"Marbella pasó este viernes no una, sino 5.774 páginas de putrefacción política en su Ayuntamiento. La Audiencia Provincial de Málaga hizo pública la sentencia del caso Malaya,
la causa más sonada contra los desmanes urbanísticos del gilismo, y que
supuso la primera disolución de un Ayuntamiento en la democracia.
Los
magistrados, presididos por José Godino, muestran en el fallo su “firme
convicción” de que en el consistorio marbellí se había instaurado un
“sistema de corrupción generalizada”.
Este régimen operaba bajo el
“poder de hecho” ejercido por Juan Antonio Roca, el exasesor urbanístico que a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil y hasta marzo de 2006 compró voluntades de concejales, funcionarios e incluso jueces para amasar un patrimonio de origen ilícito tasado en 101,7 millones de euros, que ha quedado incautado.
Tras cinco años de instrucción, dos años de juicio y 13 meses de
redacción, la sentencia considera probado que Roca recibía dinero de
promotores con intereses urbanísticos en la ciudad más cotizada de la
Costa del Sol. A cambio, él se encargaba de manejar como marionetas a
los ediles, encargados de aprobar licencias contrarias al planeamiento
en su beneficio.
Roca ocultó las enormes riquezas obtenidas –eran los
años del boom inmobiliario— en un entramado de 71 sociedades
pantalla gestionadas por un despacho de abogados de Madrid. Todos esos
extremos han quedado plenamente ratificados en la sentencia conocida
este viernes.
Sin embargo, el fallo, pese a su contundencia formal y a que recoge el
fondo de las tesis de la acusación, deja un cierto sabor a levedad en
las penas. El fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, había
pedido al tribunal una condena de 30 años de prisión y 810 millones de
euros de multa para Roca.
Los jueces dejan el castigo al exasesor
urbanístico en 11 años de cárcel y sanciones económicas por 240 millones
de euros. Parte de esta rebaja deriva de que se le ha aplicado una
atenuante de confesión y del hecho de que el tribunal no ha visto
demostrada la ilegalidad de algunas operaciones urbanísticas.
Además, 43
de los 95 acusados inicialmente han resultado absueltos, en especial
empresarios. El ministerio público estudia la opción de recurrir el
fallo.
El caso Malaya podría denominarse sin problemas el caso Roca.
El exasesor urbanístico es el protagonista absoluto; y el resto,
personajes secundarios y figurantes que orbitan en torno a él. Roca
reconoció en el juicio que recibió los pagos de los empresarios y que
repartió una parte de esas mordidas entre los ediles para “mantener la
cohesión” del gobierno tripartito del Grupo Independiente Liberal (GIL),
el PSOE y el Partido Andalucista que derrocó en agosto de 2003 al exalcalde Julián Muñoz,
en una moción de censura que marcó el principio del fin del gilismo.
En
la vista oral, el exasesor trató de convencer al tribunal de que las
dádivas tenían por objeto financiar la campaña electoral del tripartito.
El exasesor buscaba convertir un presunto cohecho en una falta
administrativa de financiación de partidos.
El tribunal echa por tierra este argumento y vincula los pagos a la
concesión de licencias y otras resoluciones municipales. “Ningún
empresario entrega tan elevada suma de dinero altruistamente, gratis et amore,
a quien no es nada menos que el gerente de Urbanismo de Marbella,
paradigma de emporio urbanístico”, escribe el tribunal, que compara los
abonos con un “impuesto revolucionario”.
Las entregas monetarias “no
tenían como finalidad la de financiar una inexistente campaña electoral,
sino simplemente la de comprar voluntades de políticos para garantizar
resoluciones administrativas afines a sus intereses”, insisten.
La sentencia avala las pruebas clave recopiladas durante la
instrucción. El elemento más determinante ha sido la contabilidad
paralela de Roca hallada en unos archivos informáticos en la sede de Maras Asesores,
la oficina ajena al Ayuntamiento por la que desfilaban los promotores
para hacer sus negocios con el auténtico hombre fuerte del consistorio.
En esos apuntes, calificados en su día como una “ganga” por el fiscal
López Caballero, figuraban los ingresos realizados por los empresarios y
su distribución entre los concejales con responsabilidad de gobierno.
El contable de Roca, Salvador Gardoqui, reconoció la autenticidad de las
anotaciones.
También avalan los jueces las escuchas telefónicas ordenadas por el
juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres. Consideran “sumamente
significativas” las que se intervinieron a la exteniente de alcalde Isabel García Marcos,
en la que la exedil socialista manifestó: “Para trabajar necesito
dinero, en la primera plusvalía que se genere necesito dinero, y si se
le da el pase, quiero dinero de mi pase, y si se desarrolla, quiero
dinero de la construcción”. (...)
En el epílogo de la sentencia, el tribunal acuerda que los bienes y el dinero decomisados sean utilizados para abonar las deudas del consistorio por los “perjuicios morales y económicos” derivados de ese “ambiente generalizado de corrupción”. (El País, 04/10/2013)
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