"El número de víctimas de la red de chantaje sexual desmantelada en febrero del año pasado
por la Guardia Civil en la Operación Lubido-Hezurra se acerca a las
4.000. Así lo destaca un escrito remitido por el titular del Juzgado de
Instrucción 3 de Teruel, Jerónimo Cano, al Tribunal Supremo para
plantear una cuestión de competencia y que sea la Audiencia Nacional la
que se haga cargo de la causa, precisamente por el elevado número de
afectados y su extensión a “la práctica totalidad del territorio
nacional”.
El sumario, que permanece en gran parte secreto, acumula más de 25 tomos y en él están imputadas una treintena de personas, entre ellos el futbolista del Levante Toño. Los dos presuntos cabecillas, Ismael Bousnina, alias Salva, y Massinissa Ferrah, Erik,
permanecen recluidos desde su detención en la prisión de Teruel. En la
causa se investigan delitos de extorsión, amenazas, contra la intimidad
de las personas, falsedad documental, usurpación, blanqueo y
organización criminal.
La trama de sextorsión ahora investigada es descrita por la
Guardia Civil en uno de los primeros informes incorporados a la causa
como “un grupo criminal organizado” dedicado al chantaje sexual a
personas que habían contratado o intentado contratar los servicios de prostitutas
a través de la web pasion.com. Los investigadores recogían en aquel
documento policial que la red podría llevar actuando “incluso años” y ya
hablaban de “centenares o miles de víctimas”, aunque aún sin
concreción.
La Guardia Civil destacaba que los presuntos integrantes de la misma
tenían “una actividad extorsionadora compulsiva y depredadora sobre las
víctimas, quienes —ante el temor de ser descubiertos por familiares y
parejas su consumo habitual o esporádico de servicios sexuales— realizan
desembolsos de diversas cantidades en una o en varias ocasiones”. Para
conseguir sus objetivos, la red amenaza a las víctimas con enviar a sus
domicilios a los supuestos integrantes de un grupo mafioso de Europa del
Este para darles una paliza o, incluso, matarles si no pagaban. “En
media hora quiero mi dinero y si no te pegaré dos tiros en la pierna”,
le dicen a un hombre al que reclamaban 450 euros.
‘Mulas’ para cobrar
“Es ese temor a un mal que creen factible el que logra paralizar a
las víctimas y conlleva el pago de las sumas solicitadas, llegándose a
superar, en algunos casos, los varios miles de euros”, destacan varios
informes de la Guardia Civil, que recogen el caso de una víctima que
entregó a la red 25.000 euros. Cuando se produjeron los primeros
arrestos, las pesquisas apuntaban ya a que la red de chantaje sexual
había conseguido un botín de “cientos de miles de euros”. Para cobrar
estas cantidades, los presuntos extorsionadores habían montado un
entramado de cuentas a nombre de testaferros para recaudar el dinero sin
que se les pudiera conectar con los chantajes.
A través de una familia
del conflictivo barrio valenciano de La Coma, coordinaban una red de mulas,
personas que prestaban sus cuentas bancarias para recibir los ingresos a
cambio de una pequeña comisión: de cada 1.000 euros, 50 eran para el
coordinador y otros 50 para la mula. El dinero se retiraba de
inmediato de las cuentas, la mayoría de las veces sin dejar siquiera el
rastro de una tarjeta, sino mediante un código. Uno de los implicados
llegó a mover “en unos pocos meses” más de 250.000 euros, de los que
233.000 salieron enseguida hacia cuentas abiertas por personas con
pasaportes de Malawi, que los investigadores sospechan que son falsos.
La Guardia Civil conoció la existencia de la trama en abril de 2018,
cuando una de las víctimas denunció en el cuartel de Sarrión (Teruel)
después de ver que, pese a efectuar un primer pago, la extorsión no
cesaba. “Habrá consecuencias y tu familia se enterará”, le amenazaron.
En los siguientes meses, otros seis vecinos de la misma provincia
denunciaron hechos similares y, poco después, las pesquisas se
extendieron a Navarra, Castellón o Guipuzkoa, donde aparecieron nuevas
víctimas. Las primeras investigaciones apuntaron como origen de los
chantajes sexuales la provincia de Valencia, donde estaban las
sucursales bancarias donde la trama había abierto las cuentas para
recibir el dinero. Diez meses después eran detenidos como presuntos
cabecillas dos veinteañeros valencianos, Salva y Erik.
El juez Cano ya intentó el pasado año que la Audiencia Nacional se
hiciera cargo de las pesquisas a la vista de “la magnitud de la causa”,
pero entonces el titular del Juzgado Central de Instrucción 4, José Luis
Calama, rechazó la inhibición, con el apoyo de la Fiscalía, al
considerar que no era competente porque no estaba acreditada “la
existencia de una generalidad de personas afectadas” por las actividades
ilegales de la red de extorsión. Por ello, el juez de Teruel se dirigió
el pasado 3 de diciembre al Tribunal Supremo para plantear una cuestión
de competencia y que este decida qué órgano debe, finalmente, hacerse
cargo de la investigación, según confirmó este lunes el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón.
El principal argumento del juez Cano es que las investigaciones
practicadas hasta el momento cifran ya en “un total aproximado de 4.000
potenciales perjudicados ubicados en la práctica totalidad del
territorio nacional” a las víctimas de la red de sextorsión." (Óscar López-Fonseca, David Fernández, El País, 14/01/20)
