20.1.17

Los 'facilitadores', intermediarios imprescindibles para hacer funcionar la industria de la corrupción... como Garrigues, Uría Menéndez, Durán Sindreu o Cuatrecasas

"Por 1.300 euros puedes abrir una sociedad anónima en Panamá, con servicios como notaría, tasa anual, impuesto de registro o tasa sobre el capital incluidos. Por el mismo precio puedes decantarte por las islas Seychelles. Por 50 euros menos, puedes establecerla en Belice. 

Y si quieres que se ubique en Estados Unidos puedes optar por Delaware por 1.480 euros o por Wyoming por 1.680. Encontrar ofertas como esta, y hay por precios más bajos, no es nada difícil. Sólo hay que hacer una consulta rápida en la red. 

Las tarifas citadas, por ejemplo, corresponden a Paraisosfiscales.org, un portal que depende de la sociedad panameña OPM Corporation y el bufete jurídico Caporaso & Partners.

Su nombre es bastante explícito y no oculta el tipo de servicio que ofrece: "operando desde un paraíso fiscal, con los bancos offshore y cuentas bancarias offshore, es posible administrar actividades mediante una sociedad offshore para pagar menos impuestos y en la mayoría de los casos cero impuestos". 

La compañía tiene un teléfono barcelonés, básicamente para atender a los clientes de España, pero su máximo responsable, el abogado Giovanni Caporasso, aclara a Públic que no cuentan con ningún despacho físico en la capital catalana y que operan desde Panamá.

La llamada planificación fiscal agresiva, una actividad en la que participan bancos, bufetes de abogados, asesorías fiscales y grandes consultorías, suele ser legal, siempre y cuando se declaren los fondos.

 Básicamente lo que se trata es de exprimir la legalidad para encontrar los resquicios que permitan reducir la factura fiscal. ¿Quién gana? Obviamente las empresas -o los particulares- que recurren a ello. ¿Quién pierde? Las administraciones públicas, que ven caer su recaudación tributaria.

En los últimos años la retahíla de escándalos vinculados a la ingeniería fiscal agresiva, protagonizados fundamentalmente por grandes multinacionales, ha sido constante. Los de Inditex -la matriz de Zara, entre otros-, que se ahorró el pago de casi 600 millones de euros en impuestos entre 2011 y 2014-; y el de la estrella del Real Madrid Cristiano Ronaldo, son los más recientes.

 La lista es muy larga y se incluirán casos como los llamados Papeles de Panamá o el Luxleaks. Todo ello se ha traducido en una mayor conciencia ciudadana sobre los perjuicios que causan estas prácticas y en una mayor demanda para impedirlas, o al menos limitar las, por parte de plataformas, organizaciones o partidos políticos.

¿Cómo funciona el sistema?

Detrás de las grandes empresas o millonarios que optan por destinar parte de sus ganancias a paraísos fiscales para pagar menos a Hacienda están los llamados "facilitadores", es decir los bancos, bufetes y asesores especializados encargados de diseñar la estructura societaria que lo hace posible.

 Es lo que hace, por ejemplo, Paraisosfiscales.org y el célebre bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los Papeles de Panamá. Pero cómo funciona este sistema? Lo resume Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal a Oxfam Intermón: "Normalmente el proceso arranca con un banco, que al fin y al cabo será el encargado de realizar las transferencias. 

Pon el cliente en contacto con un bufete de abogados o un asesor fiscal que crea todo el entramado. en algunos casos no sólo crea la sociedad por ejemplo en las Bahamas, sino que también te puede facilitar el nombre de testaferros que aparecen en la sociedad pantalla. al fin y al cabo, los facilitadores lo hacen es explorar los huecos y buscar los agujeros en las diversas legislaciones para encontrar el tratamiento fiscal más favorable ". 

Sobre la intención final, Ruiz lo tiene claro: "cuando creas una compañías con un montón de empresas pantalla, lógicamente el objetivo es ocultar los beneficios a Hacienda".

 Cécile Barbeito, activista de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, añade que los "bancos son el brazo ejecutor" de un proceso en el que las asesorías y los bufetes especializados "dominan la información en cada contexto, conocen las ventajas [fiscales] de cada país y ayudan a las empresas a eludir ". 

Montse Segú, analista financiera y miembro de la misma plataforma, lo remata explicando que "los bancos y las asesorías y bufetes especializados colaboran muy estrechamente, porque al fin y al cabo el cliente necesita un servicio integral.  

El valor añadido que ofrecen es evidentemente ahorrar impuestos y aunque crear estructuras fiscales [en paraísos] es caro, porque normalmente implica constituir varias sociedades, a los clientes les compensa con creces con lo que dejan de pagar a Hacienda".

Giovanni Caporasso, en respuesta por correo electrónico a un cuestionario de Públic, detalla que los clientes estatales de Paraisosfiscales.org contratan "residencias en países de baja imposición fiscal, sociedades offshore [literalmente "fuera de la costa", pero también llamadas sociedades deslocalizadas, porque son empresas creadas en centros financieros poco transparentes y de baja imposición] y cuentas bancarias en el exterior. 

Muchos nos contratan porque les diseñamos un esquema de protección para sus ahorros o para transferir dinero al exterior ". Sus clientes, sin embargo, no suelen ser grandes transnacionales, que ya tienen personal interno especializado en ingeniería fiscal, sino "pymes y particulares que no aguantan la presión fiscal. Nos solicitan consultoría para transferir al exterior y crear nuevas empresas con una tasación baja. Otros nos piden estructuras para proteger sus ahorros y poder vivir con ellos".

Cécile Barbeito, activista de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, añade que los "bancos son el brazo ejecutor" de un proceso en el que las asesorías y los bufetes especializados "dominan la información en cada contexto, conocen las ventajas [fiscales] de cada país y ayudan a las empresas a eludir ". 

Montse Segú, analista financiera y miembro de la misma plataforma, lo remata explicando que "los bancos y las asesorías y bufetes especializados colaboran muy estrechamente, porque al fin y al cabo el cliente necesita un servicio integral. 

El valor añadido que ofrecen es evidentemente ahorrar impuestos y aunque crear estructuras fiscales [en paraísos] es caro, porque normalmente implica constituir varias sociedades, a los clientes les compensa con creces con lo que dejan de pagar a Hacienda".

Giovanni Caporasso, en respuesta por correo electrónico a un cuestionario de Públic, detalla que los clientes estatales de Paraisosfiscales.org contratan "residencias en países de baja imposición fiscal, sociedades offshore [literalmente "fuera de la costa", pero también llamadas sociedades deslocalizadas, porque son empresas creadas en centros financieros poco transparentes y de baja imposición] y cuentas bancarias en el exterior. Muchos nos contratan porque les diseñamos un esquema de protección para sus ahorros o para transferir dinero al exterior ". 

Sus clientes, sin embargo, no suelen ser grandes transnacionales, que ya tienen personal interno especializado en ingeniería fiscal, sino "pymes y particulares que no aguantan la presión fiscal. Nos solicitan consultoría para transferir al exterior y crear nuevas empresas con una tasación baja. Otros nos piden estructuras para proteger sus ahorros y poder vivir con ellos".

Nummaria o Pretus -implicado en los Papeles de Panamá- o el asesor fiscal Andrés Guillamot, condenado a dos años de prisión por ayudar a su cliente a esconder los beneficios en los Países Bajos, son ejemplos de facilitadores que han diseñado estructuras para defraudar.

Una páctica muy común

El impacto de los paraísos fiscales no es ni mucho menos anecdótico y aunque, obviamente, no hay datos oficiales sobre el volumen de dinero que esconden, el economista francés Gabriel Zucman -autor de La riqueza oculta de las naciones , una de las obras de referencia sobre el tema- estima que contienen al menos 5,8 billones de euros en capitales ocultos.

 La plataforma Tax Justice Networks, en cambio, habla de 30 billones de dólares acumulados en jurisdicciones offshore [obviamente no todos los fondos depositados en paraísos fiscales deben ser opacos y pueden estar declarados]. 

En España, todas las empresas del Ibex 35 cuentan con filiales en paraísos fiscales, según el informe de Oxfam Intermón ¿Beneficios para quién? Los paraísos fiscales como principal amenaza para una fiscalidad justa. En concreto, a finales de 2014 las 35 compañías del selectivo sumaban 891 subsidiarias en territorios de baja tributación -un 10% más que el año anterior-, con el Banco Santander (235) y la constructora ACS (113) como máximos exponentes .

La ONG, que anualmente publica varios informes sobre la cuestión, denuncia que el "crecimiento de esta economía offshore [en los últimos 15 años la inversión hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro], fundamentada en un entramado de paraísos fiscales que acaban distorsionando y alterando el funcionamiento de la economía global, supone un desvío de recursos imprescindible para garantizar el estado del bienestar ". 

La secuencia, detalla Oxfam Intermón, es la siguiente: "una empresa español envía de viaje sus dividendos y plusvalías a un paraíso fiscal camuflada como inversión. Allí estas cantidades se declaran, pero no se paga impuestos por ellas. Finalmente, retornan a España, donde gracias a una nueva exención no es necesario que tengan que tributar".

"Es importante tener claro que los paraísos fiscales los tenemos muy cerca y están al alcance de una empresa media", recalca Cécile Barbeito, de Fiscalidad Justa. Andorra es el caso más evidente con relación a Catalunya, pero sin salir de la UE hay otros territorios con características comparables a los paraísos fiscales como Gibraltar, pero también estados como los Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo. 

En cuanto a Andorra, a raíz de la firma del convenio de no doble imposición (CDI) entre el Estado español y el Principat -que evita que las empresas españolas que prestan servicios en Andorra tengan que pagar impuestos en el país pirenaico y al mismo tiempo también al Estado español y exactamente lo mismo con las compañías andorranas que operen en España-, durante los años 2014 y 2015 proliferaron las presentaciones para vender las ventajas de operar desde Andorra.

Públic ha tenido acceso al material elaborado por grandes bufetes en algunas de estas presentaciones. El denominador común de todas ellas es recalcar la "competitividad" fiscal de establecerse en Andorra y los beneficios de crear allí estructuras para poner en marcha la "planificación fiscal corporativa", que básicamente permite "minimizar la tributación en el país extranjero y minimizar la tributación en España ".  

Garrigues, Uría Menéndez, Durán Sindreu o Cuatrecasas, Gonçalves Pereira son cuatro ejemplos de grandes despachos que han llevado a cabo presentaciones de este tipo, a menudo en colaboración con alguna entidad financiera o con el mismo gobierno andorrano. 

Por ejemplo, Garrigues asesoró al ejecutivo del Principat en las negociaciones por el convenio de no doble imposición y fue uno de los ponentes en la jornada Inversión y negocios en Andorra, que en septiembre de 2015 se hizo en el Casino de Madrid y en el que participaron los ejecutivos de los dos estados. Cuatrecasas hizo una presentación en mayo de 2015, que fue patrocinada por la Banca Mora, una de las entidades financieras andorranas. El vínculo, por lo tanto, es muy estrecho.

Alternativas para plantar cara

"La planificación fiscal agresiva es legal, pero no es justa ni ética", subraya Montse Segú, de la Plataforma para una Fiscalidad Justa. ¿Pero qué se está haciendo para combatir más allá de las grandes declaraciones? El comisario europeo de Fiscalidad, Pierre Moscovici, ha manifestado recientemente la voluntad de incrementar la regulación de los asesores fiscales, para evitar que fomenten la evasión o elusión fiscal entre sus clientes. 

La Comisión Europea inició el pasado noviembre una consulta pública para recoger opiniones sobre si, precisamente, es necesaria una acción a nivel comunitario "para introducir medidas más efectivas para desincentivar a los intermediarios involucrados en operaciones que facilitan la evasión o la elusión fiscal". 

La consulta estará abierta hasta el 16 de febrero y servirá para decidir si se establecen normas vinculantes. La iniciativa sigue el camino de las recomendaciones del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , que plantea que los asesores delaten a los clientes que quieran poner en marcha operaciones que faciliten el fraude y la evasión fiscal.

Uno de los grandes problemas, sin embargo, es la definición de paraísos fiscales. No hay una lista única y, por ejemplo, la OCDE actualmente sólo da esta consideración a dos territorios: los microestados oceánicos de Nauru y Niue.

 El Estado español amplía la lista a 33, entre los que se encuentran Macao, Gibraltar, las islas Cook, las Bermudas o Mónaco. Las organizaciones que trabajan más activamente para denunciar los perjuicios que provocan estos territorios tienen criterios mucho más restrictivos y, por ejemplo, para Oxfam Intermón un paraíso fiscal es un territorio con "baja o nula tributación", con "ventajas fiscales para los no residentes , sin necesidad de justificar una actividad económica sustancial y real ", que manifiesta una" falta de cooperación con otras administraciones tributarias "y con un marco legal que" permite la no identificación de las entidades registradas ni de sus titulares o propietarios de los activos ".

 Sin ir más lejos, la semana pasada la ONG presentó un informe en el que señalaba los 15 paraísos fiscales más "agresivos" del mundo. Cuatro forman parte de la UE: los Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo y Chipre. También hay otros territorios europeos, como Suiza. A partir de aquí, parece complicado que estos estados acepten cambios sustanciales en la legislación comunitaria que ataque de raíz el problema.

Para Susana Ruiz, responsable de Fiscalidad de Oxfam Intermón, directamente "la UE no aplica  medidas suficientes para frenarlo". La experta apuesta por "revisar la definición de lo que es un paraíso fiscal" y destaca que España sólo tiene en cuenta "el criterio de transparencia, es decir, que se compromete a intercambiar información, pero no se tienen en cuenta otros, como que si un país tiene un impuesto de sociedades muy bajo o, directamente, del 0%, automáticamente se le debería considerar paraíso fiscal ".

 "Se crean listas de paraísos fiscales con criterios tan insuficientes que no sirven para llevar a cabo un control efectivo", denuncia. Ruiz también apuesta por revisar el modelo de fiscalidad empresarial, para que haya más transparencia y se garantice la posibilidad de saber cuánto pagan las empresas en impuestos y, sobre todo, saber dónde pagan, además de conocer con exactitud quienes son realmente los dueños.

La ONG reclama al Gobierno español una "ley contra la evasión y la elusión fiscal que contribuya a cerrar todas las rendijas de la elusión fiscal y combata el secretismo financiero", además de exigirle "apoyar la creación de un organismo fiscal mundial que represente a todos los países y que controle que las grandes corporaciones pagan lo que les corresponde y donde les corresponde ".

 Además, en colaboración con la Plataforma para una Fiscalidad Justa, también se ha puesto en marcha la campaña "zonas libres de paraísos fiscales", para que las instituciones públicas incorporen en sus políticas públicas de contratación criterios que incentiven un "comportamiento fiscal responsable".

De momento, se han sumado 21 municipios, 19 de Catalunya -el más importante, Barcelona-, aparte de Palma y Castelló. En la ley de acompañamiento de los presupuestos, la Generalitat también pretende introducir el mismo criterio, y que se evite la contratación de sociedades con filiales en paraísos.

 ¿Problema? En todos los casos la clave se encuentra en saber qué se entiende por paraíso fiscal y en principio se tendrá en cuenta la lista que elabore la UE, en la que evidentemente no aparecen territorios como Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda.

Batala desigual

Los escándalos de los últimos tiempos aumentan la demanda de medidas realmente eficaces para combatir contra los paraísos fiscales, pero de momento las inversiones que van a parar a estos territorios lejos de detenerse, se incrementan. Giovanni Caporasso llega a afirmar que «los escándalos como los Papeles de Panamá tienen el efecto contrario, porque dan a conocer los paraísos fiscales a quien no los conoce y aumentan la demanda de servicios». Según su visión, evidentemente favorable a su existencia, "si no existieran infiernos fiscales no existirían paraísos. 
Muchos países europeos lo han entendido y aplican impuestos razonables, mientras que otros parecen no entender que los impuestos altos sólo provocan la fuga de capitales" . En cualquier caso la batalla para erradicarlos, ahora mismo claramente desigual en detrimento de los partidarios de acabar con los paraísos fiscales, se prevé larga."                   (Marc Font, Público,22/12/16)

19.1.17

El vicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, pagó cientos de miles de euros en comisiones a Jordi Pujol Ferrusola

"El vicepresidente segundo y encargado de Relaciones Internacionales e Institucionales del Barça, Carles Vilarrubí, pagó cientos de miles de euros en supuestas comisiones a Jordi Pujol Ferrusola, según un informe de la UDEF entregado en el juzgado central de instrucción número 5. 

Vilarrubí, dice el texto, “aparece igualmente entre las personas que habrían simulado relaciones de negocio con Imisa [Iniciatives, Marketing i Inversions SA], materializadas en facturas expedidas por esta última”. El total facturado se elevaba a dos remesas, una de casi 31,5 millones de pesetas (casi 189.000 euros) y otra de 75.765,40 euros, lo que totaliza más de 264.600 euros.

Esos negocios fueron realizados en el año 2000. Pero lo interesante, no obstante, es que al cruzar datos de Hacienda, aparecen “imputaciones mercantiles recientes, en el periodo 2004-2012, tanto con Iniciatives Marketing i Inversions como con Project Marketing CAT”.

 Los policías no conocieron los movimientos por no tener acceso a los datos de Hacienda, pero finalmente el fisco permitió contrastar informaciones y la UDEF pudo determinar que las empresas de Vilarrubí “inyectaron un total de 582.252,72 euros a las sociedades instrumentales de Jordi Pujol Ferrusola.

“En el caso de Carles Vilarrubí, dada su ascendencia como empresario, con multitud de proyectos en los que de una u otra forma aparece la Administración autonómica de Cataluña, no se puede establecer una ligazón concreta de estos pagos cuantificados, con un proyecto concreto”, explica el informe de la UDEF. No le falta razón. 

A finales de los noventa y principios de los 2000, Vilarrubí pagaba anualmente una ‘mordida’ a Jordi Pujol Ferrusola, cuando este estaba asociado con Jordi Puig Godes, hermano del exconsejero Felip Puig. El actual vicepresidente del Barça efectuaba los pagos a través de su empresa CVC Consejeros de Comunicación.

 El concepto, según las facturas en poder de El Confidencial, era por “la participación en la valoración de diversas empresas”, es decir, un ‘trabajo’ lo suficientemente genérico como para levantar sospechas. Estas ‘gestiones’ comenzaron a costarle al empresario algo más de cuatro millones al año, cantidad que se incrementaba a cada ejercicio, situándose en más de cinco millones a comienzos del presente siglo.

Que algo había lo demuestran algunos documentos en poder de este diario. Una carta enviada por Jordi Puig a Vilarrubí le daba cuenta de un posible negocio. Hacía referencia a la empresa norteamericana Tacan, que quería invertir en el mercado europeo entre 3.000 y 4.000 millones de pesetas y que tenía la intención de montar una fábrica en Cataluña con una inversión aproximada de 10 millones de dólares.

 La inversión también contemplaría tener "un centro de I+D con todo lo que comporta para el desarrollo de nuevas tecnologías”, dice la misiva. Además, añadía que los americanos buscaban el 50% de la inversión (o sea, cinco millones de dólares) “a través de socios (capital riesgo). El otro 50% se podría financiar a través del Banco Sabadell como circulante (ya han dado el visto bueno)”. 

Y terminaba la carta subrayando que “Ericson ha pasado un pedido de 10 millones de dólares que tiene intención de fabricar aquí en Cataluña. De hecho, Ericson los tiene catalogados como suministradores. ¿Crees que podría ser interesante? Ya me dirás algo”.

Un pasado ‘turbulento’

El informe recuerda que el vicepresidente del Barça (que está imputado en el sumario de Jordi Pujol Ferrusola) estuvo relacionado con el área de juegos de azar (fue el primer director general de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat en los años ochenta, un cargo en el que le colocó su mentor, el entonces ‘president’ Jordi Pujol) y con emisoras de radio, “donde sus empresas fueron beneficiadas con adjudicaciones”. 

También recuerda que hubo el escándalo del caso Casinos, que estalló en los noventa y en el que se llegó a demostrar la financiación irregular de CDC a través de Casinos de Cataluña. “También el nombre de Carles Vilarrubí aparece en procedimientos muy conocidos, como los casos Grand Tibidabo y Banca Catalana”.

Del actual directivo culé, señala también que se halló una transacción en Andorra “consistente en una remisión de 50 millones de pesetas el 28 de diciembre de 1995 desde la cuenta del Andbank con numeración AN 083436 titulada por la empresa Restaurantes de Cerdanya SL”. Sin embargo, destaca que el propio Jordi Pujol Ferrusola le traspasó de su cuenta seis millones de pesetas el 18 de enero de 2000 “con destino a posiciones de Carles Vilarrubí, que tampoco son susceptibles de conectar con operativas en España”.

La UDEF destaca que, precisamente en los tiempos en que se habían pagado comisiones “ilícitas” a Jordi Pujol Ferrusola, “Carles Vilarrubí intervino en la privatización de Potasas del Llobregat y del Centro Informático de la Generalitat. En ambos casos, su función habría sido como asesor de las multinacionales extranjeras que finalmente se adjudicaron ambas concesiones”. 

Según la documentación en poder de El Confidencial, para la privatización del Centro Informático, Jordi Pujol y Jordi Puig hicieron gestiones como intermediarios, con la intención de cobrar la comisión correspondiente. En su correspondencia de la época, destacan que “Telefónica va sola y no necesita a nadie”, pero en otros posibles compradores destacan que se podrían iniciar acercamientos a directivos, como en Retevisión o Airtel. 

De esta última, alertaba: “Muchas posibilidades (¿acceso a Abelló?)”. También desgranaban que los ingleses de Colt no irían al concurso final, proponían un contacto con Comunitel a través del Deutsche Bank y destacaban que Josep Pujol (Ferrusola) se encargaba de los contactos con dos empresas francesas: Jazztel y UNI2. “Josep los persigue, pero no negociarán. Difíciles de pactar”, dicen de estos últimos.

Un apetitoso regalo de boda

El informe de la UDEF, no obstante, destaca las relaciones personales de Vilarrubí con el hijo del ‘expresident’. “Ciertamente, la relación de Carles Vilarrubí con la familia Pujol Ferrusola, desde el punto de vista financiero/económico, es prolija, y se extiende temporalmente, siendo paradigma de ello que en la cuenta personal de Jordi Pujol Ferrusola en el BBVA con numeración (…) se distinguen los siguientes abonos en marzo y mayo de 2012”… y detalla dos cargos de 10.000 euros cada uno el 30 de abril de ese año y el 30 de mayo.

Estos pagos, no obstante, “no aparecen declarados en la Aeat dentro de las imputaciones atribuibles a Jordi Pujol Ferrusola, habiendo encontrado solo como posibilidad que el primero de ellos sea el regalo de boda correspondiente al matrimonio contraído por Mercé Pujol Gironès [hija de Jordi Pujol Ferrusola] por esas fechas, siendo indiciario que los fondos provienen de CVC Grupo Consejeros, y su ingreso se produjo en la cuenta de Jordi Pujol Ferrusola, a diferencia de otros invitados, que utilizaron la cuenta del BBVA numerada como (…), titulada por su mujer Mercè”.

De lo que no hay duda es de que los caminos de Vilarrubí y los Pujol son inseparables: el ahora empresario fue el chófer que en los años setenta llevó a un entonces aspirante a político Jordi Pujol i Soley por todos los pueblos de Cataluña, lo que luego revirtió en prebendas de cargos. Para más inri, Carles Vilarrubí trabajaba a finales de los setenta en un despacho de Minoría Catalana en Madrid. 

Allí recibía cada día a un joven que estaba haciendo la mili como mensajero del subsecretario del Ministerio de Defensa, almirante Ángel Liberal. Ese joven se llamaba Jordi Pujol Ferrusola. Con él haría carrera en los negocios, aunque al margen de los cargos políticos, el Gobierno catalán que presidía Jordi Pujol i Soley puso a Vilarrubí en consejos de administración, de donde se llevó suculentos salarios: en Grand Tibidado, en Telefónica, en Antena 3 TV, en Tipel o en La Seda de Barcelona, por ejemplo. 

Al margen, los dos amigos, que intimaron en Madrid a finales de los setenta, acabaron participando en las 24 horas de Le Mans impulsando la escudería Team Cat y comprando casa en la Cerdanya, la comarca donde establecían su segunda residencia los nuevos ricos catalanes de los ochenta y noventa.

Vilarrubí también abrió despacho y empresa (VVM Veveema) junto con Felip Puig, Pere Macias y Francesc Xavier Ventura, todos vinculados a CDC. El hermano del primero de sus socios, Jordi Puig, fue, paralelamente, socio de Jordi Pujol Ferrusola, cerrando un círculo vicioso que mezclaba política con ‘caja’. 

Lo que queda claro, pues, es que la escuela de negocio de la cúpula ligada a Convergència y a la familia Pujol ha manejado a su antojo durante las últimas décadas no solo las decisiones políticas, sino que tenía la llave para hacer pingües negocios, en muchas ocasiones vinculados a las arcas públicas."                 (Juan Antonio Fernández, El Confidencial, 05/01/17)

18.1.17

Bárcenas: Rajoy conoció las actividades ilícitas de Correa y no las denunció

"Mariano Rajoy dio orden en 2003 de cortar las relaciones empresariales que el Partido Popular mantuvo durante una década con Francisco Correa. Luis Bárcenas ha hecho esta revelación durante su declaración en el juicio de Gürtel.

 Según Bárcenas, el actual presidente del Gobierno reaccionó así tras la denuncia de dos empresarios que pagaron 60.000 euros al PP el mismo día que acusaron al cabecilla de la Gürtel de haber conseguido una posición en la que cualquier adjudicación en los ayuntamientos de Madrid tenía que pasar por sus manos.

Según el relato de Bárcenas, Rajoy dio por buenas las acusaciones, aceptó la donación de los delatores y evitó acudir a los tribunales.

Bárcenas ha negado haber recibido dinero de Correa: “Ni para mí ni para el partido”. El extesorero del PP asegura que al cabecilla de la Gürtel “se le subió a la cabeza el nivel de relaciones que tenía. Él pensaba que el partido era suyo”.

La ruptura con las empresas de Correa tuvo, según Barcenas, una excepción en Valencia. El extesorero ha señalado que Francisco Camps fue el único que se negó a cumplir el veto impuesto por Rajoy para las empresas de la trama.

 Según su relato, el expresidente valenciano llegó a imponer en 2008 que una parte del Congreso que el PP celebró en Valencia se le encargase a Orange Market, comprometiéndose a abonarlo con los fondos del PP de aquella comunidad. Según Bárcenas, era frecuente escuchar a Camps refiriéndose a Álvaro Pérez, “el bigotes” como “un genio”.

Bárcenas ha desvelado además las maniobras de Manuel Fraga para introducir a Pablo Crespo en los negocios alrededor del PP. Según ha contado ante el tribunal, el histórico dirigente del PP llamó a Álvaro Lapuerta para mediar por Crespo diciendo: “Te pido que le ayudes en todo lo que puedas”.
En la misma línea, Bárcenas ha asegurado que “Rajoy sintió mucho romper con Correa por su amistad con Pablo Crespo”.

La relación con los grandes empresarios

Luis Bárcenas ha negado que Correa fuese el contacto del PP con los grandes empresarios. “Con el nivel de interlocución que el señor Villar Mir o el señor Florentino Pérez tenían con la cúpula del partido, pensar que van a buscar al gerente o al de la agencia de viajes no tiene sentido”, aseguró.

Ha puesto como ejemplo de las buenas relaciones con la cúpula del partido, y del acceso que tenían a ella los grandes empresarios, que estos disponían “del palco del Santiago Bernabéu”, el estadio del Real Madrid, para contactar con los altos cargos del PP sin necesidad de usarle a él o a Correa de intermediarios.

El extesorero ha achacado las revelaciones de Correa sobre el amaño de adjudicaciones a lo mal que se tomó el cabecilla de la trama la ruptura de relaciones con el partido en el año 2003.
El PP tenía “una contabilidad extracontable”

Sobre la contabilidad B que Bárcenas llevó durante años en el PP, el extesorero ha explicado que era “una contabilidad extracontable del PP”, evitando referirse a ella como una doble contabilidad o contabilidad opaca, como la ha definido en otras ocasiones.

Según ha explicado, en esos papeles se recogen “determinados donativos”, en los que se refleja “quién entregaba las cantidades y el uso que se hacía de ellas”. Sin embargo, ha asegurado que los empresarios que aparecen en esos papeles no querían nada a cambio.

Tampoco se usaba su dinero para financiar las campañas electorales del PP. “La subvención por ley electoral era suficientemente generosa, se recuperaba el dinero”, ha asegurado.

“Eran donativos que no tenían carácter finalista, se hacían a cambio de nada”, ha relatado Bárcenas. Su defensa ha interrumpido la declaración para pedirle que no contestase a estas preguntas, que son objeto de otro juicio, pero el tribunal le ha permitido continuar respondiendo porque el objeto de ambos procesos está separado por una “fina línea” que en ocasiones se puede traspasar."     (eldiario.es, 16/01/17)

17.1.17

El triángulo de corrupción Guateque-Gürtel-Púnica

"El caso Guateque es el paradigma de la forzada lentitud de la Justicia. Lo que parecía una rutinaria investigación por la concesión de licencias comerciales a cambio de sobornos en el Ayuntamiento de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, se convirtió en un lento proceso con trabas burocráticas, un extraño triángulo de políticos ahora imputados en los casos Gürtel y Púnica, zancadillas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la intromisión del sindicato Manos Limpias y relaciones con el narcotráfico.

En 2007 comenzó la Operación Guateque con la detención de 16 funcionarios del Ayuntamiento madrileño acusados de cobrar hasta 18.000 euros por facilitar licencias de apertura de negocios. Un año y medio después el numero de investigados ascendía a 100 personas, una pesada carga para el juez Santiago Torres, titular del juzgado número 32 de Madrid.

Saturado con otros casos, el juez tuvo que hacer frente además a la apertura de varias piezas separadas porque con la investigación se descubrió los tejemanejes de la mafia búlgara en el control de la noche de Madrid, el asesinato de un portero de discoteca a manos del clan mafioso rival de Los Miami, tráfico de drogas a gran escala o un fraude fiscal por la importación de coches de lujo, entre otros delitos.

Pero los verdaderos problemas para el juez empezaron con sus tropiezos con el Partido Popular. Uno de los funcionarios investigados era Teresa Gabarra, mujer de Alberto López Viejo, entonces miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP además de Consejero de Deportes de la Comunidad y hoy uno de los principales imputados en el caso Gürtel

Gabarra también jugó un papel en esta trama de corrupción, según el juez, como la persona que blanqueaba las comisiones que recibía su marido a través de una cuenta en Suiza. Finalmente, Gabarra fue exonerada.

El juez pidió apoyo a la Comunidad de Madrid, administración de la que dependía su juzgado. El secretario del juzgado mandaba escritos oficiales a la Consejería de Justicia con frases como: " En el momento actual, por la desmesurada carga de trabajo que sufrimos hay muchos atestados minutados y pendientes de incoar, muchos escritos pendientes de unir y proveer, y muchos procedimientos pendientes de impulso".  

En ese momento el titular de Justicia en la Comunidad de Madrid no era otro que Francisco Granados, hoy imputado en el caso Púnica La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior hizo caso omiso durante meses hasta a una orden del Consejo del Poder Judicial para crear un juzgado bis que descargara de trabajo al juez Torres con la excusa de falta de presupuesto. 

En este panorama entra en juego Miguel Bernard, enemigo declarado de Granados, mediante el sindicato Manos Limpias con una denuncia contra el magistrado por dilatar el proceso. 

A pesar de las quejas del juez Torres que aseguraba que varios de los acusados trataban de "hundir su carrera" l a Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial le impuso una multa de 1.000 euros. El secretario general de manos Limpias, Miguel Bernard, está hoy implicado en una trama de extorsión.

 El juez Torres consiguió cerrar la causa en 2012, fue trasladado a la Audiencia Provincial de Madrid. Le sustituyó la juez Rosa María Freire que abrió juicio oral tres años después. 

El pasado martes tendría que haber empezado el proceso pero se suspendió por enfermedad  de uno de los encausados. Otro retraso en un juicio en el que se vuelve a evidenciar el marco de impunidad y relación con la corrupción que mantuvieron diferentes cargos del PP madrileño durante decenas de años.  "          (Público, 10/01/17)

16.1.17

Altos cargos del PP ayudaban a los Pujol a conseguir fondos para poder realizar obras en países africanos

"La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) acusa a altos cargos del Partido Popular de “presionar en La Moncloa” para conseguir financiación pública a la familia Pujol, según informa este miércoles ‘El Mundo’. Con ese dinero desarrollarían obras en países africanos cuyos contratos habían sido amañados.

La Udef implica en un nuevo informe, remitido a la Audiencia Nacional, al ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa y al ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella en la obtención de fondos públicos para Ibadesa, una empresa participada por Jordi Pujol Ferrusola y relacionada con José Herrero de Egaña López del Hierro, sobrino del marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Según los agentes, Ibadesa, de la que además dependen otras compañías, ha sido utilizada en los últimos tiempos “para fines criminales” y contó con el “apoyo de organismos públicos españoles”  para desarrollar proyectos en países como Marruecos.

Creen, en concreto, que el dinero público para realizar las obras procedía de la Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), que “concedía” a las sociedades de los Pujol “créditos previos para financiar proyectos”. En estas empresas participaba también Jordi Puig, hermano del ex consejero de CiU Felip Puig.

Jordi Pujol Ferrusola se encargaba de realizar una serie de trámites ante el Gobierno de España, personificadas en Juan Costa, sobre el que se influyó a través de José Manuel Fernández Norniella, presidente en ese momento del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, para que el entonces secretario de Estado aprobara los expedientes.

La Udef afirma además que “no se puede obviar el papel desempeñado en Madrid por otras personas involucradas que, como dicen en las comunicaciones, tienen que hacer presiones en ‘La Moncloa’”. Estas presiones “corresponderían a la estructura del grupo Ibadesa en Madrid, encarnada en la persona de José Herrero de Egaña, al que dirigen multitud de comunicaciones”.

Una vez las gestiones empresariales salían adelante, se repartían las comisiones entre Ibadesa y sus empresas satélite."                   (República.com, 04/01/17)

12.1.17

Dous xuices amenazaron a xuíza De Lara, instrutora da Pokemon

 Pilar de Lara, instructora do caso Pokemon

"Quen son os xuíces que atacan a De Lara e Vigilancia Aduanera?

 Preguntado por se o CGPJ debería tomar cartas no asunto, o decano do Consello da Avogacía de Galicia púxose, polo menos en parte, de parte da instrutora da Operación Pokemon e outras macrocausas contra a corrupción. Evaristo Nogueira mostrouse, en declaracións á Ser, partidario de que se aclare se houbo algún tipo de presión porque “isto non sería de recibo” nunha democracia. (...)

Os xuíces foco da polémica por atacar a súa compañeira -durante as conversas cun imputado por blanqueo de capitais- son Juan Carlos Carballal, titular do xulgado de instrución número 4 de Lugo, e  Fidel del Río, titular do xulgado de vixilancia penitenciaria número 2 de Galicia.

Juan Carlos Carballal aparece citado numerosas ocasións no sumario da Operación Pokemon en relación con dirixentes do PP, como a deputada Paula Prado, o seu irmán o avogado Luciano Prado e o ex-xefe de gabinete do Concello de Santiago  Ángel Espadas. Segundo publicou a Ser en primavera, Vigilancia Aduanera cre que este xuíz fixo de intermediario nun dos contratos públicos que presuntamente intentaba amañar Espadas en favor de Unika, filial de OHL. (...)

Foi a filtración do informe de Vigilancia Aduanera quen provocou as conversacións críticas contra De Lara, intervidas no marco doutro caso insturído en Madrid, conversas que agora saen a luz. En virtude desas escoitas, Vigilancia Aduanera pide que se investigue a estes maxistrados por presuntamente tentar meter presión aos investigadores e a xuíza De Lara.


Ao igual que Carballal, o xuíz Fidel del Río tamén ocupou no pasado espazo na prensa por  actuacións polémicas. En 2011, segundo El País, foi condenado por conducir borracho, retirándoselle o carné 10 meses. En 2008 Interviú cualificouno de “juez coladero” despois de que catro narcos franceses da mesma banda fugáranse sucesivamente.

As conversas publicadas non proveñen orixinalmente dun preito que instrúa a xuíza de Lugo. O maxistrado Eloy Velasco da Audiencia Nacional remitiu á titular do Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo, o de Pilar de Lara, estas conversacións telefónicas.

Os citados xuíces falan  cun empresario investigado, Juan Castro García, condenado noutro preito en Pontevedra canda dous funcionarios de Aduanas e outro empresario por fraude na venta de gasóleo. Castro García tiña o teléfono pinchado por orde xudicial.  (...)"                (Galicia Confidencial, 11/01/17)


"Baltasar Garzón pide “protección fronte aos ataques” para a xuíza Pilar de Lara.

 O xurista Baltasar Garzón criticou este mércores as presións sobre a titular do Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, que instrúe macrocausas como a 'Pokémon' e a 'Carioca', ao tempo que defendeu a necesidade de "protección fronte aos ataques".

Así o manifestou nunha entrevista na Radio Galega, na que considerou, en relación á dilatación das causas que instrúe esta, que a xuíza Pilar de Lara "ten que ter un reforzo de medios para que poida atender o seu traballo", pero tamén reivindicou "unha protección fronte a eses ataques que está a recibir".

Neste sentido, o ex-maxistrado da Audiencia Nacional considerou que esas críticas á xuíza buscan, ao seu entender, influír nas causas que instrúe Pilar de Lara Cifuentes no seu xulgado.

Garzón recordou tamén as presións que viviu na súa propia persoa e que acabaron coa súa inhabilitación por once anos. "É o canon que se ten que pagar por ser independente. Non me arrepinto, asumo o que sucedeu e tomo enerxía para seguir adiante", comentou. (...)"         (Galicia Confidencial, 11/01/17)


"Todas as forzas con representación na Cámara galega (PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG) coincidiron este martes en defender que a Xustiza debe actuar con "eficacia" e "axilidade", co fin de non prolongar "eternamente" as instrucións para que se cumpra coas garantías dos investigados e, ao tempo, evitar "facilidades" para a anulación dos procesos.

O debate chegou ao Pazo do Hórreo a raíz dun informe de Vixilancia Aduaneira, no que dous maxistrados de Galicia descualifican a Pilar de Lara así como esa entidade que participa en investigacións da xuíza de Lugo, ligada a varias 'macrocausas' que investigan supostos de corrupción na comunidade tales como as operacións Pokémon e Cóndor.

Nas conversacións intervidas incluídas no informe, recollido por Europa Press e adiantado este martes pola Cadena Ser, un xuíz galego descualifica, cando fala cun empresario investigado por branqueo, o traballo da xuíza. De feito, un dos maxistrados di ao seu interlocutor que "a xuíza De Lara está tola perdida".

"Non son a persoa adecuada para falar de cuestións sub iudice", replicou, preguntado ao respecto, o voceiro parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, quen, ademais de asegurar que descoñece a cuestión, aludiu á "división de poderes" antes de subliñar que, dende o Lexislativo, é "particularmente oportuno ser respectuoso co poder xudicial, que fala fundamentalmente a través de sentenzas".

"Non teño ningunha opinión sobre esa información que sexa digna de ser feita pública", esgrimiu o dirixente popular, quen, en todo caso, apelou dende unha perspectiva máis xeral ao "vello aforismo de que unha xustiza lenta non é xusta", cuestión que ve "aplicable a este ou a calquera outro caso no que se alonguen os procesos de instrución".

Engadiu que a opinión de que é preciso axilizar as instrucións é "compartida por todos" e mesmo a defendeu o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas.

"NON DEBERÍA DAR LUGAR A SANCIÓN"

O seu homólogo no grupo de En Marea, Luís Villares, procedente do ámbito xudicial, si entrou no fondo da cuestión ao manifestar que considera que "as conversacións do ámbito privado que realicen dous maxistrados é algo que non debería dar lugar a ningún tipo de sanción", toda vez que "o exercicio da crítica" ás resolucións xudiciais ou a unha forma de actuación dun xuíz "forma parte do debate público".

"Non creo que mereza ningunha sanción", insistiu, para engadir que, dende unha perspectiva máis xeral e como xa manifestou noutras ocasións na súa faceta previa de voceiro de Xuíces para a Democracia, "as instrucións non poden durar eternamente". Ao seu xuízo, é "inaceptable" que unha instrución "dure cinco anos".

Ao respecto, apuntou que "ás veces faltan medios" para que os maxistrados poidan facer "ben o seu traballo" e subliñou que conseguir determinadas probas (como unha análise de ADN ou dun correo electrónico) pode levar "meses", se ben engadiu que a lei de axuizamento criminal prové vías para evitar atrasos, como a posibilidade das pezas separadas, e exemplificou coa instrución do Caso Palma Arena. Así, insistiu en que tan necesario é "tirar do fío" como "trocealo" cando se esixe.

O que, ao seu entender, non é "normal" é que haxa xulgados "con atrasos anormais de forma sistemática" como consecuencia "da súa forma de instruír". Para Villares, é preciso "corrixir" esta "anomalía", posto que a "duración indefinida" dunha instrución é "inaceptable" dende o punto de vista das persoas investigadas e, ademais, "facilita" que un proceso sexa anulado.

Ante a insistencia de se debería investigarse se hai presións sobre De Lara, o voceiro de En Marea reafirmouse na súa intención de non se pronunciar sobre "conversacións particulares".

EVITAR DETERMINADOS "EPISODIOS" NA XUSTIZA

O socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, pola súa banda, reivindicou o funcionamento "dilixente, eficaz e correcto" do Poder Xudicial como "elemento básico" do Estado de Dereito.

Fíxoo antes de lamentar "episodios" como o publicado este martes en relación a De Lara, que "poñen en cuestión dende dentro" o funcionamento das institucións e "non contribúen para nada" a avanzar nunha "democracia máis xusta" na que "os dereitos dos cidadáns estean máis seguros".

"Todos deberían facer un esforzo para que o Poder Xudicial non só funcione máis eficazmente, senón que reforce a súa lexitimidade a ollos dos cidadáns. Non se trata de que a Xustiza sexa eficaz, senón que tamén parézao. Estes episodios non son nada edificantes", resolveu.

"AXILIDADE" E ACLARAR SE HAI PRESIÓNS

A voceiro parlamentaria do BNG, Ana Pontón, incidiu en que "a Xustiza que ás veces actúa non é neutra nin cega" e lamentou que haxa casos xudiciais "con sumarios abertos que non se finalizan e grandes operacións mediáticas que non chegan a ningunha conclusión, onde parece que pode haber persoas que teñen unha mancha pero que a Xustiza non acaba resolvendo".

Por iso, pediu "dotación, rapidez e axilidade" na Xustiza e que se aclare "se hai algunha presión" porque, que a haxa, "non sería de recibo". "Pero tampouco é de recibo que haxa grandes operacións abertas durante 10 anos sen conclusión. Iso non é Xustiza, é sementar dúbidas acerca de todo o mundo", remarcou.

Por último, sinalou que en España hai "moitos exemplos" de Xustiza que "actúa ao ditado ou de forma moi paralela aos intereses de certas formacións política", e manifestou de que se produza unha "reforma" que garanta a independencia xudicial, "unha materia pendente, como outras moitas, no réxime xurdido do ano 78".

"Hai moitos pasos que dar para que a Xustiza funcionase de forma independente", resolveu."        (Galicia Confidencial, 10/01/17)

11.1.17

Existe una captura del Estado por parte de grandes compañías 'clientelares' que copan el dinero público para sobrevivir, perjudicando al resto de la economía

"Los problemas que más preocupan a los españoles, según el avance de resultados del mes de octubre del CIS, son el paro (71,3%), la corrupción y el fraude (37,6%), los políticos en general, los partidos, la política (29,5)% y los problemas de índole económico (24,2%). 

Los cuatro problemas están relacionados, esto es, la corrupción en la política provoca que la economía no funcione correctamente y, en consecuencia, aumente el paro. Esto es, al menos, lo que pretendo explicar en las siguientes líneas. (...)

El “cambio de modelo productivo” es un asunto que se puso de moda hace más de una década durante el vértigo de la burbuja.  (...)

Más actualmente, y tras el rally electoral del último año, si en algo están de acuerdo todos los partidos es en la necesidad de este cambio. Pero, ¿por qué no se da? La respuesta a esta pregunta nos lleva a esa primera relación entre corrupción política y economía.

En un trabajo titulado“ Growing like Spain: 1995-2007ii”,, los autores señalan que el crecimiento económico en este espacio de tiempo se debió más a la acumulación de factores que a un aumento de la productividad. Mientras en España se crecía a un 3,5%, la productividad de los factores descendía a una tasa de 0,7%. 

La explicación que, desde la clase política, se nos acostumbra a dar es la de que los factores se desplazaron a sectores poco productivos, como el de la construcción. Pero esta explicación no se soporta con la evidencia encontrada. Lo importante de este trabajo es que la explicación entre esa disminución de la productividad durante tanto tiempo (particular el caso español) puede deberse al comportamiento que tuvieron las empresas de sectores que necesitan del gobierno para sobrevivir (obras públicas, energía, etc.). 

Si los gobiernos hubiesen destinado una mayor parte de los recursos a empresas “no clientelares” la productividad hubiese crecido a una tasa de 0,3%. Muy interesante, pues según este resultado, no fueron causas de restricciones financieras, problemas del mercado de trabajo, pero tampoco de competitividad, los que había detrás de la pérdida de productividad en nuestra economía.

Algunos pensaréis que, si el crecimiento se produjo gracias a la acumulación de factores, entre ellos factor trabajo, serviría para reducir el paro. Efectivamente, en un primer momento, pero no así a largo plazo, donde la tasa de paro de la economía sería siempre más alta y las condiciones laborales peores, por su baja productividad.

Otras de las consecuencias de la existencia de corrupción en un país es la dificultad para atraer inversión extranjera directa, pues los inversores prefieren entornos más estables y con mayor seguridad jurídica. Además, en estos entornos, las industrias nacionales juegan con cierta ventaja al conocer los recovecos a través de los cuales poder beneficiarse.

En definitiva, lo que está apuntando, a falta de un estudio más profundo, es que existe una cierta captura del Estado por parte de esas compañías que están atrayendo dinero público para poder sobrevivir, perjudicando con ello al resto de la economía. Ejemplos de todo ello no resulta difícil encontrarlos: las autopistas radiales de Madrid, obras faraónicas por toda la geografía, rotondas, aeropuertos, colegios que se construyen con malos materiales, etc. Todas inversiones perfectas para colarnos los sobrecostes y alguna que otra comisión.

Si algo tan evidente no ha tenido respuesta por parte de la sociedad en las urnas puede deberse a que nos da igual el país que les dejemos a nuestros jóvenes, a la famosa indefensión aprendida consecuencia de tantos años de sometimiento a las estructuras del Antiguo Régimen o bien, a una característica propia de la sociedad española, preferimos sentirnos súbditos a ciudadanos. 

Nos encanta la división entre privilegiados y no privilegiados. Somos amantes de escudriñar como son las vidas de los de arriba, nos gustaría que un golpe de suerte nos situara en ese estrato social y, por eso, solemos imitarlos. La gran corrupción en estas alturas de la pirámide social encuentra su mimetismo en la base de la misma. El fraude al Estado, trabajar en negro, facturas sin IVA, etc. lo tenemos asumido como algo normal. Ahogándonos y nadando hacia abajo.

El cambio de modelo productivo debe venir precedido por unos cambios previos en la sociedad. La regeneración de todas las instituciones de esta primera etapa democrática post-franquista, que no puede ser implementada (sólo) por los privilegiados y bajo la amenaza militar pues caeríamos, otra vez, en el mismo error. Dentro de esta regeneración incluyo el modelo de Estado, propio del siglo XVIII tras la Guerra de Sucesión. 

También, la aplicación del artículo 6 de la Constitución Española, que reclama a los partidos políticos su papel de canalizadores de la voluntad del pueblo, mediante una estructura y funcionamiento interno democrático (se evitarían golpes como el sufrido en el PSOE en octubreiii) y, por supuesto, la asunción por parte de toda la sociedad de su responsabilidad en el correcto funcionamiento del sistema democrático, lo que parece requerir de una Ley de Educación muy alejada de la LOMCE. (...)      

i) García-Santana UPF, M., Gse, B., Enrique Moral-Benito Banco de España Josep Pijoan-Mas CEMFI, C., & Roberto Ramos Banco de España, C. (2016). Growing like Spain: 1995-2007 *.        (Economistas sin fronteras, eldiario.es, 02/12/16

10.1.17

La corrupción que viene de Andorra

"Estamos ante una obra breve pero muy expresiva de los aspectos más oscuros de la sociedad e instituciones públicas en que vivimos. Obra que tiene su causa inmediata en el estallido de los “papeles de Panamá”. Habla de economía, de capitalismo depredador cuyo único objetivo es la obtención del máximo beneficio, de política, de puertas giratorias. 

El centro de la misma es un personaje de Andorra, Jordi Cinca Mateos, que ha conjugado la actividad política con la actividad empresarial, ésta en ese pozo inmenso de pobreza que es África.

Desde 1990 a 1996 ocupó cargos en la Administración andorrana, desde 1996 hasta 2011 dedicó su tiempo a la actividad económica privada y desde ese año es Ministro de Finanzas de Andorra.

Un Estado, un país, que desde el RD 1081/1991 es para el Estado español un  paraíso fiscal. Es decir, uno de los 48 Estados donde pueden ocultarse impunemente los fondos de origen ilícito o delictivo. Ciertamente, el Gobierno español ha firmado con el Principado sendos Convenios, en 2010, que entró en vigor el 26/2/2011, y en 2015, que lo hizo  el 26/2/2016.

Pero no han garantizado el intercambio automático de información económica y tributaria relevante. Ambas partes lo sabían. La obra que tengo el honor de presentar coincide con el momento, el 15 de septiembre de 2016, en que el Comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Pierre Moscovici, publica la lista de los treinta países catalogados como “no cooperantes” en la economía internacional, por no facilitar información en materia fiscal, que incluye a Andorra.

 Jordi Cinca es, pues, uno de los afectados por esta enésima llamada de atención sobre una de las plagas que azotan la economía internacional. Veremos si, finalmente, en 2017 se adoptan medidas definitivas contra espacios de impunidad que luego analizaremos.

Lo cierto es que Andorra hace tiempo que está de actualidad en nuestro país por su relación con importantes procesos judiciales. En el Caso Pretoria, la acusación del Fiscal hace referencia, entre otras, a la solicitud de cinco Comisiones Rogatorias al Principado para fundamentar la acusación de Macià Alavedra y LLuís Prenafeta por el delito de blanqueo de capitales. 

Tras la confesión autoinculpatoria de Jordi Pujol en Julio de 2014, el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona requirió, sin resultados, a Andorra para que informase de “la existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo” vinculados o relacionados con cualquiera de los miembros de la familia Pujol.

 ¿Participó de esa decisión Jordi Cinca? Pero hay más. Tanto la Recomendación 12 del GAFI de 1990 (organismo de la OCDE de prevención del blanqueo de capitales), como la Directiva 2005/60/CE y la Ley 10/2010 de prevención de dicho delito, exigen de forma muy expresa y rotunda que las Autoridades tributarias de todos los países actúen con especial “vigilancia” respecto cualquier clase de transacción financiera de “personas expuestas políticamente”, de “personas del medio político” o de “personas con responsabilidad pública”. 

¿Porque no lo hicieron las Autoridades de Andorra respecto de Jordi Pujol que desde 1980 ya mantenía una fortuna oculta en aquel país, producto, entre otros posibles orígenes, del fraude fiscal? ¿Cómo puede dudarse de evidentes complicidades, que aún perduran?

Jordi Cinca, tras su breve periodo en la política, vuelca su actividad, como financial manager, en la sociedad Orfund SA que, más tarde, constituiría el Grupo Orfund Holding SA, con las filiales NACI, DiAndorra y Blue Stone Inc. Con un objeto social: “la fundición de oro y comercio de diamantes”. 

Actividad que les llevo a mantener una intensa relación comercial con Autoridades de Estados africanos sumidos en guerras y la más extrema pobreza. Pero Jordi Cinca y sus socios, como corresponde a su religión de capitalismo depravado, se enriquecían. Particularmente con Liberia, a fin de cuentas, tan paraíso fiscal como Andorra, incluida en la lista “negra” de la UE. Pero ello, al negociante J. Cinca, obviamente, le era indiferente. 

Si resulta difícil conocer el alcance de su actividad económica en Sierra Leona y Liberia, consta en la obra un dato estremecedor y alarmante. Jordi Cinca ejerce su actividad empresarial en Liberia coincidiendo con el mandato como Presidente de Charles Taylor (1996-2003). Y, desde luego, no podía ignorar en modo alguno que su socio político y colaborador comercial fue uno de los dictadores más sanguinarios de África. 

Fue responsable de guerras civiles, de miles de asesinatos, de violaciones masivas de mujeres, del reclutamiento y muerte de miles de menores de 15 años, etc. Tan grave fue su actuación que la Corte Penal Internacional lo juzgó y condenó a 50 años de prisión por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Nunca había ocurrido algo así desde los juicios de Nuremberg. Este era el amigo de Jordi Cinca. Y lo refleja, con toda su crudeza, un documento que consta en el libro. 

En él, el dictador, el 9/12/1999, autoriza, con su firma, una importación, libre de impuestos, de diverso material para la filial de Orfund, Blue Stone. Es suficientemente expresivo para describir la relación entre ambos.

Después de esta provechosa e improductiva actividad, obtenida del durísimo trabajo de los más pobres, aun le quedaron energías para impulsar y participar en una sociedad en un lejano paraíso fiscal, en Panamá, la Mariette Holding Inc. En la que aun consta su firma el 4/2/2002.

Con estos antecedentes, fue nombrado Ministro de Finanzas en 2011. ¡Qué vergüenza!

 “Los paraísos fiscales pueden constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica” (Parlamento Europeo, abril 2010)

Fragmento del prólogo firmado por Villarejo en la obra de Carlos  Quílez, ‘Diamantes sucios. La verdadera historia de Jordi Cinca, el responsable de las finanzas andorranas’. Editado por Crónica Global. Noviembre 2016.      (Carlos Jiménez Villarejo, La Lamentable, 07/12/16)

9.1.17

Juncker bloqueó las políticas europeas contra la evasión fiscal

"El actual presidente de la Comisión Europea y primer ministro de Luxemburgo entre los años 1995 y 2013, Jean-Claude Juncker, bloqueó la lucha de la Unión Europea contra la evasión fiscal de las corporaciones multinacionales cuando era mandatario de su país, según los documentos revelados ayer por The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Los documentos filtrados revelan cómo un puñado de países usaron sus asientos en el Comité de Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, creado en 1998, “para frustrar la acción concertada de la UE y proteger sus propios regímenes fiscales”, publica The Guardian

Este periódico añade que los esfuerzos de la mayoría de los Estados miembro para frenar la evasión fueron “regularmente retrasadas, diluidas o truncadas por las acciones de una minoría de los países de la UE más pequeños, a menudo liderados por Luxemburgo”.

Según estas informaciones, algunas de las propuestas en el Comité de Código de Conducta a las que se opuso Luxemburgo son los planes para que las autoridades fiscales de cada Estado miembro sometieran sus negociaciones con las multinacionales a la evaluación de sus pares; una investigación sobre las estrategias de evasión fiscal transfronterizas, a menudo utilizadas por multinacionales para crear ahorros fiscales artificiales; y el intercambio de información fiscal entre los Estados miembro sobre los acuerdos concedidos a multinacionales en privado.

Éste no es, ni mucho menos, el primer escándalo de este estilo en que se ve envuelto Juncker. En 2014 estallaba el Luxleaks o Papeles de Luxemburgo, que revelaba cientos de acuerdos secretos firmados entre Luxemburgo y 343 empresas multinacionales que les permitían evadir impuestos."              (Diagonal, 02/01/17)

5.1.17

La tragedia del Yakovlev en mayo de 2003 es uno de los episodios más siniestros y macabros de las últimas décadas. Y Federico Trillo, uno de los personajes más turbios de nuestra democracia

"La tragedia del Yakovlev en mayo de 2003, que costó la vida a 75 personas, es uno de los episodios más siniestros y macabros de las últimas décadas. Y Federico Trillo, uno de los personajes más turbios de nuestra democracia.

Empecemos por el desastre del avión estrellado en Turquía. Además de las vidas humanas que destrozó, el caso tuvo todo lo necesario para llevarse por delante la carrera política y profesional de sus responsables. 

La contratación chapucera de un aparato desvencijado, en condiciones lamentables de uso y mantenimiento, para trasladar a militares españoles a una zona de máximo riesgo; una sucia operación de ocultamiento y de intoxicación informativa para dar carpetazo al asunto cuanto antes; cadáveres sin identificar o con identificaciones falsas, enterrados a toda prisa por orden de la superioridad; el engaño deliberado a las familias de las víctimas, y, por fin, la ingeniería judicial para que los culpables quedaran impunes.

Si aquella monstruosidad se dejó pasar sin mayores consecuencias fue, en primer lugar, porque eran tiempos de mayoría absoluta, la oposición estaba débil y el Gobierno se había procurado —gracias a Trillo, entre otros— un control del poder judicial como ningún Gobierno anterior ni posterior han tenido jamás. Y, en segundo lugar, por la singularísima personalidad del ministro de Defensa.

En otras democracias parlamentarias, el suceso y su manejo no solo habrían fulminado al ministro responsable, sino que habrían puesto en dificultades al propio jefe del Gobierno. En España, en cualquier otro momento político —en el actual, sin ir más lejos— no se habría podido mantener al ministro ni enervar la acción de la justicia. Incluso en aquel tiempo en el que todo valía, quizá se habría apartado púdicamente al titular de Defensa si su nombre no fuera Federico Trillo.

¿Haber sido presidente del Congreso y ministro de Defensa cualifica a una persona para ocupar una embajada importante? Teóricamente, sí. Pero no nos engañemos: todo el que ha habitado en la cocina de la política española desde los años ochenta sabe que Trillo no está hoy en Londres por haber desempeñado esas altas responsabilidades. 

Es al contrario: esos puestos han sido sucesivas recompensas por su impagable (aunque excepcionalmente bien pagado) trabajo al servicio de su partido en las cloacas del sistema judicial.

Trillo fue siempre el enlace especial del PP con el submundo de los tribunales, el arquitecto de las estrategias político-jurídicas destinadas tanto a destruir a los adversarios políticos como a proteger a los suyos de cualquier amenaza.

La estrategia de este veterano opusdeísta siempre fue la misma. Jugando al ataque, acosar a los rivales con una catarata de denuncias y acusaciones fundadas o prefabricadas, recursos, impugnaciones y recusaciones sin fin, hasta conseguir una sentencia condenatoria o la lapidación pública del perseguido. 

Jugando en defensa, lanzar toneladas de sospechas contra los jueces que investigaban algún caso relacionado con el PP para sumirlos en el descrédito profesional. Siempre, hay que admitirlo, con altísima eficacia.

Vimos a Trillo en los ochenta desactivar el caso Naseiro (primer tesorero del PP acusado de financiación irregular) para convertirlo en el caso Manglano (el juez encargado de la investigación, sometido a una feroz campaña difamatoria).

Lo vimos, durante el periodo de Felipe González, agitando todos los casos de corrupción que despedazaron a aquel Gobierno: moviendo los hilos judiciales del caso Filesa, de los fondos reservados, de lo de Roldán, lo de Juan Guerra, lo de los papeles de Laos… También tratando de bloquear en los tribunales las decisiones del Gobierno, se tratara de la expropiación de Rumasa, la ley Corcuera o la primera despenalización del aborto.

Lo vimos, durante el periodo de Zapatero, en la sala de máquinas de la ofensiva contra el Estatuto de Cataluña (recusando en cadena a magistrados del Tribunal Constitucional para alterar la mayoría en ese órgano), así como contra las leyes emblemáticas del Gobierno: la de igualdad, la del matrimonio homosexual… y, por supuesto, la segunda ley del aborto (defendiendo el regreso a la primera, que él mismo había combatido).

Lo vimos jalear y tirarse paredes con el juez Garzón cuando este perseguía a los socialistas por los GAL; y años más tarde, dirigir el comando de demolición del mismo juez Garzón cuando empezó a investigar en serio el caso Gürtel.

Quien mejor lo explicó fue, como siempre, Mariano Rajoy, que en 2011 se dirigió a él en público con palabras que querían ser de gratitud: “Has estado siempre ahí, ocupándote de temas que no vamos a calificar”. Y a continuación le entregó la embajada de España en Londres, junto con la matrícula en un curso intensivo para que al menos aprendiera a chapurrear el inglés.

Todo lo que ha sido se lo debe a esos “temas que no vamos a calificar”. Trillo es un intocable, uno de esos tipos a los que no conviene dejar tirados mientras tengan memoria.

Por eso es especialmente enojosa para este Gobierno en minoría la reaparición del episodio del Yakovlev en un informe demoledor del Consejo de Estado que corrobora lo que ya se sabía: que aquel accidente pudo y debió evitarse sin la incuria y la venalidad de las autoridades responsables. Que Trillo y sus colaboradores nos deben 75 vidas y todo el bochorno que vino después.

Es una ocasión pintiparada para que se active una de las varias mayorías que conviven en este Congreso caleidoscópico: la de todos contra el PP. PSOE, Ciudadanos, Podemos, los nacionalistas: todos a una pedirán la dimisión del embajador, la comparecencia de Cospedal y después la de Dastis. 

No les extrañe que se reclame y se obtenga una comisión de investigación para revisar todo lo que ocurrió con aquel avión y los sucesos adyacentes. O que asistamos al insólito espectáculo de la reprobación parlamentaria de un embajador de España en activo.

Si fuera cualquier otro, Rajoy encontraría sin gran dificultad una fórmula para entregar la pieza —la cabeza del embajador— sin perder la cara, ahorrándose un escándalo en vísperas de Presupuestos. Pero tratándose de Trillo, es dudoso que tenga libertad para hacerlo sin pactarlo con el interesado. Y es que no se toca a un intocable salvo que se deje, y aun así ha de hacerse con extrema precaución."             (Ignacio Varela, El confidencial, 03/01/17)

4.1.17

“Igual que el señor Correa, él quería opacidad, como era alcalde…”. Negrear la pasta era una consecuencia del poder que no le extrañaba nada...

"(...) El procesado por construir el edificio societario que permitió a Correa blanquear el dinero que expoliaba a través de adjudicaciones públicas quiso sacudirse la imagen de delincuente sacando a la luz su trayectoria cerca de la política.

 “Ya en el 77, formaba parte de la administración de UCD; era el que controlaba la pasta”. Y más tarde: “He tenido clientes de IU, también del PCE, diputados socialistas, no voy a decir nombres, y he tenido a algún embajador socialista”. Puro pluralismo democrático. 

Trataba de insertarse en la normalidad del país. La esencia del delito es su naturaleza antisocial, contraria a la costumbre, y De Miguel pretendió mostrar que lo suyo no había sido más que una pieza del sistema político y económico de España. Aquí las cosas se hacían así.

El acusado duerme tras las rejas porque fue condenado a 21 años por ayudar al empresario Juan Ramón Reparaz a ocultar al fisco 16 millones de euros.

Lo de la Gürtel (antes de que se le pusiera una etiqueta mediática que le diera a este grupo de políticos y empresarios y otros tahúres un cierto aire de exclusividad) no era para él más que un episodio de su carrera. 

Un día Francisco Correa le dijo que quería presentarle a un amigo; era Guillermo Ortega y tenía un objetivo claro: “Igual que el señor Correa, él quería opacidad, como era alcalde…”. Negrear la pasta era una consecuencia del poder que no le extrañaba nada.

 El Rata acudió a él por lo típico, porque la oposición iba husmeándole detrás. El autor del libro Objetivo sin fronteras fiscalesle dijo que, bueno, y le aconsejó formar una sociedad para difuminar el pastel. “No querían ser opacos a la Hacienda Pública, sino a todo el mundo”, llegó a resumir.

Si nos basamos sólo en la escena de la declaración, es fácil dudar de la inteligencia del acusado. No vocalizaba correctamente, cada frase parecía gestarse después de un trabajo muy duro y lento de neuronas: “Y no sé a qué venía esta historia”, confesó en un momento, despistado, después de responder a algo que no le habían preguntado. Afeitado mal apurado, ropa afelpada por el uso, pelo graso, como lavado sólo con agua durante meses, papada. 

En general, parece empapado en ceniza. Cada vez que decía “no me acuerdo” daba la impresión de que aludía, realmente, a un agujero negro de su memoria, una laguna total, como si hablaran de la vida de otro. No mantenía las formas. Sacado del contexto de la sala, nadie aseguraría que estaba compareciendo ante un tribunal: “Hay que ser un poco más serio”, reconvino en cierto momento a la fiscala Concepción Sabadell. Una vez se rió y fue como si le doliera algo.

De Miguel afirmó que las operaciones e inversiones con las sociedades relacionadas con la trama se efectuaban todas bajo “instrucciones de Correa”. Negó, antes de que nadie le preguntara, que repartiera dinero a discreción a Álvarez Cascos, Luis Bárcenas o Jesús Merino. 

Su estrategia para desembarazarse de los 18 años y medio de cárcel que le acechan por Gürtel fue delegar, agarrarse a que cumplía órdenes de sus clientes. Afirmó que le habían falsificado su firma muchas veces y, para las que no, esgrimió que primero había firmado un papel en blanco y luego alguien había añadido el contenido que, ahora, le implica en la causa. “¿Suele firmar usted muchos papeles en blanco?”, se escandalizó la fiscala. “Si son de amigos, sí”, zanjó él.

Sabadell y el procesado no se entendieron en ningún momento. Ella se empeñó en pedirle explicaciones de si sabía si los billetes de sus clientes procedían del delito y de por qué no lo investigó. Él fijó su filosofía de trabajo en una frase: “Yo lo único que veo son cifras”. 

Cifras y papeles de pisos que se vendían y recompraban y revendían entre Luis de Miguel y Guillermo Ortega; sociedades como pelotas de malabares que se creaban para Correa y luego usaba De Miguel, y más tarde, Ortega. Operaciones cuyo único fin era generar operaciones y crear una fantasmagoría empresarial. 

Sin embargo, estas artes no las inventó él. Por lo común, ese mundillo funciona con acrobacias y quiso dejarlo claro: “En Suiza, lo que suelen hacerse son sociedades panameñas”. (...)

Concepción Sabadell siente una total falta de sintonía hacia los acusados. Su cara de interrogar recuerda a la periodista Ana Pastor: tiende al cabreo, se esfuerza mucho en que conste que no se deja vacilar y, en consecuencia, articula una medio sonrisa de desconfianza como sistema, a la que por supuesto le añade un toque canalla. 

Tiene razón en pensar (si es que lo piensa) que eso la hace más profesional porque, por algún motivo, siempre nos parece más competente el mosqueo que la cortesía. Sabadell mantuvo esa misma actitud ante Antonio Villaverde, el corredor de seguros de Correa para el que se piden 15 años y nueve meses de encierro. 

Villaverde, nervioso, empezó con bastante educación y acabó rojísimo y soltando estufidos contra el micro cuando Virgilio Latorre, abogado de la acusación, le pidió explicaciones a distintas transferencias. Latorre traía ganas de fiesta y nombró una por una las operaciones como si le estuviera soltando bofetones con la mano abierta. El acusado gruñía y decía no recordar nada. 

Villaverde usó la misma estrategia defensiva que De Miguel, a saber, que hacía lo normal en su trabajo en aquella época, que era hacer rendir al máximo el patrimonio que le confiaban, y que, además, había contado entre sus clientes a peces gordos, incluso ministros.

 Quizás por eso, por obnubilarse ante tantos grandes hombres como Correa, Villaverde nunca miró si la procedencia del dinero era lícita o no, ya fueran empresarios, cargos públicos u obispos. Hace quince años funcionaba así el cotarro, lo mismo que los movimientos de dinero desde cuentas suizas a cuentas españolas: era lo habitual, dijo, lo normal."                  (Esteban Ordóñez, CTXT, 19/12/16)