"Tema
Hace unos meses tenía lugar en Paraguay una fuga de 75
presos, adscritos a una banda criminal brasileña. Adoptando como ejemplo
este hecho, se analizan los factores que explicarían la dimensión del
poder alcanzado por las bandas criminales brasileñas en Paraguay, centro
neurálgico de redistribución de cocaína y primer productor de
marihuana. Hoy, con la pandemia del coronavirus, estos mercados se
encuentran prácticamente bloqueados, pero no las estructuras de poder
criminal que los sostienen y que permanecen durante la crisis.
Resumen
Hace unos meses tuvo lugar una fuga de 75 presos a través
de un túnel del penal de Pedro Juan Caballero, capital de la provincia
de Amambay en la frontera seca de Paraguay con Brasil. Todos los fugados
pertenecían a uno de los mayores grupos criminales de América del Sur, el brasileño Primer Comando Capital .
¿Cómo han logrado, desde Pedro Juan Caballero, el control territorial y
el poder que exige la gestión de un comercio transnacional de esta
magnitud? La respuesta también explicaría la exitosa organización de la
fuga masiva que ha liberado a miembros de sus organizaciones de una
cárcel en Paraguay.
Pero para dar respuesta a estos interrogantes la propuesta
es centrar el análisis en los factores que explican el poder alcanzado
por dichas redes criminales. Entre los argumentos más usuales se
encuentra la pobreza y, en este caso, Paraguay ciertamente es uno de los
países más pobres de la región. Junto a este factor, también se alude a
la falta de Estado o a la combinación de ambos. La propuesta aquí es
contemplar otros elementos que son ineludibles para entender, no tanto
por qué existe el crimen organizado, sino por qué puede adquirir un
nivel de presencia social, económico e institucional tan extraordinario,
como en el caso de Paraguay y de otros países de la región.
Análisis
El Observatorio de Tráficos ilícitos y redes criminales
del Real Instituto Elcano tiene como aspiración dibujar el mapa del
crimen organizado transnacional en América Latina y Europa. El objetivo
es conocer los puntos geográficos neurálgicos a partir de los cuales se
articulan las redes de los mercados ilícitos transnacionales. En el caso
que nos ocupa, se trata del narcotráfico, donde América Latina es un
área fundamental de dicho mercado transnacional, en particular en la
producción, distribución y comercialización de coca y cocaína.
Los
principales enclaves del mercado dibujan un mapa muy diferente al
relacionado con las grandes potencias políticas o económicas. Honduras1 y Bolivia
son países sin protagonismo ninguno en las decisiones del tablero
internacional, pero trascendentales para la toma de decisiones y
organización del crimen organizado transnacional. Estos países son
centros neurálgicos de producción y/o distribución y se han constituido
como un eslabón esencial para la reproducción de este mercado y del
poder del crimen organizado.
En este sentido, conviene llamar la atención sobre
Paraguay, donde el ejemplo de la fuga mencionada ilustra el poder y
margen de actuación de estas redes para lograr con éxito la fuga de 75
personas de una penal. En este caso, los fugados eran miembros del
Comando de la Capital, pero también hay miembros del Comando Vermelho, las dos principales bandas de Brasil y ambas instaladas en Pedro Juan Caballero. El enfrentamiento entre
bandas criminales es uno de los principales motivos de la alta tasa de
mortalidad de Amambay y su capital. De hecho, alcanzan una de las tasas
de homicidios más altas de toda la región(...)
Estas bandas gestionan la distribución de marihuana en Paraguay y en los
países vecinos, ya que su país es el mayor productor de dicho cultivo
en la región. A ello se suma la distribución de la coca o cocaína, ya
que, por su situación estratégica, es un centro de redistribución
esencial. La coca y/o cocaína sale de Bolivia, tanto la producida en el
país como la procedente de Colombia y Perú, y, desde ese país hacia
Paraguay, donde tiene lugar la redistribución para los mercados de
Brasil y Europa, a través también de Uruguay.
La pregunta es: ¿cómo es posible que se produzcan toneladas
de marihuana y que se logre redistribuir, junto con la cocaína, por
todo el Cono Sur, Brasil y Europa? ¿Cómo se explica que puedan
gestionar, desde esta ciudad, todo este gran mercado transnacional? ¿Y
cómo organizar fugas masivas de los miembros de sus organizaciones de
una cárcel, como es el caso que se ha contemplado?
Es preciso tener presente la logística necesaria para todas
las tareas que exige este tráfico transnacional ya que implica
producción, almacenamiento, procesamiento –a través de laboratorios
clandestinos– y transporte nacional e internacional. Son estas
exigencias organizativas, por su variedad y dimensión, las que obligan a
tener poder y colaboración del Estado y la sociedad.
La respuesta no se centra en los factores que explican que
exista crimen organizado, de hecho, existe en todo el mundo, sino qué
favorece que alcancen niveles de poder y dimensión para poder asegurar
este tráfico. Las explicaciones más usuales, particularmente para países
como Paraguay, es que el poder del crimen organizado responde a la
pobreza o a la falta de Estado, o ambas cosas, como principales
argumentos.
Con relación a la situación económica, Paraguay se
encuentra posicionado entre los países de la región con mayor pobreza y
desigualdad, un factor que podría explicar la dimensión adquirida por el
crimen organizado.
No obstante, en la actualidad es uno de los países
de la región que posee una de las tasas de crecimiento más altas y entre
sus logros se encuentra el haber reducido sus niveles de pobreza: de
2003 a 2017, respecto a la pobreza total, se ha reducido del 58,72% al
15,24%. En ese mismo período, la pobreza extrema también ha descendido
de manera considerable, del 15,64% al 3,28% (Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos [DGEEC], 2003, 2004, 2015, 2016 y 2017).
Más allá de estos datos, si contemplamos el número de
homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, podemos comprobar que es
de los más bajos de la región. Si además relacionamos estos datos de
homicidios con los del Índice de Desarrollo Humano (IDH), se confirma
que la relación entre criminalidad, crimen organizado y pobreza y
desigualdad no es mecánica, ni siempre tiene lugar.2 (...)
Sorprende comprobar los datos de homicidios en el
departamento de Amambay. Este departamento es el más violento, con gran
diferencia, del resto de Paraguay. Sin embargo, pese a esta violencia y
la presencia del crimen organizado, Amambay no es el departamento ni más
pobre, ni más desigual, pues se encuentra dentro de la media nacional.
Como se puede comprobar, hay otros departamentos con similares indices
de desarrollo humano e incluso algo inferiores y, sin embargo, sus
niveles de homicidios son muy bajos. En 2017 registró 69,9 homicidios
por cada 100.000 habitantes, cifras equiparables a las de los países más
violentos de la región, como Venezuela.
Le siguen dos departamentos,
también implicados directamente en la distribución de cocaína y
marihuana, como Concepción y Canindeyú. En estos casos, el número de
homicidios sí es un indicador de la dimensión del crimen organizado, ya
que este número de homicidios esta provocado por las rivalidades y
enfrentamientos existentes entre organizaciones brasileñas y locales y
entre bandas brasileñas. Desde hace tiempo hay una “guerra de narcos”
latente que estalla de manera intermitente.
Ausencia del Estado y falta de medios
Además de la desigualdad, el otro argumento más empleado
para explicar la implantación del crimen organizado, es la ausencia del
estado en extensas áreas del territorio nacional. Es esta una situación
considerada ideal para realizar actividades ilegales sin traba alguna.
Sin embargo, en los departamentos noroccidentales, donde se concentra la
producción de marihuana y se organiza la distribución de la cocaína, la
presencia estatal no es suficiente, aunque tampoco inexistente.
Si se toma como referencia la presencia estatal del sistema
de seguridad, autoridades policiales y judiciales, el número de
policías por cada 100.000 habitantes, no alcanza el promedio de 300
agentes según recomienda la Oficina para la Droga y el Delito de la
Organización de las Naciones Unidas, pues la media nacional es de 253.
No obstante, cabe mencionar que en Brasil hay 251 policías por cada
100.000 habitantes y que hay otros países que se encuentran por debajo
de esta media, como Guatemala y Honduras (Índice Global de Impunidad,
[IGI], 2017). En cuanto al número de jueces, la tasa paraguaya es de
11,74, por cada 100,000 habitantes, superior a la de Chile, con 10,4
jueces. Chile se distingue de sus vecinos por una criminalidad inferior y
por una institucionalidad considerablemente mayor (IGI, 2017).
La propuesta es que además de tener en cuenta la presencia
cuantitativa de funcionarios, sin duda tan importante o más es cuán
corruptibles son. Dependiendo de los grados de corrupción, los
funcionarios existentes, al margen de su número, pueden acabar
colaborando e incluso protegiendo a estas bandas criminales.
La
corrupción sería el principal factor que explicaría el establecimiento y
los amplios márgenes de actuación del crimen organizado y no tanto la
ausencia del Estado. Este es el problema más característico de la
región, la existencia de áreas “privatizadas” por representantes
estatales, que gracias a éstos son gestionadas y controladas por redes
criminales de acuerdo con sus propias normas y criterios, tal y como
ocurre en Pedro Juan Caballero.
Se repite insistentemente por parte de los responsables
gubernamentales la falta de personal, de equipamiento y de recursos en
general. De esta manera, se acaba asociando el problema a la falta de
inversión en este campo. Sin embargo, hay que tener presente algunos
datos. La comparación del gasto entre Honduras y Paraguay, con Chile,
Uruguay y Costa Rica (países con los mejores índices de seguridad y buen
gobierno) pone de manifiesto que los dos países que más gastan en
seguridad, en relación con su PIB, son Honduras y Paraguay.
Sin duda los recursos son imprescindibles, pero en qué y
cómo se invierten también es igualmente relevante. No siempre los
recursos llegan donde han sido destinados o no llegan donde más hace
falta, debido en muchos casos a la corrupción. En Paraguay es
imprescindible comenzar a invertir recursos y esfuerzos para resolver
los altos niveles de corrupción y, en consecuencia, de impunidad que
tiene el país. Sin avanzar en este problema, los recursos destinados a
seguridad no tendrán resultados.
En resumen, no hay una correlación mecánica entre violencia
criminal y pobreza y desigualdad, como se ha podido comprobar en
Paraguay. Con respecto a la ausencia estatal, puede representar un
inconveniente, pero no puede considerarse que el Estado esté ausente del
territorio nacional, pese a que existan áreas marginales y sin
presencia institucional.
No obstante, como se ha podido comprobar, en
Amambay y su capital Pedro Juan Caballero, punto neurálgico de estas
redes, no es inexistente. La fuga de los 75 presos es un buen ejemplo
para demostrar que la ventaja no es tanto que el Estado este ausente
sino que, mediante la corrupción, se logre que sus representantes sean
cómplices. Esta complicidad es lo único que puede explicar la fuga
masiva de una cárcel, un recinto custodiado y vigilado por autoridades
estatales.
Corrupción
Después de haber relativizado los principales argumentos
que se aducen para explicar el crimen organizado, en Paraguay la
propuesta es contemplar la corrupción como el factor facilitador
decisivo para crear las condiciones “idóneas” que expliquen no tanto la
existencia como el grado de implantación de estas redes.
Es un error pensar que el mundo ilegal vive al margen del
legal. Muy al contrario, necesita de su complicidad para su reproducción
y fortalecimiento. En otras palabras, de sus posibilidades de crear una
trama de relaciones con el mundo privado y público, ilegal y legal,
dependerá el alcance de sus negocios y la principal herramienta para
acceder a todos estos ámbitos es la corrupción. En este sentido,
Paraguay es un escenario idóneo, ya que su alto índice de corrupción
proporciona la vía perfecta para penetrar el Estado y la sociedad. Así
lo indica el índice de percepción de corrupción, que lo sitúa en el
lugar 135 de 180, siendo este último el más corrupto
La corrupción hace posible negociar, de manera particular,
el cumplimiento de la norma con el fin de evadir su cumplimiento. La
consecuencia directa es la impunidad y con ella se pretende evitar por
parte de estas redes, una detención, un juicio o ir a la cárcel, o si
sus miembros están encarcelados lograr una fuga masiva. El dato de
impunidad de Paraguay es directamente proporcional a los altos niveles
de corrupción, siendo el sexto país de América Latina más impune y el
11º del mundo (IGI, 2017, p. 37).
De hecho, la impunidad debe entenderse
como una consecuencia de la existencia de una corrupción sistémica.
Ambas cuestiones son las que pueden explicar, en general, el poder que
puede llegar a alcanzar una organización criminal hasta el punto de
liberar de una cárcel a 75 presos de la cárcel. Un hecho que no puede
ser explicado, de otra manera, tal y como afirmó la ministra de Justicia
para explicar la fuga, “hay una categórica connivencia de funcionarios
de la prisión”.3
Conclusiones
El ejemplo de la fuga de la cárcel paraguaya pone en
evidencia no sólo la dimensión del poder de las redes criminales sino la
trascendencia de la corrupción para entender dicho poder. La
interacción del crimen organizado, a través de la corrupción, con la
sociedad es lo que explica su desarrollo y su penetración. Por tanto, no
es tanto la ausencia del Estado como su complicidad lo que realmente
necesita el crimen organizado.
Esta complicidad puede ser pasiva,
dejando que los presos salgan –mirando hacia otro lado– o activa,
protegiendo y colaborando directamente en su huida. Pero en un caso u
otro, dicha fuga, como la mayoría de la actividad del crimen organizado,
involucra el Estado.
Paraguay es un campo abonado para el establecimiento de
redes criminales. Su posición estratégica es un factor determinante y
una condición fundamental para ser elegido por el crimen organizado como
punto neurálgico. También los factores económicos, aunque la pobreza no
convierte necesariamente a los ciudadanos en criminales, como la
marginalidad, puede ser un semillero para reclutar “trabajadores del
crimen”.
No obstante, este factor puede explicar sólo en parte el
particular desarrollo de estas redes. Su dimensión depende
fundamentalmente del nivel de aceptación y de tolerancia de la
corrupción, tanto por parte del Estado como de la sociedad. Paraguay
posee, en este sentido, las condiciones idóneas para el desarrollo de
estas redes, por sus altos niveles de corrupción estatal y por su
tolerancia social a dicha corrupción."
(Sonia Alda Mejías, Investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales, Real Instituto Elcano, 08/05/20)
