Si podían colocar a la Generalitat 6 millones de tests para la Covid-19, esto podría suponer un negocio de casi 39 millones de euros. Si la comisión es de un 10%, Madí (ex-alto cargo del Gobern y mano derecha de Artur Mas) obtendría casi 4 millones de euros por la intermediación

"El 14 de mayo del 2018, Víctor Terradellas, hasta entonces responsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), hablaba con David Madí, ex-responsable de Comunicación del mismo partido y ex-alto cargo del Gobierno como mano derecha de Artur Mas. 

 La conversación se estaba grabando en el móvil de Terradellas, donde la encontró la Guardia Civil meses más tarde, junto con otra conversación entre éste y Xavier Vendrell, ex-secretario de Organización de ERC y ex-consejero de Gobernación.

Las dos conversaciones pusieron a los agentes sobre la pista de algunos asuntos que podrían tener una trascendencia penal, puesto que algunas de las cosas que se trataban en estas conversaciones apuntaban a que podía haber contactos de los dos ex-políticos con altos cargos de la Administración catalana. 

A partir de este hilo, se desencadenó una actuación judicial que acabó el 28 de octubre pasado, cuando en la operación Volhov fueron detenidos David Madí, Xavier Vendrell y otros destacados independentistas, como el presidente de la Plataforma pro Selecciones Deportivas Catalanas, Xavier Vinyals; el editor Oriol Soler; los empresarios Roc Aguilera y Toni Fusté, propietarios de la firma de logística Iniciativas Events; el alcalde de Cabrera de Mar y su concejal de Urbanismo, Jordi Mir i Enric Mir, altos cargos de la Generalitat y algunos colaboradores de Xavier Vendrell que presuntamente formaban la cúpula del Tsunami Democrático.

Graves acusaciones

  El nombre de Madí, sin embargo, era suficientemente importante para que el tema adquiriera un relevo mucho mayor. “Hay un grupo de personas que, liderados por el ex-presidente Carles Puigdemont, podrían estar cometiendo actualmente los delitos de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Entre este grupo de personas están David Madí, Xavier Vendrell, Xavier Vinyals y Jaume Cabaní”, relata un informe de la Guardia Civil datado el mayo del año pasado. Las acusaciones que pesan sobre él son de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos.

La importancia de las conversaciones encontradas en el teléfono de Terradellas es tan grande que en este mismo informe se explica que “la observación telefónica ha puesto de manifiesto la participación de los investigados David Madí y Xavier Vendrell en otras actividades en que, igualmente, podrían estar incurriendo en actividad delictiva”. A partir de aquí se abrió una nueva dimensión en la investigación.

Presiones al Procicat
Una de las líneas de investigación fue el interés de Madí en sacar rédito del coronavirus. “Los intereses económicos de David Madí intentando obtener beneficios de la crisis provocada por el coronavirus empezaron a reflejarse en la llamada del 23 de marzo del 2020 a las 20.33 horas, en la cual habló con Cristian sobre conseguir unos medicamentos a través de unas farmacias”, relata el informe policial.

Por eso, urdió una estrategia doble con el fin de hacer negocios para suministrar material a la Generalitat: por un lado, se sirvió del secretario general de Interior, Brauli Duart, para que presionara al Procicat y se aviniera a comprar los productos que a él le interesaban. Por otro lado, consciente que la sanidad estaba en manos de ERC, acudió a su amigo Xavier Vendrell para que éste presionara por su parte a los republicanos.

El 25 de marzo, Madí hablaba con Ignasi Carnicer, ex-diputado socialista, amigo suyo y con quien compartía intereses en la Fundación Casa Cresques (de la cual Madí es presidente, y Carnicer, director), que le había enviado unos correos electrónicos. Y le comentaba que después de recibirlos “habló con el secretario del Gobierno (Víctor Cullell) sobre cómo habían centralizado las compras, y que ellos estaban haciendo compras por mecanismos poco ortodoxos, porque si no las hacen desde Madrid”. Además, con Carnicer habló de hacerle llegar al secretario del Gobierno una “oferta concreta” que tendría que ser gestionada por el mismo Madí por sus vínculos con los altos cargos de la Generalitat.

“Esto es divertido”

El 29 de marzo, después de otra conversación con Carnicer, Madí hablaba con el empresario David Anidjar y le explicaba que, a través de la Fundación Casa Cresques (en la cual querían que participara Henrique Cymerman, ex-periodista reconvertido en lobista, que vive en Israel), podían hacer un negocio interesante. “Nos ha aparecido una empresa israelí que tiene material: mascarillas a punta pala y material de todo tipo. Y quiere hacer una oferta a la Generalitat para hacer una compra importante. Entonces, me lo ofrecen a mí porque además hay una comisión de por medio. Pero yo a estos no los conozco de nada, no tengo ni puta idea. Entonces, yo les puedo proponer hacer la operación a través de Multitrade”. Esta firma está administrada por Anidjar y se dedica al comercio al por mayor de todo tipo de productos textiles, de confección, calzado y artículos de cuero.

La gestión le sirvió a Madí para saber que las empresas de Anidjar podían tener hasta 6 millones de tests rápidos para verificar si cualquier ciudadano estaba infectado. “Esto es divertido, esto es divertido… ok, vale… otra cosa… en el supuesto de que hiciéramos negocios, para mí, ¿qué comisión quedaría?”, le preguntó Madí a uno de los directivos del grupo familiar, Sergio Brenner. “El que tú me digas. Yo te digo el precio que tenemos y depende de cómo lo hacemos que se pueda justificar de una forma o de otra”, le contestó Brenner.

Dos días más tarde, el 1 de abril, Madí le informa que se ha creado el Procicat, que será quien controlará todas las compras, pero que ya tiene un contacto en este organismo. “Hemos intercambiado unos mensajes y parece que están interesados”, le deja caer. El negocio no era malo: si podían colocar a la Generalitat 6 millones de tests, esto podría suponer un negocio de casi 39 millones de euros (cada test se vendería a 6,45 euros). Si la comisión es de un 10%, Madí obtendría casi 4 millones de euros por la intermediación.

Y el día 3 de abril, Madí hablaba con Brauli Duart, secretario general de Interior, que le advertía que “las funerarias no darán abasto y no se podrán llevar los fiambres de las casas ni de las residencias ni de los hospitales”. Además, le aseguraba que “en Igualada, en este momento, ya los tenemos dentro de refrigeradores. De camiones de estos que son congeladores, porque la incineradora de Igualada puede coger 12 al día, y cada día se mueren más de 12. Por lo tanto, te puedes morir hoy y te puede tocar el turno de la incineradora de aquí 5 o 6 días”.

“Envíame el contacto”

Duart le comunicó también que había hablado con Salud sobre “el tema que me habías comentado”. Y relató a su interlocutor que se había decidido que todas las compras las centralizaba la consejería de Salud, pero que “no entra en contacto con esta empresa ni con cualquier otra porque se han convertido en exportadores directos ellos. Ya no utilizan intermediarios, sino que van directamente al Gobierno chino y están exportando ellos”. Después, se disculpa y subraya que se refiere al hecho que ellos importan los tests, no los exportan. “Para acabarlo de explorar, ¿no hay manera que lo reciban y se lo explique, les diga los tests que tiene y todo esto?”, le pide Madí. “Les paso la gestión”, contesta Duart. “Con solo que los reciban y lo puedan explicar. Son fluorescentes o no son…” dice Madí. “Envíame el contacto de esta gente”, le contesta Duart. De este modo, los investigadores concluyen que Duart se compromete a interceder “para una reunión en que intente fructificar el negocio con los tests de detección del coronavirus”.

El 9 de abril, Madí hablaba otra vez con Sergio Brenner y le comunicaba que además de un jefe del Procicat también había hablado con Vendrell, de quien le aseguraba que “es el hombre de confianza del vicepresidente Aragonès […]. Entonces, por un lado tengo encendida la mecha por la parte del Procicat y ahora la he encendido por esta vía, ¿vale? Tengo confianza en él porque es un tío competente y muy operativo, ¿eh? Tengo confianza que él lo puede desencallar”.

“La relevancia de esta conversación recae en el hecho que David Madí, siendo consciente de lo que él denomina ‘lucha en el interior del mismo Gobierno’, especialmente por la grave crisis en la gestión de las residencias de personas mayores […], no solo intenta convencer a sus contactos en JxCat, como Brauli Duart, miembro del órgano de gestión del Procicat, sino que, sabedor de la relevancia de Xavier Vendrell como persona de máxima confianza del vicepresidente Pere Aragonès, ha hablado con él porque lo considera muy competente y muy operativo, obviamente en el sentido de apoyarlo en la intención que prospere su negocio con los tests, especialmente en cuanto a superar los escollos que supone la contratación administrativa”, dice el informe policial.

Bien es verdad que Madí no iba de farol: aquel mismo día, Xavier Vendrell llamó a Brenner y le aseguró que había pasado a Pere Aragonès “la posibilidad que tienen ustedes de suministrar tests” y que el vicepresidente le pidió expresamente “de qué tipo son y la validación que tienen”.

En sus conclusiones, el informe de la Guardia Civil destaca que Xavier Vendrell podría haber presionado a “los altos cargos de ERC, incluida Marta Rovira, para convencer a Pere Aragonès de comprar tests masivamente, cosa que, si se hacía, con independencia de la utilidad sanitaria que esto tuviera, podría derivar en un importante lucro personal para los investigados David Madí y Xavier Vendrell”. El informe destaca, sin embargo, que no se pudo concretar si la operación fructificó o no."                 (elTriangle, 27/03/21)

Osàcar salpica a Mas en el caso del 3%. El extesorero de CDC implica al expresidente catalán y destaca el papel del exconsejero Gordó en el blanqueo de capitales

 "Daniel Osàcar, el extesorero de Convergència condenado por el caso Palau, ha salpicado al expresidente de la Generalitat y exlíder de Convergència Artur Mas durante su declaración de este martes en sede judicial, en el marco de una pieza separada del caso del 3%, de presunta financiación irregular del partido nacionalista mediante la práctica del pitufeo.

En concreto, ha manifestado que Mas estava al corriente de este blanqueo de dinero en efectivo obtenido de comisiones irregulares, pero que el exgerente de la formación y exconsejero de Justicia Germà Gordó era quien controlaba el sistema. 

Osacàr, que ya admitió la existencia estas prácticas irregulares hace unos días, ha hecho esta declaración como imputado en la pieza separada para la que la Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de varios exconsejeros convergentes, Felip Puig, Pere Macias, Jordi Jané e Irene Rigau, y ocho personas más.

Mientras que el juez propuso enviar a juicio a Gordó, Osàcar y el también extesorero Andreu Viloca cuando cerró la instrucción sobre el 3%, Mas había quedado al margen: él negó tener conocimiento y los otros encausados, hasta ahora, no lo habían implicado. Después de la declaración de Osàcar, que cambió de abogado -el letrado Xavier Melero defiende los intereses otros encausados del partido-, llegará el turno de Viloca, cuya declaración está prevista para el próximo 26 de octubre."          (el Triangle, 20/10/20)     

La agenda del empresario Jordi Soler (caso 3%) destapa reuniones con Artur Mas

"El magistrado José de la Mata, del juzgado n. 5 de la Audiencia Nacional, lleva las investigaciones del caso Pujol y de la trama de corrupción del 3%, que pagaba sobornos a Convergencia Democrática (CDC). 

En este último sumario se acaba de incorporar un nuevo informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, que ha exhumado la agenda del empresario manresano Jordi Soler (Grupo Soler).

Según informa el diario El Mundo, este documento revela que Jordi Soler mantuvo, entre los años 2009 y 2016, numerosas reuniones con el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Algunas de los encuentros se hacían en restaurantes como Sala (Sallent), L'Aligué (Manresa) o el del hotel Majèstic de Barcelona. También consta que a veces participaba la mujer de Artur Mas, Elena Rakosnik.

En las investigaciones de la trama del 3% se ha descubierto que las empresas del Grupo Soler hicieron donaciones a las fundaciones en la órbita de CDC por 664.604 euros. En contrapartida, este empresario recibió numerosos contratos de la Generalitat y de administraciones controladas por CDC. 

No sólo Artur Mas figuraba en la lista de contactos VIP del empresario Jordi Soler. También constaban el exconsejero y exgerente de CDC, Germà Gordó, o el exsecretari general del partido, Oriol Pujol, posteriormente condenado por el caso de las ITV. La Guardia Civil sospecha que con todos ellos mantenía tratos corruptos para la obtención de contratos de obras públicas.

En el curso de las investigaciones judiciales –en las cuales este empresario manresano ha decidido cooperar activamente-, se ha destapado el episodio del avión privado que contrató para asistir a la final de la Copa de Europa de fútbol que el Barça jugó en 2015 en la ciudad de Berlín contra la Juventus. En este vuelo chárter estuvo invitado, entre otros altos cargos públicos, el síndic de greuges (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, y su hija Alba.

La implicación directa de Artur Mas en la trama del 3% es un salto cualitativo muy importante en la investigación de este caso de corrupción. En espera de saber si el juez José de la Mata lo llamará a declarar, la agenda del empresario Jordi Soler lo deja en una situación muy comprometida y dificulta, objetivamente, sus planes para volver a la primera línea de la política catalana una vez se acabe, el próximo mes de febrero, la condena de inhabilitación que recibió por organizar la consulta del 9-N de 2014.

Con Carles Puigdemont desplazado a Bruselas y pendiente del suplicatori que pueda anular su inmunidad parlamentaria; con Quim Torra inhabilitado y Laura Borràs contra las cuerdas por el caso de las subvenciones que dio cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), el liderazgo efectivo del espacio convergente ha quedado huérfano. En este contexto, desde hace tiempo se especula con la intención de Artur Mas de volver a comandar los restos de CDC, ahora transformada en Junts x Catalunya. Pero la aparición de su nombre en la agenda del empresario Jordi Soler puede truncar este proyecto, que promueve su amigo y spín doctor, David Madí."             (El Triangle, 04/10/20)

Los Sumarroca, señalados como principales financiadores de CDC vía 3%

"Las empresas de los Sumarroca, la familia de uno de los fundadores de Convergència, fueron las principales financiadoras irregulares durante el periodo 2009-2015 del partido que lideraron los ex-presidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, según un informe del juez que instruye el caso del 3% en la Audiencia Nacional, José de la Mata, revelado por el diario Estrella Digital.

Entre estas empresas, habituales adjudicatarias de contratos públicos de administraciones públicas gobernadas por los convergentes, destaca el caso de Teyco, cuyos pagos a Daniel Masagué, ex-alcalde de Torredembarra, originaron el estallido del caso del 3%, que inicialmente se investigaba desde un juzgado de El Vendrell.

Según añade Estrella Digital, De la Mata ha repasado en el citado informe todas las donaciones realizadas por estas sociedades a las fundaciones convergentes CatDem y Nous Catalans, así como los pagos de Teyco a Masagué, entre ellos  580.000 euros entre el 23 y el 28 de diciembre de 2011, que el juez asocia con las obras de un aparcamiento municipal. Cinco pagos posteriores a sociedades vinculadas con Teyco totalizan 850.000 euros, indica esta información. De la Mata hace constar en su informe la coincidencia temporal de las donaciones con la adjudicación de determinadas obras públicas.

Teyco fue reestructurada y rebautizada. Ahora se llama TOP Proyectos y Contratas. Este año ha solicitado el concurso de acreedores."             (El Triangle, 17/07/18)

La Guardia Civil descubre un documento que sitúa a Artur Mas en la cúspide del 3%

"La Guardia Civil ha encontrado una prueba que involucra a Artur Mas en la gestión de la caja B de Convergència (CDC). Los investigadores localizaron un 'power point' en la sede de la formación que describe sus mecanismos internos de funcionamiento y confirma que el presidente era el responsable de supervisar y coordinar el trabajo de los departamentos de tesorería y gerencia, los dos pilares que sostuvieron durante más de una década la presunta trama de financiación ilegal del 3%.

El documento aún está siendo analizado por los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil pero ya ha provocado que las actuaciones sitúen a Mas, presidente de CDC entre 2012 y 2016, como presunto cerebro de una organización delictiva que habría captado fondos opacos por importe de al menos 1.040.800 euros solo entre 2008 y 2013. 

El documento no solo acredita que el expresidente de la Generalitat (2010-2016) tenía la obligación de estar al tanto de la actividad de su tesorero y su gerente. También estipula que estos altos cargos debían rendir cuentas de su labor ante la máxima autoridad del partido, según ha podido saber El Confidencial.

El 'power point' otorga una nueva dimensión al caso, que arrancó en 2014 tras hallar pruebas de la financiación ilegal de Convergència en una causa que aparentemente se circunscribía al municipio de Torredembarra (Tarragona). Las pesquisas habían cercado a varios de los colaboradores de Mas, como el tesorero Andreu Viloca y, sobre todo, su mano derecha Germá Gordó, gerente de la formación hasta 2011, secretario general de su primer Govern y consejero de Justicia en el segundo. Sin embargo, el expresidente de la Generalitat había salido indemne de las diligencias practicadas hasta la fecha.

El documento lo ubica ahora como correa de transmisión entre dos esferas que necesitaban comunicarse para burlar la ley sin ser detectadas. Por un lado, las diligencias señalan que Viloca y su predecesor, Daniel Osácar, condenado ya por el caso Palau, se encargaban de gestionar el cobro de las donaciones ilegales de los empresarios que querían conseguir contratos de obra pública y servicios en las instituciones controladas por CDC.

En un ámbito distinto actuaba el grupo que debía amañar los concursos para favorecer a los donantes. Hasta 24 adjudicaciones que suman 218 millones de euros habrían sido manipuladas. 

Gordó lideraba supuestamente esta otra estructura, secundado por el presidente de la Autoridad del Puerto de Barcelona (APB), Sixte Cambra; el expresidente del ente Barcelona Infraestructuras Municipales (Bimsa) Antoni Vives y los exdirectores generales del organismo público Infraestructuras de Cataluña Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, entre otros altos cargos convergentes. Lo que hace el 'power point' es colocar a Mas como nexo de ambas esferas, la pieza del engranaje que permitía que el partido y el Govern operaran de un modo perfectamente sincronizado.

 Los investigadores también habrían logrado acreditar que CDC y las dos organizaciones satélite que usó la formación para captar las presuntas donaciones ilegales, CatDem y Fórum, operaban bajo el principio de caja única, es decir, circulando por las mismas cuentas y con la tutela de idénticos dirigentes. 

De este modo, el dinero de los empresarios habría servido para financiar los gastos de funcionamiento ordinario del partido e incluso sus campañas electorales, incurriendo así en una presunta financiación ilegal.

La Guardia Civil ya apuntó la existencia de una caja única en un primer informe incorporado al sumario de la operación Petrum el pasado enero. No sería la primera vez que Convergencia utilizaba ese mecanismo para hinchar irregularmente sus ingresos. La sentencia del Palau dictaminó que el partido aprovechó la Fundación Trias Fargas, antecesora directa de CatDem, para canalizar el cobro de donaciones ilegales. 

Al menos 630.000 euros salieron del Palau de la Música. También hicieron aportaciones grandes adjudicatarios de obra pública como la constructora Ferrovial. El dinero llegó a las cuentas de la formación mediante créditos falsos. La sentencia concluyó que esta trama operó entre 1998 y 2008.

Lo que se investiga ahora sería su continuación al menos hasta 2015. En febrero de ese año se produjo el amaño de la licitación del túnel de las Glòries de Barcelona, que ascendió a 60 millones de euros. Es la última atribuida a esta segunda época y una de las más cuantiosas, aunque las pesquisas siguen abiertas y la lista de amaños podría crecer. 

Hasta 23 investigados han acudido en los últimos días a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez José de la Mata, que se hizo cargo del caso el pasado abril, después de casi cuatro años de investigación en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona)."          (José María Olmo, El Confidencial, 27/06/18)

La corrupción en Convergència i Unió, un verdadero “saco sin fondo”

"Con la lentitud a la que nos tiene acostumbrada la judicatura para casos como estos, finalmente conocíamos hace pocas semanas la sentencia del famoso “caso Palau” .

Diez años después, la Audiencia Barcelona imponía una pena de ocho años y nueve meses, más una multa superior a cuatro millones a Fèlix Millet; mientras que a su mano derecha, Jordi Montull, le esperan 7 años y medio y una multa de casi tres millones y medio. Este proceso, que ha durado más de una década dejaba al descubierto el sistema financiero de la antigua Convergència (CIU), pero lejos de ser una “manzana podrida” reflejaba el interior del cesto entero.

Las investigaciones por el 3% siguen en marcha y ponen de manifiesto la corrupción endémica dentro del partido. Si lo que ha demostrado el caso Palau es que la antigua Convergencia se financiaba a partir de las comisiones que recogía del amaño de los concursos de obras públicas a favor de grandes empresas, resulta evidente que se trata de un sistema que se repetía de forma continúa.

Los últimos datos que presentan las investigaciones es que la financiación irregular no se limitó a los diez años comprendidos entre 1999 y 2009, sino que funcionó hasta hace muy poco entrando ya en la etapa de gobierno de Artur Mas (¡Sorpresa!). Sí, el mismo al que las penas le parecían excesivas... ¿por qué será?

Según las últimas informaciones entre 2008 y 2013, las mordidas ascendieron hasta más de un millón de euros. Entre esos años distintas empresas realizaron ostentosas donaciones a fundaciones relacionadas con el partido entre las que se encuentran Fundació Fórum de Barcelona, CatDem y Fundació Privada Òmnium. Además de otros sobornos para los principales representantes del partido. Es el caso de Rosell, antiguo director de Infrastructures.cat, que fue invitado en varias ocasiones por la empresa Oproler al palco del Santiago Bernabeu para ver partidos de fútbol.

Evidentemente esta empresa después ganó varias adjudicaciones, como no podía ser de otra forma. Este mecanismo se repetía continuamente y en la larga lista de políticos que hacían negocio con las adjudicaciones de obras públicas encontramos múltiples cargos del partido, ya fuese de la Generalitat como del Ayuntamiento, incluyendo el periodo en el que estaba presidido por el convergente Xavier Trias.

Hoy muchos de estos políticos corruptos, que se llenaban los bolsillos con triquiñuelas mientras aplicaban sin ningún reparo planes de ajuste y recortes que han condenado a la clase trabajadora y los sectores populares a una vida de pobreza y precariedad, siguen formando parte del aparato político de la mano del PDeCat, es decir, forman parte del ADN de un partido que se ha construido con la única finalidad de limpiarle la cara a la antigua CDC, salpicada de casos de corrupción y rodeada por amplio movimiento democrático del que tenía como objetivo ponerse al mando para acabar conduciéndolo a una derrota anticipada.

Ayer era la antigua CiU, hoy es el PDeCat. Pero ambos forman parte de de la dirigencia política de un régimen del que la corrupción lejos de ser la excepción, es la única norma. Unos y otros, junto al Partido Popular y PSOE son la evidencia de una forma de gobernar al servicio de las grandes empresas. Para acabar con esto, es necesario acabar con todos los privilegios de esta “casta política” que saquea las arcas públicas para su propio beneficio.

Casos de corrupción como este son la evidencia de es necesario que los cargos políticos cobren lo mismo que una maestra y que sus cargos sean revocables por los propios electores en cualquier momento."                  (Izquierda diario, Marta Clar, 29/01/18)

Convergència cobró otro millón en ‘mordidas’ con Mas como ‘president’

"Las pruebas sobre la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) van mucho más allá de los años del pujolismo. 

Si el caso Palau ha acreditado -hay sentencia condenatoria- que el partido nacionalista recibió comisiones a cambio de obra pública por 6,6 millones de euros hasta 2009, el caso 3% -aún en fase de investigación- indica que la financiación irregular continuó funcionando hasta fechas muy recientes. 

De 2008 a 2013, o sea incluso durante la etapa de Artur Mas como presidente de la Generalitat, CDC cobró mordidas por valor de 1,04 millones de euros, según un nuevo informe de la Guardia Civil remitido al juez que investiga el caso.

El informe ratifica los indicios acumulados contra Convergència en el caso 3%, aunque con cifras muy precisas. Al menos entre 2008 y 2013, diversas empresas adjudicatarias de la Generalitat abonaron generosas donaciones a tres fundaciones afines al partido: CatDem, Fundació Fòrum Barcelona y Fundació Privada Òmnium.

 Las tres entidades declararon a Hacienda, en ese periodo, donaciones por 10,3 millones de euros. Los investigadores recuerdan que las tres entidades funcionaban "bajo el principio de caja única" de Convergència. Y concluyen que el monto de donaciones "vinculadas a la adjudicación de obras" asciende a 1.040.800 euros. El informe destaca que se han producido "otra clase de pagos" a dirigentes nacionalistas como "entradas a partidos de fútbol, viajes, alojamientos de hotel y cacerías".

 Guardia Civil ha examinado al detalle un total de 24 adjudicaciones públicas presuntamente fraudulentas de obras y servicios, tanto de la Generalitat como de ayuntamientos y entes públicos controlados por Convergència i Unió. Esos expedientes suponen un importe total de 218,7 millones de euros si se atiende al precio de licitación (168,7 millones si se examina el precio final de adjudicación).

Convergència se financió entre 1999 y 2009 a través del Palau de la Música, la institución cultural saqueada por Fèlix Millet y Jordi Montull. La Audiencia de Barcelona ha condenado recientemente al partido por cobrar 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas, como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia de Barcelona. 

La constructora camuflaba como donaciones altruistas al Palau lo que, en realidad, eran mordidas al partido. Lo hacía mediante pagos en efectivo a los tesoreros de la formación, pero también mediante facturación falsa de empresas y falsos convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas, antecedente de la CatDem.

Del Palau al 3%

Cuando los Mossos d'Esquadra registraron el Palau de la Música en julio de 2009, Convergència tuvo que cambiar la forma de lograr financiación. El partido halló en las donaciones a sus fundaciones el nuevo sistema ideal para camuflar esos supuestos pagos irregulares, según los indicios acumulados en el caso 3%.

 El sistema funcionó, según la Guardia Civil, al menos desde 2008. En ese momento, un tripartito de izquierdas gobernaba la Generalitat, pero Convergència mantenía aún el control sobre importantes ayuntamientos catalanes. En 2010, Artur Mas se hizo con la presidencia de la Generalitat. Algunos de los concursos bajo sospecha fueron adjudicados a partir de esa fecha por Infraestructures.cat, la mayor adjudicataria pública de la Generalitat. 

En el caso Palau solo se ha podido probar la participación del extesorero Daniel Osácar, aunque la sentencia explicita que "altos responsables" del partido que no han podido ser identificados debieron conocer la financiación irregular. El caso 3% ha permitido ir más allá. Además de Osácar, están imputados su sucesor en el cargo, Andreu Viloca, pero también el exdiputado, exconsejero y ex hombre de confianza de Mas, Germà Gordó, así como el ex director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell.

El  caso 3% lo investiga desde hace más de tres años un juez de El Vendrell (Tarragona) por los delitos de malversación, cohecho, prevaricación, alteración de precios en concursos, grupo criminal, blanqueo y financiación de partidos políticos. Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional."           (Jesús García, 29/01/18)

Convergència, condenada en el ‘caso Palau’ por cobrar comisiones ilegales

"Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones ilegales por valor de 6,6 millones de euros de una constructora a cambio de adjudicarle obras públicas.

 Así lo ha determinado este lunes la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que ha condenado al partido por haberse financiado de forma irregular durante una década (1999-2009). La Audiencia de Barcelona ha impuesto una pena de nueve años y ocho meses de prisión a Fèlix Millet y siete años y medio a Jordi Montull, saqueadores confesos.

La sentencia del caso Palau se ha dado a conocer este lunes, ocho años y medio después de que comenzara la investigación con el registro del Palau de la Música a manos de los Mossos d’Esquadra. 

Los magistrados han impuesto además una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel al extesorero Daniel Osácar por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La sentencia cifra finalmente el expolio del Palau en 23 millones de euros. 

Pese a considerar probada la financiación irregular de Convergència a través de Ferrovial, La Audiencia de Barcelona ha absuelto por prescripción a los dos directivos de la compañía que estaban acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga.

La condena a Millet y Montull era más que previsible porque confesaron los hechos, primero parcialmente y más tarde de manera pormenorizada. Ambos lograron desviar 23 millones de euros del coliseo modernista en beneficio propio. 

Las dudas estaban centradas en si los jueces considerarían probado, tal como sostuvo el fiscal, que Convergència cobró mordidas por obra pública adjudicadas, en su mayor parte, en la última etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat (1999-2003).

La Sección Décima, finalmente, ha optado por condenar a Convergència. Los jueces consideran que la formación se benefició con 6,6 millones. Tal como concluyó la Fiscalía, la Audiencia de Barcelona ve probado que Ferrovial pagó comisiones al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro.

 La constructora camuflaba esas mordidas como donaciones altruistas al Palau de la Música. El importe suponía, por lo general, el 4% de la obra adjudicada: un 2,5% iba a parar a las arcas del partido y el 1,5%, a los bolsillos de Millet y Montull, que se presentaron a hacer de intermediarios.

El plan de Hacienda sobre los billetes de 500 euros fue lo que puso en marcha el caso Palau. La Agencia Tributaria constató que en el Palau de la Música esa clase de billetes se movían con demasiada facilidad. 

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled empezó a investigar y presentó una querella que, inicialmente, se dirigió contra Millet y Montull por desvío de fondos. Pero pronto aparecieron indicios de financiación ilegal de Convergència. Los documentos hallados en los registros, los testimonios de las secretarias del expresidente del Palau y las confesiones de última hora de los acusados han acabado de apuntalar la acusación y han permitido a los jueces dictar una sentencia condenatoria.

 Es la primera vez que se acredita la financiación irregular de Convergència, que el expresident Pasqual Maragall había popularizado con el nombre de 3%, en alusión al porcentaje del importe de las obras que se quedaba el partido."            (Jesús García, El País, 15/01/18)

Contenido íntegro de la sentencia en PDF

Pujol, Trías y Mas: la afición en CiU por las herencias ocultas en paraísos

"Xavier Trias es, hoy por hoy, el político español con más relevancia entre los descubrimientos de los Papeles del Paraíso. En una entrevista con La Sexta, en la que sólo esperaba hablar de Cataluña, Trías se encontró con el descubrimiento. Y, aparte de una comunicación no verbal que transmitía pánico, Trías sólo alcanzó a cubrirse con excusas sobre herencias y legados de sus padres.

El que fuera alcalde de Barcelona con CiU y hoy portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento, figuraba como beneficiario de un vehículo offshore que supuestamente ocultaba dinero en Suiza. Su nombre, The JTB Family Settlement, respondía a las siglas de su padre, Juan Trías Bertrán, y servía para controlar los fondos familiares en RBS Coutts Trustees Ltd, filial de banca privada del Royal Bank of Scotland.

El padre de Trías falleció en 1994, aunque la estructura de la compañía no cambión hasta 2008, cuando murió la madre. Entonces, se activó el procedimiento para repartirse el dinero entre los herederos, que eran los 11 hermanos y un sobrino: “Redactar una escritura de nombramiento con respecto a la distribución del 50% de los fondos del fideicomiso a 11 de los 12 beneficiarios del fideicomiso y una escritura de nombramiento a un subfondo con respecto a uno de los 12 beneficiarios del 'trust”, explica El Confidencial.

En su entrevista con este medio, entre los temblores de manos y piernas, acertó a argumentar sobre los documentos: “No tengo ni idea porque nunca me he cuidado de esto. Si esto es verdad, no tengo ni idea”. Y más culpas a quienes ya no pueden responder: “Los temas de herencia familiar los ha llevado siempre mi hermano mayor, que desgraciadamente murió hace un año. Pero la verdad es que exactamente no sé de qué me habla (...) Me habla de unas cosas que me parecen chino".

Pero el reparto de culpas entre los fallecidos y sus legados no es una excepción de Trías. Casi podría decirse que forma parte del manual de escaqueo de la antigua CiU y de sus próceres.

Jordi Pujol marcó el camino en 2014. El padre de la patria apuntó a su propio padre y a una herencia que habría mantenido durante 30 años ocultos en el extranjero. Era la excusa con la que quería salvar a sus hijos, en el punto de mira de la Justicia. Pujol sacó un comunicado en el que pedía “perdón” por la ocultación y aseguraba que había procedido a regularizar los fondos.

Pujol aseguró que su padre había ocultado su dinero porque había vivido la Guerra Civil y “tenía miedo de lo que podía pasar”. Incluso llegó a decir que "su conciencia y su cargo le empujaban a rechazar esta herencia", pero que lo hizo para que sus hijos no la perdieran. La hermana del expresidente de la Generalitat, sin embargo, no tenía ni idea y le espetó con un ilustrativo: "Pero ¿de qué herencia hablas, Jordi?"

Con semejante ejemplo, Artur Mas habló en 2015 de la herencia de su padre, escondida en Liechtenstein. Mas se convirtió en el primer president de la Generalitat que tenía que comparecer en una comisión de investigación mientras estaba en el cargo, forzado por sus socios de gobierno, ERC.

En semejantes condiciones, Mas tuvo que corregirse a sí mismo. 

Siempre había mantenido que se enteró de que su padre escondía dinero en el extranjero en el año 2008, cuando se regularizó la fortuna. Sin embargo, en dicha comisión acabó admitiendo que lo sabía “desde finales de los años 80”. Lo que suponía que sabía de la herencia oculta, durante la etapa en la que fue conseller de Hacienda en la Generalitat (1997-2002) y después conseller en cap (vicepresidente) de Jordi Pujol."              (El Plural, 06/11/17)

CatLeaks: la Generalitat de Mas amañó contratos por valor de 500 millones. Artur Mas y sus altos cargos crearon un sistema opaco capaz de burlar todos los controles de la Administración

 Esquema de las vinculaciones entre miembros del Govern y las empresas concesionarias.

"La Generalitat de Cataluña, con Artur Mas como presidente, creó una red para amañar contratos públicos de forma sistemática y entregar así hasta 500 millones de euros en cinco años (2011-2015). Parte de esos contratos, según las pruebas a las que ha podido acceder EL ESPAÑOL, fueron manipulados tras la intercesión directa de altos cargos y miembros del Ejecutivo catalán, con el exconseller de Justicia Germà Gordó como correa de transmisión y con el tesorero de Convergència Andreu Viloca a la cabeza. Muchos de esos contratos fueron repartidos a empresas afines que financiaron después a Convergència con fuertes cantidades de dinero. 

La documentación que hoy presenta EL ESPAÑOL supone la primera entrega de una investigación periodística desarrollada desde noviembre de 2015, y pone al descubierto la mayor filtración de documentos de una Administración autonómica.

EL ESPAÑOL ha podido acceder a documentación confidencial del Gobierno de Artur Mas, a todos los expedientes de las obras públicas licitadas desde 2011, a los informes de valoración que nunca se incluyeron en dichos expedientes y a comunicaciones internas de todos los funcionarios, altos cargos y responsables políticos que participaron en la toma de decisiones. En total, casi 2.000 gigas de información que suponen más de 113.400 imágenes, 36.500 archivos de texto, 23.520 archivos pdf y 364.980 correos electrónicos que confirman el saqueo sistemático de las arcas catalanas en favor de unos pocos. 

La conclusión del análisis de toda esa documentación es clara: tras su llegada a la Presidencia en 2011, Artur Mas y sus altos cargos crearon un sistema opaco capaz de burlar todos los controles de la Administración. Y con ello, entregaron a dedo obras millonarias en un momento delicado. Mientras la Administración rozaba la quiebra, sus gestores engordaban tanto las arcas del partido como las de algunos colaboradores.

Además, se utilizaron las empresas públicas de la Generalitat como una oficina de colocación para militantes de Convergència, y cuando estalló el escándalo del 3%, altos cargos de la Generalitat intentaron acallar las críticas ocultando informes internos que ahora desvela EL ESPAÑOL. 

 

El silencio de Mas 

Era jueves 30 de junio de 2011 cuando Artur Mas recibió el correo de su amigo y colaborador Blai Serena. "Querido Presidente: Ahora que ha comenzado un proceso de concursos en GISA [la empresa pública que reparte los contratos de obra en Cataluña], quiero contarte cuál ha sido la realidad del periodo 2004/2010, es decir, quién ha disfrutado de las preferencias del tripartito".

Cinco meses antes, Mas había llegado a la Presidencia de la Generalitat tras años de un gobierno de coalición formado por PSOE, Esquerra Republicana e Iniciativa, que para el nuevo president y los suyos pecaba de ser poco nacionalista. "Pienso que debemos tener memoria. Tú decidirás cuánta quieres tener", le recuerda al nuevo presidente su colaborador, antes de enumerar las empresas que, a su juicio, han obtenido sin merecerlo concursos públicos en Cataluña.

"Ayesa, con sede en Sevilla, aterrizó en nuestra casa en 2004 y ha crecido como una seta. Su principal activo ha sido el PSOE, hasta el punto de impedir el paso a ingenierías catalanas a la hora de participar en concursos internacionales. Por ejemplo, un pacto Chaves-Montilla impidió que ninguna ingeniería catalana pudiese presentarse al proyecto del metro de Panamá", apunta Serena. 

Artur Mas no movió un dedo. 

Nunca denunció el caso en la Fiscalía ni abrió una investigación interna tras su llegada a la Presidencia para garantizar que empresas como Ineco, Grecat o Euroconsult obtuvieron sus contratos de forma legítima. Ni siquiera cuando uno de sus altos cargos reconoce al conseller de Economía Andreu Mas-Colell -en un escrito sin sello oficial y remitido a la cuenta de su secretaria- que el sector está acostumbrado a la "política de reparto de trabajo efectuada hasta ahora por la Administración catalana". Es decir, que no siempre era la mejor oferta la que ganaba el contrato, sino que los fondos se repartían a discreción en una práctica conocida y prolongada a lo largo de los años a costa del dinero del contribuyente. 

 

Cónclave secreto de empresas catalanas

El Ejecutivo de Mas evitó cualquier pesquisa sobre los años del tripartito. Y para garantizar el catalanismo de GISA -la agencia encargada de repartir el maná público de las adjudicaciones-, el Govern nombró como presidente al ingeniero de caminos Joan Lluís Quer, hombre de confianza de Mas. A la semana de acceder al cargo, Quer organizó una reunión con el "núcleo duro del sector" a la que sólo podían acudir empresarios catalanes.

Fue una cena secreta, tal y como demuestra la documentación aquí recogida. Se organizó desde un correo externo a la red de la Generalitat y estaba vetada a empresas no catalanas. "No querría ningún follón al respecto y la mínima publicidad a ser posible", explicaba el máximo responsable de la contratación de obra pública en Cataluña. Y sus deseos se cumplieron, a juzgar por el listado de los convocados.   

Fue Joan Lluís Quer quien decidió en 2011 aprobar la creación de la OTA, o lo que es lo mismo, el engranaje sobre el que pivota el sistema de amaño de contratos en la Administración catalana. Sobre el papel, la Oficina Técnica de Adjudicaciones era un mecanismo pensado para revisar las valoraciones de los técnicos y evitar que estos fueran comprados por las constructoras. Con el argumento de dar garantías a la contratación, en realidad se creó un sistema para modificar cualquier licitación al antojo de los líderes de Convergència. 

Tal y como acredita la documentación en poder de EL ESPAÑOL, desde esta oficina se cambiaron puntuaciones para beneficiar a constructoras que estaban en realidad hasta 40 puestos por debajo, facilitándoles así ganar un contrato. Por delante de ellas había competidores cuya oferta era más ventajosa para la Generalitat, tal y como demostrará EL ESPAÑOL en los próximos días. Se descartó entonces a 39 empresas más baratas para el bolsillo del contribuyente.

La manipulación política de estas licitaciones fue reconocida incluso por el máximo responsable de la Oficina Técnica de Adjudicaciones, Jaume Cortasa. En una declaración jurada cuyo original se reproduce bajo estas líneas, Cortasa admite con su firma que el director general de Infraestructuras, Josep Antoni Rosell, le pedía "variar la puntuación técnica de las licitaciones de manera que la mejor valoración fuese la de un determinado licitador". Es decir: se le solicitaba manipular los resultados del concurso para que ganase la empresa elegida por el alto cargo de Artur Mas. 

 

Una empresa para todos los amaños

Técnicos falseando puntuaciones, reuniones secretas con empresas afines, políticos intermediando para empresas privadas... Pero la llegada de Artur Mas a la Presidencia tuvo además otro resultado: la concentración de poder en las figuras de Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell al frente de las licitaciones públicas.

En mayo de 2012, la empresa pública Gerencia de Infraestructuras (GISA) se fusionó con otras dos entidades públicas, llamadas Regs de Catalunya y Regs del Sistema Segarra-Garrigues. Nació así Infraestructures, el gigante de la licitación pública en Cataluña. Y con esa operación, todos los contratos que antes eran revisados por otro equipos de funcionarios, comenzaron a visarse también con el sistema que facilitaba los amaños controlado desde la OTA. 

¿Quién ideó esta medida? ¿Quién centralizó las licitaciones en un sólo sistema? Gordó y el equipo de Artur Mas en una estrategia meditada. El 9 de marzo de 2011, el secretario del Govern recibió un correo desde GISA. En él, el máximo responsable le empresa pública le recuerda que "uno de los puntos fuertes" de GISA "es que la Generalitat dispone de una buena máquina de licitación, auditada y controlada por todos los organismos existentes". "Creo que eso ha de ser motivo para concentrar en la medida que lo creas oportuno estas labores, como me has manifestado siempre", añade. Y así se hizo.

A partir de 2012, la Generalitat multiplicó de forma exponencial la cantidad de dinero que pasaba por las licitaciones de GISA. Y después, de Infraestructures. En 2011, con España en plena crisis, el organismo otorgó 31 millones de euros en obras principales. En 2012 la cuantía saltó a 98. Fueron 157 millones de euros en 2014 y 176 en 2015.

El volumen de las licitaciones se multiplicó por cinco desde que la Generalitat fusionó sus empresas públicas. El año de esa fusión (2012) fue también el año en el que la fundación de Convergència recibió más fondos de donantes vinculados a la construcción: 1,2 millones de euros según sus propias cuentas. 

Sin embargo, el papel de Gordó no era sólo el de señalar a determinados empresarios para que fueran recibidos u organizar la nueva estructura societaria de la empresa pública. Mientras fue el hombre fuerte del gobierno catalán, recibió cada mes un ranking con las empresas que más dinero y contratos se habían llevado de la Administración catalana. Se trata de una hoja de Excel que era actualizada cada treinta días y que se suministraba también a todos los miembros del consejo de GISA.

Ese listado no informaba de los criterios de eficiencia en la ejecución de las obras; se limitaba a ordenar las empresas en función del porcentaje de la tarta que se habían repartido. Las primeras compañías de ese ranking eran habitualmente Emte o Copisa, dos firmas investigadas desde 2015 en la trama del 3%.

 

Contratos con la Administración al borde de la quiebra

Desde la llegada de Convergència al poder en diciembre de 2011 fue Gordó quien alentó a los directivos de GISA para que licitaran obra pública, pese a la ausencia manifiesta de fondos y el riesgo evidente para las arcas de la Generalitat y, por ende, del Estado. "Este año no sacaremos nada nuevo. No hace falta que te diga cómo están las cosas", escribía el presidente de la empresa pública el 15 de marzo de 2011 tras recibir otra petición del conseller Puig para recibir a una empresa de ingeniería.

Ese mismo día Gordó recibió un listado completo de las obras "adjudicadas y no iniciadas" por GISA. Es decir, las obras comprometidas pero paralizadas por falta de fondos. "Ya ves que el tema es preocupante. Así que antes de pensar en sacar cosas nuevas, tendríamos que ver si damos salida primero a éstas", le explican desde la cúpula de la empresa pública. 

Pese a ello, Gordó y Quer apostaron por dar un nuevo impulso a las contrataciones, un plan extraordinario de equipamientos públicos de cuya importancia convencieron al conseller de Economía. Así, solo un mes después de que Quer anunciara la ausencia de contratos para 2011, Gordó recibe el primer aviso desde GISA para cambiar de criterio; arrancan de nuevo las licitaciones: "Buenas tardes Germà. Te adjunto la primera relación de actuaciones que estaríamos en condición de licitar en julio". "Ok. Vamos poco a poco para no generar turbulencias. Economía lo está digiriendo bien", contesta Gordó, preocupado por las reticencias de su compañero Andreu Mas-Colell. 

El 7 de octubre de 2011, Gordó explica que ha hablado con Artur Más y que han decidido "llevar adelante todo el proceso de los 500 millones de euros de licitación". La contestación de Joan Lluís Quer no deja lugar a dudas: "En septiembre dejamos de pagar 12 millones de euros en certificaciones por temas de tesorería, generando un gran follón en el mercado. No sé si tiene mucho sentido continuar haciendo gasto en obras sabiendo que no podemos atender a los pagos".

 

Los manejos de Viloca

Si no había dinero para licitar obras, si era perjudicial para la Generalitat y malo para el sector, ¿por qué tanta prisa en abrir concursos públicos? Sobre el papel, la intención del equipo de Artur Mas era regar con fondos de la Administración un sector asfixiado por la crisis y garantizar así la supervivencia de las constructoras y las empresas de ingeniería catalanas. Sin embargo, de forma soterrada y paralela, el Govern había arrancado un proceso mucho más oscuro.

El 13 de mayo de 2011, mientras Gordó urgía a la empresa pública para que licitara contratos pese a carecer de fondos con los que costearlos, el tesorero de Convergència, Andreu Viloca, se reunía con dos empresarios en la sede de CDC. Según los datos de la agenda personal del tesorero, uno de ellos era Sergio Lerma, responsable de la empresa Oproler, y el otro, Jordi Soler, directivo de la constructora Grupo Soler. Según la documentación incautada por la Guardia Civil, ambos estaban interesados en un concurso de 5,3 millones de euros, una licitación para construir un colegio en Mataró. 

El 28 de septiembre de 2011 GISA anunció, contra todo pronóstico y pese a una evidente asfixia financiera, la apertura del concurso público para ese colegio. El 6 de octubre de 2011, tras varias reuniones con los constructores, la agenda de Viloca registra la siguiente frase: "Llamar a Rosell, de Gisa". Se trata del mismo Rosell señalado por Jaume Cortasa como la persona que le daba las instrucciones para manipular contratos a la OTA.

El 7 de octubre, 24 horas después y el mismo día que Viloca se reúne de nuevo con Sergio Lerma, se envía un correo en el que Gordó asegura que el presidente ha dado el visto bueno para licitar 500 millones de euros. El 22 de diciembre de 2011, una filial del Grupo Soler llamada Electrónicas Soler ingresa un cheque a Catdem, la fundación de Convergència, por valor de 50.000 euros. Dos meses después, el 14 de febrero de 2012, GISA adjudica el contrato a ambas empresas (Oproler y el Grupo Soler), que concurrieron juntas.

Esta línea temporal de presiones, visitas y adjudicaciones se repite al menos en otros seis casos investigados ya por la Justicia. En otro de los contratos investigados, concedido a Tec-4, la licitación se anuncia dos semanas después de los correos de Gordó. En este caso, la Guardia Civil constata una nueva reunión entre el tesorero de Convergència y el director general de GISA, esta vez el 12 de marzo de 2012.

En la obra concedida a Teyco, otra de las constructoras investigadas, la licitación del contrato analizado por la Justicia arranca el 3 de noviembre de 2011. Un día antes se anuncia oficialmente otra licitación investigada, esta vez para la empresa Copisa. En este caso, y según los datos que maneja la Justicia, los empresarios abonaron en dos tandas otros 50.000 euros al partido de Artur Mas y Carles Puigdemont. "                    (Daniel Montero Alejandro Requeijo   , El Español, 24/07/17)

Ciertamente, Cataluña ha sido expoliada, y el expolio lo han realizado los propios gobernantes catalanes...

"El 23 de diciembre de 2010, Artur Mas fue investido Presidente de la Generalidad de Cataluña al ser su partido, Convergencia y Unión, el más votado. La primera medida que adoptó fue suprimir el Observatorio de Violencia de Género, institución realmente inoperante pero que no significaba apenas gasto y quedaba bien en el imaginario feminista. Era el ejemplo de lo que se proponía el proyecto convergente para gobernar el país.        

A partir de ese momento, y para cumplir los objetivos de la austeridad y del déficit, en plena crisis, el gobierno catalán, antes que el de España, comenzó a recortar los presupuestos de la sanidad, la asistencia social, la justicia, los transportes. La educación quedó aparte ya que es la columna vertebral del lavado de cerebro a que se somete a los alumnos y alumnas en Cataluña para que se convenzan de que es imprescindible que se independicen de esta España que les roba. El expolio de Cataluña. 

Yo asistí a las primeras manifestaciones de la Marea Blanca, que se organizó en Barcelona antes que en Madrid, frente a las medidas depredadoras que afectaban a la sanidad. Artur Mas fue pionero en los recortes. La respuesta fue tardía y no duró mucho. Todas las reivindicaciones sociales quedaron ahogadas por la marea independentista.

La ideología de Convergencia y Unión que ha dominado durante más de tres décadas en Cataluña, ha convencido a una parte de la sociedad catalana, curiosamente la que mejor vive, de que su país –entendido como una entidad única por encima de las clases sociales- está preterido, maltratado y expoliado por el Estado Español. 

 Mientras los años del bienestar llenaron los bolsillos de los empresarios y de los políticos corruptos y permitieron vivir tranquilamente a las clases trabajadoras, pocos fueron los que denunciaron la política nacionalista capitalista liberal que implantaba el gobierno convergente.           

El mismo Jordi Pujol y su gobierno, en 1980, diseñaron el modelo mixto para la sanidad con la Ley de Ordenación Sanitaria para Catalunya, que fue completado con una reforma de 1995 que autorizó la introducción del ánimo de lucro en la sanidad pública. 

 El mismo sistema fue continuado por la temporalmente socialista Marina Geli durante el Tripartit y llevado hasta sus últimas consecuencias por su sucesor, Boi Ruiz, de CDC. El plan de privatización sanitaria de Cataluña no tiene nada que envidiar al de Madrid.       

Se desvían los fondos públicos a los hospitales privados, se derivan los pacientes a consultorios diversos para realizar las pruebas más comunes y los planes de inversión o de desinversión de la sanidad se encargan a despachos de origen desconocido o muy oscuro, cuyas minutas son abonadas puntualmente por la Generalitat.          

Otro de los suministros imprescindibles, el agua, se ha entregado a empresas particulares en toda Cataluña. La privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) la joya de la corona, ha seguido la misma práctica que la sanidad, con Oleguer Pujol, a través de la empresa International Tax Planning Services, de la que se sirvieron la familia Pujol y la familia Rodés.

Las irregularidades, para utilizar un lenguaje suave, que jalonan el suministro del agua y la construcción del canal Segarra-Garrigues ocupan decenas de tomos en las estanterías de los juzgados. La desviación presupuestaria es del 81%. Josep Antoni Rosell, el director de Infraestructuras es uno de los detenidos en octubre de 2015 por la trama del 3% que iba a parar a CatDem, la Fundación de Convergencia Democrática de Catalunya. 

Los servicios sociales, trabajadoras a domicilio, casas de acogida para mujeres maltratadas, centros de tutelaje de menores, de atención a discapacitados, geriátricos, residencias para ancianos, se han convertido en los grandes y rentables negocios de empresarios privados. 

 En sus centros, apenas inspeccionados, se sirve comida podrida, se maltrata a niños y a ancianos, se abusa sexualmente de menores y adolescentes, se les quita la custodia de los hijos a las madres pobres para internarlos en centros de acogida, y de donde, a veces, ya no los recobran, entregados en adopción en procesos poco claros.

 Todas esas empresas reciben miles de euros de la Generalitat. Esquerra Republicana de Cataluña ha mantenido en su poder la Consejería de Servicios, nepotismo, tráfico de influencias, apropiación indebida, estafas sociales, desde el gobierno del Tripartito. 

Esta es solo una pincelada de la pintura del océano de corrupción, malversación de fondos, y otros más delitos que han cometido con inexplicable impunidad los gobiernos de la Generalitat durante más de 30 años, con escasos intervalos. Principalmente del partido de Convergencia y Unión, ahora trasmutado en PDCat, pero al que han apoyado y apoyan ERC y, lo más estrambótico, la CUP.

Jiménez Villarejo, el fiscal que con José María Mena, intentó vanamente procesar a Jordi Pujol y sus consejeros por la estafa de Banca Catalana, nos explica que una quinta parte de los consejeros de Pujol han sido imputados por algún delito. En toda esta etapa Artur Mas fue el delfín de Pujol. En 1982 ingresó en Convergencia Democrática de Cataluña y fue jefe del Servicio de Firas y Director General de Promoción Comercial. Concejal del Ayuntamiento de Barcelona (1987–1995) y después diputado en el Parlamento de Cataluña desde 1995. 

Ese mismo año fue nombrado consejero de Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno de Jordi Pujol, cargo que ocupó hasta 1997, cuando fue nombrado Consejero de Economía y Finanzas. El 17 de enero de 2001 dejó la Consejería de Economía para ser primer consejero de la Generalidad de Cataluña, cargo del que tomó posesión al día siguiente y que ocupó hasta el 18 de diciembre de 2003.

En la noche del 25 de enero de 2005, 25 familias fueron desalojadas de sus casas a raíz del hundimiento de un edificio en el barrio del Carmel de Barcelona, por el desprendimiento del túnel que se estaba practicando para las obras de ampliación de la línea 5 del Metro. La empresa privada Gestión de Infraestructuras (GISA) encargada de la obra, afirmó aquella misma noche: “No se han encontrado afectaciones en la superficie ni en la estructura de los edificios”. Transcurridas 48 horas, la tierra se tragó un garaje situado pared con pared con esa finca y empezó el calvario del Carmel.

1.276 personas fueron desalojadas de sus viviendas que pasaron a vivir una situación de provisionalidad en hoteles, casas de familiares y, más tarde, en pisos puente. Los dos últimos regresaron a su casa en diciembre de 2006, casi dos años después. El grueso de los desalojados pudo volver a lo largo de 2005 y unos 200 en 2006. 

Claro que no todos regresaron al barrio, porque 58 personas optaron por dejarlo e instalarse en otras zonas de la ciudad con la permuta de sus pisos. 241 comercios se vieron afectados por la crisis, 71 de la zona evacuada y 170 del área de influencia. Muchos tuvieron que cerrar y otros vieron como el negocio se venía abajo por la crisis, casi depresión, en la que cayó El Carmel.

 Los alumnos de dos escuelas tuvieron que ir a otros centros. Las empinadas calles de uno de los barrios que aguardaban como agua de mayo la llegada del metro se llenaron de hormigoneras. Toneladas de cemento sellaron el túnel de maniobras que se hundió y después hicieron lo mismo en el subsuelo de decenas de edificios. Cuatro se tuvieron que derribar porque la rehabilitación era imposible.

Las indemnizaciones a los afectados alcanzaron 100 millones de euros. El grueso, cerca de 42, en indemnizaciones -el concepto de daño moral se instauró por primera vez-, algo más de 16 en facturas de hoteles y alquileres de pisos puente. Otros 6,3 millones de euros fueron para indemnizar a los comerciantes y 32 para obra civil y la rehabilitación de edificios.

En la sesión de control sobre el desastre, el entonces Presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall acusó a Artur Mas, que era el hombre fuerte del gobierno de Pujol cuando se diseñó y se presupuestó el metro del Carmel, de que su partido cobraba comisiones del 3% de todas las obras que se realizaban. La comisión parlamentaria que estudió las causas del desastre concluyó afirmando la falta de control de aquella obra: ausencia de estudios geológicos del subsuelo y cambios en el proyecto, amén de otras deficiencias. Un absoluto desastre.

Carlos Jiménez Villarejo relata pormenorizadamente VEINTICINCO procesos por corrupción contra consejeros y altos cargos de la Generalitat, alcaldes y concejales de diversas poblaciones, diputados del Parlament, abogados, jueces, inspectores fiscales, empresarios. Y esos son los casos que se han descubierto. 

Ciertamente, Cataluña ha sido expoliada, y el expolio lo han realizado los propios gobernantes catalanes.

Madrid, 9 d julio 2017."                           (Lidia Falcón, Crónica Popular, 11/07/17)

Gordó, la cúspide de la trama del 3%, al banquillo por la rajada del empresario 'amiguete'

“Preguntado por si conoce a alguien a quien aludan como 'Gregorio', manifiesta que es Germà Gordó Aubarell”. Esa fue la guinda que necesitaba la Guardia Civil para cerrar el círculo respecto a las sospechas que se han ido acumulando sobre el exconsejero de Justicia, a quien la fiscalía sitúa en la cúspide de la trama del 3%.

Era necesaria una declaración testifical que ratificase los indicios documentales que ya apuntaban a que entre algunos de los imputados en la trama se estableció un código secreto para no ser detectados en caso de intervenciones telefónicas o investigaciones policiales.

Y Josep Manuel Bassols, exalcalde de Anglès (Girona), marido de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Nuria Bassols, amigo íntimo de Carles Puigdemont, directivo de la empresa Oproler e imputado por pagar mordidas a cambio de obra pública se prestó a colaborar con el juez y los fiscales acorralado por las sospechas que se ciernen sobre él.
Una declaración que desencalló la imputación

Su declaración es el ingrediente más novedoso y más determinante del segundo y definitivo informe que el juez de El Vendrell (Tarragona) envió al TSJC pidiendo la imputación de Gordó. Esta vez sí, a la segunda intentona, el alto tribunal de Cataluña, tras estudiar ese documento, ha decidido imponer la condición de “investigado” a Germà Gordó.

El directivo de Oproler fue interrogado por agentes de la comandancia de Tarragona tal y como se recoge en la “diligencia de manifestación” que ha estado bajo secreto del sumario hasta hace 20 días.
Código secreto

En ese informe, la Guardia Civil recoge literalmente de boca de Bassols la siguiente afirmación: “Reconoce un mail en el que Sergi Lerma —su jefe en Oproler, también imputado en la causa— le da directrices sobre ocultar las identidades que sólo ellos deben conocer, y que tras pedirle aclaraciones sobre a qué se refería Lerma le dice que debían de denominar a determinado tipo de gente de forma reservada”.

Bassols dice que cuando se referían al tesorero de CDC Andreu Viloca utilizaban el nombre de Antonio y cuando hacían referencia al dirigente de CDC Francesc Sánchez, el de Fernando.
Pagó dádivas

Bassols reconoce que pagó cenas y noches de hotel a Andreu Viloca en Madrid así como entradas a espectáculos y al Santiago Bernabéu.

El marido de la magistrada del TSJC está imputado, según la fiscalía, por seis operaciones indiciariamente delictivas: tres vinculadas con la empresa municipal de Barcelona Bimsa y otras tres con la empresa pública Infraestructures de la Generalitat, en la que Bassols se movía como pez en el agua gracias al aval de Gordó. Tras la obtención de las obras, la empresa pagaba religiosamente la comisión pactada, según la investigación." (Carlos Quílez , Crónica Global, 22/06/17)

Un empresario del 3% acusa a Mas. “Estaba al corriente de todo y me envió a Ferran Falcó a solicitarme silencio"

" Noticia bomba: hay un empresario de los del tres por ciento --en su caso, según él, el sablazo se puso en un veinte por ciento-- que se resiste a montarse algún apaño con la fiscalía para arreglarse un poco el futuro.

El hombre, un tal Salguero, asegura que le mueve el deseo de hacer justicia y que no está para componendas. Según él, el palo se lo pegaron Ferran Falcó y Felip Puig, cuyos nombres siempre aparecen en las trapisondas convergentes, y el cerebro de la organización e ideólogo de la extorsión era el mismísimo Artur Mas, el de la permanente expresión de yo-no-fui, como diría Rubén Blades.

Las acusaciones no pueden sorprender a nadie, ya que lo del Astut es como lo de Rajoy con sus corruptelas del PP. En ambos casos, el líder del partido solo puede ser un tonto de baba que no se enteraba de nada o el responsable de todo. Sea una cosa u otra --yo me inclino por la segunda--, ni un lerdo ni un corrupto son la persona más adecuada para estar al frente de un partido político.

Algo me dice que el señor Salguero no lo va a tener fácil y que le van a buscar la ruina entre los mangantes y la fiscalía, pues en caso contrario se sentaría un precedente funesto para lo que en España, Cataluña incluida, se considera justicia.

¿Dónde se ha visto que haya alguien que no está para apaños y quiere llegar al fondo de la cuestión? No me extrañaría que me lo acusaran de sembrar la alarma social y contribuir al deterioro del Estado de derecho.

Hemos llegado a un punto de cinismo tal que una actitud digna se considera un engorro, ya que lo normal es que los acusados, con tal de no ir al trullo, lleguen a todo tipo de acuerdos chungos con los que más interés deberían mostrar por apartarlos de esa sociedad que se han dedicado a ordeñar sin tasa durante un montón de años.

Cada día asistimos a un chanchullo nuevo --recordemos los casos bien recientes de Alavedra y Prenafeta​-- y parece que lo encontremos todo de lo más normal. De ahí la sorpresa que representa la actitud de Salguero, a quien puede que mueva el ánimo de venganza, pero es natural después de haber encajado el contundente clatellot convergente para poder pagar, según ha reconocido, a sus empleados.

La justicia no debería basarse en chanchullos, tratos secretos y componendas varias. No basta con arruinar al mangui de turno obligándole a devolver una parte significativa de lo sustraído: ¿Dónde queda, si no, el carácter ejemplarizante de la ley? Y en cuanto al Astut, las afirmaciones de Salguero deberían conducir a una investigación en regla de las actividades del sujeto durante la larga etapa del 3%.

No puede ser que un testigo empeñado en hacer justicia sea una anomalía del sistema, como parece ser el señor Salguero, que si sigue por ahí puede acabar consiguiendo que se restaure el garrote vil solo para él."               (Ramón de España, Crónica global, 18/05/17)


"Uno de los empresarios del caso del 3%, José Antonio Salguero, se ha negado a pactar con la Fiscalía y la Generalitat, que ejerce de acusación particular, para rebajar las altas penas de prisión que se les pide a cambio de devolver los más de 120.000 euros que según el Ministerio Público desviaron de Adigsa.

La fiscal pide 18 meses de cárcel para Salguero, que es el único procesado que se ha negado a un acuerdo y que fue quien presentó la primera denuncia ante el Ministerio Público que inició la investigación. El empresario alega que CiU le hizo “chantaje”.

“Todas las partes están reconociendo que es verdad lo que durante 14 años decían que era mentira, que se pagaban comisiones, y quieren llegar a un acuerdo para disminuir sus penas”, ha indicado en declaraciones a los medios, además de denunciar que “pagué un chantaje, con conocimiento de CiU, y por lo menos me gustaría poder explicárselo a un juez y defender mi inocencia”.

“Me ví obligado a pagar, para poder pagar a los empleados que vivían de eso y creo que por los menos merezco que se me escuche”, ha insistido. Finalmente, ha asegurado que “Artur Mas estaba al corriente de todo y me envió a Ferran Falcó a solicitarme silencio”.       (e-notícies, 16/05/17)