribunal no ha visto demostrada la ilegalidad de algunas operaciones urbanísticas. 

Además, 43 de los 95 acusados inicialmente han resultado absueltos, en especial empresarios. El ministerio público estudia la opción de recurrir el fallo.

 El caso Malaya podría denominarse sin problemas el caso Roca. El exasesor urbanístico es el protagonista absoluto; y el resto, personajes secundarios y figurantes que orbitan en torno a él. Roca reconoció en el juicio que recibió los pagos de los empresarios y que repartió una parte de esas mordidas entre los ediles para “mantener la cohesión” del gobierno tripartito del Grupo Independiente Liberal (GIL), el PSOE y el Partido Andalucista que derrocó en agosto de 2003 al exalcalde Julián Muñoz, en una moción de censura que marcó el principio del fin del gilismo.

 En la vista oral, el exasesor trató de convencer al tribunal de que las dádivas tenían por objeto financiar la campaña electoral del tripartito. El exasesor buscaba convertir un presunto cohecho en una falta administrativa de financiación de partidos.

El tribunal echa por tierra este argumento y vincula los pagos a la concesión de licencias y otras resoluciones municipales. “Ningún empresario entrega tan elevada suma de dinero altruistamente, gratis et amore, a quien no es nada menos que el gerente de Urbanismo de Marbella, paradigma de emporio urbanístico”, escribe el tribunal, que compara los abonos con un “impuesto revolucionario”. 

Las entregas monetarias “no tenían como finalidad la de financiar una inexistente campaña electoral, sino simplemente la de comprar voluntades de políticos para garantizar resoluciones administrativas afines a sus intereses”, insisten.

La sentencia avala las pruebas clave recopiladas durante la instrucción. El elemento más determinante ha sido la contabilidad paralela de Roca hallada en unos archivos informáticos en la sede de Maras Asesores, la oficina ajena al Ayuntamiento por la que desfilaban los promotores para hacer sus negocios con el auténtico hombre fuerte del consistorio.

 En esos apuntes, calificados en su día como una “ganga” por el fiscal López Caballero, figuraban los ingresos realizados por los empresarios y su distribución entre los concejales con responsabilidad de gobierno. El contable de Roca, Salvador Gardoqui, reconoció la autenticidad de las anotaciones.

También avalan los jueces las escuchas telefónicas ordenadas por el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres. Consideran “sumamente significativas” las que se intervinieron a la exteniente de alcalde Isabel García Marcos, en la que la exedil socialista manifestó: “Para trabajar necesito dinero, en la primera plusvalía que se genere necesito dinero, y si se le da el pase, quiero dinero de mi pase, y si se desarrolla, quiero dinero de la construcción”. (...)

En el epílogo de la sentencia, el tribunal acuerda que los bienes y el dinero decomisados sean utilizados para abonar las deudas del consistorio por los “perjuicios morales y económicos” derivados de ese “ambiente generalizado de corrupción”.    (El País, 04/10/2013)

23.7.13

La cúpula que encumbró a Florentino en el Real Madrid, acribillada por la corrupción

"El quinteto de empresarios galácticos que tomó las riendas del Real Madrid en el año 2000 ha visto pasar cerca la guillotina de la Justicia en la última década. Pero ha sido ahora, con las últimas declaraciones del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ante el juez Pablo Ruz y la entrega de documentación, cuando los escándalos han señalado directamente al presidente, Florentino Pérez, y al extesorero del club, Luis del Rivero.

 La quinta de Florentino la completaban Juan Abelló, Fernando Martín y Fernando Fernández Tapias. Durante su mandato, en los palcos de lujo del estadio Santiago Bernabéu se fraguaron algunos de los más importantes pelotazos urbanísticos.

Cuando Pérez ganó las elecciones para la presidencia del club de 2000, logró hacer frente a lo que sus antecesores en el cargo no habían conseguido: sanear las deudas estratosféricas que amenazaban la estabilidad de la entidad. 

Como el gobierno de España, Pérez levantó la economía del club a golpe de pelotazo urbanístico. Además de la operación Valdebebas, la venta y recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva para la construcción de los cuatro rascacielos de Madrid fue el gran bombazo. 

Curiosamente, la empresa que preside Pérez, ACS, logró el negocio de la construcción de dos de las torres. Beneficio: 500 millones de euros. Fuentes del Ayuntamiento destacan el papel que jugaron en la operación los dos vicepresidentes del club, Abelló y Fernández Tapias. Este último forma parte, desde hace años, del selecto grupo de empresarios de confianza del PP en Madrid.

Otro hombre importante en el Real Madrid de aquellos años fue el tesorero Del Rivero, quien posteriormente presidió la constructora Sacyr Valllehermoso, entre 2004 y 2011. Durante estos siete años, la compañía habría realizado importantes donaciones de dinero negro al PP, según los papeles de Bárcenas: 380.000 euros.

 Como contraprestación, la acusación del caso que investiga el juez Ruz señala los importantes contratos públicos que obtuvo la compañía (incompatibles, por ley, con cualquier tipo de donación a un partido político): Sacyr Vallehermoso obtuvo, entre 2002 y 2012, 1.064 millones de euros en adjudicaciones de obras de administraciones gobernadas por el PP.

Otros dos hombres de confianza de Pérez también tuvieron una importante relación con Sacyr Vallehermoso. Uno fue Abelló, vicepresidente y uno de sus máximos accionistas hasta 2013, cuando vendió sus últimas participaciones. El segundo fue Fernando Martín, que ocupó el cargo de presidente del Real Madrid durante dos meses, tras la dimisión de Florentino en 2006.

A continuación, Martín forjó una alianza con Del Rivero y accedió al consejo de administración de Sacyr Vallehermoso, donde llegó a tener el 6% de las acciones. Tras la venta de sus participaciones, Martín entró en la élite de las inmobiliarias con la compra de una parte importante de las acciones de Fadesa, lo que le aupó a la presidencia de una de las mayores constructoras de Europa, protagonista un año después de la mayor suspensión de pagos de la historia de España.

 Ocurrió el 14 de julio de 2008. Además, el consejo de administración de Martinsa-Fadesa presentó un expediente de regulación de empleo para 234 empleados. En total, la compañía dio un portazo a cerca de 12.500 familias, que habían iniciado la compra de una vivienda.

Como guinda a las polémicas que han rodeado a Martín en los últimos años, en febrero de 2013 se hizo público que el empresario se había beneficiado de la amnistía fiscal que había ofrecido meses atrás el gobierno de Mariano Rajoy para blanquear dinero no declarado.

Tras entrar en la directiva del Real Madrid en 2000 con el equipo de Florentino, Fernando Fernández Tapias –empresario muy vinculado al PP madrileño– fue presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madric (CEIM) y de la Cámara de Comercio de Madrid. 

Preocupado más por lo negocios que por los trabajadores, en 2001 llegó a instar a los trabajadores de Sintel acampados en el Paseo de la Castellana de Madrid a levantar el campamento porque “éste “perjudica la imagen y el prestigio de Madrid”, de cara a la candidatura olímpica.

Aunque no ha estado implicado directamente en los grandes escándalos de corrupción, la detención de su hermano Francisco, tras la incautación del mayor alijo de cocaína de la historia de España (1.700 kilos, en 2002) tampoco pasó desapercibida.

Entre los negocios en los que participa a día de hoy Fernandez Tapias está la operación de los terrenos del estadio Vicente Calderón, del Atlético de Madrid. Entre los que no, la construcción de 60 impresionantes pisos de lujo, que pretendía levantar en la milla de oro de Madrid, la calle Serrano, al estilo de la city de Londres. 

Hace dos meses, la empresa encargada, Inmobiliaria Juan Bravo 3, participada al 50% por él, presentó un concurso voluntario de acreedores al no poder hacer frente a una deuda de 150 millones de euros."                         (La Marea, 20/07/2013)

24.6.13

¿Por qué en España no se castiga la corrupción en las urnas?

Entre 2000 y 2010 un total de 676 municipios españoles se vieron afectados por diferentes casos de corrupción, un 8,3% del total, según el estudio Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España (Dialnet), elaborado por profesores de la Universidad de La Laguna.

 Una magnitud del fenómeno que parece ya de por sí preocupante, y eso que en el informe se reflejan sólo los escándalos vinculados a las administraciones locales y en concreto en materia urbanística, dejando al margen otras irregularidades en gobiernos regionales o en la Administración central. Y sin embargo, las consecuencias electorales de los casos de corrupción son cuando menos limitadas.

En las elecciones municipales de 2007 casi un 70% de los candidatos implicados en casos de corrupción consiguió la reelección. En los comicios locales de 2011 el panorama no cambió demasiado: en el 59,5% de los municipios con un alcalde 'tocado' por la corrupción volvió a ganar el mismo partido (en 60 de 106 localidades) y en el 58% de los casos fue reelegido el propio candidato implicado (40 de un total de 69 candidaturas), según datos de la Fundación Alternativas. 

Unos resultados electorales que confirman la relativa tolerancia con que se relacionan los españoles con los problemas de corrupción. En el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de abril, un 39,3% de los encuestados citó la corrupción como uno de los grandes problemas del país. Y un 29,4% también señaló como problema a los políticos en general.

 La preocupación de los españoles por la corrupción y por la deriva de la política ha ido creciendo durante la crisis, y ahora ya está cerca de los máximos que marcó a mediados de los noventa, en pleno boom de escándalos en el último gobierno de Felipe González. Pero aunque la corrupción se ve como un problema para el país, el castigo en las urnas parece inexistente. 

 En la ciencia política la paradoja de la corrupción se ha convertido ya en un concepto clásico: mientras que la corrupción en sí misma se considera un comportamiento reprobable y vergonzante, algunos políticos corruptos mantienen intacta (o casi) su popularidad. Un fenómeno que tiene un reflejo fiel en la escena política española.

 ¿Por qué los votantes españoles muestran una preocupante tolerancia con los candidatos implicados en casos de corrupción? ¿Por qué el previsible castigo electoral tiene un alcance más que limitado? Son varias las posibles causas de esta permisividad. Explicaciones que no son excluyentes ni alternativas, sino que se complementan para perfilar los porqués de la manifestación de esa paradoja en la política española.

NO TODAS LAS CORRUPCIONES SON IGUALES.

 Los ciudadanos no tienen la misma percepción en torno a la gravedad de todas las irregularidades cometidas por un político. Diversos estudios internacionales confirman que el votante censura los casos de corrupción que implicaban simplemente un enriquecimiento ilícito del político, pero no si la irregularidad cometida conllevaba algún tipo de beneficio para la comunidad (ya sea mediante la construcción de infraestructuras, la creación de empleo a través de proyectos ilícitos...).

 No es lo mismo, en definitiva, repartir sobresueldos ilegales entre los miembros del partido que recalificar irregularmente un terreno para levantar un polideportivo. Esto es, no hay castigo electoral si la corrupción no tiene ningún coste (o incluso tiene un beneficio indirecto) para el ciudadano. En Brasil incluso se ha popularizado la expresión "rouba mais faz" (roba pero haz).

"No todos los actos de corrupción son percibidos como inequívocamente negativos por el electorado que se supone que tiene que juzgarlos en las elecciones. De hecho, en algunos casos, los votantes incluso podrían beneficiarse de tener un político corrupto en el cargo dado que algunas de sus actividades podrían implicar un incremento a corto plazo de su bienestar", sostienen los profesores Pablo Fernández-Vázquez, Pablo Barberá y Gonzalo Rivero, investigadores del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York, en un reciente estudio [aquí, en inglés].

 Un informe que concluye que en las elecciones municipales españolas de 2011 los candidatos implicados en casos de corrupción sólo tuvieron de media un 2% menos de apoyo que los políticos honestos (lo que desde un punto de estadístico es virtualmente cero). Pero el castigo electoral se eleva hasta más del 4% si el escándalo no implica ningún beneficio para el municipio o incluso perjuicio por afectar a las arcas públicas.

 "No es que los votantes premien a un corrupto porque sea un buen gestor económico", subrayan los investigadores, sino que "el candidato es reelegido porque un amplio espectro del electorado tuvo la oportunidad de disfrutar indirectamente de los beneficios de su conducta ilegal", indican. 

Otro estudio también reciente, éste de los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona Jordi Muñoz, Eva Anduiza y Aina Gallego [aquí, en inglés], abunda en esta conclusión y apunta que ese efecto positivo de la corrupción para el elector eleva en 14 puntos porcentuales la probabilidad de votar a un político corrupto.

 SI TODOS SON CORRUPTOS, ME QUEDO CON LOS MÍOS.

 "Son todos iguales". Es el estribillo que muchos ciudadanos utilizan para afear a la clase política en su conjunto, para achacar sin matices comportamientos particulares ilegales a los representantes de todos los partidos políticos. 

Esta suerte de cinismo político conlleva una generalización de la sospecha sobre todos los cargos públicos, aplicar una presunción de culpabilidad sin hacer distingos entre trayectorias intachables y largos historiales judiciales. Y este cinismo democrático, además, también se convierte en freno para aplicar un castigo real en las urnas contra candidatos implicados en casos de corrupción.

 Si cunde el convencimiento de que todos los partidos y todos los candidatos comparten actuaciones irregulares, los incentivos que podría tener el electorado para cambiar el voto prácticamente desaparecen. Si todos los candidatos son igualmente corruptos, ¿por qué no seguir votando al partido al que siempre lo hice y con el que me siento más identificado ideológicamente? 

Un efecto que explicaría el interés de los partidos que se ven implicados en una irregularidad en airear y recordar todos los escándalos que han sufrido el resto de formaciones políticas (y tú más, vaya)."       (Expansión, 27/05/2013)

6.6.12

La banalidad de la corrupción... en España

"La expresión banalidad del mal fue una frase acuñada por Hannah Arendt y es utilizada para describir el mal como algo que no nace del individuo, sino de las circunstancias. Por ejemplo, en el régimen nazi se mataban judios porque se cumplía con el deber de todo alemán de salvar a la patria de un peligro. 

El mal no surge de la inteligencia de los individuos sino de las circunstancias sociales que los adaptan a la conducta generalizada, se modifican conductas para adaptarlas a la nueva situación. Los ciudadanos pierden sus valores, carecen de escrúpulos si esta adaptación les hace obtener beneficios. Los ciudadanos hacen lo que la mayoria de sus vecinos hacen, casi todo por instinto de supervivencia.

En nuestro actual sistema corrupto, la banalidad del mal actúa de la misma forma que en cualquier sistema criminal, se pierde la sensibilidad y nadie reconoce que está haciendo el mal, sencillamente porque no pueden reconocer que están viviendo en él. Trasladado a la corrupción, observamos que las instituciones se degradan porque sus inquilinos han perdido la moralidad y la ética del gobernante, del político al servicio de sus ciudadanos, no reconocen que sus actos entran en la dinamica de perversión que no gusta a los ciudadanos. 

Se plantea una distorsión entre la función y la utilización de esa misma función en beneficio propio sin reconocer tales actos puesto que han sido introducidos en la conducta de los gobernantes y políticos como si de algo normal se tratára.
No hay institución, entidad, organismo etc… que no haya caido en el más absoluto desprestigio sin que sus dirigentes reconozcan el mal que han cometido porque se ha producido la banalidad del mal en un sistema de corrupción. Todos han adaptado su conducta a la mayoria de los otros dirigentes, nadie se concede una mínima reflexión en el campo de la duda, están seguros de que lo que están haciendo es el bien, algo diametralmente opuesto a lo que desde la otra orilla vemos los ciudadanos. (...)
El Estado es la circunstancia, no es un yo, y por tanto acepta como normales esas conductas banales que recorren todas sus instituciones hasta desacreditarlas, desprestigiarlas y hundirlas, solo un yo, el pensamiento de los ciudadanos libres, de los ciudadanos reflexivos y críticos pueden ayudar a cambiar las cosas, de lo contrario la banalidad del mal irá ascendiendo en su escala de antivalores hasta ver al pueblo atrapado en la miseria por sus gobernantes y además ser acusado de su propia muerte."         (Colectivo burbuja, 05/06/2012)

29.10.11

El 'pelotazo' del aeropuerto

"Un pretexto para recalificar suelo y dar un gran pelotazo en la España de finales de los noventa. Eso es lo que el secretario general de CC OO en Ciudad Real, Felipe Pérez, cree que había detrás del proyecto del aeropuerto (de Ciudad Real).

“Los constructores concibieron esto como un gran aeropuerto de cargas. El negocio pretendían hacerlo vendiendo a precio industrial para instalar naves un terreno aledaño. Pero los ecologistas denunciaron y eso arruinó los planes iniciales”.

Sin embargo, la versión de quien entonces era el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, el constructor Juan Antonio León Triviño, es muy distinta. “La idea nació a raíz de una instancia del Ministerio de Economía, cuyo responsable a finales de los noventa era Rodrigo Rato.

Se hicieron unas auditorías en las cámaras de comercio y a nosotros nos recomendaron que promoviéramos el comercio exterior y que estudiásemos la posibilidad de crear un aeropuerto de carga. Y eso hicimos. Contamos con el gran apoyo del entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos”.

El constructor León Triviño asegura que perdió ocho millones de euros en el proyecto e insiste en afirmar que la Junta de Castilla-La Mancha no puso un céntimo en el proyecto.

Sin embargo, la iniciativa no habría sido posible sin los más de cien millones de euros que depositó la Caja de Castilla la Mancha en el proyecto y sin las decenas de créditos que concedió a accionistas privados. Una caja cuyos gestores fueron nombrados tanto por dirigentes del PSOE como del Partido Popular."

"Que no cunda el pánico: el aeropuerto de Ciudad Real no cerrará hoy. Ni mañana, ni pasado.

Buena parte de la plantilla está ofuscada porque en la prensa se ha venido informando sobre el “cierre” del “aeropuerto fantasma”. Es cierto que la compañía de bajo coste Vueling dejará de operar allí a partir de hoy. Ha concluido su contrato por el que venía recibiendo subvenciones públicas. Era la única aerolínea comercial que trabajaba en el aeropuerto y ya se va.

Es cierto también que los indignados de Ciudad Real tienen previsto manifestarse en las instalaciones para protestar por lo que consideran un dispendio. Vale. Pero si usted dispone de una avioneta o un helicóptero, aún está a tiempo de aterrizar en el también llamado Aeropuerto Don Quijote.

Y así podrá hacerse el encontradizo por los vestíbulos y dejarle su tarjeta de presentación a algún jeque de Emiratos Árabes Unidos, a Carolina de Mónaco, a algún miembro de la monarquía británica. Este fin de semana, sin ir más lejos, hay previstos unos 18 vuelos privados.

A los exigentes viajeros que utilicen a partir de ahora el aeropuerto no se les escatimará detalle. A pesar del expediente de regulación de empleo (ERE) implantado desde enero, y de que varias decenas de trabajadores ya se han ido al paro, la plantilla aún cuenta con 86 personas.

Usted podrá comprobar que no falta detalle: los guardias civiles inspeccionarán las armas de caza, los policías nacionales revisarán los pasaportes, un equipo de bomberos intentará mantenerse concentrado ante cualquier posible accidente y el camarero de la cafetería procurará atenderle lo mejor posible, aunque no le esté permitido hablar con la prensa.

Está todo nuevo, tal como lucía aquel 19 de diciembre de 2008 en que se inauguró. Aún se leen carteles en los vestíbulos impolutos: “Despegan nuestros sueños. Nuevas relaciones, nuevas dimensiones, distintos horizontes. Ayuntamiento de Ciudad Real”.

Para que despegaran los sueños se levantó una pasarela que iba desde la terminal a unas vías del AVE, situadas a menos de medio kilómetro, donde se pretendía construir una estación. Se dotó a las instalaciones con una de las mayores pistas de aterrizaje de Europa (4.200 metros de longitud), donde podría aterrizar hasta el Airbus-380, la aeronave comercial más grande del mundo.

En diciembre de 2008 comenzaron a circular dos autobuses cada hora, desde Ciudad Real y Puertollano. Algunas veces se llenaban de lo que parecían ser viajeros con maletas, pero al final resultaban actores de algún anuncio de promoción. Desde hace meses los autobuses solo se desplazaban al aeropuerto cuando llegaba algún vuelo.

“Despegan nuestros sueños”, aún se lee en un cartel del Ayuntamiento

Ahora, la carrera de 18 kilómetros en taxi desde Ciudad Real cuesta 24 euros. Y los únicos coches que se ven en el aparcamiento pertenecen al personal de la empresa. Excepto dos limusinas blancas con las ruedas más bien desinfladas por el poco uso. Algunos empleados empezaron a olfatear que algo iba mal en la gestión cuando comprobaron que a veces había más personal asistiendo al avión que pasajeros.

Veían que no tenía mucho sentido cargar 2.700 litros de combustibles en un avión como el que llegó el pasado miércoles desde Mallorca, con capacidad para 180 personas y solo 18 ocupantes.

Ahora que la pasarela hacia el AVE está colgada en el aire, como enorme metáfora de los sueños truncados, ahora que la compañía propietaria está intervenida por los jueces, después de más de 500 millones invertidos y una deuda acumulada que los acreedores estiman en 319 millones de euros, cabe preguntarse:

“¿No hubo nadie en una ciudad de 72.000 almas que dudara sobre la viabilidad del asunto?”, “Muy poca gente nos opusimos”, asume el periodista Carlos Otto. “Estaba muy mal visto, era como ir contra los intereses del pueblo. Solo los ecologistas lo hicieron. Y algunos de ellos han recibido presiones y han dejado de aparecer en la prensa”.

“La nuestra no fue una voz crítica”, reconoce Felipe Pérez, secretario general de Comisiones Obreras en Ciudad Real. “Pero cuando te dicen que se podían crear hasta 20.000 puestos de trabajo, ¿cómo dices que no?”. En la ciudad no se palpa un sentimiento de indignación generalizada." (El País, 29/10/2011)

17.7.11

El PP es percibido como el partido más implicado en casos de corrupción, a pesar de ser el más votado y poder ganar las próximas elecciones

"Según el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el partido de Mariano Rajoy está en el 6,95, en una escala de 0 a 10 para medir la percepción de implicación en la corrupción. Le sigue Coalición Canaria, con el 6,72, y el PSOE, con el 6,41.

Esa percepción no parece afectar a las expectativas de voto del PP, a pesar de que los españoles consideran que la corrupción y la actuación de los políticos están en los primeros lugares de sus preocupaciones.

La explicación de la aparente contradicción es que, por un lado, es mucho más intensa la sensación de pesimismo sobre la crisis económica y la preocupación sobre sus consecuencias. Es decir, que puede más la preocupación sobre la crisis económica y el desgaste del Gobierno por ello que el rechazo que puedan provocar los casos de corrupción vinculados al PP.

La otra explicación podría ser que el sondeo oficial muestra una cierta resignación de los ciudadanos sobre la corrupción, viéndola como casi irremediable. Así, la mayoría está de acuerdo o muy de acuerdo con que hay corrupción porque forma parte de la naturaleza humana y siempre existirá y no es algo propio de la cultura española.

Y un 85,9% cree que la corrupción existe porque la Administración la permite y no la persigue lo suficiente, es decir, disculpando a los políticos. (...)

Un 79,4% valora la honestidad en los políticos, pero hasta un 24,8% prefiere un político eficaz, aunque sea más bien corrupto, según los datos del sondeo oficial. Los españoles entienden que las entidades más afectadas por la corrupción son las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, por encima de la Administración central y las instituciones europeas." (El País, 07/07/2011, p. 16)

25.5.11

Por qué Camps gana las elecciones...

"Descontando los enormes efectos electorales de la crisis económica, la estrategia política que ha permitido al PP inmunizarse ante la corrupción y hacer suya la autonomía, trasciende la figura de Camps, y se remonta a los albores de los noventa cuando la formación rompió con la línea política que arrastraba desde la transición y se volcó en construir una identidad autonómica propia.

Para ello asumió los grandes símbolos que generaban incomodidad a la izquierda, como la bandera o el nombre mismo del territorio, Comunidad Valenciana.

En este camino identitario, también absorbió movimientos localistas como Unión Valenciana y perfeccionó un arma que el nacionalismo ha utilizado siempre con éxito: el agravio y la creación de un enemigo común, en este caso, el pancatalanismo.

Luego seguirían un sinfín de agravios: desde la autovía que la tercera capital de España no tuvo hasta mitad de los noventa, el AVE que llegó 18 años después que a Sevilla o, ¡gran regalo del cielo!, la polémica de los trasvases.

En una tierra donde el agua representa un arcano tan importante como la lengua en el País Vasco, la posición antitrasvase mantenida por el Gobierno socialista, aparte de desorientar a la izquierda, fue presentada como el ejemplo palmario del agravio al pueblo valenciano.

Todo ello acompañado de la presencia constante del enemigo pancatalanista, siempre beneficiado por Zapatero, uno de cuyos iconos históricos para el PP valenciano ha sido la televisión catalana TV3 (un ejemplo para entenderlo: su programación meteorológica emitida en territorio valenciano, con un mapa de los Países Catalanes donde aparecía el País Valenciano).

Con este tipo de elementos, cuidados, mimados día a día por los medios de comunicación oficiales, el PP ha ido atrayendo una masa electoral fiel y rocosa que, más allá de propuestas programáticas, otorga su confianza a un partido que se presenta como defensor de una identidad poco sutil pero legible, que comparte enemigos comunes y que, en su dialéctica, se enorgullece en voz alta de símbolos o actitudes que a otros, los traidores, los perplejos, los dubitativos, abochornan.

Frente a esta construcción ideológica, el escándalo Gürtel y toda la miseria política que ha destapado apenas han hecho mella, porque golpean fuera de los receptores del dolor, no rompen las cláusulas del contrato de lealtad. (...)

Da igual que sea Camps u otro el candidato. El vencedor es una ideología que se ha vuelto dominante y que, en caso de ataque, apela a la lealtad de sus votantes." (El País, Política, 23/05/2011)

Los electores ven la corrupción como una cuestión ajena

"Apenas importa que sea una cuestión de enriquecimiento personal o de beneficio para el partido que representan. Es lo mismo que se trate de una maniobra urbanística que de adjudicaciones de servicios públicos. La corrupción no pasa factura. (...)

Y a la vista está. Sin embargo, respecto a las causas, los argumentos varían.

- Cuestión ajena. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago, Miguel Anxo Bastos, considera que a la hora de emitir un voto, el ciudadano no tiene en cuenta la corrupción como cuestión determinante en su decisión sino que se fija más en la gestión "porque no son incompatibles".

Apunta que los electores ven la corrupción como "ajustes de cuentas" entre miembros de un mismo partido o entre contrincantes políticos. En el mismo sentido, Susana Corzo, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Granada, esgrime que el castigo en las urnas no llega porque los electores no la conciben como uno de los principales problemas, sino como un instrumento electoral para desprestigiar al adversario político.

De esta manera, la politóloga advierte de que se terminan normalizando las acusaciones y el ciudadano presta más atención a conflictos que le afectan de forma más directa, como el desempleo o la crisis. El sociólogo José Miguel Iríbar cree que más que ajena se ve como algo lejano y, en el fondo "como algo que haría cualquiera y, por lo tanto, se castiga menos".

"No hay conciencia del deterioro de lo público", añade. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, coincide en esta percepción. "Los ciudadanos no se sienten víctimas directas sino que lo ven como daños a la sociedad en general, no piensan que hayan perdido de su cartera", dice, "En cambio, la crisis sí se ha reflejado en su voto", añade.

- Castigo. El catedrático de Opinión Pública en la Universidad Complutense de Madrid, Fermín Bouza, lo tiene claro: "La corrupción en España no quita ni un voto, a la gente no le importa". (...)

el castigo sí ha existido, aunque en una escasa medida, y traducido en el incremento de los votos nulos y en blanco. Así lo interpreta de los resultados registrados en la Comunidad Valenciana, una de las más marcadas por la corrupción, donde la suma de estos alcanza casi el 5%. Manuel Villoria sostiene que para que un partido sea castigado se precisa de una alternativa.

En caso contrario, se opta por la abstención y el voto a partidos minoritarios y pone como ejemplo lo ocurrido en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, vinculados al caso Gürtel, en la que listas de independientes "que han hecho de la lucha contra la corrupción su bandera", han obtenido muy buenos resultados. (...)

- Diferentes corruptelas. Para la profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada Susana Corzo sí hay diferentes actitudes ante los casos.

Según apunta, si los acusados son parte de la comunidad o si la consecuencia de la corrupción tiene algún efecto beneficioso en la población, como la construcción de algún servicio común (un polideportivo u otra instalación municipal), los ciudadanos suelen ser más tolerantes que con aquellos casos en los que se produce un enriquecimiento personal o del partido político. (...)

- La indulgencia. La indulgencia llega de todos lados. Bastos tampoco cree que el castigo de los votantes a la corrupción difiera según la tendencia de cada uno, sino que la falta de sanción se da en todo el electorado, "de todos los partidos".

Según el sociólogo José Miguel Iríbar, "el perdón a la corrupción sí es más notable entre los votantes conservadores. Y yo creo que tiene un trasfondo religioso", apunta. "Son pecadillos que se lavan", añade." (El País, 24/05/2011, p. 22)

19.5.11

"Paco, eres un gran presidente", le dijo Rajoy mientras la plaza se caía: "¡Paco Camps! ¡Paco Camps!"


Francisco Camps hace un comentario a Rajoy durante el mitin en la plaza de toros de Valencia

"Frente a frente, ante más de 13.000 testigos que abarrotaban la plaza de toros de Valencia, se encontraron y abrazaron anoche dos políticos que son la máxima expresión de una cierta España. Esa que dejó marcada Camilo José Cela en Oviedo, en 1987, en su discurso de agradecimiento del Premio Príncipe de Asturias: "En España, quien resiste gana".

Mariano Rajoy y Francisco Camps. Dos hombres de aparato, dos políticos profesionales. Dos cachorros de Alianza Popular que empezaron como organizadores de actos y se mantuvieron en segundo plano durante años hasta que un día dieron el salto porque alguien les designó como sucesores. Ambos fueron elegidos porque se creía que serían dóciles. Dos jugadores correosos, resistentes, buenos conocedores de las claves del poder.

Ambos llevan dos años jugando al quien resiste, gana. A ninguno de los dos ha parecido importarle la mala imagen para el PP y para la política que eso ha provocado fuera de la Comunidad Valenciana.

A su alrededor, fuera del PP y sobre todo dentro, nadie entendía por qué Rajoy no echaba a Camps, o por qué este no se iba. La presión interna llegó a ser insoportable, pero ellos lo aguantaron todo. Es su estilo.

Camps jugaba a resistir. Y Rajoy jugaba a resistir más, confiando en que el valenciano acabaría cediendo, marchándose por su cuenta, por la presión, sin que él lo echara. Funcionó con Luis Bárcenas, el extesorero.

Pero Camps aguantó, y ganó. Y ayer, dos años después de que empezaran a destaparse los primeros escándalos del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, Rajoy entregó la cuchara, rendido ante la evidencia de su derrota por inacción, y aplaudió a Camps, el gran vencedor, listo ya para una victoria electoral aplastante que hará muy difícil echarlo y complicará la campaña de Rajoy cuando, en octubre, se siente en el banquillo por cohecho. (...)

La rendición suele incluir entrega de armas y pleitesía al vencedor. Las armas ya estaban entregadas -Rajoy lo confirmó cuando podía vetarlo como candidato-. Ayer llegó la pleitesía, en forma de berlusconismo, esa teoría según la cual lo único importante, al margen de lo que diga la justicia, son las urnas.

"Paco, eres un gran presidente", le dijo Rajoy mientras la plaza se caía: "¡Paco Camps! ¡Paco Camps!". "Lo han dicho los valencianos, lo volverán a decir el próximo domingo. Porque ejercen su libertad de elegir a aquel que creen que es mejor para defender sus intereses. Te votan porque quieren". Y ahí llegó la entrega personal: "Tienes mi amistad sincera, y lo sabes; tienes mi apoyo, el de tu partido y el de los valencianos".

Antes, Camps, eufórico ante la exhibición de su poder total frente a Rajoy, le había echado también algunas flores. "Votad para echar a Zapatero", le pidió a su gente, venida de todos los pueblos en autobuses.

"Mariano, estos son nuestros poderes", dijo Alfonso Rus ante el llenazo. Y Camps remató: "Votad al PP, y hagamos todos juntos a Mariano presidente del Gobierno de España. Estamos diciéndole adiós a Zapatero. Ahora solo falta marcar el teléfono de La Moncloa y que al otro lado esté un español de verdad". (El País, 18/05/2011, p. 42)

9.4.11

Cinco imputados y seis implicados por corrupción en las listas del PP valenciano

"Rajoy acepta unas candidaturas marcadas por los casos 'Gürtel' y 'Brugal'.- Cuatro imputados y seis implicados en la lista autonómica, y un imputado más en la municipal de Alicante.

Los casos de corrupción han entrado de lleno en las candidaturas autonómicas que el comité electoral del PP de la Comunidad Valenciana envió este viernes a la dirección nacional de ese partido, que preside Mariano Rajoy, y que la cúpula popular ratificó casi a las diez de la noche.

Las listas, encabezadas por Francisco Camps, imputado por cohecho en el caso Gürtel, incluyen a otros tres políticos en idéntica situación: el ya diputado por Castellón Ricardo Costa, inmerso en el mismo caso de los trajes que Camps; el actual alcalde de Torrevieja, que ya era diputado autonómico, Pedro Ángel Hernández, imputado por tráfico de influencias a raíz de la compraventa de una finca que le generó una plusvalía de 5,3 millones de euros, y el concejal de Valencia Jorge Bellver, que se incorpora de nuevo a las listas autonómicas cuando está a punto de ser juzgado por prevaricación. (...)

Bellver, un hombre del equipo de Rita Barberá, que aprobó un aparcamiento junto a un jardín declarado bien cultural sin el informe preceptivo de Patrimonio, podrá hacer valer su nueva condición de aforado para trasladar el caso al Tribunal Superior.

Además, en las candidaturas que lidera Camps repiten cuatro implicados en el caso Gürtel: el vicepresidente Vicente Rambla, por Castellón, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y los diputados David Serra y Yolanda García, por Alicante.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que sean imputados. Y entra la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, mientras repite el anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos implicados en el caso Brugal, otro sonado escándalo de corrupción." (El País, 09/04/2011)


"La corrupción se presenta a las elecciones. Más de 100 candidatos implicados en causas judiciales concurren en las listas.

Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se tiran a la cabeza todos los días los casos de corrupción del contrario. Pero ambos -y, en menor medida, otros partidos- llevarán previsiblemente imputados en sus listas el 22 de mayo.

Mientras el PP incluirá a imputados e implicados en algunos de los más graves casos de corrupción -Gürtel y Brugal-, los imputados del PSOE lo son fundamentalmente por casos menores de pequeñas y medianas localidades." (El País, 10/04/2011, p. 16)

16.3.11

"Los partidos políticos cuyos alcaldes se ven envueltos en casos de corrupción no se ven penalizados en las urnas"

"Los partidos políticos cuyos alcaldes se ven envueltos en casos de corrupción no se ven penalizados en las urnas. Todavía peor: los partidos implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán castigos electorales en los comicios, incluso en el caso de que se inicien diligencias judiciales.

Este es el resultado de un reciente estudio elaborado para la Fundación Alternativas (Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal 2003-2007) por los investigadores Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez. 8...)

Conclusiones pesimistas porque suponen un serio revés para el control de los políticos por los procesos electorales y porque ponen en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para discriminar ya no entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir la función más básica de expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes.

En la investigación no se analizan las razones que llevan a los ciudadanos a exonerar en las urnas a los candidatos deshonestos, sino que se limita a constatar este fenómeno que, sin duda, debilita la calidad de la democracia en España. (...)

Los términos de la polémica son, básicamente, si la corrupción no es castigada en las urnas por cuestiones de tipo cultural o si el castigo es asimétrico, por lo cual únicamente algunos partidos políticos se verían exonerados mientras que los demás sí sufrirían una penalización electoral."(JOAQUÍN ESTEFANÍA OPINIÓN: No hay castigo. El País, Domingo, 06/03/2011, p. 21)

7.3.11

Después de casi media hora de espera, al fin se produjo la foto entre Camps y Mariano Rajoy



" El líder del PP, claramente molesto por la expectación, le saludó con frialdad y se giró a los periodistas: "Bueno, ya hemos cumplido, ¿no?". Era una foto organizada por el entorno de Camps, muy preparada. Parecía una photo opportunity con actores famosos. Un nuevo mal trago que el propio Rajoy se ha puesto en el camino.

Y habrá más. El próximo, el 18 en Valencia, en Fallas. Camps buscó después a Rajoy, y el líder trató de mostrar distancia. Poco antes, Dolores de Cospedal le había dado un abrazo muy fotografiado.

La presencia del valenciano, imputado por cohecho y muy cerca ya de ser procesado y sentarse en el banquillo, dominó el primer día de la convención autonómica del PP y opacó los intentos de la organización por vender el programa electoral.

Y cobró aún más relevancia por dos asuntos. Primero, porque el PP había hecho la convención en Baleares precisamente para empujar al partido de esta comunidad después de los escándalos del caso Matas. El nuevo candidato local, José Ramón Bauzá, tiene como principal aval que no lleva ningún imputado en sus listas.

Y Cospedal le presentó como ejemplo de "regeneración democrática". Eso hacía más fuerte el contraste con Camps.

Además, el PP, tanto en el discurso de Cospedal como en su programa electoral, se presenta como adalid de esa regeneración democrática. De hecho, tiene un apartado entero del programa dedicado a la regeneración, que obvia el caso Gürtel.

Tal y como adelantó EL PAÍS -aunque el PP ocultó esta parte del texto hasta ayer- en él se piden leyes más duras con la corrupción y se lee esta frase: "El PP reitera su compromiso de contundencia y celeridad contra las prácticas corruptas en las Administraciones. Actuaremos ante cualquier supuesto de denuncia o de incoación de procedimientos judiciales".

Mientras, el imputado Camps llegó como un gran triunfador, se hizo acompañar como siempre de valencianos que le aplaudieron puestos en pie -los demás dirigentes, algunos molestos, se quedaron sentados-, proyectó un vídeo apoteósico con plazas de toros llenas y sentenció: "Hemos tenido un Gobierno a la contra.

Nos lo han quitado todo, menos la dignidad y las ganas de trabajar". Y remató sobre el PP: "Somos buenos gestores, líderes en políticas sociales, no tenemos complejos, apostamos por la familia. Somos imbatibles, somos los mejores". (El País, 05/03/2011, p. 21)

13.5.09

La "mafiosidad" del "ladrillo" en España, en democracia...

"(...) he leído un documento que les recomiendo si les gusta la literatura de terror: se trata del informe elaborado por la diputada danesa Marguete Auken sobre "el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario". Es un texto de 30 páginas que se puede leer tanto como un relato espeluznante cuanto como un pequeño tratado acerca de las peores conductas en materia política y moral. (...)

A estas alturas, y con murallas de hormigón por todos lados, sabemos perfectamente que sólo a la sombra de políticos ventajistas ha podido tejerse la telaraña de especulación y codicia de la que ahora parecemos lamentarnos. Sin embargo, lo grave es que ya lo sabíamos. Estos años de destrucción del territorio del patrimonio han transcurrido a la vista de todos. Bastaba coger el Euromed para comprobar lo que ocurría en la costa castellonense o alicantina; bastaba atender al vértigo de los precios de las viviendas, presentado a menudo como signo de nuestro progreso colectivo, para percibir que algo nauseabundo se cocinaba a nuestro alrededor.

¿A nuestro alrededor? Con su crudeza estilística Marguete Auken pone el dedo en la llaga al describir la corresponsabilidad de los ciudadanos en la callada aceptación del delito. Es cierto que a la cabeza del cortejo de la corrupción han marchado políticos vendidos, especuladores o avariciosos y prestamistas fraudulentos, pero ¿y tras ellos? Conchabados promotores inmobiliarios, concejales e instituciones financieras, ¿qué hacían los jueces? Según Auken, poco, y lo poco que hacían lo hacían tan lentamente que es como si no hicieran nada. La policía iba en consonancia con los jueces. Pero tampoco los otros estamentos ciudadanos ofrecieron resistencia. Los medios de comunicación han reaccionado tarde y los ciudadanos han acabado horrorizándose como consumidores más que como ciudadanos.

Hasta aquí el relato de terror con que la señora Auken ha descrito vivamente, con ingenuidad nórdica y con toda la razón del mundo, el gran saqueo de lo que pertenecía al futuro por parte de nuestros modernos depredadores. Casi nada más se puede añadir al cuadro trazado que, en buena medida, explica las dramáticas percepciones sobre la actual crisis económica." (RAFAEL ARGULLOL: El gran saqueo. El País, ed. Galicia, Opinión, 12/05/2009, p. 25/6 )

Ver "Informe Auken": http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0082&language=ES