El Juez corrupto de Marbella, volverá a ejercer como juez. Tener antecedentes penales no priva para impartir justicia, según la sentencia

 Francisco Javier de Urquía, en 2009, ante la sede del TSJA

"Francisco Javier de Urquía, condenado en dos ocasiones por recibir sobornos mientras ejerció como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, volverá a ejercer como juez.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo le ha reconocido su pleno derecho a reingresar en la carrera judicial, una vez que ya cumplió los 21 meses de suspensión a los que le condenó la única sentencia hecha firme hasta ahora, y ha anulado las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantenerlo apartado de la profesión.


El juez Urquía, de 43 años, no puede tener queja del Tribunal Supremo, donde ha conseguido ya dos resoluciones muy favorables y en donde tiene aún pendiente de revisión una condena por dejarse sobornar para poner en libertad a un preso en una causa que él instruía.

La Sala de lo Penal del Supremo ya le rebajó sustancialmente la pena que le puso en julio de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de dos años de cárcel y 17 de inhabilitación profesional por cohecho y prevaricación.

El tribunal consideró probado que De Urquía aceptó 73.8000 euros de Juan Antonio Roca, el ex gerente de Urbanismo de Marbella considerado cerebro de la trama de corrupción municipal investigada en el caso Malaya que actualmente se está en fase de juicio.

Aquel dinero le ayudó a comprar una vivienda a cambio de favores judiciales. Pocos días después de que el 17 de marzo de 2006 el magistrado firmara el contrato de compra de la vivienda y entregara dicha cantidad, prohibió la emisión de un programa de televisión que incomodaba a Roca.

El Supremo enmendó la condena del tribunal andaluz. Entendió que no había prevaricación y la dejó solo en 21 meses de suspensión profesional por cohecho. Una vez cumplidos estos, Urquía pidió en abril de 2009 el reingreso en el servicio activo de la carrera judicial. El CGPJ la rechazó al entender que los antecedentes penales derivados de la condena seguían vigentes y no expiran hasta finales de 2012.

Urquía puso un recurso contencioso contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces, resuelto ahora por el Supremo. La sentencia llama la atención sobre un "vacío legislativo", ya que no hay ningún precepto en la legislación que impida el reingreso de un juez suspendido que tenga antecedentes penales.

No tenerlos es un requisito exigido solo para el acceso a la carrera judicial, no así para quien ya ingresó, lo que supone "una especie de limbo jurídico", en casos como este, según la Sala.

Resulta además muy llamativo que este derecho a ejercer como juez se le reconozca a Urquía cuando aún tiene pendiente de revisión por la Sala de lo Penal del Supremo otra sentencia de dos años de cárcel, 17 de inhabilitación y una multa de 114.000 euros también por prevaricación y cohecho a la que le condenó el TSJA en junio de 2010.

En este caso, Urquía cobró 60.000 euros para dejar en libertad bajo fianza a tres imputados en el caso Hidalgo que él instruía por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas"              (El País, 29/12/2011)

Carlos Fabra coloca a su novia como vicepresidenta de la diputación de Castellón con un sueldo de 54.000 euros anuales

"El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció este martes en rueda de prensa la reestructuración de su gabinete tras la salida de su vicepresidente tercero, Vicent Aparici, que se marcha al Senado. El cargo vacante ha sido asumido por Miguel Barrachina, hasta ahora vicepresidente cuarto, y este cargo que deja libre lo asume con un ascenso la diputada de Acción Social en el consistorio provincial, Esther Pallardó.

 La cadena SER ofrece una de las claves de esta reestructuración: el presidente de la diputación, Javier Moliner, pretendía colocar en la vicepresidencia cuarta al alcalde de Nules, Mario García, pero su antecesor en el cargo y todavía líder del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha presionado para que ocupara el puesto Pallardó, que curiosamente es su compañera sentimental.

 La pareja no vivirá las estrecheces de la crisis, ya que solo como secretario general de la Cámara de Comercio, Fabra gana 90.000 euros anuales -y además es presidente provincial del PP y del aeoropuerto-. Su novia Pallardó cobrará como vicepresidenta 54.000 euros anuales."                   (El Plural, 28/12/2011)

Los negocios de Urdangarín... uno de los peones de Camps, de Matas ¿será el único que vaya a la cárcel?

" La pieza número 25 del caso Palma Arena está relacionada con las anomalías detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros) al instituto sin ánimo de lucro Nóos, presidido por el duque de Palma.


Desde que afloraron los primeros documentos relacionados con los contratos del Gobierno balear al instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, todas las fuentes jurídicas relacionadas con el caso consideraron “inevitable” la imputación del duque de Palma.

Diego Torres, socio principal de Urdangarin en el instituto beneficiado por los contratos públicos entre 2004 y 2006, lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos. (...)


En los autos que justificaron los registros se atribuía a Urdangarin y Torres el montaje de una red cuyo principal reclamo era un instituto sin ánimo de lucro (Nóos) para captar fondos públicos que luego desviaban a varias empresas de su propiedad.

En los contratos que conseguían a través de Nóos, según el relato judicial, “se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban”.
Para demostrar que Torres y Urdangarin idearon esta fórmula de apropiación de fondos públicos, el juez señala en un auto que el Instituto Nóos, sin ánimo de lucro, y el resto de las empresas privadas con ánimo de lucro y propiedad de Urdangarin o Torres tenían “el mismo domicilio social real y sus respectivos empleados desarrollaban sus servicios para el Instituto Nóos, de forma tal que solo nominalmente cobraban la nómina de una u otra sociedad”. (...)


Los investigadores judiciales sostienen que el núcleo principal de toma de decisiones en Nóos estaba formado por Urdangarin, Torres y la esposa y dos cuñados de éste, que se encargaban de los departamentos jurídico y financiero del instituto.

Pese a que la infanta Cristina de Borbón, hija del Rey Juan Carlos, y su secretario, Carlos García Revenga, figuraban como vocal y tesorero de la junta directiva de Nóos hasta 2006, los investigadores judiciales consideran, con toda la documentación analizada, que estaban “apartados del conocimiento del área financiera”.

Los investigadores judiciales se apoyan en la declaración policial de Ignasi de Juan Creix Bretón, que colaboró en Nóos en 2006, para justificar su decisión de no implicar a la infanta Cristina en los negocios, supuestamente ilegales, de su marido. (...)


Pese a ello, la infanta Cristina posee a medias con su marido la promotora inmobiliaria Aizoon, una de las empresas que recibieron fondos públicos desviados a través de Nóos.
El socio de Urdangarin ha declarado al juez que la promotora inmobiliaria de este y de Cristina de Borbón cobró al instituto Nóos por los servicios prestados.

Las facturas que se incluyen en el sumario del caso acreditan que la inmobiliaria Aizoon facturó al menos 275.000 euros al instituto Nóos en el ejercicio de 2005.

Torres también confesó en sede judicial que una empresa consultora de su propiedad había cobrado a Nóos 80.000 euros. “No cobro por participar en los órganos de Gobierno de Nóos, sino por los servicios que presto con ocasión de desarrollar proyectos, básicamente estudios realizados por esa empresa de consultoría con personal propio”, explicó Torres al juez.

La infanta no será imputada, según fuentes jurídicas próximas a la investigación, porque ni el juez José Castro, que instruye el caso, ni los fiscales que lo investigan la incluyen dentro del “círculo cerrado de toma de decisiones” del entramado que dirigía su marido, al que atribuyen el “desvío” de fondos públicos. (...)


La investigación ha llegado a evaluar, en función de distintos informes periciales de la causa, en un 170% el beneficio que Urdangarin y su socio obtenían sobre el coste de los congresos que organizaban para el Gobierno balear.

De esa manera, habrían ganado casi 1,5 millones de euros de los 2,3 millones que cobraron al Ejecutivo de Jaume Matas por organizar en Palma dos congresos sobre turismo y deporte en los años 2005 y 2006, que duraban dos días.

Durante la investigación judicial se han descubierto salidas de más de medio millón de euros de la estructura societaria montada por Urdangarin y Torres hacia paraísos fiscales. Esta vía está siendo indagada al suponer que se pudo enmascarar fiscalmente una cantidad superior."           (El País, 07/12/2011, p. 16/7)


"El Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarín fijaba unos precios “totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la administración pública”. 

Tras recibir los fondos, según la investigación judicial, “el Instituto Nóos simulaba la contratación de servicios ficticios a entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.

En el sumario de esta causa figura uno de los presupuestos que el Instituto Nóos facilitó al Gobierno balear para justificar los 1,2 millones de euros que pidió para la organización de un congreso sobre Turismo y Deporte (Illes Balears Forum 2005) en el que estuvieron, entre otros, Rafael Nadal o Samuel Eto’o. (...)


Cerca de un tercio del presupuesto de 1,2 millones que Nóos presentó al Gobierno balear acabó en la caja de empresas propiedad de Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres. Con todo, en los actos contratados con el Gobierno balear, los gastos de alojamiento y manutención de los invitados corrían por cuenta del Instituto Nóos, que lo pagaba con el dinero público recibido para la organización del congreso.

En Valencia, con un esquema similar, Nóos cobraba un canon anual (900.000 euros que pagaban a partes iguales organismos dependientes de la comunidad y del ayuntamiento de Valencia) por la organización del acto, pero todos los gastos de alojamiento y manutención de las personas que intervenían en las mismas corrían por cuenta de las instituciones públicas."                  (El País, 07/12/2011, p. 17)

El banquero del Santander, Alfredo Sáenz, que fue condenado porque "obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían"... es indultado por el gobierno

"Alfredo Sáenz, condenado a 6 meses de prisión. La Audiencia de Barcelona considera al ex presidente de Banesto culpable de un delito de acusación y denuncia falsa contra unos deudores de la entidad.

 La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al ex presidente de Banesto Alfredo Sáenz y a otros dos ex directivos a 6 meses de prisión y a multas de 9.000 euros por un delito de acusación y denuncia falsa contra unos deudores de la entidad intervenida en 1993." (El País, 18/12/2011)

" El origen de esta causa se remonta a 1994 cuando Banesto emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos. En ese marco, el banco presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes acusaba de haberse responsabilizado personalmente de créditos por valor de unos 3,6 millones de euros del grupo Harry Walker, del que ellos eran accionistas minoritarios.

En realidad, ellos se habían negado a esa responsabilidad personal, pero el juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro industriales, lo que más tarde conllevó la condena del juez por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996. (...)

En diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que Sáenz y los otros dos condenados "tenían conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella" y que actuaron de esa manera como "medida de presión" contra los industriales.

La interposición de la querella por parte de Banesto "obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían", criticaron los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona."    (El País, 10/03/2011)

"El Gobierno indulta a Alfredo Sáenz. El consejero delegado del Santander había sido condenado a tres meses de arresto e inhabilitación temporal por un delito de acusación falsa."          (El País, 25/11/2011)

La corrupción de la Universidad (española)

"Uno de los problemas más arraigados en la Universidad española es el bajo nivel de competencia existente entre sus centros y profesorados. Apenas hay incentivos que permitan distinguir de forma sistemática entre prestigiosos y mediocres investigadores / docentes. (...)

Sin embargo, dado su desafortunado carácter asambleario, lo que sí existen son incentivos que favorecen comportamientos estratégicos por parte de colectivos interesados en perpetuar sus privilegios mediante el apoyo cautivo de sus colegas en situación precaria.

Sin embargo, se está volviendo a las andadas a través de dos nuevas vías de endogamia encubierta cuyas consecuencias pueden ser muy dañinas.

En primer lugar, nos encontramos con los contratos laborales ordinarios que se utilizan crecientemente como un sustituto perfecto de los antiguos mecanismos de funcionarización favorecedores de la perversa endogamia.

Actualmente, ausentes los incentivos de nuevas contrataciones competitivas, resulta más sencillo para muchos departamentos contratar a sus propios licenciados, integrándolos en sus mediocres programas de doctorado con el objetivo de que algún día alcancen la acreditación en las agencias autonómicas.

En un sistema sin penalización a la falta de competitividad, se les ofrecen a estos jóvenes contratos laborales indefinidos (si bien muy mal remunerados) a cambio de generar deudas no perecederas a través de sus votos cautivos.

Además del mecanismo de selección adversa (los mejores alumnos suelen dejar la carrera académica), son muy perjudiciales los casos en que, con ocasión de la jubilación de algún catedrático o profesor titular, no se sacan dichas plazas a concursos abiertos y competitivos, cubriéndose la carga lectiva de los jubilados mediante este tipo de contratos.

Ello genera una ausencia preocupante de rotación en el profesorado y una incapacidad generalizada de contratar doctores procedentes de los mejores programas de posgrado nacionales y, sobre todo, internacionales.

Por plantear una pregunta concreta: ¿en qué universidad española encuentra trabajo un buen doctorando reciente en Economía o Empresa que no quiera abandonar España? Si, por los motivos que sean, no recibe una oferta de aquellos pocos departamentos que actúan abiertamente frente a la endogamia no contratando a sus propios doctores (los más destacados: Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra), su destino inevitable será convertirse en carne de cañón para perpetuar la endogamia en sus mediocres departamentos de procedencia.

Un segundo mecanismo de la nueva endogamia son los nuevos grados asociados a Bolonia. El mecanismo de propuestas de estos grados ha permitido a los dirigentes de los departamentos / universidades impulsar estudios con un reparto de materias favorable a sus grupos afines.

Por contra, a menudo se ha castigado a aquellos otros grupos minoritarios más competitivos y menos entregados a la causa, los cuales reciben menor presupuesto en un sistema donde el número de alumnos disponibles determina más del 70% de la financiación obtenida. Esto tendrá consecuencias perniciosas sobre la formación de nuestros universitarios." (JUAN J. DOLADO / GONZALO RUBIO: Nuevas vías de endogamia en la Universidad. El País, 17/10/2011)

" En EE.UU., la corrupción se concentra en los ámbitos más elevados de la sociedad, y se disfraza, por ejemplo, bajo el manto de “finanzas de campañas electorales”

" En EE.UU. corrupción rara vez es “corrupción”. Tomemos como ejemplo a nuestro presidente, quien ha sido muy claro: no aceptará dinero de lobistas para su campaña electoral.

El único problema: según el New York Times, es que 15 de sus principales “embolsadores”, los que dan su propio dinero y solicitan el de otros –ninguno registrado como lobista federal– están “involucrados en cabildear en negocios de consultoría de Washington o compañías privadas”, y juntan millones para Obama.

También tienen acceso a la Casa Blanca respecto a asuntos políticos. Según un informe de junio del Centro por la Integridad Pública: “el presidente Obama otorgó chollos y nombramientos a casi 200 personas que reunieron grandes sumas para su campaña presidencial (2008), y sus principales recolectores de fondos han ganado millones de dólares en contratos federales”.    (...)

Claro que nada de esto es “corrupción”, solo es un modo de vida de ‘tú paga y yo hago política’, que se extiende al complejo militar-industrial y a un Pentágono que ha gastado solo en la última década 1 billón (millón de millones) de dólares para comprar nuevas armas a fin de “modernizar” su arsenal. Mientras tanto, cada alto funcionario civil, general, o almirante sabe que alguna compañía de armamentos lo espera con (por así decir) los brazos abiertos, cuando decida pasar por la puerta giratoria hacia el “retiro” y el sector privado.

Los resultados son sorprendentes. El gigante del armamento Lockheed Martin pagó 12,7 millones de dólares en gastos de cabildeo en 2010. Ese año su jefe ejecutivo se llevó a casa 21,89 millones de dólares. Y la compañía acaba de informar de beneficios netos en el tercer trimestre de 700 millones, batiendo las expectativas de los analistas, y predice más de lo mismo para 2012. Ventaja para Lockheed.

De la misma manera, los máximos consejeros económicos del gobierno provienen regularmente de (y acaban o vuelven a) los brazos de bancos y gigantescos grupos financieros, las mismas firmas que derraman dinero en campañas políticas.

No es más que otra versión del mismo mundo confortable, bien organizado, en el cual, por ejemplo, Robert Rubin pasó de Goldman Sachs al gobierno como secretario del Tesoro de Bill Clinton en los años noventa, y luego se fue a Citigroup, al que ayudó a arruinar hasta que fue rescatado en condiciones tan generosas en noviembre de 2008. En esos años, ganó algo como 126 millones de dólares. Ventaja para Rubin.

Pero hay que recordar: no se trata de corrupción. Solo sucede que así funciona nuestro mundo. Hay que acostumbrarse.   (...)

Mantenemos silencio durante algunos instantes, mientras pasamos los pequeños arbustos. Entonces Godfrey pregunta: ¿No pasa lo mismo en EE.UU.?
Ni siquiera dudo. No realmente, le digo: no de un modo tan flagrante, y no frecuentemente, ciertamente no todo el tiempo.

Solo que entonces me pongo a pensar, porque esa respuesta resulta ser demasiado resbalosa. No es que EE.UU. carezca de corrupción, agrego, o incluso una corrupción generalizada. Simplemente no es del bajo nivel y del tipo banal como lo que acabamos de vivir, en todo caso no en la mayor parte de los casos.

En EE.UU., la corrupción se concentra en los ámbitos más elevados de la sociedad, y se disfraza, por ejemplo, bajo el manto de “finanzas de campañas electorales”.

Las campañas electorales han llegado a ser tan costosas que los candidatos tienen que salir a mendigar, humildemente, ante cualquiera que esté dispuesto a financiarlos. Y los multimillonarios, millonarios, banqueros y operadores de fondos de alto riesgo y administradores de portafolios y directores ejecutivos y sus lobistas están, por su parte, felices de contribuir.

Lardean a los “representantes del pueblo” con grotescas “contribuciones” después de las cuales esos representantes se muestran demasiado dispuestos a dar un giro y entregar miles de millones de dólares en incentivos tributarios específicamente seleccionados y subsidios estructurados específicamente para ellos, preciosos dólares que ya no se pueden utilizar para financiar escuelas, clínicas o plazas de recreo o para promover el bien público de alguna otra manera.

Y es peor que eso: una vez que se jubilan los congresistas o su personal superior consiguen casi invariablemente puestos de lobistas trabajando para las mismas industrias que antes controlaban, otro incentivo para no molestar a esos intereses adinerados mientras están en la nómina pública.(...)

En Uganda, la corrupción surge frecuentemente de la desesperación. En EE.UU., de un modo más habitual, sus fuentes son la codicia, pura y simple. Y es difícil decidir cuál es más desalentadora, más asquerosa, más repugnante. (...)


“Está bromeando”, interrumpió Godfrey. No: ¡Ni siquiera, se siente embarazado! La educación, entre tanto, se financia con los limitados impuestos locales sobre los bienes raíces, y los ricos se aseguran de que sea así. ¿El resultado? Sus hijos reciben una educación mucho mejor que los que viven en vecindarios más pobres.

Cuando la gente trata de remediar esa injusticia mediante programas de acción afirmativa que por lo menos reconocen la injusticia de la competencia por lograr acceso, por ejemplo a la universidad, los ricos protestan y consiguen jueces que rechacen esos programas por racistas.

Sin embargo, están perfectamente contentos al aprovechar otros programas que aseguran la aceptación de los hijos de ex alumnos, no importa su rendimiento escolar, y nadie dice nada. Todo es perfectamente legal."              (Rebelión, 04/11/2011, 'El arte de la extorsión del Nilo al Potomac', Lawrence Weschler,Tom Dispatch)

El 'pelotazo' del aeropuerto

"Un pretexto para recalificar suelo y dar un gran pelotazo en la España de finales de los noventa. Eso es lo que el secretario general de CC OO en Ciudad Real, Felipe Pérez, cree que había detrás del proyecto del aeropuerto (de Ciudad Real).

“Los constructores concibieron esto como un gran aeropuerto de cargas. El negocio pretendían hacerlo vendiendo a precio industrial para instalar naves un terreno aledaño. Pero los ecologistas denunciaron y eso arruinó los planes iniciales”.

Sin embargo, la versión de quien entonces era el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, el constructor Juan Antonio León Triviño, es muy distinta. “La idea nació a raíz de una instancia del Ministerio de Economía, cuyo responsable a finales de los noventa era Rodrigo Rato.

Se hicieron unas auditorías en las cámaras de comercio y a nosotros nos recomendaron que promoviéramos el comercio exterior y que estudiásemos la posibilidad de crear un aeropuerto de carga. Y eso hicimos. Contamos con el gran apoyo del entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos”.

El constructor León Triviño asegura que perdió ocho millones de euros en el proyecto e insiste en afirmar que la Junta de Castilla-La Mancha no puso un céntimo en el proyecto.

Sin embargo, la iniciativa no habría sido posible sin los más de cien millones de euros que depositó la Caja de Castilla la Mancha en el proyecto y sin las decenas de créditos que concedió a accionistas privados. Una caja cuyos gestores fueron nombrados tanto por dirigentes del PSOE como del Partido Popular."

"Que no cunda el pánico: el aeropuerto de Ciudad Real no cerrará hoy. Ni mañana, ni pasado.

Buena parte de la plantilla está ofuscada porque en la prensa se ha venido informando sobre el “cierre” del “aeropuerto fantasma”. Es cierto que la compañía de bajo coste Vueling dejará de operar allí a partir de hoy. Ha concluido su contrato por el que venía recibiendo subvenciones públicas. Era la única aerolínea comercial que trabajaba en el aeropuerto y ya se va.

Es cierto también que los indignados de Ciudad Real tienen previsto manifestarse en las instalaciones para protestar por lo que consideran un dispendio. Vale. Pero si usted dispone de una avioneta o un helicóptero, aún está a tiempo de aterrizar en el también llamado Aeropuerto Don Quijote.

Y así podrá hacerse el encontradizo por los vestíbulos y dejarle su tarjeta de presentación a algún jeque de Emiratos Árabes Unidos, a Carolina de Mónaco, a algún miembro de la monarquía británica. Este fin de semana, sin ir más lejos, hay previstos unos 18 vuelos privados.

A los exigentes viajeros que utilicen a partir de ahora el aeropuerto no se les escatimará detalle. A pesar del expediente de regulación de empleo (ERE) implantado desde enero, y de que varias decenas de trabajadores ya se han ido al paro, la plantilla aún cuenta con 86 personas.

Usted podrá comprobar que no falta detalle: los guardias civiles inspeccionarán las armas de caza, los policías nacionales revisarán los pasaportes, un equipo de bomberos intentará mantenerse concentrado ante cualquier posible accidente y el camarero de la cafetería procurará atenderle lo mejor posible, aunque no le esté permitido hablar con la prensa.

Está todo nuevo, tal como lucía aquel 19 de diciembre de 2008 en que se inauguró. Aún se leen carteles en los vestíbulos impolutos: “Despegan nuestros sueños. Nuevas relaciones, nuevas dimensiones, distintos horizontes. Ayuntamiento de Ciudad Real”.

Para que despegaran los sueños se levantó una pasarela que iba desde la terminal a unas vías del AVE, situadas a menos de medio kilómetro, donde se pretendía construir una estación. Se dotó a las instalaciones con una de las mayores pistas de aterrizaje de Europa (4.200 metros de longitud), donde podría aterrizar hasta el Airbus-380, la aeronave comercial más grande del mundo.

En diciembre de 2008 comenzaron a circular dos autobuses cada hora, desde Ciudad Real y Puertollano. Algunas veces se llenaban de lo que parecían ser viajeros con maletas, pero al final resultaban actores de algún anuncio de promoción. Desde hace meses los autobuses solo se desplazaban al aeropuerto cuando llegaba algún vuelo.

“Despegan nuestros sueños”, aún se lee en un cartel del Ayuntamiento

Ahora, la carrera de 18 kilómetros en taxi desde Ciudad Real cuesta 24 euros. Y los únicos coches que se ven en el aparcamiento pertenecen al personal de la empresa. Excepto dos limusinas blancas con las ruedas más bien desinfladas por el poco uso. Algunos empleados empezaron a olfatear que algo iba mal en la gestión cuando comprobaron que a veces había más personal asistiendo al avión que pasajeros.

Veían que no tenía mucho sentido cargar 2.700 litros de combustibles en un avión como el que llegó el pasado miércoles desde Mallorca, con capacidad para 180 personas y solo 18 ocupantes.

Ahora que la pasarela hacia el AVE está colgada en el aire, como enorme metáfora de los sueños truncados, ahora que la compañía propietaria está intervenida por los jueces, después de más de 500 millones invertidos y una deuda acumulada que los acreedores estiman en 319 millones de euros, cabe preguntarse:

“¿No hubo nadie en una ciudad de 72.000 almas que dudara sobre la viabilidad del asunto?”, “Muy poca gente nos opusimos”, asume el periodista Carlos Otto. “Estaba muy mal visto, era como ir contra los intereses del pueblo. Solo los ecologistas lo hicieron. Y algunos de ellos han recibido presiones y han dejado de aparecer en la prensa”.

“La nuestra no fue una voz crítica”, reconoce Felipe Pérez, secretario general de Comisiones Obreras en Ciudad Real. “Pero cuando te dicen que se podían crear hasta 20.000 puestos de trabajo, ¿cómo dices que no?”. En la ciudad no se palpa un sentimiento de indignación generalizada." (El País, 29/10/2011)

La Agencia Tributaria destapa la fórmula fraudulenta del entramado Gürtel

" Si existieran publicaciones dedicadas a explicar cómo se diseñan estructuras opacas para la cometer un fraude fiscal, el entramado de Gürtel se calificaría de “típico o de libro”.

Así describe la Agencia Tributaria el diseño de la trama liderada por Francisco Correa, en un informe en el que sostiene que sobre su asesor fiscal, Ramón Blanco Balín, existen “numerosas pruebas” que “confirman plenamente” los indicios de haber sido cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública que se le imputan a Correa.

La Agencia Tributaria explica claramente cuál era el sistema: Para ocultar la titularidad de patrimonios y sus rentas, estos inscribían bajo la titularidad formal de una sociedad española que recibe fondos (a través de su constitución y ampliaciones de capital o préstamos) de un socio único extranjero, que es una sociedad residente en otro país, y que a su vez es propiedad de una tercera residente en un paraíso fiscal o territorio no cooperante.

Normalmente, tal como explica el informe, el administrador de la sociedad española es un hombre de paja “normalmente, alguien vinculado al despacho de los asesores fiscales”, mientras que los propietarios últimos de la sociedad extranjera pueden no llegar a conocerse, “precisamente por haber constituido las sociedad en esos territorios no cooperantes”.

“Si es preciso, la cadena de sociedades puede alargarse hasta el infinito, y su residencia situarse en países convenientes a los fines que se persiguen”, asegura el documento entregado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El mismo informe explica “otro esquema más simple” que consiste en la creación de una sociedad mercantil española, incluida en el Registro Mercantil con el asesor fiscal y sus empleados como socios fundadores y administradores.

A continuación, esta sociedad vende sus acciones o participaciones a quienes van a ser los dueños reales, sin que la venta conste en el Registro Mercantil ni en las bases de datos de la Agencia Tributaria, que pasar a “desconoces así por completo a los titulares reales”. “Es un mecanismo sin complejidad jurídica, pero que de hecho también sirve para ocultar la titularidad real”, sostiene la Agencia Tributaria." (El País, 26/10/2011)

"los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad"

"- ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o el europeo?

- Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es mucho más eficiente. Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria informática, donde es el dinero privado el que financia la investigación básica y aplicada, pero respecto a la industria de la salud… Tengo mis reservas.

- Le escucho.

- La investigación en la salud humana no puede depender tan sólo de su rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno para las personas.

- Explíquese.

- La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital…

- Como cualquier otra industria.

- Es que no es cualquier otra industria: estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos.

- Pero si son rentables, investigarán mejor.

- Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos.

- Por ejemplo…

- He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad…

- ¿Y por qué dejan de investigar?

- Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que hacen crónica la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento.

- Es una grave acusación.

- Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar sino sólo para convertir en crónicas dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobará lo que le digo.

- Hay dividendos que matan.

- Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan sólo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie ese tipo de abusos.

- ¿Un ejemplo de esos abusos?

- Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un millón de personas.

- ¿No me habla usted del Tercer Mundo?

- Ése es otro triste capítulo: apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero yo le estoy hablando de nuestro Primer Mundo: la medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella." (Attac Madrid, 18/09/2011)

Los contratos que Camps otorgó a sus 'amiguitos del alma'

"Los documentos a los que ayer tuvieron acceso los diputados de Esquerra Unida del País Valencià, tras haberlo solicitado en las Cortes Valencianas, ratifican que la Administración que presidía Francisco Camps otorgó a la empresa Orange Market contratos por un valor cercano a los siete millones de euros entre 2004 y 2009.

En total fueron una veintena de adjudicaciones (algunas troceadas en varios contratos para no superar el límite y evitar el concurso público) a la sociedad que hacía de cabeza visible de la red Gürtel en Valencia. Al margen de estos, la Administración autonómica adjudicó a la misma empresa los concursos para la creación de los expositores de la Feria de Turismo, Fitur, durante cinco años. La empresa cobró de la Generalitat Valenciana que presidía Francisco Camps más de siete millones de euros.

La mayoría de los contratos son menores, es decir, se realizaron sin pasar por el trámite del concurso o el procedimiento negociado, como destacaron ayer en sus primeras declaraciones los parlamentarios que los consultaron. El informe de la Unidad de Auxilio Judicial realizado en 2010 ya expuso que en varias ocasiones hubo un fraccionamiento en el pago “con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación, por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia”.

Este es el caso, por ejemplo, del Congreso de Software libre celebrado en Castellón en 2005 y adjudicado por la Consejería de Educación. Orange Market presentó hasta cuatro facturas que, en total, ascienden a un total de más de 48.000 euros. Por separado, ninguna suma más de 12.000 euros. Aún así, la sociedad no tuvo reparos en utilizar el mismo concepto en, al menos, dos de las facturas por el “alquiler, transporte y montaje moqueta en 22 stands”.

También se fragmentaron los pagos por el servicio que prestó Orange Market a la vicepresidencia del Gobierno valenciano y a la consejería de Justicia en un acto celebrado en 2007. Por una parte facturó 11.000 euros por el “montaje y desmontaje del acto” y, por otra, otros 8.000 por el “material audiovisual y personal técnico” del mismo. (...)

Además de los contratos menores hay otros que se adjudicaron tras un procedimiento negociado, que se realiza tras la solicitud de tres presupuestos a firmas diferentes para posteriormente elegir el mejor. Es el caso de un contrato de Vaersa, por un valor de 120.000 euros. Pero también en este, el informe pericial sostiene que hubo irregularidades, ya que las otras dos empresas a las que se pidieron ofertas formaban parte de la trama.

“Dadas las relaciones que existen entre ellas y la falta de independencia real, se habrían vulnerado los principios de publicidad y concurrencia”, recoge el informe. Los documentos, dijo el diputado autonómico de Esquerra Unida Ignacio Blanco, revelan la “connivencia de la Generalitat con una empresa que solo se puede calificar de corrupta”.

Blanco, junto a la coordinadora de la formación, Marga Sanz, y al también diputado Lluís Torró, pudieron consultar y después llevarse fotocopiados 134 folios de documentación sobre las relaciones de la Administración valenciana con la empresa Orange Market entre 2005 y 2009.

La documentación, que había sido reiteradamente solicitada sin éxito, como reconoció el diputado tras dedicar unas horas a su estudio, está toda contenida en el sumario del caso Gürtel, pero viene a confirmar por primera vez de manera oficial, desde la propia Generalitat, la extensa relación contractual con la terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Álvaro Pérez por cuenta del cabecilla de la red, Francisco Correa.

Hasta ahora, los contratos con la trama solo habían salido de los archivos de la Generalitat por orden judicial y el expresidente valenciano Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, había impedido facilitar cualquier información a la oposición. Ayer, en las oficinas de la Consejería de Presidencia, los diputados de Esquerra Unida no tuvieron acceso a las actas de las mesas de contratación, como destacó el propio Blanco.

Pese a ello, “los documentos confirman lo que ya sospechábamos de las estrechas relaciones de Orange Market con el PP y de cómo se utilizó la Administración para contratar a ‘amiguitos del alma”, comentó el diputado."                    (El País, 04/10/2011, p. 17)

 

El plan urbano de Alicante se arreglaba en el bufete del hermano de la alcaldesa

"La creación y actividad del despacho Salvetti Abogados, de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, sí están "estrechamente" relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Esta es una de las conclusiones a las que llega la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial (UDEF), tras la investigación que ha llevado a cabo, en un nuevo informe del caso Brugal incluido en el sumario sobre la tramitación del PGOU de Alicante. (...)

Este bufete desplegó una intensa actividad gracias a las alegaciones que los afectados solicitaban, hasta el extremo de que el 90% de sus ingresos entre 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" relacionados con la elaboración del planeamiento urbano. La UDEF calcula que los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez ascienden a más de tres millones de euros, y alerta de que "no solo habría que tener en cuenta los ingresos percibidos, sino las posibilidades de cobro futuro materializadas en contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles, que aumentan la potencialidad de ingresar varios millones de euros" más.

Y otro dato relevante para la investigación ha sido que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueron "estimadas total o parcialmente" por otra sociedad llamada G&M, de la que era administrador Gutiérrez, que fue subcontratada por la empresa Laboratorios y Proyectos, adjudicataria de la redacción del PGOU, para la contestación de las alegaciones.

El informe policial establece "indicios racionales suficientes" de que Gutiérrez y Castedo, "además de contestar las alegaciones a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas su alegación, que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios".                  (El País, ed. Galicia, 20/09/2011, p. 16) 

Hacienda denuncia a la esposa de Bárcenas por un fraude de 500.000 euros

"El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, preguntó ayer a las partes, y les dio 10 días de plazo para contestar, si imputa de nuevo a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, tras la denuncia que ha formulado contra ella la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, por un supuesto delito fiscal al no tributar por un ingreso insuficientemente justificado de 500.000 euros que hizo en su cuenta corriente en billetes de 500 en enero de 2006. (...)

Según la Agencia Tributaria, la mujer del extesorero del PP no pudo acreditar ni de qué bien se trataba ni a quién se lo vendió ni los documentos que justificasen la compra inicial y la venta. Hacienda considera que se trataría de “un supuesto de ganancia de patrimonio no justificada”, dado que Rosalía Iglesias no tenía otras fuentes de renta declaradas.

Si se hubiera producido ese ingreso como consecuencia de la venta de un bien perfectamente documentada, Iglesias no debería declarar esa ganancia, que estaría exenta de tributación por el número de años transcurridos.

Fuentes del entorno de Luis Bárcenas explicaron en su día a este periódico que entre el millón de euros de que disponía Rosalía Iglesias figuraba el dinero ganado con la venta de unos cuadros adquiridos en 1987 y vendidos en 2006. Se trataría así de la misma operación que, según Hacienda, oculta un incremento patrimonial no declarado a la Agencia Tributaria."                        (El País, ed. Galicia, 20/09/2011, p. 15)

Chirac y Villepin, acusados de recibir fondos ilegales de Estados africanos

"A siete meses de la cita de mayo, Bourgi ha concedido una entrevista al Journal du Dimanche en la que acusa al expresidente Jacques Chirac y al ex primer ministro Dominique de Villepin de haber recibido "maletas llenas de dinero" procedente de diversos países y dirigentes africanos. En total, según Bourgi, cerca de 20 millones de dólares que habrían servido para financiar las campañas electorales del centro-derecha en los años noventa.

"Yo mismo vi a Chirac y a Villepin contar los billetes", afirma el abogado. Tanto el ex presidente Chirac, inmerso estos días en un juicio por corrupción, como su delfín Villepin han replicado a las acusaciones con sendas querellas por difamación, y el segundo ha calificado las imputaciones como "puras fantasías". Pero, lejos de remitir, el caso no ha hecho sino crecer con las horas, y el relato del abogado franco-libanés se alargó ayer a otras épocas y otros altos líderes políticos.

Bourgi explicó en televisión que el sistema de financiación política ilegal con fondos ocultos inyectados por Gobiernos africanos ha funcionado en Francia "desde los tiempos de Pompidou, Giscard d'Estaing y Mitterrand", y acusó también a Jean-Marie Le Pen, exlíder del Frente Nacional, de haber recibido fondos de reptiles de las excolonias.

El repentino estallido del caso y la penosa imagen de las maletas llenas de dólares llevó ayer a Le Monde a preguntarse en un editorial si la V República no debería empezar a ser definida como "una República bananera"; de momento la fiscalía no ha abierto ninguna investigación oficial, pese a que la oposición y el propio diario parisino lo reclaman con insistencia."     (El País, ed. Galicia, 13/09/2011, p. 6)
 

Implican a Agag en un caso de comisiones ilegales

"Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, estaría implicado en un caso de comisiones ilegales, que se habría producido en una venta de material militar de la empresa pública italiana Finmeccanica a Colombia, según ha informado el diario Público.

Agag habría hecho de intermediario junto con una ex modelo colombiana, Debbi Castañeda, en una venta de 600 millones de euros, con una comisión del 5%, es decir, 30 millones. De esta cantidad, seis millones correspondían a la intermediaria colombiana, pero Agag no le habría pagado.

El caso está en manos de varios fiscales de Nápoles, que investigan el pago de comisiones ilegales por varios colaboradores y dirigentes de Finmeccanica para adjudicarse grandes contratos militares en el extranjero.

Público hace referencia a unas declaraciones de Agag sobre el asunto a una publicación italiana: "No hay ningún negocio", afirma el yerno de Aznar, que añade: "No digo que Castañeda sea una mentirosa, sino que no hay ningún negocio. Nunca he tenido ningún contrato de Finmeccanica".                     (e-notícies, 14/09/2011)

UBS pierde 1.500 millones por un fraude en Bolsa

" El banco suizo UBS ha confirmado hoy de que ha descubierto unas pérdidas por valor de alrededor de 2.000 millones de dólares (1.456 millones de euros al valor actual) en operaciones no autorizadas de uno de sus operadores de la banca de inversión.

La entidad ya avisó al presentar sus resultados hasta junio de que, en lo que quedaba de año, sus beneficios se iban a resentir por unas "medidas adicionales de ajuste" que, precisamente, ascendían a 2.000 millones de euros sin dar más detalles. A media mañana se ha conocido que un hombre de 31 años ha sido detenido en Londres relacionado con este caso por un presunto delito de fraude. (...)

Este nuevo escándalo se suma a la cadena de problemas que ha sufrido la entidad en los últimos años. Primero, fue una de las grandes víctimas de la crisis de las hipotecas tóxicas o subprime a este lado del Atlántico. Después, sufrió un proceso judicial en Estados Unidos por ayudar a sus clientes a evadir impuestos.

También afronta una denuncia por supuestas manipulaciones en el mercado en el que los bancos se prestan dinero entre sí. Y ahora, descubre un agujero equivalente a dos tercios de sus beneficios acumulados entre enero y junio. El banco cerró junio con unas ganancias de 2.822 millones de francos suizos, un 33% menos que en 2010.

Ante las dificultades que afronta a corto y medio plazo para recuperar su nivel de beneficios, UBS anunció en agosto un plan de reestructuración que prevé despedir a unos 3.500 empleados durante los próximos dos años."                     (El País, 15/09/2011)

La patronal gallega pagará el agujero dejado por su ex-presidente, Antonio Ramilo, hasta 2015

"Cada año de la última década, la Confederación de Empresarios de Galicia ha estado pagando las deudas heredadas de la pésima gestión de Antonio Ramilo Fernández-Areal, que presidió el organismo entre 1991 y 2000.

El histórico dirigente empresarial fallecido en 2006, -antes procurador en Cortes y alcalde de Vigo durante la dictadura-, dimitió el 28 de noviembre de 2000 entre acusaciones de despilfarro y manejos contables que nunca se llevaron a los tribunales. "Lo hago por lo que he defendido siempre: el servicio a la organización", dijo entonces.

Los presidentes de las cuatro patronales provinciales lo habían forzado a cesar. Días antes había admitido "un desfase" contable de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros), pero responsabilizó de todo al exsecretario, Rafael Sánchez Sostre, y a la adquisición, en 1992, del edificio en el casco antiguo de Santiago que alberga la sede.

El inmueble había costado 400 millones de pesetas, de los que la Xunta presidida por Manuel Fraga subvencionó el 40%. Otras versiones apuntan a que realmente pagó por él 250 millones y lo anotó en la contabilidad con un valor de 600.

Eso y las "múltiples actividades desarrolladas en su etapa", según los argumentos de Ramilo en aquél momento, provocaron el descalabro financiero de la Confederación.

Las cuentas de la CEG siguen mostrando aquellas heridas. La patronal tiene fondos propios negativos por valor de un millón de euros y dos embargos a favor del Estado y de Hacienda, unas garantías acordadas con la Administración central que permiten a la Confederación fraccionar las devoluciones.

Por aquellos "1.000 millones de pesetas", tendrán que pagar préstamos hasta el año 2015 por importe total de 10 millones de euros.
 
Las sospechas de que algo iba mal se desataron en 1999, cuando la patronal de Pontevedra (CEP) reclamó a la Xunta unas ayudas de formación. El Gobierno autónomo respondió que las había transferido a la Confederación gallega, lo que provocó que se ordenase una auditoría. Al empezar a conocerse los datos, Ramilo destituyó a Sánchez Sostre, a quien achacó la mala gestión.

"Yo no tenía firma para hacer ninguna operación bancaria sin autorización del presidente o del comité ejecutivo", declaró aquellos días el exsecretario a este diario. Sostre sostuvo entonces que tres años antes había informado a Ramilo sobre los desequilibrios de tesorería y que propuso un plan de viabilidad. "Él se opuso y ni siquiera aceptó reducir algunos gastos excesivos", dijo.

Las subvenciones para formación que concedían la UE y el Ministerio de Trabajo eran la principal fuente de financiación de la patronal, que cada año presentaba a sus miembros unas cuentas saneadas y con beneficios. La realidad estaba bastante lejos. El examen a la gestión afloró 1,2 millones de euros en facturas incobrables y una sobrevaloración de la sede en otros 2,7 millones.

El resto, casi dos millones de euros, simplemente se habían volatilizado. Comenzaron a hacerse públicos suntuarios gastos de representación del presidente y otros detalles, como alquileres de locales para hacer cursillos a precios exorbitantes. La patronal CEOE, de quien Ramilo era un miembro destacado, rehusó valorar la crisis y los partidos de la oposición (PSdeG y BNG) reaccionaron reclamando los datos de las cuantiosas ayudas que la Xunta había facilitado a la Confederación durante casi una década.

El propio Ramilo fue un incondicional de la política de Manuel Fraga, al que apoyaba entusiásticamente en cada campaña electoral. Pero el día que dimitió poco quiso saber del Gobierno gallego cuando los periodistas le preguntaron si estaría dispuesto a someterse a una investigación parlamentaria.

El empresario contestó de forma rotunda: "Yo al Parlamento no voy. Como dijo López Bravo, un gran ministro de Franco, yo ya no soy noticia".                           (El País, ed. Galicia, Galicia, 06/09/2011, p. 3)

Tres tribunales acumularon indicios contra Bárcenas durante dos años... pero lo absuelven

"Durante dos años, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha estado imputado por varios delitos contra la Administración y la Hacienda Pública como consecuencia de los numerosos indicios hallados durante la investigación del caso Gürtel en tres tribunales distintos (Audiencia Nacional, Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Madrid) que le apuntaban directamente.

Hasta ayer mismo, la policía ha ido elaborando informes basados en documentos incautados a la trama en los que se atribuían las siglas L. B. y L., “sin ningún género de dudas”, tal como han manifestado hasta ahora los tribunales, a Luis Bárcenas.

De hecho, la atribución de las siglas al extesorero se refieren hasta en, al menos, seis informes realizados por la policía y entregados a los tribunales. Este último y detallado informe de la Unidad de Blanqueo de la Policía analiza la documentación incautada en una carpeta azul, en cuyo exterior aparecía la referencia “caja B” de la trama Gürtel. Según el mismo, estas siglas corresponden a Bárcenas y sobre este destinatario recaen 10 entregas de dinero, entre enero de 2002 y diciembre de 2003, por un total de 957.705 euros.

Las cantidades entregadas oscilan entre los 12.000 euros y los 330.000. Todo este dinero fue presuntamente cobrado en ejercicios anteriores a 2003, por lo que el posible fraude fiscal del que se acusaba a Bárcenas por no haber declarado esos ingresos habría prescrito en 2009, antes de que se produjera la imputación formal por delito fiscal.

Bárcenas fue hasta 2008 el gerente nacional del Partido Popular y tenía una estrecha relación con las empresas que se encargaban de montar los actos de esta formación política, todas ellas propiedad de Francisco Correa." (El País, ed. Galicia, 02/09/2011, p. 11)

"El juez archiva la causa de Bárcenas y sostiene que apartó al PP de Gürtel" (El País, ed. Galicia, 02/09/2011, p. 10)

"El juez de Gürtel archiva la causa contra el exdiputado Jesús Merino" (El País, ed. Galicia, 02/09/2011)

Roca reconoce en el juicio por 'Malaya' que compró billetes de lotería premiados

"El juicio por el caso Malaya se ha reanudado hoy con una sorpresa. Sobre las 13.30 y después de asegurar que su colección de arte no es tan valiosa como la Policía cree,Juan Antonio Roca, máximo imputado en la trama de corrupción, ha reconocido que compró billetes de lotería premiados por 646.000 euros para no pagar impuestos.

El ex asesor marbellí ha exculpado a su mujer (María Rosa Jimeno), su hija (María Roca) y su cuñado, también procesados en un juicio que se inició el pasado 27 de septiembre y tiene 95 imputados.

Según su versión, los adquirió para no pagar impuestos de un "dinero en caja" que tenía en su casa, y de 198.000 euros que recibió en b por la venta de una casa de su mujer." (El País, 05/09/2011)

La trama valenciana en la visita del Papa

"Dos años después de que la policía descubriera un cuantioso pelotazo de la red Gürtel —la trama empresarial corrupta vinculada al PP— con la visita del Papa a Valencia en 2006, la Fiscalía Anticorrupción ha activado la investigación judicial. (...)

El canal autonómico, al cual la fundación organizadora de la visita de Benedicto XVI en 2006 adjudicó la exclusiva sobre la explotación televisiva del acto, convocó un concurso restringido para adjudicar, a su vez, a empresas privadas el suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para que fueran retransmitidos los distintos momentos de la estancia del Papa en la Comunidad Valenciana.

El canal público se gastó en el contrato 6,4 millones de euros por un material que, según la documentación incautada por la policía en las sedes de la trama corrupta, costaba menos de la mitad. (...)

Desde que la policía hizo estos descubrimientos, hace dos años, sobre el asunto de las anómalas circunstancias en las que la televisión pública valenciana —gestionada entonces por Pedro García Gimeno— gastó 6,4 millones de euros en un contrato que valía la mitad para beneficiar a la trama corrupta, apenas ha habido avances en la instrucción de esta causa.

Esto ha sido así hasta el punto de que el supuesto autor de los delitos de cohecho y prevaricación, el ex director general de Canal Nou, hombre de confianza del expresidente Francisco Camps, no está imputado hasta ahora en la causa." (El País, ed. Galicia, 29/08/2011, p. 14)

No hay nada que moleste más al poder que el buen ejemplo. Esta fórmula funcionaría en Nápoles. Somos un ejemplo. La política debe saber indicar la vía

"No hay nada que moleste más al poder que el buen ejemplo. Vincenzo Cenname lo aprendió en carne propia. Ingeniero ambiental de 38 años, con modales cercanos, es alcalde de un pueblo que recoge y recicla su basura en una tierra cubierta de escombros e infestada por la Camorra.

Su isla feliz se llama Camigliano, 2.000 habitantes a los pies de las montañas que dominan Caserta, la ciudad que digiere la mayoría de los residuos producidos en Nápoles, un puñado de kilómetros más al Norte. En Camigliano, los desperdicios se recogen casa por casa. El 80% se recicla frente al 7,1% de media en la zona.

El pueblo no es un negocio, ni para la política ni para el crimen organizado. Eso le valió a Cenname la suspensión de su cargo durante nueve meses, hasta que los ciudadanos le volvieron a sentar en el Ayuntamiento.

Recién elegido, en 2007, el joven alcalde organizó una gestión autónoma: cuatro funcionarios, un camión, cada día la recogida de un tipo de desecho distinto. "Nos reunimos con los ciudadanos durante meses.

Distribuimos cubos coloreados y diagramas de la recogida. Les explicamos que respetar el medioambiente conviene", relata el primer edil. Hace cuentas. "Una familia paga aquí 90 euros anuales. En los otros Ayuntamientos, 115".

Dos años más tarde, una ley instituyó un consorcio provincial que debía encargarse de todo el territorio. "Nada malo en juntar los esfuerzos. Pero el consorcio que crearon aquí no garantizaba un buen servicio y me negué", dice. Cenname no facilitó los datos necesarios para ingresar en el consorcio, así que él fue suspendido y el Consejo Municipal, disuelto.

Era agosto de 2010. Pocos meses después, la Fiscalía Antimafia de Nápoles condenaba a cuatro años de cárcel a Giuseppe Valente, presidente del consorcio de Caserta. Sergio y Michele Orsi, socios privados de esa entidad, acabaron uno condenado a cuatro años y, el otro, asesinado por la Camorra. De los 104 Ayuntamientos de Caserta, 25 han sido intervenidos en los últimos 20 años. Todos, por infiltración mafiosa. (...)

"Aquí la política, de cualquier color, demostró su incapacidad. Si levantas la cabeza, te metes donde no debes, es un ultraje a su arrogancia y un inmenso daño económico. Camigliano demuestra que es posible otra política: una que actúa y no favorece a los amigos, que mira al bolsillo de los ciudadanos y no al suyo propio, que ama el territorio y no lo desbarata para mantener su escaño", dice el primer edil.

El alcalde soñador tiene los pies bien anclados en tierra. "Siento la responsabilidad de elegir lo mejor para mi gente". En 2007, averiguó que la cantera privada que saca caliza de la colina llevaba 30 años excavando más de lo permitido. La cantera se paralizó. Luego, la región quiso realizar un parque eólico.

"Convoqué un referéndum con el cual aprobamos un plan. Pero la región y las empresas presentaron otro proyecto, mucho más agresivo". La obra no arrancó. Cuando la provincia quiso otorgar a una empresa privada la gestión del agua, Cenname impugnó el decreto porque no había habido concurso público. Ahora, en el parque público, al lado del tobogán, una casita de madera alberga una fuente: "Agua del alcalde, pública, gratis y purificada".

"Esta fórmula funcionaría en Nápoles. Somos un ejemplo. La política debe saber indicar la vía. Si les explicas la alternativa y la haces posible en la práctica, los ciudadanos escogen lo mejor para sus hijos". (El País, ed. Galicia, 23/08/2011, última)

Culebras blanqueó durante 15 años 30 millones ganados con el narcotráfico

"Desde marzo de 1989 hasta finales de 2006, el empresario de Vigo Juan Carlos González Martín, alias Culebras, blanqueó más de 30 millones de euros procedentes de las ganancias que obtuvo con el tráfico de drogas.

Ahora, González Martín se enfrenta a una petición de pena de seis años de prisión y una multa de 56 millones de euros. (...)

Junto a su mujer y sus tres hijos, la familia de Culebras creó una sólida trama para blanquear dinero. (...)

En el momento de su detención, a finales de 2006, Juan Carlos González tenía depositados en cuentas bancarias 6,1 millones de euros y 37.100 dólares que fueron intervenidos. Además, en apenas una década, compró 29 coches de alta gama, 79 obras de arte, dos yates y tres motos de alta cilindrada. (...)

En 1989, él y su familia constituyeron la sociedad Dogón para hacerse con la propiedad de un chalé por 61.578 euros, en Panxón, en el municipio de Nigrán y un piso en la calle López Mora de Pontevedra de 66.000 euros. Un año después, compró por 78.000 euros el edificio Moderno de la calle Policarpo Sanz de Vigo, que luego vendería por 102.000.

En 1991, Culebras y su esposa, María Fernanda Domínguez, adquirieron la sociedad mercantil Fresven por un valor nominal de 3.000 euros, asumiendo las deudas de la empresa por un montante de 601.000 euros, que liquidaron en efectivo.

Ese mismo año también se hicieron con un local comercial en la avenida García Barbón, en pleno centro de Vigo, por 282.000 euros y una finca urbana en la calle Cánovas del Castillo por otros 36.000 euros. En 1993 compraron el edificio conocido como Fábrica Antigua de Guixar, en la parroquia viguesa de Teis, por 250.000 euros.

Un año más tarde, Culebras y su familia constituyeron otra sociedad, a la que llamaron Carlauto S.L., y crearon la comunidad de bienes Barbón CB. a cuyo nombre pusieron un local comercial valorado en 282.000 euros.

Una segunda comunidad de bienes, Jumalex CB, fue creada en 2007, meses antes de su detención, para realizar operaciones mercantiles con el empresario inmobiliario y también imputado Carlos Rocha Portela.

A través de esa sociedad compraron una nave industrial en Baiona por 240.000 euros, un local comercial en Gondomar por 137.000 euros, dos fincas en León y una vivienda ubicada en el Conjunto Arquitectónico San Rafael, en el barrio vigués de Coia, por 180.000 euros.

En la extensa relación de bienes adquiridos por González Martín, su familia y sus socios también figuran otros dos pisos y terrenos en Pontevedra y Gondomar, así como un local comercial en la Gran Vía de Vigo. La mayoría de estos bienes figuraban a nombre de sus hijos Ana Isabel, Juan Carlos y Alejandro González Domínguez.

El 28 de junio de 2006, Culebras abrió cuentas bancarias a favor de su mujer e hijos en la sucursal del Banco de Santander-Totta de la localidad portuguesa de Viana do Castelo. Los depósitos se hicieron en efectivo por un importe de 1.330.000 euros.

Otra de ellas, a su nombre, fue abierta ese mismo día con la entrega, también en metálico, de 1,5 millones de euros. Una tercera cuenta bancaria figuraba a nombre de su hijo Alejandro, que también ingresó 1,5 millones, al igual que su hermana, Ana Isabel González, que entregó en efectivo la misma cantidad.

De los 29 coches que adquirió la familia desde 1987, solo siete figuran a nombre de Culebras. Los dos últimos los compró en 2007, un Porsche Cayenne por 115.000 euros y un Audi 3 por 36.000. En el momento de su detención guardaba en su casa 323.865 euros." (El País, ed. Galicia, Galicia, 06/08/2011, p. 6)

Condenado a seis años por corrupción el expresidente del Barça José Luis Núñez

"La Audiencia de Barcelona condenó ayer al expresidente del FC Barcelona y constructor José Luis Núñez Clemente y a su hijo José Luis Núñez Navarro a seis años de cárcel a cada uno por los delitos continuados de cohecho y falsedad documental.

La misma sentencia impone 13 años de prisión al que fuera máximo responsable de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet y penas igualmente severas para otros tres altos funcionarios de ese departamento por amañar las actas de inspección a diversas empresas de Barcelona a cambio de sumas millonarias de dinero o de viviendas a precios muy ventajosos.

El caso culmina un proceso judicial que ha durado más de una década, iniciado a raíz de las informaciones publicadas por EL PAíS, y que en 1999 acabó con las aspiraciones de Josep Borrell. Este dimitió como diputado y candidato socialista a La Moncloa porque siendo secretario de Estado de Hacienda había nombrado a Josep Maria Huguet, ahora condenado, y a su número dos, Ernesto de Aguiar, que estuvo imputadao en su caso pero pudo eludir el banquillo. (...)

Del mismo modo, la sentencia impone seis años de cárcel a Salvador Sánchez Gui, el asesor fiscal del grupo de empresas Núñez y Navarro. También ha sido condenado a siete años y medio de prisión Juan José Folchi, administrador de Torras Hostench London en 1990, y que acumula penas diversas en varios procesos del caso KIO.

Folchi fue consejero de Economía de la Generalitat provisional con Josep Tarradellas y directivo del FC Barcelona durante la época de Núñez como presidente. Folchi fue también durante años asesor fiscal del financiero Javier de la Rosa, con el que acabó enemistado, precisamente a causa de este proceso, porque durante la instrucción de la causa le implicó en una declaración y De la Rosa acabó imputado en el proceso. Precisamente De la Rosa y su asesor fiscal, Jorge Oller, son las únicas dos personas, de los 16 acusados, que han sido absueltas. (...)

Distanciado y hasta enfrentado con CiU desde hace años, José Luis Núñez Clemente es un exponente de lo que en su día se calificó el “oasis catalán”, en el que parecía existir un comportamiento ejemplar de su clase política y su sociedad, pero que acabó en cloaca por la aparición de diversos casos de corrupción.

En aquel palco del Camp Nou se tejieron todo tipo de negocios y actividades dentro y fuera de la ley, con unos empresarios que años después han acabado condenados en varios procesos judiciales. Como el que acabó con el juez Luis Pascual Estevill, que llegó a vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU y condenado por extorsionar a empresarios para no encarcelarlos.

O Javier de la Rosa, al que Jordi Pujol calificó en su día como “empresario modelo” y condenado en una ristra de procesos. O Juan Piqué Vidal, el que fuera abogado de Pujol en el caso Banca Catalana." (El País, ed. Galicia, 29/07/2011, p. 10)

Presunto cobro de comisiones en las obras del metro de Madrid

"Los servicios jurídicos del Gobierno de Madrid han presentado una denuncia en los tribunales de plaza de Castilla por presuntas graves irregularidades en la adjudicación de obras de "carácter menor" en el Metro de Madrid, que incluyen el cobro de comisiones y dobles facturas.

Ha sido el propio consejero, Antonio Beteta, quien ha interpuesto la denuncia después de que "un particular" alertara de los supuestos hechos fraudulentos y tras hallar que "había indicios" de lo denunciado. Según Beteta, los implicados son "pocos" y directivos "de medio rango", aunque ni ha dado número ni nombres. (...)

Como adelanta hoy el diario El Mundo, las comisiones se han pagado presuntamente mediante favores personales (como arreglo de piscina, mantenimiento de jardín), tarjetas de crédito con uso ilimitado y un coche todoterreno regalado, así como la duplicación de cobros por la realización de un mismo trabajo. (...)

El Mundo apunta concretamente al área técnica, dirigida por Ildefonso de Matías, donde hay "desde hace años rumores" que hablan de "niveles de vida de algunos empleados por encima de sus sueldos". (El País, 20/07/2011)

Aznar está incluido en una demanda de un banco norteamericano contra News Corporation, el imperio mediático de Murdoch

"La cercanía del expresidente del gobierno español José María Aznar con Rupert Murdoch podría ocasionarle algunos inconvenientes. Aznar está incluido en una demanda de un banco norteamericano contra News Corporation, el imperio mediático de Murdoch, que tiene al exmandatario en su Consejo de Administración .

Amalgamated Bank, que pertenece a un sindicato estadounidense con acciones en News Corporation, ha presentado una denuncia contra la entidad de Murdoch por haber aprobado la compra de una empresa de la hija del magnate por 600 millones de dólares, un precio 13 veces superior a los beneficios de dicha entidad.

La demanda coincide con el escándalo que ha llevado al cierre del semanario sesnsacionalista británico News of The World, propiedad de Murdoch, clausurado después de conocerse sus acciones de escucha ilegal en Gran Bretaña. (...)

Rupert Murdoch estuvo entre los invitados a la fastuosa boda de la hija de José María Aznar, la cual provocó una gran irritación en la sociedad española. Una sátira de dicha boda obtuvo el premio al mejor espectáculo teatral español en el año 2004." (Rebelión, 18/07/2011, citando a 'Aznar salpicado por el escándalo que envuelve a Murdoch', de Iroel Sánchez,La pupila Insomne)

El PP es percibido como el partido más implicado en casos de corrupción, a pesar de ser el más votado y poder ganar las próximas elecciones

"Según el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el partido de Mariano Rajoy está en el 6,95, en una escala de 0 a 10 para medir la percepción de implicación en la corrupción. Le sigue Coalición Canaria, con el 6,72, y el PSOE, con el 6,41.

Esa percepción no parece afectar a las expectativas de voto del PP, a pesar de que los españoles consideran que la corrupción y la actuación de los políticos están en los primeros lugares de sus preocupaciones.

La explicación de la aparente contradicción es que, por un lado, es mucho más intensa la sensación de pesimismo sobre la crisis económica y la preocupación sobre sus consecuencias. Es decir, que puede más la preocupación sobre la crisis económica y el desgaste del Gobierno por ello que el rechazo que puedan provocar los casos de corrupción vinculados al PP.

La otra explicación podría ser que el sondeo oficial muestra una cierta resignación de los ciudadanos sobre la corrupción, viéndola como casi irremediable. Así, la mayoría está de acuerdo o muy de acuerdo con que hay corrupción porque forma parte de la naturaleza humana y siempre existirá y no es algo propio de la cultura española.

Y un 85,9% cree que la corrupción existe porque la Administración la permite y no la persigue lo suficiente, es decir, disculpando a los políticos. (...)

Un 79,4% valora la honestidad en los políticos, pero hasta un 24,8% prefiere un político eficaz, aunque sea más bien corrupto, según los datos del sondeo oficial. Los españoles entienden que las entidades más afectadas por la corrupción son las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, por encima de la Administración central y las instituciones europeas." (El País, 07/07/2011, p. 16)

Un consejero de Camps adjudicó obra pública a quienes le hicieron el chalé

"El arquitecto valenciano Vicente Guallart, desde hace poco arquitecto jefe de la ciudad de Barcelona, diseñó un chalé de 450 metros cuadrados entre los años 2003 y 2006 al entonces consejero de Territorio y Vivienda del Gobierno autónomo, Rafael Blasco, hoy portavoz del PP en las Cortes Valencianas.

Hizo ese encargo mientras Blasco le adjudicaba, a través del Instituto Valenciano de la Vivienda, el proyecto denominado Sociópolis, consistente en la construcción de 184 viviendas de protección social en la huerta de Valencia.

La empresa que construyó la residencia del exconsejero del Gobierno de Francisco Camps en Alzira pertenecía a Franjuán Obras Públicas, la misma que en 2005 consiguió, en unión temporal con Enrique Ortiz (imputado en los casos Gürtel y Brugal) la adjudicación del proyecto de Sociópolis, evaluado en 33 millones de euros.

La información, revelada ayer por el diario Levante, suscitó las críticas de la oposición. La diputada socialista Clara Tirado calificó de "muy extraña" la cadena de coincidencias y exigió a Blasco que muestre las facturas de las obras para demostrar "que pagó con dinero de su sueldo y del de su mujer".

La esposa de Blasco es Consuelo Ciscar, directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), que hizo en 2003 a Guallart la estrella de una bienal de arte y organizó en 2007 una exposición del arquitecto en el museo, dependiente de la Generalitat. (...)

El chalé de Blasco y su esposa en Alzira tiene ascensor, cuenta con piscina cubierta y forma parte de una finca de naranjos en la que se rehabilitó una casa de campo ya existente.

Además de otra piscina, al aire libre, y de una pista de tenis, la finca tiene otra construcción separada, destinada a un hijo de la pareja, Rafael Blasco Ciscar." (El País, 07/07/2011, p. 16)

Irregularidades contables en la EMT de Barcelona

"Las anomalías incluyen opacidad en la descripción de ‘las características esenciales de los puestos de trabajo y las funciones atribuidas’ de cada uno; retribuciones cobradas por el personal de la EMT que no se ajustan, en lo que se refiere al complemento específico, a los importes aprobados; pagas extraordinarias abonadas por encima de lo establecido en la Ley de Presupuestos del Estado de ese 2008; nombramientos a dedo de altos cargos de la entidad, contrariamente a lo que dice la ley; ‘revisión de la catalogación de puestos de trabajo de los funcionarios’ en contra de las normativas vigentes; incorrecciones a la hora de fijar las tarifas; en los contratos de gestión de servicios faltan criterios objetivos, el informe del interventor, el anuncio de la licitación en los diarios oficiales, o la publicación de la adjudicación o de sus modificaciones; modificaciones y prórrogas de contratos que deberían haber sido nuevas licitaciones; revisiones al alza de los contratos justificándolos con supuestos que no recoge la ley; o liquidación de gastos no incluidos en los contratos.

La autonómica Sindicatura denuncia que la EMT ‘rompe el principio de anualidad presupuestaria’ aplazando a ejercicios posteriores gastos que deberían computarse en ese 2008.

En concreto, 5,47 millones de euros de un convenio firmado con Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y otros 2,72 millones de euros de otro acuerdo con la Administración General del Estado y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM).

La EMT no ha incluido en sus balances 53,5 millones de euros de la deuda pendiente de pago en relación a la financiación de la compra de autobuses. Ni ha contabilizado recibos pendientes de cobro al Ayuntamiento de Barcelona por 848.999,07 euros correspondientes a ejercicios anteriores.

Tampoco se han registrado compromisos de gasto futuro con las empresas de transporte de viajeros por valor de 58 millones de euros." (lavozdebarcelona.com, 14/07/2011)

El fraude (en la SGAE) era contratarse a sí mismo

"El sistema por el que millones de euros salieron de las arcas de la Sociedad General de Autores y Editores para terminar en los bolsillos de su director de Gestión de la Información, José Luis Rodríguez Neri -en prisión eludible con fianza de 300.000 euros desde el lunes-, su compañera sentimental, la hermana de esta y una pareja de amigos era simple: contratarse a sí mismo.

A veces por servicios pagados a precios muy superiores a los de mercado. Otras, mediante contratos y facturas falsas que se firmaron a cambio de nada. (...)

El origen del entramado se encuentra en la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), la empresa creada por la SGAE en 1999 como división tecnológica de la entidad gestora de los derechos de autor y financiada íntegramente por esta.

Neri se convirtió en su director general dos años después, en 2001, y durante dos años compaginó sus responsabilidades en ella con la de presidente y consejero delegado de Microgénesis, la consultora de informática que, a partir de enero de 2003, cuando Neri dejó todos sus cargos en ella, se convirtió en la principal receptora del dinero defraudado.

Microgénesis, según el auto hecho público el lunes por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, era "la cúspide de la trama empresarial parasitaria" de la SGAE diseñada por Neri, pero también "autorizada, consentida y también impulsada" por el presidente del Consejo de Dirección de la entidad, Eduardo Teddy Bautista. (...)

Tras la marcha de Neri -ficticia, porque según el juez siguió ligado a la empresa hasta 2005- Microgénesis quedó en manos de sus amigos Rafael Ramos y la pareja de este, Elena Vázquez, ambos imputados y el primero de ellos en prisión eludible con fianza de 150.000 euros. Ramos se convirtió en presidente, mientras que su compañera quedó como máxima accionista.

El resto de la propiedad permaneció en manos de la pareja de Neri, María Antonia García Pombo, que antes había sido presidenta y consejera delegada, y la hija de Ramos y Vázquez, Leticia, según los datos del Registro Mercantil. La hermana de María Antonia, Eva García Pombo, pasó a ser apoderada llevando las riendas de la empresa junto a Ramos.

Sin embargo, con la salida del cerebro de la trama, todo quedaba en casa. Porque Neri y Ramos, profesor titular de Organización de Empresas en la Universidad Politécnica de Madrid, eran viejos conocidos. (...)

Microgénesis existía únicamente gracias a los proyectos que le encargaba la SGAE a través de su filial. Suyos son, por ejemplo, el Portal Latino -el canal creado por la entidad gestora para promocionar las creaciones de sus socios en Internet- o la Central Digital, cuyo cometido es la venta de música en la red.

Esos servicios y otros prestados posteriormente se contrataban a precios inflados superiores a los de mercado, según la investigación. La dependencia de Microgénesis de la SDAE era tal que, cuando Neri y la cúpula de la SGAE decidieron distanciarse de ella a raíz de la denuncia presentada contra ellos en la Fiscalía Anticorrupción, la dejaron en un a situación económica crítica.

De Microgénesis colgaban el resto de empresas del entramado parasitario de Neri, que, a su vez, subcontrataban, en muchos casos simuladamente, sus servicios a la empresa matriz o directamente con la SDAE.

Una de ellas, Hipotálamo, consultoría creada por Neri en marzo de 2003 -dos meses después de dejar Microgénesis para centrarse supuestamente en la SDAE- y de la que el supuesto cabecilla trama es el único accionista y administrador parecía diseñada especialmente para el desfalco.

Todos los ingresos de Hipotálamo desde su creación provinieron de servicios jamás prestados a la SDAE y amparados en contratos y facturas supuestamente falsas. Su finalidad, según el juez Ruz, era únicamente crear un sobresueldo para Neri, que cada mes pasaba facturas a la SDAE por 11.718 euros que sumaba a su salario.

Y lo peor de todo, hay pruebas que Teddy Bautista estaba al corriente de todo.

Otra de las empresas de este escalón secundario era Micromega Consultores, controlada íntegramente por Neri y su compañera, María Antonia García Pombo, que a su vez ejercía las labores de administradora. La sociedad, según el juez Ruz, carece de actividad mercantil real, pero Neri, su pareja y la hija de ambos cobraban de ella.

Solo entre 2004 y 2008 María Antonia recibió 340.000 euros a pesar de que carece de formación para la actividad supuesta de la firma, la asesoría a empresas. Todos los ingresos de Micromega provenían de Microgénesis y Ribera de Mayorga, otra de las firmas implicadas en el fraude.

El mismo esquema se repite en esta última compañía. (...)

Con Servicios Informáticos Ciberneto, que acaba de cambiar su nombre por el de Welcome to Madrid, el abanico de familiares del cerebro de la trama beneficiados por el presunto fraude se amplía aún más.

Desde su creación en 2002 y hasta el año 2009 "un porcentaje muy importante de sus ingresos provienen del Grupo SGAE", según Ruz. Su exadministradora era Juana Cristina, la hemana de Neri. Entre 2004 y 2008 cobró por esa función 55.000 euros al año." (El País, 06/07/2011, p. 38)

Dhul realizó ventas ficticias a Nueva Rumasa por 6,6 millones

"Ventas que figuraban como tales, pero que no representaron una transacción real. Estas ventas ficticias que realizó Dhul, propiedad de Nueva Rumasa, permitieron que las pérdidas de la empresa se conviertieran en beneficios y pudiera acceder a créditos para comprar Clesa.

La información que figura en el informe de situación patrimonial que ha elaborado la administración concursal de Dhul, apunta que Dhul facturó a sociedades del grupo Nueva Rumasa ventas "ficticias", que no atendían a transacciones comerciales reales y que por tanto no dieron lugar a variación de existencas.

El importe de estas ventas no reales ascendió en 2009 a 6,60 millones de euros, que se facturaron a las empresas Hoteles Incabo, Ladesar Canarias, con domicilio en las Islas Canarias.

Adicionalmente, Dhul facturó a la sociedad Pevil entre 2006 y 2008 distintos importes que tampoco correspondían a transacciones comerciales reales de aquellos ejercicios (3,10 millones en 2006; 3,32 millones en 2007 y 4,69 millones en 2008).

Los derechos de cobro resultantes de la facturación total a Pevil se compensaron parcialmente en 2008 y 2009 con cuentas a pagar a Factoring Occidental (empresas del grupo Nueva Rumasa) por importe de 869.000 euros y 3,43 millones, respectivamente." (El País, 06/07/2011, p. 23)

40 millones de euros españoles blanqueados en lavanderías chinas

"Los contenedores entraban por distintos puertos españoles cargados de tabaco de contrabando, ropa de marca falsificada, bolsos, pañuelos. Mercancía procedente de China.

Lograban pasar la aduana sin mayor problema y a partir de ahí la organización distribuía su material o, sobre todo en el caso del tabaco, lo exportaba a otros países europeos. Los beneficios eran ingentes.

Hasta que la Guardia Civil comenzó a observar en 2007 las semejanzas entre los contenedores que transportaban las mercancías de contrabando. A partir de ahí, y gracias a las intervenciones telefónicas, cuatro años después se ha logrado desmantelar al principal grupo criminal vinculado a la comunidad china en España, con más de 20 años de actividad ilícita detrás.

La Operación Long ha desembocado en la detención de 34 personas de nacionalidad china en Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña por parte de la Guardia Civil y en la incautación de bienes valorados en más de 11 millones de euros.

La organización, con dos personas en lo alto de la cúpula, una en China y otra en España, había perfeccionado el sistema de blanqueo hasta hacerlo funcionar como un reloj. La primera parte se llevaba a cabo en España.

Los ingresos procedentes del contrabando se sacaban del país gracias a transferencias masivas de ciudadanos chinos residentes en España a los que se les pedía que enviaran sumas de dinero a cuentas en China que por sí solas no levantaran sospechas. Nunca eran superiores a los 20.000 euros. A veces los hacían viajar llevando el dinero encima escondido en sus ropas o maletas.

Los que participaban eran ciudadanos chinos que la organización empleaba en la red de empresas que había montado en España. La Guardia Civil ha detectado hasta el momento 22 sociedades vinculadas al grupo, pero los investigadores creen que puede haber muchas más.

Los traían a España, en ocasiones les quitaban el pasaporte y les daban empleo con bajos sueldos en restaurantes, tiendas o talleres. A cambio, los trabajadores tenían la obligación de hacer las transferencias y sumarse al engranaje del blanqueo. Se convertían en parte del ejército del lavado de dinero procedente del contrabando.

La Guardia Civil ha detectado a unos 40 trabajadores concretos implicados, pero podrían ser miles los que han contribuido durante los últimos años. Una vez en China, el dinero se blanqueaba dentro de otra red de empresas creadas para ese fin, incluyendo una sociedad con más de 1.000 lavanderías.

La entrada de productos ilegales a través de los puertos españoles era masiva. En ocho meses la Guardia Civil ha detectado más de veinte contenedores. Las ganancias para la organización eran de aproximadamente 1.200.000 euros por contenedor.

Los beneficios calculados superan los 40 millones anuales. El tabaco solía enviarse a países como Reino Unido, a contrabandistas que después distribuían las cajas a comerciantes o bares." (El País, 22/06/2011)

Las Madres de Mayo no son intocables

"Mucha gente sabía en Buenos Aires que el apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, de 53 años, el hombre con gafas oscuras, siempre al lado de Hebe de Bonafini, andaba en avión privado, tenia un Ferrari e, incluso, paseaba en yate por el río de la Plata.

También que el dinero que manejaba podía estar saliendo de los cuantiosos fondos públicos que entregaba el Gobierno a la asociación para realizar obras sociales.

Mucha gente lo sabía, pero nadie hizo nada, hasta que el escándalo estalló con toda su fuerza y en pocos días alcanzó a la propia Hebe, presidenta de la asociación y el mejor exponente de los problemas que existen en Argentina con grupos de defensa de los derechos humanos, a los que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de la sociedad, han considerado, hasta ahora, ajenos a cualquier control o crítica. (...)

Hoy, esta mujer de 82 años, que encarnó como nadie la resistencia a la dictadura, tiene que explicar que no conocía los manejos corruptos de sus protegidos y defenderse alegando que es una mujer anciana, engañada y estafada.

Arrastrada por el tumulto, De Bonafini reclama ahora que Sergio Schoklender y su hermano Pablo, que también trabaja en la fundación, sean castigados duramente. "Esos malditos tienen que ir a la cárcel para siempre", se despachó el viernes. Nadie le acusa a ella de haberse beneficiado del dinero sustraído, pero sí de haber permitido tanto descontrol.

Claro que la acusación alcanza también, de lleno, a los ministerios de donde salió el dinero, incapaces de seguirle el rastro.El escándalo Schoklender tiene todos los elementos para pasar por un folletín, pero es una tragedia.

Una historia triste que sucede en una sociedad herida, que todavía no termina de arreglar sus cuentas con la brutal dictadura cívico-militar que padeció de 1976 a 1983. (...)

"Dura, exagerada, inclemente, extrema, caprichosa, injuriosa como solo sabe injuriar quien fue brutalmente dañado, todo eso ha sido la voz de Hebe", escribe el filósofo Ricardo Foster, cercano al oficialismo.

"Pero también ha sido una voz de la memoria, de la recuperación de valores que fueron pisoteados por el odio de los poderosos", agrega.En ese ambiente, y sin que nadie le ayudara a ponerse límites, Hebe de Bonafini fue creciendo y, con ella, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que pasó a desarrollar diversas obras sociales, entre ellas la construcción de viviendas de bajo coste, y a disponer de una radio y una universidad.

Por cosas misteriosas de la vida, esta madre despojada de sus hijos fue a caer en manos de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, que, cuando tenían 23 y 20 años respectivamente, asesinaron a golpes a sus padres, Mauricio, ingeniero y empresario, y Silvia, una mujer que se movía en la alta burguesía porteña.

Hebe conoció a Sergio en la cárcel y rápidamente le ofreció trabajo para que pudieran disfrutar de libertad condicional. Nunca quedaron claros los motivos del doble parricidio. (...)

El caso Schoklender, famosísimo en Argentina, tuvo un final feliz, se dijo, porque Sergio se hizo abogado y psicólogo en sus años de cárcel, y porque tanto él como su hermano decían haber encontrado la paz trabajando con De Bonafini, con quien mantenían una relación casi filial.

Sergio se convirtió en un eficiente apoderado, empeñado aparentemente en desarrollar la Misión Sueños Imposibles y construir centenares de viviendas sociales.

Tras las bambalinas, la realidad era mucho más amarga y los hermanos Schoklender pueden haber estado creando un entramado de empresas paralelas que actuaban de intermediario y cobraban de los fondos, unos 300 millones de dólares (210 millones de euros), que proporcionaba el Gobierno y cuyo rastro intentan seguir ahora jueces, fiscales y auditores.

El final, en definitiva, no ha podido ser menos edificante: policías y funcionarios judiciales allanaron esta semana la sede de Madres de Plaza de Mayo, un lugar que hasta hace unos días inspiraba un respeto reverencial, en busca de documentos que den pistas sobre un posible lavado de dinero." (El País, 19/06/2011, p. 2)