22.6.18

La autodestrucción de Urdangarin... el conseguidor

"El 30 de septiembre de 2000, Iñaki Urdangarin tiene 32 años. Acaba de marcar de penalti el último gol de la victoria de la selección española de balonmano en los Juegos Olímpicos de Sídney. El bronce de España es también su último partido como profesional. 

En la grada, celebran la victoria su esposa, la infanta Cristina, que sostiene en brazos a Juan, el primer hijo de la pareja; su suegra, la reina Sofía; y el príncipe Felipe, ya un amigo. Urdangarin sabía que su vida no iba a ser la misma, como cualquier deportista que se retira y debe reinventarse. 

Lo que no sabía es que reinventándose se iba a extraviar irremediablemente y acabaría siendo alguien muy distinto. Alguien que en las próximas horas entrará en una cárcel para cumplir una condena de cinco años.




“A mí no me han explicado muchas cosas, las he ido aprendiendo sobre la marcha”, le contó años más tarde al juez José Castro en un interrogatorio. Urdangarin perdió su mundo de referencia, el deportivo, para internarse en uno más complejo, el del poder, la aristocracia y los privilegios. Un mundo que disfrutó, pero que también lo envenenó. Ya no era campeón, era duque, aunque no sabía aún en qué consistía eso. 

Acostumbrado a la rutina de un deportista de élite, al despedirse de su club, el Barcelona, había dicho: “Hay que saber decir adiós. Quiero pensar en mi futuro profesional, y lucharé para que esta nueva etapa sea tan exitosa como la que dejo. Necesito tiempo para formarme. Este es el rol que deseo asumir”. Quería ser también un triunfador en la vida real, no un mero consorte de la infanta.

La construcción de ese nuevo personaje se abre con una etapa de estudios en la que ya surgen las primeras sombras. En la prestigiosa escuela de negocios ESADE hizo en dos años, de 1999 a 2001, lo que normalmente cuesta cinco. 

Según una reciente investigación del diario ARA, gracias a convalidaciones sorprendentes, obtuvo una licenciatura y un máster en Administración de Empresas. Y eso que en el primer año aún jugaba a balonmano.

Se dará cuenta muy pronto de que en esta nueva vida no le faltará quien se le acerque para ser su socio o proponerle negocios. Se embarca con varios profesores suyos en aventuras empresariales tan dispares como odontología para deportistas de élite o innovación vitivinícola. 

En el otoño de 2002 conoce a Diego Torres, otro docente de ESADE, quien después describiría en un libro la impresión que le causó el joven duque: “Se notaba que se sentía un poco limitado en su día a día, que consideraba que estaba trabajando principalmente como comercial. (…) Odiaba las rutinas. Hacíamos buen equipo. Yo observaba y recopilaba datos. Iñaki se empapaba del ambiente y conocía a las personas”. Quería ir a más, aunque era eso, empaparse del ambiente, lo que mejor se le daba. Era justo lo que necesitaba Torres. Registraron Nóos Consultoría Estratégica en una notaría el día de Nochebuena de 2002.




Ocho años más tarde, en 2010, un juez de Palma, José Castro, se encontrará ese extraño nombre, Nóos, que en griego significa mente o intelecto, en una carpeta casi vacía, con un convenio sospechoso con el Gobierno balear. Había aparecido en un registro en el gran caso de corrupción del polideportivo Palma-Arena. 

El fiscal Pedro Horrach buscó en el Registro Mercantil las empresas en las que acababa el dinero y se topó con el nombre de Iñaki Urdangarin. Una sociedad era suya, y el resto, de Torres. En agosto de 2011, Horrach mandó un informe a Anticorrupción: “Esto parece un pelotazo de libro”. 

Baleares, desde luego, era el lugar para un pelotazo en aquellos años, y también Valencia o Madrid, justo los tres lugares donde trabajó Nóos –los tribunales finalmente no han hallado delito en las actividades en estas otras dos ciudades-. Y precisamente lo hizo en los cinco años, de 2003 a 2008, de máximo desenfreno económico, previos al estallido de la crisis. 

Es en ese ambiente, en esa época, en contacto con ciertos políticos, cuando Urdangarin se transforma en hombre de negocios. Una de las grandes preguntas es si llegó a pensar que aquello era lo normal para un duque de la Casa Real. Si asumió como natural aquella sensación de impunidad que estaba en el aire.

En Palma se vivía el momento más descontrolado del presidente Jaume Matas y su famoso “Hágase”. Ordenaba y se hacía. La ley no era un problema. Nombró director general de Deportes a José Luis Ballester, un excampeón olímpico de vela muy amigo de la familia real –el entonces príncipe Felipe fue a su boda-, y lo eligió por eso mismo. 

Ese verano, Urdangarin le cuenta a Pepote, como le llaman sus amigos, que el equipo ciclista Banesto busca patrocinador y es una oportunidad para el Gobierno de Baleares. En septiembre juegan los dos con Matas y un empresario una partida de pádel en el palacio de Marivent que resultaría clave. A la hora de las cervezas, pactan el patrocinio, y 300.000 euros para Nóos. Es la escena que resume el escándalo, y el asunto que acarrea el grueso de la condena por prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

El duque acababa de inaugurar un nuevo modo de vida, una forma de hacer negocios basada en él mismo, en ser quien era. Ballester en el juicio reconoce: “El objetivo era contratar a Urdangarin y todo lo que viniera de él”. Matas admitió: “Urdangarin era un conseguidor, un intermediario”. Y ha concluido el Supremo: “La ascendencia ejercida (...) fundamentalmente del privilegiado posicionamiento institucional del que disfrutaba, dada su proximidad a la jefatura del Estado, propició que el presidente del Govern decidiera aceptar la propuesta omitiendo los trámites legalmente establecidos”.

Urdangarin aprende enseguida que el gancho para atraer el dinero fácil y los contactos interesados era la Familia Real. En Nóos también estaba la infanta Cristina, como vocal, y su tutor desde 1993, Carlos García Revenga. Urdangarin sostendría después que los situó ahí porque eran personas de confianza, pero eran como un gran rótulo de neón: Nóos y Casa Real se escribían con la misma letra. 

Nadie se planteó que aquello era raro. Ni siquiera el propio García Revenga, que se justificó en el juicio: “Una de las cosas que he hecho toda mi vida en la Casa es que yo nunca pregunto si no me dicen”.

Pero había más. Urdangarin formó al 50% con su esposa la sociedad Aizoon. La infanta estaba inscrita en primer lugar y, según explicó el notario, la idea era que su nombre y su DNI, con el número 14, funcionaran como “escudo fiscal”, aunque no ha quedado acreditado que esta fuera la intención. 

Contó en el juicio lo que le confió el asesor fiscal de los duques: “Según le habían dicho, porque él se codeaba con altos funcionarios de Hacienda, los DNI del uno al 10 eran de la familia de Franco, y del 11 al 100, de la familia real”. 

Urdangarin usó Aizoon para no tributar como persona física. Facturaba servicios y sus variados ingresos como consejero o asesor en empresas donde estaba colocado gracias a su posición para no hacer prácticamente nada. También cargaba todo tipo de gastos personales y familiares. Es de hecho una de las causas de la condena por fraude y dos delitos fiscales.

Años después, en su interrogatorio, la infanta tuvo que explicar por qué cargaban a Aizoon gastos como clases de salsa y merengue o libros de Harry Potter. De ahí su condena como partícipe a título lucrativo en malversación y fraude cometidos por su marido, por un valor de 136.950 euros. 

Urdangarín sufrió para explicar una plantilla ficticia donde figuraban sus empleadas de hogar, familiares y conocidos. Pero entonces nada de esto le parecía anormal o peligroso al matrimonio Urdangarin. Al contrario, la nueva vida del duque de Palma como ejecutivo de éxito estaba perfectamente montada y el mecanismo –relaciones públicas más dinero público- funcionaba como un tiro. 

Nóos comenzó a organizar congresos sobre temas deportivos: en Valencia en 2004, 2005 y 2006 y en Baleares en 2005 y 2006 –estos dos últimos, que costaron un total de 2,3 millones, han acarreado a Urdangarin y Torres parte de la condena por prevaricación, tráfico de influencias y malversación-. Urdangarin había reinventado su carrera, tenía su sitio en el mundo. En 2004, como culminación de sus ambiciones, el matrimonio se compró un palacete de lujo por 6 millones de euros en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes, muy por encima de sus posibilidades y con una altísima hipoteca. 

El rey Juan Carlos les ayudó con un préstamo de 1,2 millones, un detalle controvertido porque, según han opinado luego Castro y Horrach, debería haber significado ser llamado como testigo o incluso imputado, por un posible delito fiscal. A Diego Torres tampoco le iba mal. Como se descubrió luego, había montado una red de blanqueo en el extranjero, donde acabaron 344.000 euros que han acabado sumando dos años de cárcel a su condena.

El juguete empezó a estropearse cuando Nóos llamó la atención. En noviembre de 2005, un diputado socialista balear, Antoni Diéguez, se pasó por el Illes Balears Forum y se quedó alucinado. ¿Cómo podía haber costado 1,2 millones de euros un congreso de dos días? El 16 de febrero de 2006 convocó una rueda de prensa, y en los titulares ya estaba todo el meollo del escándalo: “El PSOE denuncia supuestos pagos irregulares del Gobierno balear al instituto que preside Urdangarin”.

 En el palacio de la Zarzuela saltaron las alarmas, y el rey Juan Carlos envió a su asesor jurídico, José Manuel Romero, conde de Fontao, con una orden muy clara para Urdangarin, según recordó luego el duque de Palma ante el juez: “Me dijo que no ostentara ningún cargo de presidencia, no liderara ningún proyecto, no tuviera relaciones comerciales a largo plazo o societarias con el señor Diego Torres, y que me apartara de lo que fueran contrataciones de la administración pública”. 

La Casa del Rey había olido el peligro. La veloz carrera de Urdangarin empezaba a ser muy aparatosa.

El duque, que ya no es aquel jugador de balonmano sin experiencia, finge obedecer. Se aparta de Nóos, pero crea una fundación llamada Cultura, Deporte e Integración Social en la que se mantiene en segundo plano. Pero solo para guardar las apariencias. En un correo electrónico, su apoderado le aconseja: “No tienes que dejar muy en evidencia que tú eres el alma mater de la Fundación, (…) nadie puede decir que esta es la fundación de Iñaki”.

El invento siguió funcionando hasta que, en el verano de 2008, estalla la crisis económica en España. Por circunstancias no aclaradas, Urdangarin y Torres discuten y se separan. La Casa del Rey, que mantenía al duque bajo vigilancia y vivía sus peripecias con aprensión, busca un exilio dorado a la pareja y sus cuatro hijos.

 Se trasladan a Washington, donde a Urdangarin le han reservado un puesto como presidente de Telefónica en Estados Unidos. Todo parece en calma. Nadie lo sabe, pero aquella carpeta con papeles de Nóos ya ha llegado al juez Castro.

El 7 de noviembre de 2011, la policía irrumpe en la sede de Nóos. Un mes después, la Casa del Rey aparta a Urdangarin de la agenda oficial y empieza a aislarlo. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas hasta entonces inimaginables. En febrero de 2012, Urdangarin baja por la rampa de los juzgados de Palma para declarar por primera vez. Ya era un personaje distinto, una sombra.

 En abril, Diego Torres se vuelve peligroso: comienza a difundir, de forma dosificada, correos electrónicos en los que revela intimidades del matrimonio y que salpican a la Casa del Rey. La imagen del duque queda definitivamente destrozada. El clima ha cambiado –el incidente del rey en Botswana es en esos mismos días tormentosos de abril de 2012- y a la familia real ya no se le perdona lo que se le perdonaba. 

El 8 de febrero de 2014, en una escena histórica, la infanta Cristina presta declaración en el juzgado. Responde “no sé” o “no me acuerdo” 550 veces. Cuatro meses más tarde, el rey Juan Carlos abdica. El 12 de junio de 2015, Felipe VI, aquel que 18 años antes aplaudía en Sidney, le retira el título de duque. Cuando llega el juicio, Urdangarin está muy lejos de aquel campeón que era. Ha vendido el palacete de Pedralbes. Es un hombre abatido, que contesta en susurros. Acaba solo en el banquillo con su viejo socio, Diego Torres, al que ha vuelto a unirse en su estrategia de defensa. 

Ambos argumentarán como último recurso que la Casa del Rey sabía todo y que, por tanto, pensaban que no había nada malo. Es la ruptura total de los exduques con la familia de la infanta. Extraviado definitivamente, su única brújula parece ser salvar a su esposa. Al menos eso lo consigue. En lo demás fracasa. Tras su último partido en Sídney, en lo más alto de su vida anterior, un enviado de EL PAÍS le pidió que se describiera en pocas palabras, y dijo: “Un buen chico, que cree en lo que hace”.               (Íñigo Domínguez, Pablo Ordaz, El País, 18/06/18)

21.6.18

Según Europol, cada año se mueven por los bancos europeos más de 30.000 millones de euros que proceden del crimen

"Este escrito es sobre el lavado de dinero sucio. Dinero negro que procede de crímenes (como el narcotráfico o la trata de mujeres) y del fraude fiscal perpetrado como industria, muy al por mayor. Según Europol, oficina europea de la Unión contra la delincuencia, cada año se mueven por los bancos europeos más de 30.000 millones de euros que proceden del crimen. 

Lo grave y preocupante de esta situación es que no parece haber medios suficientes ni eficaces para hacerle frente ni se han podido establecer los mecanismos para inmovilizar ese dinero de origen criminal e impedir que sea blanqueado. O tal vez lo que no hay es suficiente voluntad política de acabar con el blanqueo.

Los atentados terroristas en Europa de hace un tiempo hicieron reaccionar un tanto a las autoridades políticas y se tomaron algunas medidas para controlar el paso por los bancos de dinero de origen sospechoso. Pero según Europol no se ha conseguido el control bancario del dinero procedente del crimen organizado y de delitos fiscales o financieros

Europa pierde la batalla contra el sector offshore donde los blanqueadores profesionales del dinero del narcotráfico, otros crímenes, chanchullos financieros, evasión fiscal, corrupción y otras malas artes lo introducen completamente limpio en la economía legal.

El blanqueo es una industria floreciente a la que fiscales y jueces han de dedicar necesariamente cada vez más tiempo y energía. Por eso no sorprende leer en los medios informativos que la respetable entidad financiera Caixabank (La Caixa de siempre para los catalanes) se ha visto salpicada por tan turbio negocio. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno inició procedimiento contra Caixabank, como persona jurídica investigada, por un posible delito de blanqueo de capitales. 

Ese trabajo sucio (el blanqueo, paradójicamente) se habría perpetrado presuntamente en diez sucursales de Caixabank de la región de Madrid. Según el magistrado, “actuaron de forma persistente sin ningún control ni barrera al trasiego de remesas de dinero en efectivo y transferencias al exterior”.

El juez Moreno considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados presuntamente blanquearon dinero nunca declarado de ciudadanos chinos aun sospechando que esos clientes actuaban ilícitamente ingresando grandes cantidades de dinero en efectivo.

 Las sucursales implicadas además permitieron utilizar testaferros y actividades económicas falsas para ocultar ingresos y envíos de dinero sin informar a Hacienda. El tercer banco en importancia del Reino de España, Caixabank, salpicado por el presunto blanqueo de unos 170 millones de euros.
No habría blanqueo de dinero negro sin la complicidad del sector financiero

No solo Caixabank, abundando en el blanqueo de dinero ilícito, la plataforma de investigación periodística de Perú Ojo Público denunció a sociedades ligadas a narcotráfico y otros negocios ilegales en Perú que utilizaron una filial del banco español BBVA y del Banco de Crédito del Perú para lavar dinero del narcotráfico, corrupción de cargos públicos y evasión de impuestos. 

Lo que también denunció la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente del Estado, que analiza y transmite información para detectar lavado de dinero ilícito. La investigación de Ojo Público señaló al BBVA Continental, participado en un 46% por BBVA.

El blanqueo de dinero ilícito es un grave delito que demuestra la realidad incontestable de que la evasión de impuestos y el blanqueo correspondiente son posibles porque una parte del sector financiero se presta gustoso a esas infracciones fiscales. Si nadie en el sector financiero se prestara a colaborar en cualquiera de sus fases en el blanqueo de dinero ilícito, evadido, el lavado de dinero negro sería difícil de perpetrar.

La evasión fiscal es causa directa de que los estados de la Unión Europea dejen de ingresar unos 200.000 millones de euros de impuestos al año. Pero en ese punible escenario es tanto o más inaceptable que cinco estados democráticos de países desarrollados sean cómplices de fraude fiscal como paso intermedio de casi la mitad (47%) del flujo de capitales de multinacionales y grandes fortunas evasoras de impuestos hacia centros financieros offshore y paraísos fiscales. 

Un dinero que se oculta a las Haciendas de la Unión. Esos Estados son Suiza, Holanda, Irlanda, Reino Unido y Singapur, según Scientific Reports de la Universidad de Ámsterdam. Esos cinco estados hacen posible que el dinero escabullido de impuestos se pueda blanquear en paraísos fiscales.

Por cierto, de la lista de 25 paraísos fiscales, señalada por movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y entidades por la transparencia fiscal, nueve están muy ligados a la Unión Europea y Reino Unido. Son Islas Vírgenes británicas, Luxemburgo, Gibraltar, Liechtenstein, Mónaco, Chipre, Jersey, Malta y Hong Kong. Dato esclarecedor de que en la UE no son todos los que están ni están todos los que son en la lucha contra el fraude fiscal y el criminal blanqueo. 

Tenemos al enemigo en casa. La vieja y contradictoria Europa contribuye por activa o pasiva a la debilidad financiera de sus estados miembro, pues colabora de hecho con el fraude fiscal, hace posible la evasión de impuestos y facilita el blanqueo."                 (Xavier Caño Tamayo, Plataforma por la justicia fiscal.    , Nueva Tribuna.es, 16/05/18)

20.6.18

800.000 euros en dinero b para la campaña nacional de Rajoy

 "800.000 euros en dinero b para la campaña nacional de Rajoy.

La sentencia por la caja b del PP valenciano hecha pública este lunes detalla la financiación “de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros”, de la mayor parte de los trabajos que la formación conservadora contrató en la Comunidad Valenciana con la trama de Francisco Correa durante los comicios municipales y autonómicos de 2007, y las elecciones generales de 2008. 

El magistrado José María Vázquez Honrubia explica que en esos procesos electorales Orange Market, la empresa con la que la red Gürtel operaba en esta comunidad, percibió de manera legal únicamente 175.000 euros de los más de dos millones que realmente facturó por la organización de 56 mítines y la contratación de espacios publicitarios en autobuses, vallas y medios de comunicación.

De ese dinero, 801.810 euros correspondían a la campaña a la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy de 2008, las segundas elecciones que perdió. Con este último dinero se sufragaron 26 actos electorales.

 En al menos dos de ellos —incluido el mitin de fin de campaña en el Hemisfèric valenciano— participó el propio Rajoy. El coordinador de aquella campaña fue Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia y condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos —tres de ellos electorales— tras confesar durante la vista las irregularidades. 

El fallo concluye que parte de estos gastos fue cubierta por seis empresarios radicados en la Comunidad Valenciana que, a cambio, esperaban verse favorecidos con la adjudicación de contratos públicos por parte de las Administraciones gobernadas por los populares. Los empresarios los abonaron directamente a Orange Market camuflando como pagos por servicios ficticios prestados.

Vázquez Honrubia añade que las irregularidades en la financiación de actos del PP valenciano no se limitaron a las campañas electorales y que durante esos mismos años el partido pagó “también fuera del circuito legal del dinero” otros servicios prestados para el partido por la trama Gürtel. En 2007, los populares abonaron de este modo 508.051 euros por 32 actos de todo tipo, desde uno conmemorativo de los 100 días del Gobierno de Francisco Camps a comidas con militantes en diversas localidades.

Al año siguiente la cifra superó los 918.000 euros por 38 actos, entre ellos una campaña contra el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; los gastos de una manifestación y un acto en contra de la ley del aborto.

 También, la fiesta con la que se clausuró el congreso de junio en el que Rajoy fue reelegido presidente del partido. En total, la sentencia recoge que en estos dos años, el PP financió de modo irregular actos del partido, tanto electorales como de fuera de campaña, por cerca de 3,5 millones de euros."          (Óscar López Fonseca, El País, 12/06/18)


"La corrupción vuelve a golpear al PP. 

Solo tres semanas después de que se conociera la sentencia de la trama Gürtel, que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy; la Audiencia Nacional ha publicado este lunes la resolución sobre la rama valencia de la misma red, que considera probada la financiación ilegal del partido en la comunidad durante las campañas electorales de 2007 y 2008, cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat.

 El juzgado ha condenado a 18 de los 20 acusados, a los que impone penas que oscilan desde los cuatro meses a los seis años y nueve meses de cárcel.

"El PP de la Comunidad Valenciana financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva", subraya el juez José María Vázquez Honrubia en su resolución, donde describe a lo largo de 137 páginas los mecanismos delictivos empleados por la red de corrupción.


En ellas, destaca que el partido conservador utilizó a Orange Market, la filial valenciana del entramado empresarial de Francisco Correa, como una compañía "pantalla" para ocultar los gastos destinados para las citas con las urnas de 2007 y 2008. El magistrado no deja lugar a dudas al subrayar que existe "una inveracidad total" en la documentación enviada por los populares a los órganos fiscalizadores públicos.

El juzgado considera acreditado, por tanto, que la trama incurrió en delitos electorales, de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Y la sentencia condena a los principales miembros de la trama: a Francisco Correa, cabecilla de la red (cinco años y tres meses de prisión); a Álvaro Pérez, alias El Bigotes (seis años y nueve meses); a Pablo Crespo, ex secretario de Organización de los populares gallegos (cinco años); y a Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia (cuatro años).

 También, impone penas de un año y nueve meses a los nueve empresarios implicados, todas sustituibles por multas de hasta 154.000 euros, después de que reconocieran que pagaron comisiones para conseguir posteriormente contratos.

Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno de la Generalitat, ha resultado absuelto —al igual que el empresario José Enrique Fresquet, contra el que se retiró la acusación el primer día de juicio—. "No hay prueba directa, ni indiciaria de calidad y cantidad bastante que permita concluir que es autor de los delitos impuestos", escribe el juez sobre Rambla.

Según explica la resolución, Correa y sus colaboradores expandieron su negocio a Valencia entre los años 2003 y 2005 para tener acceso a determinados políticos y "conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos" de eventos organizados por el PP, la Administración autonómica y sus empresas públicas.

 El PP valenciano contrató entonces a Orange Market para las campañas electorales de 2007 y 2008. Pero, según la sentencia, estos operaron sin tener en cuenta la cuantía máxima prevista por la ley. Así que recurrieron a empresarios para saltarse la normativa a través de abonos en b, que después se compensaba con adjudicaciones.

"Tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad", considera probado el juez, que habla de que se produjeron "sobornos en diferido": "Ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos".

Costa jugó un papel fundamental en todo ello. Era "el hombre que está detrás inspirando y sosteniendo la acción", recalca el magistrado, que admite que su testimonio autoinculpatorio resulta fundamental para la causa. "La declaración, corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal y que Costa era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente ilícito", apunta la resolución, donde se señala que la trama dañó y puso en riesgo el "juego limpio electoral", así como "la neutralidad y objetividad del Estado".

Los nueve empresarios, que alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ya admitieron durante el juicio que pagaron mediante facturas falsas 1,2 millones de euros a Orange Market. Según los investigadores, solo en los comicios de 2008, el partido conservador llegó a pagar 2,03 millones con fondos de la caja b.

Entre los servicios prestados por esta compañía, y no declarados, se encuentran la organización de decenas de actos —en varios de ellos participó el expresidente Camps y Mariano Rajoy—, y la intermediación en la contratación de anuncios electorales (buses, vallas, radio y prensa).

El juez admite cierta "desazón" y recupera una frase del "lenguaraz" El Bigotes durante el juicio, cuando dijo que "son todos los que están, pero no están todos los que son". Pero esta causa no acaba aquí. La Fiscalía General del Estado ya anunció el pasado enero que estudiaría investigar a Francisco Camps después de que los principales acusados lo señalaran como el creador y organizador de la financiación ilegal del partido en esta comunidad.

 "Delante de mí llamaban al presidente [Francisco Camps] y le decían: 'Oye, que está aquí Álvaro'. Y decía: 'Pues dadle el acto del domingo'. Y ya está, otro cacahuete al mono", afirmó durante la vista oral Álvaro Pérez, en referencia a que era Camps quien ordenaba contratar con Orange Market. Tras esta y otras declaraciones, el magistrado José de la Mata, que instruye la causa de Los papeles de Bárcenas, aceptó investigar las acusaciones vertidas contra el expresidente.

La sentencia publicada este lunes recuerda que varios condenados apuntan a Camps como pieza clave del entramado. De hecho, da "notable credibilidad" al testimonio de Costa, que señaló al expresidente durante la vista oral. También considera "muy ilustrativa" la escena relatada por Álvaro Pérez en la que Costa llama a Camps para "literalmente, pedirle instrucciones".

 "Pero es imposible jurídicamente emitir pronunciamiento alguno contra él, porque comparece como testigo", señala el magistrado Vázquez Honrubia, que habla de la "radical negativa de Camps a admitir cualquier conocimiento". "Nada saben, nada recuerdan, nada reconocen", escribe el juez sobre el exdirigente del PP y sobre Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, que también compareció como testigo.

Además de los testimonios de los principales implicados, el juzgado ha valorado como prueba la "ingente cantidad de información" recopilada por la Guardia Civil. El magistrado aplaude la labor de la UDEF por su "minuciosidad y laboriosidad de extraordinario mérito". Todo ello compone una "sólida" batería de pruebas, que incluye una ilustrativa conversación telefónica entre Crespo y Cándido Herrero, contable de Orange Market, el 3 de febrero de 2009.

El primero le dijo al segundo: "Me llamaron de las 'galletas', mañana lo mandan. Y en esa misma fecha se extendieron tres cheques que el empresario Enrique Ortiz abonó a la empresa de Correa. Según los investigadores, era parte del lenguaje críptico que usaban: "galletas" eran las facturas, "biscotes" era dinero en metálico y Enrique Ortiz era el de las "magdalenas". 

Tres grupos delictivos




El juez diferencia tres grupos delictivos entre los condenados por la rama valenciana de la trama Gürtel y los bautiza con nombre propio. Habla primero del "Grupo Correa", formado por el cabecilla de la red junto a Crespo; El Bigotes, Cándido Herrero Martínez, contable de Orange Market; y Ramón Blanco Balón, asesor financiero.

El magistrado afirma que, aunque este conjunto de acusados no puede ser condenados como grupo u organización criminal en este procedimiento —porque no se acusa de ello—, se dan en él todas las caracteristicas que lo identifican como tal.

El magistrado habla también de un "Grupo Político", compuesto por Ricardo Costa; David Serra, exvicesecretario del PP valenciano; Cristina Ibáñez, exgerente; y Yolanda García, extesorero. Por último, el "Grupo empresarial" lo conforman los nueve empresarios: Antonio Pons, Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Tomás Martínez, Rafael Martínez, Enrique Ortiz, José Francisco Beviá, Vicente Cotino y Gabriel Alberto Batalla."             (J. J. Gálvez, El País, 11/06/18)

19.6.18

La patronal gallega, condenada a devolver a la Xunta medio millón de gastos injustificados de sus 'embajadas'

"La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tendrá que devolver a la Xunta alrededor de medio millón de euros gastados sin justificación a través de la red de embajadas económicas de Galicia que el Gobierno gallego le encargó gestionar poniendo a su disposición sólo entre 2010 y 2013 hasta 18 millones de euros de las arcas públicas. 

Así lo acaba de establecer el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santiago al desestimar parte del recurso interpuesto por la patronal contra una resolución previa de la Xunta exigiéndole el reintegro de 647.000 euros. 

 La sentencia,  avanzada por Faro de Vigo y a la que ha tenido acceso Praza.gal, sólo admite parte del recurso de los empresarios frente a otros varios gastos que considera injustificados. 


El primer Gobierno de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta puso en marcha, a través del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía, la denominada red de Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia (Pexga), que en la práctica supuso dejar la internacionalización de la economía gallega en las manos de los propios empresarios, presididos entonces y hasta 2013 por Antonio Fontenla

Sólo entre 2010 y 2013 la Xunta dispuso de 18 millones de euros para que la patronal gallega abriera oficinas en Colombia, México, Argentina, Brasil, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos, Marruecos y Turquía.

  El Gobierno gallego se negó a detallar cuántos de esos 18 millones se gastaron realmente. En un balance del trabajo de esa red hecho en 2013 en una respuesta a una pregunta parlamentaria del BNG la Xunta aseguraba que esas oficinas en el exterior estaban trabajando con "criterios de máxima eficiencia para procurar facilitar los servicios y apoyos en destino previstos con los menores costes posibles". Pero no fue así. 

Al tiempo que la patronal gallega ahondaba en los últimos años en su propia crisis económica e institucional, la red Pexga y las relaciones de la Confederación de Empresarios con la Xunta fueron deteriorándose, y el Gobierno gallego fue rebajando progresivamente su aportación económica anual hasta el punto de que en marzo de 2016 la Xunta exigió el reintegro de diversos gastos que consideraba injustificados. 

Los empresarios recurrieron en la vía administrativa y en noviembre de ese año la Xunta estableció finalmente en 647.000 euros el importe que les reclamaba. La CEG tampoco estuvo de acuerdo y recurrió a la Justicia ordinaria por considerar que 241.000 euros de esa cantidad que les exigía la Xunta sí estaban justificados. 

Y ahora la Justicia resuelve y, en la citada sentencia, valida unos gastos y rechaza otros, de manera que, a falta de que en la ejecución de la sentencia se concreten las cuantías, los empresarios tendrán que devolver a la Xunta alrededor de medio millón de euros.
En la sentencia ahora emitida, con fecha de 15 de mayo, el juez considera que algunos gastos fueron “decisión unilateral de la entidad recurrente [la CEG], no habiendo en este caso fundamentado debidamente que la circunstancia que afirma justificase la necesidad de tal gasto”.

 El juez también rechaza el argumento de la patronal de que la Xunta no tenía un criterio establecido para autorizar los gastos porque dice que los empresarios no fueron capaces de probar esa supuesta falta de criterio. La sentencia también dice, sobre el gasto en “obsequios” por parte de la patronal a través de la red Pexga, que “pese al esfuerzo realizado, no se justifica que fuesen precisos ni necesarios para la consecución de los objetivos y finalidad del convenio” entre la Xunta y la CEG que puso en marcha esas oficinas internacionales.

La sentencia llega en plena nueva crisis institucional de la CEG, después de la dimisión del que fue su último presidente, el ourensano Antón Arias, tras maniobras de sus críticos al frente de las patronales provinciales, que son las que ahora controlan la gallega hasta que se celebren nuevas elecciones.

 Arias llegó al cargo con un discurso renovador tras varios años de inestabilidad desde que en 2013 dejó el puesto el coruñés Antonio Fontenla, que llevaba más de una década en él, período en el que impulsó la red Pexga. Sucesores y críticos de Fontenla censuraron el aumento de los gastos en la CEG durante su mandato, que la llevaron a tener que implantar un plan de viabilidad económica para reducir sus deudas. 
 
A pesar de esos antecedentes, Fontenla es hoy portavoz de la denominada Junta de Vicepresidentes de la CEG, lo que en la práctica hace que siga ejerciendo como máximo responsable de la organización. Este jueves Fontenla, en una entrevista en la Radio Galega, además de ponerle deberes al nuevo Gobierno central socialista, también se pronunció sobre la situación de la patronal gallega. 

Segundo dijo, “hay varios nombres” para asumir la dirección de la CEG y “de momento están consensuados entre tres confederaciones provinciales, falta convencer para que se adhiera a otra”. En la entrevista Fontenla también se pronunció sobre su propio papel: “Todo el mundo me dice 'Antonio, esto tienes que arreglarlo tú', pero yo no puedo hacer milagros, sólo puedo hacer lo que me dejan los demás y, además, sería malo que fuera yo lo que pusiera un presidente”.             (David Reinero, 17/06/18)

18.6.18

Costa, ex-secretario general del PP valenciano, afirmó que José Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcciones, le entregó 150.000 euros en billetes de 500 euros en su despacho. Y que parte de ese dinero fue utilizado para financiar la campaña de las elecciones de 2008 del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy

"Ricardo Costa ha confirmado este jueves ante el juez el pago de comisiones por la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia. El que fuera secretario general del PP de la Comunidad Valenciana ha mantenido que José Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcciones y hermano del exvicepresidente del Gobierno Jaime Mayor Oreja, le entregó 150.000 euros en billetes de 500 euros en su despacho.

 Y que parte de ese dinero fue utilizado para financiar la campaña de las elecciones de 2008 del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.




Costa ha ratificado en el juzgado lo que adelantó hace unos días ante la Fiscalía Anticorrupción, en lo que constituyó una declaración demoledora para su antiguo jefe, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, al que implicó en la caja b del partido, que se guardaba bajo llave en un cajón lleno de sobres con dinero en efectivo. El expresidente siempre ha negado las irregularidades.

Condenado el lunes a cuatro años de cárcel por financiación ilegal, un delito que reconoció en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, Costa ha comparecido este jueves como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, que investiga la construcción del trazado urbano de Fórmula 1. Las obras fueron adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas de la que formó parte Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Costa ha relatado que Jaime Mayor Oreja se presentó en su despacho a finales de 2007 o principios de 2008 —las primeras carreras tuvieron lugar en agosto de ese año— y le indicó que estaba en Valencia "por la Fórmula 1". Según Costa, el empresario se metió la mano en la chaqueta, sacó un fajo de billetes de 500 que sumaban 150.000 euros y se los entregó diciendo que eran para ayudar al PP en las elecciones generales de 2008. Parte de ese dinero negro, sostiene Costa, se utilizó para montar actos en los que participó Rajoy.

El ex número dos del PP valenciano afirma que Mayor Oreja le dijo que estaba allí por indicación de Vicente Rambla, entonces vicepresidente del Gobierno valenciano, al que Costa describe como "recaudador" de la formación. Rambla fue absuelto este lunes en sentencia de la financiación.

La colaboración de Costa con Anticorrupción está sirviendo para que los fiscales completen varias de las investigaciones abiertas en torno al PP valenciano, al que los sumarios retratan como un partido corrupto hasta la médula. Parte de su reciente declaración ante la Fiscalía ha sido incorporada a la investigación sobre la construcción del circuito de Fórmula 1, que es sobre la que ha declarado este jueves y uno de los tres procedimientos en los que está imputado Camps.

 Otra, en cambio, se inserta en el caso Taula, la macrocausa que ha destapado las presuntas redes de financiación ilegal que operaron en el PP de la ciudad de Valencia que encabezaba Rita Barberá y el PP de la provincia que dirigía el presidente en la Diputación de Valencia Alfonso Rus.

Competencia entre las tramas

Por chocante que resulte, los investigadores han llegado a la conclusión de que las diversas tramas populares que funcionaron entre finales de los años noventa y la gran derrota electoral de 2015 en Valencia, Alicante y Castellón estaban relacionadas, pero actuaban con mucha autonomía, pasando por episodios de competencia por la captura de las comisiones. 

Uno de esos escenarios de fricción fue Ciegsa, la empresa pública dedicada a construir colegios, que Costa ha confirmado en su reciente declaración ante la Fiscalía como fuente de mordidas.

Costa afirma que el primer gran "recaudador" del PP regional que conoció fue Víctor Campos, vicepresidente de la Generalitat, muy cercano al entonces líder del PP de Castellón Carlos Fabra. Y que Campos le dijo que mientras estuvieran al frente del Gobierno autonómico, a él no le faltaría dinero para el partido.

Según la versión de Costa, Campos, preocupado por su estado de salud, lo citó un día en su despacho del Palacio de Castellfort y le dijo que por si a él le pasaba algo iba a enseñarle el lugar donde guardaba el dinero para "los gastos del partido". A continuación, sacó una llave, abrió un cajón y le mostró una colección de sobres que, dijo, eran aportaciones de empresarios beneficiados por adjudicaciones públicas. 

Campos también le dijo que el cometido de recaudador le había sido encomendado por Camps y por el dirigente del PP valenciano y ex director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar, Juan Cotino. Cuando Campos se retiró de la política, su función pasó a ejercerla su sustituto en la vicepresidencia, el también castellonense Vicente Rambla.

Costa ha revelado a la Fiscalía una conversación directa sobre la financiación irregular que supuestamente mantuvo con Camps. Según su declaración, estando reunido con los cabecillas de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, que querían cobrar actos electorales pasados, él telefoneó a Camps para decirle que no quería participar en la elaboración de facturas falsas para encubrir los pagos de empresarios, a lo que el expresidente le contestó "que a él le habían dicho que esa era la única manera de hacerlo".            (Ignacio Zafra, El País, 15/06/18)

15.6.18

Urdangarín condenado a una pena, suavizada, de cinco años y diez meses de prisión por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales


"El principio del fin de un reinado. 

El caso hundió la imagen de la Familia Real y abrió una crisis que solo cerraría la abdicación de Juan Carlos I.

 La justicia es igual para todos”. Las palabras de Juan Carlos I, en su discurso de Nochebuena de 2011, no dejaban lugar a dudas; el jefe del Estado no iba a mover un dedo para tratar de proteger a su hija menor y a su yerno de sus problemas con la justicia. El jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, ya había anticipado el veredicto de La Zarzuela al tachar la conducta del duque de Palma de “poco ejemplar”.

Solo mes y medio antes, el 7 de noviembre, una comisión policial encabezada por el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, había irrumpido en la sede barcelonesa del Instituto Nóos, una fundación teóricamente sin ánimo de lucro de la que fue administrador Iñaki Urdangarin y en cuya junta directiva se sentó su esposa, la infanta Cristina de Borbón.

El registro lo había ordenado el juez José Castro, dentro de una pieza separada y secreta del caso Palma Arena, un hilo en la maraña de corrupción tejida por el Gobierno balear del exministro del PP Jaume Matas.

El escándalo no pilló por sorpresa a don Juan Carlos. Alarmado por los rumores sobre las andanzas de su yerno, el Rey ordenó en marzo de 2006 a Urdangarin que pusiera fin a sus negocios con las administraciones públicas. Un asesor de La Zarzuela, José Manuel Romero, hizo de emisario ante el abogado de los duques de Palma, Raimon Bergós, para instarles a liquidar su maraña de sociedades.

Urdangarin se resistió. “No entendía por qué no podía tener actividades representativas en una fundación”, según su letrado. Formalmente, acató la orden y en junio de 2006 se dio de baja en Nóos. En realidad, siguió actuando a través de su socio, Diego Torres. Solo en 2009, cuando el Rey le consiguió un empleo en Telefónica y el matrimonio se mudó a Washington se desvinculó del todo.

Con su discurso de Nochebuena, don Juan Carlos intentó evitar que la monarquía resultara salpicada por el escándalo. Empeño inútil. En 2011, el sondeo del CIS reflejaba el primer suspenso a la institución (4,89) en 36 años. En 2013, tras la primera imputación de la infanta Cristina, bajaba al 3,68. 

Lejos quedaban los tiempos en que era la institución más valorada por los españoles (un 7,48 en 1995). “Somos muy conscientes del deterioro de la imagen pública de la Corona en los últimos años”, reconocían en la Casa del Rey.

Resignado a que la maquinaria judicial siguiera su curso y consciente de que el caso Nóos perseguiría a su yerno y a su hija durante años, la única estrategia posible era romper amarras con ambos. El distanciamiento se inició de inmediato. El último acto oficial de Urdangarin fue la Fiesta Nacional de 2011. Por primera vez en 14 años, la infanta Cristina y su marido no cenaron en La Zarzuela esa Nochebuena.

En enero de 2012, el exjefe de la Casa del Rey Fernando Almansa transmitió un mensaje a la infanta Cristina de parte de su padre: o se divorciaba o renunciaba a sus derechos dinásticos. No hizo ni una cosa ni otra.

En la Fiesta Nacional de 2012, Zarzuela aplicó un nuevo protocolo: las hijas del Rey ya no estarían en la tribuna principal, sino en la de invitados, y tampoco en la línea de saludo del Palacio Real. La Familia Real fue drásticamente recortada y reducida a un núcleo formado por los Reyes, los Príncipes de Asturias y sus hijas. Las infantas quedaban fuera. Doña Cristina no estaba ni se le esperaba. Doña Elena fue la víctima colateral.

El cordón sanitario en torno a los exduques de Palma tuvo fisuras. La reina Sofía no se escondió cuando viajó a Washington o Ginebra para verles. Cristina visitó en el hospital a su padre convaleciente de alguna de sus operaciones y también asistió a alguna ceremonia familiar, como funerales, pero nunca a actos oficiales

Al final, solo la sucesión al frente de la Corona, en junio de 2014, permitió soltar definitivamente amarras. El caso Nóos no fue la causa de la abdicación de Juan Carlos I, pero sí abrió una crisis en la institución que culminaría con la renuncia de su titular. 

La decisión más dolorosa de Felipe VI

En junio de 2015 Felipe VI tomó la decisión más dolorosa de su primer año de reinado: despojar a su hermana Cristina y a su esposo del Ducado de Palma, que le había otorgado Juan Carlos I con motivo de su boda, en 1997. La decisión de retirar el título al matrimonio Urdangarin (una forma de declarar que no es digno de ostentarlo) la adoptó después de tres años de presión para que renunciara a sus derechos dinásticos al trono de España, tanto por ella como por sus descendientes; algo que, a diferencia del título, nadie le puede quitar si ella no lo acepta voluntariamente.

Pero Felipe VI no solo quiso levantar un cortafuegos con el caso Nóos distanciándose de su hermana menor y de su cuñado sino, sobre todo, imponiendo en La Zarzuela un código de conducta ejemplarizante alejando de cualquier sombra de corrupción. Una de las primeras medidas que anunció al llegar al trono, ya en julio de 2014, fue prohibir a los miembros de la Familia Real —los Reyes, sus padres y sus dos hijas— trabajar para empresas privadas, como hacían las infantas Cristina y Elena.

También les prohibió aceptar “regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones que tengan atribuidas”. Además, Felipe VI ordenó que las cuentas de la Casa del Rey (7,8 millones de euros en 2017) se sometieran a una auditoría externa, por parte de la Intervención General del Estado. 

La Zarzuela publicó por primera vez información detallada de sus cuentas en diciembre de 2011, cuando estalló el caso Urdangarin. Y es que la Familia Real no solo tiene que ser honrada. También debe parecerlo."           (Miguel González, El País, 13/06/18)

 "El duque que se dedicaba a lo que se dedicaba.

“Yo me dedicaba a lo que me dedicaba”, respondió Iñaki Urdangarin en el juicio, aturdido, demacrado, con voz quebrada y un mechón blanco en el pelo, como la marca de una desgracia. Era un hombre caído desde lo más alto y aún no se lo explicaba. El fiscal le había preguntado cuál era su trabajo en el instituto Nóos, y de sus respuestas emergía la vaga sensación de que no estaba muy claro, o no era nada en absoluto, más que aparecer en congresos y reuniones y que bastara su sola presencia. Ser quien era. A cambio entraba dinero.

Este burdo uso del título aristocrático, del pedigrí real, era la piedra angular sobre la que descansaba el instituto Nóos. Urdangarin cobraba 15.000 euros al mes de Motorpress Ibérica SL por “analizar tendencias en el mundo del motor”. Hacía informes para un ente llamado Confederación Andina de Fomento. El caso puso la guinda real, en lo más alto, a una época obscena en España con el deporte como negocio, los congresos como tinglado, la élite como saqueo.

Esa desenvoltura de Urdangarin, ese moverse por la vida con la vida resuelta, que le llovieran miles de euros como si fueran con el cargo, fue lo más destructivo entonces para la imagen de la Familia Real. Más aún porque el escándalo estalló en noviembre de 2011, en lo más profundo de la crisis.

 Pero fue aún peor el juicio, en 2016, porque Urdangarin y la infanta Cristina, tras cortar la comunicación con la Casa del Rey y sentirse abandonados, siguieron una estrategia exculpatoria que arrastraba a la institución. Su defensa era, más o menos: en Zarzuela lo sabían todo. 

Por tanto, concluían, no había nada malo o ni se les ocurrió, que no se sabe qué es peor. Sensación de impunidad, se llama. Urdangarin la convirtió en el juicio en desvalimiento e ingenuidad, como si nunca hubiera previsto en el guion rendir cuentas a nadie. La sentencia de ayer, tras un reguero de destrozos en los mecanismos del sistema, corrige esa percepción.

Lo asombroso de los exduques de Palma es cómo llevaron hasta el final, hasta la catástrofe, su idea de que aquello era normal. “Estoy plenamente convencida de su inocencia”, declaró la Infanta en el juicio sobre su marido. Una de las preguntas que deja el proceso es en qué momento les desengañaron y por qué se han sentido engañados, pues arrojaban la sospecha de que siempre se había funcionado así.

El primer toque de atención de la entonces Casa Real habría sido ya en 2005, tras uno de los primeros eventos de Nóos, el Illes Balears Forum. Un asesor de Zarzuela, José Manuel Romero, conde de Fontao, se reunió con Urdangarin y le aconsejó acabar con eso.

 En 2012, ultimátum radical: o se separaban o ella, sexta en la línea dinástica, renunciaba a sus derechos de sucesión. Según fuentes de Zarzuela, Cristina montó en cólera: “¡Yo nací Infanta y moriré Infanta!”. A partir de entonces se quedaron solos, y es la triste imagen que dieron en el juicio, como dos apestados de la nobleza arrojados entre la plebe.

Expuesta durante horas

En un austero edificio de un polígono industrial de Palma, era insólita aquella silla azul reservada con un papelito que parecía una equivocación: “Cristina de Borbón y Grecia”. Los periodistas tenían delante a la Infanta, a dos metros, obligada, expuesta durante horas a su mirada. Felipe VI estaba en el juicio, pero en fotografía. En un cuadro delante de su hermana y su cuñado, sobre el tribunal, vestido con una toga y el gran collar de la Justicia.

 Menos mal que para entonces se había producido un corte con el pasado, a diferencia de lo ocurrido a otros, y era él quien presidía la sala, y no Juan Carlos I. El rey emérito, su época, cómo fue posible aquello, por qué se toleró, flotaba en el juicio. Fue con aquellas escenas, esos interrogatorios, cuando se rompió algo en la relación de los españoles con la Monarquía, algo en España dejó de ser como era.

En su declaración, Diego Torres recordaba que tenía más de 300 correos y documentos de la Casa Real, igual que en su libro contaba que él y Urdangarin compraron el anillo de pedida de Felipe VI a su esposa en una joyería de Barcelona. En el juicio habló en algún momento de “la señora Corinna” como de pasada. Cada vez que Torres o algún testigo bordeaba el núcleo del asunto, lo sobreentendido, aquello en lo que estaba pensando toda España, la tensión en la sala se disparaba, como si se estuviera a punto de hacer historia. 

Como cuando le preguntaron a Torres si Juan Carlos I estaba al corriente de lo que pasaba en Nóos. El habilidoso profesor cayó presa del pánico: “¡No voy a entrar en esos juegos!”. Fue entonces cuando la presidenta del tribunal aclaró que aquello no era un juego y dijo, sin que nadie se lo preguntara: “¡El tribunal va a blindar su independencia!”. Las tres juezas vivieron la vista como si allí estuviera en juego, bajo examen, la justicia española, y realmente así fue."        (Íñigo Domínguez, El País, 12/06/18)


" Supremo situó este martes a Iñaki Urdangarin a un paso de la cárcel. 

El alto tribunal rebajó en cinco meses la condena impuesta por la Audiencia de Palma al marido de la infanta Cristina, pero le impuso una pena de cinco años y diez meses de prisión que, salvo que se adopte una medida excepcional, aboca a la cárcel al marido de la infanta y a su exsocio Diego Torres, condenado a cinco años y ocho meses.

 La Audiencia de Palma ha citado a ambos mañana miércoles para entregarles el mandamiento de prisión. El tribunal podría instar a su ingreso inmediato o darles unos días de plazo. El Supremo considera probado que Urdangarin cometió delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. 

El alto tribunal mantiene la responsabilidad de partícipe a título lucrativo de la infanta Cristina por delitos de malversación y fraude a la Administración, pero no por el delito fiscal. 

Iñaki Urdangarin se sentó en enero de 2016 en el banquillo, acusado de delitos por los que la fiscalía pedía para él una condena de 19 años y medio de prisión. La Audiencia Provincial de Palma exoneró al cuñado del Rey de parte de los delitos que se le atribuían y le condenó a seis años y tres meses, una pena que el Supremo ha rebajado ahora a cinco años y ocho meses al absolverle del delito de falsedad en documento público. 

La condena, pese a ser muy inferior a la petición inicial del ministerio público, implicará el ingreso en prisión del marido de la Infanta, salvo que se concedan una serie de medidas excepcionales que pasan por un indulto o por que el Tribunal Constitucional considere que se han vulnerado derechos fundamentales de Urdangarin.

De momento, el Supremo ya envió este martes el fallo a la Audiencia Provincial de Palma para que ejecute la sentencia y el tribunal balear ha citado este miércoles por la mañana al exduque de Palma, a su exsocio y al expresidente balear Jaume Matas para entregarles el mandamiento de prisión. El tribunal balear puede enviarles a la cárcel de forma inmediata o concederles unos días de plazo, la opción por la que se suele decantar la Audiencia en casos similares.

El Supremo se ha tomado tres meses para deliberar sobre los recursos presentados por la fiscalía, Urdangarin, Torres, Matas y otros condenados por el desvío de fondos públicos del Gobierno balear al Instituto Nóos, presidido por el marido de Cristina de Borbón y gestionado por su exsocio, al que conoció en la escuela de negocios ESADE. 

La sentencia, adoptada por unanimidad de los cinco magistrados de la Sala (Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, que ha ejercido como ponente), deja al marido de la Infanta como el condenado con la pena más alta, ya que su exsocio, a quien la Audiencia impuso ocho años y medio de cárcel, ha visto rebajada la pena a cinco años y ocho meses al quedar absuelto del delito de blanqueo de capitales.

Los magistrados consideran probado que el cuñado del Rey se valió de su “situación de privilegio” como “consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado” para obtener en 2005 y 2006 contratos a favor del Instituto Nóos por parte del Gobierno balear. 

Esta situación privilegiada fue determinante además, según el Supremo, para que esta contratación se llevase a cabo “orillando toda concurrencia, y los condicionantes que podrían derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad”. 

“Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio”, concluye el alto tribunal.




El tribunal acusa a Urdangarin de ejercer una “eficaz presión” a la que sucumbieron José Luis Ballester (amigo del marido de la Infanta y exdirector general de Deportes de Baleares) y Jaume Matas, de quien los magistrados destacan su “voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas” del marido de la Infanta y el que entonces era su socio. 

El expresidente regional, condenado a tres años de prisión, aceptó la tarifa y las condiciones de los dos principales acusados “sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas”.

La sentencia solo anula a Urdangarin y Torres la condena por el delito de falsedad por el que les condenó la Audiencia en combinación con delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Los magistrados no consideran probada la intervención de ninguno de los dos en la documentación falsa elaborada por los funcionarios para justificar los contratos. 

Esta decisión del tribunal es la que implica la rebaja en cinco meses en la pena impuesta a Urdangarin, ya que el Supremo ha aplicado además la atenuante de reparación del daño que observó la Audiencia de Palma al haber consignado antes del juicio fondos suficientes para hacer frente a todas las responsabilidades civiles e indemnizaciones que se le habían atribuido.

Respecto a la infanta Cristina, la Sala mantiene su responsabilidad como partícipe a título lucrativo en los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración cometidos por su marido, lo que asciende a 136.950 euros. 

Sin embargo, el alto tribunal anula la indemnización de 128.138 euros impuesta a la hermana del Rey como partícipe a título lucrativo del delito contra la Hacienda Pública por el que la Audiencia de Palma sí la condenó. La consecuencia de esta decisión es que Urdangarin deberá asumir en su totalidad el pago de lo defraudado por los delitos fiscales. Ambos habían consignado ya una fianza ante la Audiencia de Palma, a la que ahora le corresponde hacer la liquidación con la condena firme impuesta por el Supremo.

La Infanta no había recurrido la sentencia de la Audiencia de Palma, pero se ha beneficiado del recurso presentado por la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, a la que el tribunal ha dado en parte la razón."            (Reyes Rincón, El País, 12/06/18)


Las penas: