18.10.18

Menéndez, el hombre que encarceló al comisario Villarejo

"Francisco Menéndez comió entre 2012 y 2016 más de 500 veces con comisarios, magistrados de la Audiencia Nacional, fiscales y empresarios. En un reservado del restaurante madrileño Casa Piluca, este abogado escuchó centenares de confidencias y chismorreos de alto voltaje judicial y político. 

Confesiones que se registraron en la grabadora del comisario José Villarejo. Un asiduo a estos encuentros que se estiraban hasta las ocho de la tarde entre whisky y habanos.

La cuenta corría siempre a cargo de Menéndez. Un hombre que puso a la Fiscalía Anticorrupción sobre la pista para arrestar el pasado noviembre al policía más controvertido de España, según fuentes de la investigación del caso Tándem, que indaga una red dirigida por Villarejo, imputado por organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

Para entender esta historia hay que remontarse a 2012. Menéndez tiene entonces 52 años. Y desde hace siete, cuando abandonó el turno de oficio, es el hombre en España de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial Gepetrol. Cobra 8.000 euros al mes. Y se mueve por Madrid con un chófer uniformado en un Chevrolet Suburban negro.

A través de un empresario de Getafe, conoce al comisario del Aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca. Se hacen “compadres y comienzan a hacer negocios”, según la investigación.
El abogado inunda de regalos al policía. Le da 30.000 euros en efectivo para la boda de su hijo en El Escorial. Le compra tres relojes de 80.000 de las marcas Rolex y Hublot. Le deja un Porsche Panamera y otro Cayenne. Le cede durante 2012 y 2013 un palco del Real Madrid de más de 600.000 euros. Y corre con los gastos de un viaje a Londres de 16.000 euros.

También abona más de 500 almuerzos –a una media de 700 euros cada uno- que organiza Salamanca en Casa Piluca con la jet policial. En ocasiones aparece Villarejo, que raramente se queda a la sobremesa. Aduce una apretada agenda.

Además de asesorar a la petrolera de Guinea Ecuatorial en España , el exabogado de Gepetrol Francisco Menéndez se encargó de asuntos más vidriosos, según la investigación. Entre ellos, el de tejer una madeja societaria en Gibraltar y Suiza para mover 50 millones de euros de la tesorería de energética. El dinero procedía de las comisiones que abonan las multinacionales por hacerse con adjudicaciones de la petrolera guineana, según fuentes de la investigación del caso Tándem.
Un juzgado de Madrid le imputa por este asunto un presunto delito fiscal. Menéndez asegura que actuó como mero testaferro de los directivos de la petrolera.

La generosidad del letrado, que maneja millonarios fondos de Malabo, no es gratuita. Menéndez ve en Salamanca la figura idónea para impresionar a la cúpula de Gepetrol. Consigue que el comisario de Barajas –una micro ciudad por donde transitan al año 53 millones de pasajeros- ordene que un coche patrulla con el letrado se desplace a pie de pista cada vez que aterriza en el aeródromo un ejecutivo de la petrolera o un familiar del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. El sistema permite a los ilustres viajeros esquivar los controles de equipaje. “Menéndez logró dar un servicio impagable a sus jefes: entrar y salir de España sin registros con escolta de la Policía Nacional”, explican fuentes de la investigación.

Corre 2014. Y la relación Menéndez-Salamanca está en su punto álgido. Letrado y comisario se ven todos los días laborables. También, los festivos. Comen, viajan y comparten confidencias con sus parejas.

Una tarde, Menéndez pide al policía que le busque a un sabueso para ejecutar un encargo de Malabo. El asunto consiste en elaborar un informe para desprestigiar al ministro de Minas e Hidrocarburos, Gabriel Mbega Lima, Gabry, enfrentado en la sucesión de su padre, el presidente Obiang, a su hermano Teodorín. “Tengo al mejor. Se llama Villarejo. Trabaja para los principales bancos de España y las empresas del IBEX 35”, le respondió Salamanca a Menéndez, según fuentes de la investigación.

Menéndez visita al comisario Villarejo. Acude a la novena planta de la madrileña Torre Picasso. En un despacho forrado de metopas policiales y bajo una música clásica atronadora, Villarejo acepta el caso. Lo bautiza como Proyecto King. Tres días después, envía un presupuesto: 5,3 millones de euros. La cifra incluye un pago de 500.000 a la agencia norteamericana Stratfor para certificar las pesquisas.

 

Detector de billetes falsos


Tres millones se pagarán mediante transferencias a cuentas en Panamá y Uruguay. Y dos, en efectivo. Menéndez desembolsa esta última suma a Villarejo en Casa Piluca. Antes de meter el dinero en un sobre, lo cuenta ante el policía con una máquina detectora de billetes falsos adquirida en un chino, según fuentes de la investigación. No hay facturas ni testigos.

Arranca 2015. El abogado tiene problemas para pagar los últimos plazos del informe. Cuenta a Villarejo que un empleado de Gepetrol apodado Billy se ha apropiado de 1,5 millones del presupuesto. El comisario entra en cólera. Y le echa entre gritos de su oficina de Torre Picasso.

Por miedo a tensar la cuerda, Menéndez pone el dinero que falta de su bolsillo. O, al menos, eso le dice a los investigadores. Pero por entonces, le sobreviene otro problema. Su figura empieza a menguar en Gepetrol. El director general que le contrató en 2005, Cándido Nsue, abandona la compañía. Y la petrolera corta el grifo con el que Menéndez inundaba a los policías de regalos y almuerzos en Casa Piluca.

Los teléfonos dejan de sonar. Se acabaron las comidas con comisarios, magistrados y jueces. Menéndez pide a Salamanca que tire de sus contactos para encontrarle un trabajo. “No hicieron nada por él”, según fuentes de la investigación.

En paralelo, el abogado de Gepetrol tiene que sofocar otro fuego. Un juzgado de Madrid le imputa un delito fiscal por haber defraudado presuntamente cuatro millones de euros de la petrolea estatal. Menéndez asegura que él solo actuó como testaferro de una madeja societaria ideada en Malabo. La Agencia Tributaria no le cree.

Llega 2017. Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil visitan en julio el despacho de Menéndez en la calle Velázquez de Madrid. El abogado está en Ecuador y no puede atenderles. Dos meses después, se repite la escena. Esta vez es Asuntos Internos de la Policía. La investigación de la Fiscalía ya ha comenzado. El hombre de Gepetrol decide colaborar. “Abandonar al contable de la mafia es lo que tiene”, interpretan desde la investigación.

El juez instructor del caso Tándem, Diego de Egea, imputó a Salamanca, su esposa y su hijo por pertenecer a la red de Villarejo y dejar entrar a ecuatoguineanos sin visado por Barajas. El magistrado archivó el pasado julio provisionalmente su causa. El instructor enmarcó los regalos en una “amistad”. Menéndez continúa investigado. Un mes antes de la detención de Villarejo, Salamanca envió un Whatsapp a este abogado: “¿Cómo estás?, compadre”. El hombre que derrotó a Villarejo no contestó."                       (Joaquín Gil, El País, 03/10/18)

17.10.18

Villarejo y Cía, una mafia para controlar a políticos, jueces y periodistas

"José Manuel Villarejo dirigió durante años un clan policial mafioso que manejó información sensible sobre las actividades de los principales poderes del Estado. Animado por su desmedido afán de lucro, Villarejo se dotó de una compleja infraestructura empresarial especializada en el chantaje para rentabilizar sus delitos. Su principal objetivo fue controlar a los poderes que mueven el mundo: el político, el empresarial, el mediático y el judicial. El veterano policía pensó que así se garantizaba su impunidad.

La Fiscalía Anticorrupción expone de esta manera tan cruda lo que significa la trama montada por Villarejo: “Este clan policial mafioso tendría como finalidad primordial la obtención continuada de beneficios económicos, la obtención de influencia en el marco de la política nacional de seguridad, o influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñan su función en la esfera política, en los medios de comunicación social o en el ámbito de la administración de justicia, que utilizan con la finalidad de obtener la impunidad de su actuación delictiva”.


Villarejo ejerció durante los últimos 20 años como agente encubierto de la policía contra el terrorismo, la corrupción o la independencia de Cataluña. A la vez, trabajó de investigador privado en todo tipo de asuntos turbios; de confidente de periodistas para filtrar informaciones interesadas; o de solucionador de crisis para empresarios a cambio de importantes cantidades de dinero. Durante todo este tiempo grabó a compañeros, amigos, enemigos, empresarios, clientes, políticos, periodistas, jueces y fiscales. Se trata de un material de “alto riesgo” que Villarejo almacenó para utilizarlo a conveniencia y que ahora ha caído en manos de la Audiencia Nacional.

El policía metido a empresario enredó en sus negocios a dos comisarios veteranos: Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), experto en trabajos de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado; y Carlos Salamanca, comisario jefe de Barajas, amigo de políticos (alguno, como Francisco Granados, acabó encarcelado por corrupto) y de algún juez.

García Castaño proporcionaba a Villarejo el tráfico de llamadas telefónicas de determinadas personas y otras informaciones delicadas con las que el comisario jubilado podría chantajear a los adversarios de sus clientes. A cambio de estos servicios, la esposa y la hija del policía disfrutaron de sendos coches de lujo pagados por Villarejo, según Anticorrupción.

El otro comisario colaborador, Carlos Salamanca, conseguía clientes para los negocios privados de Villarejo y le ayudaba, según la Fiscalía, en operaciones de blanqueo de capitales. Uno de los mejores clientes que Salamanca acercó a Villarejo, el empresario Francisco Menéndez, acabó con el tinglado ilegal del comisario a través de una confesión a los fiscales en dos entregas.

Aquella confesión desencadenó la operación judicial que acabó con los tres comisarios amigos imputados por distintos delitos: organización criminal, revelación de secretos, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho…

Villarejo era un agente fuera de control: sus intereses privados estaban por encima de las estrategias públicas marcadas por sus jefes políticos. Y pese a ese inconveniente, la cúpula del Ministerio del Interior le protegió. Cuando EL PAÍS destapó hace cuatro años su entramado empresarial y la Unidad de Asuntos Internos de la policía lo denunció ante el juez, los principales jefes del Ministerio protegieron a Villarejo con un informe exculpatorio de sus actividades privadas.

Para sus manejos, se buscó a un abogado, Rafael Redondo, experto en montar estructuras societarias. Como responsable de la Asociación Transparencia y Justicia, Redondo se personaba como acusación popular en casos de gran impacto político y social. Si Villarejo no podía tener acceso a información relevante a través de sus contactos dentro de la Policía, la conseguía a través de los sumarios donde estaba personado su socio a través Transparencia y Justicia. Todas las causas por las que se interesó giraban en torno al poder político:

Caso Campeón contra José Blanco (PSOE). Instruido por el Supremo para investigar el supuesto cobro de mordidas por parte del entonces ministro de Fomento, José Blanco. El Tribunal terminó archivando la causa cuando el dirigente socialista estaba a punto de ser procesado. La asociación vinculada a Villarejo hizo todo lo posible para que el exministro de Fomento acabara en el banquillo de los acusados.

Caso desobediencia contra Esperanza Aguirre (PP). En la investigación judicial abierta a la expresidenta madrileña por desobedecer a la policía municipal tras aparcar con su vehículo privado en el carril bus de Gran Vía, la Asociación Transparencia y Justicia se retiró en el último momento y decidió no recurrir el archivo, lo que libró del banquillo a la dirigente del PP.

Caso Podemos. Transparencia y Justicia se personó en la causa abierta contra dos concejales de Podemos que investigaron y denunciaron supuestas irregularidades en el Máster de Tenis que se celebra cada año en Madrid.

Con las grabaciones indiscriminadas de Villarejo durante al menos dos décadas se puede escribir una enciclopedia general sobre los escándalos políticos, empresariales y judiciales de la reciente etapa democrática en España. Algunos, de especial trascendencia:

Enredos a cuenta del Rey. Juan Carlos I abdicó en 2014 arañado por algunos escándalos que afectaban directamente a su honorabilidad. Un año después, Villarejo se reunió con la amiga íntima del monarca, Corinna Zu Sayn Wittgenstein, a la que grabó algunas confesiones sobre supuestos negocios irregulares del rey. Tres años después, Villarejo puso en el mercado esa grabación cuando ya estaba en la cárcel acusado de múltiples delitos.

Contra la independencia de Cataluña. La crisis provocada por el desafío inconstitucional de los independentistas desencadenó una vasta operación policial basada en desacreditar por corruptos a sus principales líderes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, era el principal impulsor de esa estrategia. Villarejo protagonizó algunos episodios de aquella batalla, en la que se difundieron informaciones exageradas o directamente falsas amplificadas por determinados medios de comunicación. Villarejo llegó a escribir en alguna de sus notas informativas que los Pujol tenían en Andorra 500 millones de euros. El dinero encontrado en aquellas cuentas nunca se acercó a esa cantidad, ni a la décima parte.

Otras informaciones de la misma hornada fueron especialmente graves y por lo conocido, falsas. Villarejo y otros policías difundieron informes sin sello en el que acusaban a Artur Mas, expresidente catalán, de cobrar mordidas multimillonarias en cuentas suizas; o sugerían que los directores de los periódicos catalanes afines a la independencia blanqueaban capitales en Suiza; o que el juez instructor del caso Palau estaba comprado por el Gobierno catalán de CiU.

Lo que Villarejo esconde en algunas de sus grabaciones son informaciones que, según amenaza el comisario, ponen en riesgo la seguridad del Estado. A esa sensación de alarma ante las revelaciones que pueda escupir la grabadora de Villarejo ha contribuido uno de sus supuestos colaboradores, el comisario Enrique García Castaño, que ha pedido declarar de nuevo en la Audiencia Nacional para explicar asuntos confidenciales. En su escrito, García Castaño solicita autorización del Consejo de Ministros para “declarar libremente sin las prohibiciones impuestas por la Ley de Secretos Oficiales” en relación con la unidad policial que dirigió y con su participación en operaciones contra el terrorismo, el narcotráfico o la corrupción."                 (José Manuel Romero, El País, 15/010/18)

16.10.18

Una macrorredada contra comisiones ocultas y amaño de partidos pone patas arriba la primera división del fútbol belga

"Las sospechas y las investigaciones sobre partidos trucados en las categorías inferiores del fútbol belga se habían convertido en los últimos años en una notica casi recurrente. Pero el escándalo ha saltado este miércoles a la categoría de honor con una macrorredada que ha destapado una vasta red de comisiones ilegales en el mercado de traspasos en el que podrían estar implicados los principales clubes de Bélgica. 

La operación ha supuesto el arresto, entre otros, del entrenador del FC Brujas Ivan Leko; del conocido agente Mogi Mayat, del antiguo director deportivo del Anderlecht Herman van Holsbeek.

 La noticia ha causado conmoción en la sociedad belga, sobre todo después de conocerse que la investigación de la fiscalía ha hallado indicios de manipulación en los resultados de partidos durante la anterior temporada. El ministerio no aclaró si esos presuntos amaños servían para vender esa información a corredores de apuestas o bien simplemente para alterar la clasificación. Sin embargo, el caso salpica al menos a diez de los 16 clubes de fútbol de la liga, según la cadena de televisión belga RTBF. Los tres mayores clubes del país, el Anderlecht, el FC Brujas, el Standard de Lieja o el KRC Genk confirmaron haber sido sometidos a registros policiales.

Hasta 184 efectivos de la policía belga han realizado registros en las sedes de los principales equipos de primera división, desde el Brujas al Anderlecht, el Standard de Lieja o el Genk. En la operación fueron detenidas "numerosas personas", según la fiscalía belga. Y los registros se han extendido a los domicilios privados de directivos de los clubes, agentes, árbitros y periodistas, así como en los de un abogado, un contable y un entrenador. 

Los responsables del Genk detallaron a través de un comunicado que los investigadores pidieron acceder a varios contratos y facturas. "No tenemos nada que ocultar", afirmaron. Los otros clubes se limitaron a confirmar que habían sido objeto de investigación y apuntaron su disposición a cooperar con la juez de instrucción de Hasselt.

Una sospecha de amaños de tal magnitud ha causado una gran conmoción en la sociedad belga, puesto que pone en peligro la credibilidad de una de las ligas más pujantes del continente en un país cuya selección destacó entre las más prominentes en el reciente mundial. El tremendo alcance de ese presunto fraude, además, afecta a los equipos más populares de la competición. Tal vez por ello, la Federación de Fútbol ayer declinó hacer cualquier valoración sobre la operación policial. Simplemente dijo darse por informada y se ofreció a colaborar con la justicia en caso de que así se le requiera.

Registros fuera de Bélgica

La macrorredada también ha rastreado los tentáculos del presunto fraude en seis países europeos (Francia, Luxemburgo, Chipre, Montenegro, Serbia y Macedonia) donde, bajo la coordinación de Eurojust, se han llevado a cabo 13 registros La investigación, según ha explicado la fiscalía, se inició a principios de 2017 a raíz de un informe de la Unidad de Fraudes Deportivos de la Policía Federal. El documento sacaba a la luz indicios sobre transacciones financieras sospechosas en la primera división del fútbol belga.

Las autoridades detectaron que los agentes de ciertos jugadores ocultaban ciertas comisiones cobradas en relación con el traspaso de jugadores y con sus salarios, así como en la retribución de entrenadores. La fiscalía precisa que "la instrucción judicial atañe a actividades llevadas a cabo en el marco de una organización criminal, de blanqueo de dinero y de corrupción privada".

 Los aficionados belgas apenas se habían recuperado del estupor provocado este verano por la detención, en un caso no relacionado con la redada de hoy, de Stéphane Pawuels, uno de los principales presentadores de la televisión deportiva del país, acusado de complicidad en un oscuro asunto de robo con violencia.

La marejada parecía olvidada. Pero la macrorredada de este miércoles arroja una sombra mucho más peligrosa sobre una liga de la que han salido grandes figuras del fútbol europeo, como Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea) o Romelu Lukaku (Manchester United)."                 (Bernardo de Miguel, El País, 10/10/18)

15.10.18

Los fascistas, siempre impunes: La Audiencia de Teruel absuelve a Francis Franco de los delitos por los que había sido condenado

"Entiende el tribunal que no se practicó prueba de cargo suficiente como para desvirtuar la presunción de inocencia y que la identificación y el reconocimiento realizados no fueron concluyentes.

La sentencia dictada por la Audiencia de Teruel, y comunicada a las partes este miércoles, absuelve a Francisco Franco Martínez–Bordiú de los delitos por los que había sido condenado en primera instancia por el juzgado de lo Penal de Teruel.

La sentencia cuenta con un voto particular, dictado por el magistrado Fermín Hernández Gironell. El juzgado de lo Penal de Teruel condenó a Franco Martínez–Bordiú a la pena de 18 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad, 12 meses de prisión por un delito de conducción temeraria y a 12 meses de multa por el delito de daños por los hechos ocurridos el 30 de abril de 2012 en CN-234 (Sagunto-Burgos). Hecha pública la sentencia, Francisco Franco recurrió ante la Audiencia de Teruel quien ahora dicta su absolución.

Los magistrados de la Audiencia no comparten los hechos tal y como aparecen recogidos en la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal de Teruel al consideran que no se practicó “prueba de cargo suficiente” capaz de debilitar el principio constitucional de presunción de inocencia y capaz de sustentar la condena impuesta al ahora apelante (Franco Martínez–Bordiú).

En esencia, argumentan que no hubo reconocimiento ni identificación por el perjudicado que intervino en los hechos, pues su declaración “no resulta en modo alguno concluyente”.

Entienden, sumando a ello el análisis detallado del resto de elementos probatorios tomados en consideración por la sentencia, a los que no otorga el valor indiciario, que en la sentencia recurrida “el día de autos, Francisco de Asis Franco Martínez- Bordiu no tuvo participación alguna en dicho incidente pues no se encontraba en las localidades referidas, sino en Madrid donde había regresado desde la finca de Aranda del Moncayo, el día anterior, para realizar gestiones personales pendientes al día siguiente”.

Es en este punto donde el magistrado Fermín Hernández Gironella, hace su voto parcialmente discrepante limitado en los “hechos probados” y en los fundamentos de derecho, al hecho de afirmarse y razonarse que se hallaba el recurrente en Madrid en el momento de los hechos, si bien compartiendo que no se hallaba en las localidades referidas."                     (AraInfo, 10/10/18)

11.10.18

Trump ya ganaba 200.000 dólares al año cuando tenía 3 años. Para los 8 años ya era millonario... Claro que el dinero salió de su padre, quien pasó décadas evadiendo impuestos de esta forma... La aristocracia del fraude que dirige Estados Unidos

"Es posible que no le haya hecho justicia al presidente Donald Trump.

Verán, siempre he dudado cuando afirma que es un gran negociador de acuerdos. Sin embargo, nos acabamos de enterar de que sus dotes negociadoras comenzaron a temprana edad.

De hecho, fueron tan impresionantes que ya ganaba 200.000 dólares al año a una muy corta edad. En específico, eso era lo que ganaba cuando tenía 3 años. Para los 8 años ya era millonario.

Claro que el dinero salió de su padre, quien pasó décadas evadiendo impuestos que legalmente tenía que pagar por el dinero que les daba a sus hijos.

El reportaje de The New York Times sobre la historia del fraude de la familia Trump en realidad tiene que ver con dos tipos diferentes de fraudulencia, aunque vinculados.

Por una parte, la familia cometió fraude fiscal a gran escala al usar diversas técnicas de lavado de dinero para evitar pagar lo que debía. Por la otra, la historia que Donald Trump cuenta sobre su vida —esa imagen que tiene de sí mismo como un empresario que se forjó solo y que hizo miles de millones de dólares de la nada— siempre ha sido una mentira: no solo heredó su fortuna, pues recibió el equivalente (en dólares actuales) a más de 400 millones de dólares de su padre, sino que además Fred Trump rescató a su hijo cuando sus negocios salieron mal.

Algo que se puede inferir de estas revelaciones es que los seguidores de Trump que imaginan haber encontrado a un líder al que le gusta decir las cosas como son y que promete “drenar” el “pantano” político, mientras usa su perspicacia empresarial para lograr que Estados Unidos vuelva a ser grandioso, han sido tremendamente engañados.

Sin embargo, la historia del dinero de Trump forma parte de otra más amplia. Incluso entre quienes están molestos por la era de gran desigualdad y creciente concentración de la riqueza en la que vivimos hay una tendencia a creer que la gran riqueza, casi siempre, se gana más o menos de manera honesta. Es ahora cuando la corrupción descarada y los delitos subyacentes en nuestra marcha hacia la oligarquía han comenzado a ser evidentes.

Hasta hace poco, mi suposición era que la mayoría de los economistas, incluso los expertos fiscales, habrían estado de acuerdo en que la elusión fiscal de las empresas y los ricos —que es legal e implica el uso de las leyes fiscales para reducir la carga impositiva— era un problema importante, pero que la evasión fiscal —ocultar dinero al recaudador— era un problema menor. Era evidente que muchos ricos se aprovechan de vacíos legales, aunque moralmente dudosos, presentes en el código fiscal, pero la opinión prevaleciente era que sencillamente defraudar a las autoridades fiscales, y por ende a la gente, no era algo tan generalizado en los países avanzados.

No obstante, esta opinión siempre se sustentó en bases inestables. Después de todo, la evasión fiscal, casi por definición, no aparece en las estadísticas oficiales y los millonarios no tienen el hábito de hablar de lo magníficos que son como evasores fiscales. Para darnos una idea más completa del tamaño del fraude, tenemos que hacer lo que hizo el Times (investigar de manera exhaustiva las finanzas de una familia en específico) o depender de golpes de suerte que revelen lo que suele estar oculto.

Hace dos años, un enorme golpe de suerte apareció cuando se divulgaron los Papeles de Panamá, un tesoro de datos filtrados desde un bufete jurídico panameño especializado en ayudar a la gente a ocultar su riqueza en paraísos fiscales, y por una filtración más pequeña desde el banco HSBC.

Aunque los detalles revelados por esas filtraciones llegaron de inmediato a los titulares, su verdadero significado solo ha quedado claro con el trabajo que han hecho Gabriel Zucman y sus colegas en la Universidad de California en Berkeley, en colaboración con las autoridades fiscales escandinavas.

Al comparar la información de los Papeles de Panamá y otras filtraciones con los datos fiscales nacionales de esa región europea, los investigadores descubrieron que la evasión fiscal descarada es grande entre los más ricos. Los muy ricos acaban pagando una tasa impositiva efectiva mucho más baja que los más o menos ricos no porque haya vacíos en las leyes fiscales, sino porque violan la ley.

Los contribuyentes más ricos, según descubrieron los investigadores, pagan en promedio 25 por ciento menos de lo que deben, y claro, muchos individuos pagan incluso menos que eso.
Se trata de una cantidad considerable. Si los ricos de Estados Unidos evaden impuestos en la misma medida (cosa que seguramente hacen), tal vez le cuestan al gobierno tanto como el programa de cupones y subsidios de alimentos para los estadounidenses más pobres y que ahora las autoridades amenazan con eliminar.

Además, usan la evasión fiscal para atrincherarse en sus privilegios y transferirlos a sus herederos, como sucedió con Trump.

La pregunta obvia es: ¿qué están haciendo nuestros representantes electos con esta epidemia de defraudación? Bueno, los republicanos en el Congreso han estado en ello desde hace años: de manera sistemática, han reducido el financiamiento del Servicio de Rentas Internas (IRS) para paralizar su capacidad de investigar la defraudación fiscal. No solo nos gobiernan evasores fiscales; tenemos un gobierno de evasores fiscales por y para evasores fiscales.

Por tanto, lo que estamos aprendiendo es que la historia de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad es aún peor de lo que creíamos. No solo se trata del presidente de Estados Unidos que, como lo dijo el reportero fiscal David Cay Johnston, es un “vampiro financiero” que engaña a los contribuyentes como ha engañado a casi todos los que hacen tratos con él.

Además de eso, nuestra tendencia hacia la oligarquía —el gobierno de los pocos— también se ve cada vez más como una kakistocracia, el gobierno de los peores o, al menos, de los menos escrupulosos. La corrupción no es sutil; todo lo contrario, es más descarada de lo que cualquiera se imaginó. Además es profunda y ha infectado nuestra política, de manera muy literal, hasta los niveles más altos."                   (

10.10.18

¿Tú dirigiste un máster hasta este año? Sí, hasta que la degradación de una parte del alumnado (que sin ser cargos políticos también pedían tratos de favor) y el contexto que nos rodeaba impedían mantener la calidad académica... El cierre del máster es un buen ejemplo, porque la degradación del contexto desemboca en un alumnado que ha perdido la motivación y se cree capaz de imponer, por su fuerza económica, las condiciones de docencia y de acreditación... “Dame el título y no me molestes, que ya he pagado”....

"Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Púbica en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha sido testigo desde dentro del goteo de casos de másteres conseguidos de forma irregular por parte de cargos políticos. Cristina Cifuentes, Carmen Montón, Pablo Casado y Pedro Sánchez son los nombres sobre la palestra en una sucesión de casos que empezó en la URJC pero que ya ha puesto en entredicho a todo el sistema universitario madrileño.

Los casos de Cifuentes, Montón, Casado y Sánchez ponen sobre la mesa la endeble confianza en la educación universitaria española, ¿qué ha pasado para llegar a esta situación?
 
Hacer títulos de excelencia, como es un máster, en la universidad española está muy difícil. Porque, al menos en la que yo trabajo, se apuesta por el número de matrículas, la masificación y unos resultados económicos abultados. Son objetivos contrarios a una educación pública de calidad. Y, más si estamos rodeados de pseudo-académicos, gentes sin trayectoria intelectual que buscaba funcionarizarse y, una vez logrado, hacen negocios. Con apoyo de sus contactos políticos montan titulaciones. Ellos se lucran y acreditan a sus protegidos que consideran la universidad un retiro dorado. No han salido todos a la luz y ni mucho menos se limitan a la URJC.

El resultado final es la degradación de la calidad de la docencia, las titulaciones y también de quien se matricula. Los ‘mastegates’ denunciados en mi universidad existen en otras muchas, en distintos grados y con importantes diferencias según áreas de conocimiento. Ese es el trabajo de evaluación y denuncia que nadie parece dispuesto a hacer.

Muy pocas universidades criticaron los casos que se han descubierto. Al contrario que con el ex-rector Suárez, ahora callaron. No tendrán rectores plagiarios (que ya es el colmo) pero quizás sí mastergates que esconder.

Tú dirigiste un máster hasta este año. 

Sí, hasta que la degradación de una parte del alumnado (que sin ser cargos políticos también pedían tratos de favor) y el contexto que nos rodeaba impedían mantener la calidad académica. No fue una decisión personal, yo estaba dispuesto a seguir peleándolo. Pero cerramos el único máster oficial en abierto que había en el mundo.

 Sí, en el mundo: clases magistrales abiertas a la asistencia libre de público y todos los materiales disponibles en la web, incluidos los Trabajos Finales de Máster. Fueron proyectos reales, que dieron lugar a organizaciones civiles, documentales... y, por supuesto, artículos y tesis académicas.

Soy parte interesada, claro. Pero además era una experiencia en la que una universidad pública colaboraba con el Ayuntamiento —la sede era el Medialab, tanto con Ana Botella como con Manuela Carmena—, y trabajábamos con multitud de medios de comunicación, organizaciones cívicas independientes... incluido El Salto

El cierre del máster es un buen ejemplo, porque la degradación del contexto desemboca en un alumnado que ha perdido la motivación y se cree capaz de imponer, por su fuerza económica, las condiciones de docencia y de acreditación. Se cortó por esto, había quien se permitió no ir a algunas clases. “Dame el título y no me molestes, que ya he pagado”. No eran Casado, Cifuentes ni Montón porque no tenían partido detrás. Eran minoría, pero como los anteriores disfrutaron privilegios y ventajas frente a sus compañeros, degradaban el título.

¿Es el Plan Bolonia la causa? 

Todas estas nuevas titulaciones tienen su origen en Bolonia, que exigía adaptarse al marco educativo europeo y un desembolso presupuestario gigantesco. Suponía clases reducidas, incrementar las tutorías, las horas de estudio y de trabajo cooperativo entre alumnos y, por tanto, también la coordinación y supervisión del profesorado de esas actividades… Y esto, en vez de hacerse con más presupuesto, se hace con unos recortes brutales. 

En Madrid, se dobló el precio de los másteres. La precarización del profesorado aumentó: en la URJC se pagaba al profesorado la hora según el número de matriculados. Una lógica aberrante en cualquier otro país en el que yo haya trabajado, incluidos los llamados en vías de desarrollo.

Los gestores de los másteres tuvieron que recurrir a todo tipo de argucias para mantener la matrícula y la supervivencia. Todo esto en un contexto en el que la impunidad está asegurada por la endogamia y los pactos de silencio, incluyendo a un alumnado que, con excepciones maravillosas y nunca suficientemente reconocidas, solo busca titularse. 

Lógico que desemboque en una crisis universitaria que nadie quiere reconocer, porque las responsabilidades están divididas y repartidas. Pero también es obvio que los responsables directos son quienes han hecho caja y los alumnos VIP que han actuado como ventajistas. Se titulan con nuestros impuestos y, encima, sacan mejores notas sin hacer nada, devaluando la titulación de sus compañeros. Difícil de asumir como docente y como alumno, ¿no?

¿Se podría haber hecho mejor o el problema fue el Plan Bolonia? 

No, qué va. La universidad española era (y, en gran medida, sigue siendo) una institución obsoleta que no cumplía con los parámetros académicos internacionales. Y de pronto pretendió “europeizarse” sin presupuesto económico, plagada de gentes sin cultura ni trayectoria académica, sin conocimientos de gestión administrativa y toda una dependencia de tramas políticas (y, cuidado, también económicas y empresariales) que vulneran la autonomía universitaria.

La Asamblea de Madrid, los rectores españoles —la CRUE— y propio ministro de Cultura han invocado la autonomía universitaria para no hacer nada en la URJC. Es como si yo la invocase para no dar clase. Se desentienden del control que están obligados a hacer. Más necesario que nunca por el descontrol institucional que se ha descubierto. No sólo en la URJC, insisto. 

Pero fue el Plan Bolonia lo que hizo que se agravase esta situación…

Bolonia tampoco es “mi” plan. Nunca lo fue. Agravó la situación por cómo se ha hecho. La universidad española anterior no era mucho mejor, excepto que garantizaba más el acceso de las clases populares. Pero impartiendo una educación que, insisto, no les permitía competir en un contexto internacional. 

Bolonia mercantilizó la universidad, sin duda. Pero aquí, claro, fue un mercado a la española. Se apoya en tramas y favores de cargos del Estado. Las clientelas políticas y “universitarias” pactan integrar todos los actores relevantes en las estructuras de poder. Lo que ocurre en la Rey Juan Carlos es un modelo calcado de las “Black cards”. 

Todos y cada uno de los agentes de la estructura de poder de la Comunidad de Madrid están implicados en una red de chiringuitos y favores mutuos. Esta es la cuestión. Todos son cómplices. También los “de izquierda” y, por supuesto, los sindicatos.

Los sindicatos mayoritarios son parte de la estructuras de poder en los rectorados. Prueba de ello es que no han convocado, ni siquiera apoyado en firme, ni una sola protesta. Y no ocurre solo en la URJC, también en la Complutense que no explica las notas regaladas a Casado. Ya vale de pegarle al muñeco idiota de la URJC, que ya tiene bastante con llevar el nombre del Borbón. 

Hemos visto que la universidad pública más antigua de Madrid (la UCM) y la más moderna (la URJC) tienen prácticas dudosas y semejantes; como la universidad privada Camilo José Cela (CJC), con la tesis de Sánchez. Aunque es otro caso. 

Hasta ahora se mostraba a la URJC como el epicentro de esta “compra” de másteres, pero ya salpica a muchos más centros. 
Arrastramos clichés que ya resultan cansinos, señalo dos. Uno, “la Rey Juan Carlos es del PP”. Claro, la montaron ellos: como antes el PSOE, la Carlos III. Pero, por favor, que las profesoras que firmaban las actas de aquel engendro de Instituto de Derecho Público militaban en IU. Que además rebajaban la matrícula por militar en el PP y el PSOE, como la ex miniStra Montón. Y que CC OO ha sido el pilar del rector actual y de los dos anteriores. 

Y segundo cliché, no nos confundamos de muñeco a batir. La URJC tiene problemas gravísimos, manifiestos e intolerables. Pero son sintomáticos de lo que ocurre en la universidad pública y, no en menor grado, en la privada. En la Complutense Casado pudo hacer dos carreras meteóricas. 

Podríamos decir que, por lo menos, le regalaron un grado. Yo creo que, comparativamente, agravia a mucha más gente, licenciada y graduada, que un máster. Y la tesis de Sánchez retrata a algunas privadas, como una vía de entrada académica de segundo orden. El Presidente no copió la tesis, hizo una tesis mediocre, que quizás mereciera un aprobado.

 Pero, tal como están las cosas en algunos sitios (en otros no, conste) le cayó el sobresaliente cum laude automático. Llevo dos décadas formando a gente, formándonos juntos, y le ponen la misma nota a quienes hacen un trabajo serio que a los que presentan un aliño de última hora. 

¿Qué hizo mal, entonces, Sánchez? 

La cuestión de fondo es defender su tesis en una privada, con un tribunal de amiguetes y coautores. Y que, diciéndose socialdemócrata y de izquierdas, que la hiciese sobre diplomacia mercantil, es decir, la del IBEX35. Las mismas corporaciones a las que Sánchez acusó de no haberle dejado gobernar con Podemos hace dos años.

 Tenemos un nivel de debate y de reflexión sobre este tema realmente rastrero. Solo parece importar el enemigo político a batir, llevándose la Universidad por delante. Sí, es cierto, Sánchez no es lo mismo que su ex-ministra, pero adoptaron la misma táctica de defensa que el PP. Y con eso hay que acabar ya. Y con el periodismo que hace caso a gente que no enseña los papeles también.

Y, frente a esto, ¿qué hacer? 

Pues hacer frente, en todos los frentes. Los estudiantes más interesados e interesantes, los vocacionales están solos, desprotegidos y minorizados. No solo por las estructuras sino, fundamentalmente, por el conjunto de sus compañeros, que viven en la apatía. Hemos salido a la calle y éramos casi más profesores que alumnos para proteger los másteres.

 Muchos y muchas asumen: “yo me voy a acreditar y todo lo demás me importa nada, ni mis compañeros ni el valor de mi título. Lo que quiero es un título exprés, porque ya sé que está devaluado”. Aceptarían un título regalado porque, precisamente, parten de que no vale nada.

Y, sin embargo, somos muchos y muchas los que disfrutamos un montón estudiando y poniendo en común. Debatiendo el presente y prototipando nuestro futuro, re-inventando perfiles profesionales para tener más autonomía individual y un impacto social emancipador. El tercer año de máster tuve que dar las clases en mi casa, porque el seminario le parecía demasiado provocativo a los gestores del Medialab.

 Se entiende, eran tiempos de Ana Botella. Empezamos así: “Con Coetzee pensamos que puede que la auténtica universidad deba trasladarse a casas particulares y conceder títulos cuyo único respaldo será los nombres de los profesores que los firmen”. Al final, del cole y de la uni, con lo que te quedas es con algunos profes ¿no? Pues nosotros con algunos alumnos y alumnas.

Limpiemos, pues, las casa común que es la Universidad (con mayúsculas, sea pública o privada) y abramos las nuestras, montando campus de los que nadie pueda desalojarnos."             (Entrevista a Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Púbica en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), El Salto, 26/09/18)

9.10.18

Dimite Ángel Viñas como concejal del PP tras chantajear a la alcaldesa de Torrelodones

"El concejal del PP de Torrelodones Ángel Viñas, que fue grabado esta semana chantajeando a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, ha presentado este viernes su dimisión.

El PP de Madrid abrió ayer jueves un expediente informativo al edil popular tras salir a la luz en unas grabaciones difundidas por la Cadena Ser un intento de chantaje a la alcaldesa para que su partido no se presente a las elecciones municipales a cambio de "parar" una denuncia por un presunto desvío de dinero en las obras del túnel de la carretera de La Coruña.

 La alcaldesa, por su parte, señaló ayer que estaba estudiando acciones legales contra el ya exedil del PP. "En el común de los lenguajes es un chantaje en toda regla. No es nada que me sorprenda. No es nada nuevo. Ya son casi 12 años de los que he tenido todo tipo de artimañas. Esta es otra de tantas. Es así de triste, pero no me sorprende nada", indicó. (...)"              (Público, 29/09/18)

8.10.18

Detenido el presidente de la Diputación de Lleida en una operación contra la corrupción de CDC

"El presidente de la Diputación de Lleida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé, acaba de ser detenido por los Mossos d’Esquadra en una operación contra la corrupción política de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

 Junto a él, han sido arrestados varios altos cargos de la diputación y otros responsables de las empresas investigadas como M y J Gruas o Enginyeria Inalba.

Entre los detenidos también se encuentran dos altos cargos de la Sección de Conservación de Carreteras de la Generalitat, según ha podido saber La Vanguardia de fuentes de la investigación. A lo largo del día, los agentes irán practicando más detenciones y una decena de registros en busca de documentación, sobre todo en las empresas investigadas. 

Entre los delitos imputados están el de cohecho, malversación de caudales públicos, soborno, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, delitos societarios, delitos de corrupción en los negocios o fraude a la Administración Pública, entre otros.

Esta ‘Operación Boreas’, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, estalla tras cuatro años de investigación por parte de la Fiscalía Provincial de Lleida, que encomendó las pesquisas al cuerpo policial autonómico. Los investigadores tienen indicios de que Reñé y la jefa de organización y Gestión de la Presidencia de la Diputación, es decir su número dos, habrían cobrado durante años numerosas comisiones ilegales en metálico a cambio de montar un sistema de reparto de ad

Pagos al partido

Esta operación supone un nuevo golpe a la corrupción de CDC, ya debilitado tras la sentencia del ‘caso Palau’ que certificó la financiación irregular de la formación y por la investigación seguida por Fiscalía Anticorrupción por el caso 3% en el que se investiga el pago de donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC, como CatDem, a cambio de recibir adjudicaciones en ayuntamientos gobernados por su partido o en organismos públicos de la Generalitat.

En esta ‘Operación Boreas’ hay dos vertientes. Por un lado, el presunto pago de ‘mordidas’ a, entre otros, el presidente de la Diputación de Lleida y su número dos, que incluso pudieron ascender a los 11.000 euros en metálico de manera bimensual durante años, para su lucro personal. Por otro lado, la entrega de donaciones a CatDem por parte de las empresas beneficiadas como pago para el partido. Además, es clave que los investigadores han descubierto que algunas de las prácticas analizadas se siguen desarrollando en la actualidad.

Esta investigación se inició en 2014 con la apertura de unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía tras una denuncia que alertaba del presunto pago por parte de la constructora catalana M y J Gruas de una comisión al presidente de la Diputación de Lleida, el convergente Joan Reñé

Uno de los socios de la empresa sacó a relucir los supuestos pagos en efectivo realizados a cambio de la adjudicación en marzo del 2010, a través de la UTE Depurpla 2, del mantenimiento durante 15 años de seis depuradoras en la comarca del Pla d’Urgell. La constructora y la UTE han sido donantes de fondos a CatDem, la fundación de CDC.

Cheque al portador para el presidente

El contrato de 22,5 millones de euros era para gestionar las plantas de tratamiento de aguas residuales de Fondarella, Linyola, Bell-lloc, Barbens-Ivars d’Urgell, Bellvís y Juneda-Torregrosa.
En 2014, un representante de la compañía solicitó la celebración de una junta extraordinaria tras localizar un cheque al portador de 11.500 euros sin justificar, y lo que parecía un pago al presidente de la Diputación tras la adjudicación de la concesión UTE Depurpla 2, responsable del mantenimiento de las depuradoras del Pla d’Urgell.

El abogado de la empresa, Celestí Pol Vilagrasa, le contestó que los pagos realizados “como consecuencia de la adjudicación de la concesión de la UTE Depurpla 2 son conocidos por todos los miembros del consejo, también por su secretario”. El presidente del consejo de administración, José Maria Gruas Bardinas, según recoge un acta notarial presentada por el denunciante, se limitó a decir que “tales manifestaciones no tienen fundamento”.

Varios socios de la compañía sospecharon entonces que el pago de las comisiones irregulares se pudo realizar a través de facturación ficticia y la intervención de empresas interpuestas. Además, tenían localizado el pago de donativos a CatDem. M y J Gruas dio en 3 años 42.500 euros."                  (Carlota Guinday, La Vanguardia, 02/10/18)

5.10.18

Las tarjetas black: el caso que juntó en el banquillo a empresarios, sindicalistas y políticos de todo signo

"Empresarios, políticos de PP, PSOE e IU y sindicalistas. El proceso judicial por las tarjetas black juntó en un banquillo de la Audiencia Nacional a una pequeña representación de lo que fue el poder político y económico en una época en la que partidos y organizaciones sociales colonizaban las cajas para poner a sueldo a sus afines. 

El Tribunal Supremo  ha confirmado este miércoles las principales penas de cárcel para muchos de ellos por gastar dinero primero de Caja Madrid y luego de Bankia sin control y a escondidas de Hacienda.

Según el alto tribunal, Rodrigo Rato y Miguel Blesa mantuvieron y ampliaron un sistema que permitía a la cúpula de la entidad "disponer a su antojo" del dinero de la Caja, rescatada con 22.000 millones de dinero público, para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran.


En la lista de condenados de la extensa sentencia del Supremo –casi 500 páginas– hay apellidos compuestos junto a Garcías o Sánchez. Hay históricos de Comisiones Obreras y empresarios millonarios.

 Junto al que fuera jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, se sentaron antiguos altos cargos de los gobiernos de PP y PSOE. Los socialistas tenían hasta un exministro en el banquillo. Todos tuvieron que acudir, un día tras otro, a la sede que la Audiencia Nacional tiene en un polígono de San Fernando de Henares, a las afueras de Madrid.

Aquella diversidad entre los acusados respondía a la propia naturaleza de las cajas. En el caso de la madrileña, sus estatutos establecían que el Consejo de Administración se elegía con los votos de la Asamblea General de Caja Madrid, un órgano con un máximo de de 400 integrantes que venía de orígenes muy distintos: corporaciones municipales –entre las que estaba el Ayuntamiento de la capital–, la Asamblea de Madrid, empleados de la caja y de "entidades representativas". Cada uno con una cuota distinta para elegir a sus representantes.

La Asamblea General de Caja Madrid elegía al Consejo de Administración tratando de mantener el equilibrio de fuerzas del primer órgano. Así, la dirección de la caja recayó en una mesa en la que se sentaban, sobre todo, representantes propuestos por el PP, que tenía un poder absoluto en la política madrileña, pero también consejeros de otros partidos y sindicatos. Las sucesivas renovaciones provocaron luchas políticas, a veces entre en el seno del mismo PP, cuyas distintas facciones pugnaban por controlar la Caja.

 

Una tarjeta en el primer Consejo de Administración


Una vez nombrado, cada nuevo consejero era convocado por los dirigentes de la entidad a una primera reunión del consejo en la sede de las Torres Kio de Madrid. Antes de su celebración, el secretario general del consejo entregaba a los nuevos integrantes una tarjeta de débito. Les pedía que firmasen un contrato y les decía que podían gastar unos 2.000 euros mensuales. Ese dinero era suyo. No tenían que justificar nada. Así lo hicieron la mayoría y por eso acabaron acusados de apropiación indebida en grado de colaboración.

La primera fila del banquillo de la Audiencia Nacional era una pequeña representación de lo que se agrupaba detrás. En una silla, delante del resto y custodiado por dos agentes de la Policía Nacional, Gerardo Díaz Ferrán, que había sido presidente de la organización que agrupaba a todos los empresarios españoles, y que acudía a las sesiones desde prisión. 

Detrás de él, Miguel Blesa y  Rodrigo Rato –presidentes de Caja Madrid y Bankia–, José Antonio Moral Santín –exdiputado regional por IU–, Francisco Baquero –sindicalista de CCOO–, Estanislao Rodríguez Ponga –exsecretario de Estado de Hacienda con el PP–, Antonio Romero –exconcejal del PSOE– Ricardo Romero de Tejada –exalcalde de Majadahonda por el PP– y José María de la Riva –exconcejal del PSOE–.

A pesar de sus distintas procedencias, la tarjeta hizo tabla rasa. No hubo diferencias a la hora de gastar. Moral Santín, por ejemplo, dilapidó a un ritmo de 45.000 euros anuales hasta un total de 465.500 euros. En el juicio declaró que le habían dicho que los gastos eran de "libre disposición" y así lo hizo. Iba cada semana al cajero a sacar efectivo y usó su plástico para recorrer varios paradores.

Romero, que fue secretario de Organización del PSM, usó la tarjeta de la entidad para gastar más de 200.000 euros, principalmente en tiendas de ropa. Su compañero de partido, José María de la Riva, derrochó una cantidad similar. En su caso, usó esos 2.000 euros mensuales para adelgazar. Gastó su dinero en Naturhouse, Cuerpo Libre y en la dieta Pronokal. Se dejó en estos centros de adelgazamiento varios miles de euros.

Romero de Tejada, el enviado de Esperanza Aguirre para coger las riendas de Majadahonda después de que el anterior alcalde cayese por un escándalo relacionado con Gürtel, se sentó también en esa primera fila del banquillo de los acusados después de haberse gastado 212.216 euros.

En su caso, usó la tarjeta para probar suerte en la lotería. Gastó en varias administraciones de Madrid cantidades que superaban en ocasiones los 300 euros. Compró también puros, juguetes, se pagó viajes y se compró alguna que otra arma. También decidió usar el plástico tras una visita al dentista y otra al veterinario.

 

Un golpe a los sindicatos


Es estallido del caso de las tarjetas black afectó a los grandes partidos, pero conmocionó también a los sindicatos, que vieron cómo algunos de sus históricos compartían titulares sobre corrupción con la élite económica y política. No se libraron ni UGT ni CCOO.

En el banquillo se sentó, por ejemplo, Francisco Baquero (CCOO), que cargó a su plástico un total de 266.400 euros, casi la mitad en restaurantes y hoteles. Los 25.000 euros anuales también le permitieron pagar colegios, la televisión por cable o los muebles de su casa. José Ricardo Martínez (UGT) usó su black para abonar una multa de tráfico, pasar una noche en el Hilton o comprar unos videojuegos.

El círculo de poder que hoy llena las 456 páginas de la sentencia lo completaron los empresarios. En la primera sesión se ve, levantando la cabeza como para tratar de ver quién se ha sentado en las primeras filas, a Arturo Fernández, íntimo de Esperanza Aguirre y quien presidió la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). Usó la tarjeta para pasarla por la caja de sus propios restaurantes.

También estaba Javier López Madrid que trató de convencer al tribunal de que nunca quiso beneficiarse del dinero de su black (34.800 euros) porque previamente había invertido 20 millones. O el economista Juan Iranzo, que le dijo al fiscal que había usado mucho su tarjeta porque trabajaba para la Fundación Caja Madrid con niños sordos. Lo cierto es que usó la tarjeta para comprar en tiendas de lencería, de joyas y de flores.

Los jueces del Supremo han considerado que todos ellos, políticos, empresarios y sindicalistas, cometieron un delito en el mismo momento en el que pasaron la tarjeta por el datáfono. Según el alto tribunal, eran muy conscientes de lo que hacían.

"Ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable, que unas percepciones dinerarias que funcionaban con tal grado de ocultación y opacidad, también a efectos fiscales, pudieran estar justificadas en las normas aplicables", sentencian los magistrados."                 (Marcos Pinheiro, eldiario.es, 03/10/18)

4.10.18

Una alumna del máster de Casado: “Es todo de risa, independientemente de lo que digan los tribunales”

"Una de las alumnas que cursaron el mismo máster de Pablo Casado, pero que a diferencia de él, y como la mayoría, tuvo que ir a clase, hacer exámenes, redactar un trabajo final dirigido por un profesor y presentarlo ante un tribunal, está indignada con el desenlace del caso. “Me parece todo de risa. 

Al que cursó el máster y se esforzó se le trató de una manera, y al que no lo cursó y no se esforzó se lo regalaron. Es de risa, independientemente de lo que digan los tribunales”, opina Mariana López Hurtado.

Esta alumna, que luego fue llamada a declarar en agosto por la juez del caso, ya decidió romper el silencio del resto de compañeros del líder del PP en declaraciones a EL PAÍS el pasado mes de julio. Habló para contradecir la versión de Casado de cómo fue el máster. También se le unieron dos alumnos más, que en la mañana de este lunes han preferido no hablar, muy cansados de la presión mediática.

El Tribunal Supremo, que la semana pasada rechazó investigar a Pablo Casado, ha visto "trato de favor", aunque no es delito, y la investigación judicial ha determinado que él y otras tres matriculadas recibieron condiciones privilegiadas en el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el curso 2008-2009. 

Estas otras tres alumnas, que fueron imputadas y este lunes han quedado fuera del proceso, también tenían vínculos con el PP o con el director del máster, Enrique Álvarez Conde. Eran Alida Mas Taberner, que en aquel año era subsecretaria de la conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, bajo la presidencia de Francisco Camps; María Mateo Feito, alto cargo de dos ministerios del PP e hija de la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito, mano derecha de Cristina Cifuentes, acusada de ir a la URJC el día que estalló el escándalo para intentar taparlo; y María Dolores Cancio Álvarez, vinculada al Instituto de Derecho Público (IDP), de Enrique Álvarez Conde.

El máster de Pablo Casado y este grupo VIP fue muy distinto al del resto de alumnos que lo cursaron normalmente. Les convalidaron 18 de las 22 asignaturas, no pasaron por clase, para las cuatro restantes les bastaron otros tantos trabajos y les pusieron todo sobresalientes. Los cuatro trabajos del líder del PP sumaban 92 folios, fue los que mostró en la rueda de prensa de abril, después de que EL PAÍS publicara la primera información del caso

 En cambio, la experiencia de los demás alumnos fue otra, como recordó Mariana López Hurtado: “Los nueve o diez que éramos fuimos a clase todo el año, era obligatorio, hicimos exámenes o trabajos en cada asignatura, según el criterio del profesor, y al final tuvimos que hacer un trabajo de fin de máster, un trabajo de investigación dirigido por un profesor y que debíamos defender ante un tribunal de tres profesores.

 Era un requisito para acceder al doctorado, una asignatura más con créditos". Fueron textos de unos noventa folios. No obstante, el día de la defensa del trabajo final los alumnos acudieron a la convocatoria y el tribunal les comunicó que ya habían evaluado los textos y no era necesario que los leyeran.

Este periódico publicó un correo electrónico del 7 de mayo de 2009 enviado por Álvarez Conde a los alumnos que probaba la convocatoria del tribunal. En este mensaje se comunicaba la fecha de presentación del “Trabajo de Investigación” y decía así: “El examen del período de Investigación se celebrará el día 29 de junio, a las 17.30, en el Salón de Conferencias 167 (1.ª planta del edificio departamental) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Paseo de los Artilleros s/n - 28032 Madrid.

 En caso de que aún no lo haya realizado, deberá comunicar al director del Máster el nombre del Tutor responsable del Trabajo de Investigación, así como el título del mismo. Previamente, y antes del 25 de junio, los alumnos deberán remitir al director del Máster (por triplicado) los trabajos de Investigación, que defenderán en sesión pública ante el Tribunal compuesto por…”. Y a continuación enumeraban los integrantes del tribunal, presidido por el propio Álvarez Conde."                     (Íñigo Domínguez, El País, 01/10/18)

3.10.18

Querella contra la cúpula policial del PP por encubrir a Villarejo... el inspector de Asuntos Internos que descubrió su trama fue apartado del caso y enviado a un puesto de inferior rango...

"La cúpula policial del PP durante el mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior archivó de un plumazo en abril de 2015 un extenso informe del departamento de Asuntos Internos de la Policía en el que se denunciaban los negocios privados y supuestamente ilícitos del entonces comisario José Manuel Villarejo

Para ello se sirvió de otro informe, muy breve y elaborado sin hacer la más mínima indagación, encargado por el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, íntimo amigo de Villarejo. Rubén López, el inspector de Asuntos Internos que descubrió la trama, y que más tarde fue apartado del caso y enviado a un puesto de inferior rango, acaba de presentar una querella contra la antigua cúpula de Interior.

Dos años después de que Interior mirara para otro lado en relación a los negocios privados de Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción recibió un escrito anónimo donde se detallaban algunos de los trabajos del comisario al margen de su función policial. Ese escrito desencadenó la detención de José Manuel Villarejo en noviembre de 2017 acusado de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.


Hasta entonces, Villarejo ya había dedicado buena parte de sus jornadas de trabajo a resolver crisis de empresarios millonarios que le contrataban. El comisario utilizaba métodos ilegales contra los adversarios de sus clientes, grababa y hacía seguimientos ilegales a personas o manejaba bases de datos de empresas de telecomunicaciones o entidades bancarias que le facilitaban supuestamente otros policías con los que estaba compinchado.

Las sospechas de Asuntos Internos surgieron a raíz del caso Nicolás, aquel joven estafador que se hacía pasar por asesor de Vicepresidencia del Gobierno o agente del CNI. El nombre de Villarejo apareció en la documentación que se le incautó al pequeño Nicolás. Asuntos Internos tiró de ese hilo, sacó conclusiones y trasladó a Interior sus sospechas, que ponían el énfasis sobre empresas con las que el comisario hacía actividades incompatibles con su empleo de policía.

 Esas sociedades de Villarejo, cuya existencia fue adelantada por EL PAÍS, son las mismas que ahora investiga la Audiencia Nacional y con las que perpetró todo tipo de ilegalidades, por lo que finamente fue detenido y encarcelado el pasado 3 de noviembre de 2017 acusado de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

Falta de colaboración


La Dirección General de la Policía, a cuyo frente estaba Ignacio Cosidó, hoy portavoz del PP en el Senado, no solo archivó en 2015 aquella denuncia de Asuntos Internos, sino que obstaculizó la investigación judicial abierta a raíz del caso Nicolás en todo aquello que amenazaba con salpicar al comisario Villarejo.

En varias ocasiones, los responsables de Asuntos Internos, a las órdenes del juez Arturo Zamarriego, se quejaron al instructor de que la Dirección General de la Policía no les facilitaba ni la información necesaria para la causa ni los medios materiales y humanos para continuar las pesquisas.

Interior aceptó, sin embargo, el informe firmado por José Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete del Director Adjunto Operativo, a favor de que Villarejo siguiera compatibilizando su trabajo policial con las empresas privadas donde vendía a sus clientes un equipo profesional “con una dilatada experiencia de más de treinta años en cometidos de investigación policial, desarrollos operativos así como estrategias de solución de crisis”.

Villarejo estaba destinado entonces “en comisión de servicio” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el mismo departamento que dirigía su viejo amigo Eugenio Pino y que fue el que le absolvió a ojos de sus superiores.

Aunque el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha preferido no hacer declaraciones, fuentes de su entorno más cercano han explicado a este periódico que no abrió expediente disciplinario a José Manuel Villarejo porque el informe elaborado por el DAO lo desaconsejaba.

Sobre la investigación de Asuntos Internos, alegan que Cosidó no conocía los detalles porque no era de su competencia saber los detalles de una investigación ordenada por un juez. Aseguran que el entonces director de la Policía no tuvo apenas relación con Villarejo ni con sus asuntos, que solo lo saludó en una ocasión, y que no tuvo que ver con la concesión de la medalla ni degradó a los policías que lo investigaban porque cesó en su cargo en abril de 2016 y al inspector Rubén lo enviaron a un puesto de inferior rango en octubre de 2017.




La trama delictiva


El inspector de la policía que investigó a Villarejo dentro del caso Nicolás concluyó que el comisario dirigía “un grupo de sociedades dedicadas a la investigación que ofrecía servicios jurídicos, de comunicaciones y mediáticos, orientadas todas ellas a la gestión de crisis en asuntos mercantiles, policiales, judiciales en la que además vinculaban estos servicios con fuerzas de seguridad”.

Denunció a sus superiores y trasladó sus informes al juzgado, donde sigue tramitándose la causa. Sus datos apuntaban a una trama delictiva con muchos de los elementos por lo que, dos años después, la Audiencia Nacional ordenó la detención e ingreso en prisión incondicional del comisario.

La investigación judicial ya tiene acreditado que Villarejo se dedicó a través de sus empresas privadas y cuando todavía estaba en el servicio activo de la policía a cobrar “dádivas ilícitas” e incluso a cometer otros delitos por cuenta de sus clientes como el “acceso a documentación restringida, uso de seguimientos o práctica de intervenciones tecnológicas sin cobertura legal”.

El policía de Asuntos Internos que destapó las actuaciones ilegales de Villarejo fue degradado y apartado. En su querella relata que los máximos jefes policiales le citaron a varias reuniones donde le recriminaron por involucrar al comisario Villarejo en la investigación además de censurarle por incluir a este policía en las diligencias de manera gratuita. Cuando les explicó que había sido el pequeño Nicolás quien citó a Villarejo en su declaración, le indicaron que debía haberse entrevistado previamente con el imputado para saber lo que iba a declarar.

 “Pero no se puede citar al instructor policial en una investigación judicializada y que parte se encontraba secreta, para que informe delante del posible investigado si efectivamente se le está investigando y por qué”, explica el policía de Asuntos Internos. Este departamento presentó un año después una denuncia similar ante la Fiscalía de Madrid, que la archivó por entender que no se podía abrir una investigación prospectiva en busca de algo.

El comisario Villarejo recibió una medalla con distintivo rojo durante la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz al frente de Interior por sus trabajos en Cataluña. Unos años antes, con el Gobierno socialista, Villarejo había recibido otra condecoración semejante. Fernández Díaz defendió a Villarejo cuando ya eran públicas algunas de sus actuaciones polémicas: “Ha prestado relevantes servicios en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Y eso no se puede olvidar en ningún momento”.            (José Manuel Romero, Pablo Ordaz, El País, 30/09/18)

2.10.18

La doble vida del comisario chantajista... Villarejo

"Cuando José Manuel Villarejo se reunía con gente, solía poner su teléfono sobre la mesa: “¿Hay confianza, ¿no? Somos colegas. Móviles a la vista; aquí nadie graba a nadie”. Mientras tanto, él ya estaba grabándolo todo, incluso estas frases.

 Durante al menos 20 años registró todos sus encuentros con gente que le interesaba. En su obsesión notarial no discriminó entre amigos y enemigos, entre conocidos o extraños. Todos pasaban por su grabadora indiscreta: policías, jueces, fiscales, periodistas y empresarios.


Por eso, los fiscales que investigan ahora los caminos del delito por los que pasó Villarejo tienen vía libre con una sola curva peligrosa: desencriptar los miles de archivos que guardó pacientemente durante toda una vida profesional.

Villarejo ingresó en la policía con 22 años y en 1983, cuando apenas había cumplido 10 años en el cuerpo, pidió una excedencia para dedicarse a sus empresas. Regresó en 1993, fue inspector jefe en la Comisaría General de Información durante dos años y después pasó a la Comisaría General de Policía Judicial, donde la información comprometida desborda las mesas.

Allí estuvo 14 años —ocho durante el mandato del PP y los seis siguientes con gobiernos socialistas—. Desde entonces y hasta su jubilación, en agosto de 2017, presumía de ser agente encubierto asignado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el departamento de más poder en la Policía.

Este es el escueto currículo de Villarejo que se puede leer en el sumario de la investigación del caso Tándem, por el que lleva preso 10 meses. Pero el currículo con el que él se presenta tiene más adornos: “Participé en numerosas detenciones de miembros de ETA, entre ellas, alguna significativa como la de quienes cometieron el atentado contra la cafetería Rolando… También participé en numerosos viajes a Francia, sin apoyo de la prefectura francesa, desarmado y con vehículo propio; hice tareas de apoyo operativo a grupos antiterroristas en viajes de la Casa Real; desarticulé bandas de atracadores en Madrid; conseguí infiltrarme en círculos independentistas; viajé a Siria para acercarme a gente de los servicios de información, me infiltré también en mafias organizadas…”.

De sus tareas de intoxicación e información no hay ni rastro en sus memorias.

 Pero a Villarejo se le atribuye un informe para el Gobierno socialista sobre el juez Baltasar Garzón, el llamado informe Veritas, elaborado cuando el magistrado se dedicó a investigar los crímenes de Estado de los GAL.

En su actividad ordinaria elaboró decenas de notas informativas sobre temas variopintos donde levantaba teorías conspirativas sobre un suelo de medias verdades.


En su última etapa, se dedicó al pluriempleo. A su trabajo indeterminado en la cúpula policial del Ministerio del Interior, añadió su tarea investigadora como solucionador de problemas para empresarios millonarios. A este empeño dedicó, por lo que se va conociendo ahora, los últimos años de su carrera policial. Y se empleó a fondo para cometer todo tipo de ilegalidades.

Con un nombre y un número de teléfono móvil podía escudriñar las miserias de los enemigos de sus clientes. La investigación judicial del caso Tándem ha destapado las virtudes de Villarejo para acceder a información confidencial de bancos, compañías de telecomunicaciones y registros de todo tipo. Además, ofrecía servicios tecnológicos avanzados para espiar a quien hiciera falta.

Sus tarifas iban de 200.000 euros a varios millones, y siempre ofrecía a sus clientes un despliegue similar estructurado en ocho equipos con 12 coches y cinco motos para vigilancia o transporte, software y hardware para acceder a determinados bancos de datos; equipos de audio para grabaciones convencionales, equipos de captación de audio en ambientes hostiles, y equipos ópticos captadores de imágenes en situaciones adversas. Para cada problema tenía una solución, por lo general a espaldas de la ley. En eso no engañaba a nadie.

Entre risas, Villarejo le comenta a un empresario que le contrata para obtener determinada información de otra persona: “Tú sabes que esto es más ilegal que una patata…”. Y a otro le cuenta su poderío: “Soy un puto comisario que está de analista en una situación especial”.
Si el problema era una bronca entre dos miembros de una familia y uno de ellos le pedía ayuda remunerada, Villarejo desplegaba sus cartas: “La información que nos da de dentro del entorno es que ella debe tener un noviete… entonces es muy interesante”.


Cuando se complica el cobro de una deuda, el comisario se atreve a grabar al abogado del supuesto moroso consumiendo droga o manteniendo relaciones sexuales de pago para así ablandar al deudor. Una extorsión de libro.

Para ilustrar a los clientes sobre las virtudes de su trabajo especial, Villarejo no reparaba en detalles: “Es muy fácil ponerte un micrófono de ambiente. Hay muchas formas, hay enchufes que son enchufes que son un micrófono que son un enchufe. Entonces te pones en un cuarto a 20 o 30 metros y lo tienes dentro en un cajón y te está chupando todo lo que hablas ¿sabes? Si hay algún traidorzuelo, lo tiene a huevo”.

El solucionador de problemas, comisario en activo de día, chantajista de noche, se atreve a meter a los adversarios de sus clientes un “señuelo informático” para seguir el rastro de correos electrónicos internos.

Los investigadores explican así las actividades privadas con las que Villarejo hizo negocio durante su etapa en la policía. “Prevaliéndose de su cargo policial, obtenía ilícitamente información vinculada a la esfera más íntima de las personas y se la facilitaba a sus clientes, sin que en modo alguno estuviera amparado por la normativa vigente para ello, teniendo en cuenta además que su conducta tiene por objeto obtener un lucro económico, ya que se trata de un servicio remunerado para una de las partes contratantes”.

Al comisario Villarejo no le importa presumir de sus contactos: “Nosotros siempre gremio duro, herméticos, nunca nada por canuto y, además, nosotros asesoramos al Ministerio del Interior en temas delicados que no le cobramos, obviamente. Entonces, tenemos cierto paraguas a la hora de pedir cosas…”.                   (J. M. Romero, P. Ordaz, El País, 30/09/18)

1.10.18

Teresa Rivero, ex-presidenta del Rayo Vallecano, viuda de Ruiz Mateos, condenada a siete años de prisión por fraude fiscal y a una multa de 17.000.000 de euros

"La expresidenta del Rayo Vallecano, Teresa Rivero, y el exgerente del club, Jesús Fraile, han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a siete años de prisión y a una multa de 17.000.000 de euros por fraude fiscal, según ha adelantado la emisora Onda Cero. También estaban acusado los hijos de Rivero, pero ha quedado absueltos.

Tereso Rivero, mujer del fallecido empresario José María Ruiz Mateos, ha sido condenada por haber cometido fraude fiscal en los años 2009 y 2010. La sentencia ve probado un fraude de casi 11 millones de euros en el pago del IVA y el IRPF en los años mencionados. También se le reclamaba el año 2011 pero finalmente tanto ella como Fraile han sido absueltos por ese ejercicio. 

Además, el Rayo Vallecano también ha sido condenado a pagar una multa de 1.100.000 euros.
Teresa Rivero, dos de sus hijos y dos exgerentes del club —entre los que también se encontraba Jesús Fraile—, ya habían sido absueltos de un fraude fiscal de más de 6 millones de euros que presuntamente cometieron a través del Rayo Vallecano entre los años 2005 y 2008. 

En ese caso, la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó que el único responsable fue el fallecido José María Ruiz Mateos.

Esta sentencia que ha sido dictada por la Audiencia Provincial de Madrid puede ser recurrida."                   (Público, 21/09/18)

28.9.18

Falciani: "La lucha contra el blanqueo y el fraude fiscal ha fracasado por falta de medios y también de estrategia"

"Hervé Falciani puso panza arriba la lucha contra el fraude fiscal en 2008 cuando se fugó de Suiza con los datos de más de 100.000 evasores que había ido copiando durante su trabajo como informático en la filial del banco británico HSBC.

 La famosa "lista Falciani" fue difundida por Francia a todos los países con los que mantenía acuerdos de colaboración fiscal. Desde entonces 28 países han iniciado investigaciones judiciales, con muchas de las cuales ha colaborado el informático, y se han recuperado miles de millones (al menos 300 en España).

El propio Falciani recordaba algunos de estos  datos este martes en la Audiencia Nacional. Este tribunal estudia la  petición de extradición de Falciani a Suiza, que no ha cesado de perseguirle estos años. Desde que llegó a Barcelona en 2012, Falciani ha sido detenido y puesto en libertad en varias ocasiones, y ha llegado a pasar seis meses en prisión preventiva.

 El pasado abril la Fiscalía  volvía a reclamar su encarcelamiento, un  movimiento sorprendente que se interpretó en el contexto de la huida a Ginebra de la líder independentista catalana Anna Gabriel. Desde entonces, el ministerio fiscal  ha vuelto por sus fueros y ahora rechaza la entrega a las autoridades helvéticas.



Además de afrontar estos procesos judiciales, durante los años que lleva afincado en España el monegasco (nació en ese principado en 1972) ha participado en política, y ahora acaba de dar a conocer un proyecto de la asociación Tactical Whistleblower que promociona 'tabu', una criptomoneda sostenible. 

"Se trata de un sistema de identificación y seguimiento del dinero. Es un sistema de seguimiento del perfil de los clientes colaborativo, sin exponer la privacidad", explica en una breve entrevista telefónica con eldiario.es realizada este miércoles.

Este martes se celebró la vista definitiva sobre la extradición, la Fiscalía se ha opuesto por segunda vez ¿está tranquilo?

Sí, bueno, ya lo estaba la primera vez, lo diferente de verdad es cómo la Fiscalía ha podido cambiar de opinión de un momento a otro. Ha sido incomprensible.

¿Qué ha podido pasar para que pasemos de que la policía le detenga y la Fiscalía pida prisión a que ahora rechace la extradición a Suiza?

No soy yo el que tiene que dar explicaciones. Muchos elementos son públicos, cada uno puede sacar sus conclusiones. Hay algo que no comprendo y es que el Consejo de Ministros no haya cumplido su responsabilidad de rechazar lo que no tenía ningún sentido judicial. 
Es un aparato legal muy antiguo, el procedimiento de extradición e Interpol, y este aparato en manos equivocadas puede llevar a usos equivocados. Estamos fuera de la lógica y de la consistencia jurídica. No es una sentencia filosófica, tiene que basarse en las leyes, que no son leyes divinas.

¿Cree que el cambio en la Fiscalía puede tener que ver con el cambio de Gobierno y del clima político?

Creo que solo tiene que ver con la lógica. No tenía sentido. Hace cinco años no se pudieron judicializar los hechos (su filtración de datos del HSBC), porque hubo decisiones políticas en multitud de países para pararlo. En Francia, Italia…se paró. En España, el Tribunal Supremo validó el uso de las informaciones. En Bélgica investigaron casos por 6.000 millones de dólares. Hasta en el Cantón de Ginebra, en Suiza, se investigó por primera vez, aunque el banco acabó pagando 60 millones para evitar que continuaran.

No creo que el cambio de clima político lo explique. Yo lo veo más una vuelta a la realidad. Se puede intentar engañar a nivel político, luego tenemos que ver hasta donde llega. La separación de poderes está más protegida en España que en otros países que conozco. 

Su sensación entonces es que sí podía haber un criterio político cuando se pedía la extradición y se le detuvo, pero no ahora

Sí, a nivel de procedimiento de extradición, hay dos patas: la política, vigente hasta que el Consejo de Ministros decide, y la judicial. Durante la pata política es cuando puede existir el humo, el sinsentido. Y es lo que ha pasado. Este tiempo político no tenía ningún fundamento lógico, estaba orientado hacia otros fines.

¿Cree que quizá la situación en Catalunya podía estar relacionada?

Sí, al 100%. Las visitas a Suiza del ministro de Asuntos Exteriores, muchos elementos son evidentes. Era una posición política, que no tenía ningún sentido lógico ni judicial, solo un sentido político.

 ¿Le mantienen medidas cautelares?

Sí, hasta que los jueces decidan y redacten sus autos.

¿Cuánto tiempo cree que tardarán?

No tengo ni idea. Pero por lo que vi ayer se trataba casi más de un procedimiento administrativo. Todo ha sido muy rápido y creo que podría haber resolución en los próximos días.

¿Colabora en la actualidad con la Agencia Tributaria en sus investigaciones sobre fraude fiscal?

No, aunque siempre colaboro indirectamente con todos los órganos que investigan. Ayer mismo estaba al teléfono con una persona que trabaja en una administración y hace investigaciones. No pasa mucho tiempo sin participar en investigaciones, aunque evidentemente no puedo hablar mucho de ello. 

¿A su juicio han mejorado la lucha contra la evasión y elusión desde que se produjo su filtración de datos?

Ha mejorado es a nivel social, la gente lo conoce. Cuando se habla de fraude fiscal no se habla del fontanero, se habla de mucho más, de otra magnitud. Eso es lo que ha cambiado que veo importante. Por otro lado, se ha investigado, pero el problema sigue vigente. La lucha contra contra el blanqueo y el fraude fiscal ha fracasado por falta de medios y también de estrategia, que necesita una colaboración de la industria financiera.

Además, la lucha contra el blanqueo necesitaría una acción particular. Se sabe cómo se podría poner en marcha y aún lo esperamos. Estamos intentándolo. Hemos iniciado una asociación en España, "Taboow" que se basa en tecnología normalmente de criptomoneda. 

Se trata de un sistema de identificación y seguimiento del dinero. Es un sistema de seguimiento del perfil de los clientes colaborativo, sin exponer la privacidad. Si yo meto un millón de euros en el banco en un país, otro millón en otro, otro millón en otro...estoy haciendo trampa, y eso es lo que se debe poder rastrear.

Falciani promociona la criptomoneda "tabú"

Falciani ha presentado en España un proyecto de la asociación Tactical Whistleblower que promociona 'tabu', una criptomoneda sostenible, basada en una oferta inicial de monedas (ICO, por sus siglas en inglés), lanzada el pasado 14 de julio, informa Europa Press.

Para el exempleado de HSBC, si no existen unas condiciones claras que muestren la confianza y la protección contra los conflictos de intereses, el sistema financiero presentará siempre los mismos riesgos para los inversores y la economía.

En este sentido, considera que, para poder poner fin a esta situación, se debería disponer de la trazabilidad de cada uno de los procesos. Taboow.org, el proyecto que promociona la criptomoneda 'tabu', pretende contribuir a solucionar este tipo de actividades constituyendo una comunidad dedicada a la calificación de los activos y de los agentes económicos.

'Tabu' se conforma como un "bien común" para conectar a la comunidad de los calificadores y la de los agentes económicos, ya que sin una democratización financiera, Falciani opina que no habrá "sostenibilidad económica ni democracia".

"Taboow.org proporciona a usuarios que quieren ser partícipes de las innovaciones criptofinancieras una herramienta que les permite protegerse, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y buenas prácticas, sin necesidad de acudir a las clásicas asesorías jurídicas o auditorías privadas", ha precisado el ingeniero informático.

Cada proceso de control será totalmente rastreable en tiempo real mediante esta plataforma, pero al mismo tiempo permitirá preservar la seguridad de los usuarios, reduciendo los riesgos de posibles relaciones comerciales o financieras con personas involucradas en delitos de blanqueo de capitales relacionados con el tráfico de drogas o la financiación del terrorismo.

Así, la tenencia del token 'tabu' dará acceso a los servicios particulares referidos, relacionados con la red blockchain, criptomonedas, smart contracts e ICOs. Este token cotizará en las casas de cambios y tendrá la posibilidad de ser vendido y comprado."                  (Entrevista a Hervé Falciani, Marina Estévez, eldiario.es, 12/09/18)