23.11.17

Gestha denuncia los “foros privados” del ‘bufete Montoro’ con cargos de Hacienda

"El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha denunciado los vínculos de altos cargos de la Agencia Tributaria con grandes despachos fiscales, como Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro, que podrían favorecer a presuntos defraudadores, como el futbolista Cristiano Ronaldo

Según adelantó El Mundo, esta empresa, en la que permanecen estrechos colaboradores del ministro en su anterior etapa en el Gobierno, se encarga de la defensa jurídica del jugador del Real Madrid, acusado de cuatro delitos fiscales, que acumulan un fraude de 14,7 millones de euros.

Según Gestha, grandes despachos privados como Equipo Económico organizan una especie de “foros, cursos o jornadas” para los que contratan, “a 500 euros la hora” a altos cargos de Hacienda “encargados de decidir sobre un determinado caso. Es escandaloso que altos cargos del Ministerio de Hacienda asesoren a presuntos defraudadores”, subraya Gestha.
Foros privados
 
“Se trata de cursos de cuatro o cinco horas, en los que se habla de las cuestiones que interesan a ese despacho sobre un determinado cliente. Foros reducidos y discretos en los que se da información sensible de ingeniería fiscal a estos grandes despachos para clientes de importante patrimonio que en ocasiones operan en paraísos fiscales”, dicen las mismas fuentes de Gestha consultadas por ELPLURAL.COM.

No hay ningún control sobre esos cursos ni sobre el dinero que reciben esos altos cargos de Hacienda, a los que "el despacho pregunta en particular sobre los asuntos que interesan para ese determinado cliente", con lo que puede deducirse que son foros creados a medida, aunque "no se menciona el nombre concreto" del afectado.

Por otra parte, esos altos cargos saben que en “algún momento, cuando se produce un cambio de Gobierno o en la Administración en general, van a ser relegados de sus funciones y podrían ser contratados por estos grandes despachos”.

“Sin pasos intermedios, estas personas que estaban en la lucha contra los delitos fiscales pasan a asesorar a defraudadores”.

El asesor de Ronaldo

El caso de Cristiano Ronaldo lo lleva Manuel de Vicente-Tutor, director del Gabinete del Director General de la Agencia Tributaria, entre 2001 y 2004, y subdirector general de Planificación y Programación de dicha institución, entre 1999 y 2001, etapas en las que Montoro fue ministro de Hacienda y secretario de Estado de Hacienda, respectivamente. Vicente-Tutor es actualmente uno de los socios de Equipo Económico, que en su origen se llamó 'Montoro y Asociados'.
  Inspector de Hacienda del Estado en excedencia, se encargará de desmontar los argumentos de la Agencia Tributaria sobre los presuntos delitos fiscales cometidos por el futbolista, cuya estrategia pasa por no admitir delito alguno y refutar los argumentos de Hacienda, que considera “inconsistentes”: Nada mejor que el bufete fundado por el actual ministro para conseguirlo.
Vicente-Tutor fue uno de los organizadores de este curso anunciado por Equipo Económico, en marzo pasado:

Montoro y Asociados
 
El actual ministro de Hacienda fundó Montoro y Asociados Asesores, S.L. en 2004, tras dejar la Secretaría de Estado de Economía con el Gobierno de Aznar. Como ya contó ELPLURAL.COM, Montoro siguió la vida política y se presentó para las elecciones europeas, al tiempo que se convertía en el portavoz para temas económicos del Partido Popular.

En su despacho fiscal, especializado en "asesorar a asesores", Montoro fichó a antiguos compañeros de Gobierno, entre ellos quien fuera su feje de gabinete en Hacienda y también secretario de Estado de Presupuestos, Ricardo Martínez Rico, al director general de la Agencia Tributaria, Mariano Ruiz Gallud, o al ya mencionado Manuel de Vicente-Tutor."                   ( Cecilia Guzmán , El Plural, 14/11/17) 

22.11.17

La Operación Lezo choca con los negocios del marido de Cospedal, como en el 'caso Pujol'

"Es el hombre que siempre se libra. Se libró de ser imputado en los papeles del tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas; del caso Liberbank, y del caso Pujol, en el que el constructor y marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, aparecía vinculado a través de una sociedad al hijo mayor del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.  

Estas maniobras para tapar sus negocios, que aparecen reseñados en diferentes sumarios, vuelven a salir a la luz en las conversaciones mantenidas entre el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con el ex ministro Eduardo Zaplana, altos ex dirigentes ambos del Partido Popular. 

Pero también, a través de los negocios de su sobrino José Herrero de Egaña López del Hierro, imputado junto con otro socio del constructor (Eduardo Ameijide) por sus negocios en África con la sociedad Mercasa, en la que era director general Pablo González, hermano de la ex mano derecha de Esperanza Aguirre en Madrid.  

Como ha desvelado Elplural.com el 19 de enero de este año, González le cuenta a Zaplana un desayuno que ha tenido con el destituido fiscal anticorrupción, Manuel Moix, en el que este le informa de que ha recibido una llamada de Mariano Rajoy: “Y me dice, ‘Hoy me ha llamado Mariano para decirme que tenemos que arreglar eso y tal, he hablado con el general y vino él a pedirme que lo llevase yo’”.

 Tras esto, González se interesa por saber de parte de quién está el general [apelativo referido al fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza] “en la guerra de éstas” [en relación a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y la ministra de Defensa] porque a Cospedal, “le están buscando las cosquillas” con "el marido".

Las maniobras de Rajoy, Cospedal y la Policía

Precisamente, la primera semana de enero, El Mundo había informado de la aparición de un pen drive encriptado en el caso Pujol y que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) había incluido en la causa, que contenía los negocios de Jordi Pujol Ferrusola con Ignacio López del Hierro a través de la sociedad Ibadesa Cat en Angola, Gabón y República Dominicana. 

En paralelo a esta nueva vinculación y mientras el presidente Rajoy maniobraba presuntamente con el fiscal Moix, fuentes del Partido Popular alertaban a Público de que la filtración del 'informe Trillo' sobre el Yak-42 en ese preciso momento era una cortina de humo organizada por la propia Cospedal.  

Estas maniobras pasaban por anular las pruebas que pudiera haber en el caso y eso ocurrió cuando el comisario Eugenio Pino introdujo fraudulentamente en el caso Pujol el pen drive entregado a la UDEF sin que existiera cadena de custodia y por el que el juez De la Mata solicitó la imputación del ex número dos de la Policía, como así han hecho los juzgados de plaza Castilla. 

Fuentes judiciales explican a Público: "Cuando introduces pruebas irregularmente en el procedimiento se anulan todas. En este caso el pen drive involucraba tanto a los Pujol como a Ignacio López del Hierro. Por lo tanto, quedan anuladas las pruebas que pudiera haber y que hubieran llevado a la imputación del constructor".  

A pesar de que López del Hierro llegó a poner una queja ante el nuevo director general de la Policía, Germán López Iglesias, las declaraciones que dio a El Mundo desvelaron sus estrechas relaciones con la cúpula de la Policía. El marido de Cospedal alegaba que la información sobre sus negocios era incorrecta y que la UDEF estaba realizando un nuevo informe por orden del juez José de la Mata que "sí ha sido elaborado por la Policía «este mes» y que «anula el anterior»". La cuestión es: ¿Cómo podía saberlo?

De donante del PP a marido de la secretaria general

Diferentes fuentes policiales han vinculado a Ignacio López del Hierro y a su ex socio Eduardo Ameijide -ambos coincidieron a finales de los 70 como gobernadores civiles de Toledo y Ciudad Real respectivamente- con el actual director del Centro contra la Inteligencia y el Crimen Organizado (CITCO) y ex jefe de la UDEF, José Luis Olivera. 

La pasada semana Olivera fue preguntado en la comisión de investigación sobre financiación ilegal del Partido Popular por la diputada Gloria Elizo, de Unidos Podemos, sobre esta presunta relación, algo que el director del CITCO negó tajantemente. Sin embargo, no es la primera vez que Olivera aparece señalado por sus relaciones con el PP y por filtrar informaciones relativas a operaciones como el caso Gürtel o el pequeño Nicolás 

En los papeles de Bárcenas estudiados por la UDEF aparecen dos anotaciones que hacen referencia a "López Hierro" y "López H." de finales de los años 90, antes de su relación con la ministra de Defensa, aunque nunca se le ha imputado en la causa. 

Sin embargo, la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil sí ha logrado en Lezo la imputación de su ex socio Eduardo Ameijide y a su sobrino José Herrero de Egaña y López del Hierro, quien quedó en las diferentes sociedades en sustitución del marido de Cospedal por motivos muy similares de los que reflejaba el pendrive del caso Pujol que la Policía anuló al saltarse el protocolo de custodia y no poder acreditar su procedencia: los negocios en África junto a Mercasa como los de Ibadesa Cat. 
 
Es más, el 17 de enero, dos días antes de la reunión con Zaplana, la Guardia Civil recoge otra conversación entre González y Luis Vicente Moro, ex delegado de Gobierno en Ceuta, en la que González le informa que su hermano Pablo está de director general de Mercasa y este le contesta: "Cuidado, porque Eduardo es el nexo de Ignacio López del Hierro".           (Patricia López, Público, 20/11/17)

21.11.17

La caja b del PP ‘somos todos’

"Un plan de la Comunidad de Madrid de concienciación ciudadana para el pago de impuestos supuestamente acabó financiando, a través de empresas intermediarias, la campaña electoral de la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre para las elecciones autonómicas de 2011. 

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señala que la publicidad contra la elusión de tributos autonómicos, adjudicada en 2011 por valor de 212.990 euros, acabó siendo ejecutada "por empresas que estaban ocupadas en esas mismas fechas en realizar la campaña electoral" para las autonómicas de aquel año.

Tras recibir este informe, el juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón ha abierto una nueva línea de investigación sobre la supuesta financiación irregular de la formación conservadora. A petición de los investigadores, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, a tres empresas y a la Agencia Tributaria diversos datos sobre la adjudicación de aquel contrato, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las nuevas pesquisas se centran en la empresa de publicidad El Laboratorio de Almagro 36 SL, investigada por supuestamente facilitar facturas que sirvieron al PP para camuflar su caja b. Un documento intervenido por la Guardia Civil en una serie de registros realizados el 7 de marzo en diferentes empresas y domicilios particulares revela, según los investigadores, la supuesta "participación encubierta" de El Laboratorio en el concurso público que la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid adjudicó el 2 de marzo de 2011, "poco antes de las elecciones autonómicas y municipales" de aquel año.

La Guardia Civil destaca que pese a que el contrato fue adjudicado formalmente a Thinking Forward Spain SL, el 60 % de los beneficios (122.787,72 euros) se los embolsó El Laboratorio de Almagro, que a su vez los canalizó a otras dos mercantiles.

Una de ellas era Central de Producers SL, supuestamente encargada de realizar el anuncio de televisión para la campaña de tributos y que en aquellas fechas "estaba realizando la campaña electoral para el Partido Popular de Madrid". La otra es La Joya Producciones, encargada finalmente de realizar "los principales trabajos" del contrato público y que supuestamente también trabajó para la candidatura de Aguirre a las autonómicas.

El informe de la UCO pone de relieve el papel de El Laboratorio de Almagro, "que parece dirigir todas las actuaciones del contrato y ordenar los pagos a los proveedores del mismo pese a no ser la adjudicataria real del contrato público investigado". En este sentido, destaca la existencia de un correo electrónico entre directivos de El Laboratorio en el que hablan de mantener una reunión con responsables de La Joya para la "producción campaña Esperanza Aguirre".

Como una prueba más de los vínculos entre El Laboratorio y el PP, la Guardia Civil destaca el hallazgo de unos documentos de esta empresa en la que se incluyen los teléfonos móviles y las direcciones de correo electrónico de dirigentes populares como Beltrán Gutiérrez -gerente de la formación e imputado en la causa-, Francisco Granados -entonces secretario general del PP regional y presunto cabecilla de la trama Púnica-, y personas del equipo de Antonio Beteta, entonces consejero de Hacienda, el departamento que adjudicó el contrato bajo sospecha.

La UCO pone de relieve la existencia de mensajes de correo electrónico entre directivos de El Laboratorio en la que aseguraban contar con "amigos" y "contactos" en el seno de la Comunidad de Madrid junto a alusiones directas a diversas licitaciones de contratos públicos.

Uno de ellos es, precisamente, el de la campaña para incentivar el pago de impuestos, del que las pesquisas han sacado a la luz una serie de correos electrónicos "que ponen de manifiesto contactos previos por parte de los responsables de El Laboratorio de Almagro con la Consejería de Economía y Hacienda".

Uno de estos encuentros se celebró antes de la publicación del concurso. Un segundo, durante el proceso para la adjudicación. Una vez producida esta, otro mensaje revela una tercera reunión, en este caso con una de las personas que figuraba en el listado denominado "contactos PP" dentro del departamento encabezado por Beteta.

Por todo ello, la Guardia Civil concluye su informe solicitando al juez García Castellón la práctica de diversas diligencias, entre ellas reclamar a la Consejería de Economía el expediente de aquel contrato y a tres de las empresas presuntamente implicadas -Central de Producers, Thinking Forward Spain y

La Joya Producciones- toda la documentación sobre su relación con el mismo o con el PP en aquellas fechas. Para ello, los agentes recuerdan que a lo largo de la investigación ya se han recabado "elementos probatorios" de las irregularidades en la adjudicación de contratos públicos "a personas allegadas" al PP así como "episodios de desvíos de fondos públicos provenientes de subvenciones otorgadas por la Comunidad de Madrid" que finalmente sirvieron para sufragar gastos electorales o de funcionamiento del partido. El juez García Castellón ha autorizado la práctica de todas las diligencias solicitadas."                 ( , , El País, 15/11/17)

17.11.17

Un testigo asegura que el vicepresidente de Castilla y León le obligó a ceder sus parques a un empresario

"El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León (también vicepresidente), Tomás Villanueva, me obligó a ceder los parques eólicos que tenía proyectados en la zona de Montes Torozos (al sur de Valladolid) a un empresario que fabricaba piensos para truchas, Rafael González-Vallinas”. 

La declaración como testigo en la instrucción de la Trama Eólica del ya expresidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María Vélez González, apunta una vez más a la participación del Gobierno Regional en el caso o al menos de uno de sus consejeros, ya fallecido.



Vélez aseguró que tuvo que renunciar a un proyecto compuesto por varios parques que sumaban 150 megavatios y que equivalían a 15 millones, y que lo hizo “por cero euros” ya que temía que de no hacerlo, se malograse otro proyecto que tenía en Sahagún (León) y que finalmente llevó a término.

Vélez explicó que la petición se materializó en una reunión del Ente Regional de Energía (EREN) presidido por Villanueva y en el que él era consejero. “Me dijo que tenía que ceder los parques a un tercero, que había que transmitirlos a González Vallinas”, afirmó.

Este empresario relató también a la juez y al fiscal de Anticorrupción que unas declaraciones realizadas en 2015 a El País en el mismo sentido, le costaron una demanda de González Vallinas, y que fue condenado por vulnerar su honor. A pesar de todo, se reafirmó y aportará en los próximos días los documentos privados de cesión que firmó  en su favor. Recordó además que El País contactó primero con su socio, el extesorero del PP, Ángel Sanchis, y que éste fue quien le remitió al periodista puesto que había abandonado el negocio.

A preguntas de uno de los abogados, Vélez contestó que la empresa eólica de González Vallinas, Vapat, es la mayor productora de energía de Castilla y León, “posiblemente incluso por encima de Iberdrola”. González Vallinas es cuñado de un hombre que fue jefe de prensa de Villanueva cuando era consejero de Educación, y trabajó para él en distintas consejerías. En 2006 Villanueva creó la Fundación de la Lengua Española, a cuyo frente colocó a su amigo. El proyecto acabó con un agujero de 4 millones de euros y con la amistad que mantenían hasta entonces.

También declaró la jefa del Servicio Territorial de Industria que se incorporó en enero de 2012, María Araceli Conde Lázaro, que desveló como hace dos meses, mientras recopilaba documentación requerida por el fiscal, la jefa de Negociado encontró en un cajón el documento “semáforo”, una lista de parques con los colores rojo, amarillo y verde que clasificaba los parques en función de si se gestionaban rápido, despacio o se paralizaban. Aunque no sabía si ese documento se había conservado, acordó remitirlo si lo encontraba.

El jefe de Desarrollo de Red Eléctrica Española, Luis Imaz Monforte, el hombre que firmaba los permisos de conexión de los parques. Imaz precisó que todo su contacto con la Junta de Castilla y León se limitaba a reuniones cada seis meses con el director del EREN, Ricardo González Mantero, con quien acordaba los nudos de evacuación, si bien en una ocasión le presentó al secretario general de Economía imputado en el caso Rafael Delgado. También recordó que Red Eléctrica amplió los nudos en la estación de La Mudarra (donde se conectaban los parques de González Vallinas) porque hasta ese momento no había capacidad suficiente."               (eldiario.es, 08/11/17)

16.11.17

Un empresario revela cómo pagaba comisiones al PP en una cinta con la que intentó chantajear a Rajoy

"La Guardia Civil tiene en su poder una grabación en la que el empresario Rafael Palencia, contratista público y donante del PP, admite haber realizado entregas de dinero en efectivo a los antiguos responsables de las finanzas del PP a cambio de que le «trataran bien» adjudicándole obras al Grupo Degremont, especializado en aguas y tratamiento de residuos. Concretamente «entre el 2% y el 3%» de cada obra licitada, una cantidad que consideraba «lo normal».

EL MUNDO ha tenido acceso a esta cinta, que ha sido hallada por los investigadores en los registros practicados al ex responsable operativo del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, con quien conversó Palencia, responsable de Degremont, en torno al mes de junio de 2008.

El juez José de la Mata, que requirió esta grabación y que va a recibirla próximamente, tuvo conocimiento de su existencia por una conversación telefónica intervenida al ex presidente madrileño Ignacio González en el marco de la denominada operación Lezo.


En ella, González relataba que la cinta había sido empleada para chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que éste había ordenado a Bárcenas retirarla de la circulación a cambio de dinero. Un extremo que han negado tajantemente tanto el Gobierno como el ex tesorero popular.
«Yo colaboro para el partido», le admite Palencia a De Miguel en la grabación. «¿Qué haces? Por ejemplo, ¿cada proyecto de estos les das un...?», le contesta quien fuera el responsable de la empresa de aguas madrileña. «Yo de momento voy haciendo una serie de entregas a cuenta permanentemente. Muchas veces».

«¿Pero entregas dinero con independencia de que haya adjudicaciones o no?», le insiste De Miguel al contratista público. «Hombre, un poco relacionado con las adjudicaciones. Yo le ayudo al partido general para que él me ayude en general [...] y me traten bien».

«¿Y cuántas y cuántas veces?», vuelve a insistir De Miguel. «Bueno, pues yo periódicamente entrego 35.000 euros. Es una cantidad que paso allí, voy y entrego yo. En general, un 2% o un 3%, lo que quieran», añade, al tiempo que admite que también paga comisiones «en comunidades autónomas del Partido Socialista».

Palencia indica a renglón seguido que las entregas en Génova las realiza en un «sobre» a Álvaro Lapuerta en presencia de Luis Bárcenas. «Confío mucho en Álvaro, me aprecia mucho y Luis también, y entonces, pues...».

Según detalla Palencia en la grabación, los pagos, a los que se refería en clave como «los folletos», se los realizaba «a los dos», aunque recalca que tenía verdadera relación con Lapuerta. «Tienen que estar dos. Luis dice: 'Espera que voy a llamar a Álvaro'. Yo lo que quiero es ganar obras, no perder las obras, porque ya te digo que estamos un poquito agobiados», apostilla en la conversación.

En esta misma conversación, Palencia le indica a De Miguel que en la Comunidad de Madrid, y concretamente en el Canal de Isabel II, «nunca» ha pagado comisiones porque «nunca» se las han pedido.

Ignacio González precisó en las grabaciones intervenidas en el caso Lezo que fue su antiguo subordinado en el Canal de Isabel II, De Miguel, quien utilizó este material. «Le sacó una grabación a un empresario diciendo que le daba pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy», indicó González.

Tal y como añadió el ex presidente madrileño, esa grabación comenzó a circular hasta llegar a oídos del presidente del Gobierno. Ante lo cual, según el relato de González, Luis Bárcenas «soltó pasta por esa puta cinta. Para taparlo».

Según ha podido saber este periódico, cuando el Gobierno del PP tuvo conocimiento de la existencia de esta grabación ordenó inmediatamente a Bárcenas que regresara de un viaje de placer a Canadá para que investigara de qué se trataba. Tras aterrizar en Madrid, Bárcenas mantuvo una reunión con Federico Trillo, quien había escuchado la cinta, y le relató su contenido. Todas las fuentes consultadas en el entorno del PP niegan pago alguno para comprarla.


15.11.17

Zaplana a González: “Me dijo Aznar que hables con Catalá para asegurar el puesto de fiscal jefe de la Audiencia Nacional”

"Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su entorno han evidenciado a lo largo de toda la investigación por el conocido como ‘caso Lezo’ la capacidad de influencia que disponía González, a pesar de haber abandonado la primera línea de la política.
 Varias conversaciones mantenidas con el ex ministro de Trabajo en la época de José María Aznar, Eduardo Zaplana, evidencian estas influencias, en el punto de mira de los investigadores.

De las intervenciones telefónicas captadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha quedado constancia el interés de González por tener a personas de ‘su cuerda’ en la cúpula de la carrera fiscal, una vez que ya se encontraba inmerso en procesos judiciales. 

Ya se conocía, tras la publicación de ciertas conversaciones intervenidas, su interés porque Manuel Moix fuera nombrado fiscal jefe de Anticorrupción, como así ocurrió -aunque tuvo que dimitir tras conocerse que dispone de una sociedad en Panamá-. El conocimiento de esas conversaciones, junto a otros hechos, provocó que tanto Moix como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fueran reprobados por el Congreso de los Diputados.

Ahora, se desvelan nuevas conversaciones que hacen apuntar a la misma tesis de un posible tráfico de influencias por parte del ex mandatario madrileño y sus contactos con miembros del actual Gobierno.
En una conversación interceptada el 19 de enero de este año, entre González y Zaplana en el despacho del primero, y a la que ha tenido acceso La Vanguardia, el ex ministro y ex presidente de la Generalitat valenciana le dice al ex presidente madrileño que tiene un mensaje para él. González le cuenta que ese mismo día ha quedado a comer con Ángel y Zaplana le propone ir a tomar el café con ellos.

“Tengo una cosa que deciros a los dos, que no tiene nada que ver con las cosas que estamos hablando. Me dijo Aznar que lo hablara con Ángel para que habléis los dos, que sois amigos, con Catalá -en referencia al ministro de Justicia, Rafael Catalá-”, le comenta Zaplana.

”Por asegurarnos”

El ex mandatario valenciano sigue con su idea de lo que deben hablar con el ministro de Justicia: “De poner…, bueno, poner…, él ya se lo gana por escalafón y por puntos. Se va Zaragoza -en referencia Javier Zaragoza- de fiscal jefe de la Audiencia Nacional”.

”¿Y tu amigo?”, le pregunta González, en referencia al posible sustituto de Zaragoza, que ocupó el cargo durante 12 años hasta su relevo por parte del recién nombrado fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

”Está el segundo, de teniente fiscal”, le contesta Zaplana, en referencia a Jesús Alonso, quien finalmente fue nombrado fiscal jefe, en sustitución de Zaragoza. “¿No lo iban a poner aquí?”, le pregunta González en referencia al puesto del que estaban hablando. “¡Yo creo que sí, pero para asegurar!”, responde Zaplana.

Esta conversación se produjo tres meses antes de que González fuera detenido tras una investigación de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción y enviado a prisión por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Antes de ser detenido, González ya estaba siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la compra de un ático en Marbella.

El sms de Catalá

A pesar de que desconocía que se le estaba investigando por orden de la Audiencia Nacional, temía que el juez Velasco pudiera acabar encausándole pero por el ‘caso Púnica’, por el que fue encarcelado el ex número 3 de Aguirre cuando él era el número 2, Francisco Granados.

 De las conversaciones interceptadas también se desprendía cómo quería que Velasco dejara el Jugado Central de Instrucción número 6. Tras estallar el ‘caso Lezo’, este magistrado fue ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional dejando libre el Juzgado en el que se investiga los dos grandes casos de corrupción vinculados al PP madrileño.

Por su parte, Catalá -que fue director gerente del madrileño hospital del Ramón y Cajal entre 2004 y 2005, siendo González vicepresidente primero del Gobierno regional- fue reprobado en el Congreso de los Diputados tras conocerse que en plena investigación a González le contestó un sms en el que le decía: “Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”.            (

14.11.17

La Audiencia Nacional juzgará a Manos Limpias y Ausbanc por organización criminal

"El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete y otros responsables de Ausbanc, serán juzgados por los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal. 

El juez Santiago Pedraz ha acordado dirigir el procedimiento contra la directiva de las dos organizaciones en la Audiencia Nacional. En el auto, el juez da un plazo de En el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado el magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral o en su caso pidan el sobreseimiento de la causa.

En su resolución, Pedraz estima que ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal dirigida por Luis Pineda a través de la supuesta asociación sin ánimo de lucro Ausbanc, cuya finalidad última era “la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros”, bajo la cobertura de una “defensa de los consumidores”. El juez describe conductas de presión a entidades contra las cuales, por la naturaleza de la asociación, debería luchar para lograr una protección efectiva de los consumidores.

Según ha destapado la investigación del juzgado, el dinero que recaudaba Ausbanc se obtenía, en gran medida, de entidades financieras con las que se firmaban acuerdos publicitarios. Un dinero que no redundaba en el beneficio de la asociación sino que gran parte del mismo, explica Pedraz en su escrito, “se distraía entre las sociedades creadas al efecto por los dirigentes de Ausbanc, con la finalidad última de beneficiarse personalmente”.

El juez también ha detallado que la organización realizó coacciones a algunas entidades financieras enmascarados en esos acuerdos publicitarios y que llegó a utilizar el sindicato Manos Limipas como instrumento para ejercer y reforzar dichas coacciones. 

Según Pedraz, Ausbanc financiaba al sindicato para ejercer la acusación popular en distintos procedimientos judiciales, valiéndose para actuar de tal manera “de los recursos propios del sindicato, contando con el apoyo y beneplácito del Secretario General de Manos Limpias, Miguel Bernad, a quien Luis Pineda, en cierto modo, controlaba y manejaba”.

Ambos contaban, añade el juez, con el apoyo de la letrada Virginia López Negrete. Esa connivencia entre Ausbanc y Manos Limpias destaca en al menos ocho procesos judiciales que recoge en su escrito, como los llamados “caso Sevilla”, “caso Palma”, “caso Sabadell”, “caso Facua”, “caso Volkswagen” o “caso Banco Santander”, entre otros.

El caso en el que está implicada la Infanta Cristina de Borbón, el “caso Noos”, en el que Manos Limpias ejercía la acusación popular, el juez indica que Luis Pineda “utilizaría la estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta a cambio de un acuerdo que les beneficie económicamente, en concreto entre 2 y 3 millones de euros”.              (El Salto, 30/10/17)

13.11.17

Odebrecht: los papeles secretos del mayor escándalo de América. Pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica

"Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos de América, pagó 200 millones de dólares (172 millones de euros) en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada d´Andorra (BPA), según informes confidenciales de la Policía de este Principado.

Los sabuesos andorranos bajo las órdenes de la juez Canòlic Mingorance barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes presentados al banco por la que pasa por ser la mayor contratista de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países.

El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había denunciado que esta institución financiera acogía fondos de tramas criminales de Rusia y China. Andorra, atenazada por la presión internacional, renunció el pasado año al secreto bancario.

EL PAÍS ha tenido acceso a la documentación confidencial que políticos, altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas.

Odebrecht transfirió a estos depósitos sobornos millonarios que enmascaró como servicios que nunca prestó.

La revelación contempla centenares de documentos como pasaportes, cartas de presentación, cuestionarios confidenciales de clientes e informes sobre la evaluación de riesgo.

También incluye las actas de las sociedades de Panamá, Islas Vírgenes y Belice con las que operaron los principales protagonistas de la trama Odebrecht. Una bomba política que ha aflorado sobornos en 12 países de Latinoamérica y cuya metralla ha impactado ya contra los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) o Danilo Medina (República Dominicana). La ola también alcanza a los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Ollanta Humala (Perú), en prisión por este escándalo.

La BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compañía de Marcelo Odebrecht, que también está en prisión, para pagar los sobornos a actores clave en la adjudicación de obra pública.

La constructora ha reconocido ante la Justicia de Brasil que costeó campañas electorales de presidentes y candidatos de América. Y que pagó sobornos por, al menos, 788 millones de dólares (680 millones de euros). Los candidatos favorecidos por la contratista ejecutaban después un plan de obras públicas multimillonario. Odebrecht abonó una multa de 3.500 millones de dólares (3.019 millones de euros) a las autoridades de Brasil, EE. UU. y Suiza.

La Policía de Andorra ha elaborado un detallado informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por iniciativa de Odebrecht e investiga a decenas de personas y compañías que mantuvieron una operativa bancaria con esta estructura corrupta. Se trata de clientes que recibieron y emitieron traspasos internos directos a las principales cuentas bajo sospecha. Los investigadores intentan determinar ahora si estos también son parte de esta alambicada red de compra de voluntades.

Las pesquisas policiales y judiciales han revelado que Odebrecht utilizó las sociedades off shore Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a políticos y funcionarios. Y que gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panamá para ocultar a los titulares reales de las cuentas bancarias. Solamente a través de Klienfeld, una firma constituida en el paraíso fiscal de Antigua Barbuda, se abonaron pagos sospechosos por más de 200 millones de dólares (173 millones de euros).

La mayoría de los clientes de la BPA favorecidos por Odebrecht vació sus cuentas con celeridad y, en ocasiones, transfirió fondos a bancos suizos y a otros paraísos fiscales.

Los documentos demuestran que, pese a que los empleados del Departamento de Complimiento (Compliance) de la BPA alertaron del alto riesgo de los PEP (personas políticamente expuestas) presentados por Odebrecht, las cuentas se terminaron abriendo.

Lo que sigue son los papeles secretos del mayor escándalo de América:

Transferencia de dos millones a los padres del exministro panameño Papadimitriu

Odebrecht abonó 2,1 millones de dólares (1,8 millones de euros) a los padres de Demetrio Papadimitriu, exministro de Presidencia y exjefe de campaña del presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), según documentos confidenciales.

La constructora recurrió a una de sus empresas instrumentales, Aeon Group, para transferir los fondos a los progenitores del político, María Bagatelas Papadimitriu y Diamantis Papadimitriu, ya fallecido. Para ocultar el rastro del dinero, los familiares del exministro extremaron las cautelas.

Colocaron como titulares de sus cuentas cuatro sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Belice.

Los Papadimitriu llegaron a manejar en la BPA desde 2011 un total de cuatro depósitos que movieron cerca de diez millones de dólares (8,5 millones de euros). Todas sus cuentas estaban cifradas. Y ni siquiera los empleados del banco podían conocer que, tras códigos como 490145, se amagaban los familiares del que fuera hombre fuerte de Ricardo Martinelli.

Un alto cargo de Alan García planeó ocultar 10 millones

El exvicepresidente de la empresa estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera planeó ocultar hasta diez millones de dólares (8,5 millones de dólares) en Andorra.

Este exdirectivo designado por el gabinete del elexpresidente Alan García (2006-2011) recibió en la BPA 1,3 millones de dólares (1,1 millones de euros) desde una de las firmas utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos, Klienfeld.

Los papeles secretos del banco andorrano confirman también que Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014), planeaba ocultar en el pequeño país de Europa entre 600.000 y un millón de dólares (entre 520.000 y 863.000 euros).

Y que solo durante el primer año barajaba transferir 800.000 dólares (690.000 euros) a su depósito andorrano.

Las revelaciones señalan además que el exmiembro del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, Edwin Martin Luyo Barrientos, manejó –al menos- dos cuentas en Andorra.

A su depósito en la BPA ya conocido, se sumó otro en el Crèdit Andorrà que el 24 de abril de 2016 registraba un saldo de 1,2 millones de dólares (un millón de euros).

Soborno del exministro colombiano García Morales

La Policía de Andorra ha certificado el soborno de 6,5 millones de dólares (5,7 millones de euros) que Odebrecht abonó el exministro de Transporte de Colombia Gabriel García Morales. Un informe confidencial fechado el pasado 8 de agosto y dirigido a la juez andorrana Canòlic Mingorance acredita esta comisión ilegal.

El documento confirma que la cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de la sociedad Lurion Trading Inc “fue utilizada como puente para trasladar fondos hacia el extranjero y hacia una tercera persona con la finalidad de evitar que se conozca al verdadero beneficiario”.

El beneficiario del depósito fue el exministro del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), Gabriel García Morales, que concedió a Odebrecht un tramo de autopista conocido como Ruta del Sol, Sector II.

El exmandatario, que reconoció su culpabilidad el pasado enero, colabora con la justicia colombiana para rebajar su condena. También ha admitido su participación en el esquema de blanqueo ideado para este soborno el empresario de origen libanés Enrique Chisays Manzur.

La Policía de Andorra pone, también, el foco en Paulo César de Miranda, un abogado de la firma Akerman LLP en Florida (EE. UU.), que participó en una reunión en las oficinas de este bufete en Miami con directivos de Odebrecht. En la cita se trató presuntamente la crisis por la que atravesaba el Meinl Bank de Antigua, entidad que utilizó la constructora para abonar sobornos, según la declaración a la Justicia brasileña de dos testigos.

Los agentes examinan una cuenta a nombre de Kingstall Financial INC, sociedad creada en las Islas Vírgenes el 25 de mayo de 2010 y cuyos representantes fueron Miranda y Carlos Raúl Barrios Icaza, que después se dio de baja. El depósito llegó a tener en julio de ese año un saldo superior a 12 millones de dólares (10,3 millones de euros).

Un directivo movió 200 millones en Andorra

El exdirectivo de Odebrecht Olivio Rodrigues Junior desarrolló un papel “clave” en los pagos de la constructora a través de la BPA, según un informe de la Policía de Andorra dedicado a Brasil.

Hombre de confianza de Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía condenado a 19 años de prisión, Rodrigues fue para los investigadores “el responsable de los pagos de sobornos a políticos, directivos de empresas y corporaciones públicas, a través de una red de cuentas bancarias secretas abiertas en paraísos fiscales”.

El exdirectivo de Odebrecht fue accionista del Meinl Bank Antigua, un banco empleado para los pagos inconfesables. Y también representante de la cuenta de Klienfeld, sociedad constituida por la BPA para el pago a políticos y funcionarios. Parapetado por un testaferro, Rodrigues también figuró tras Aeon Group, la otra sociedad con cuentas en la BPA desde donde se abonaron pagos secretos.

Dinero negro en una obra argentina de 3.000 millones

Odebrecht pagó con fondos opacos a una subcontrata que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento, una infraestructura en Buenos Aires de 3.000 millones de dólares (2.572 millones de euros), según un informe de la Policía de Andorra del 11 de abril de 2017.

La obra se licitó en 2006 bajo el mandato del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y fue reactivada el pasado octubre por el actual Gobierno de Mauricio Macri. Con una ejecución del 10%, la construcción de este proyecto que contempla más de 20 kilómetros de túnel finalizará previsiblemente en 2022.

Un consorcio donde figuró Odebrecht junto a las constructoras Iecsa, Ghella y Comsa desembolsó, al menos, 395.000 euros en dinero negro a una subcontrata vinculada al soterramiento del tren de Sarmiento.

Uruguay: una casa de cambios bajo sospecha

Los investigadores han cercado en Uruguay a la sociedad Carday Capital SA y a sus beneficiarios, Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni. La Policía señala que son socios de la casa de cambio Cambio Europa SA en Montevideo.

Carday Capital tenía abierta una cuenta en la BPA para “recibir fondos de diversos clientes sudamericanos, mayoritariamente de Brasil y Argentina”. Se investigan los pagos que Klienfeld, sociedad panameña de Odebrecht empleada para pagar sobornos, abonó a Carday Capital.

Los agentes apuntan a un tercer beneficiario de esta mercantil, “Ricardo Fontana”.

Sostienen que se trata de Ricardo José Fontana Allende, empresario implicado en una operación de blanqueo.

Los informes policiales sobre Chile citan a Andrés León Mozes Libedinsky y su sociedad de Belice, Ralford Limited. El empresario fue presentado a la BPA por Aeon Group, una de las sociedades empleadas por Odebrecht para pagar sobornos. La cuenta de este chileno presenta un saldo de 400.103 euros. Y recibió tres millones de dólares (2,6 millones de euros) desde Aeon. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Mozes.

Exministro de Ecuador e ingeniero mecánico

Odebrecht también abonó sobornos a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), y al empresario Marcelo Raúl Endara, según la Policía de Andorra.

“Las aportaciones realizadas a sus cuentas no están justificadas documentalmente y tan solo se menciona supuestas actividades de prestación de servicios y consultoría con escasa o nula justificación de los caudales obtenidos e ingresados”, sentencian los investigadores.

Tres empresas panameñas de Endara movieron un millón de dólares (860.000 euros) de Klienfeld, una de las dos sociedades que utilizó la constructora brasileña para el pago de sus comisiones ilegales a través de la BPA.

Para lograr la apertura de su depósito en la entidad andorrana, Mosquera se presentó ante el banco como un ingeniero mecánico al rellenar el 18 de enero de 2011 el cuestionario confidencial de cliente.

En la BPA recibió de Odebrecht un presunto soborno de un millón dólares (860.000 euros). A la pregunta de si era o no una Persona Políticamente Expuesta (PEP), el exministro de Rafael Correa marcó ambas casillas: la del sí y la del no.

‘Betingo’, el actor clave

La conexión de la BPA con Odebrecht pasa –según los papeles secretos- por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.

La Policía del Principado califica el papel de este exfinanciero de “clave” y le sitúa como partícipe de la alambicada madeja mercantil que tejió la mayor contratista de Latinoamérica para desembolsar comisiones millonarias. “Construyó entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht”, concluyen los agentes.

Betingo fue además la “persona de contacto” –según la investigación- entre la BPA y el principal testaferro de Odebrecht, Olivio Rodrigues. Se trata del personaje que figuró tras Klienfeld, una de las sociedades creadas por la constructora en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda para enmascarar sus comisiones. “Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”, concluye la Policía de Andorra." (José María Irujo, ,Joaquín Gil, investigacion@elpais.es , El País, 09/11/17)

10.11.17

Los 'papeles del paraíso' muestran la ingeniería fiscal de Apple, Nike y Uber

"Nuevos protagonistas y nuevo episodio en la gran filtración de Los Papeles del Paraíso. Esta vez le toca el turno a grandes multinacionales como Apple, Nike o Uber. Los papeles a los que ha tenido acceso el   Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ),  que en España tiene como socios a   laSexta  y   El Confidencial, desenmascaran la ingeniería fiscal que utilizan estas corporaciones para la elusión fiscal.

La multinacional estadounidense de ropa deportiva Nike ha desviado durante una década "miles de millones de euros" de beneficios al paraíso fiscal de Bermudas, donde tenía registrados los derechos de su archiconocido logotipo pese a no tener en ese territorio oficinas ni empleados.


Gracias a un acuerdo firmado con las autoridades holandesas en 2006 con una vigencia de diez años, la compañía de Oregón utilizaba lo que se conoce como sándwich holandés, que consiste en usar una sociedad en ese país (en concreto en la localidad neerlandesa de Hilversum) como punto intermedio entre el origen del dinero (cualquier otro país europeo) y un paraíso fiscal, en este caso Bermuda, a través de la sociedad Nike International Ltd y lo que en Holanda se llama sociedad comanditaria (commanditaire vennootschap o CV).

También Apple y Uber usaron los servicios de Appleby para montar sus esquemas tributarios fuera de sus países de origen y tratar de reducir así su factura fiscal.

En los papeles del paraíso aparece el nombre de Apple por la forma de construir su estructura societaria para eludir el pago de impuestos. El despacho de abogados de Apple, Baker and McKenzie, pidió asesoramiento a la firma especializada Appleby sobre cómo organizar su ingeniería fiscal una vez que en Irlanda se ponía más seria a la hora de presionar sobre la elusión fiscal, según recoge El Confidencial .

La estructura elegida por la multinacional tecnológica es lo que se conoce como "doble irlandés". Una estrategia que crea dos compañías irlandesas, una tiene la sede en un paraíso fiscal y la otra, con sede en Irlanda, es la que tiene la actividad empresarial. En este caso, la multinacional (tras haber mandado cuestionarios sobre varias ubicaciones) se decidió por Jersey. En esta pequeña isla del canal de la Mancha se encuentran así las subsidarias Apple Sales International y Apple Operations.

Otra de las multinacionales que han aparecido en los papeles es Uber. Según recoge El Confidencial fue Appleby quien asesoró en sus movimientos sobre cómo organizar su estructura, que optó por el modelo del 'sándwich holandés", al igual que Tesla.

Que Apple no paga los impuestos que debería no es ningún secreto. Al contrario. Según un   informe  de U.S. Pirg y el Institute of Taxation and Economic Policy (ITEP), Apple es la empresa estadounidense que más dinero mantiene en territorios de baja tributación (principalmente Irlanda) de entre todas las multinacionales con sede en EEUU, eludiendo 76.000 millones en impuestos. 

Hace unos días,  la empresa que fundó Steve Jobs ha publicado los resultados del año fiscal de 2017. Han aumentado su beneficio anual un 5,8%, hasta alcanzar los 48.351 millones de dólares. Los ingresos  crecieron un 6,3%, hasta situarse en 229.234 millones de dólares, un 25% de ellos en Europa.

 Además, la compañía acumula 268.900 millones en efectivo, la mayoría fuera de EEUU para reducir la carga fiscal. Tim Cook, su consejero delegado, ha vuelto a pedir que se proceda cuanto antes a la reforma del impuesto de sociedades (se estudia su reducción al 20%) para poder repatriar este dinero, informa  El País .

Para solucionar este problema muy relacionado con las tecnológicas, la Comisión Europea quiere promover una reforma de los impuestos para que las empresas paguen los impuestos que les corresponden."            (eldiario.es, 06/11/17)

9.11.17

Juicio a un funcionario por manipular una oposición para beneficiar a su hijo

"La sección primera de la Audiencia de A Coruña juzgará este lunes a un capataz de obras del Ayuntamiento de Noia que formó parte de un tribunal selectivo para la adjudicación de nuevas plazas en la Administración local por haber modificado presuntamente las respuestas de exámenes de la oposición para beneficiar a su hijo y a otras tres personas afines a él. El fiscal pide que el funcionario sea condenado a cinco años de prisión y otros tantos de inhabilitación por un delito como autor de un delito de falsificación de documento público.

En su escrito de acusación, el fiscal señala que el funcionario de carrera R.O.N., llegó a realizar hasta ocho cambios en las respuestas de cada uno de los cuatro exámenes manipulados para que en el cómputo final cada aspirante acertase 18 de las 20 preguntas del test y así obtener la plaza.

El acusado había accedido a la función pública en el puesto de oficial albañil del Ayuntamiento de Noia en 1981 y en virtud de la resolución de la alcaldía en 2006 se resolvió el procedimiento convocado para la provisión de la promoción interna mediante el sistema de concurso-oposición libre para ocupar la plaza de capataz de la brigada de obras por el que se integró definitivamente en la subescala de servicios especiales, grupo C1 de la Administración local.

En agosto de 2012, el Ayuntamiento aprobó las bases que regirían el proceso selectivo de seis puestos de peón de obras para la ejecución de proyectos de mejora del abastecimiento y saneamiento del barrio de Bergondo y las bases para el proceso selectivo de un puesto de oficial de primera.
Posteriormente se designaron a los trabajadores que formarían parte de los tribunales selectivos que se hicieron públicos por la alcaldía un mes después. Entre los designados y como vocal titular del tribunal de oficiales de primera se encontraba el funcionario acusado.

Relata el fiscal que una vez finalizado el tiempo para completar la prueba y ya entregados los exámenes al tribunal por los aspirantes, se dispuso un sistema de corrección para todos los miembros del jurado de la oposición. El sistema consistía en que una vez repartidos los exámenes entre los distintos miembros de los dos tribunales, la secretaria iría leyendo las respuestas correctas y ellos irían corrigiendo las preguntas e indicando en la parte superior del examen las respuestas que fueran positivas, negativas o en blanco.

En este proceso le correspondió al acusado repartir los exámenes entre los distintos miembros (incluido él mismo) de ambos tribunales de peones y oficiales. “Aprovechando esta oportunidad, el procesado se las arregló para seleccionar para su corrección el examen de su hijo y de otras tres aspirantes, personas afines a él mismo por razones laborales”, sostiene el fiscal Ramón Lojo Corbal.

“Con ánimo mendaz, con la intención de favorecer a estas personas para que obtuvieran las plazas en disputa, realizó diversos cambios en los exámenes, haciendo creer al resto del tribunal que habían sido efectuados por los propios aspirantes”, añade la acusación pública. Finalmente, tras las modificaciones efectuadas en la parte superior de la primera hoja del examen, el acusado hizo constar que los aspirantes habían obtenido 18 respuestas positivas, cambiando las otras dos restantes que unos casos aparecían como negativas o en blanco."                 (El País, 30/10/17)

8.11.17

Pujol, Trías y Mas: la afición en CiU por las herencias ocultas en paraísos

"Xavier Trias es, hoy por hoy, el político español con más relevancia entre los descubrimientos de los Papeles del Paraíso. En una entrevista con La Sexta, en la que sólo esperaba hablar de Cataluña, Trías se encontró con el descubrimiento. Y, aparte de una comunicación no verbal que transmitía pánico, Trías sólo alcanzó a cubrirse con excusas sobre herencias y legados de sus padres.

El que fuera alcalde de Barcelona con CiU y hoy portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento, figuraba como beneficiario de un vehículo offshore que supuestamente ocultaba dinero en Suiza. Su nombre, The JTB Family Settlement, respondía a las siglas de su padre, Juan Trías Bertrán, y servía para controlar los fondos familiares en RBS Coutts Trustees Ltd, filial de banca privada del Royal Bank of Scotland.

El padre de Trías falleció en 1994, aunque la estructura de la compañía no cambión hasta 2008, cuando murió la madre. Entonces, se activó el procedimiento para repartirse el dinero entre los herederos, que eran los 11 hermanos y un sobrino: “Redactar una escritura de nombramiento con respecto a la distribución del 50% de los fondos del fideicomiso a 11 de los 12 beneficiarios del fideicomiso y una escritura de nombramiento a un subfondo con respecto a uno de los 12 beneficiarios del 'trust”, explica El Confidencial.

En su entrevista con este medio, entre los temblores de manos y piernas, acertó a argumentar sobre los documentos: “No tengo ni idea porque nunca me he cuidado de esto. Si esto es verdad, no tengo ni idea”. Y más culpas a quienes ya no pueden responder: “Los temas de herencia familiar los ha llevado siempre mi hermano mayor, que desgraciadamente murió hace un año. Pero la verdad es que exactamente no sé de qué me habla (...) Me habla de unas cosas que me parecen chino".

Pero el reparto de culpas entre los fallecidos y sus legados no es una excepción de Trías. Casi podría decirse que forma parte del manual de escaqueo de la antigua CiU y de sus próceres.
Jordi Pujol marcó el camino en 2014. El padre de la patria apuntó a su propio padre y a una herencia que habría mantenido durante 30 años ocultos en el extranjero. Era la excusa con la que quería salvar a sus hijos, en el punto de mira de la Justicia. Pujol sacó un comunicado en el que pedía “perdón” por la ocultación y aseguraba que había procedido a regularizar los fondos.

Pujol aseguró que su padre había ocultado su dinero porque había vivido la Guerra Civil y “tenía miedo de lo que podía pasar”. Incluso llegó a decir que "su conciencia y su cargo le empujaban a rechazar esta herencia", pero que lo hizo para que sus hijos no la perdieran. La hermana del expresidente de la Generalitat, sin embargo, no tenía ni idea y le espetó con un ilustrativo: "Pero ¿de qué herencia hablas, Jordi?"

Con semejante ejemplo, Artur Mas habló en 2015 de la herencia de su padre, escondida en Liechtenstein. Mas se convirtió en el primer president de la Generalitat que tenía que comparecer en una comisión de investigación mientras estaba en el cargo, forzado por sus socios de gobierno, ERC.
En semejantes condiciones, Mas tuvo que corregirse a sí mismo. 

Siempre había mantenido que se enteró de que su padre escondía dinero en el extranjero en el año 2008, cuando se regularizó la fortuna. Sin embargo, en dicha comisión acabó admitiendo que lo sabía “desde finales de los años 80”. Lo que suponía que sabía de la herencia oculta, durante la etapa en la que fue conseller de Hacienda en la Generalitat (1997-2002) y después conseller en cap (vicepresidente) de Jordi Pujol."              (El Plural, 06/11/17)

6.11.17

Cuatro jefes de policía detenidos en el puerto de Vigo implicados en una red de sobornos y pesca ilegal

"Al menos cuatro jefes de servicio de la Policía Portuaria y dos personas vinculadas a la Asociación de Armadores de Vigo (Arvi) han sido detenidos este lunes en el puerto del Berbés, el de mayor volumen de descargas de España y uno de los más importantes de Europa. Todos ellos están implicados en una supuesta red que pagaba sobornos en especies a los inspectores portuarios a cambio de evitar los controles fiscales en la comercialización de especies prohibidas y tallas ilegales.

En el operativo desplegado por la Guardia Civil y coordinado por el juzgado de instrucción número cuatro de Vigo, se decomisaron más de doscientos kilos de pescado, principalmente de atún y pez espada que no alcanzaban el tamaño permitido para su comercialización y que estaban dispuestos para su venta final en restaurantes y particulares.

Los detenidos pasaran este martes a disposición judicial. Se les imputan delitos de cohecho, falsedad en documento oficial, revelación de secretos y delito fiscal en base a la operativa que puso al descubierto la investigación policial y que al parecer se venía realizando desde hace varios años en el Berbés después de haber sido objeto de otra investigación abierta en 2013 que se cerró sin resultados desde la Fiscalía de Pontevedra.

Esta consistía en que los agentes portuarios, en connivencia con los armadores, se quedaban con parte de las capturas ilegales por hacer la vista gorda en los controles comerciales y fiscales. Estas capturas ilegales que supuestamente recibían los agentes corruptos eran vendidas en el mercado negro por lo que obtenían elevados beneficios, lo que en el argot se denomina como chupa, según indicaron fuentes de la investigación.

Las piezas más importantes en el engranaje de este grupo que venía operando en el puerto de Vigo eran los jefes de servicio de la Policía Portuaria o cabos, que realizan su servicio en la lonja. De ellos depende el control de la actividad de las descargas y la venta de la pesca en fresco, lo que repercute en el pago de tasas a la Autoridad Portuaria que trataban de eludir los armadores.

Así, uno de los cometidos de los jefes de servicio era dar las órdenes a los demás policías portuarios que realizan la actividad en la lonja y controlar la entrada y salida de personas al recinto del puerto del Berbés. De la investigación hasta ahora realizada se deduce que los policías detenidos participaban en la actividad delictiva avisando de las actuaciones de los inspectores del Ministerio de Pesca, de la Xunta de Galicia y Guardia Civil.

También los jefes de servicio portuario detenidos recibían dádivas por aportar mayor espacio en la lonja al controlar el reparto de los huecos para la colocación de las cajas de pescado con el fin de beneficiar a los armadores en las subastas.

Esta no es la primera investigación que pone al puerto del Berbés en el punto de mira de actuaciones ilegales en la descarga y comercialización de pescado. A raíz de una inspección de la Agencia Tributaria en una cooperativa de Marín por fraude de IVA que operaba en el puerto vigués, la Fiscalía de Pontevedra halló indicios de una supuesta trama de sobornos con implicación de agentes portuarios que hacían la vista gorda para que los armadores no declararan parte de las descargas y defraudar al fisco sin pasar por los controles del pesaje en la lonja.

La fiscalía llegó a citar entonces a decenas de testigos, entre ellos trabajadores portuarios y armadores, que no llegaron a ser imputados por falta de pruebas por lo que la investigación se cerró un año después."                     (El País, 31/10/17)

3.11.17

Condenada una exdiputada del PP por falsear firmas para lograr licencias municipales

"El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha condenado a María José Caldelas, exdiputada del PP y esposa del presidente de la Diputación y del PP ourensano, Manuel Baltar, a un año de prisión, a una multa de cinco euros diarios durante doce meses y al pago de las costas procesales, por dos delitos de falsedad en documento oficial durante la etapa en la que estuvo al frente de un pub en la ourensana Plaza de As Mercedes.




El caso se refiere al pub que adquirió Caldelas en la céntrica Praza das Mercedes y que regentó entre 2008 y 2011. Los antiguos propietarios denunciaron que la exdiputada del PP falsificó sus firmas para obtener licencias municipales que le permitirían acometer la reforma de las instalaciones.
En relación a un documento presentado el 24 de marzo de 2009, la sentencia le impone seis meses de prisión y otros tantos de multa a razón de cinco euros diarios

En el caso de que no satisfaga la sanción, quedará sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria que le supondría un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

También ha condenado a Caldelas por falsedad en documento oficial en relación a un segundo documento, presentado en el registro del Ayuntamiento de Ourense en fecha de 11 de abril de 2011.

La pena es idéntica: seis meses de prisión y otros tantos de multa por importe de cinco euros al día, más la responsabilidad civil. La acusada deberá afrontar, asimismo, el pago de las costas procesales. La acusada podrá interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense en el plazo de diez días hábiles.

La acusación particular reclamaba un año y nueve meses de prisión y una multa de nueve meses con una cuota de 20 euros diarios por cada uno de los dos delitos de falsedad documental de los que la consideraba responsable cuando se hizo cargo del pub 'Seven', entre 2008 y 2011.

La mujer de Baltar compró este negocio el 1 de octubre de 2008 a los anteriores propietarios y socios. Medio mes más tarde, presentó en el Ayuntamiento la instancia de apertura y obra en el establecimiento. Sin embargo, a inicios de marzo de 2009 se denegó el cambio de titularidad. El 24 de ese mismo mes se registró en el Ayuntamiento un documento para pedir la instalación de diez veladores en la Plaza de As Mercedes, figurando como solicitante uno de los antiguos propietarios, que denunció los hechos.

El 11 de abril de 2011, el Registro del Ayuntamiento recibió otro documento, también firmado por el denunciante, para pedir una prórroga y acondicionar el local para cambiar su categoría de café bar especial a café bar. La causa se abrió después de que el hombre a nombre del cual se presentaron los escritos negase haber firmado ninguno de los dos documentos.

El denunciante aseguró haberse enterado después de que se le embargara por el impago de los veladores que había solicitado. La sentencia reconoce la "verosimilitud" de la declaración del denunciante, sin que en su testimonio se aprecien contradicciones esenciales ni resentimiento o venganza con la acusada.

Además, señala que la firma que aparece en el documento fechado en marzo "se asemeja, pero no coincide" con la del denunciante, mientras que la firma del documento de 2011 "no guarda ningún tipo de semejanza".                (El País, 30/10/17)

31.10.17

Noticias genovesas ocultas tras la polvareda del procés

"Uno de los versos del Romance de Roncesvalles, aquel que dice que “con la grande polvareda perdimos a don Beltrán”, está más que nunca de plena actualidad y es que con la “polvareda” de noticias que sobre el proceso independentistas en Cataluña se publican en los medios de comunicación nacionales han desaparecido de la parrilla informativa los numerosos Beltranes genoveses que en forma de corrupción, puertas giratorias, nepotismo y cacicadas varias campan a sus anchas sin control informativo.

Y para acreditarlo nada mejor que haceros una selección de esas otras noticias no relacionadas con Cataluña que a los largo de las últimas semanas se han conocido de refilón y que apenas han tenido hueco en los medios de comunicación públicos y privados. Hemos tomado como punto de partida el pasado 1 de octubre coincidiendo con la celebración del autodenominado “referéndum” para la independencia de Cataluña.

 Las hemos dividido en dos bloques. En el primero se reúne información sobre 7 casos de corrupción mientras que en el segundo los seleccionados han sido genoveses de postín que muy a su pesar han sido también noticia.

01. Gürtel

Sin duda lo más relevante es que las fiscales de la PS 1999-2005 han presentado sus conclusiones definitivas considerando que las donaciones finalistas en los papeles de Bárcenas se daban a cambio de adjudicaciones y que el PP nacional ha sido el beneficiado de los delitos cometidos por la trama en los municipios de Pozuelo y Majadahonda. Un total de 245.000 euros.

 Para la fiscal Concepción Sabadell ha quedado “acreditada de forma abrumadora y plena” la existencia de “la Caja b del PP”.

 La misma fiscal da por ciertas las donaciones de empresarios recogidas en los papeles de Bárcenas, que “no eran altruistas” como ha defendido el extesorero sino “finalistas” a cambio de la obtención de obra pública. Respecto a la ex ministra Ana Mato, la Fiscalía Anticorrupción también considera acreditado que la organización de Correa le pagó viajes y fiestas por un valor total de 28.400 euros.

En su alegato final, la fiscal Sabadell ha recalcado la gravedad de los hechos juzgados, “no solo por su naturaleza y el perjuicio a los fondos públicos”, sino porque se “extendieron y enraizaron” como un “modo ordinario” de contratación pública durante un largo periodo de tiempo y siempre en administraciones “gobernadas por el Partido Popular”.

02. Púnica

- La Sala II del Tribunal Supremo investigará la relación de la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro por cinco delitos: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

- La Fiscalía presenta su escrito de acusación contra el expresidente del PP y de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y le reclama dos años de prisión por cometer un delito de fraude al intentar contratar a la trama con dinero público y mediante facturación fraudulenta, para mejorar su imagen en redes sociales

- Un nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil entregado al juez Manuel García-Castellón, instructor del caso apuntala los indicios sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño entre 2007 y 2011. Sus autores sostienen que el PP se sirvió de la empresa de publicidad El Laboratorio de Almagro para camuflar gastos electorales por encima de los límites legales en los comicios autonómicos de 2011.

- Francisco Granados Lera, ex Secretario General del PP de Madrid, presenta un escrito en el que solicita se cite como investigados a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a sus predecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre, y a la exconsejera de la Comunidad de Madrid Lucía Figar, entre otros. Su letrado argumenta su solicitud en el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que acredita las irregularidades en la financiación del PP durante las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.

Granados considera "imprescindible" la imputación de Cifuentes como "responsable de dirigentes y movilización del Comité de Campaña electoral del PP de Madrid" en las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Destaca también que "fue Secretaria de Política Territorial en el Partido Popular de Madrid desde 2004 hasta el 2008, siendo sustituida posteriormente por Don Borja Sarasola" de quien pide también la citación como investigado.

- El juez de refuerzo, Diego de Egea, ha suspendido la declaración como investigada de la exjefa de los servicios jurídicos en la Asamblea de Madrid, Tatiana Sonsoles Recoder, citada por los contratos de adjudicación de los servicios de cafetería del parlamento regional a Arturo Fernández en 2009. Aparte de la concesión de los servicios de cafetería a Fernández en 2009, también se investiga a

Recoder por otra adjudicación al empresario madrileño en 2011, por la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a pedir que se investigara también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Cifuentes presidía entonces la mesa de contratación de esas licitaciones como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y también participaba en los comités de expertos que decidieron la concesión al grupo de Arturo, quien previamente había ingresado 160.000 euros en la fundación Fundescam que se utilizaron presuntamente para financiar ilegalmente al PP madrileño.


- El Gobierno de Cristina Cifuentes no ha entregado a la oposición las actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II. El argumento es que se han enviado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, y que debido al carácter secreto de esa investigación no puede facilitarlas a los grupos de la Asamblea de Madrid, aunque la norma interna de esa cámara establece que los diputados tienen derecho a conocerlas.

- Edmundo Rodríguez Sobrino, ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica, ha declarado al juez que se produjo "un robo de más de 25 millones de euros siendo presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón". Sobrino relató al magistrado en su declaración que dicho "robo o pelotazo de alguien" se enmarcó en la adquisición por parte de la Comunidad de Madrid de la empresa Inassa por 83 millones de euros.


La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que había presentado el exministro Ángel Acebes contra su procesamiento en el caso de la salida a bolsa de Bankia, ya que considera que tuvo una "participación relevante" en los informes sobre el estado de la entidad así como en las "múltiples y relevantes falacias contables".

La Sala rechaza todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el exministro y mantiene, por tanto su responsabilidad penal, recordando que el auto de procesamiento elaborado por el juez instructor de la causa, Fernando Andreu, ya recogía el conocimiento previo que los encausados, entre ellos Acebes, tenían del verdadero estado financiero de Bankia. El auto del tribunal concluye que Acebes fue "un miembro activo en la realización de actos necesarios en la realización de hechos punibles", lo que "determina la responsabilidad del sujeto activo como autor por la totalidad del hecho".

05. Caso Formula 1

Tras el levantamiento parcial del secreto del sumario se ha conocido que Ecclestone y Francisco Camps acordaron comisiones para la empresa 'Valmor Sport', encargada del evento, ligada a la firma que gestionó la caja B del PP de Valencia. Esta empresa privada, la cual más tarde fue comprada por la Generalitat valenciana junto con su deuda de más de 20 millones de euros, contrató con Laterne Product Council (LPC), la firma que supuestamente fue utilizada por el Partido Popular de Valencia para gestionar su caja B.

06. Caso Palma Arena

Jaume Matas, ex Presidente del gobierno de Baleares y Presidente del PP en esa Comunidad es nuevamente condenado. En esta ocasión a 8 años de inhabilitación por prevaricar en la contratación de los arquitectos del Palma Arena que diseñaron y dirigieron la construcción del velódromo
La Tesorera y Gerente nacional del Partido Popular, Carmen Navarro Fernández, en su declaración, en calidad de investigada, en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia responsabiliza al grupo municipal de Valencia de sus cuentas y ha defendido que Génova no estaba obligada a fiscalizarlas. Así mismo, ha afirmado que le consta como autorizados en estas cuentas el expresidente del PP de Valencia Vicente Betoret y el exvicesecretario de organización provincial del PP Juan José Medina.

En cuanto a otros genoveses que han sido también protagonistas estos son nuestros seleccionados:

08. Rafael Catalá Polo

Sin complejos usa su cargo y su cuenta de twitter para promocionar el bufete de un amigo. Gracias al propio Ministro, reprobado por el Congreso de los Diputados, nos hemos enterado que se va de visita al nuevo despacho de Tomás González Cueto, un abogado del Estado que siempre ha acompañado a Rajoy en sus pasos por diferentes Ministerios: Administraciones Públicas, Educación y Cultura y Presidencia.


El exdirector de la Guardia Civil , según el listado de autorizaciones a ex altos cargos del Portal de la Transparencia obtuvo el pasado el pasado 25 de agosto la aprobación para trabajar en una cuarta empresa antes de que se cumplan los dos años desde su cese. La empresa agraciada es Oto Melara Ibérica, una empresa del sector defensa, filial de la sociedad italiana Finmeccanica Defence Systems Division creada en 2003.


El ex Subsecretario del Ministerio de la Presidencia con la Molt Honorable Soraya Sáenz de Santamaría y que dimitió por su presunta relación con el caso Acuamed, la trama de adjudicaciones fraudulentas y sobornos con epicentro en la entidad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, según publica el Portal de Transparencia, ha sido autorizado para trabajar en Suez Spain. propiedad de una matriz francesa que en España controla compañías como Suez Environment, dueña del 100% de Agbar (Aguas de Barcelona)."                   (El Plural, 29/10/17)