31.7.19

El juez imputa al BBVA por revelar secretos, cohecho y corrupción en el ‘caso Villarejo’

"El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputó este lunes al BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo. El juez atribuye a la entidad presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

 Estos son los mismos delitos que aprecia la Fiscalía. El magistrado rechaza, en línea con los fiscales, la petición del BBVA de personarse en la causa como perjudicado. Comisiones Obreras, el principal sindicato del banco, acusó al expresidente de la entidad Francisco González de ser “hoy por hoy, el principal responsable de la pérdida de reputación del banco” y pidió “resolver cualquier relación formal” con él. Carlos Torres, presidente del BBVA, manifestó en una nota que su prioridad era “el esclarecimiento de los hechos”.

García-Castellón imputó este lunes al segundo banco español como persona jurídica en el llamado caso Tándem, la novena de las diez piezas que componen el macrosumario sobre los negocios del comisario de policía jubilado José Villarejo. Lo hizo después de estudiar el informe aportado por la Fiscalía Anticorrupción en el que solicitaba esa medida, según una nota remitida por la Audiencia Nacional.

 “El ministerio público considera que desde el BBVA se produjeron contrataciones y pagos ilícitos a la mercantil Cenyt, cuyo titular era Villarejo, que afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad, durante un prolongado periodo temporal”, concluye la explicación de la Audiencia. La causa permanece secreta.

La Fiscalía pidió investigar si el banco contrató a Cenyt para espiar a diferentes personas con el objetivo de obtener diversa información sobre la constructora Sacyr. Esta firma trató de relevar a Francisco González de la presidencia del BBVA en 2004 y 2005. La novena pieza del caso Villarejo se centra en los trabajos desempeñados para el BBVA por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017. Villarejo trabajó bajo cuerda para el banco durante 13 años a cambio de unos 10 millones de euros.

La contratación y los pagos presuntamente ilícitos a Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del BBVA y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo. Villarejo prestó servicios al banco desde 2004 a 2017. La Fiscalía llega a estas conclusiones tras el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre de 2017 y de la documentación aportada por el propio BBVA.

Asimismo, el ministerio público destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, supuestamente percibieron dádivas de Cenyt por facilitar tales contrataciones. En el auto por el que imputa al BBVA, el magistrado acuerda también requerir al banco para que designe a la persona que a partir de ahora representará a la entidad ante la Audiencia Nacional y que será citado a declarar en una fecha aún por determinar.

Tras la imputación, el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) emitió un comunicado en el que instó a la dirección del banco a aprovechar la próxima presentación de resultados —que se celebrará este miércoles— para dar “las explicaciones oportunas” tras su imputación por su posible contratación de Villarejo para espiar a Sacyr. CC OO dice que el expresidente del BBVA Francisco González “es, hoy por hoy, el principal responsable de la pérdida de reputación del banco”. Por este motivo, considera imprescindible “resolver definitivamente cualquier relación formal o informal que el banco tenga con el anterior presidente, pues con independencia del grado de responsabilidad material y fáctica que pudiera tener —o que ésta solo se le pueda imputar a sus subordinados— se puede delegar la representación, pero nunca la responsabilidad”.

Comisiones cree que “la plantilla del BBVA se merece no solo una explicación convincente, sino también certidumbre, transparencia y respaldo, con arreglo al grado de profesionalidad y esfuerzo que viene desarrollando a lo largo de toda su trayectoria”.

También el presidente del BBVA, Carlos Torres, emitió un comunicado diciendo que el banco ha aportado “información a la causa desde su inicio y ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación forensic”, como admite tanto la Fiscalía como el juez. Y añade Torres: “Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo”.

El paso que ha dado el juez con la imputación al BBVA es posible desde diciembre de 2010, ya que lo permite la Ley Orgánica 5/2010, en el artículo 31 bis del Código Penal. Ahí se establece que puede existir “responsabilidad de la persona jurídica derivada del comportamiento ilícito de la persona física dentro de la estructura empresarial”. Es decir, que una empresa puede cometer un delito cuando alguno de sus directivos realiza una acción ilícita.

Obviamente, no hay penas de prisión para las empresas, pero sí pueden ser castigadas con importantes multas, porque la sociedad pudo haberse beneficiado de esas acciones ilegales. Esta decisión llega después de que la Audiencia Nacional imputara el pasado 3 de julio a ocho directivos y exdirectivos del BBVA —entre ellos, el que fuera consejero delegado, Ángel Cano— al entender que los pagos realizados a Villarejo por parte del banco, que superaron los 10 millones de euros, eran sospechosos de ser ilícitos. 

Además de Cano, en la lista de imputados del juez estaban Javier Malagón Navas, director en el área de Finanzas; Ricardo Gómez Barredo, exdirector de contabilidad y consejero del banco turco Garanti; Ignacio Pérez Caballero, director de red de Banca Comercial en España, y a Antonio Béjar, el que fuera hasta el pasado viernes presidente de Distrito Castellana Norte."                 (Íñigo de Barrón, Fernando J. Pérez, El País, 30/07/19)

29.7.19

Investigan una trama que defraudó a Hacienda 5 millones con el traspaso de futbolistas y préstamos abusivos a clubes

"El mundo del fútbol profesional, de nuevo en el ojo del huracán judicial. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria lanzaron este martes la Operación Dean contra una supuesta trama societaria sospechosa de haber defraudado a Hacienda solo en 2013 más de cinco millones de euros con el cobro de comisiones por el traspaso de futbolistas y préstamos abusivos a clubes, según ha revelado este miércoles el instituto armado en una nota de prensa y ha confirmado la Audiencia Nacional. 

En el centro de las pesquisas, en las que se investigan delitos fiscales y de blanqueo de capitales, está el fondo de inversión Doyen Sport Investment Limited, registrado formalmente en Malta aunque toda la operativa la realizaba en España.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye las diligencias, ha llamado a declarar como imputado al administrador de esta sociedad, el agente Nelio Freire Lucas. También deben acudir al juzgado como imputados entre el jueves y el viernes el que fuera jugador del Atlético de Madrid Juanma López y su pareja, Rocío del Carmen Sánchez Ortega, así como el socio del primero y también exfutbolista Mariano Aguilar López y su hermano Miguel. 

Estos cuatro últimos también acuden para declarar por blanqueo de capitales. También está imputada como persona jurídica Doyen Sport, según fuentes de la Audiencia Nacional.

Las diligencias se iniciaron a comienzos de 2018, coincidiendo con las primeras revelaciones del llamado Football Leaks, la mayor filtración sobre documentos del mundo del fútbol, aunque las pesquisas han terminado abarcando hasta 2011, cuando se constituyó en Malta el fondo de inversión Doyen con un capital de 100 millones de euros. 

Este se creó para realizar operaciones de compra de derechos económicos de jugadores y la concesión de préstamos a clubes. A cambio de esta última actividad, el fondo recibía como contraprestación no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de una hipotética venta futura de determinados futbolistas que necesariamente se debía llevar a cabo a través de Doyen.

Todo ello se recogía en unos contratos denominados TPO (third party ownership) que, como destaca el auto del juez en el que admite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, fueron prohibidos por la FIFA en abril del año 2015. Pese a esto último, Doyen mantuvo la vigencia de los contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol. 

La querella de Anticorrupción identifica entre estas operaciones la adquisición de derechos del centrocampista francés actualmente en el VfL Wolfsburgo alemán Josuha Guilavogui al Atlético de Madrid; la venta de derechos económicos del colombiano Radamel Falcao, que también jugó en el equipo madrileño y que ahora juega en el Mónaco francés, y la compra de derechos de varios jugadores del Sporting de Gijón y el Cádiz C.F.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado lugar a la apertura de la investigación judicial también cita como operaciones sospechosas la compra del 50% de los derechos económicos del serbio Miroslav Stepanovic (que jugó en el Sevilla y Elche) y del francés Geoffrey Kondogbia (Sevilla y Valencia); del 20% de Babá; del 60% del francés de origen marroquí Abdel Barrada, que jugó en el Getafe; del 100% del portugués Gelson Martíns, del Atlético; del 40% de Rubén Pérez del Mármol, actualmente en el Leganés, y de los del ex de Sporting, Sevilla y Elche Alberto Botía, entre otros. Por todas estas operaciones, solo en 2013 Doyen obtuvo un beneficio de 17,8 millones de euros.

La investigación también ha revelado préstamos al Atlético de Madrid y Sporting (de 2,5 millones de euros, cada uno), Sevilla (3,65 millones) y su expresidente José María del Nido (500.000), y Getafe (3,5 millones), por los que en 2013 obtuvo un beneficio de 1,1 millones de euros. En ese ejercicio la cuota tributaria defraudada se eleva a 4,5 millones de euros, aunque el juez no descarta que tras el análisis de la documentación ahora intervenida "afloren nuevos ingresos no computados, tanto en 2013 como en otros periodos impositivos", según destaca en su auto.

Además de a todos estos clubes, los investigadores hicieron este martes requerimientos de información al Cádiz, Granada, Elche, Valencia, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, según fuentes judiciales. La Audiencia Nacional insistió este miércoles que ninguno de estos clubes ni los dos organismos que rigen el fútbol español están siendo investigados en esta causa.

De la Mata destaca en su escrito el papel jugado por Juanma López y su socio, Mariano Aguilar, en la trama. A ambos los considera líderes de la rama española de Doyen. De ambos destaca que, junto al administrador de la compañía, el también imputado Neilo Freire, han llegado a representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del fútbol, embolsándose supuestamente importantes cantidades de dinero por ello. Para ello crearon la sociedad Assets 4 Sports, posteriormente sustituida por la sociedad maltesa Vela Management.

Además, hace hincapié que tanto López como Aguilar, pese a residir y realizar toda su labor de intermediación en España "han ocultado, en distintos momentos, su condición de residentes en territorio español, así como su renta y patrimonio". Así, el primero declaró vivir en Suiza, mientras su socio aseguraba residir en el Reino Unido. La investigación apunta que la trama hacía circular precisamente los fondos por ambos países en maniobras que el juez considera indicios de un supuesto blanqueo de capitales. El primero aparece vinculado a cinco mercantiles y el segundo, a seis.

En su auto, el juez destaca que la red de fraude ahora destapada "se ha servido de una compleja estructura societaria tendente a ocultar a la Hacienda española que la gestión efectiva de Doyen es realizada desde España y no desde Malta". Para ello contaba con "un entramado implantado y asentado de manera estable en nuestro país, de modo que aunque haya intentado ocultar su existencia y operativa en España, la realidad es que utiliza un complejo entramado empresarial que constituye un asentamiento operativo lo bastante sustancial y significativo como para considerar que se actúa en territorio español con plena coherencia geográfica y comercial, y con un significativo grado de permanencia en el tiempo".

El escrito de De la Mata también resalta que, pese a ello, lo que denomina Grupo Doyen no presentó ninguna declaración fiscal en España y que solo las filtraciones de Football Leaks le obligaron a partir de 2015 a depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales del ejercicio 2011 y siguientes. El juez apunta que, dada la "deliberada estrategia de utilización de múltiples sociedades interpuestas utilizadas para ocultar la actividad" de los imputados, la investigación va a requerir activar mecanismos de cooperación judicial con otros países. También recalca que las pesquisas no serán sencillas dada la "abundante y compleja documentación" intervenida.


El 'olvido' del fichaje de Morata


En su auto, el juez De la Mata pone como ejemplo del supuesto fraude fiscal cometido por uno de los principales implicados, el exfutbolista Juanma López, su participación en la vuelta del jugador Álvaro Morata al Real Madrid desde el equipo italiano de la Juventus de Turín y su posterior traspaso al Chelsea, de Londres. Según destaca el magistrado, en aquella operación Juanma López hizo el papel de agente de Morata y recibió del Real Madrid 3,63 millones de euros a través de una de sus empresas, Soccer Business Sports.

El escrito judicial recalca que esa cantidad fue declarada por el equipo madrileño en su declaración de 2016, pero no así por el presunto integrante de la trama ahora desmantelada, que en aquel año ya aseguraba residir en Suiza pese a que vivía realmente en un piso de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Anticorrupción destaca que entre 2013 y 2015, el exfutbolista y su pareja supuestamente defraudaron cerca de 890.000 euros."              (Óscar López-Fonseca, El País, 17/07/19)

24.7.19

Comprar un periodista no es posible, pero del alquiler podemos hablar

"Los periodistas ni siquiera podíamos acogernos a la excusa de la necesidad: todo había empezado cuando la prensa vivía en la abundancia y los regalos de empresa colapsaban cada Navidad los servicios de mensajería de las redacciones. Jamones, cajas de vino, puros Montecristo, tarjetas regalo de El Corte Inglés y cestas con caviar incluido se acumulaban junto a las mesas de los redactores jefe y en los despachos del 'staff'. 

Entre las anécdotas legendarias del oficio, uno de los grandes veteranos contaba el día que una conocida marca de electrodomésticos obsequió con un televisor a cada uno de los asistentes a una rueda de prensa. Al final del reparto sobraba uno, así que un compañero preguntó si podía llevárselo también.

Y se marchó con dos televisores.

Las comidas gratis en los mejores restaurantes, los coches prestados indefinidamente y los créditos a intereses inimaginables para el resto de los mortales estaban a la orden del día. Un exconsejero del Banco Popular me contó que la política de la empresa era «tener contentos a los periodistas de Economía» con hipotecas por debajo del mercado, para asegurarse una cobertura amable. El banco terminó yéndose a pique tras haber mantenido durante décadas la imagen de ser el mejor gestionado del país.

Era un sistema en el que los jefes se llevaban la mejor parte del botín, pero donde siempre había algo para la infantería.

—¡Viaje por la jeta a Tanzania! —gritaba alguien en mitad de la redacción—. ¿Quién lo quiere?
—¡Comida en el Ritz!
—¡Rueda de prensa de una marca de relojes: igual cae uno!

Llegó un momento en que el diario tuvo que recordar a los redactores que aquellos viajes contaban como vacaciones y no como coberturas, por mucho que al volver se escribiera una crónica al dictado de la oficina de turismo.

Aunque la crisis había terminado con la barra libre, la fiesta continuaba para la aristocracia del oficio. Los periodistas estábamos tan convencidos de nuestra excepcionalidad, de formar parte de una casta privilegiada que merecía un trato preferencial, que una de las reporteras más célebres del país, que en su día había trabajado en 'El Mundo', llamó en una ocasión a la Comunidad de Madrid para pedir que enviaran a los bomberos a su casa porque se había dejado las llaves dentro. Cuando le sugirieron que avisara al cerrajero, se sorprendió como solo podía hacerlo alguien que perteneciera a un gremio que había perdido todo contacto con la realidad:

—Eso me costaría una pasta.

Todo aquel mundo de ventajas había empezado antes de mi marcha como corresponsal a Asia, pero durante mi ausencia se había desmadrado. Los sobresueldos para informadores estaban ahora a la orden del día, pagados por agencias de comunicación, clubes de fútbol, partidos políticos y grandes empresas como Telefónica, que durante la presidencia de César Alierta llegó a tener subvencionados a 80 de los más conocidos informadores del país. (…) Comprarse un periodista no era posible en España, pero como dice el dicho afgano sobre la corrupción: del alquiler se podía hablar. (…)

En mitad de la precariedad, y con miles de despidos en las redacciones, una tertulia podía bastar para ganarse a un periodista. Moncloa forzaba el despido de periodistas incómodos, utilizaba la publicidad institucional para castigar a los desobedientes y controlaba las tertulias políticas en radios y televisión, que se habían convertido en el principal centro de debate del país y tenían grandes audiencias.

El control del Gobierno de Mariano Rajoy había llegado a tal punto que sus dos principales facciones, lideradas por la vicepresidenta Santamaría y la secretaria del partido, María Dolores Cospedal, batallaban por colocar en las tertulias al mayor número de afines para atacarse mutuamente, prueba de que en política el fuego más letal es siempre amigo. Era una guerra donde se humillaba al tertuliano enviándole mensajes con las consignas a repetir, se exigían lealtades ciegas y se destruían o promocionaban carreras a capricho, incluidas las de algunos de Los Inspirados, la nueva generación de columnistas que se abría paso imitando a sus mayores.

Una de las encargadas de mantener el reparto mediático entre las familias del poder era la secretaria de Estado de comunicación Martínez Castro, conocida como el bulldog de Moncloa por las broncas que echaba a directores de medios y periodistas. Sus mensajes eran legendarios en el oficio y no tardé en recibir el primero de ellos quejándose por una viñeta en la que nuestros humoristas gráficos, Gallego & Rey, bromeaban sobre la vinculación del presidente Rajoy con la corrupción del partido.

—Que sentido de actualidad —decía la secretaria de Estado de Comunicación en un texto al que le faltaban tildes—, que alusión a algo noticioso, que golpe de humor tiene esta viñeta? Yo solo veo ganas de denigrar al presidente, sin la menor justificación ni en su conducta ni en la actualidad.

Cuando comenté el mensaje con el 'staff' me dijeron que les parecía suave. Lo normal era que Castro incluyera insultos, pero no debía tener aún suficiente confianza conmigo y me trataba con "cariño". Hacía 18 años que no ejercía el periodismo en mi país, pero habían bastado unos días para entender que algo fundamental había cambiado en mi ausencia. El poder había dejado de temer a la prensa y ahora era la prensa la que temía al poder. (…)

Algunos capos del periodismo capeaban la crisis aparcando las sutilezas para abrazar directamente lo que en las redacciones se conocía como el periodismo de trabuco. El sistema sostenía a nuevos diarios digitales que operaban haciendo a empresas e instituciones públicas ofertas que no podían rechazar: o ingresaban una determinada cantidad de dinero en publicidad o serían golpeados con informaciones comprometedoras, a menudo inventadas.

La primera vez que supe de la existencia del periodismo de trabuco fue a través de dos directivos de un gran banco, que se me quejaron amargamente de tener que pagar mordidas publicitarias. Cuando sugerí que denunciaran la situación, o incluso que me aportaran las pruebas para que lo publicáramos en 'El Mundo', me miraron sorprendidos:

—Todo el mundo paga —dijo uno de ellos.
—¿Todo el mundo?
—Piensa que para una gran empresa no es dinero, unos pocos miles de euros. Pero las consecuencias de no hacerlo pueden ser graves si propagan un rumor que dañe la imagen de la empresa o de su presidente. (…).

Los Acuerdos, como se conocían los pactos negociados por la prensa tradicional con las grandes empresas al margen de las cifras de audiencia o el impacto publicitario, nos habían salvado de la ruina durante la Gran Recesión. Era un sistema de favores por el que, a cambio de recibir más dinero del que les correspondía, los diarios ofrecían coberturas amables, lavados de imagen de presidentes de grandes empresas y olvidos a la hora de recoger noticias negativas.

El grado de sumisión dependía, en el caso de la prensa escrita, de la beligerancia de la empresa y de la capacidad de resistencia del director de turno. Ahora que me encontraba en el otro lado de la barrera, me preguntaba si mantendría mi decoro periodístico con la misma determinación que cuando era un simple reportero sin responsabilidad en la marcha del periódico. El diario vivía la situación financiera más delicada de su historia y no podía permitirse perder las campañas de sus principales anunciantes.

Al principio opté por mantener una distancia con los grandes capos del dinero que me ahorrara dilemas morales. No se trataba de eludir el contacto, sino de evitar que esas relaciones tuvieran una cercanía que comprometiera nuestra cobertura del Ibex. La línea no era nítida, pero parecía evidente que ir a las bodas de las hijas de sus directivos, tomar el sol en la cubierta de sus yates o dejar que te pagaran viajes de lujo suponía cruzarla.

Con el tiempo acepté encuentros con varios presidentes de grandes multinacionales, tras asumir que no podía escapar del papel institucional que se esperaba de mí. No tardé en darme cuenta de que no servía. Una de mis primeras citas con el poder económico fue un desayuno con el presidente de una multinacional energética, que hizo una encendida defensa de la independencia del periodismo, asegurando que 'El Mundo' era un periódico necesario que políticos y empresarios querían acallar. Pero no él, según me dijo.

—Vaya —pensé—. He aquí un tipo con el que quizá podría llevarme bien.
La reunión tocaba a su fin y mi anfitrión concretó sus halagos en mí, asegurando que mi proyecto era importante y que quería ayudarme.

—¿Hay algo que pueda hacer por ti?

Me quedé en silencio, sin saber si debía pedir que redujera la factura de la luz de San Luis, un millón de euros adicionales en publicidad o información confidencial sobre los expolíticos —incluidos los expresidentes Felipe González y José María Aznar— que habían cobrado de los consejos de administración de empresas energéticas sobre las que habían legislado.

—Hmmm… Nada, gracias —dije tras un largo silencio.

Mi anfitrión insistió:

—Sé que lo estáis pasando mal y creo que debemos apoyar a un director joven y moderno como tú, sobre todo ahora que arranca tu proyecto. ¿Seguro que no hay nada que pueda hacer por ti? ¿Algo fuera de Los Acuerdos?

Volví a declinar la oferta y durante el viaje de regreso me pregunté si no había hecho el gilipollas. Podía haber sacado algo y, si más adelante me pedía un favor, recordar su encendida defensa del periodismo independiente.

Empecé a padecer el incordio de las llamadas de la élite económica del país, porque una vez te conocían podías estar seguro de que llamarían. Sus peticiones me parecieron bastante inocentes al principio. Borja Prado, el presidente de Endesa, de quien me habían advertido que era clave en mi supervivencia porque era «el hombre de los italianos en España», llamaba para pedir ser incluido en 'Vox Populi', la sección de las páginas de Opinión en la que sacábamos una foto tamaño carnet de personajes del día, con una flecha para arriba o abajo y un comentario elogioso o crítico sobre algo que hubieran hecho.

Me costaba entender que alguien que ganaba una fortuna y dirigía una multinacional con miles de empleados le diera importancia a aquel pedacito de periódico, pero ni era mi trabajo resolver los misterios insondables del ego humano ni me causaba mayores problemas satisfacerlo: dos centímetros del diario difícilmente me comprometían a nada. Pablo Isla, presidente del imperio Inditex y Zara, pidió en una ocasión si podíamos llevar más discretamente una noticia sobre su hijo Santi, que tenía una banda de rock y el humor de haber llamado a su anterior grupo Sin Blanca. «Por preservar la intimidad de la familia». 

Me pareció bien, porque la información había estado toda la mañana en la portada de la web y no era relevante. Otros presidentes se limitaban a enviar un mensaje los días que tenían Junta de Accionistas, pidiendo que por favor recogiéremos la noticia de sus resultados. Sabía que tarde o temprano tendría que lidiar con peticiones más comprometedoras y batallas más importantes.

La mayor de ellas no tardó en llegar.

El más poderoso entre los presidentes del Ibex era César Alierta. Había construido un formidable entramado de poder e influencia utilizando Telefónica, una de las grandes empresas del país, como su cortijo personal. Se podía caminar por los pasillos de las plantas nobles de su sede y ver en las puertas de los despachos los carteles con los nombres de sus colocados: exministros tanto del PP como del PSOE (Trinidad Jiménez o Eduardo Zaplana), familiares de dirigentes políticos (Iván Rosa Vallejo, marido de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría), cercanos a la realeza como el ex jefe de la Casa Real Fernando Almansa e incluso la realeza directamente. El cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin, fue enviado por Alierta a Washington con un generoso sueldo en cuanto empezó a tener problemas con la justicia.

Tener una larga lista de empleados vip no solo engrasaba los contactos del presidente de la corporación con el poder, sino que enviaba a futuros candidatos la señal de que también a ellos podía esperarles un despacho con sueldo de seis cifras — siete, incluso— si se portaban bien. Alierta había organizado, además, una asociación de grandes empresarios que, bajo el inofensivo nombre de Consejo Empresarial de la Competitividad, había sido concebida en 2011 como un poder fáctico en la sombra. Entre sus impulsores estaban, aparte del presidente de Telefónica, el entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín; el hombre fuerte de La Caixa, Isidro Fainé; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el del BBVA, Francisco González.

El Ibex era un enemigo que no querías tener. Yo estaba a punto de sumarlo a una lista que empezaba a ser demasiado larga...

*Extracto del libro 'El director' (Libros del KO)"                  (David Jiménez, El confidencial, 29/03/19)

23.7.19

Investigadores de centros públicos cobran "honorarios" de las farmacéuticas cuyas vacunas promocionan

"Dos doctores de sendos centros públicos de investigación de Galicia y la Comunidad Valenciana han cobrado miles de euros de las farmacéuticas cuyas vacunas para la meningitis promocionan en medio del proceso por el que Sanidad, de momento, ha rechazado incorporarlas de manera generalizada al calendario oficial. Esa medida implicaría mayor financiación pública. Los pediatras Federico Martinón Torres y María Garcés cobraron individualmente casi 100.000 y 36.000 euros cada uno de las compañías Pfizer y GSK, las dueñas de esos sueros, entre 2017 y 2018.

Martinón Torres, que coordina el grupo de Genética, Vacunas, Infecciones y Pediatría del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), ingresó 71.800 euros de Pfizer y otros 24.500 de GSK en los dos últimos años, según los datos publicados por las propias farmacéuticas. Garcés Sánchez está adscrita al área de vacunas de Fisabio (la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana) y figura en el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Ingresó 30.346 euros de Pfizer entre 2017 y 2018 más 5.830 euros de GSK, según los mismos documentos. El grueso del dinero se refiere a "honorarios" por prestación de servicios distintos a los programas de I+D que Farmaindustria consigna en otros capítulos.

La meningitis y sus vacunas presentan el siguiente panorama: la británica GSK es la dueña del suero para la meningitis B Bexsero al habérsela comprado a la suiza Novartis en 2014. Tras convertirse en producto de libre acceso con receta en las farmacias en 2015 (antes era de uso exclusivamente hospitalario), no ha conseguido aún entrar entre las vacunas obligatorias según la última decisión del Consejo Interterritorial de Sanidad. La estadounidense Pfizer sacó en 2018 su versión para esta patología: Trumenba.

Además, ambas compañías comercializan vacunas denominadas tetravalentes contra la meningitis A, C, W e Y: Menveo y Nimenrix respectivamente. En 2017, la Agencia Española del Medicamento permitió su comercialización en farmacias. Ambas sí serán financiadas públicamente para adolescentes, pero no se extienden a los lactantes como pedía la Asociación Española de Pediatría ni con la velocidad que demandaba esta organización.

Rechazo de Sanidad y reacción

Al poco de conocerse las decisiones de la Comisión de Salud Pública, que seguían la recomendación técnica del grupo de expertos, ambos reclamaron en el Congreso Nacional de Pediatría en junio pasado. Martinón Torres adujo que "las tasas más altas de enfermedad meningocócica se dan en lactantes Por lo tanto, sean muchos o pocos casos, es importante recalcar que es prevenible mediante la vacunación". Hacía referencia a las razones esgrimidas por los evaluadores de la Comisión de Salud sobre la baja incidencia de la enfermedad y su alto precio de comercialización: 100 euros por dosis de Bexsero.

Este pediatra ya había intentado desmontar los argumentos del grupo de trabajo público antes de que se hiciera oficial la postura de Sanidad. Anteriormente, Martinón Torres dirigió un estudio para simplificar la pauta de aplicación de Bexsero de cuatro a tres dosis utilizado por la Agencia Europea de Medicamentos para cambiar las indicaciones del suero. El pediatra declaró que este avance haría más factible la financiación pública.

Martinón Torres explica a eldiario.es que estos pagos "se corresponden con actividades personales como consultor técnico o ponente en mi área de conocimiento y experiencia investigadora. En estas actividades siempre expongo, y así lo exijo sin ningún otro tipo de condicionante, mi visión científica personal que desarrollo tanto a nivel nacional como internacional y que se sustentan en más de 24 años de ejercicio profesional".

El pediatra añade que "siempre se declaran pertinentemente en cada una de las situaciones que pudiesen llegar a interpretarse potenciales conflictos de interés". Sin embargo, en estas apariciones públicas no quedan reflejadas las vinculaciones contractuales con GSK u otra empresa (cosa que sí se incluye al pie de los artículos científicos). De manera similar, firmó en 2018 como jefe de servicio hospitalario e investigador una "información esencial sobre vacunas para padres y familias" que enumera las "vacunas recomendables adicionales" sobre enfermedades y sueros. No hay referencias a posibles conflictos de intereses.

Sánchez Garcés, por su parte, insistió en que se extendiera la vacuna contra los serotipos ACWY a los niños (ahora está incorporada para adolescentes): "Sería importante vacunar a niños pequeños por el hecho de que son los que más riesgo tienen de contraer la enfermedad". Un poco antes, en mayo de 2019, esta doctora participó en la reunión de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas Pediátricas para comentar los nuevos datos sobre la inmunidad aportada a lo largo del tiempo por esas vacunas. Se presentaban sendos estudios (en los que la pediatra no participaba) sobre las marcas Menveo (GSK) y Nimenrix (Pfzer). Cada uno estaba financiado por su compañía fabricante. La investigadora fue presentada como "científica de FISABIO" sin alusión a los pagos anuales de las compañías.

María Garcés Sánchez ha contestado a eldiario.es que como experta "nos solicitan asesoramiento y consultoría científica a través de nuestra experiencia. Como profesional sanitaria, mi obligación es tratar de trasladar cuantos avances basados en la evidencia científica se produzcan en este campo y cuyos datos, soportados tanto en estudios en vida real como en ensayos clínicos, hayan demostrado mejoras en materia de prevención de las enfermedad prevenibles por cualquier patógeno que pueda producir enfermedad en el niño".

Mercado creciente

La vacunas de la meningitis están protagonizando un periplo comercial de altos vuelos en los últimos años. GSK compró la línea de vacunas de Novartis en la que estaba Bexsero por 7.000 millones de euros a finales de 2014. La decisión de la Agencia del Medicamento de convertirla en producto de acceso en farmacias con la receta del médico disparó sus ventas a partir de 2015. Las tetravalentes también han tenido un proceso similar. Pfizer compró Nimenrix a GSK por algo más de 100 millones en octubre de 2015. Dos años después, Sanidad también admitió que se comprara en farmacias

En 2019 las dos vacunas tetravalentes han pasado al calendario oficial para sustituir el suero específico de la meningitis C a partir de los 12 años de edad. Eso implica la financiación pública: en consecuencia, la Comunidad de Madrid compró en abril pasado 100.000 de estas dosis por 3,35 millones de euros. Castilla y León anunció poco antes lo mismo: 50.0000 viales por 1,57 millones.

La farmacéutica Pfizer ha contestado a eldiario.es que "cada acuerdo con un profesional establece y deja claro que para Pfizer está prohibido incentivar o recompensar a los profesionales sanitarios por la utilización o apoyo a nuestros medicamentos". GSK no ha respondido a las preguntas de este diario.

"Entiendo que contrapuestas las cifras recibidas y mi firme posición de recomendar la vacuna se pueda plantear una duda sobre un posible conflicto de intereses", admite la doctora Garcés Sánchez quien insiste en que lo hace "desde la más firme convicción científica. Si los resultados de los últimos estudios clínicos no fueran los que son, mi posición cambiaría completamente".

El médico gallego se queja de que "en los últimos tiempos, desde movimientos antivacunas y afines, así como desde otros intereses, se ha pretendido, con cualquier pretexto, poner en cuestión a la inmensa mayoría de los profesionales que actúan bajo criterios únicamente de evidencia científica y promoción de la salud". Considera que es positivo que se conozca el dinero que recibe cada uno de la industria. Y luego insiste en que hay " intereses contrarios a la salud de niños que defendemos la práctica unanimidad de los pediatras".

Ambos profesionales sanitarios del sistema público no solo aparecen en los listados de Pfizer y GSK. En 2017 y 2018, Martinón Torres ingresó 29.474 euros de MSD y 23.231 de Sanofi. Garcés Sánchez añadió otros 32.382 euros en ese tiempo de la estadounidense MSD. Esta compañía asegura que "la recurrencia en la contratación de un mismo profesional sanitario obedece a aspectos como la experiencia, cualificación, prestigio profesional, el conocimiento sobre una determinada materia por encima de la media, actitudes docentes o comunicativas". Sanofi no ha querido entrar en "información detallada" sobre sus transferencias de valor."                (Raúl Rejón, eldiario.es, 16/07/19)

22.7.19

El Tribunal de Cuentas que ha absuelto a Botella: un organismo controlado por el PP y marcado por el enchufismo

"La sentencia del Tribunal de Cuentas que ha librado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete cargos de su Gobierno de una multa millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre ha vuelto a poner bajo el foco a este órgano fiscalizador. Actualmente está controlada por el Partido Popular que tiene la mayoría del consejo y que ostenta la presidencia y el órgano de gobierno en su totalidad. La absolución de Botella, por dos votos contra uno, la firman dos consejeros propuestos por el PP, una de ellas, una exministra de José María Aznar, marido de la exregidora de la capital.

El Tribunal de Cuentas es quien vigila la contabilidad de los partidos, de sus fundaciones y de los organismos públicos. Y aunque reciba el nombre de "tribunal" no es un órgano judicial, ya que no depende del Consejo General del Poder Judicial. El ente que vigila la financiación de los partidos, y si sus actos al frente de las instituciones se hacen de manera correcta, está controlado por los propios partidos: sus doce consejeros los nombra el Congreso y el Senado. Tras la elección, ostentan el cargo durante nueve años con altas probabilidades de repetir.


El Tribunal de Cuentas es, por ley, "el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público" y le corresponde "en exclusiva" el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Las cuentas de las organizaciones políticas por tanto no se someten, como las de los demás, a la Agencia Tributaria, sino a un organismo cuyos miembros los nombran los propios partidos, en este caso los dos grandes partidos: PP y PSOE.

La última elección de los doce consejeros que conforman el Tribunal de Cuentas se hizo en 2012 (y se mantendrá hasta 2021). Ese año fueron elegidos Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano, los dos consejeros que han absuelto a Botella y a parte de su Gobierno de pagar una multa de 25,7 millones de euros, revocando así la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia. 

Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también fue nombrado ese año miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Por parte del PSOE, un exsenador del PSC Lluís Amet es consejero. Y hay otros cuatro nombramiento que hicieron los socialistas en consenso con IU. El voto en contra de la absolución de Botella ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE.

La presidencia del órgano desde 2018 es María José de la Fuente, nombrada también por el PP. Su predecesor en el cargo, Ramón Álvarez de Miranda, es hijo del que fuera presidente del Congreso y Defensor del Pueblo. Aunque el órgano se renueva cada nueve años, Álvarez de Miranda, que fue diputado por UDC, ha estado en la institución fiscalizadora más de 30 años, desde 1984. 

No es el único miembro que ha permanecido durante décadas en ese sillón. Ubaldo Nieto, también expresidente de la entidad y cuyo nombre estuvo salpicado de polémica debido a que aparecía como donante del PP en las notas contables de Luis Bárcenas, trabajó para el organismo durante 22 años.
El índice de rotación de los consejeros por tanto acaba siendo muy bajo y estos gozan de unas condiciones laborales muy ventajosas. Su salario anual asciende a 119.480,34 euros, según recoge en el BOE, a los que se suman otros 6.000 euros para gastos y los trienios que vayan acumulando. También tienen coche oficial y dos secretarias.

En julio de 2018 la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas a la que Suárez Robledano pertenece, y la que más poder tiene en el organismo, fue renovada. Por primera vez en democracia, pasó a estar controlada al 100% por consejeros del Partido Popular, en una jugada en la que los siete consejeros del PP frente a los cinco del PSOE impusieron la configuración. Una vez que abandonan el cargo, tienen derecho a una pensión indemnizatoria del 80% de su retribución (que incluye los trienios) durante un máximo de 24 mensualidades.

Nepotismo

Los nombramientos a dedo van más allá de la que hacen los partidos con los consejeros. El organismo vivió su mayor crisis reputacional en 2013 cuando se desveló que una buena parte de la plantilla está compuesta por familiares de altos cargos, como publicó El País. Unos 700 trabajadores conforman la plantilla del Tribunal de Cuentas, y un centenar de ellos tienen lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros.

Uno de los casos de nepotismo más escandalosos lo protagonizaron los que fueran presidente del Tribunal de Cuentas hasta 2018 y presidente de la sección de Fiscalización. En la plantilla del organismo está la concuñada de Ramón Álvarez de Miranda, Cristina Querarto Iborra, y un sobrino, José Manuel García Soriano. El que fuera su segundo en el tribunal, Javier Medina Guijarro (PP), tenía a un hermano, Enrique Medina); a una hermana, María Consuelo Medina Guijarro, y a su esposa, María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus).

En 2016, el Tribunal Supremo anuló el intento de nombrar a dedo al hermano de Medina, Enrique Medina, como subdirector Técnico y condenó al Tribunal de Cuentas a pagar 9.000 euros en costas.
Otro de las sospechas que han sobrevolado sobre el Tribunal de Cuentas es la lentitud que ha imperado en algunas ocasiones la fiscalización que ha realizado sobre los partidos. 

Un ejemplo de ello se produjo en 2013, cuando la fiscalización de las cuentas de los partidos llegó al Congreso con cinco años de retraso. Las posibles irregularidades que hubiera podido detectar de las cuentas de 2008 de las formaciones políticas, auditadas cinco años después, habrían prescrito después de que el PP aprobara en 2012 un plazo de prescripción de cuatro años para los delitos de financiación irregular. Ese retraso de cinco años se ha subsanado ligeramente los últimos años.

La trayectoria de los que han absuelto a Botella

El enésimo escándalo en el Tribunal de Cuentas lo han preguntado dos consejeros del PP que han absuelto a Botella y a otros cargos de su gobierno también del mismo partido. Una de las consejeras es Margarita Mariscal de Gante, que fue nombrada en 1996 ministra de Justicia por Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo Gobierno del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos años después, el 23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP.

José Manuel Suárez Robledano es el otro integrante del tribunal que ha absuelto a Botella y siete miembros de su gobierno este miércoles. Suárez Robledano, también nombrado a propuesta del PP en 2012, es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la que ha decido el fallo en favor de Botella, nombrado por el Senado cuando el PP tenía mayoría absoluta. Es además miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le convierte en uno de los tres consejeros con más poder dentro del organismo público.

La actuación de Suárez Robledano en el Tribunal de Cuentas no ha estado exenta de polémica y las sospechas de enchufismo también han recaído sobre el consejero. En abril de este año, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló un nombramiento a dedo del consejero del PP dentro del organismo público. En concreto, para el puesto de subdirector técnico de la Sección de Enjuiciamiento. La propuesta de nombramiento anulada por el Supremo fue avalada por la mayoría que los consejeros nombrados a propuesta del PP tienen en el Tribunal de Cuentas."                (Fátima Caballero, eldiario.es, 18/07/19)

18.7.19

Botella sale indemne de la venta de pisos sociales a fondos buitre gracias a una ex-ministra de Aznar y un consejero del PP

"Dos consejeros nombrados por el PP han librado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013. El Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y parte de su gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero ahora la Sala de Enjuiciamiento ha revocado ese fallo tras el recurso de los condenados.

La absolución, por dos votos contra uno, la firman dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que ha mantenido los argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera sentencia condenatoria: que la operación de venta fue "lesiva" para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de "publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad" en el procedimiento.

Margarita Mariscal de Gante fue nombrada en 1996 ministra de Justicia por Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo Gobierno del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos años después, el 23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Ese mismo día, Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también era nombrado miembro del Tribunal de Cuentas.

José Manuel Suárez Robledano es el otro integrante del tribunal que ha absuelto a Botella y siete miembros de su gobierno este miércoles. Suárez Robledano, también nombrado a propuesta del PP en 2012, es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la que ha decido el fallo en favor de Botella, nombrado por el Senado cuando el PP tenía mayoría absoluta. Es además miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le convierte en uno de los tres consejeros con más poder dentro del organismo público, que siempre ha estado rodeado de polémica por los nombramientos a dedos y los enchufes de familiares de políticos.

En julio de 2018 la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas a la que Suárez Robledano pertenece fue renovada, y por primera vez en democracia, pasó a estar controlada al 100% por consejeros del Partido Popular, en una jugada en la que los siete consejeros del PP frente a los cinco del PSOE impusieron la configuración.

La actuación de Suárez Robledano en el Tribunal de Cuentas no ha estado exenta de polémica. En abril de este año, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló un nombramiento a dedo del consejero del PP dentro del organismo público, en concreto, para el puesto de subdirector técnico de la Sección de Enjuiciamiento. La propuesta de nombramiento anulada fue avalada por la mayoría que los consejeros nombrados a propuesta del PP tienen en el Tribunal de Cuentas.

La vía penal por esta venta sigue abierta pero Botella ha quedado excluida de ser juzgada. La Audiencia Provincial ordenó en junio al juez que sobreseyó en dos ocasiones la causa que diera por concluida la investigación y pasese a la siguiente fase, que sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la exalcaldesa, pese a que la Junta de Gobierno que ella presidía dio el visto bueno a la venta en 2013.

Diferencias con la primera sentencia

La primera sentencia de diciembre de 2018 concluyó que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al Blackstone por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.

Sin embargo, la nueva resolución del Tribunal de Cuentas considera que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un "punto de equilibrio de mercado" y concluye que en 2012 la EMVS "enfrentaba una situación crítica" y que no se debe olvidar "cuáles eran las condiciones generales del mercado", tras el "desplome" del mercado financiero que se mostraba también "reacio" a refinanciar créditos inmobiliarios. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas en su nueva sentencia argumenta que "los precios de la vivienda acumulaban años de continuas caídas. La EMVS había sacado a subastas decenas de pisos en 2011 y 2012 pero dicho procedimiento demostró ser ineficaz, puesto que las ofertas fueron bajas y escasas". "Ha quedado acreditado su ajuste a las normas y principios del ordenamiento jurídico", insiste.

La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas este 27 de diciembre no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público", también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente.

Según la argumentación del tribunal en la primera sentencia condenatoria, era indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. El procedimiento de venta para sacar al mercado 1.800 viviendas duró 14 días. La primera sentencia concluyó que no era tiempo suficiente para preparar una operación de esas características y deja pistas evidentes de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos lotes, jugaron con ventaja.

El fallo concluye que en el procedimiento de venta hubo información privilegiada al fondo Blackstone que se hizo con los 100 bloques de pisos, que el Gobierno de Botella se saltó todos los controles, e incluso que se pagaron dos millones de euros a una empresa, supuesta intermediaria, sin que se haya probado su participación en la compraventa.

El nuevo fallo de la Sala de Enjuiciamiento da la vuelta a esa argumentación y considera que se llevó a cabo un concurso público para la adjudicación de un servicio de intermediación destinado a la búsqueda de posibles compradores del inmueble. "Este concurso fue publicado oportunamente", dicen los consejeros del PP en contra del primer criterio del Tribunal de Cuentas y añaden que se presentaron diferentes ofertas al proceso de venta.

El Gobierno de Almeida no recurrirá

El Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena demandó en diciembre de 2017 a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación de venta de viviendas públicas. La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión. El Gobierno de Carmena también recurrió la primera condena y pedía que se multiplicase por más de seis el importe de la misma: de 25,7 a 162,8 millones.

Desde Más Madrid, la formación que encabezó Carmena para las municipales y primer grupo en el Ayuntamiento, Marta Higueras reclamaba que se elevase a casación ante el Tribunal Supremo el fallo del Tribunal de Cuentas. Por su parte, el PSOE afeaba que Mariscal y Suárez Robledano no se hayan inhibido en la votación.

Pero el procedimiento tiene visos de quedar en este punto de absolución para Botella y parte de su gobierno. El nuevo Gobierno de José Luis Martínez-Almeida formado por PP y Ciudadanos no recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, ha confirmado este mismo miércoles la portavoz, Inmaculada Sanz. Para Sanz, la nueva sentencia "deja claro que existió un concurso público" y ha reprochado a la izquierda poner en duda a los tribunales por criticar que una exministra de Aznar haya absuelto a Botella.

"No hemos tenido demasiado tiempo para estudiar esa sentencia; sí parece que deja claro que existió un concurso público, con una serie de informes, entre ellos el de la intervención, que abalaba ese proceso como hemos defendido desde el PP. En todo caso como portavoz del Gobierno, acatar, respetar la sentencia, y aceptaremos las conclusiones que ya se han dado", ha expresado ante los medios de comunicación desde el hall de Cibeles."                       (Fátima Caballero, eldiario.es, 17/07/19)

17.7.19

El desamparo de los denunciantes de la corrupción

"El sábado 23 de junio, una quincena de denunciantes de casos de corrupción piensan plantarse frente al Congreso para reclamar a los poderes públicos más apoyo a sus causas. Quizá por su número no formen un grupo muy impresionante, pero lo realmente sobrecogedor es que, con ellos, a la capital también llegan las caras más olvidadas, las voces menos protegidas de algunos de los peores casos de corrupción del país. 

Lo que piden con esta concentración frente al Congreso es simple: que el Gobierno español aplique las directivas de la Comisión Europea que exhortan a los Estados miembros a proteger a los denunciantes de corrupción o de infracciones en empresas. Porque, muy a menudo, frente al revuelo mediático que generan los casos de corrupción activa o pasiva, malversación de fondos, cohecho o estafas, entre el fragor del circo político y mediático olvidamos que en la mayoría de los casos no son los abogados del Estado ni la Fiscalía quienes destapan estas irregularidades ocurridas en las instituciones.

Son, por el contrario, los funcionarios públicos y trabajadores de empresas, ciudadanos de a pie que arriesgan empleo, sueldo, salud y vida privada para denunciar que nuestros ayuntamientos, nuestras concejalías, nuestros gobiernos regionales y nuestros ministerios están siendo secuestrados por intereses privados. 

El Congreso va a tener que mirar a los ojos a la trama Gürtel, a la venta de pisos de protección madrileños a fondos buitre, al caso Acuamed, a la corrupción en el municipio de Castro Urdiales, al caso Palau, y a otra treintena de denunciantes de corrupción, tanto pública como privada, que apoyan esta concentración y sus demandas. Hablamos con algunos de los que estarán en la concentración.

Ana Garrido, más de 10 años de lucha 

Denunciante, en 2009, de las irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte que dieron comienzo a la trama Gürtel, Ana Garrido resume para CTXT: “Lo que necesitamos es una ley integral de protección al denunciante, y que sea efectiva”. En concreto, los denunciantes acusan al Gobierno de llevar dos años incumpliendo la Directiva de la Comisión Europea de diciembre de 2015, por la que se les daba a los Estados miembros de plazo hasta el 3 de julio de 2016 para elaborar leyes que protejan a los denunciantes de infracciones.
Ana Garrido: “Lo que necesitamos es una ley integral de protección al denunciante, y que sea efectiva”
El Gobierno español ya está siendo objeto de varias investigaciones por parte de la Comisión Europea y, posteriormente, del Tribunal de Justicia de la UE, por no “implementar la legislación de la UE para denunciantes”. Además, en marzo de 2018, el Tribunal de Justicia admitió a trámite la denuncia de un extrabajador de la farmacéutica Boehringer, que acusó a España de no protegerle como mandan las directivas en su litigio con su antigua empresa por posible tráfico de datos personales sanitarios en Andalucía y Extremadura.

Según cuenta Ana Garrido, “ahora la protección de peritos y testigos no nos incluye a nosotros, ya que va más encaminada a otro tipo de testigos, (viene) de la época de los confidentes de ETA. Ya llevamos dos años negociando en el Congreso de los Diputados con todos los grupos parlamentarios. Ciudadanos sacó una propuesta que fue aprobada, pero lleva dos años paralizada (…) y de esto responsabilizo a todos los grupos parlamentarios sin excepción”.

El caso de Ana Garrido es, quizá, el que más se ha mediatizado y, sin duda, el que ha desencadenado unas penas más duras. Pero a Ana no le ha salido gratis. “Yo denuncié en enero de 2009, y a pesar de haber ganado la sentencia por acoso en el Supremo, después de recurrir y recurrir y haber ganado (contra el Ayuntamiento de Boadilla del Monte), a mí se me ha truncado la vida. Mi historia no ha terminado. Ahora estoy por mercadillos vendiendo bisutería y sigo de pleitos, fruto de la época brutal en que hubo una campaña de desprestigio contra mí, diciendo auténticas barbaridades sobre mi persona que no las voy a dejar pasar. O sea que esto, aun cuando te dan la razón, ya te han destrozado la vida”. 

Como es bien sabido, el caso Gürtel ha terminado con condenas que suman 351 años, y con indemnizaciones que superan los 105 millones de euros. Pero Ana Garrido lleva sufriendo más de 10 años los efectos de la desprotección casi absoluta de los que, como ella, se niegan a formar parte de la corrupción, una lacra que desde la transición se ha convertido en especie autóctona de nuestras administraciones públicas. 

“Esto nos pasa a todos los denunciantes”, continúa Garrido, “ellos juegan con dinero público y van contra nosotros con denuncias a veces falsas. Por eso consideramos muy importante poder tener una cobertura jurídica gratuita. Tenemos la que tiene cualquier ciudadano, que es la del turno de oficio, pero hay que comprender la complejidad de nuestros casos, sin menospreciar la labor de los abogados de oficio, pero tienen que llevar a alguien que entienda muchísimo de acoso, de temas laborales, etc. 

Lo que necesitamos es representación y cobertura jurídica”. Y termina con una reflexión: “Si nosotros hemos recuperado dinero a las arcas del Estado a cambio de truncar nuestras vidas, ¿cómo tienen la desfachatez de decirnos que crear un juzgado especializado en casos como el nuestro no tiene presupuesto?"

Azahara Peralta y el caso Acuamed: lodos tóxicos y sobrecostes

Iba a ser la obra de descontaminación hídrica más importante y con mayor presupuesto de la historia de España. Los trabajos de limpieza del embalse de Flix (Tarragona) se adjudicaron en 2008, pero diferentes irregularidades los han mantenido bloqueados hasta finales de mayo de este año. Fue Azahara Peralta, junto a algunos de sus compañeros, quien se negó a firmar los sobrecostes que la empresa FCC exigía antes de finalizar la obra.
El sábado 23 de junio, una quincena de denunciantes de casos de corrupción se plantarán frente al Congreso para reclamar a los poderes públicos más apoyo a sus causas
“Mi despido fue el 31 de julio de 2015”, cuenta Peralta a CTXT, “pero las presiones empezaron más o menos en septiembre de 2014. (Por aquellas fechas) cambiaron al director de Ingeniería y Construcción que había hasta ese momento (Francisco Valiente), y que fue uno de los denunciantes también de este caso, en realidad el principal denunciante. Luego fuimos denunciando otras personas que estábamos viendo esas presuntas irregularidades, pero a raíz de que a él le sustituyeran de su puesto y pusieran a otra persona que tenía connivencia con el contratista de la obra, es cuando empiezan a decirme que (…) tengo que llegar a algún acuerdo para desencallar el tema”.

El llamado caso Acuamed no sólo investiga unos sobrecostes en los trabajos de descontaminación de 36,9 millones de euros (que, gracias a Peralta y sus compañeros, nunca se llegaron a aprobar). Los responsables de Acuamed y otros investigados en la trama también llegaron a planear, presuntamente, verter ácido clorhídrico para cubrir los lodos tóxicos que aún quedaban en el lecho del embalse de Flix. “En enero de 2015 me comunican que van a hacer una auditoría a la obra, lo que no me tomé a mal, porque las auditorías están para hacerlas. Pero al final se demostró que fue una auditoría ficticia para quitarnos de en medio”.

Como tantos otros, Azahara Peralta decidió luchar en los tribunales. “Mi juicio se celebró en noviembre de 2017, y la sentencia de la jueza fue que mi despido había sido totalmente nulo, además de haber sufrido acoso por parte de mis superiores para que firmase ciertas irregularidades. Ahora mismo la empresa lo ha recurrido y estoy a la espera de si el Tribunal Superior de Justicia (de Madrid) considera lo mismo que la jueza de instrucción”. 

Igual que en el resto de los casos repartidos por todo el país, Peralta afirma, desde su experiencia, que “no hay ninguna protección para la gente que denuncia cualquier tipo de corrupción. Acuamed es una sociedad anónima, pero su accionista principal es el Estado, así que los gastos (judiciales) los pagamos todos”.

Por increíble que parezca, la empresa Acuamed continúa recurriendo las sentencias de los jueces y costeando los gastos de los procesos con dinero público. Mientras, los extrabajadores y denunciantes tienen que costear esos procesos con dinero propio, sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado. “Al final te encuentras muy solo, y aunque esto se lo cuentas a tus amigos y a tus familiares, no llegan a sentir la soledad que genera el hecho de que, supuestamente, has intentado defender el erario, y te castigan por ello”. 

Como también asegura la denunciante de la trama Gürtel, Ana Garrido, la única ayuda que en la actualidad pueden esperar los denunciantes viene, exclusivamente, de iniciativas ciudadanas. “Yo estoy en la Plataforma por la Honestidad”, comenta Peralta. “Es una organización que reúne a bastantes denunciantes. En la medida que pueden, colaboran económicamente, por lo menos para cubrir los gastos de defensa legal. En mi caso he renunciado a esto porque hay gente que lo necesita muchísimo más que yo y a mí aún me quedan algunos ahorros. En mi vida hubiera pensado que iba a destinarlos a algo así”.

Jaime González, el cártel del fuego

El pasado verano, CTXT habló con Jaime González sobre los casos de corrupción en las mesas de contratación de la Junta de Andalucía. En concreto, González había destapado la connivencia entre algunas empresas de medios aéreos de extinción de incendios, como Faasa, con algunos funcionarios de la Junta, para manipular los contratos en favor de intereses privados. Igual que muchos denunciantes de casos de corrupción en administraciones locales o regionales, a Jaime González le esperaba un infierno del que aún no ha conseguido salir.
Si nosotros hemos recuperado dinero a las arcas del Estado a cambio de truncar nuestras vidas, ¿cómo tienen la desfachatez de decirnos que crear un juzgado especializado en casos como el nuestro no tiene presupuesto?
“Con el sistema que tenemos”, aseguraba González a CTXT, “establecido no por los gobiernos autonómicos, como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es muchísimo más fácil echarme a la calle a mí inventándose cualquier excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”. Un mes después de que su caso saliera en las páginas de CTXT, la Administración de Susana Díaz suspendió de empleo a González y le abrió un expediente sancionador.

Jaime González, funcionario de mesa de contratación, denunció que el Plan Infoca 2015-2018 para prevención de incendios forestales, de la Junta de Andalucía, servía a una colusión ilegal de empresas de extinción de incendios, colusión que al final se descubrió que alcanzaba a otras 10 comunidades autónomas españolas, así como a Portugal, Italia, Francia y Chile. En relación a su denuncia contra algunos compañeros y superiores, Jaime González relató a CTXT una secuencia de acontecimientos que pone los pelos de punta:

“Primero, en los juzgados no hay medios para impulsar una acusación de este tipo, en el que hay involucrados tales cantidades de dinero y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix (Manuel Moix) o De Llera (Emilio De Llera), mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción, que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y se han de juzgar por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del Código Penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes (la prevaricación es el único delito del CP que no conlleva cárcel, sólo inhabilitación), y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto”.

La revancha del denunciante: Carlos Martínez Viña

La historia de Carlos Martínez Viña difiere en algunos aspectos de las anteriores. Él, harto de enfrentarse sin apoyos, no sólo a quienes denunció, sino también, según él, “a la falta de intención deliberada de jueces y fiscales para acatar las leyes”, acabó por renunciar y seguir con su vida. “Estaría muy bien que se aplicase (la Directiva de diciembre de 2015 de la CE), pero aquí lo importante es que los fiscales y los jueces, en general, no quieren, no les da la gana aplicar lo que ya está por escrito”.

Carlos Martínez estuvo, durante 22 años, en el área de control de cursos de formación para desempleados y trabajadores en el INEM, primero, y, ya desde 1991, en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Sus problemas comenzaron en 2004, cuando “empecé a preguntar a los formadores si la cantidad prevista para ellos en estas subvenciones les llegaba o no. El 95% de formadores me informaron de que el 30% de las subvenciones para cursos de parados y trabajadores no llegaba a su destino”.

Como primera medida, sus superiores le prohibieron preguntar a los formadores sobre los fondos recibidos, a lo que Martínez se negó: “Llegué a emitir unos 100 informes desfavorables, lo que creó un gran escándalo en el SOC. Se quejaron mis jefes, se quejaron los centros, que eran centros importantes, patronales como el CECOT (Confederació Empresarial Comarcal de Terrasa), que es una de las patronales catalanas más importantes, los sindicatos…”. Finalmente, a Carlos Martínez le llegó una carta informándole de que le desposeían de sus funciones. 
los denunciantes acusan al Gobierno de llevar dos años incumpliendo la Directiva de la Comisión Europea de diciembre de 2015
“Fui a la Oficina Antifraude de Cataluña en 2011”, continúa Martínez, “y allí me dijeron que no veían delitos económicos, sólo irregularidades administrativas. Fui también al Tribunal de Cuentas en Madrid, y misma respuesta, y eso que les expliqué que los formadores sólo recibían una tercera parte de las subvenciones. Fui a Fiscalía de Cataluña, y lo mismo, todos archivaban”.

A la concentración de Madrid asiten, además de Carlos Martínez, otros 4 denunciantes en materia de formación de desempleados y trabajadores de Alicante, Euskadi, Logroño y Cádiz: “Te estoy hablando de unos 12.000 millones de euros desviados en toda España, desde el año 1994, y en Andalucía se estima en 3.000 millones, según la UDEF. Y la cosa sigue como estaba”.

Martínez reconoce que, en un determinado momento, acabó hartándose y dejándolo pasar. “Yo perdí el juicio en 2008, el juez dijo que era mi personalidad conflictiva la que generó el problema, y que no sufrí acoso laboral. Mi abogado lo quiso recurrir, pero yo lo dejé correr. Hasta que, hace pocos años, he encontrado a más denunciantes que están viviendo una experiencia muy parecida. Cada uno de nosotros pensaba que estaba solo. Esta reunión de Madrid va a ir genial para conocernos, para consolidar lazos entre todos, incluso psicológicamente”.                (Daniel Toledo, CTXT, 22/06/18)

16.7.19

Detenidas 20 personas por trata de mujeres e invertir sus beneficios en negocios inmobiliarios

"La historia que contó aquella chica huida de las calles de La Junquera (Girona) sorprendió a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: "Decía que había sido su hermana quien la animó, con 16 años, a irse a Francia para supuestamente a hacer la campaña de la patata, pero en realidad allí fue a caer en manos de un tratante de mujeres rumano que la explotó sexualmente en Portugal, Liechtenstein, Reino Unido, Alemania, Escocia, otra vez en Portugal... Finalmente, la vendió a otros miembros de la organización —también rumanos, con cuerpo de gimnasio llamativamente tatuados— que la explotaron en España, en las calles de la Junquera. Cuando logró huir tenía ya 24 años".




Es el relato estremecedor de uno de los agentes de la Sección de Trata de Seres Humanos que, con la colaboración de Europol, han desmantelado una red de trata de mujeres rumanas que operaba en La Junquera (Girona) y en Valencia. Los agentes han detenido a 20 personas pertenecientes a los distintos eslabones de la red —captadores y reclutadores, transportistas, explotadores y los blanqueadores de los beneficios obtenidos— y han sido liberadas 13 mujeres, que estaban siendo explotadas sexualmente hasta 14 horas diarias.

 "Con solo ropa interior, fuese invierno o verano" y en condiciones de semiesclavitud, aseguran fuentes del caso. La chica, también rumana, que dio lugar a la investigación es ahora una importante testigo protegida sobre la que han pivotado unas pesquisas que comenzaron en febrero de 2018 y que han culminado con la detención de los principales implicados hace una semana.

Inversiones inmobiliarias

Entre los detenidos se encuentran los dos jefes de la organización, que fueron apresados "uno en Rumanía y otro en Portugal". Los 18 restantes fueron arrestados en España, tras ocho registros domiciliarios. La mayoría de ellos proceden de la ciudad rumana de Targu Mures, cercana a Bucarest.

La operación, bautizada como Lora, supone la caída de una importante red internacional de explotación de mujeres, que invertía sus beneficios en negocios inmobiliarios en Rumanía: "Compraban y vendían casas de lujo", aseguran los investigadores, que pudieron comprobar que uno de los detenidos movió medio millón de euros en solo seis meses, "todo proveniente de la explotación de las mujeres".

El resto de las víctimas cayeron en las garras de la organización por el método llamado Lover boy: "Algunos de sus integrantes enamoraban a sus víctimas y les prometían una vida mejor en España", relatan los investigadores, que destacan que los registros de Europol evidenciaron que no se trataba de un caso aislado.

Una gran parte de los controladores de las víctimas eran supuestamente sus parejas sentimentales, "que se pasaban el día recaudando el dinero de las mujeres, jugando a la consola en sus casas y gastando lo que no mandaban a su país en bingos y casas de apuestas", señalan fuentes de la investigación. No tenían reparo alguno en que sus parejas mantuvieran relaciones con otros hombres "e, incluso, se las intercambiaban entre ellos y creaban recelos entre las mujeres que dominaban", explican los agentes. En alguno de los casos, alguno de los explotadores llegó a controlar hasta a siete mujeres, las cuales eran obligadas a ejercer la prostitución en calles controladas por su propia organización, según fuentes del caso.

Fornidos en gimnasios, "cuando se producían disputas o encontronazos por el control del territorio donde operaba la red, no tenían ninguna reparo en emplear la violencia contra otras organizaciones rivales", aseguran los investigadores.

El carácter itinerante de varios de los integrantes de la organización obligó a solicitar la cooperación internacional, siendo emitidas distintas órdenes europeas de detención y entrega que dieron como resultado el arresto de dos de los principales miembros, en Rumanía y Portugal.

Entrega

El considerado como líder de la organización Investigada, que había efectuado una huida hacia distintos países de Europa, decidió entregarse la pasada semana en un Juzgado de Figueras (Girona), siendo decretado, de forma inmediata, su ingreso en prisión. Europol, por su parte, dio soporte al equipo investigador y aportó información policial.

La operación se ha desarrollado a lo largo de los últimos meses y se realizó simultáneamente en Rumanía, Portugal y España. Los agentes se incautaron de numerosa documentación, anotaciones relacionadas con la explotación sexual de las mujeres, dinero en efectivo y tres vehículos de alta gama que la organización tenía en su poder.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, y ha sido desarrollada por la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) y las Comandancias de la Guardia Civil de Burgos, Girona y Valencia, contando con la colaboración del Servicio Aéreo, GRS, UTPJ, EUROPOL, la Embajada de España en Rumanía y la ONG APIP ACAM. Para su culminación, "ha sido fundamental el trabajo conjunto que se ha realizado y se sigue realizando con los cuerpos policiales de Portugal, Rumanía, Alemania y Francia".          (Patricia Ortega, El País, 21/05/19)

15.7.19

Las amenazas y sobornos del capo mallorquín Cursach pusieron a periodistas a su servicio

"Bartolomé Tolo Cursach levantó su imperio empresarial en el potentísimo negocio de los clubes nocturnos mallorquines, hundiendo presuntamente con técnicas mafiosas a los rivales, a los que obligaba a venderle sus locales a precio reventado o ser víctimas de acoso policial y acciones de sicarios que los arruinaban.

 Pero también doblegó a  medios de comunicación, a los que logró poner a su servicio mediante presiones, coacciones o comprando a periodistas, según ha podido comprobar este diario de numerosas fuentes coincidentes.

La práctica del soborno para contar con una prensa favorable la confiesa el propio Cursach en una conversación telefónica con Fernando Crespí, expresidente del Atlético Baleares, a quien recomienda que ponga a periodistas a sueldo para obtener los permisos y las recalificaciones de terrenos que le interesan. La llamada, de Crespí a Tolo, se produjo en enero de 2016, fue grabada por los investigadores del caso Cursach y Público ha tenido acceso al audio (...)

"Lo que tienes que hacer es coger dos o tres periodistas y darles 1.000 o 1.500 o 2.000 euros cada mes..."
TOLO CURSACH: Ahh, perdona, también ha habido una cosa: le he dicho, le he dicho, mira si tú crees que tienes que forzar la situación para que a lo de Fernando le den el permiso, lo que tienes que hacer es coger dos o tres periodistas y darles 1.000 o 1.500 o 2.000 euros cada mes y que hablen que si el Mallorca le recalificaron, que si al Baleares no...
FERNANDO CRESPÍ: Ajá
T.C.: ...que si el Mallorca es el equipo y el Baleares... Dice: nosotros ya lo habíamos pensado, lo habíamos pensado. Digo: mira, coincidimos...
F.C.: Ajam
T.C.: Estamos en las mismas. Bueno, en fin, escucha, le costará 2 millones cada año y no sacará aguja.
F.C.: ¡Qué va!
T.C.: Es imposible.
F.C.: Es imposible.
T.C.: Este equipo para subir es imposible.

Si se escucha la conversación íntegra (más de 17 minutos) queda claro que Cursach no está improvisando un idea nueva, sino aconsejando sobre algo que él ya tiene comprobado.

Además, Cursach interviene personalmente para poner freno a las declaraciones que se hacen en los periódicos, si es preciso incluso amenazando al padre del entrevistado con tomar represalias contra su hijo en el futuro si no hace que esté callado sobre la mafia de la Policía Local de Palma. Eso es exactamente lo que ocurre en julio de ese año, después de que el empresario Juan Miguel Ferrer, impulsor de la marca privada Palma Beach, diera una entrevista a Diario de Mallorca defendiendo un cambio de modelo de explotación turística de la zona, dominada por los locales de borrachera y los prostíbulos, disfrazados de "table dance". 

Uno de los titulares de la entrevista es demoledor: "Hace tres años teníamos más miedo a la policía que a algunos delincuentes", titula un recuadro adjunto. Se refiere, claro está, a que la Playa de Palma es un destino turístico que "sale en toda Europa asociado a una mafia policial, supuestamente orquestada por el PP y al servicio de empresarios turísticos como Cursach y Miguel Pascual", según explica el periodista en el curso de su pregunta.

Y Ferrer reconoce al periodista: "Alberto, aquí hubo años muy difíciles, muy complicados, en los que algunos policías actuaban más como armas de represión que para salvaguardar los intereses de la gente honesta. Hace tres años, teníamos más miedo a la policía que a algunos delincuentes".

Pues bien, al día siguiente de la publicación de esa entrevista –el 18 de julio de 2016–, el propio Tolo Cursach llamó al padre de Juan Miguel Ferrer, a quien conoce personalmente porque este último empezó a invertir en la Playa de Palma en 1955, doce años antes de que naciera su hijo. La conversación fue igualmente grabada durante las escuchas telefónicas de la investigación y Público ha tenido también acceso a este audio (...)

"Te aviso de tu hijo porque estas cosas no se olvidan: ahora es muy joven y alguna vez nos encontraremos"
TONI FERRER: ¿Sí?
TOLO CURSACH: Hola Toni, como va soy Tolo, Tolo CURSACH.
T.F.: Hombre Don Tolo CURSACH, ¿cómo estás?
T.C.: Va bien
T.F.: Bien. ¿Y tú?
T.C.: Bueno, te quería llamar por una cosa, porque tú y yo siempre hemos tenido una amistad y siempre nos hemos llevado muy bien y me han molestado muchísimo las declaraciones que ha hecho tu hijo. Me parece que son muy desafortunadas, en el Diario de Mallorca de ayer
T.F.: ¿Ah, sí?
T.C.: Hablando de mí, y hablando muy mal. Aquí me parece que se ha pasado tres pueblos. Ahora es muy joven y alguna vez nos encontraremos, Toni, y estas cosas no se olvidan. ¿No lo has leído?
T.F.: Si, lo leí. el artículo.
T.C.: ¿No has visto lo que ponía en el lado, lo de la trama policial, lo de Tolo Cursach y demás, eh?
T.F.: No, pero eso...
T.C.: Bueno, léelas, léelas y luego ya volveremos a hablar
T.F.: Las leeré.
T.C.: Bueno, Toni, gracias.
T.F.: Pero, escucha, tú sabes que los periodistas dan mucha labia...
T.C.: ¡Periodistas! Si tú sabes estar callado... de mí ningún periodista me ha oído decir que si Toni Ferrer, con Jose María o con el otro alcalde socialista de Palma, Ramón Aguiló, o tal. Eso a mí no me ha oído ningún periodista decir esto. Por lo tanto, nadie puede decir que yo lo he dicho; por lo tanto, en cambio lo de tu hijo sí que lo ha dicho. Por tanto, son cosas que yo creo que son gratuitas, que no hacen ningún bien, y alguna cornada se le puede dar con el tiempo. O sea, te he querido avisar porque siempre te he tenido una amistad y nos hemos llevado bien. Hemos hecho algún negocio juntos y las cosas han ido siempre bien, y no hemos tenido discusiones grandes nunca; siempre si hemos tenido alguna cosita, nos lo hemos dicho y lo hemos arreglado. Y él creo que ha se ha pasado tres pueblos. Pero, vaya, léetelo antes, ¿eh Toni?
T.F.: Me lo leeré, de acuerdo, Tolo. Adiós.
La realidad es que, en la entrevista, Juan Miguel Ferrer no menciona a Cursach en ningún momento, sólo se queja de la mafia policial local sin dar nombres, y es el periodista, Alberto Magro, quien cita específicamente al "rey de la noche" de Palma. Pero al que Cursach amenaza es al empresario rival, a través de su padre.

Público ha podido verificar que después de la publicación de esa entrevista el lugarteniente de Cursach, Tolo Sbert, se puso en contacto con el periodista –quien ya no trabaja en ese diario– para asegurarle que el Grupo Cursach era intachable y sus comentarios estaban fuera de lugar. En aquella ocasión no hubo amenazas directas, pero otros periodistas, que no desean ser identificados, reconocen en privado haber sufrido presiones de los Tolos.

Y esas presiones han tenido resultados llamativos, como en el caso de la cobertura del diario Última Hora, el más leído de Baleares. En abril de ese mismo año 2016 –en el que los medios de comunicación ya informaban de las investigaciones sobre la mafia policial de Palma– Cursach se puso en contacto con el entonces heredero del Grupo Serra y director, desde dos años antes, de Última Hora (UH), Miquel Serra, para protestar duramente sobre lo que publicaba allí el redactor de sucesos del diario, Julio Bastida.

De hecho, el capo de la trama mafiosa hace que le llame el director de UH, a través del consejero delegado del Grupo Serra, Jesús Boyero, aparentemente para quejarse de una información del diario sobre la sentencia del Supremo que impidió la recalificación de los terrenos colindantes con el hospital de Son Espases, con los que Cursach habría dado un pelotazo si hubieran sido declarados urbanizables. Pero lo que en realidad quiere Tolo es exigir que Bastida (quien no firmó aquella información) deje de "dar por culo" relacionándole con la corrupción policial.

El audio de esa llamada telefónica, grabada por los investigadores, está en poder de Público y es el siguiente (...)

Después de dos años de aguantar a este tío, Bastida, que cada día nos da por culo con la corrupción policial"...
TOLO CURSACH: ¿Sí?
JESÚS BOYERO: Hola Jesús, ¿qué tal? Espera un segundo; estoy aquí con Miquel, te lo pasaré, ¿eh?
T.C.: Sí.
J.B.: Un segundo.
T.C.: Hola, Miquel, ¿cómo estás?
MIQUEL SERRA: Bien, ahora Jesús me ha contado… Bien, me ha explicado esto y me sabe mal, porque esta noticia la vi y no le di importancia que saliera tu nombre.
T.C.: No es ésta, es que hace dos años... Esta noticia que dices… ¿la de ayer?
M.S.: “El Supremo tumba el último intento de”...
T.C.: Yo, me parece que mi nombre sobra aquí. A mí me parece, a mí me parece que el nombre de la sociedad basta. Y sobre si es noticia, si es noticia eso, porque esto es una… es una putada del anterior pacto de Gobierno. Pero es igual.
M.S.: Ya.
T.C.: Es igual, eso yo lo veo así y otro lo verá cojonudo. O sea, hay mucha gente que lo de los otros se quede persona paisajística, pero lo mío no, lo mío que se quede en torres en su beneficio. Pero, vamos, no es eso, es que yo creo que aquí sobra poner mi nombre. Y después yo se lo he dicho: después de dos años de aguantar a este tío, el
[Julio] Bastida este, que cada día, cada día, nos da por culo con el tema de la corrupción policial… Porque, nombrándonos, nos deja cada día que todo el mundo que nos conoce sabe que habla de nosotros, y yo ya creo que… Claro, si esto lo hiciera El Mundo, pues yo lo entendería, pero que lo haga el Última Hora no lo entiendo y claro… Y Tolo Sbert me dijo: "Mira yo no haré nada hasta que no se levante el secreto de sumario y lo pueda hacer así de pequeño". Y yo le digo: “No. Está creando una opinión y tal”. Pero así llevamos dos años y medio hablando de este tema, hasta que hoy, después de salir esta noticia con mi nombre, escucha, llamé a Jesús porque ya llamar a tu padre… Y tu padre ya está mayor, ya no… no… este…
M.S.: Sí.
T.C.: Y se lo contaré. Escucha, si... que al menos sepan mis sentimientos. Después vosotros haréis o no haréis lo que tengáis que hacer, cada uno tiene que hacer lo que quiera.
M.S.: Ya.
T.C.: ¿Eh?
M.S.: Yo te quiero decir, Tolo, que esta noticia yo la leí, y vi que era una noticia… Bueno, que es una putada muy grande para ti. Además que tú...
T.C.: De ocho millones de euros exactamente, ¿eh?
M.S.: Es una auténtica putada. Es verdad que siempre se había asociado que estos terrenos eran tuyos; de Son Espases.
T.C.: Sí.
M.S.: No me vino de nuevo, ¿me entiendes?
T.C.: Si yo eso lo compré tres años antes; o sea que dos años antes de que Matas ganara las elecciones. Tres años antes de que se decidiera hacer Son Espases. O sea que cuando todos, Grande y Mateu Sastre, todo el mundo, compraba terrenos en sitios que eran de crecimiento y con eso se ganaban lo que se tenían que ganar; o si sale mal pierdes lo que sea, que es lo que me ha pasado a mí.
M.S.: Ya.
T.C.: Me ha salido mal, pues a casa de la puta. Pero que no creo que sea para sacar mi nombre en el diario; no lo creo. Pero, vaya, es mi opinión.
M.S.: Eso… vamos, te quiero decir que me sabe mal, porque lo podríamos haber quitado. Yo pensaba que siempre se había asociado este terreno a ti, y no pensé que te podría molestar el hecho de que salieras publicado.
T.C.: Bueno.
M.S.: No, te lo digo en serio, Tolo, que no…
T.C.: Sí, Miquel, pero esto es una forma de pensar muy de periodista. Porque una persona normal… a nadie le gusta salir por una cosa que ha perdido, ahora, en un Tribunal Supremo o un tribunal que sea. No me parece que sea… pero bueno, Miquel, cada uno....
M.S.: Yo creo que se ve perfectamente la putada que te hicieron cuando se declaró esto que no se podía hacer nada. Es decir…
T.C.: Pero, escucha, lo que sale de aquí es que el Tribunal Supremo le ha dado la razón a esos que me hicieron la putada, y sale mi nombre. Pero, en fin Miquelet, yo de veras que no quiero entrar en discusiones de ningún tipo. Yo no soy una persona que tenga facilidad diplomática, que diga tal, y al final acabo.... ¿me entiendes? Bueno, Miquel…
M.S.: Entonces, y lo otro que me has dicho, ya hablaré con Bastida, para saber si hay alguna cosa que sea… que se escape, me sabe mal, ya...
T.C.: Bueno.
M.S.: Ya hablaré con él.
T.C.: Muchas gracias, Miquel
M.S.: Gracias a ti. Adiós.
T.C.: Adiós.

Sin embargo, una búsqueda por Internet de las informaciones de Bastida sobre Cursach no muestra absolutamente ningún artículo contra Tolo o relacionándolo con la mafia policial, más bien todo lo contrario: Última Hora lleva ahora tres años dando noticias y entrevistas siempre favorables a los imputados del caso Cursach, y desautorizando a los investigadores. Y muchas de estas últimas piezas las firma, precisamente, Bastida. Así que Público se ha puesto en contacto con Miquel Serra para contrastar el tema.

El director de Última Hora argumenta que no se encuentran en Internet los anteriores artículos de Bastida porque estaban en la sección Ley y Orden, que en aquella época no se subía a la web, y niega cualquier favoritismo hacia Cursach, con el que asegura haber hablado por teléfono una sola vez:
"Todo lo que teníamos que publicar lo hemos publicado. A favor y en contra de Cursach. Nosotros lo que hacemos es informar de las cosas que suceden. Las cosas que suceden y objetivamente la verdad. Es decir, hasta ahora no hemos hecho ni una sola línea de Opinión con referencia a todo este tema".

UH: "El ‘caso Cursach’ da un vuelco de 180 grados"

Curiosamente, exactamente al día siguiente de esta conversación Última Hora publicó un editorial demoledor contra el juez, el fiscal y los investigadores del caso Cursach a raíz del escándalo de los mensajes del grupo privado de WhatsApps que mantenían durante la instrucción, titulado "El ‘caso Cursach’ da un vuelco de 180 grados", que empieza así:

"El informe de la Policía Nacional que el juez Florit remitirá al Tribunal Superior apunta en la dirección que Ultima Hora viene denunciando desde hace tres años en relación a los investigadores del ‘caso Cursach’. La suya ha sido una instrucción plagada de errores, sostenida por acusaciones peregrinas, sin pruebas y con notables dosis de fantasía. El procedimiento que inició con solidez la magistrada Carmen González fue desfigurado por su sucesor, Manuel Penalva, hasta extremos grotescos y ahora vemos que presuntamente criminales. Nos encontramos ante una ristra de delitos de extrema gravedad atribuidos, de momento, a un juez, un fiscal y cuatro agentes de la Policía Nacional, convertidos en una «organización criminal», según el informe".

Ese informe policial fue enviado al TSJ de Baleares, pero el alto tribunal se lo devolvió al juez Florit, recriminándole que no había formulado la exposición razonada imprescindible para abrir causa contra magistrados aforados. Sin embargo, el editorial de UH asevera –en base a ese informe elaborado por dos policías nacionales de Palma, sin la requerida investigación de Asuntos Internos del CNP– que "todos estos funcionarios no sólo propiciaron la destrucción de un centenar largo de reputaciones y se regodearon ante el dolor injusto que infligían a los investigados y a sus familias, sino que incluso humillaron y enviaron a la cárcel sin fundamento a decenas de personas a la espera de conseguir confesiones imposibles".

Según el editorial de UH: "Los instructores del ‘caso Cursach’ filtraron noticias de manera interesada a ciertos medios de comunicación para instaurar el «terror» entre los investigados. Sarcásticamente, Penalva y Subirán, jefes de esta presunta banda criminal, decían que las víctimas de las amenazas eran ellos mismos, y que temían por su integridad física. Nunca llegaron a demostrar nada".

Resulta bastante inverosímil que un juez y un fiscal formasen una "organización criminal" –como sostiene el informe de los dos policías nacionales, conocidos como 'Los Juanes'– integrada por un inspector y varios agentes del Grupo de Blanqueo, con el único móvil e intención de perseguir arbitraria e injustamente a decenas de inocentes ciudadanos. Además, antes de que se pueda elevar semejante informe al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, hay que incluir las alegaciones de los letrados y los policías ahora encausados.

Alegaciones que al parecer desmontan esa peregrina teoría de que los verdaderos mafiosos son los magistrados y funcionarios de la Justicia que investigaron a la presunta mafia de Cursach, cuyos integrantes son íntegros e inocentes. Pero explicarlo requiere de otro artículo."              (Carlos Enrique Bayo, Público, 12/06/19)