28.3.17

Montull: "Se subieron las comisiones del 3% al 4% porque CDC quería más dinero"

"El exnúmero dos del Palau de la Música, Jordi Montull, ha asegurado que las presuntas comisiones que CDC reclamaba de forma ilegal a Ferrovial a cambio de adjudicársele obras públicas eran del 3% pero se subieron al 4% porque el partido "quería más dinero".

En su declaración como acusado en el juicio del caso Palau, ha reiterado lo declarado ayer por el que era presidente de la institución, Fèlix Millet, y por su hija y entonces directora financiera, Gemma Montull: del 4% que pagaba la contructora al Palau de la Música, el 2,5% iba para CDC y el 1,5 se lo repartían los dos máximos mandatarios del Palau. Montull ha admitido, a preguntas del fiscal, que él se reunía habitualmente con el que era tesorero de CDC, Daniel Osàcar, también acusado: "Venía, yo tenía el dinero a punto en un sobre, él lo contaba, lo cogía y se iba".
11:02
Las preguntas de su abogado están encaminadas a exonerar a su hija Gemma, que dice que desconocía "por completo" de dónde procedía el dinero con el que pagaba las obras de su casa. Él, dice, le regaló la reforma de la cocina y de una valla.
El abogado de Jordi Montull ya no tiene más preguntas. Receso de 20 minutos. El siguiente en declarar es el extesorero de CDC Daniel Osàcar, presunto nexo entre Ferrovial y Convergència. Según ha confesado Montull él era el encargado de recoger las comisiones. Acudía al Palau, contaba el dinero que había dentro del sobre y se marchaba
10:55
ÚLTIMA HORA: Toda la oposición, salvo Junts Pel Sí, fuerza la comparecencia de Artur Mas en el Parlament de Cataluña. [Lea aquí la noticia]
10:52
El fiscal finaliza su turno de preguntas. Ahora Montull responde a las de su abogado. Recordamos que durante la primera parte de la declaración ha desvelado que las comisiones a CDC pasaron del 3 al 4% "porque Convergéncia quería más dinero"
10:45
Si bien no ha hablado directamente de facturas falsas durante su declaración, ahora sí lo hace. Ratifica de esta forma las palabras de ayer de su hija. Se hicieron para no dar tanto dinero en efectivo a Convergència.
Una de las grandes paradojas del día: Montull reconoce documentos confeccionados por él en los que se repartía las comisiones de las obras de la Ciudad Judicial, en la que curiosamente está siendo juzgado ahora
10:40
El fiscal le pregunta por qué esta desvelando ahora toda esta información. Quiere saber cuál es el motivo que ha tenido para no hacerlo antes. "Es mi voluntad que se conozca la verdad porque mi hija está acusada de una cosa que no es verdad"


10:37
Se desvela el enigma: las siglas GPO significan "Grandes Promociones Orquestales". Ayer ni Millet ni su hija Gemma sabían su significado. Bajo este epígrafe camufablan el desfalco Montull y Millet. Ahí iba a parar el dinero en efectivo que ambos se repartían. la otra mitad iba a parar para el pago de orquestas y coros. "Ya he pedido perdón por esto", dice
10:25
Explica Antonio Fernández que Montull sí ha reconocido una reunión con dirigentes de CDC, entre ellos el tesorero Osàcar y Germà Gordó pero para hablar "algo de política y de fútbol".
10:20
Niega haberse reunido o hablado con altos cargos de Convergéncia. "Yo solo conocía al señor Osàcar". El dinero de Ferrovial a CDC se daba en efectivo dentro de sobres. "Él venía, miraba el sobre y se marchaba", expresa. En algunas ocasiones las cantidades eran tan elevadas que se hacían facturas ("no sé si eran buenas o malas") para que el pago fuera más sencillo. En ocasiones CDC no estaba de acuerdo con las cantidades que le ofrecía Ferrovial porque lo que "CDC hablaba directamente con ellos para aclarar algunos detalles y la cantidad de dinero".
Recordamos que existía tres formas para que el dinero terminara en Convergéncia:
- Facturas de empresas. Ayer Gemma Montull confesó que la mayoría de ellas eran falsas
- Dinero en efectivo. Con sobres que el extesorero de CDC recogía personalmente en el Palau
- A través de convenios con la Fundación Trias Fargas, hoy llamada CatDem, la misma que está siendo investigada nuevamente por corrupción en el sumario del 3% que investiga un juez de El Vendrell
10:10
Llega el tema clave, Ferrovial y CDC. "Los pagos de Ferrovial iban a CDC a cambio de adjudicaicón de obra pública". La comisión en un principio era del 3% pero luego pasó a ser del 4% porque "Convergència quería más dinero".
Admite que las cifras del patrocionio de Ferrovial en el Palau eran mucho menores de lo declarado. "Había una parte muy grande que iba a otro sitio". El fiscal le pregunta adónde y él responde que "a CDC". Se desvincula de esto y dice que todo "lo llevaba Millet con un tal Torrent", es decir, el que fuera extesorero de CDC Carles Torrent. Después, tras su muerte, el encargado de todo era Daniel Osàcar.


10:05
Nuestro compañero Antonio Fernández está en la Ciudad de la Justicia. Los directivos achacan el agujero del Palau a pagos en metálico al coro: dicen que se pagaron al coro, a conserjes y a jubilados ente 2 y 3 millones de euros. Por cada integrante de coro cobraba en cada una de sus esporádicas salidas unos 80 euros
9:57
Como hizo Millet, Montull confirma que con los fondos del Palau pagó obras en su casa y en casa de su hija, que ayer dijo que no sabía quién pagaba dichas obras porque su padre le insistía en que él se encargaba de todo. No recuerda el importe de las obras del Palau. "No lo recuerdo pero he escrito un libro en el que hablo de ello", dice. La cara del fiscal es un poema
9:53
Montull desvincula por completo a su hija de la trama. "Millet era quien mandaba. Él era presidente y gerente. Ella no tenía capacidad de decisión. Allí el único que mandaba era Millet". Revela que además de ser la mano de derecha de Millet, en el Palau le llamaban "el bombero".
9:47
Primera tema: el bonus que tanto él como Millet se pusieron. "Millet dijo que dado el resultado de la fundación teníamos que tener unas comisiones", afirma. En principio cobraban en efectivo pero "como vimos que estaba mal" empezaron a hacerlo a través de otros mecanismos como la creación de una sociedad al nombre de las mujeres de ambos. No hay recibos solo apuntes en un libro de actas. Las cantidades que percibían cada año no eran iguales siempre ya que dependían del superávit del Palau.
Explica que dicho bonus se estableció entre 2000 y 2002 "cuando el Palau comezó a ir bien". En líneas generales Millet cobró 800.000 euros y Montull 200.000
9:40
Arranca la sesión con 10 minutos de retraso. Montull solo va a responder a las preguntas del fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, y de su abogado. "Mantengo todo lo que dijo ayer mi hija", son las primeras palabras que pronuncia. Recordamos que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena a su hija Gemma, para la que el fiscal pide 26 años de cárcel
9:33
En unos minutos comenzará el juicio. Jordi Montull será el primero en declarar y corroborará punto por punto las palabras de su hija Gemma. Se espera que ofrezca detalles sobre la financiación irregular de CDC
9:17
Precisamente el expresident de la Generalitat, Artur Mas, anunció que comparecerá en el Parlament una vez terminen las declaraciones de los principales acusados para despejar las dudas sobre las supuestas comisiones de CDC. Todos los partidos pidieron su comparecencia así como la de Carles Puigdemont, que aún no se ha pronunciado tras asegurar que en Govern no hay un solo caso de corrupción.


9:14
Así resume nuestro compañero Antonio Fernández la declaración de ayer de Millet y Gemma Montull: 'Las confesiones del caso Palau: un misil político contra Artur Mas... y el procés'
9:10
Ayer fue Fèlix Millet quien tiró de la manta. Aunque se esperaba que reconociera el desfalco del Palau y que con los fondos de este organismo pagó las bodas de sus dos hijas (200.000 euros) y las obras en sus casas, sorprendió con la confesión de que Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a CDC a cambio de obras públicas.
Sobre cuándo empezó esta práctica, dijo que no recordaba con exactitud pero lo situó entre 1998 y 2000, puntualizando que "pasó durante muchos años" y hubo muchas obras -según la Fiscalía, incluso la Ciudad de la Justicia, donde se celebra el juicio-.
Explicó, además, la mecánica para las comisiones que se quedaban del dinero donado por la constructora entre CDC, él mismo y Jordi Montull: "Nos repartíamos el 2,5% para CDC y el 1,5% para nosotros: 1% para mí y 0,5% para Montull". Esta comisión se calculaba sobre el dinero que les entregaba la empresa, pero sobre las cifras a donar se ponían de acuerdo CDC y Ferrovial: "Yo aquí no entraba".
9:05
También declarará el extesorero de CDC Daniel Osàcar. Lo hará después de que tanto Gemma Montul como Millet dijeran que era él a quien le entregaban el dinero que Ferrovial daba al Palau y que las comisiones eran del 4%: el 2,5% para CDC y el 1,5 para Millet y Montull.
Recordamos que Montull ha llegado a un pacto con la Fiscalía para 'salvar' a su hija a cambio de inculpar a CDC. El objetivo no es otro que rebajar la pena de Gemma Montull, a la que podrían caerle 26 años de cárcel. Si el pacto sale bien, la pena se podría rebajar como máximo tres años.
9:00
¡Buenos días! Retomamos el directo informativo del juicio del caso Palau. Este jueves es el turno de Jordi Montull, mano derecha de Fèlix Millet, y que previsiblemente corroborará la versión de su hija Gemma, que ayer acusó a Convergència de darles facturas falsas para encubir pagos.
15:14
Las reacciones a la confesión de Millet no han parado de sucederse durante la mañana. A la de ERC, Ciudadanos y PSOE se suma ahora la del PP catalán. Su líder, Xavier García Albiol, señala que "no existe estelada suficientemente grande para tapar toda la porquería de CDC". A su juicio, las palabras de Millet "ponen en evidencia lo que nosotros ya teníamos claro hace siete años y es que los casos de cobro de comisiones por parte de CDC no eran unos hechos aislados, sino que el partido era una máquina perfectamente engrasada con un entramado muy bien organizado y que ha permitido que se financiara de forma irregular de manera continuada durante muchos años".
Al igual que ha hecho Arrimadas, el 'popular' ha criticado que CDC use unas nuevas siglas para identificar al partido, que se refundó hace meses como PDeCAT (Partit Demòcrata Europeu Català). "Convergència intenta engañar a los ciudadanos como si fuéramos tontos, cuando todo el mundo sabe que PDeCAT es una marca blanca de CDC que trata de ocultar toda la corrupción que afecta al partido desde hace muchos años", ha sentenciado Albiol.
14:55
Termina la declaración de Montull. Mañana se reanuda el juicio a las 9:30 horas con la declaración de su padre, Jordi Montull, que ha llegado a un pacto con la Fscalía a cambio de su confesión para rebajar la pena a su hija. Dará información sobre el supuesto desvió de fondos a CDC. También declarará Daniel Osàcar, extesorero de CDC
Así ha sido la declaración de Gemma Montull.

14:50
Montull dice que su sueldo era de 70.000 euros anuales. "Los sueldos estaban equiparados a los de las secretarias porque las funciones eran prácticamente las mismas". Como ha hecho Fèlix Millet, recuerda que todos sus bienes están puestos al servicio de la Justicia. Y vuelve a romper a llorar al recordar que tuvo que aportar dos casas como avales para pagar los 500.000 euros de fianza que le impuso el juez, que además le quitó el pasaporte.
14:44
Gemma Montull vuelve a romper a llorar cuando su abogado muestra a la sala una serie de correos electrónicos que ella se intercambiaba con varias personas en las que explicaba que no entendía nada de lo que estaba pasando tras salir a la luz el caso Palau. "Yo no me he quedado ni un solo euro de todo. Se me ha atribuido el robo de tres millones", apunta entre lágrimas señalando que esta situación ha sido muy "dolorosa" para ella y su familia. El fiscal pide 26 años de cárcel para Montull.
14:34
ÚLTIMA HORA. Artur Mas anuncia que comparecerá en el Parlament cuando declaren los primeros acusados del caso Palau. Ciudadanos pedía su comparecencia y la del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
14:30
El fiscal termina de preguntar y ahora es turno de la defensa de Gemma Montull.
14:23
ERC dice sentir "asco profundo" por la declaración de Fèlix Millet. Así lo ha asegurado el portavoz de ERC Sergi Sabrià, que ha manifestado su "rechazo y un asco profundo" y ha dejado en suspenso la posibilidad de pedir la comparecencia de Artur Mas y Carles Puigdemont.
14:15
Admite que se realizaron facturas falsas para justificar las innumerables retiradas de dinero en efectivo que servían para hacer los pagos a Convergència. Es decir, la entrada del dInero en CDC se hacía, entre otras cuestiones, a través de facturas falsas y así aparece en el epígrafe 'Factures convergents' del pendrive.
14:10
Inés Arrimadas acaba de pedir la comparecencia en el Parlament de Artur Mas y Carles Puigdemont para que den explicaciones sobre las comisiones de CDC por el caso Palau. "Mas va por los platós poniendo la mano en el fuego por los Bárcenas de CDC. Que venga al Parlament y diga lo mismo", dice en referencia al extesorero del partido Daniel Osàcar.
14:00
Entre las carpetas que hay en el pendrive una tiene el nombre de 'Daniel'. Se refiere al extesorero de CDC Daniel Osàcar. Sigue la misma línea que Fèlix Millet y le implica en la financiación irregular del partido.
13:55
En los documentos que se le están mostrando, Gemma Montull reconoce la letra de su padre e insiste en que en todo momento "cumplía órdenes". En varias libretas también aparece su letra. La reconoce y corresponde a anotaciones sobre la contabilidad del Palau, la mayoría extraoficial.
13:44
Le enseñan el 'pendrive' que el día del registro en el Palau ella intentó esconder en 2009. Tenía documentos relacionados con los pagos de comisiones y lo ocultó porque "me asusté". Un policía vio lo que hacía y se lo incautó.


13:33
Confirma que Convergència se financió ilegalmente a través del Palau. "Se utilizó a Ferrovial para pasar el dinero a CDC pero no sabía que era para un tema de adjudicación de obra pública".
Los movimientos de dinero los supervisaban Millet y su padre. "Yo tomaba nota de todo porque el señor Millet era muy incisivo y siempre preguntaba si ya había llegado el dinero de Ferrovial". Afirma que "nunca" le dieron el nombre de las personas que recibían dichas comisiones.
13:30
Aunque era consciente de que existían "cuentas no contabilizadas", Gemma Montull hizo caso omiso, que cree que los 9,5 millones de euros que desaparecieron del Palau y que aún no se sabe dónde están se los quedaran Millet (7 millones) y su padre (poco más de un millón).
13:20
Montull sospechaba que el dinero de los viajes procedía de los fondos del Palau y estuvo segura de ello cuando por el cumpleaños del expresidente del Palau se fue de viaje a Londres con su secretaria y varios trabajadores. Afirma que nunca advirtió a nadie de que esto estaba ocurriendo, incluyendo a su padre, que también utilizó dichos fondos para sus viajes personales. Tampoco cuestionó los importantes movimientos en efectivo en el Palau, que dice ya existían cuando llegó al Palau. "El señor Montull es mi padre y no le hice ninguna recriminación. Sé que no hice bien".
13:15
Sobre el bonus de 800.000 euros de Millet y los 200.000 de su padre, Gemma Montull dice que ellos mismos fueron los que decidieron dárselo. "Lo hicieron de forma totalmente ilícita. No tenían nómina y decidieron cobrarlo porque pensaron que 'yo lo valgo'". Desvela que ese dinero lo cobraban a través de cheques que luego ella misma y algunas personas iba a cobrarlos al banco. "Ambos cometieron irregularidades".
13:10
VÍDEO. Así ha sido la declaración 'bomba' de Fèlix Millet.

13:06
Afirma que ella no sabía de dónde venía el dinero de las obras que se hicieron en su propia casa. Admite el desvío de fondos pero dice que se enteró de ello tras la investigación judicial. "Había muchas facturas y no ponía nada que fuera relevante en ellas. Las mismas empresas que hacían obras en el Palau las hacía en casa de Millet". Las obras también se hicieron en casa de su padre y en la suya.
Gran parte de esas facturas estaban en el despacho de su padre. Alega que como no tenía acceso a ellas desconocía la cantidad destinada a las obras y de dónde provenía ese dinero.
13:02
Gemma Montull rompe a llorar. Afirma que declara para colaborar y que su poder de decisión era "nulo". "Los que trabajábamos en el Palau lo hacíamos bajo las órdenes de Millet. Él lo controlaba absolutamente todo. No tenía poderes ni firmas en los bancos a pesar de ser la directora financiera"
12:51
Termina la declaración de Millet. Turno de Gemma Montull, que fue directora financiera del Palau. Su padre, Jordi Montull, ha llegado a un pacto con la fiscalía para rebajar la pena de su hija, que es de 26 años, a cambio de reconocer la financiación ilegal de CDC. Asegura que la responsabilidad de todo lo que ocurría era de Fèlix Millet, al que ha calificado de "jefe de todo" y que su padre era el director administrativo y "mano derecha" de este. "Poder efectivo no teníamos ninguno excepto Millet y en cierta manera, Montull", es decir, su padre


12:48
Su hija Laila era la encargada de entregar los pagos a distintas personas y constructoras. Se llevaba también una comisión. El dinero apunta que provenía de "dinero propio" o de "venta de solares míos".
Millet le pagó a Laila un máster y reformas en una psicina y en una habitación de su casa. A su otra hija, Clara, le dio un sobre de 46.000 euros. Eso sí, insiste en que era de su dinero y que no provenía de los fondos del Palau
12:43
En su afán de colaborar con la justicia, Millet dice ha devuelto cerca de 4 millones de euros como parte del dinero que gastó de los fondos del Palau. Remarca que los ha dado antes de que haya una sentencia firme. Su patrimonio está puesto a disposición de la justicia: en total cerca de 21 millones
También reconoce que con el dinero que había en su caja fuerte pagaba cosas personales y otras relacionadas con el Palau
12:37
Las preguntas de su abogado van encaminadas a inculpar a Jordi Montull de los tejemanejes económicos y financieros en el Palau. También a su hija Gemma Montull y a Mariona Carulla, quien le sustituyó al frente del Palau de la Música
12:28
Se retoma el retoma el juicio. Fèlix Millet responde a las preguntas de su abogado. Hace unos minutos decía que no sabía qué significaban las siglas 'GPO' pero tras consultarlo en el receso ha averiguado que era el lugar donde ingresaba el 1,5% de la comisión que se llevaba de las donaciones de Ferrovial a CDc a través del Palau.
Sobre por qué se pagaba en efectivo en muchas ocasiones, Millet explica que era porque a quienes iban dirigidos esos pagos eran "jubilados" a los que no se les podía hacer una nónima. Aun así, dice que su objetivo como presidente del Palau era salvarlo porque "se estaba cayendo"
12:20
Para Miquel Iceta las declaraciones de Millet explican lo que ya contó en su día Maragall sobre las comisiones del 3%
12:15
Inés Arrimadas ha acusado a Puigdemont de "tapar la corrupción con una gran estelada". En la sesión de control en el Parlament la líder de Ciudadanos en Cataluña le ha preguntado por qué no ha acudido a la puerta del juzgado hoy como lo hizo en los juicios del 9-N
12:10
Primeras reacciones. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha desvinculado a su Govern de cualquier relación con el 'caso Palau' que se juzga en la Audiencia de Barcelona y ha defendido: "Este gobierno no tiene ningún caso de corrupción".
Se ha abordado este miércoles en la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament, cuando la diputada de la CUP Anna Gabriel le ha pedido no caer en la tentación de "blanquear los casos de corrupción" con el proceso soberanista. Puigdemont ha explicado que el compromiso de su Govern es aumentar los mecanismos de control, de transparencia y de apertura de datos para "hacer aún más difícil que la corrupción pueda echar raíces excesivamente" en Cataluña.
12:05
RECORDAMOS: El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet ha admitido que la constructora Ferrovial pagó comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública a CDC a través del Palau, aunque ha dicho desconocer si altos cargos del partido estaban al corriente de esta trama.
Del dinero que daba Ferrovial para las adjudicaciones el 2,5% era para Convergència, el 1% para él y el 0,5% para Jordi Montull. "La cantidad a pagar la pactaba CDC y Ferrovial"
11:56
Receso de 20 minutos. El fiscal da por finalizado su interrogatorio. Ahora será el turno de la defensa
11:55
El expresidente del Palau y Jordi Montull vendieron varios locales de su propiedad al propio Palau. En este punto dice que no se lucraron en ningún momento porque no elevaron los precios. "No lo creo. Bueno, no lo sé"
11:50
Fèlix Millet afirma no recordar si dio dinero del Palau al diputado de ERC Àngel Colom. Las anotaciones en su agenda dicen que le entregó en septiembre del año 2000 12 millones de pesetas. Lo que sí admite es haberle dado una donación para el dirigente de CDC Esteve Escuer. Con este dinero financió una campaña electoral. la cantidad era de 13.000 euros que Escuer dijo que le iba a devolver a a Millet en diciembre de 2012
11:42
El fiscal muestra varios documentos que los investigadores encontraron en el Palau. Millet no reconoce la letra en ninguno de ellos. Atribuye parte de esas anotaciones a la que fuera su secretaria Elisabet
11:32
Millet dice no saber cuáles eran las obras que se le adjudicaron a Ferrovial. "El metro de no se qué, la torre de no se cuantos... no lo sé. Ferrovial me daba el dinero y yo se lo daba a CDC. El detalle de las obras lo desconozco. No pintaba nada"
11:23
Y vuelve a señalar a CDC. En los documentos que le está enseñando el fiscal aparece el nombre de 'Daniel'. Millet admite que se trata de Daniel Osàcar, extesorero de Convergéncia. Las siglas 'GPO' parece que le "suena mucho" a Millet pero no se acuerda quién es


11:17
Millet sigue tirando de la manta. "El fundador de Ferrovial, Rafael del Pino, fue la persona con la que acordé ese trato". También implica a Pedro Buenavista.
Con estas declaraciones está acusando directamente a Convergència de pactar con Ferrovial una comisión económica a cambio de adjudicarle obras públicas desde la Generalitat.
11:10
COMISIÓN DEL 2,5% PARA CDC. Así lo confirma el propio Millet y cuenta nuestra compañero Antonio Fernández, que se encuentra en el interior de la sala. Del dinero que daba Ferrovial para las adjudicaciones el 2,5% era para Convergència, el 1% para él y el 0,5% para Jordi Montull. "La cantidad a pagar la pactaba CDC y Ferrovial"
11:08
El fiscal incide en esta cuestión. "¿Conoce, ha tenido contacto o sabe de la participación de otros cargos políticos por encima de los tesorero?", le pregunta. "No, pero supongo que habría. Es una suposición. No sé", revela
11:04
"Ferrovial hacía donaciones al Palau para que el dinero fuera a Convergència a cambio de obra pública". Millet dice que no sabe cuándo comenzó este tipo de donaciones y que los pagos en efectivo los recibía el que fuera tesorero de CDC Daniel Osàcar.
De esta manera, Millet implica directamente a CDC. "Convergència sabía que Ferrovial daba ese dinero a cambio de adjudicar a este empresa obra pública"
10:59
"Lo que yo declaré, a excepción de un tema, es la verdad", dice Millet. "¿Qué tema?", pregunta el fiscal. "El de Convergència", responde. Es la primera mención al partido que dirigió Artur Mas.
Sobre los cerca de 9,5 millones de euros que han desaparecido y los investigadores no saben dónde están, Millet afirma que pueden haber servido para pagar en efectivo (en negro) a profesores, músicos y trabajadores del Palau.
10:55
Millet está confirmando punto por punto todo lo que descubrió la policía en 2009. Aquí puede leer la noticia que publicó ese año El Confidencial
10:50
"Yo cobraba de muchos sitios", dice Millet. "Ya lo veo, ya", le responde el fiscal, que le están mostrando extractos bancarios de sus cuentas corrientes. "Yo no hacía los ingresos, lo llevaba mi secretaria. Yo tenía dinero mío en mi caja fuerte"
10:45
"No sé nada de los libros de contabilidad. De eso se encargaba mi secretaria (Elisabet Barberà)". Le enseñan varias fotocopias de dichos libros y apunta que no reconoce la letra


10:40
Tema de las bodas. Los enlaces de sus hijas se pagaron íntegramente con los fondos del Palau. Millet reconoce estos hechos pero afirma que lo hizo para hacer publicidad la Palau, para que se supiera que en su interior se podía celebrar este tipo de eventos. "Esto hizo que poco después se celebrarn hasta seis bodas en el Palau". Admite que dichos fondos salían sus viajes por medio mundo.
La boda de su hija Clara costó más de 81.000 euros, que venían de los fondos del Palau. La de Laila, cerca de 130.000 euros.
10:35
"Cuando llegamos al Palau estaba hecho un desastre. Los primeros años no cobraba nada y dijimos: ¿hombre, por qué no nos ponemos un sueldo con bonus? Los números del Palau eran buenísimos", ha declarado. Su bonus era de 800.000 euros, el de Montull, 200.000. Para poder hacer esto, Millet cambió los estatutos de la Fundación del Palau
10:32
"Pido disculpas porque me equivoqué". Fèlix Millet se ha disculpado en varias ocasiones durante los primeros 10 minutos de su declaración. Los pagos de las obras se hacían en efectivo y se cambiaron los nombres en las facturas para que en ellas aparecieran que las obras en cuestión eran del Palau y no de sus casas.
En otras ocasiones las facturas se ponían al nombre de la mujer de Millet y de la mujer de Montull. Se pagaban de los bonus que ellos mismos se pusieron, que rondaban el milón de euros. "A esos bonus no teníamos derecho. Me equivoqué y pido perdón. Todo fue un error", confiesa.
10:29
"Las obras las hacían empresas que trabajaban para el Palau", explica Millet, que dice que era Jordi Montull quien las encargaba. No sabe cuánto dinero de los fondos del Palau utilizó para hacer obras en su casa
10:26
"¿Se beneficiaron del dinero del Palau para hacer obras en sus casas?", pregunta el fiscal. "Sí. Los fondos provenían de la fundación del Palau. Fue un error tremendo mío y por eso puse todo mi patrimonio a disposición del juzgado. Me equivoqué y lo lamento"
10:21
"Recuerdo que yo era el presidente del Palau pero no ser el presidente del Consorcio", dice Millet, que confirma que Jordi Montull era su "mano derecha", que su hija Gemma Montull era directora financiera del Palau y que estaba únicamente a las órdenes de su padre.
Afirma que cuando llegó a la presidencia del Palau de la Música este estaba a punto de ser subastado y que se lo iba a quedar La Caixa.
10:19
Comienza la declaración de los acusados. Turno de Fèlix Millet. Se esperaba que fueran Gemma Montull y su padre Jordi Montull los primeros en hacerlo. Millet declara desde una silla de ruedas debido a su estado de salud. Afirma que solo va a contestar las preguntas de la fiscalía y de la defensa.


10:15
Se desestima también que algunos de los acusados no acusan a todas las sesiones por motivos laaborales y económicos. "Cualquier acusado de este país debe de cumplir con su obligación de acudir a las sesiones del juicio", dice la presidenta del Tribunal del Caso Palau Montserrat Comas
10:09
La opinión de José Antonio Zarzalejos sobre el juicio del caso Palau: 'Y ahora, el juicio a Millet y Convergència que tumbará el procés'. Hoy, sesión clave: los Montull y Millet desvelarán la financiación irregular de CDC
10:02
El tribunal también desestima la petición de Fèlix Millet contra la obtención de pruebas "al entederse que no vulneran su derecho a la intimidad"
9:57
¿Quién es quién en el caso Palau? Aquí lo contamos. Estos son los nombres clave: Félix Millet, su exmano derecha Jordi Montull, la exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull, el extesorero de CDC Daniel Osàcar, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga (ambos de Ferrovial, la exdirectora general del Palau Rosa Garicano. A ellos hay que sumar más de una decena de acusados
9:54
Arranca con las cuestiones previas. Se desestima la petición del extesorero de Convergéncia Daniel Osácar que solicitó que se declarara prescrito el delito de tráfico de influencias, por el que le reclama 7 años y medio de cárcel
9:48
Comienza el juicio. Recordamos cuáles son las penas que se piden para cada uno de los acusados.
- Félix Millet: La acusación pide para él 81 años, la fiscalía 27 años y 6 meses y la Federación de Asocaciones de Vecinos de Barcelona 36 años y un mes.
- Jordi Montull: 81 años la acusación, 27 años y seis meses la fiscalía y 25 años y tres meses la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.
- Gemma Montull: Mismas penas que su padre, salvo lo que pude la fiscalía: 26 años, un año y medio menos
9:36
El expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, ya ha llegado a los juzgados. Al igual que el resto de días, lo ha hecho en silla de ruedas. También Jordi Montull y su hija Gemma están en el interior de la Ciudad de la Justicia


9:22
El objetivo de dicho pacto es rebajar la pena de su hija, que afronta 26 años de cárcel. Jordi Montull, que al igual que Millet ha negado siempre cualquier relación de CDC con el presunto pago de comisiones a través del Palau, busca con ese pacto atenuar una eventual condena a prisión de su hija, que no es previsible que llegue a disfrutar de los beneficios penitenciarios de los que su padre y el propio Millet podrían ser merecedores por su edad y su precario estado de salud. De llegar a buen puerto el pacto, el fiscal podría rebajar hasta los tres años de cárcel —dos de ellos sustituibles por multa— su petición de condena para Gemma Montull mediante la aplicación de circunstancias atenuantes, previsiblemente una de ellas la de confesión.
El objetivo de la defensa de los Montull sería implicar en ese posible pacto al resto de acusaciones particulares y populares, para asegurarse así que el tribunal no pueda imponer a la exdirectora financiera una pena superior a la acordada
9:05
Después de que los Montull hayan llegado a un pacto a cambio de inculpar a CDC, todo apunta a que la Fiscalía solicitará que la primera en declarar sea la exdirectora financiera; que ésta confirme las irregularidades -entre otros extremos- y que a continuación su padre suscriba que lo dicho por su hija. De aceptarse este orden en las declaraciones, el tercero en hablar sería el expresidente del Palau, Fèlix Millet, que tiene previsto adaptar sus palabras a lo que antes hayan dicho el que era su mano derecha y la exdirectora financiera.
La incógnita será saber cómo maniobrará en su declaración el único cargo de CDC procesado en esta causa, el extesorero del partido Daniel Osàcar -que se enfrenta a seis años de cárcel mientras el partido sí está acusado como responsable civil a título lucrativo- si finalmente Montull y su hija apuntan a la financiación ilegal de la formación.
9:00
¡Buenos días! A las 9:30 horas comienza una de las sesiones clave del caso Palau. Las declaraciones como acusados del exnúmero dos del Palau de la Música, Jordi Montull, y de su hija y exdirectora financiera de la entidad, Gemma Montull condicionarán el desarrollo del resto del juicio al preverse que hablarán la supuesta financiación ilegal de CDC a través de la institución."                 (El confidencial, 08/03/17)

27.3.17

Corrupción judicial: un juez amenazado por el Consejo General del Poder Judicial



"(...)Un juez frente al Consejo General del Poder Judicial

Corría mayo de 2015 cuando un joven juez llamado Manuel Ruiz de Lara pagó el viaje de un pequeño grupo de alumnos de Derecho a Bruselas. Su objetivo: debatir sobre el Derecho, sus órganos y sus leyes con estudiantes de otras universidades.

Él tenía 35 años y los alumnos veintipocos. Él era el portavoz de la llamada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación empeñada en denunciar las conexiones entre los partidos políticos y los órganos judiciales. Sus alumnos pertenecían a una quinta dispuesta a destripar el funcionamiento de la Justicia por ver si hallaban el mal.
Pocos días después de aquel viaje a Bruselas, el juez Ruiz de Lara recibió una llamada. A media mañana, cuando se encontraba en su domicilio disfrutando de un tiempo de vacaciones, sonó su teléfono personal. Al otro lado de la línea, un hombre se identificó como inspector del CGPJ y le preguntó cómo se financiaban esos debates universitarios. Él respondió que de su bolsillo. No se le informó de nada más.
Para entender la rocambolesca y oscura telaraña tejida en torno al juez Ruiz de Lara, en cuyo lienzo participa incluso el presidente del Tribunal Supremo, resulta imprescindible ver un vídeo de la Plataforma por la Independencia Judicial.
Este:
La siguiente comunicación le llegó al juez Ruiz de Lara más de un año después de aquella llamada de 2015.
El 2 de agosto de 2016, a las 13.30 de un miércoles soleado en el Mediterráneo, el joven juez recibió un mail en el que el CGPJ le preguntaba si tenía algún cargo en la asociación universitaria de debate y si recibía alguna remuneración por ello. Él ya vivía en Barcelona, donde desde febrero de ese año ocupa su puesto en el juzgado Mercantil número 10. Allí recibió el correo y desde allí respondió que no a ambas preguntas.

 Un hombre llamado Antonio Jesús Fonseca-Herrero había abierto diligencias informativas contra él. Fonseca-Herrero es lo que el CGPJ llama Promotor de la Acción Disciplinaria, cargo que une en su nombre las ideas de “acción” y “disciplina”, valga la evidencia.
“La asociación de los estudiantes es una entidad privada universitaria, y yo lo hice porque los debates que organizaban me parecía una actividad bonita académicamente”, explica. Ruiz de Lara es un treintañero flaco y sonriente de gran nariz y cejas pobladas sobre los ojos pardos. Habla con una seguridad ligeramente cascabelera que contrasta con su empeño constante en justificar algo que, en principio, parece que no necesitaría justificación.

De la misma forma que no sería necesaria la investigación puesta en marcha por el Promotor de la Acción Disciplinaria Fonseca-Herrero. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Y quizás por eso puso a disposición del CGPJ su cuenta corriente, donde entradas y salidas de dinero demostraban la verdad de sus palabras: gastos en los alumnos y ningún ingreso por esa parte.

Así quedó todo hasta que el pasado mes de enero de 2017, Ruiz de Lara decidió preguntar al Consejo por la marcha de la investigación a la que le someten. En ese momento llevaba ya más de 5 meses en marcha, y sin más noticias que las preguntas sobre la asociación universitaria de debates.
Entonces llegaron las sorpresas. Dos.
Sorpresa Uno: existe un informe secreto llevado a cabo por el magistrado José Manuel de Vicente Bobadilla donde queda en evidencia que ha investigado las actividades y la página web de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Este informe secreto no tiene ningún tipo de cobertura por parte de procedimiento alguno, y, lo que resulta más sorprendente, Ruiz de Lara desvela que está encargado por el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
El Consejo General del Poder Judicial solo puede investigar a jueces. La Plataforma es una entidad privada y entre sus socios se cuentan jueces, y también abogados y ciudadanos de a pie interesados en sus actividades. Más allá del pasmo que supone imaginar a todo un presidente del Supremo en estas triquiñuelas, como si no tuviera rotos nuestra democracia, la investigación es irregular.
Sorpresa Dos: existe un segundo informe del 12 de julio de 2016. Está firmado por Esperanza Córdoba Castroverde e insiste en la participación remunerada del joven juez en los debates universitarios. “El problema no es que haga esas insinuaciones, que ya es bastante grave”, protesta Ruiz de Lara, “sino que se basa únicamente en que aparezco en una foto de Facebook con jóvenes universitarios

 En fin, yo y no sé cuántos magistrados más”. En los debates han participado, entre otros, el presidente de la Audiencia Nacional o el Fiscal General del Estado, y acuden personas de pública relevancia como Manuela Carmena, Adolfo Suárez Illana o Pablo Casado. La relación de la investigadora con el presidente del Supremo pasa por su hermano, Diego Córdoba Castroverde, considerado uno de los “cerebros en la sombra” de Lesmes.
Y entonces llega el vídeo, contundente, durísimo con la politización y corrupción en los nombramientos del CGPJ, nacido desde dentro.
Lo grabaron un sábado del pasado mes de enero en casa de uno de los miembros de la Plataforma por la Independencia Judicial, en el madrileño barrio de Salamanca. Les costó 700 euros, que pagaron entre siete miembros, a razón de 100 euros cada uno. Cuenta Ruiz de Lara que así suelen hacerse las cosas en la Plataforma. Entonces, lo enviaron “a toda la carrera judicial”.
Ruiz de Lara: “Nosotros denunciamos que hay que cambiar el sistema de elección de vocales del CGPJ. Actualmente se lo reparten los partidos, y eso implica que los políticos metan la mano en la Justicia. Y criticamos los nombramientos realizados por el CGPJ. Les corresponde la competencia para nombrar a los altos cargos de la judicatura y no se ajustan a los criterios de mérito y capacidad, es decir, se favorece a un magistrado que tiene menos méritos que otro que también concurre.

¿Motivo? Por razones de amiguismo con el presidente del Supremo, con algunos vocales, o porque se cree que va a pensar de una forma determinada, de acuerdo con alguna ideología o partido…”.

Tres días después de mandar el vídeo a todos los jueces, el pasado viernes 24 de febrero, pese a que no había indicio de que el juez Ruiz de Lara hubiera cometido infracción disciplinaria alguna, el Consejo General del Poder Judicial le llama a declarar. A él, y al presidente de su Plataforma, Agustín Azparren, exvocal del Poder Judicial, magistrado en excedencia, y a la presidenta de una liga de debate estudiantil, Ana Funes, una universitaria de 22 años.
–¿A declarar sobre qué?
–Sobre nada, porque no me concretan sobre qué tengo que declarar. Tampoco me informan si se me imputa alguna falta. Voy sin garantía ninguna, ni siquiera saber si tengo derecho a un abogado para defenderme.
–¿A defenderse de qué?
–Pues no tengo ni idea… Hombre, pero cuando a uno le cita un órgano determinado que te puede abrir un expediente disciplinario, lo lógico es que te informen sobre qué te van a tomar declaración, y a partir de ahí tú articulas tu defensa. Son los derechos mínimos de cualquier investigado.
–Pero ¿de qué podían informarle?
–De nada. No me informan de nada porque no tienen nada que imputarme.
–¿Por qué citan también al presidente de la Plataforma, Agustín Azparren, y a la estudiante Ana Funes?
–Aquí se comenten dos irregularidades: el CGPJ no puede citar a ciudadanos, para empezar. Pero además requiere que se aporten los estatutos de la Plataforma y los de la asociación universitaria de debates. Tampoco puede requerir a una entidad privada que aporte nada. El Consejo General no es un órgano judicial, sino un órgano administrativo destinado a gobernar la carrera judicial. Solo a los jueces.
–A los jueces que cometen irregularidades.
–Sí. Yo entiendo que con mi dinero puedo hacer lo que me dé la gana. El promotor de la acción disciplinaria Fonseca-Herrero me pregunta otra vez lo mismo, si recibo alguna retribución, y le respondo que no. Y para mi sorpresa me pregunta que por qué hago esto.
–¿Qué responde?
–Que yo creo que en la vida hay cosas que uno hace por mero idealismo, que es por lo que yo lo hago, vamos, porque conocí a estos universitarios, me pareció buena su idea.
–¿Podía haberle contestado “a usted qué le importa”?
–Efectivamente, porque ni le importa cómo conocí yo a los estudiantes ni por qué hago yo esto. Esto es mi vida privada. Un magistrado también tiene vida privada y se gasta su dinero en lo que quiere.
El momento clave de esa declaración llega en torno al minuto 40. Hasta entonces, el interrogatorio insistía en la asociación universitaria.

Pero entonces el magistrado inquiere qué actividad realiza la Plataforma por la Independencia Judicial, algo que no era objeto de investigación. Durante cerca de diez minutos, el inquisidor insiste en preguntar quién realiza los informes de la Plataforma, qué personas concretas, y cómo se aprueban. Pese a que realizar informes sobre nombramientos del CGPJ es perfectamente lícito, el juez Ruiz de Lara responde que él tiene la función de portavoz y que desconoce quién hace los informes.
“El objetivo era que yo diese unos cuantos nombres y que a esos magistrados, no sé, incluirlos en una lista negra y en el futuro ya se verá”, medita. “Esa insistencia en hacer constar el nombre concreto….”.
Termina el interrogatorio sin llegar a ningún lugar, porque de ningún lugar se partía.
Las diligencias informativas llevan abiertas desde julio 2016: siete meses. Los procedimientos disciplinarios a jueces solo pueden durar 6 meses. Si en lugar de abrir un procedimiento disciplinario –no pueden hacerlo al carecer de indicios–, abren diligencia informativa, como es el caso, no tienen límite de tiempo.
–Quiero llamar la atención del riesgo que suponen las diligencias informativas para la independencia judicial. Si yo le abro a un magistrado una diligencia informativa y la dejo abierta sine die, ese magistrado mañana tiene un caso de corrupción de un partido político, estando el CGPJ nombrado por los partidos… ¿Quién me dice a mí que no se usan esas diligencias abiertas para condicionar la decisión del magistrado?
–¿Qué pretenden exactamente según usted?
–Yo estoy en un mercantil y no llevo ahora casos de corrupción. Pero, ¿qué hacen conmigo? Mantienen las diligencias abiertas con el objetivo de decirme “chaval, dejad ya de hacer los informes de nombramientos y dejad de denunciar, que no nos interesa que esto salga en la prensa y el vídeo se difunda”. Como soy el portavoz, puedo ser un chivo expiatorio.
–Es chocante que, después de todo esto, el Consejo General acabe de declarar que no tiene ningún interés en la Plataforma que usted representa.
–Ha habido una reacción en cadena de toda la carrera judicial. El presidente del Supremo ha enviado una nota de prensa donde no se aclara nada. Una de las cosas que dice es que no hay ningún interés en la Plataforma.

¡Claro que lo hay! Hoy mismo [martes 28 de febrero] acaban de enviar un requerimiento a la Plataforma para que informe sobre cuándo se constituyó, para que aporte estatutos y actas de nombramiento de los cargos de la junta directiva… ¡Solo un día después de decir que no les interesaba nada!(...)"                   (Cristina Fallarás,CTXT, 01/03/17)

24.3.17

La caja b del PP de Madrid, la hidra de seis cabezas. Las vías del PP para lograr fondos a través de la trama

"La decisión del juez Eloy Velasco de requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid y tomar declaración como imputados dentro del caso Púnica a dos antiguos altos cargos del PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre y a varios empresarios ha sacado a la luz dos nuevas vías de financiación supuestamente irregular de los populares: Fundescam y el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas. 

Son las dos últimas cabezas de una hidra, la de la supuesta caja b de la formación, que ya había mostrado durante los tres años de investigación otras cuatro de sus caras.

La reputación on line. Es la partida de supuesta financiación irregular menos cuantiosa, apenas varios cientos de miles de euros, pero es la que más repercusión política ha generado. Políticos del PP de toda España desviaron supuestamente fondos públicos a las empresas del experto informático Alejandro de Pedro para que este promocionara su imagen política en Internet. Uno de ellos, Marcos Martínez Barazón, que fuera presidente de la Diputación de León, ya ha sido procesado por ello. 

Otros, como el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y su compañero en el Ejecutivo, Lucía Figar, están imputadas, como también el que fuera consejero de Industria de Murcia, Juan Carlos Ruiz. En esta región, el presidente, Pedro Antonio Sánchez, y la hoy senadora Pilar Barreiro, están pendiente de que el juez Velasco decida si envía sendas exposiciones razonadas para que los investigue el Tribunal Superior y el Supremo. 

Además, la Guardia Civil mantiene abiertas pesquisas en otros municipios, como Castellón y Gandía (Valencia). En este último, un informe de la UCO señala al que fuera su alcalde, Arturo Torró, y al parlamentario regional Víctor Soler.

Los maletines. También ha salido a la luz uno de los métodos tradicionales de financiación ilegal: el pago en metálico de comisiones. Una agenda del exconsejero y ex número dos del PP madrileño Francisco Granados reveló que este entregó supuestamente al partido dos millones de euros procedentes del empresario Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de la constructora OHL y yerno del anterior presidente de esta empresa Juan Miguel Villar Mir. 

Los investigadores -y el juez Velasco con ellos- consideran que existen otras empresas financiadoras. De hecho, en el auto dictado en noviembre de 2015 para poner en libertad bajo fianza a Ignacio Palacios, mano derecha de Granados y señalado como su supuesto testaferro, el magistrado ya apuntaba a la presunta entrega de dinero en efectivo por parte de mercantiles. 

En aquel escrito, se destacaba el papel “clave” de este colaborador del exdirigente popular “mediante la recepción de cantidades en metálico entregadas por empresarios”.

Fiestas e inauguraciones. Waiter Music SL acaparó durante años contratos municipales para organizar festejos en una veintena de localidades de Madrid gobernados por los populares. Todo ello, según la Guardia Civil, gracias a la estrecha relación entre su propietario, José Luis Huerta, y Granados. En un reciente informe de la UCO se destaca que el primero consiguió “entre los años 2006 y 2010 contratos con ayuntamientos gobernados por el PP por valor de 19.214.514,56 euros”.. 

A cambio, la Guardia Civil considera que Huerta obsequió con la organización de diversos “eventos de carácter personal” a Granados y a otros cargos públicos, pero también al propio PP, cuyo coste luego era cargado a las arcas públicas mediante el inflado de las facturas por la organización de fiestas patronales y conciertos. Solo en Valdemoro, la UCO estima que se desviaron cerca de 200.000 euros del erario para sufragar mítines y actos del PP.

Waiter Music también organizó los festejos que acompañaron la inauguración en 2007 de dos grandes obras de ampliación de la red del Metro de la Comunidad de Madrid. En este caso, fueron las constructoras que recibieron las adjudicaciones las que se encargaron de contratar a la empresa de la trama, pero el juez Velasco sospecha que lo hicieron por indicación expresa de Granados.

Encuestas políticas. La investigación sobre los supuestos amaños de contratos a favor de la sociedad Cofely, filial del gigante energético francés GDF Suez, ha revelado que en ocasiones la mordida no era en efectivo sino mediante la elaboración de encuestas electorales. Los beneficiarios eran alcaldes, en su mayoría del PP, aunque también los había de otros partidos, como el socialista de Parla (Madrid), José María Fraile.

 Las empresas que aspiraban a conseguir una adjudicación, encargaban a la consultora TNS, cuyo propietario está imputado, un sondeo de intención de votos que se camuflaba como estudio socioeconómico. El partido se ahorraba así el coste del mismo. Los investigadores han encontrado indicios de que esta práctica se realizó entre 2005 y 2014. Las primeras estimaciones cifran en más de 400.000 euros el coste real de estos trabajos.

Fundescam. No es la primera vez que esta fundación del PP de Madrid aparece salpicada por la corrupción. Ya ocurrió en el caso Gürtel. Entonces, el juez Antonio Pedreira archivó las pesquisas al considerar que los posibles delitos cometidos a través de ella estaban prescritos. Ahora, su colega Velasco ha reactivado esta línea de investigación que convierte las donaciones de empresarios a esta fundación creada por el PP durante los años en que Esperanza Aguirre presidió la Comunidad de Madrid en una de las más prometedoras de las pesquisas. 

La misma surgió tras encontrarse durante los registros de la sede de los populares y en el domicilio del que fuera su tesorero, Beltrán Gutiérrez, documentación que relacionan las aportaciones realizadas por algunos empresarios con la posterior adjudicación de contratos públicos. Uno de ellos es el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, quien logró contratos públicos para su empresa de restauración en organismos públicos. El pasado miércoles fue citado a declarar a la Audiencia Nacional.

Actos publicitarios. Las sospechas se centran en las sociedades Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas de empresario argentino Daniel Mercado. En concreto, en los contratos firmados con ellas por las consejerías de Sanidad y Transportes, la Dirección General de Justicia y la antigua empresa pública del suelo Arpegio, los órganos de la Comunidad de Madrid a los que ha acudido en los últimos días la UCO para reclamar facturas.

 Los investigadores han constatado que estas sociedades acapararon adjudicaciones para organizar primeras piedras y cortes de cinta en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra y de la que supuestamente se desviaba una parte para la supuesta caja B del PP madrileño."                    (El País, 13/03/17)

23.3.17

Caja España prestó a su presidente 79 millones

"Caja España prestó entre 2006 y 2009 más de 79 millones de euros a compañías inmobiliarias de su presidente, Santos Llamas. En esos años el dirigente del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo era miembro del consejo de administración de la entidad financiera y vocal del comité de retribuciones de la caja.

 La que fuera la primera caja de ahorros de Castilla y León aprobó su fusión con Caja Duero en 2010 y un año después inició su integración en Unicaja. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) aprobó en 2013 una ayuda pública de 604 millones de euros para recapitalizar CEISS (la fusión de Caja España y Caja Duero).

El Frob comunicó ayer jueves que ha acordado el envío, "tras el análisis de los informes forensics recibidos", de nueve operaciones "irregulares" a la Fiscalía encontradas en Caja España y en Caja Duero. Las operaciones, informó el organismo en un comunicado, son anteriores a 2010 y estima que causaron perjuicios económicos por valor de 120 millones de euros, sin precisar más.

El organismo público español no especificó ayer en su comunicado si las operaciones "irregulares" en Caja España están relacionadas con los créditos entregados a su presidente entre 2006 y 2009. Los préstamos realizados a Santos Llamas en todo caso llaman la atención por la elevada cantidad acordada y porque fue empleada por sociedades inmobiliarias del presidente de Caja España en pleno pinchazo de la burbuja.

Fernando Martínez Maíllo (Zamora, 1969) fue miembro del consejo de administración de Caja España, y también de sociedades participadas, entre 2007 y 2010. En esos tres años Santos Llamas recibió la mayor cantidad de los préstamos logrados de la entidad.

Martínez Maíllo, ascendido recientemente por Mariano Rajoy a coordinador general del PP, recibió como consejero de Caja España un préstamo hipotecario de la entidad en el año 2009 por importe de 195.000 euros (euribor más 0,20%, 300 meses de vencimiento). En el año 2007 recibió de Caja España una tarjeta de crédito con 6.000 euros.

De acuerdo a los informes de Gobierno Corporativo de Caja España, la entidad prestó las siguientes cantidades a su presidente: 1,4 millones de euros en 2006; 19,7 millones en 2007; 50 millones en 2008; y 8,27 millones en 2009. En total, 79,37 millones de euros.

Los préstamos comunicados por Caja España en sus informes a Santos Llamas aparecen como créditos, préstamo promotor, o avales a "empresa vinculada". De acuerdo a datos del Registro Mercantil, a los que Vozpópuli ha accedido a través de Insight View, en el año 2008 la compañía Construcciones Carriegos, de Santos Llamas, recibió tres préstamos de Caja España por importes de 1,69 millones; 4,7 millones; y 7,7 millones de euros.

 La empresa del presidente de Caja España también percibió ese mismo año un préstamo de Caja Duero por valor de 8,3 millones de euros. Construcciones Carriegos, constructora y promotora inmobiliaria con presencia en León, Asturias, y Vigo, facturó 13,2 millones en 2008. (...)

"Génova intenta evitar la ruptura del PP en la Comunidad tras conocer un recorte del 70% en los afiliados de León con derecho a voto", informó El Norte de Castilla

El digital Leonoticias recogió declaraciones de afiliados al PP en León en las que se hablaba abiertamente de "pucherazo". "No puede ser que Maíllo esté investigado por lo que ocurrió en Caja España y Caja Duero y no ocurra nada", dijo Cecilio Vallejo, exconcejal del Ayuntamiento de León, del PP, en manifestaciones publicadas por este medio. 

«Exigimos su dimisión. No puede ser que en este partido se sigan utilizando los mismos métodos que en su día empleó Isabel Carrasco, no puede ser y no se puede permitir", añadió Vallejo."                 (Alberto ortín, Vox Populi, 17/03/17)

22.3.17

El PP de Madrid utilizó la fundación Fundescam para captar subvenciones públicas que luego desvió al partido con facturas falsas para pagar gastos electorales en 2007, 2008 y 2011

"La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el Partido Popular de Madrid manejó “una contabilidad B de gastos electorales” en los comicios autonómicos y municipales de 2007 y 2011 y en los generales de 2008 que le habría permitido superar de forma sistemática “los límites de gasto electoral” sin que saltaran las alarmas en los órganos de fiscalización.

 El dinero entró por la puerta de atrás de Génova mediante el desvío de subvenciones de la Administración y el cobro de donaciones ilegales a cambio de “contratos públicos”. La acusación figura en nuevos informes de la UCO incorporados a la pieza secreta que instruye el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, centrada en la presunta financiación ilegal del PP madrileño.

Según sostiene el magistrado en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, en el núcleo de la trama se sitúa la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Como ya adelantó este diario el pasado enero, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido que esta entidad sin ánimo de lucro creada por el PP regional en el año 2000 con el supuesto objetivo de promover acciones formativas y culturales fue empleada de forma masiva, en realidad, para triangular operaciones de su contabilidad paralela.

 El juez considera acreditado que permitió al partido “vehicular los fondos destinados a gastos electorales y actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña”.

Por Fundescam habrían pasado los donativos opacos de constructores y empresarios pero también ayudas públicas concedidas por los gobiernos madrileños del propio Partido Popular, una nueva vía de financiación ilegal que había pasado desapercibida hasta ahora. La mecánica era sencilla y permitía al PP controlar todo el proceso. 

 Primero, los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre concedían fondos a Fundescam para apoyar falsos programas sociales y educativos. Posteriormente, el dinero era transferido a Génova mediante “facturación por conceptos mercantiles que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid”. 

Y, por último, los fondos permitían a la formación partir con ventaja en los comicios para conservar el control de las instituciones y, de ese modo, poner en marcha otra vez la rueda del fraude para financiar futuras campañas.

La resolución de Velasco precisa que esta práctica ha sido detectada al menos en tres elecciones que se celebraron en un periodo de cuatro años. Los hechos se atribuyen al PP de Madrid pero se da la paradoja de que, en las generales de 2008, el verdadero beneficiado por el engaño fue el PP nacional, que celebró numerosos actos de campaña en la Comunidad de Madrid. En varios de ellos, participó el propio Mariano Rajoy.

Granados, Gutiérrez y Echevarría

Según el juez, en el desvío de las ayudas públicas habrían tenido un papel destacado tres dirigentes del partido: el ex secretario general de la formación y presunto cerebro de Púnica Francisco Granados; el exgerente Beltrán Gutiérrez; y el exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría, que durante una temporada hizo las funciones de tesorero de la fundación.

 El auto asegura que los tres, “como miembros del Patronato de Fundescam, habrían sido los que presentaron dichas facturas falsas al objeto de justificar el destino de los fondos recibidos con el propósito declarado de la subvención”.

Granados está imputado desde que estalló Púnica en octubre de 2014, mientras que Gutiérrez fue detenido en febrero de 2016. Por su parte, Echevarría se había mantenido al margen del caso hasta hace sólo dos semanas. El juez Velasco lo citó como imputado para que aclarara su papel en el movimiento de fondos. Echevarría, que empezó la legislatura como diputado en la Asamblea de Madrid, tuvo que dejar su escaño después de que tuviera un accidente de tráfico superando la tasa de alcohol permitida.
La UCO también ha confirmado que el PP de Madrid utilizó Fundescam para canalizar donaciones ilegales de empresarios que luego terminaron en la caja B del partido. La acusación no es nueva. 

La Fiscalía Anticorrupción ya concluyó en 2010, dentro de las investigaciones sobre el caso Gürtel, que los populares utilizaron esa entidad satélite para captar aportaciones no declaradas que luego desviaron a las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, conocidas como las del 'tamayazo'. Sin embargo, el Ministerio Público desistió de perseguir los dos posibles delitos electorales al considerar que ya habían prescrito.

Donaciones de empresarios hasta 2011

La Guardia Civil ha descubierto ahora en Púnica que Fundescam siguió recibiendo dinero de empresarios al menos hasta 2011, sólo tres años antes de que comenzara esta causa. Pero los agentes han ido incluso más allá en sus últimos informes. Según la resolución de Velasco, se ha podido certificar la existencia de “múltiples irregularidades penalmente relevantes” en concursos públicos que habrían sido manipulados por dirigentes del partido para premiar a las mercantiles que daban dinero para sus campañas electorales. 

Es decir, que las entregas ilegales de fondos al PP tuvieron una correspondencia directa en adjudicaciones, un vínculo que permite al juez cerrar el círculo del cohecho.

En el trienio 2005-2007, Fundescam recibió de la Comunidad de Madrid subvenciones por valor de 536.096 euros, según una información del diario Público. Todas las ayudas estaban firmadas por Ignacio González, entonces vicepresidente del Ejecutivo autonómico. González fue patrono de la fundación entre el 28 de febrero de 2005 y el 12 de junio de 2008. Es imposible encontrar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la concesión de estas subvenciones, ya que no se publicitaron.

Hay más datos en el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las cuentas de fundaciones vinculadas a los partidos políticos. En 2008, Fundescam recibió 150.000 euros en donaciones, la misma cantidad que en 2009 y 2010. La cifra bajó a 75.000 euros en 2011. Pero el Tribunal de Cuentas no distingue en su labor de control entre donaciones públicas y privadas. En 2012 el BOCM sí recoge una ayuda de Vicepresidencia (seguía Ignacio González en el cargo) de 128.000 euros.

Esperanza Aguirre anunció en 2010 el cierre inmediato de Fundescam cuando trascendió el vínculo de la entidad con el caso Gürtel. Dejó la presidencia de la fundación y colocó al frente a una dirigente de su confianza, Gádor Ongil, exconsejera de Familia y Asuntos Sociales, para que la liquidara. Sin embargo, como informó El Confidencial, la fundación ha estado operativa al menos hasta 2015. De hecho, el pasado enero todavía no se había comunicado oficialmente su disolución."           (El Confidencial, 21/03/17)

21.3.17

Puigdemont, diputados y senadores de CiU cooperaron en la trama del 3% para cobrar mordidas


"Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) funcionaba como una máquina para recaudar dinero a través de comisiones. El 3% que pagaban los empresarios no era una actividad exclusiva del tesorero del partido, sino que en el funcionamiento de la red clientelar participaban también otros cargos de la formación, como diputados y senadores.

Así se pone de manifiesto en el sumario del caso 3%, que instruye el juez de El Vendrell Josep Bosch. El empresario Josep Manel Bassols llegó a convencer a Carles Puigdemont, entonces alcalde de Girona y hoy presidente de la Generalitat, para cambiar los métodos de contratación del consistorio y beneficiarse así de las adjudicaciones directas.

Para entender a fondo el asunto es preciso tener en cuenta que Bassols, que actuaba aquí en nombre de la empresa Oproler (y que fue detenido por la Guardia Civil junto a su jefe Sergio Lerma) no solo era militante de Convergència, sino que había sido responsable de las campañas electorales del partido en las demarcaciones gerundenses.

El informe añade más tarde que, tras la documentación y correos aprehendidos a Bassols, “se observa cómo el alcalde y los otros cargos de Girona, según las propias anotaciones de Bassols, aceptan tales reuniones y mediaciones con BIMSA y están de acuerdo en mediar, informar e intentar efectuar ‘adjudicaciones directas’, consensuar pliegos, etcétera”.

El 11 de julio de 2013, Bassols mantuvo una reunión de 3 horas con J. Roura, según consta en los documentos que le fueron incautados. La Guardia Civil identifica a esta persona como "Joaquín Roura, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Girona". El objetivo era hablar de “promover adjudicaciones directas” del consistorio y el resultado, según las anotaciones de Bassols, fue que debía establecer una sede de su empresa en Girona o presentarse a las licitaciones con una empresa de esta ciudad.

Una semana después, el 18 de julio, el empresario mantuvo otra comida/reunión de cinco horas, cuya finalidad era tratar con el senador Joan Bagué de las “adjudicaciones directas del Ayuntamiento de Girona”. Con la teniente de alcalde habló, entre otras cosas, de una visita posterior para “consensuar el pliego de obra de las calles del barrio Sant Narcís”. Cinco días después de estas reuniones, se publican las bases de esa contratación.

Puigdemont cede:

El 12 de septiembre del mismo año, tras una nueva y maratoniana reunión de 5 horas (comida incluida) con el senador Bagué para hablar otra vez de “adjudicaciones directas del Ayuntamiento de Girona”, el mensaje de Bassols a Lerma no puede ser más positivo: “Cambian sistema de adjudicación e invitarán”, comunica Bassols a Lerma.

O sea, que el empresario se había salido con la suya, Puigdemont había claudicado y Girona les invitaría a participar en nuevas licitaciones que se podrían realizar de forma directa. La sucesión de hechos invita a la duda: tras la reunión de julio, se publican las licitaciones y, en septiembre, se cambian las normas de adjudicación conforme le interesaba al otrora responsable electoral de CDC. Todo demasiado sospechoso.

Llegar a este resultado fue fruto de un intenso acercamiento al alcalde de Girona. Ya el 17 de febrero de 2012, Josep Manel Bassols escribía a Sergio Lerma: “Ayer, día 16, me pidieron que fuera a una conferencia del alcalde de Girona en el Fòrum Europa. Posterior a la conferencia, sesiones de trabajo con cargos institucionales: alcaldes/alcaldesas, diputados/diputadas y cargos del Gobierno de la Generalitat. Fue bien de cara a futuros contactos y a poder insistir que sacaran obra y nos la adjudicaran, claro”.

Dos días después, se hacía una foto con el alcalde de Girona, Carles Puigdemont, en el Camp Nou durante el encuentro que enfrentaba al FC Barcelona con el Valencia, que tuvo lugar el 19 de ese mes. Al día siguiente, Bassols escribía a su jefe: “Ayer llevé al fútbol al alcalde de Girona (junto con su esposa y un arquitecto de confianza suya). La lluvia nos respetó y el resultado (del partido y de la invitación) fue magnífico. Espero nos ayude a entrar en el Ayuntamiento de Girona”.

La relación con Bagué, por otro lado, fue intensamente productiva. En un archivo titulado ‘Nadales 2013’, se plasma una lista de “obsequios navideños”, donde se detallan las personas que la empresa agasaja o mima y a la que envía regalos por Navidad, entre ellas el tesorero convergente, Andreu Viloca, pero también Joan Bagué Roura, de los que se acompaña su dirección particular y su teléfono móvil.

“Redireccionar intenciones delictivas”

El partido, sin embargo, movilizó a más dirigentes para contentar a los empresarios. En otro de los informes del sumario se afirma que el despliegue de Bassols es tal que “llega a ‘solicitar’ a la que en ese momento ocupaba el cargo de subdirectora de Estudios y Coordinación del Departamento de Gobernación de la Generalitat, previa invitación a comida, una provisión de liquidaciones para averiguar qué administraciones locales tendrán liquidez para pagar las obras públicas que liciten, y así redireccionar sus intenciones delictivas hacia éstas, a través, por ejemplo, de senadores nacionales como Joan Bagué, de Girona, el cual era además jefe de comarca de CDC, o de diputados de CDC como Jordi Xuclà”.

De los correos enviados por Bassols a Lerma también se desprende que sus frecuentes reuniones con el senador Bagué “no solo evidencian que las mismas tienen el propósito de fructificar la influencia que el senador puede tener en las licitaciones ofertadas por entidades públicas dependientes o administradas por cargos electos de CDC, sino que en un caso particular, como se pone de manifiesto en el parte comercial, Bassols concretará reuniones con el citado senador con el claro objetivo de que el mismo interceda utilizando su influencia en el Ayuntamiento de Girona, con el propósito de lograr un cambio de sistema de contratación en dicho consistorio, que les permita adjudicar obra pública de una forma directa”. Como muestra, detallan la larga reunión con Bagué y la teniente de alcalde gerundense del 18 de julio del 2013.

En la agenda del empresario, por ejemplo, estaba incluida una comida en Madrid el día 12 de abril de 2012 con el diputado Pere Macias para hablar de “gestiones concesiones”. Macias había sido, curiosamente, alcalde de Olot (Girona), además de consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat. Y al día siguiente tenía una reunión de dos horas con Jordi Xuclà para el 13 de abril del 2012, cuyo objeto era “gestiones y seguimiento de ayuntamientos”.

Según la Guardia Civil, los contactos “están orientados a canalizar a través del diputado las gestiones que el constructor tiene previsto o pendientes de realizar con ayuntamientos gobernados por CDC, en definitiva, con el propósito de obtener la información privilegiada que este parlamentario le pueda facilitar y que le permita mantener un control de la situación económica y de la oferta pública de dichos consistorios”.

Locos por el fútbol y la ópera

Xuclà fue uno de los invitados por Oproler en enero del 2014 al encuentro de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Barça. Una comunicación de Bassols a Lerma especifica que "J.A. Rosell no puede asistir (quedamos para el Bernabéu). Fernando imposible. J. Bagué ídem. J. Xuclà sí asistirá. Antonio responde el jueves”. Según el código interno utilizado por los dos empresarios, ‘Fernando’ era Francesc Sánchez, dirigente de CDC, mientras que ‘Antonio’ era Andreu Viloca, tesorero del partido y su contacto para lograr adjudicaciones y entregar donativos a cambio. Rosell no era otro que Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures, el mayor cargo público del Gobierno de Mas que fue detenido en la operación. Con posterioridad, también Sánchez y Viloca fueron detenidos.

Y es que los partidos de fútbol eran la debilidad de los cargos de CDC. El 7 de octubre del 2012, Viloca aceptó la invitación para asistir en Madrid a un encuentro entre el Real Madrid y el Barça. Acudió acompañado por su esposa. Y Rosell pidió para ese partido cuatro entradas. Al día siguiente, Bassols se desplaza al despacho de Rosell para hablar del “seguimiento de la obra de Manresa”, una licitación que se encontraba todavía en curso y que acabaría siendo adjudicada a Oproler.

Al día siguiente, el empresario se reúne con el otro invitado ilustre del palco del Bernabéu, Andreu Viloca. Éste era mimado por Oproler: la compañía le invitó, en diciembre de 2013, a una ópera en el teatro Real, a la que asistió también en compañía de su esposa.

No son los únicos cuadros convergentes implicados en el asunto. Mención aparte merece la relación de Bassols y otros empresarios con Germà Gordó, que en tiempos había sido responsable de finanzas de CDC y luego consejero de Justicia. De Gordó existen varios informes sobre los indicios que se han descubierto en su contra.

En un documento localizado en los ordenadores de Oproler, por otra parte, se encontró también información sobre su jefe de obra civil, José María Zaragoza, del que destaca que, además de mantener amistad con el director de obra civil de BIMSA (la adjudicadora del polémico túnel de las Glories de Barcelona, que está siendo investigada), también tiene diversos contactos importante, entre ellos con “J. Sendra (senador Tarragona)”. Eso es lo que afirma un informe de la Guardia Civil fechado el 28 de octubre de 2016. La relación de dirigentes convergentes que mediaban entre Administración y empresarios, pues, se va extendiendo paulatinamente." (El Confidencial, 20/03/17)