El ex concejal de Majadahonda: “Decir Correa era decir Aznar”

"El popular que destapó la corrupción asegura que Rajoy tenía “pleno conocimiento” de la trama

El ex concejal del PP de Majadahonda y denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, afirmó ayer que en el marco de la trama sobre presunta corrupción dirigida por Francisco Correa “decir Correa era decir Aznar” y acusó al actual líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, de haber tenido “pleno conocimiento” sobre este asunto. “Hay un partido al que la corrupción le ha gustado bastante durante muchos años”, destacó Peñas en declaraciones a Cuatro, para criticar que esta formación paga además “los abogados a varios imputados de la trama”, refiriéndose al ex tesorero Luis Bárcenas.

“Un partido que quiere gobernar sin decirnos si ha cogido dinero de la trama Gürtel o no”, prosiguió el ex edil. En este punto, relató que el empresario Francisco Correa era “el hombre de superconfianza” en todo lo relacionado con los mítines y la imagen del partido. “Era una persona que iba por el mundo sacando pecho”, indicó Peñas, remarcando que el presunto cabecilla de la trama presumía de que el entonces presidente del Gobierno José María Aznar “estaba a su lado”.

Dicho esto, Peñas cargó contra Mariano Rajoy porque, según dijo, ya notaba “algo raro” respecto a Correa y por eso decidió “apartarle” de Génova. “¿Por qué no fue al juzgado como hice yo?”, preguntó, para responder: “Porque tenía que haber hablado mal de su partido y no quiso”. De este modo, denunció que Mariano Rajoy tenía “pleno conocimiento de la trama” liderada por Francisco Correa y criticó que “ahora no quiere saber nada de este tema”.

Peñas toma la decisión de grabar sus conversaciones con Correa y denunciarlo porque, según comentó, “cuando hay un delito puedes elegir entre irte a casa o hacer algo”. En su opinión, “la mejor forma de probar lo que veía era grabarlo y llevárselo a un juez”.

El ex concejal reconoce que ha sentido miedo a lo largo de estos años pero que no se arrepiente de nada. Eso sí, su valentía tiene un límite: “He borrado conversaciones que yo no quería tener en mi casa, con contenido más grave que pagar a un alcalde con un coche. Están fuera de sumario y no voy a hablar de ello”, explicó." (Xornal.com, 09/02/2010)

Un testigo detalla cómo la Mafia aupó a Berlusconi al poder

"El partido que fundó Berlusconi a finales de 1993 y con el que llegó al poder en abril de 1994, Forza Italia, fue “fruto de esta negociación”, de ser cierto este testimonio. Según Ciancimino, la voz de Berlusconi en las negociaciones fue su mano derecha y cofundador de Forza Italia, el ahora senador Marcello Dell’Utri. Ciancimino no ha sido el único que ha acusado a Berlusconi de tener oscuros lazos con la mafia. Dos mafiosos arrepentidos, Gaspare Spatuzza y Salvatore Cancemi, han hablado también de un pacto entre ‘Il Cavaliere’ y la organización delictiva.Massimo Ciancimino –condenado en primera instancia por blanqueo de dinero mafioso– es quien, entre otras tareas, iba a buscar los pizzini (recados escritos) que el jefe de Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, dirigía a su padre.

Las amenazas de la mafia

Uno de los pizzini que Ciancimino ha entregado al tribunal –sólo un pedazo, pues asegura que la otra parte ya no está en su poder– contiene una amenaza de Provenzano a Berlusconi, enviada a Dell’Utri en 1994. El documento viene a decir que, o Berlusconi –“entendido como figura política, no como individuo”– daba a la mafia el control sobre una de sus cadenas de televisión, o uno de sus hijos correría peligro. Reza así: “Pienso aportar mi contribución, que no será poca cosa, para que este triste evento no se produzca. Estoy convencido de que Berlusconi podrá poner a disposición sus redes televisivas”.

Con este mensaje, afirmó Ciancimino, la mafia “quería dar un toque de atención al partido Forza Italia, nacido gracias al pacto, para que volviera sobre sus pasos y no olvidara que el mismo Berlusconi era fruto del acuerdo”.

La tesis es que con este pacto el Estado pretendía que Cosa Nostra dejara de matar –entre 1992 y 1993, asesinó entre otros a los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, así como a ciudadanos de a pie en Milán y Florencia–, mientras que la mafia quería un referente político con el que pactar. Para lograrlo, Provenzano, partidario de la tregua, probablemente traicionó a su jefe, Totò Riina, lo que precipitó su detención en 1993.

Al parecer, Provenzano puso dos condiciones: gozar de inmunidad policial –no fue detenido hasta el 11 de abril de 2006, un día después de que el rival de Berlusconi, Romano Prodi, ganara las elecciones –y que nadie registrara el escondite de Riina, donde guardaba documentos y parte de su tesoro." (Público, 08/02/2010)

El mapa de la corrupción balear

"La corrupción ha impuesto sus tiempos a la política. Anoche, seis políticos de UM permanecían detenidos en la comisaría de Palma, entre ellos Miquel Nadal, ex presidente de la formación, ex consejero de Turismo y concejal de Palma, que fue miembro del Gobierno de Antich. (...)

La presidenta del Parlamento e imagen de UM, Maria Antònia Munar, con dos imputaciones, seguirá. Su voto también decide en la Cámara autonómica. Está blindada en un cargo que sólo estaría obligada a dejar tras una condena firme de inhabilitación. Tampoco UM perderá el control directo de la radio y la televisión públicas de Baleares, IB3, cuya dirección está controlada por hasta media docena de periodistas que ejercieron de jefes de prensa del partido.

Antich, con la expulsión de más de 150 altos cargos y asesores de UM de las diferentes instituciones baleares, busca marcar una línea blanca y expresar "el compromiso firme con la gestión de honestidad (...) para recobrar la confianza de la ciudadanía con las instituciones", según dijo. Y, además, intentará reducir el tamaño de la administración, dejando sin cubrir muchos departamentos que ocupaba su aliado." (El País, ed. Galicia, España, 06/02/2010, p. 12)

Empleados de la sección que prepara pruebas del Sergas lideran las notas

"El sindicato nacionalista CIG ha pedido al Sergas una investigación y que adopte medidas, si realmente hubo filtraciones, o que las desmienta, porque entre los aspirantes de esas pruebas "no se habla de otra cosa". (...)

Los indicios "claros" de filtración apuntan a cuatro categorías. Los aspirantes que obtuvieron las máximas puntuaciones prestan servicios en la Dirección de Recursos Humanos del Sergas y, más concretamente, en la Subdirección Xeral, responsable de la organización de las pruebas.

Así, en la categoría de auxiliar de la función administrativa, para cuyas pruebas se matricularon 10.000 aspirantes, de los que se presentaron casi 6.000 (para 117 plazas), la segunda mejor puntuación (24,661 puntos sobre un máximo de 25) fue para Leonardo Pérez Souto, marido de la subdirectora general Rosario García Villadangos, responsable de la gestión de anteriores pruebas selectivas. El mismo Pérez Souto, ex guarda de seguridad empleado temporalmente como auxiliar administrativo de la Subdirección Xeral, quedó en cuarto lugar (con 23,250 puntos sobre el máximo de 25) en las pruebas para personal de servicios generales, con más de 13.000 aspirantes matriculados (sólo se presentaron unos 7.500) para 299 plazas.

A las pruebas para personal de enfermería se presentaron más de 5.500 aspirantes. El primer lugar, con 57 puntos sobre un máximo de 60, lo obtuvo Jesús Iglesias Castelo, que presta servicios como subalterno en la propia Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas. También está empleado ahí como auxiliar administrativo José Vidal Valiñas, que obtuvo la segunda mejor nota en la categoría del grupo administrativo de la función pública.

Todos ellos tienen en común una relación directa con el departamento que organiza las pruebas y donde se imprimen y custodian los exámenes. Sanidade responde que no entra en sus planes actuar de oficio pero que tanto Recursos Humanos como el tribunal examinador están en disposición de tramitar las denuncias que se formulen "con pruebas y argumentos". De momento, no tienen noticia de que se haya presentado ninguna." (El País, ed. Galicia, Galicia, 05/02/2010, p. 3)

Antich romperá con Unió Mallorquina tras las 13 detenciones por corrupción

"La gota que ha colmado el vaso ha sido la detención de 13 personas relacionadas con UM y acusadas de participar en una supuesta trama de corrupción en el seno del Instituto de Estrategia Turística (Inestur). Los investigadores sospechan sobre el desvío de cientos de miles de euros de fondos públicos hacia "chiringuitos" (sociedades) vinculados a ese partido para "un reparto de beneficios" entre afines, con contratos "duplicados" y "autoadjudicaciones", según fuentes conocedoras del caso Voltor (buitre en catalán). Parte de los fondos pudieron destinarse a financiar UM.

Entre los arrestados se hallan el contable de UM y a la vez responsable económico-administrativo del Inestur, Álvaro Llompart, así como tres altos cargos del Gobierno de Baleares: el director general de Promoción Turística, Joan Sastre; el de Medio Ambiente Antoni Oliver, además, ex gerente de Inestur; y un director de área, Antoni Rebassa.

Todos ellos son de UM y están ligados a la gestión desde 2007 del organismo público de Turismo. Los tres dirigentes gubernamentales, que serán destituidos hoy por el Gobierno insular, permanecían anoche en la comisaría de Policía de Palma. UM impulsó a última hora de ayer la destitución inmediata de todos los detenidos. (...)

Durante la operación de ayer, el consorcio de gestión informática del Consell de Mallorca -otro feudo exclusivo de UM, Inestur-, fue precintado y registrado por las sospechas sobre diferentes adjudicaciones para un call-center turístico de un millón de euros anuales. Las pistas de corrupción conducen hasta subvenciones de decenas de miles de euros.

La Policía Judicial que dirige el comisario Antonio Cerdá y los inspectores de la Agencia Tributaria que encabeza Raúl Burillo han diseccionado durante semanas el flujo de fondos y el manejo de los presupuestos públicos del Inestur. Se han detectado autoadjudicaciones directas entre administradores y pagos a empresas afines a UM. Inestur, que maneja veinte millones de euros anuales, está bajo control hegemónico del partido bisagra, que, además, domina tres consejerías baleares: Turismo, Medio Ambiente y Deportes.

Cuatro de los implicados son empresarios y comerciantes que podrían haber pagado comisiones en complicidad con gestores nombrados por UM. La Fiscalía Anticorrupción acusa a los detenidos de malversación de caudales, prevaricación, cohecho, falsedad, fraude, negociaciones prohibidas. Los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán han dirigido personalmente dos registros. La causa que instruye la juez Carmen Abrines está bajo secreto sumarial y nació de la denuncia de un particular." (El País, ed. Galicia, España, 05/02/2020, p. 18)

El ex edil de Montroi permitió levantar chalés ilegales para extranjeros

"La Guardia Civil detuvo ayer al ex alcalde del PP del municipio de Montroi (Valencia), Francisco Javier Carrión, por supuesto delito urbanístico y prevaricación. Además, fueron detenidas otras seis personas, entre ellas varios empresarios y un notario. (...)

Los vecinos relataron con normalidad que "la construcción se ha hecho, en los últimos años, muy deprisa; se vendían terrenos que no valían nada por cantidades diez veces superiores, y los pobres afectados no han dejado de ir a protestar a la alcaldía mientras muchos estaban muy contentos con el negocio". Los afectados son, sobre todo, británicos y alemanes. La inmobiliaria Zodiac Village vendía las casas, de una o dos plantas y con piscina en un paraje incomparable a la comunidad inglesa y alemana.

La mayoría compró por precios que rondaron los 200.000 euros. No firmaron escrituras por esas viviendas. Suscribieron títulos de propiedad compartida de terrenos rústicos, algunos, incluso, embargados, sin saberlo.

Se instalaron en las viviendas con luz provisional, con agua comprada a un pozo privado y sin título de propiedad. La pelea por las escrituras, la pérdida del suministro de luz, la ausencia de canalizaciones, la imposibilidad de empadronarse y las excusas ante las exigencias de legalidad llevaron a varios afectados a los tribunales por estafa. (...)

Y ahí empezó la investigación, que ayer se concretó en siete detenciones y once registros. Georges Alfred, jubilado inglés de familia australiana, anteriormente residente en Torrevieja (Alicante) explicó: "Lo que yo supe después de comprar hace cinco años es que mi casa sería legal. Me decían que no me preocupara. Cada reclamación al Ayuntamiento fue respondida con un 'mañana, mañana'. No desconfié, porque no se me ocurre que un Ayuntamiento me engañe o permita que lo hagan". (El País, ed. Galicia, España, 04/02/2010, p. 16)

El mapa de la corrupción valenciana

(El País, ed. Galicia, España, 04/02/2010, p. 16)

Sanidade gasta un 35% más en muebles para el nuevo hospital de Lugo. El Sergas elevó en 800.000 euros la partida para dotar las habitaciones

"La Consellería de Sanidade gastará unos 800.000 euros más de lo previsto por el anterior Gobierno para comprar el mobiliario de las habitaciones del nuevo hospital de Lugo, un centro que se llamará Lucus Augusti y cuya inauguración acumula ya un retraso considerable.

La Dirección de Recursos Económicos del Sergas ha modificado al alza el presupuesto establecido para dotar de mobiliario el nuevo centro, mientras que ha mantenido intactas el resto de partidas fijadas por el bipartito. El apartado de mobiliario para hospitalización ha pasado de 2.289.058 euros a 3.090.111, un cambio que supone un incremento del 35%. y que se ha realizado sin haber modificado, salvo en dos cuestiones mínimas, las bases que se habían elaborado con anterioridad y las que han regido para la adjudicación. El contrato ha recaído en la empresa americana Hill-Rom Iberia, SL.

Las características técnicas de equipamiento de las camas de hospitalización, de los lechos de unidades especiales, de los sillones y las mesillas con los que se dotará cada habitación son las mismas que había establecido la anterior dirección del Sergas. La única diferencia está en que costarán 800.000 euros más, según ha decidido la actual Consellería de Sanidade.

Los precios máximos que se habían estipulado con el anterior Gobierno para las 852 camas de hospitalización, sin IVA, era de 1.775 euros por cama; 2.102 euros para cada cama de unidades especiales; 375 euros por cada uno de los 788 sillones ergonómicos y 280 euros para cada una de las 754 mesillas con atril. Con estos precios había varias empresas españolas que estaban dispuestas a presentar ofertas a la baja para dotar de mobiliario de hospitalización al nuevo hospital de Lugo. Sin embargo, la empresa Hill-Rom tenía difícil presentarse al concurso, ya que, según los técnicos, dispone de buen material, pero con precios sensiblemente superiores.

El notable incremento decretado por el Sergas en este apartado del presupuesto del hospital lucense permitió que la empresa estadounidense pudiera optar al contrato. Así, por cada cama de hospitalización se pasó a ofrecer 2.336 euros; por los lechos de unidades especiales, 2.803 euros, y el sillón y la mesilla con atril prácticamente doblaron la cantidad, pese a mantener las bases.

El Sergas adjudicó el mobiliario de hospitalización el 16 de diciembre de 2009 a Hill-Rom Iberia. De esta forma, la empresa estadounidense será la encargada de instalar las camas obstétricas, el mobiliario de hospitalización y las camas de unidades especiales. La UTE Galmédica se ha hecho con la adjudicación del mobiliario de hospitalización psiquiátrica por 48.554 euros.

Una de las pocas diferencias que se aprecia entre las bases del concurso que aprobó el bipartito para dotar de mobiliario al hospital de Lugo y las del actual Gobierno se refiere a las camas. El anterior equipo directivo del Sergas incluía la obligación de que tuvieran una quinta rueda para facilitar su maniobrabilidad, en tanto que con las bases actuales esta característica dejó de ser una exigencia para ser simplemente tenida en cuenta a la hora de valorar las ofertas." (El País, ed. Galicia, Galicia, 04/02/2010, p. 3)

los efectos políticos del Caso Gürtel

"El PP le paga el abogado a Luis Bárcenas en el 'caso Gürtel'. El ex tesorero es el único imputado al que el partido financia la defens" (El País, ed. Galicia, España, 01/02/2010, p. 11)

Los chóferes de Fabra revelan cómo les daba sobres con dinero para ingresar

"El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entregaba sobres con dinero a sus chóferes y éstos acudían al banco a realizar los ingresos. (...)

Los dos aseguraron que la única persona que les entregaba aquellos sobres era el propio Fabra y que éstos no portaban ningún distintivo que pudiera identificar su procedencia. Ni membrete de la Diputación, ni destinatario, ni remitente. Los sobres, según dijeron, iban cerrados. Con esa afirmación, sostuvieron que desconocían las cantidades que portaban, aunque no pudieron dejar de admitir que sabían que era dinero.

Según su declaración, llegaban al banco, entregaban el sobre, allí se contaba y les certificaban su entrega con un documento que, tal como dijeron, guardaban pero ni miraban.La Agencia Tributaria detectó, sólo en 1999, más de un centenar de ingresos en las cuentas de Carlos Fabra y de su entonces esposa, María Amparo Fernández.

Hacienda denunció un desfase de 600.000 euros entre el dinero declarado y los movimientos e ingresos en los bancos. De esa cantidad, 300.000 euros eran atribuibles directamente a Fabra (...)

En muchos casos, las cantidades ingresadas en efectivo no superaban los 3.000 euros. En uno de los bancos en los que el chófer fue identificado, la cuenta de Fabra registró, en cuatro días, una veintena de ingresos sin origen justificado. Así, los conductores también fueron interrogados por las ocasiones en las que realizaban esta operación y sólo alcanzaron a decir que "bastantes", además de reconocer que incluso realizaban varias en el mismo día." (El País, ed. Galicia, España, 30/01/2010, p. 13)

(

A CIG destapa a existencia de tratos de favor a empresas vinculadas ao PPdeG

(traductor gallego-español)

“Mentres o Goberno pregoa un embusteiro discurso de austeridade, está a externalizar moitos dos servizos que debería ofrecer a Xunta para beneficiar a empresas afíns”. Así o denuncia a CIG- Autonómica, da man do seu responsábel Manuel Gallardo Canitrot, quen engade: “estamos comprobando a existencia dunha inxente cantidade de contratos coa Administración pública que se asinan con diferentes empresas, mais co mesmo denominador común, que son compañías creadas por ex-altos cargos do Partido Popular”. (...)

Precisamente, o último destes contratos "a dedo" foi o asinado para cubrir postos de atención á dependencia.

Segundo denuncia a CIG, a empresa escollida para estes traballos volve ser Plexus S.L, unha compañía que ten de apoderado a Antonio Agrasar Cascallar, quen fora asesor de telecomunicacións da Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) durante o goberno de Fraga. Ademais, a mesma empresa estivo dirixida por Xosé María Sánchez González, quen tamén exerceu como secretario xeral da Consellaría de Cultura de Pérez Varela e como director do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (Igaem). (...)

A CIG recorda que para aplicar a Lei de Dependencia, desde a administración estatal e europea destináronse 70 millóns de euros que tiña que executar a Xunta de Galiza no ano 2009. "A comezos de 2010 atopáronse con que estaban incumprindo o contrato e no canto de tirar das listas de contratación optaron por Plexus S.L", denuncia Gallardo. (...)

Non é a primeira vez que o nome desta empresa se relaciona con contratos irregulares por parte da Xunta. Con este mesmo Goberno, Plexus S.L foi a adxudicataria do desenvolvemento e mantemento da web do Xacobeo, por un importe de 138 mil euros, mediante un acto administrativo ao que non foron convocadas as once empresas que foran admitidas ao procedemento aberto de contratación. Ademais, o propio portal de internet púxose en marcha, cando menos, 20 días antes da propia adxudicación. (...)

Tamén saltou á prensa o nome desta empresa ao ser elixida por adxudicación directa para un traballo de relacións públicas do Porto Exterior da Coruña, por un valor de 764 mil euros en 2006. Do mesmo xeito, a CIG denuncia “innumerábeis contratos” coa TVG, ben a nome de Plexus, ben a nome doutra entidade, Brétema Consulting, tamén vencellada a Agrasar Cascallar.

A maiores, en 2004, a Consellaría de Innovación, Industria e Comercio adxudicou tamén aos mesmos empresarios a elaboración dun plan para a promoción e desenvolvemento da sociedade da información en Galiza. Brétema Consulting obtivo, asimesmo 83.520 euros no mesmo 2004 da Fundación Deporte Galego polo “asesoramento estratéxico na promoción, comunicación e novas tecnoloxías relacionadas coa Volvo Ocean Race”, celebrada en Vigo en 2006. " (Vieiros, 03/02/2010)

Italia crea una agencia para gestionar lo confiscado a la mafia

"La jornada estaba prevista como una señal del Estado a la mafia que domina la región, y sirvió para presentar a bombo y platillo un plan antimafia cuya novedad más importante es la creación por decreto ley de una agencia nacional que gestionará los bienes incautados al crimen organizado.

El titular de Interior, Roberto Maroni, explicó que, en los 19 meses de Gobierno, el Estado ha embargado 12.111 bienes muebles e inmuebles a las mafias, por un valor de 7.000 millones." (El País, ed. Galicia, internacional, 29/01/2010, p. 10)

"Aquí todos los clubes tenían un socio policía"

"Según el colectivo lucense Donas de Nós, lo que sorprendía era que la mecha llevase tantos años encendida y la bomba nunca explotase. "Todos los que trabajamos por las prostitutas sabíamos por ellas, pero no teníamos medios para demostrarlo, que en Lugo lo normal era que en los clubes se diesen los chantajes y los malos tratos, y que todos los negocios tuviesen un socio policía o guardia civil, que aportaba capital y que además daba soplos y garantizaba el papeleo y la ausencia de inspecciones", denuncia Luz Outeiral, portavoz de esta coordinadora feminista. "Sabíamos que, en concreto, en clubes que ahora están precintados, para no dejarles marcas de las palizas y golpes a las chicas usaban toallas mojadas". (...)

La mayoría de los presos (dueños, encargados, otros responsables de los clubes y alguna compañera de éstos) se encuentran recluidos en la penitenciaría de Bonxe, entre ellos también el propietario del Volvoreta, el ex guardia civil Manuel Fernández. En el módulo para agentes del orden de Monterroso permanecen el primero que cayó, Armando Lorenzo, cabo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y el inspector de la Policía Local y ex jefe de la brigada nocturna José Ramón Vázquez Río. Sólo una brasileña fue trasladada al módulo de mujeres de Teixeiro después de que ella misma pidiese el alejamiento respecto de otros dos apresados.

Los agentes que investigan la trama han entrado en pisos, en clubes, el despacho de un abogado, la Comandancia de la Guardia Civil, la Comisaría de la Policía Nacional y la Oficina de Extranjería. Más allá del secreto del sumario se sabe que la jueza persigue un supuesto negocio que va de la inmigración ilegal, los abusos y la extorsión con vídeos sexuales a la manipulación de los expedientes de extranjería y el narcotráfico." (El País, 15/11/2009)

Los amaños en los partidos de fútbol

"La Federación remite a la fiscalía un informe de la UEFA que pone bajo sospecha a varios jugadores y equipos de distintas categorías supuestamente involucrados en apuestas ilegales.

El escándalo de las apuestas ilegales en Europa ha salpicado de lleno al fútbol español, hasta ahora supuestamente libre de sospechas. Así se desprende, al menos, de la decisión tomada ayer por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que acordó la apertura de un expediente disciplinario deportivo contra diversos futbolistas que poseen "licencia para participar en las competiciones oficiales nacionales".

La UEFA, a través de una investigación global en el fútbol europeo, alertó a la RFEF de la existencia de infracciones eventualmente cometidas por deportistas que habían apostado especulando con el resultado de los propios partidos que disputaban y de otros encuentros. Según supo ayer este periódico por fuentes federativas, se trataría de una veintena de futbolistas pertenecientes a equipos de Primera División, de Segunda, entre ellos al menos dos del Rayo Vallecano, y de categorías inferiores. (...)

A última hora de ayer, la web del Las Palmas, equipo supuestamente implicado por su partido ante el Rayo, admitía que hay siete jugadores investigados, entre ellos el portero del Zaragoza López Vallejo, y el rayista Francisco Medina Luna, Piti, que no participó en el partido. El resto de la lista, siempre según el club canario, la completarían Francisco Javier Suárez Lizano, Mario Gómez Atanet, Juan Carlos Ceballos Pinto, Raúl Lucha Hurtado, Javier Monteys Verdaguer, todos de categorías inferiores. La web del Las Palmas también asegura que la RFEF le ha dado traslado de la decisión de incoar procedimiento disciplinario extraordinario al club amarillo y al Rayo Vallecano. (...)

En julio, la UEFA envió una solicitud a la RFEF para que le enviara información sobre un partido de Segunda División de la pasada temporada que podría haber sido amañado por una presunta trama de apuestas. El sorprendente aumento del volumen del dinero jugado hizo sospechar que el encuentro en cuestión era el Las Palmas-Rayo de la jornada 41, disputado el pasado 13 de junio. El partido acabó con 0-0, un resultado válido para los dos equipos. Porque, a los canarios, ese punto les salvaba del descenso, mientras los madrileños conseguían que su portero Cobeño ganara el trofeo Zamora. En el partido hubo silbidos del público ante la falta de jugadas de peligro, incluso se oyeron gritos de "¡tongo!". Pepe Mel, entrenador del Rayo, llegó a preguntar a sus jugadores en el descanso si habían llegado a algún acuerdo con los rivales para pactar al resultado. La respuesta fue negativa.

Entre los motivos por los que ese partido fue investigado por la UEFA estuvieron las supuestas apuestas que un jugador del Rayo realizó en varias terminales de las localidades madrileñas de Leganés y Villalba. Los primeros datos apuntan a que ese futbolista y gente cercana a éste apostaron varias veces por el 0-0, por lo que la casa de apuestas decidió bloquear esa variante y avisar a la UEFA. Sin embargo, tras el partido, el árbitro del mismo, Lizondo Cortés, declaró: "Si veo algo extraño y lo considero oportuno puedo parar un partido, pero yo no vi nada raro". (...)

El pasado 20 de noviembre fueron detenidos 17 estafadores (15 en Alemania y dos en Suiza) relacionados con el supuesto amaño de partidos de Champions, Copa de la UEFA y nueve torneos nacionales de Europa. La operación fue liderada por la fiscalía alemana, que investigó 200 partidos." (El País, ed. Galicia, deportes, 02/12/2009, p. 47)

"El negocio emergente de las empresas 'online' dedicadas al juego se ha convertido en una tentación para bandas sin escrúpulos dispuestas a alterar los resultados de los acontecimientos deportivos.

El comisario de policía hizo una descripción muy sencilla del asunto: "Los estafadores están en Europa, los apostantes en Asia y el dinero se reparte en Berlín". El policía hablaba de fútbol y daba cuenta de los resultados de una profunda investigación que concluyó a primeros de diciembre con el arresto de 17 personas y ponía en tela de juicio la limpieza de un total de 200 partidos de fútbol disputados en diversos países de Europa.

Según los expertos de la policía alemana, grupos criminales de diferentes nacionalidades han encontrado en las apuestas deportivas por Internet un medio muy rentable para hacer dinero con riesgos limitados. La metodología era igualmente sencilla: actuaban sobre apuestas seguras a partir de partidos cuyo resultado estaba amañado. (...)

Ya no son dos directivos los que acuerdan un resultado o los que envían a un tercero a comprar a un jugador. La investigación de la fiscalía de Bochum coloca en el escenario a hombres sin escrúpulos capaces de comprar al médico de un club para que ponga sedantes en las bebidas de los jugadores, a los camareros de un hotel para que introduzcan drogas en las comidas o, sin ir más lejos, capaces también de secuestrar o asesinar a los intermediarios. (...)

Salvo un encuentro de la Champions League -el KF Tirana (Albania)-Stabaek (Noruega) que acabó con un rotundo 4-0 a favor de los noruegos-, un grueso de los casos corresponden a encuentros de la tercera y cuarta división alemanas, o de la segunda de Bélgica, Austria y Suiza, además de la liga eslovena, lituana, turca, croata, bosnia y húngara. La explicación es bien sencilla también: son competiciones donde los jugadores ganan poco dinero y son más accesibles a recibir compensaciones en torno a los 20.000 euros, como ha sucedido durante los casos investigados.

Sean partidos de mayor o menor nivel, trátese del fútbol o de cualquier otro deporte, el escenario es novedoso: las apuestas deportivas por Internet, también conocidas como apuestas online, un negocio en expansión que atrae, según algunos estudios, a tres millones de europeos y que carece de regulación en la mayoría de los países europeos. Es un negocio al que la prohibición no parece afectarle porque opera a través de Internet. He ahí la cuestión: los casinos online están prohibidos en Estados Unidos y siguen siendo los norteamericanos unos de los principales clientes de empresas, algunas de las cuales están domiciliadas en lugares como Gibraltar o Malta. (...)

De no mediar las apuestas online, nadie habría reparado en los dos casos españoles objetos de sospecha. Ambos se produjeron en la misma fecha: el 13 de junio de 2009. Se jugaban dos partidos de la Segunda División española, en su penúltima jornada: el Las Palmas-Rayo Vallecano y el Alavés-Alicante. Dos de los equipos, Las Palmas y Alavés, se jugaban el descenso a la Segunda B. Al Las Palmas le bastaba con un empate. El Alavés necesitaba algo más: ganar al Alicante y que el Las Palmas perdiera con el Rayo para acudir con posibilidades a la última jornada.

El Alavés ganó al Alicante (1-0), equipo este que ya estaba descendido y no se jugaba nada. Y Rayo y Las Palmas empataron a cero, así que se salvó el equipo canario. El empate a cero era un resultado aceptable para ambos equipos: para el Las Palmas porque se salvaba y para el Rayo porque su guardameta, Cobeña, se convertía, de no recibir un tanto, en el portero menos goleado de la categoría: era un premio que buscaba un equipo que no se jugaba nada más importante sobre el terreno." (El País, Domingo, 03/01/2010, p. 6/7)

Fondos europeos beneficiaron a firmas del delegado de la Xunta en Ourense

"Un juzgado de Ourense ha ampliado la investigación por supuesto fraude en el reparto de fondos europeos contra el actual delegado de la Xunta de Galicia en la provincia, Rogelio Martínez, del PP. El PSOE ha entregado al juez facturas de pagos a empresas de Martínez con cargo a subvenciones europeas. La pasada primavera, una sentencia de la Audiencia Nacional ya acreditó que Martínez certificó falsamente obras nunca realizadas para cobrar 54.000 euros en ayudas de la UE para un organismo local que él presidía.

Las facturas en poder del juez acreditan pagos, entre 2000 y 2001, por valor de al menos 6.000 euros a un restaurante del delegado de la Xunta y a una agencia de viajes de un hermano suyo. El Ayuntamiento de Arnoia, del que Martínez era alcalde cuando sucedieron los hechos, tampoco ha podido justificar el destino dado a otros 64.908 euros procedentes de la Unión Europea." (El País, 06/01/2010)

El ex alcalde de Llíber cobró casi un millón por licencias ilegales. El ex aparejador municipal percibía hasta 25.000 euros por informe

"El principal cerebro del caso Llíber, el constructor Miguel Muntaner pagaba al ex alcalde del municipio José Mas, del PP, 3.000 euros por cada licencia "que informaba favorablemente" y que finalmente se concedía para la construcción de viviendas ilegales en suelo rústico, según declaró ante una juez de Dénia.

Durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Llíber (Alicante) entre 1999 y 2003, Mas dio permisos para edificar 300 casas (por las que percibió 900.000 euros) en una trama por la que permanece en prisión desde diciembre junto al ex aparejador municipal Amadeo Signes. Este llegó a cobrar hasta 25.000 euros por los informes técnicos para habilitar las construcciones. Muntaner está en libertad provisional tras pagar una fianza de 100.000 euros. (...)

En la trama, según Muntaner, también habría desempeñado un papel fundamental el ex aparejador municipal Amadeo Signes. El constructor señaló que, según le dijo al alcalde, "todo había que hacerlo con él, si no, ya no emitía ningún informe favorable".

Muntaner relató que el ex funcionario fue aumentando la cuantía de las dádivas que exigía y que si al inicio de la trama, sobre el año 2000, cobraba entre "200.000 y 300.000 pesetas" [1.200 y 1.800 euros] a cada constructor implicado, percibió ya 25.000 euros por los últimos informes favorables que realizó para las casas ilegales. El promotor declaró que para sus promociones en Llíber abonó a Signes 100.000 euros por 15 licencias." (El País, ed. Galicia, España, 9/01/2010, p. 12)

El juez de Gürtel investiga seis años de viajes privados de cargos del PP

"El juez principal del caso, Antonio Pedreira, está analizando a través de los investigadores policiales una ingente documentación sobre viajes privados de diversos dirigentes del PP. Cuando inspeccionaron las empresas de Correa, los investigadores dieron con las señas de una nave industrial en Alcorcón (Madrid), concretamente en la calle de Arganda del polígono Ventorro del Cano.

Allí estaba prácticamente toda la documentación de la actividad de Pasadena viajes, la agencia de Correa que se convirtió en la proveedora oficial del PP durante años. Pasadena organizaba todos los viajes del partido y del presidente, José María Aznar, e incluso las campañas electorales con los periodistas.

Lo más relevante de esa documentación son los viajes privados de dirigentes del PP, que aprovechaban esta agencia para contratarlos. Algunos de ellos aparecen como no pagados, esto es, como regalos de Pasadena al partido para ganarse su confianza.

Entre la documentación incautada hay una fotocopia del carné de identidad de Mariano Rajoy, el líder del PP. Uno de los últimos encargos que Pasadena tuvo con el PP, antes de que rompieran relaciones porque Correa utilizó el nombre del partido para obtener ventajas en distintas adjudicaciones en la sierra de Madrid, fue el de un viaje a Canarias que, según la versión oficial, el partido le regaló a Rajoy para que descansara después de la campaña electoral de 2004, en la que perdió frente a José Luis Rodríguez Zapatero. Ese viaje aparece como no pagado.

El PP sostiene que sí se pagó, pero no aporta ninguna documentación que acredite ese hecho. En cualquier caso, portavoces oficiales del PP señalan que si Pasadena no cobró ese viaje cuando liquidó deudas con el PP, al romper la relación, es su responsabilidad, y creen que el asunto es, en cualquier caso, menor." (El País, ed. Galicia, España, 12/01/2010, p. 11)

Los astilleros de los narcos

"Según su informe, se ha constatado la existencia de un grupo de individuos, liderados por Vázquez Roma, que se han organizado "con la finalidad de introducir ingentes cantidades de sustancias estupefacientes en España, empleando para ello medios muy sofisticados de comunicación y de transporte, haciendo alarde de una capacidad económica y organizativa de máximo nivel".

Este grupo, según el informe, estaba diversificado en dos ramas, la dedicada al transporte de droga y su descarga, y la de blanqueo de dinero, amparada en la actividad del astillero de Viana do Castelo (Portugal), Vianapesca. La empresa tenía como objetivo hacer aflorar al mercado legal los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas y la construcción de las embarcaciones para el narcotráfico.

El astillero de Vázquez Roma no sólo servía para blanquear dinero, sino que atendía pedidos de narcotraficantes como Manuel Abal Feijóo, Patoco, o el portugués Carlos Alfonso Pereira, además de los carteles colombianos dedicados al transporte de cargamentos desde África a la Península.Tomando como base el económico de la Agencia Tributaria, en dos años, el astillero construyó más de 70 embarcaciones. Parte de estas lanchas y planeadoras fueron vendidas sin declaración oficial, directamente a redes involucradas en el tráfico de drogas y a empresas náuticas que hacían las veces de intermediarias. Algunas de estas empresas, como Náutica Óscar, Náutica Sánchez, Náutica Bel Air, o Náutica Aquasport, aparecen implicadas en procedimientos penales.

La sociedad mercantil Sea Rib's, con domicilio en Vigo, figura en la investigación como la encargada de comercializar la producción legal del astillero de Vázquez Roma. Pero en la documentación intervenida por Hacienda, de las 21 lanchas adquiridas por la citada sociedad en 2006, sólo coinciden las esloras en tres de ellas y además una fue intervenida con un alijo de hachís.

Asimismo, en 2007, aparecen registradas 47 ventas de lanchas de Vianapesca a Sea Rib's y 51 de esta última a terceros. Además, sólo coinciden los datos y número de identificación de 28. Una incluso aparece vendida a dos personas con antecedentes penales por comercio de embarcaciones con narcotraficantes.

Tanto Ramiro Vázquez como su hombre de confianza en el astillero, Jorge Lorenzo Santiago, conocían el destino de las lanchas, según las conversaciones intervenidas por el Servicio de Aduanas a ambos. En una de ellas se refieren en concreto a una embarcación de 25 metros de eslora que fue incautada en el astillero y que había sido fabricada por encargo del narcotraficante colombiano Sebastián Sanín Salazar. (...)

La droga vino directamente desde Venezuela y pasó por Guinea-Bissau, en el golfo africano de Guinea. Allí estuvo almacenada antes de que un barco pesquero, que el propio Ramiro Vázquez se ocupó de buscar, la recogiese en alta mar. Dos planeadoras, que se hicieron a la mar desde el embarcadero del astillero Vianapesca, la recogieron más tarde." (El País, ed. Galicia, Galicia, 28/12/2009, p. 1)

Detenidos tres empresarios en El Ejido por corrupción

"La concesionaria de limpieza está vinculada con la red de malversación.

Los tres dueños del Grupo Lirola, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de El Ejido, fueron detenidos ayer por su presunta implicación en la trama de corrupción destapada en este municipio almeriense a raíz de la Operación Poniente que, el 20 de octubre, se saldó con el arresto de 20 personas, entre ellas el alcalde, Juan Enciso; el interventor accidental, José Alemán, así como los empresarios José Antonio Galán y José Amate, quienes permanecen en prisión. (...)

La detención de los miembros de este clan estaría relacionada con pagos periódicos no justificados de alrededor de 60.000 euros al interventor accidental del consistorio, considerado el auténtico cerebro del entramado de empresas tapadera gestado en torno a Elsur, sociedad participada en un 30% por el Ayuntamiento, que subcontrataba trabajos a precios inflados a empresas dirigidas por personas afines al primer edil. (...)

El grupo empresarial de los Lirola obtuvo un contrato con Elsur para el que no había asignado trabajador alguno, por un montante anual superior a los 800.000 euros. Además, se sospecha que el Grupo Lirola podría haber efectuado trabajos privados en propiedades de los implicados en la trama y de dirigentes políticos.Los miembros de este clan, el quinto involucrado en la operación tras los arrestos previos de Enciso, Alemán, Galán y Amate junto a 14 miembros de sus familias, pasarán hoy a disposición de la juez instructora, Montserrat Peña. Mañana está previsto que declare el alcalde de El Ejido a petición propia." (El País, ed. Galicia, España, 29/12/2009, p. 13)

Declarada ilegal un área de ocio de la familia del juez decano de A Coruña

"La Xunta ordena demoler la piscina y varios bungalós por ser suelo protegido.

Una piscina de 12 metros de largo, un campo de fútbol, dos casetas prefabricadas asentadas sobre un asfaltado de hormigón y equipadas de aseos, sofá, mesa de ping-pong, otra de comedor, nevera y televisión. Son "las instalaciones de ocio-recreo" construidas por la familia del juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, en una finca de su madre situada en el municipio coruñés de Paderne, y declaradas ilegales por contravenir las normas urbanísticas, tanto autonómicas como locales, según determinó la Xunta, a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/12/2009, p. 1)

Hacienda lanza la mayor operación contra el blanqueo en las Rías Baixas

"Bienes por valor de 150 millones de euros, objetivo de los embargos masivos.

(...) El objetivo es embargar bienes de procedencia ilícita valorados en más de 150 millones de euros. La operación contra las fortunas de seis clanes del narcotráfico se ha desglosado en otros tantos procedimientos judiciales para agilizar el embargo de propiedades, sociedades y cuentas bancarias tras unas investigaciones que se iniciaron hace más de dos años y cuya instrucción permanece en secreto.

Por primera vez, se han empleado nuevos métodos para llegar al comiso de los bienes obtenidos con dinero del narcotráfico mediante delitos fiscales y de blanqueo de dinero. No ha habido detenciones, ni escuchas telefónicas previas, ni operaciones antidroga que preceden a complejas investigaciones económicas, solamente informes de Hacienda sobre patrimonios sospechosos que no se corresponden con las rentas declaradas al fisco y sobre sociedades que se están empleando a modo de tapadera.

Una de las propiedades embargadas, valorada en medio millón de euros, está registrada a nombre de los padres del presunto narcotraficante Guillermo Abalo Maneiro. Fue ésta la que levantó la liebre a los inspectores de Hacienda. El chalé está situado en el lugar de As Pías (Vilagarcía) y sus dos moradores son jubilados.Abalo Maneiro habría utilizado también como testaferros a otros familiares para ocultar propiedades inmobiliarias y varias bateas que supuestamente fue adquiriendo con los beneficios del tráfico de drogas. Otro de los presuntos narcotraficantes al que se le comunicó el embargo de sus bienes es Luis Tirado González, un taxista de Cambados detenido en varias operaciones antidroga. Una de las propiedades que están en el punto de mira es un edificio en Caldas de Reis.

Siguiendo el rastro del dinero realizado por Hacienda, también han aparecido depósitos bancarios en Luxemburgo, Alemania y Reino Unido, aunque las investigaciones no pretenden llegar a ningún paraíso fiscal para no dilatar los procesos y que éstos se eternicen en los juzgados.

En casi todos ellos, la mecánica de blanqueo es similar. Compra de terrenos, chalés y negocios, principalmente del ramo de la hostelería y tiendas de ropa, que funcionan como tapaderas legales. Sólo una de las propiedades investigadas está valorada en 6 millones de euros.

Tirando de la madeja del fraude fiscal, similar a la que permitió la captura de Al Capone, están bajo sospecha los ahorros de otros conocidos narcotraficantes, algunos en prisión o ya fallecidos, y más de 50 empresas habrían sido utilizadas para realizar operaciones de blanqueo, principalmente promotoras inmobiliarias, según fuentes de la investigación.

Precisamente han sido los testaferros de estos patrimonios los que pusieron en alerta a los inspectores de Hacienda cuando comprobaron el enorme desfase que existía entre lo que declaraban y lo que en realidad aparece a su nombre en los catastros, registros de la propiedad, sociedades y en constructoras donde han invertido en la compra de inmuebles, algunos sin terminar." (El País, ed. Galicia, Galicia, 14/11/2009, p. 1)

Un arrepentido destapa a uno de los nuevos capos de Arousa

"El procesamiento de 28 personas supuestamente relacionadas con una organización liderada por el empresario de Vilagarcía Óscar Manuel Rial Iglesias, El Pastelero, ha hecho temblar los cimientos de una de las dos bandas que acaparan el tráfico de drogas de Arousa. Las acusaciones inculpatorias de un testigo protegido, en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, forman parte de una investigación de gran calado contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero en Galicia, cuyas ramificaciones alcanzan África y Suramérica.

La red destapada movía anualmente 10 toneladas de cocaína, importada desde Colombia. Además, y esto la convertía en única, traía hachís desde Marruecos. La Policía Nacional llevaba tres años tras el rastro de la banda de El Pastelero, aunque no lo había conseguido implicar en ningún cargamento de droga. En la cúpula de la organización, comandada por uno de los nuevos capos de Arousa, también aparecía José Constante Búa, Costiñas, un antiguo operario del histórico narco Sito Miñanco, y el ya famoso piloto de planeadoras de Vilanova de Arousa José Andrés Bóveda, Charli. La infraestructura marítima de El Pastelero incluía a dos lancheros, los hermanos Carlos y Francisco Cañón García, Os Cañóns. Francisco Padín Fernández, Fran el Pardillo, es otro de los procesados.

El auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco implica directamente a estos hombres en el transporte de 3.500 kilos de cocaína, que funcionarios de Vigilancia Aduanera apresaron en el pesquero San Miguel. Los 12 tripulantes del barco, con base en un puerto venezolano, también se encuentran sometidos al proceso judicial. El magistrado apartó de la operación a Aduanas después de que el testigo protegido acusase, con nombres y apellidos, de presunta corrupción a responsables de los servicios en A Coruña y Vilagarcía. (...)

Esta importante red movía un promedio anual de 10 toneladas de cocaína y es prácticamente la única que importaba esta sustancia desde Colombia y hachís desde el Magreb. Desde 2006, la policía le pisaba los talones sin poder implicarles en ningún cargamento. En la jefatura de esta banda también aparece implicado un histórico narco de Cambados y antiguo operario de Sito Miñanco, José Constante Piñeiro Búa, Costiñas, de 53 años, y José Andrés Bóveda, apodado Charli y Sandokán, famoso piloto de planeadoras de Vilanova de Arousa desde las épocas del contrabando de tabaco.

Vinculados con la infraestructura marítima de esta banda están dos conocidos lancheros de A Illa, los hermanos Carlos y Francisco Cañón García, apodados Os Cañóns, que supuestamente iban a recoger los cargamentos a alta mar y luego los desembarcaban en puntos de las rías gallegas. Otro de los procesados es un destacado operario de la organización, Francisco Padín Fernández, apodado Fran el Pardillo. (...)

Las imputaciones sobre los aduaneros obligaron al juez a encargar a la policía una investigación paralela por blanqueo de capitales sobre los integrantes de esta organización y sus familiares más próximos. Las enormes cantidades de dinero que movía este extenso clan podrían tener ramificaciones en países africanos y de Suramérica, donde habrían invertido suculentas rentas del narcotráfico. Aunque una parte del sumario aún está secreto, por el momento Velasco también amplía los cargos contra la banda por blanqueo y junto a El Pastelero ha procesado a su mujer, Clotilde Castelo Baúlde, y a su hermano Gerardo Rial Iglesias. También procesa por el mismo delito a Costiñas, a su padre, Eugenio Piñeiro Martínez; a un hermano, Francisco Piñeiro Búa y a otro familiar, Isabel Ambrós Rial. Y en relación a Charli, están imputados su mujer, Mercedes Rodríguez Fajardo, y sus hijos Rodrigo Bóveda Rodríguez y María Deisy Bóveda.

Las elevadas fianzas, que superan los 1.000 millones de euros, que ha fijado el juez para los imputados han desencadenado el embargo de los bienes, empresas y sociedades que estaban a nombre del clan. A través de los juzgados de Vilagarcía y Cambados, los procesados serán notificados para que los días 2, 3 y 4 de diciembre se personen en la Audiencia Nacional para declarar ante el juez instructor y el fiscal antidroga de esta jurisdicción." (El País, ed. Galicia, Galicia, 19/11/2009, p. 1/2)

Un mafioso arrepentido vincula a Berlusconi con la Cosa Nostra

"La clave del relato llega en ese momento. Spatuzza recuerda una cita en 1994 con su capo directo, en Roma: "Me encontré con Giuseppe en el bar Doney de Vía Veneto, estaba contento como si le hubiera tocado la lotería. Nos sentamos y me dijo que teníamos que matar a unos cuantos carabineros para dar el golpe de gracia. Que habíamos obtenido todo lo que buscábamos gracias a la seriedad de las personas que habían llevado adelante esta historia, y no como esos cuatro cornudos socialistas que habían recogido nuestros votos en 1988 y 1989 y luego nos habían hecho la guerra", dijo.

"Me dio dos nombres, entre ellos el de [Silvio] Berlusconi", afirmó el pentito. "Yo pregunté si era el de Canale 5 y me dijo que sí, y que también estaba un paisano nuestro, Dell'Utri. Graviano dijo que gracias a la seriedad de estas personas teníamos el país en nuestras manos".

¿Por qué tardó tanto tiempo en hablar de Berlusconi y Dell'Utri?, inquiere el fiscal. "Mi miedo a hablar del primer ministro era y es mucho. Cuando comencé a hablar con los fiscales antimafia, Berlusconi era primer ministro, y ministro de la Justicia uno [Angelino Alfano] que yo consideraba vice de Marcello Dell'Utri", respondió Spatuzza, quién comenzó a alejarse de Cosa Nostra en 1999." (El País, ed. Galicia, internacional, 05/12/2009, p. 6)

"La mafia invirtió en los negocios inmobiliarios de Berlusconi en Milán, según un testigo clave. Massimo Ciancimino, el hijo del ex alcalde de Palermo, revela que el Estado protegió al capo de Cosa Nostra, Bernardo Provenzano.

Massimo Ciancimino, hijo del ex alcalde mafioso de Palermo, Vito Ciancimino, ha declarado hoy en la sala búnker de la cárcel de Palermo ante los jueces que investigan si hubo negociación entre el Estado y la mafia siciliana a principios de los años noventa. Ciancimino ha asegurado que su padre y otros capos de la mafia invirtieron dinero en Milano 2, el proyecto inmobiliario con el que un joven Silvio Berlusconi -eran los años setenta- empezó su triunfal carrera. "Mi padre estaba muy próximo a mafiosos que tenían una gran capacidad empresarial, como Salvatore y Antonino Buscemi y Franco Bonura. Juntos invirtieron dinero en un gran proyecto en la periferia de Milán que luego se conoció como Milano 2", ha dicho Ciancimino.

El hijo del político mafioso ha explicado que obtuvo esa información directamente de su padre y a través de la lectura de sus agendas. Su testimonio se basa en su experiencia personal (trabajó como secretario de confianza con su padre) y en los documentos que el político depositó en diversas cajas fuertes antes de morir en 2002.

Ciancimino ha afirmado además que el capo siciliano Bernardo Provenzano estaba protegido por un acuerdo alcanzado entre la mafia y los servicios secretos en el que medió su padre. "Provenzano disfrutaba de inmunidad gracias a ese pacto. Era fugitivo, pero se movía libremente, no podía ser arrestado". (...)

En el proceso de Palermo están acusados de favorecer a Cosa Nostra dos altos jefes de los carabineros, el general Mario Mori y el coronel Mauro Obinu, imputados por no haber detenido a Provenzano, pudiendo hacerlo gracias a un soplo, el 31 de octubre de 1995.

Según Ciancimino, la negociación entre los servicios secretos y Cosa Nostra empezó a fraguar entre mayo de 1992 (fecha del asesinato del juez Falcone) y la captura de Totò Riina en enero de 1993, y su padre y Provenzano participaron en ese pacto.

El acuerdo preveía el fin de la onda de atentados a cambio de algunos beneficios para los capos mafiosos. Según la fiscalía de Palermo, el pacto secreto entre la cúpula de Cosa Nostra y una parte de las instituciones permitió a Provenzano mantenerse en libertad hasta el 11 de abril de 2006.

Ciancimino ha contado además que la mafia siciliana tenía a su servicio desde los años ochenta a un alto magistrado, en concreto el entonces presidente de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Supremo Corrado Carnevale. "En 1990, mi padre consiguió anular una orden de detención emitida por el juez Grillo contra él gracias a los contactos que tenía en el Supremo", ha dicho Ciancimino.

Carnevale es un juez siciliano que según Gaspare Mutolo, un colaborador de la justicia, tenía una relación especial con el ex líder democristiano Giulio Andreotti. Condenado por asociación mafiosa en 2001 tras anular cerca de 500 sentencias contra miembros de Cosa Nostra (era conocido como 'El Matasentencias'), Carnevale acabó siendo absuelto en el Supremo por falta de pruebas. Gracias a una norma aprobada en 2003 por el Gobierno Berlusconi, se reintegró a la carrera, y hoy ejerce como juez de la sección civil." (El País, 01/02/2010)

La 'cara oculta' de la corrupción en Portugal

"Un escándalo de corrupción de proporciones desconocidas afecta a varias empresas públicas y directivos vinculados al Partido Socialista (PS). (...)

...el ministro de Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, anunciaba una auditoría a todas las empresas estatales presuntamente implicadas en una red de tráfico de influencias y sobornos. Uno de los principales sospechosos de la trama es Armando Vara, de 55 años, vicepresidente del Millennium BCP, primer banco privado del país (participado en un 4,75% por el Banco Sabadell), ex ministro socialista e íntimo amigo del primer ministro, según ha reconocido el propio Sócrates. (...)

La investigación permitió descubrir que Godinho creó un esquema para beneficiarse en las licitaciones de grandes empresas de la órbita del Estado para la recogida y tratamiento de residuos industriales.

El 25 de mayo pasado, los hombres de la UPAT apostados en un vehículo estacionado en la calle captaron todo lo que pasó en el despacho de Armando Vara, en el edificio central del BCP en Lisboa. Aquel día, el empresario Godinho entregó al banquero un sobre con 10.000 euros en billetes. Pero las implicaciones del alto directivo del primer banco privado de Portugal van mucho más allá de este monto. Vara es un peso pesado del PS que ya estuvo implicado en otro escándalo cuando ocupaba la cartera de Deportes. El entonces presidente, Jorge Sampaio, pidió su salida del Ejecutivo.

La investigación siguió su curso con sigilo, hasta que el 28 de octubre la Policía Judicial lanzó en varios puntos del país la operación Face Oculta [cara oculta] para desarticular una red de corrupción que tenía su origen en el grupo empresarial O2, de tratamiento de residuos industriales en el municipio de Ovar, que preside Manuel Godinho. Este empresario, que hizo sus pinitos en el negocio de recogida de chatarra, está imputado de los delitos de corrupción, tráfico de influencias, asociación para delinquir, robo calificado y fraude calificado. Está en prisión provisional desde el 30 de octubre.

Durante la operación policial, los agentes de la PJ registraron una treintena de domicilios y centros de trabajo. Quince directivos del mundo empresarial y financiero están en situación de arguidos, figura jurídica portuguesa a caballo entre sospechoso e imputado. Dos de ellos declararon esta semana ante el juez de instrucción de Aveiro António Costa Gomes. En el primer interrogatorio, Manuel Godinho declaró que obtuvo préstamos del BCP para hacer frente a un agujero en las cuentas de su empresa de 15 millones de euros. Es de suponer que Armando Vara dio la luz verde a los créditos bancarios." (El País, Negocios, 08/11/2009, p. 27)

Garzón persigue por blanqueo a la familia Pinochet y al Banco de Chile

"El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón persigue a Lucía Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Óscar Custodio Aitken Lavanchy y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, que fue presidente del Consejo de Administración entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York. Les imputa un delito de blanqueo de dinero en conexión con otro de alzamiento de bienes.(...)

En septiembre de 2004, se amplió la querella por alzamiento de bienes contra Pinochet, su esposa y varios responsables del Banco Riggs, así como su abogado Óscar Custodio Aitken, que renunció a la defensa del general para poder defenderse a sí mismo.

El caso se archivó respecto al Banco Riggs, en febrero de 2005, después de que la entidad bancaria reconociese ante un tribunal de Washington (Estados Unidos) que había ocultado cuentas secretas de Pinochet y aceptase pagar un total de nueve millones de dólares, que era el montante de los fondos blanqueados por ese medio, a las víctimas de la dictadura militar chilena. El dinero fue gestionado por la Fundación Salvador Allende que lo distribuyó entre las víctimas.

Pero en abril de 2007 se presentó una ampliación de la querella por blanqueo de capitales contra varios altos responsables del Banco de Chile y dos de sus filiales Banchile Corredores de Bolsa SA y Banchile Administradora General de Fondos SA. El juez, sin embargo, reclamó a los querellantes que individualizaran la conducta de los responsables y que aportaran evidencias de las actuaciones de cada uno. La representación de la Fundación Española Presidente Allende presentó en julio de este año un informe de la Brigada investigadora de lavado de activos chilena, que determinaba la responsabilidad de cada uno de los imputados y en la que se cuantificaba en 77.348.374 dólares el dinero blanqueado." (El País, ed. Galicia, España, 30/11/2009, p. 12)

Los tesoreros del PP avisaron a Aguirre del pelotazo de Correa en Arganda

"En noviembre de 2004, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a la sazón gerente y tesorero nacional del PP, informaron a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido, Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de una parcela municipal (la 124), con respaldo de los principales cargos municipales del PP.

El presunto pelotazo de Martinsa, que la policía investiga como una de las operaciones ilegales de Correa, tiene los siguientes componentes: la parcela se vendió por 19 millones de euros menos del valor tasado oficialmente, era la mayor y mejor parcela municipal, ya que disponía de una boca de metro en el centro de sus 160.000 metros cuadrados; la adjudicación fue objeto de polémica entre las constructoras licitantes, y el sumario del caso Gürtel da pistas del presunto cobro de comisiones por sus gestores municipales.

En dicha operación, según denunciaron Bárcenas y Lapuerta ante Rajoy y Aguirre, se encontraban presuntamente implicados Francisco Correa; el alcalde de Arganda, Ginés López, que dimitió el pasado marzo; y el presidente de la sociedad de Fomento municipal responsable de la venta de la parcela, Benjamín Martín Vasco -los tres últimos posteriormente imputados en el caso Gürtel-; el empresario del sector audiovisual y constructor Pedro Pérez Fernández de la Puente y la empresa Martinsa. Un reciente informe policial, tras reflejar que Correa diseñó una estrategia para captar negocios urbanísticos en ayuntamientos madrileños del PP a cambio de comisiones, cita la adjudicación de una parcela municipal en Arganda a Martinsa.

Pero Aguirre no dio crédito, en noviembre de 2004, a la denuncia de Bárcenas y Lapuerta, quienes han declinado ofrecer su versión a este diario sobre su advertencia. Tampoco el líder del PP, Mariano Rajoy, ha aceptado confirmar los detalles de la denuncia interna que recibió y trasladó a Aguirre, cuya versión fue solicitada también sin éxito.

No obstante, varios cargos del PP han confirmado la existencia de esta alerta, que el partido puso en manos de Aguirre y ella desatendió. La denuncia partió de Bárcenas que, si bien ahora está investigado por el presunto cobro de dádivas de Correa, en aquel momento declaró la guerra a su antiguo amigo y se opuso al pelotazo urbanístico que tramaba. Este aviso influyó decisivamente para que Rajoy declarara a Correa persona no grata en Génova, mientras que consejerías del Gobierno de Aguirre siguieron contratando sus servicios." (El País, ed. Galicia, España, 17/11/2009, p. 14)

El Tribunal de Cuentas pide sanciones a Unió por aceptar donaciones ilegales

"El tribunal explica las razones. Las donaciones recibidas por este partido ascienden a 1.611.800 euros, de los que 60.101,21 corresponden a donativos nominales de personas jurídicas y, el resto, 1.551.698, a donativos anónimos. Todas esas aportaciones se han realizado a través de una cuenta corriente abierta para esa finalidad (es decir, para recibir las donaciones opacas) como obliga la ley. "Se han recibido por caja 260.200 euros, lo que incumple la obligación de que este tipo de ingresos se abonen exclusivamente en cuentas de entidades de crédito específicas".

Dicha cuantía se desglosa en tres partidas registradas en concepto de donativos anónimos, "de la que hay que destacar una por importe de 196.000 euros, que sobrepasa la cuantía de 60.101,21 euros que establece la ley para las aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica". La cantidad de la sanción se obtiene de restar los 60.101,21 euros que permite la ley a los 196.000 recibidos y multiplicar por dos la diferencia. Ése es el castigo.2 (El País, ed. Galicia, España, 28/01/2010, p. 16)

Henkel se libra de las sanciones a Puig, Colgate y Sara Lee de formar un cartel

"Delatar a una empresa competidora con la que se está cometiendo cartel (reparto de mercado o acuerdo de precio) tiene premio. Ayer la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) impuso una multa de 8,2 millones de euros a Puig, Colgate y Sara Lee, por instrumentar y mantener un cartel del mercado del gel de baño que nació en 2005. (...)

En esta ocasión ha sido Henkel la que delató al cartel. Con ello, la multa que le correspondía de 4,2 millones de euros ha quedado anulada. Mientras, Sara Lee, que colaboró posteriormente en la investigación, ha visto reducida la sanción de 6,1 millones que le correspondían a 3,7 millones. Por su parte, Colgate ha sido multada con 2,1 millones de euros y Puig con otros 2,4 millones. Suman entre las tres 8,2 millones de euros y estudian recurrir la sanción. (...)

La investigación de la CNC ha concluido que las empresas adoptaron el acuerdo entre ellas en diversas reuniones entre los máximos directivos de las firmas. Consistió en un aumento encubierto de los precios del gel de baño y ducha (algo más del 15%), para lo que se acordó la implantación progresiva de un contenido del envase más pequeño sin variar el precio. Siguiendo este acuerdo, Henkel, Sara Lee y Puig redujeron entre junio de 2006 y mayo de 2007 en un 15% los envases de sus marcas Fa, La Toja, Magno, Sanex, Lactovit, Kinesia y Heno de Pravia. Colgate no llegó a reducir los envases en la fecha acordada." (El País, ed. Galicia, economía, 28/01/2010, p. 23)

El ex dueño de Burberry regulariza una deuda de 27 millones con Hacienda

"Eugenio Mora Olivella, ex presidente de Burberry en España, ha ingresado a Hacienda más de 27 millones de euros por la venta de la compañía en 2000, lo que constituye la mayor regularización fiscal que se ha producido nunca en España. La elevada tributación se explica porque Mora está imputado por delito fiscal desde 2005 en la causa que abrió el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras descubrir un paraíso fiscal en Jersey auspiciado por BBVA-Privanza, filial del banco español.

Mora era desde la década de 1960 el presidente de Burberry Spain y tenía el 60% de las acciones. En el año 2000 los accionistas vendieron todos sus títulos a General Universal Stores, la matriz mundial, y cobraron 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros) tras detraer los gastos de la operación. Mora ingresó 18.000 millones de pesetas (más de 108 millones de euros) y el dinero pasó por el paraíso fiscal de Jersey antes de acabar en Londres, donde residía.

La tributación de la venta se produjo en esa capital, tras el asesoramiento del Bufete Petrus, el despacho que registró Garzón y que permitió que afloraran los detalles de la venta y que avanzaran las investigaciones, de la que más tarde se desgajó la Operación Pretoria de corrupción política. Mora no está imputado en ese caso, aunque invirtió en algunos de los proyectos urbanísticos realizados en el área metropolitana de Barcelona. (...)

El pasado mes de julio, Mora depositó 27.165.154 euros en la cuenta del juzgado de Garzón por la venta de Burberry y por los rendimientos posteriores. La defensa considera que cuando se celebre el juicio se podría aplicar a su cliente la atenuante muy cualificada de reparación total del daño al haber regularizado su situación fiscal." (El País, ed. Galicia, economía, 26/01/2010, p. 19)

Multa a Fadesa por no controlar el blanqueo

"El Tribunal Supremo ratifica así una sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en la que declaraba probado que Martinsa-Fadesa eludió los controles del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales en diversas operaciones y durante varios años, antes de que la inmobiliaria coruñesa fuera comprada por el empresario Fernando Martín y, obviamente, antes de la crisis financiera que la llevó a la suspensión de pagos. (...)

La resolución de dicho departamento del Gobierno, que impuso sanciones a la inmobiliaria por importe de 275.000 euros, data de 2004, cuando la compañía todavía estaba en manos del empresario Manuel Jove. Las sanciones y amonestaciones aluden específicamente a "la negligencia de la compañía en el cumplimiento del deber de examen especial de operaciones", y al "incumplimiento de la obligación de establecer procedimientos y órganos de control interno", así como haber eludido "la obligación de identificar a sus clientes y conservar durante un período de seis años los documentos que acrediten adecuadamente la realización de las operaciones" señaladas.

Los servicios de inspección requirieron a la inmobiliaria determinados datos relativos a operaciones de transferencia de fondos y la entrega física de dinero en metálico, e incluso información sobre transacciones realizadas desde las oficinas que la compañía tenía en países como Marruecos, Portugal y Gran Bretaña. También solicitaron justificación de las operaciones de importe superior a 500.000 euros anuales, "o las que se hubieran analizado como potencialmente sospechosas". (El País, ed. Galicia, Galicia, 25/01/2010, p. 4)

Los 'hombres de honor' rusos

"lo largo del juicio pudo evidenciarse cómo actúa un jefe mafioso al estilo ruso, cómo ejerce su poder y disfruta del lujo sin que aparezca nada a su nombre. De ahí se desprenden conceptos como los de "autoridad" o "autoridad muy respetada", muy difíciles de concretar policialmente. Una autoridad (o un jefe mafioso, o un ladrón en la ley, como se utiliza en la jerga rusa) es alguien muy respetado que no toca el dinero. No tiene cuentas ni firma cheques, carece de propiedades a su nombre, no es accionista de sociedad alguna.

Siempre hay alguien que representa sus intereses. Y ésa ha sido la dificultad que ha debido superar la fiscalía: probar cómo detrás de algunas sociedades (para las que se utilizaban testaferros españoles), de compras de terrenos para construir mansiones o promover urbanizaciones en la Costa del Sol, estaban las órdenes de Kalashov, un hombre sin actividad conocida, que llegó a declarar en el juicio que era poco menos que un modesto "intermediario" en negocios relacionados con la venta de mármol." (El País, Domongo, 13/12/2009, p. 11)

Chantaje ecológico

"La detención de un militante ecologista que exigía dinero al Estado para abandonar recursos judiciales en los que se oponía a proyectos inmobiliarios ha desvelado una nueva modalidad de chantaje. Una práctica a la que se entregan a escala mundial los “grandes capos” de la ecología, según afirma el escritor Ivan Brezina.

Unos días antes de Navidad, Lubomír Studnička, miembro de la Asociación de Protección de la Naturaleza de Litoměřice (una ciudad checa situada en Bohemia del Norte) fue arrestado por chantaje. Según la policía, este autoproclamado “ecologista” utilizaba un método muy simple: Studnička emprendía en Litoměřice acciones legales contra todos los proyectos privados a su alcance bajo el pretexto de proteger la naturaleza. De esta forma, consiguió torpedear el proyecto para la construcción del nuevo puente sobre el río Elba y retrasar las obras de la autopista D8, que une Praga con Litoměřice. A cambio de abandonar la vía judicial contra esos inversores y sus proyectos, exigía “obsequios patrocinados”. Hasta el día en el que a los empresarios víctima de sus sobornos se les acabó la paciencia. Poniendo cara de aceptar el trato, uno de ellos informó a la policía, que hizo llegar a Studnička unos billetes falsos… Así fue como se hizo público el primer gran caso de soborno ecológico en la República Checa. Pero ésta es una práctica corriente entre las ONG ecologistas; la ley otorga a los “obstructores profesionales” importantes medios de presión sobre los inversores.

La detención de Studnička no es más que la punta del iceberg. ¿Cuántos casos similares jamás saldrán a la luz? El constructor de automóviles surcoreano Hyundai quería instalar una fábrica en la zona industrial de Nošovice Este. Los militantes ecologistas prepararon el terreno emprendiendo acciones legales, alegando que el proyecto supone una amenaza contra el medio ambiente, y contrataron los servicios de un gabinete de abogados especializados en “derecho medioambiental”. Saben perfectamente que explotando los vericuetos del procedimiento judicial y otros detalles administrativos, pueden congelar durante años cualquier proyecto inmobiliario. Los coreanos temían que la construcción de la fábrica se retrasase. A los activistas les bastó presentarse, con la mano extendida, diciendo: “¡Venga! Si somos gente razonable, seguro que llegamos a entendernos…” Y los coreanos estuvieron encantados de tener que financiar “un fondo de asignación para apoyar las iniciativas ciudadanas” gestionadas por los activistas, en el que han invertido 20 millones de coronas (alrededor de 750.000 euros). Oficialmente, ese dinero debe sufragar “proyectos que despierten la conciencia sobre la problemática del medio ambiente y su protección”.

Una multitud de vínculos lucrativos

Mientras el chantajista ecologista de base pide dinero discretamente, su alter ego globalizado (en una versión más maliciosa) exige sus sobornos abiertamente. Pero los peces pequeños, como los inversores locales, no interesan al maestro chantajista. Sabe que hasta que no haya sobornado a toda la humanidad, podrá seguir ganando, no ya millones, sino miles de millones de euros. No actúa sirviéndose de amenazas, sino jugando con el sentimiento de culpabilidad. Tomemos el ejemplo de Al Gore, el apóstol de las “verdades incómodas”. Con el fin de retrasar el calentamiento global del planeta, nos invita a adoptar un estilo de vida ''carbónicamente neutro”. Una de las empresas más influyentes en este negocio de la “redención del carbono”, que cuesta varios miles de millones, es la compañía londinense Generation Investment Management, cuyo fundador no es otro que el ex vicepresidente de Estados Unidos.

Les doy otro ejemplo. A finales de diciembre, en el momento en el que Lubomír Studnička era detenido, el periódico británico The Daily Telegraph describía con todo lujo de detalles las actividades privadas de Rajendra Kumar Pachauri, presidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). A los ecologistas y a los medios de comunicación les encanta presentar este organismo como “el grupo mundial de expertos independientes más importante del mundo”. Sin embargo, está comprobado que Pachauri no es un climatólogo, es ingeniero ferroviario. Y que además tiene un estrecho lazo económico con lo que llamamos “la industria de la protección del clima”: trabaja como consultor para numerosos fondos de inversión “verdes” y empresas dedicadas a la tecnología sostenible. De hecho, ocupa un puesto en el comité de vigilancia de la Bolsa del Clima de Chicago, que se dedica a comerciar con cuotas de carbono…" (Presseurop, Enero 25 2010, citando a Lidové noviny)

Una docena de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional han dado el paso a la actividad privada en el último lustro

"A nadie se le oculta que la escena no deja de ser chocante. Seis imputados en el caso Gürtel son defendidos por abogados que no hace mucho tiempo eran jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Media docena de los acusados en la Operación Malaya corren idéntica suerte, la misma que el ruso Kalashov, considerado como un poderoso jefe mafioso y juzgado el pasado mes de noviembre en España por blanqueo de capitales: el juicio oral celebrado en la Audiencia Nacional contó con la presencia de tres abogados que hace unos años estaban en el otro lado. El constructor Francisco Hernando, conocido como El Pocero, es cliente en algunos litigios de un ex fiscal, al igual que importantes empresas han puesto en manos de ex magistrados el destino de algunos contenciosos. El salto de jueces y fiscales a la actividad privada es una decisión lícita que no deja indiferente a nadie. ¿Es un problema ético o simplemente estético? (...)

Teniendo en cuenta que fiscales en la Audiencia Nacional superan escasamente los 20 y que hay 15 fiscales en Madrid en la Fiscalía Anticorrupción, cualquier fuga es sensible. El caso de la Fiscalía Anticorrupción es llamativo: tres fiscales han dejado su puesto en los últimos años (Carlos Saiz, Daniel Campos y Javier Sánchez Junco). En el caso de los dos primeros se produjo una circunstancia anecdótica. Ambos se sucedieron en la instrucción del caso Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón imputado por delito fiscal. Campos es el único ejemplo de viaje de ida y vuelta: años después solicitó su regreso a la fiscalía. (...)

No es de la misma opinión Rafael Jiménez Asensio, experto constitucionalista de la Universidad Pompeu Fabra: "Esto va más allá de lo estético. Jueces y fiscales establecen una diferencia radical frente a los abogados. El trasvase al sector privado les permite utilizar circuitos privilegiados porque, en definitiva, no son vistos como abogados exclusivamente, sino como personas con un cierto parentesco, como miembros que han sido de la carrera. Que luego utilicen o puedan utilizar dicha influencia es otra cosa". (El País, domingo, 17/01/2010, p. 11)

"Que me pague en 'b', que me hace mucha falta"

"Las formas son más toscas -160.800 euros bajo el colchón del alcalde, no en las Islas Caimán-, pero el daño al territorio, en forma de cientos de viviendas ilegales desgraciando un paisaje privilegiado, es también palpable.

El sumario del caso Arcos, sobre la corrupción en Alcaucín, localidad de 2.500 habitantes en la comarca de la Axarquía, revela cómo el ex alcalde socialista José Manuel Martín Alba, más conocido por su apodo de cantaor, Pepe Calayo, cometió supuestamente una miríada de trapicheos urbanísticos. Con la ayuda de José Chiqui Mora, jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña, el regidor certificó que en distintas parcelas del municipio había ruinas -que no existían en la realidad- para permitir la construcción de chalés sobre los falsos restos, única forma de que la construcción fuera legal. También falsificó la fecha de expedientes para legalizar casas irregulares o trató de modificar burdamente la normativa urbanística del pueblo para convertir en urbanizables terrenos rústicos.

Los favores no eran gratis. En una conversación grabada por la Guardia Civil, Chiqui Mora y el alcalde hablan de certificar como reforma de unas ruinas lo que en realidad era una vivienda de nueva planta. En un momento, Chiqui dice: "Pero Pepe, si esa casa no existía (...) que [los promotores] paguen lo que tengan que pagar (...) 1.000, 2.000 euros, págalos, que te has hecho una casa por la cara, coño". El regidor contesta: "Para poderse empadronar, a esa casa, que no estaba ahí antes hay que darle un número legal". Y el arquitecto Mora zanja: "¡Que lo pague y a tomar por culo! Que me pague en b, que me hace mucha falta" (...)

el promotor Francisco Llamas reconoció haberle pagado "al menos en una ocasión" 3.000 euros por un permiso para construir 61 apartamentos. En su despacho, la Guardia Civil halló plantillas para falsificar licencias de obra del Ayuntamiento de Alcaucín.

En los cinco mandatos que Pepe Calayo fue alcalde, con mayorías cada vez más absolutas, en Alcaucín se construyeron 1.064 viviendas ilegales, según la contabilidad de los ecologistas basada en fotos por satélite. El regidor hacía (y en ocasiones cobraba) pequeños favores que permitían a los promotores hacer grandes negocios. El promotor José Manuel Rico adquirió por 180.300 euros en 1999 un olivar. Cinco años más tarde, lo vendió por 6,77 millones a un grupo de empresas, pese a que la finca seguía siendo no urbanizable. Según la juez instructora, el empresario "por su amistad con el alcalde contaba con información privilegiada" y sabía que en el siguiente Plan General de Ordenación Urbana el olivar iba a ser reclasificado como suelo urbanizable. Alrededor de estos suelos se hicieron negocios por 27 millones de euros, según los investigadores. De momento, Pepe Calayo ha dicho que los 209.300 euros que se le han intervenido, la mayoría debajo de un colchón, son fruto de su trabajo "como alcalde, albañil y artista". (El País, ed. Galicia, España, 22/01/2010, p. 18)

El fiscal pide cárcel para el juez Urquía por vender favores

"El magistrado exigió ocho millones para levantar un embargo judicial

El magistrado Francisco Javier de Urquía se enfrenta a una petición del fiscal de dos años de cárcel y multas que superan los ocho millones de euros por dos delitos de prevaricación judicial y otros dos de cohecho que supuestamente cometió cuando instruía el caso Hidalgo. Según el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Urquía, "aprovechando su competencia como instructor de la causa, se puso de acuerdo con [sus amigos] Igor Mier y Arnaud Fabrice Albouhair (...) para obtener algún beneficio económico importante a cambio de ofrecer favores judiciales".

En su escrito, el fiscal cuenta el chantaje al que supuestamente fue sometido el empresario británico David Shamoon, imputado en el caso Hidalgo, que Urquía investigaba cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga). Shamoon, dueño de los lujosos hoteles Puente Romano y Marbella Club, tenía intención de vender el primero de estos establecimientos. Sin embargo, Urquía había embargado sus bienes, lo que impedía la venta. Los amigos del magistrado acudieron hasta en nueve ocasiones al entorno de Shamoon para ofrecerle que Urquía levantara el embargo a cambio de una cantidad que arrancó en cinco millones de euros y acabó en ocho.

En varias de las entrevistas, que fueron grabadas, Mier y Albouhair demostraron que tenían acceso al juez Urquía citando aspectos muy concretos del sumario, que por entonces estaba secreto. También le hicieron llegar a Shamoon una nota manuscrita, supuestamente por Urquía aunque éste lo niega, en la que figuran datos del hotel que el empresario quería vender y el nombre del comprador.

Urquía y Albouhair también están acusados de repartirse 60.000 euros que otro imputado del caso Hidalgo, Azan Khan, entregó bajo cuerda para librarse él y su familia de ir a prisión." (El País, ed, Galicia, España, 21/01/2010, p. 19)

Suspendidos por corrupción dos mandos de la Armada

"Una auditoría interna revela desvíos de fondos por casi 300.000 euros.

El Ministerio de Defensa ha suspendido en sus funciones y ordenado el cese en sus destinos de los comandantes del cuerpo de Intendencia Cristóbal Colón Gómez y Blas Monerris Alcaraz, ex máximos responsables de la Factoría de Subsistencias y Almacén de Vestuario de la Armada en Madrid, desde la que se suministran víveres y prendas de vestir a todos los cuarteles y dependencias de la antigua Jurisdicción Central de la Marina. (...)

La auditoría realizada por la propia Armada en la contabilidad de la factoría, entre los años 2007 y 2009, ha revelado un "desfase" entre los ingresos obtenidos y el dinero entregado al Tesoro público de casi 300.000 euros, aunque la cifra podría ser superior, ya que las cuentas del año pasado aún no están cerradas. Entre la mercancía desaparecida, y supuestamente desviada para fines particulares, figura una partida de 340 kilos de langostinos por la que se pagaron casi 5.000 euros en 2008.

Los dos mandos militares ya fueron apartados de sus responsabilidades el verano pasado, aunque entonces su relevo se presentó como rutinario: el comandante Colón, que era el número uno de la factoría, cesó por haber cumplido el tiempo de mando; y el comandante Monerris, su número dos, por encontrarse en comisión de servicio. Ahora, sin embargo, Defensa ha decidido que cesen en sus nuevos destinos, aunque la ley no obligaba a ello. La suspensión de funciones tiene una duración máxima de seis meses y empezó a contar el pasado día 15." (El País, ed. Galicia, España, 20/01/2010, p. 17)

El mayor magnate ruso evita declarar por blanqueo de la mafia

"El magnate ruso Oleg Deripaska no acudirá hoy a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, aunque está dispuesto a testificar ante el magistrado si recibe una citación en regla lo que, de momento, según su versión y la de la fiscalía de Rusia, no ha ocurrido. El empresario, considerado el hombre más rico de Rusia antes de la crisis económica y la novena fortuna de todo el mundo según Forbes, fue citado por Andreu como imputado por su supuesta relación a una trama de blanqueo de dinero procedente de la mafia rusa. El juez ya ha ordenado la detención del israelí Mijaíl Chernoi, supuesto copropietario de la empresa española a través de la cual se lavaba el dinero de la organización mafiosa Ismailóvskaya. (...)

A Mijaíl Chernoi se le vincula con Vera Metallurgica, una empresa domiciliada en Alicante supuestamente dedicada a legalizar los ingresos de la organización criminal Ismáilovskaya. La acusación vincula a Vera Metallurgica con el combinado Metalúrgico de los Urales (UGMK) y con Deripaska, en calidad de supuesto copropietario del UGMK junto con Chernoi e Iskander Majmúdov. "Nunca poseí ni controle ni la compañía Vera Metallurgica ni Kachkanarskii Gok, ni UGMK, ni nunca estuve vinculado con ellas", asegura Deripaska en el informe enviado al fiscal ruso." (El País, ed. Galicia, España, 16/12/2009, p. 16)

La fiscalía relaciona a Josep Sánchez Llibre con pagos irregulares a Unió. Una fundación próxima al partido recibió 2,5 millones de euros

"La Fiscalía de Barcelona considera que existen indicios de delito en los pagos supuestamente irregulares realizados a Unió Democràtica (UDC) por la Fundació Catalunya i Territori, próxima a ese partido, y por tres empresas que trabajaron para la formación que lidera Josep Antoni Duran Lleida. Desde hace meses, la fiscalía investiga esos pagos y espera concluir las diligencias cuando la policía le entregue un informe definitivo y diversos bancos remitan la información solicitada.

Según la hipótesis que maneja la fiscalía, la citada fundación recibió donativos privados por valor de 2,5 millones de euros entre 2003 y 2007, y en 2008, año del último ejercicio fiscalizado, hay aportaciones de la Fundación Privada Abertis, el BBVA y la Fundación Catalana para las Relaciones Internacionales, que preside Salvador Sedó, consejero nacional de Unió y candidato de CiU en las últimas elecciones europeas.

La supuesta implicación de Sánchez Llibre en el caso procede de la declaración ante la policía de un proveedor, quien explicó que el diputado le instó a que se dirigiera a la red de empresas investigadas y a la fundación para cobrar una deuda por servicios prestados a Unió. Ese proveedor confesó, además, que emitió facturas falsas.

El presidente de la fundación cercana a Unió a través de la cual se giraron las facturas falsas es Josep Boqué, al que se considera muy cercano a Sánchez Llibre. La investigación se inició a raíz de una comunicación remitida por la Agencia Tributaria y posteriormente se añadió un informe enviado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que durante año y medio analizó la contabilidad y la actividad de la fundación y encontró indicios delictivos.

La investigación se extiende también a las compañías Fet i Fet, Final Versión y Serveis Gestió i Intermediació, radicadas en Barcelona y con muy poca actividad, que se hicieron cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a Unió y que se nutrían de dinero traspasado desde la Fundació Catalunya i Territori. La investigación intenta aclarar pagos por más de un millón de euros por servicios prestados a Unió, de los que una parte los pagó el partido, y el resto más de una decena de acusados que ya han declarado ante la policía." (El País, 18/12/2009)

El último secreto de Blair. Un contable británico gana un concurso para desentrañar la opacidad fiscal del ex primer ministro

"El dirigente laborista se valió de un vacío legal para tributar menos.

El secreto sobre la opacidad de las finanzas de Tony Blair fue desvelado ayer por el diario The Guardian, que hace unos días lanzó un concurso global a través de su edición electrónica para animar a contables y economistas de todo el mundo a averiguar el secreto de Blair. El concurso ha sido ganado por el contable británico Richard Murphy, de 51 años, que a través de los documentos públicos puestos por el diario a disposición de los lectores ha llegado a la conclusión de que Tony Blair se está aprovechando de un agujero legal de la normativa que regula un tipo de compañía creado en el año 2000 para ocultar una parte de sus ingresos. (...)

En síntesis, Richard Murphy ha averiguado que el principal vehículo de los negocios del ex primer ministro es una sociedad llamada Windrush Ventures No 3 LP. Pero Blair ha interpuesto una segunda sociedad, de responsabilidad limitada, Windrush Ventures No 2 LLP, que es la que en realidad controla la compañía operativa, llamada Windrush Ventures Ltd, que funciona desde sus oficinas centrales en Grosvenor Square, en el carísimo barrio de Mayfair.

Esta estructura, perfectamente legal aunque de dudosa moralidad en un político laborista, implica 12 sociedades distintas de las que seis cuelgan de la estructura de Windrush y otras seis de una estructura paralela llamada Firerush.

El resultado de todo eso es que Blair sólo está legalmente obligado a declarar los ingresos de Windrush y se sabe que estos han superado los 6,75 millones de euros. Pero no se sabe cuántos otros ingresos ha obtenido ni dónde están pagando impuestos. "Esto se ha hecho a partir de asesoramiento legal y contable", declaró un portavoz de Blair que justificó esa estructura como "simplemente un vehículo administrativo para permitir al señor Blair administrar sus distintos proyectos de manera sensata". (...)

Murphy incluye en su documentación un mensaje al ministro de Empresas y gran amigo de Blair, Peter Mandelson, en el que le dice: "Esto es un auténtico abuso que usted debería atajar de inmediato". (El País, ed. Galicia, internacional, 18/12/2009, p. 6)

La cúpula del gigante energético argelino, imputada por corrupción

"Uno de los hombres más poderosos del mundo energético, el argelino Mohamed Meziane, de 60 años, presidente de Sonatrach, ha sido imputado por un juez de Argelia por malversación y corrupción junto con siete altos directivos de la compañía y sus dos hijos.

Dos diarios argelinos, El Khabar (en árabe) y El Watan (en francés), dieron ayer en portada la noticia, que no ha sido aún confirmada oficialmente. Uno de los vicepresidentes de Sonatrach, Abdelhafid Feghouli, se ha hecho cargo provisionalmente de la compañía.

La investigación que ha decapitado a Sonatrach fue ordenada por el presidente Abdelaziz Buteflika y efectuada por la DRS, la antigua seguridad militar. Meziane otorgó contratos irregulares a dos consultoras y a una empresa de seguridad vinculadas a sus hijos." (El País, ed. Galicia, economía, 15/01/2010, p. 25)

80 policías de Lugo declararán por tráfico de influencias

"La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo comenzará a tomar declaración esta semana a unos 80 agentes de la Policía Local de Lugo por un supuesto delito de tráfico de influencias, como consecuencia de la retirada irregular de sanciones de todo tipo.

La jueza -que en un principio abrió diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en el ejercicio de la potestad sancionadora de los policías- levantó el secreto de sumario para las partes el pasado viernes. Ahora, según uno de los letrados que se encarga de defender a algunos de los agentes, únicamente declararán como imputados por tráfico de influencias, a la espera de una resolución definitiva del juzgado instructor.

Además de los guardias, también tendrá que declarar un número indeterminado de beneficiarios, entre los que se encuentra el alcalde de Muras, el popular Issam Alganm Azzam. En el millar de páginas del sumario aparecen más de cien expedientes con sanciones no tramitadas." (El País, ed. Galicia, Galicia, 19/01/2010, p. 1)

Un reportaje sobre el dolor muestra la eficacia de ciertas campañas de la industria farmacéutica para promover sus productos

"¿Estaba justificado presentar este fármaco como un medicamento que marca "un antes y un después" o "una nueva era" en el tratamiento del dolor? Para aclararlo he consultado a los catedráticos Xavier Carner, presidente del Comité de Evaluación de Medicamentos de la Agencia Española del Medicamento, y a Rafael Maldonado, investigador de la Universidad Pompeu Fabra que trabaja para los Institutos Nacionales de Salud de EE UU. Ninguno de los dos considera que el fármaco sea una gran novedad. Ni siquiera el laboratorio que lo produce va tan lejos como Mayka Sánchez. En la nota de prensa con que lo presentó en junio afirma que "muestra una eficacia comparable a los opioides clásicos" aunque ofrece "un perfil de tolerabilidad más favorable". Y tampoco es una novedad: tiene el mismo mecanismo de acción que el tramadol, del mismo laboratorio.

Pero no hay sólo un problema de exageración. La forma en que se presenta la información justifica las sospechas del doctor Gavilán, pues se disimula que todo el contenido procede de una única fuente, y se omite revelar que esa fuente es, en última instancia, el laboratorio productor del fármaco. Cita a la Fundación Grünenthal como impulsora de la Plataforma sin Dolor, pero no aclara que ésta pertenece al laboratorio Grünenthal Pharma, especializado en terapias analgésicas, que es quien financia la plataforma y la campaña de medición del dolor. El reportaje tampoco aclara que el fármaco que presenta como revolucionario pertenece a ese laboratorio. Sólo los lectores que ya conozcan a ese laboratorio pueden adivinar la relación.

La información sigue peligrosamente el esquema de las nuevas estrategias que la industria farmacéutica emplea para promover la prescripción de sus fármacos, una vez erradicados los escandalosos incentivos con que premiaban a los médicos. De hecho, los médicos no son ya el único objetivo de los departamentos de mercadotecnia de los laboratorios. Ahora tratan de influir sobre la prescripción a través de los propios pacientes. Esa estrategia consiste en hacer emerger (a veces incluso crear) un problema de salud, movilizando a especialistas de prestigio y si es posible, pacientes, con el objetivo de "sensibilizar" sobre el problema para el cual tienen la solución.

Dada la suspicacia con que es recibida la información procedente de la industria, ésta se ha visto obligada a buscar formas indirectas y de mayor autoridad para vehicular su actividad. Para ello han creado fundaciones y plataformas teóricamente independientes y sin ánimo de lucro, integradas por académicos y especialistas, pero financiadas por la propia industria.

Todo ello está presente en este caso. El reportaje comienza describiendo el grave problema del dolor, basado en estudios financiados por la industria; presenta a continuación a la plataforma que va a luchar contra esta lacra, sin decir que está promovida y financiada por el laboratorio, y acaba informando de un fármaco que presenta como revolucionario, sin decir que es del mismo laboratorio. Para mayor abundamiento, el titular del reportaje coincide con el eslogan central de la campaña financiada por Grünenthal. Y ni siquiera es una información novedosa, pues la propia Mayka Sánchez había publicado tres meses antes el mismo tema en El País Semanal. Lo único nuevo era la referencia al fármaco. El reportaje cita el congreso de Lisboa pero no menciona que Mayka Sánchez viajo a la capital lusa invitada por el laboratorio. El Libro de Estilo de EL PAÍS establece al respecto: "El periódico, como norma general, no acepta invitaciones para elaborar informaciones. Las excepciones habrán de autorizarse expresamente por la Dirección. En las informaciones hechas tras aceptar una invitación, se hará constar que el viaje ha sido patrocinado". (MILAGROS PÉREZ OLIVA: Avances médicos con intereses ocultos. El País, ed. Galicia, opinión, 17/01/2010, p. 33 )

Imputan a Dani por fraude fiscal. Otros directivos también estan acusados de blanquear dinero en los traspasos de Maxi y Sergio

"El presidente del RCD Espanyol, Dani Sánchez Llibre, ha sido imputado por fraude fiscal en el marco de la operación Pretoria, según informa Público, a partir de los datos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Dani habria blanqueado dinero de fondos procedentes de actividades irregulares y habría contratado el servicio de los hermanos Pretus -abogados que dieron nombre a la operación- en al menos tres ocasiones.

Pretus emitió presuntamente para el Espanyol facturas falsas por valor superior a 300.000 euros, a nombre de una sociedad con sede en el paraíso fiscal de Madeira, creada a tal efecto por el bufete de abogados. Esas facturas falsas están relacionadas con el traspaso del centrocampista Sergio, del Espanyol al Deportivo de La Coruña, y con el proceso de adquisición de la nacionalidad italiana del argentino Maxi Rodríguez, quien llegó de su país en 2002 para jugar en el club perico procedente de Newells Old Boys.

También aparecen implicados otros dirigentes del club que participaron presuntamente en estas actividades irregulares, caso del ex director general José Luis Marcó, y del aún director financiero, Albert Amat de Grandes.

La sociedad constituida en Madeira para las facturas falsas al Espanyol recibió el nombre de Strategic Projections and Simulation Technologies-Services LDA, a la que los investigadores se refieren como SPST. Su potencial no se limitaba a gestionar traspasos y adquisición de nacionalidades sino que también podía realizar labores de scouting, es decir, supuestamente confeccionaba pormenorizados análisis de los equipos de fútbol para detectar sus debilidades y ponerlas en conocimiento de sus rivales. O por lo menos, para eso quizo hacer creer el Espanyol que la contrataba." (e-noticíes, 19/01/20109)

Imputado por cohecho el jefe de seguridad de los juzgados coruñeses. El capitán de la Guardia Civil, implicado en un millonario fraude fiscal

"El mando del instituto armado figuraba, junto a un inspector de Hacienda en excedencia, entre la docena de personas imputadas desde hace un año por esta trama. Pero fue exculpado el pasado verano. Ahora Teijeiro deberá comparecer de nuevo ante la Justicia para responder de la acusación de soborno. La Sala Sexta de la Audiencia reprocha a la juez de Padrón que sobreseyese la imputación contra Teijeiro sin hacer la más mínima averiguación para comprobar unas acusaciones que aparecen reiteradas en el sumario, tanto en declaraciones orales como en pruebas escritas.

El capitán de la Guardia Civil fue involucrado en esta trama por Serafín Montenegro González, el detonante del caso y uno de los tres socios del grupo conformado por las empresas Transportes y Grúas Estación, Talleres y Grúas Estación así como Servicios Estación. También imputado en la causa judicial que él mismo originó con una extensa denuncia, Montenegro sostiene que Teijeiro trabajaba y cobraba desde hace 15 años del grupo empresarial ahora bajo sospecha, realizando tareas de gerente; manejaba dinero negro; manipulaba tacógrafos de sus camiones e incluso les facilitaba información para eludir controles de Tráfico cuando carecían de permisos de transportes en regla. El mando de la Guardia Civil también es acusado de "realizar funciones de traslado de dinero o escolta para la empresa" de Padrón. Un empleado de Grúas Estación corroboró en su declaración como testigo ante la juez estas denuncias. Según el informe pericial que figura en el sumario, el grupo de empresas emitía facturas falsas para camuflar compras inexistentes de combustible y manipular así los balances de la compañía.

"La implicación de Teijeiro en la sociedad tiene aparente refrendo objetivo", advierte la Audiencia, dado que aparece citado en "dos apuntes manuscritos" del libro de la supuesta contabilidad b entregado en el juzgado como prueba del dinero en negro que manejaba un grupo empresarial con una facturación anual superior a 24 millones de euros. En esos apuntes, se alude al capitán de la Guardia Civil "en relación con el pago de nóminas por cifras millonarias", subraya la Sección Sexta del tribunal provincial. Los magistrados critican que Teijeiro "incomprensiblemente no fue interrogado sobre estos documentos incriminatorios, ni le fueron exhibidos, ni tampoco se le dedica el más mínimo análisis" en las resoluciones de la juez instructora del caso." (El País, ed. Galicia, Galicia, 16/01/2010, p. 1/2)

El cine y las subvenciones...

"Vaya por delante que hay muchísimos productores honorables, profesionales magníficos. Pero también abundan los vividores que medran a costa del erario público y de los esforzados trabajadores de la industria. A estos productores de pacotilla les gusta navegar bajo el pomposo título de "independientes", carta de nobleza que demasiado a menudo esconde una notoria falta de escrúpulos. Expondré un caso reciente. Su secuencia de acontecimientos, por extravagante que parezca, ilustra la realidad de bastantes películas españolas.

El productor descubre un guión. De momento no lo paga, está descapitalizado y además el autor, guionista y director, es un desconocido; bastante favor le hace gestionando su obra. El proyecto, cuyo presupuesto supera los dos millones, consigue todas las subvenciones posibles: TVE, avance sobre taquilla y Eurimages. Para acceder a esta última ayuda es condición indispensable que haya otros coproductores europeos. Aparecen dos, se firman contratos estipulando aportaciones y porcentajes a repartir: 20% para uno, 10% para el otro.

La película se rodará en Barcelona, nada más lógico que pedir también la subvención de la Generalitat. El coproductor local que realiza el trámite debe ser titular del 50% de la película. Ningún problema, de nuevo se firman contratos y reparten porcentajes. Se les ocurrirá, igual que a mí, que a estas alturas ya hay mucho fragmento de película desparramado por ahí. Pero sigamos.

Con la documentación de las ayudas concedidas, el productor va al banco y éste le adelanta dinero mediante créditos avalados por las instituciones y los socios coproductores. Recordemos que él no tiene dinero.

Empieza el rodaje, poco después la estrella protagonista amenaza con irse, no ha cobrado. Aterriza un nuevo, flamante coproductor. Se firman otros contratos y esparcen más porcentajes. Asombroso. Pero continuemos. Algo más tarde es el gerente de la sala de montaje quien avisa al autor: hasta el presente no ha cobrado y duda que el futuro traiga nada mejor. En la sala de efectos especiales se repite la melodramática escena. De improviso brotan deudas en cascada, los laboratorios bloquean el material, el proceso se atasca. A veces llegan noticias del productor, diversos reportes lo sitúan en interesantísimos y lejanos mercados: Los Ángeles, Tokio...

Cuando el autor, que tampoco cobra, consigue pedirle explicaciones, reacciona como lesa majestad ofendida. El autor ha hecho "su" película, contento debería estar.

Por fin, tras meses de angustias y sobresaltos sale la primera copia, proeza lograda gracias a la intervención de los coproductores catalanes y al previsible voluntarismo del susodicho autor que, aterrorizado, ve cómo años de trabajo se están yendo al garete.

Algunos impagados presentan denuncia y el juzgado ordena el embargo de bienes de la productora. No los hay. El productor tiene otras empresas pero su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y ninguna de las dos paga.

Los socios coproductores se inquietan. Presionan, le exigen que estrene, de otro modo no se materializan las subvenciones. Pero él ya no tiene dinero para estrenar. Anuncia entonces que la obra es fallida y no gusta a nadie, el negocio ha fracasado y toca asumirlo con humor. Lo del humor se aplica a los acreedores y a quienes depositaron avales bancarios. Porque él, rebobinemos, no ha puesto un euro.

Intervienen abogados, los contratos ven la luz. En un alarde creativo sin precedentes el productor ha pulverizado el sistema decimal repartiendo el 140% de la película. Los acuerdos firmados son dobles, triples, unos destinados a las instituciones, otros "internos". La confusión es mayúscula y no se consigue desentrañar quién tiene qué, cuánto, cómo y por qué.

Acorralado, amenazado con una querella por uno de sus propios socios, el personaje trompetea que es un "independiente", una víctima del sistema. Está profundamente dolido, nadie le entiende. A la vista de tanta incomprensión se proclama harto y cede la totalidad de la película al socio en cuestión. Se firma otro contrato del que se desconocen términos y porcentajes.

En realidad, hace tiempo que él se despreocupó de la obra. Hizo su negocio antes, con los créditos respaldados por avales ajenos. Ahora la película es mero campo de batalla en el que inversores y acreedores intentan salvar sus dineros. Tan sólo el autor sigue interesándose -inútilmente- por ella. Sobre su trabajo se ha construido el turbio andamiaje pero él es un peón irrelevante.

Entretanto, los coproductores catalanes deciden estrenar para rescatar la subvención de la Generalitat. Ya han perdido mucho dinero en intereses y lo hacen en precario: sólo cinco cines, cero publicidad. Pero en una conocida y céntrica sala de Barcelona la película aguanta tres meses y medio en cartel, un milagro dadas las condiciones. Se podría pensar que tras este prometedor despegue se difundirá en el resto de España. Todo lo contrario, se volatiliza. Hasta que -oh sorpresa- unos meses después reaparece súbitamente en las cifras oficiales de taquilla. Y, más sorprendente aún, está arrasando.

Nadie ha oído hablar de ella, ni siquiera el autor sabe en qué remotas salas y horarios se proyecta, pero es un hecho que cada semana recauda una hermosa, redonda cifra, siempre idéntica. ¿Otro milagro? Lo cierto es que el dinero del avance sobre taquilla sólo se concreta cuando la película ha hecho un número determinado de entradas. En semejante tesitura, puede que el productor haya considerado más rentable -y seguro- comprar directamente esas entradas antes que despilfarrar el dinero en algo tan peregrino como es la promoción de la película. En conclusión, la habremos financiado todos pero muy pocos tendrán la oportunidad de verla.

El disparatado sainete es resultado de un sistema de ayudas que sin un control estricto tiene efectos doblemente perversos. Primero, facilita que productores fulleros trapicheen con el dinero público. Segundo, condena muchas películas al olvido pues ninguna, buena o mala, llegará al espectador si no se ponen los medios adecuados para ello." (DOLORES PAYÁS: El cine español y el bolsillo del contribuyente. El País, ed. Galicia, opinión, 12/01/2010, p. 25)

Solución a la corrupción empresarial

"Qué tienen en común los escándalos financieros en Estados Unidos que han desencadenado la crisis económica mundial con los escándalos de corrupción política que hacen que la mayoría de sociedades de la Europa del Sur y del Este estén cayendo en los índices internacionales de buen gobierno por debajo de países como Chile, Botswana o Qatar? (...)

Por tanto, lo que tienen en común las instituciones del sector privado americanas responsables de la crisis financiera con las instituciones del sector público responsables de la crisis de corrupción política en el Sur y Este de Europa es un abuso de los intereses de los accionistas (inversores en el primer caso y ciudadanos en el segundo) por parte de unos directivos (ejecutivos y políticos electos, respectivamente) que no están limitados por pesos y contrapesos dentro de sus propias organizaciones. Ambas instituciones sufren el denominado "dilema madisoniano", ya que fue James Madison, uno de los padres fundadores de la Constitución americana, quien estableció la formulación clásica del problema: "Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles externos ni internos al Gobierno serían necesarios. Al diseñar un gobierno de hombres sobre hombres, la gran dificultad reside en esto: primero debes capacitar al Gobierno para controlar a los gobernados y, segundo, obligarle a controlarse a sí mismo". Los trabajos de científicos sociales contemporáneos, como Gary Miller, demuestran que todos los gobiernos -tanto del sector público como del privado- sufren este dilema. Los gobernantes de cualquier organización, independientemente de las regulaciones que les impongamos desde fuera, siempre tendrán oportunidades para sacar ventaja de su autonomía. Por ejemplo, aprovechando que saben más que los accionistas, los ejecutivos privados siempre pueden adquirir un coche (o un jet) extra a cargo de la empresa o exponer el dinero de los accionistas a un riesgo de más a cambio de un bono. Y los gobernantes públicos siempre pueden construir una carretera o un polideportivo de más u ofrecer un trato de favor (camuflado de forma perfectamente legal) a un amigo. La solución que Miller y otros apuntan para minimizar este oportunismo inherente a las posiciones ejecutivas es crear un relativo nivel de conflicto en la cúpula de las organizaciones. Que personas con intereses distintos tengan que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones más importantes, aquellas que pueden acarrear un mayor abuso de los intereses de los accionistas.

En el sector privado, esto es lo que ocurre en aquellas empresas en las que existe un chairman of the board que es independiente del chief executive. Esta separación de intereses (o, como mínimo, la existencia de estos dos cargos de forma independiente) es habitual en empresas e instituciones financieras europeas. Por el contrario, la norma en Estados Unidos es que una misma persona acumule ambos cargos, lo que podría explicar por qué la gran mayoría de escándalos financieros se han dado en ese país. Muchos chief executives controlaban a placer los órganos que deberían controlarlos a ellos. Como señala The Economist, una de las primeras reformas que los bancos americanos más afectados por la crisis (como Citigroup, Washington Mutual o Wells Fargo) han adoptado ha sido separar los cargos de chairman of the board y de chief executive. Ésa es también la exigencia de uno de los grupos más prestigiosos del mundo, el noruego NBIM: si queréis que invirtamos en vosotros, deberéis separar estos cargos para evitar que todo el poder se acumule en unas mismas manos.

En el sector público, el ejemplo por excelencia de separación de poderes es el Gobierno federal americano. Diseñado por pensadores como Madison, conscientes de que los gobernantes no son ángeles, un sofisticado sistema de pesos y contrapesos hace que el político más poderoso del mundo (el presidente de EE UU) tenga menos oportunidades para beneficiarse de actividades corruptas que cualquier político regional o local en un país como España -como podemos comprobar a diario-.

Diferentes versiones de este sistema madisoniano de separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas se ha implantado en las administraciones occidentales que ahora son menos corruptas. En muchos gobiernos locales y regionales americanos (o de la Europa del Norte) los políticos electos monopolizan el equivalente al consejo de administración de una empresa (como el pleno o comités de área) y unos gestores profesionales, en ocasiones procedentes del mundo privado, ocupan las posiciones directivas.

Como en las "buenas empresas" europeas, el chairman of the board (alcalde o máximo representante político) no es al mismo tiempo el chief executive officer (máximo gestor público). Como políticos de partido tienen que ponerse de acuerdo con gestores con intereses distintos (unos preocupados por su reelección y los otros por su reputación profesional), las posibilidades de connivencia para llevar a cabo actividades corruptas se reducen al mínimo. Por el contrario, en los gobiernos locales y regionales (y en algunos casos incluso en los centrales), de la Europa del Sur y del Este sucede algo similar a las "malas empresas" americanas: el chairman of the board (alcalde o consejero regional) es al mismo tiempo el único y todopoderoso chief executive officer. Los intereses de los accionistas (es decir, los ciudadanos) quedan así desprotegidos porque las mismas manos (o del mismo partido) toman las decisiones con mayor margen para el abuso, como la construcción de un velódromo o la organización de la visita del Papa.

En resumen, son cambios organizativos internos y no sólo los controles externos, los que deberíamos empezar a debatir seriamente a ambos lados del Atlántico." (VÍCTOR LAPUENTE: Si banqueros y políticos fueran ángeles. El País, ed. Galicia, opinión, 28/12/2009, p. 21 )

Una banda utilizó a mendigos para defraudar a Hacienda

"Una red organizada utilizó a mendigos, prostitutas y personas con enfermedades degenerativas y terminales para defraudar a Hacienda. La banda les colocó como máximos responsables de empresas que emitían facturas falsas para otras firmas y se llevaban a cambio una comisión. Estos testaferros insolventes sólo firmaban documentos con los que la trama se enriquecía. Los Mossos d'Esquadra detuvieron la semana pasada a 32 individuos, de los que 13 están en prisión. La policía autonómica estima que el fraude al fisco supera los 25 millones.

La banda operaba en Cataluña pero tenía ramificaciones en diversas poblaciones españolas. La red empresarial -constituida por 70 sociedades con un volumen de facturación cercano a los 300 millones- funcionaba desde hacía cinco años y se dedicaba al fraude fiscal de los impuestos del IVA y de sociedades.

Los agentes necesitaron dos años de investigación para desentrañar la arquitectura de la red, que funcionaba de forma piramidal. En la cúspide estaba Pedro B. S., un empresario catalán de 60 años que ya fue imputado en 1990 por una estafa idéntica. Él y sus sociedades emitían facturas falsas a otras empresas de la trama que necesitaban reducir el importe de los impuestos que pagaban. Para ello, simulaban la adquisición de bienes y servicios. En contrapartida, Pedro B. S. y los suyos recibían una comisión cercana al 5% por cada factura falsa." (El País, ed. Galicia, España, 24/12/2009, p. 15)

Ciudadanos pide explicaciones al PSC sobre el origen de la fianza de Muñoz

"Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ha exigido este lunes que “el PSC nos explique de dónde ha salido el medio millón de euros para pagar la fianza de [Bartomeu] Muñoz y que nos aclare si este donativo supone una manera de pagar su silencio“, hecho que han calificado de “obsceno”.

El presidente del partido y diputado autonómico, Albert Rivera, había denunciado recientemente la exitencia de un pacto de silencio entre PSC y CiU para no asumir responsabilidades ante la corrupción política que está salpicando a ambas formaciones." (lavozdebarcelona.com, 28/12/2009)

Competencia multa con 120 millones a seis aseguradoras de edificios. Asefa, Mapfre, Caser, Scor, Munich Re y Swiss Re pactaron precios de seguros

"Boicot a los díscolos y formación de un grupo cerrado que trabajó como un cartel del que nadie podía escapar. Así define el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) la forma de actuar de seis grandes compañías que pactaron los precios de los seguros estructurales de los edificios entre 2002 y 2007. Su actividad pudo repercutir en los precios de las viviendas, dice este organismo.

La Comisión de Competencia, presidida por Luis Berenguer, ha puesto una multa ejemplar de 120 millones a las implicadas: Asefa (especializada en construcción y filial de la francesa Smabtp) es la que tiene el mayor importe con 27,76 millones; la suiza Swiss Re, 22,641 millones; Mapfre (como aseguradora y reaseguradora), 21,63 millones; la también francesa Scor, 18,6 millones; el gigante reasegurador Munich Re, 15,85 millones, y Caser, 14,24 millones.

La multa, la mayor de la historia, se justifica porque según la CNC, "existe evidencia de que determinados miembros del cartel realizaron actos de retorsión" (inferir a alguien el mismo daño que de él se ha recibido) "y de boicot frente a esas empresas que se mostraban dispuestas a sustraerse a la disciplina del cartel de precios mínimos, llegando incluso a conseguir romper operaciones comerciales cerradas".

Esta operativa ha sido considerada como infracción muy grave por su larga duración y porque ha afectado a todo el mercado de un producto que es de contratación obligatoria para los promotores de viviendas. Competencia cree que los promotores trasladaron el incremento del coste del seguro al precio final de la vivienda." (El País, ed. Galicia, economía, 13/11/2009, p. 22)

Las esposas de Alavedra y Prenafeta, entre los 11 nuevos acusados del 'caso Pretoria'

"El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio ayer un nuevo impulso a la investigación del caso Pretoria de corrupción urbanística e imputó a otras 11 personas, que declararán hoy y mañana. Entre ellas se encuentran Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo de la Generalitat, que dimitió al poco de conocerse la decisión judicial. Mas está acusado de actividades prohibidas a funcionario público por su "fluida relación" con Luis García Sáez, Luigi, el cerebro de la trama, para desarrollar operaciones urbanísticas en Santa Coloma de Gramenet." (El País, ed. Galicia, España, 03/12/2009, p. 16)