22.2.18

Correa asegura que Rajoy "daba el OK" a los gastos del PP en Valencia

"El empresario considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha comparecido este martes ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular del PP. 

Lo ha hecho a través de videoconferencia, ya que lleva casi un año en la cárcel madrileña de Valdemoro tras haber sido condenado a 13 años de prisión por los amaños de los contratos de los expositores de Fitur. Ahora está a la espera de conocer la sentencia por el primer juicio de la trama Gürtel (1999-2005).

"¿Cuál era el papel del secretario general (por entonces Mariano Rajoy) en la aprobación de los gastos de campaña y gastos ordinarios del Partido Popular?", le ha preguntado el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro. "Yo creo que él daba el ok". Cuando le ha insistido sobre si le constaba que era Rajoy quien aprobaba los gastos ha contestado: "Pienso que sí, pero eso se lo tiene que preguntar a los miembros del partido, porque yo soy una persona externa al partido".

En el caso que afecta al PP de la Comunidad Valenciana, Correa describió en la vista oral del juicio el presunto funcionamiento de la financiación ilícita y aseguró que era el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa quien les obligaba a facturar trabajos a empresarios si querían saldar la deuda con el partido por la organización de actos electorales de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. Los nueve empresarios acusados confesaron los pagos en b del PP valenciano y el propio Ricardo Costa lo admitió en sede judicial.

A preguntas del portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, Correa ha explicado que durante 1994 sus empresas trataron directamente con el director de campaña del PP. Cuando el parlamentario vasco le ha recordado que por entonces era Rajoy quien ocupaba ese puesto, Correa ha moderado su respuesta y ha asegurado que con quien se coordinaban fundamentalmente era con Jesús Sepúlveda.

Como aseguró Rajoy en su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional en el juicio sobre la primera época de Gürtel, Correa ha asegurado no haber conocido en persona al ahora presidente del Gobierno ni haber tratado nunca con él. Aunque ha reconocido que Rajoy prescindió de los servicios de sus empresas, difiere en el criterio por el que lo hizo.

Más allá de esas afirmaciones, el presunto cabecilla de la trama ha mantenido un tono desafiante durante la mayor parte de su comparecencia en la que ha tratado de esquivar las preguntas que le pueden perjudicar en su estrategia defensa en los tribunales, donde tiene varias causas abiertas. En primer lugar ha respondido al diputado del PSOE, Artemi Rallo, con el que ha mantenido varios rifirrafes. 

"Yo no les quiero hacer perder el tiempo, pero ya ha quedado muy claro en el tema de Valencia cómo nos abonaban", ha dicho Correa. "Cuando todo esto acabe no tendría ningún inconveniente en estar 28 horas diarias, me dan dos coca colas zero y estoy 28 horas", ha sentenciado en tono irónico.

De la misma manera, ha remitido en varias ocasiones a su declaración en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional Y ha acusado al diputado socialista de querer hacer "publicidad" con la supuesta financiación irregular del PP. "No voy a entrar en un tema publicitario. Entre en temas nuevos", le ha espetado después de recordar que ya estuvo "13 o 14 horas" declarando en sede judicial. 

Allí confesó que mediaba con empresarios con ayuda del extesorero del PP, Luis Bárcenas, para que el partido incrementase los fondos de la caja B con el 3% de grandes obras.
Correa ha admitido que además del PP de Valencia y Madrid, su empresa Orange Market trabajó con el partido en Cataluña, Galicia, Andalucía o Castilla y León. 

En este sentido, ha dado por suficientemente acreditado que el PP de la Comunidad Valenciana se financiaba de manera ilegal, como apuntaron recientemente varios empresarios. Ya han contado "cómo nos pagaban las campañas electorales el PP de Valencia", ha dicho Correa. "Realizamos honradamente un trabajo con un presupuesto y tenemos que cobrar ese trabajo y nos dicen: Si queréis cobrar, tenéis que facturar a los empresarios", ha explicado.

A preguntas de Matute, ha hecho su propia definición del caso Gürtel: "Algo que se creó en el año 2008, porque nuestra empresa colaboraba con el PP. Si en lugar de colaborar con el PP fuese con una compañía multinacional no estaríamos aquí ahora". En este sentido, Correa ha asegurado a preguntas de Guijarro, sentirse "un poco abandonado" por los populares, con los que ha dicho que nunca volvería a trabajar.

 "Creo que hemos estado trabajando muchos años, desde el 93 hasta 2004. Hemos hecho una excelente labor para el partido", ha defendido.

Por su parte, la portavoz del PP, Beatriz Escudero, ha cargado contra el resto de portavoces por hacer "un juicio paralelo" en la comisión, que se ha convertido "en un espectáculo" y ha puesto sobre la mesa cuestiones sobre la financiación de PSOE, Podemos y Ciudadanos."           (Diego Molpieceres, Vox Populi, 06/02/18)

21.2.18

Bárcenas confirma al juez los viajes en avión a Valencia con empresarios para financiar en negro al PP

"El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha confirmado durante el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano los viajes de los tesoreros de Génova a Valencia con dinero en efectivo para financiar las campañas de Francisco Camps

Quien fuera máximo responsable de las finanzas del partido ha admitido, tras ser preguntado por la información revelada la pasada semana por EL MUNDO, que los hechos descritos en la misma "son verdad" y que él mismo acudió "de manera puntual" a Valencia en compañía de al menos un empresario para que realizara donaciones en metálico.

Este periódico desveló que tanto Bárcenas como Álvaro Lapuerta recibieron la llamada de los populares valencianos pidiendo ayuda para sufragar los actos. Ambos articularon una fórmula de auxilio financiero que consistió en llamar a grandes donantes de la caja B del PP a los que pidieron que realizaran también donaciones al partido en Valencia. 

Tanto Bárcenas como Lapuerta viajaron en avión en compañía de algunos empresarios portando el dinero en efectivo que, según aseguran fuentes próximas a la operación, era entregado en la Generalitat valenciana al entonces vicepresidente primero de Francisco Camps, Víctor Campos.

Las mismas fuentes sostienen que Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, recogía a los tesoreros en el aeropuerto de Manises y les acompañaba a la sede del Gobierno valenciano a realizar las entregas, que fueron siempre inferiores a los 100.000 euros, y almorzaba con ellos antes de partir de vuelta a Madrid el mismo día. Costa y Campos han negado en declaraciones a este periódico haber participado en esta operativa de financiación ilegal que ha sido ya confirmada por el propio Bárcenas en sede judicial.

Ratifica la confesión de Ricardo Costa

Durante su declaración, Bárcenas también ha reconocido que mantuvo una reunión con Costa en la que éste le expuso su preocupación por la financiación irregular de la formación que dirigía Francisco Camps.

Bárcenas confirma de esta manera uno de los extremos más importantes de la confesión de Costa ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la rama de Gürtel en aquella autonomía.

En concreto, Bárcenas ha relatado que recibió a Ricardo Costa en su despacho y éste le expuso su preocupación por haber recibido una instrucción del entonces vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, para que aceptara el pago de gastos electorales por parte de varias constructoras y lo justificara con facturas falsas. El ex tesorero popular ha afirmado ante el tribunal que desaconsejó esa práctica y se la trasladó a su superior, Álvaro Lapuerta, para que interviniera.

La totalidad de los constructores y la mayoría de los encausados, como el propio Costa, Francisco Correa o Álvaro Pérez El Bigotes han admitido ante los jueces la financiación irregular del partido a través de la empresa Orange Market. Según sus testimonios, sufragaban con dinero negro los actos de campaña de Francisco Camps y después lo justificaban con facturas ficticias."              (Esteban Urreiztieta, El Mundo, 13/02/18)

20.2.18

Quique Pina: mucho fútbol para tapar el fraude La detención del agente y empresario murciano desvela una estructura empresarial internacional que usaba los clubes para evadir los impuestos de la Hacienda española


"Dice el refrán que “el que avisa no es traidor”. El abogado granadino Enrique Zarza se lo había advertido en más de uno de los encuentros que mantuvieron en el hotel Nazaríes, a los pies de La Alhambra: “Quique, al final te van a detener y vas a ir a la cárcel por los 380.000 euros que le debes a mi cliente”. 

Corría el año 2011, Enrique Pina (Murcia, 1969), conocido en el mundo del fútbol como “Quique Pina”, era el presidente del Granada C.F. desde 2009. Pero el exjugador del Barinas, que había traído a España a jugadores como Riquelme o Saviola, ya había hecho su primera gran operación: vender el Club de Futbol Ciudad de Murcia al también empresario granadino Carlos Marsá. 

El conseguidor e intermediario de aquel negocio millonario fue Antonio Jiménez Zorrilla, el cliente de Zarza, que tuvo que exigir en los tribunales los 380.000 euros de su comisión. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que le dio la razón a Zarza. Pero Pina se declaró insolvente y puso sus empresas y cuentas a nombre de sus padres, hermana y socios, que hacían las veces de testaferros. “Él no aparece como administrador en ninguna parte”, aseguran fuentes vinculadas al caso.


Así empezó una (poco) deportiva carrera de fraudes y pufos ocultos bajo la popular aureola del fútbol y que terminó —como le advirtió Zarza— con su detención este jueves en su mansión de Molina de Segura (Murcia). Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional presumen, a falta de analizar la documentación incautada en los registros, posibles delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Pina, insolvente para la Hacienda pública, vivía en grandes casas, se movía en coches de alta gama, lucía relojes caros y se compraba barcos. De nada le sirvió acabar pagando en 2014 los 380.000 euros que debía, que Zarza retirase la denuncia y que el juez archivase la causa. Para entonces, el juzgado ya había encargado un informe a la UDEF, que durante dos años le ha seguido los pasos de cerca.

Un camino sinuoso de empresas y sociedades interpuestas cuyo único fin era evadir grandes cantidades de impuestos, que podrían sumar hasta 200 millones. Y cuyo destino final es un fondo de inversión en Luxemburgo, Fifteen Securisitation S.A., que pertenece a la familia italiana de Gino Pozzo, propietario del Granada C.F. en España, pero también del Watford en Inglaterra y del Udinese en Italia. En cada uno de esos países Pozzo tiene su agente, y en el caso de España era Pina.




F.J.P.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decretó ayer prisión sin fianza para Quique Pina, ante la posibilidad de que destruya pruebas. El consejero delegado del Cádiz CF, exjugador, empresario y agente de futbolistas, está acusado de presunto blanqueo de capitales derivado de traspasos de jugadores.

Pina fue detenido el pasado miércoles en Murcia en el marco de la operación Líbero de la UDEF, contra el blanqueo de capitales. Tras tomarle declaración durante unas tres horas, De la Mata ha decretado para él prisión incondicional y sin fianza. El juez, que ha levantado el secreto de la causa, cree que Pina ha podido incurrir en los delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y otro contra la Hacienda Pública.

 El magistrado ha fundamentado su decisión de enviarle a prisión preventiva en el riesgo de que Pina pueda destruir pruebas relacionadas con su presunta actividad delictiva, en el caso de quedar en libertad.
Su labor consistía fundamentalmente en mantener en sus empresas y sociedades la titularidad del 90% de los derechos de los jugadores traspasados por los clubes de fútbol que dirigían, fuese el Granada o el Cádiz. De este modo, en cuanto se producía la venta del jugador, cargaban una factura al club por el 90% de su valor. 
El club pagaba y ese dinero tomaba rumbo a Luxemburgo, sus arcas se quedaban con un escueto 10% de la venta del jugador y cotizaban por esa misma cantidad. Si, por ejemplo, se vendía un jugador por 6,5 millones, el club ganaba 650.000 y pagaba a Hacienda por esa misma cantidad, el resto se amasaba en el fondo de inversión de la familia Pozzo, junto con lo obtenido de la venta de jugadores de otros de sus equipos, como si se tratase de una caja única.
“Esto es como si dos socios tienen un bar y uno de ellos se mete en el bolsillo cada noche el 90% de los beneficios de la caja y deja el resto para que sobreviva el negocio y para que solo cotice por el 10% de las ganancias”, resume Zarza. La clave de este montaje fraudulento es que el bolsillo y la caja son de los mismos propietarios. “Ellos se venden y compran a sí mismos y el beneficio son todos los impuestos que eluden en esas transacciones económicas, que acaban arruinando a los clubes”, explica Zarza.



El abogado, ya conocido en todo Cádiz y que lleva años predicando en el desierto —incluida la Liga Profesional y el Consejo Superior de Deportes— sin que nadie le haga caso, ha sido contratado por la empresa Sinergy, que también ha sufrido las estafas de Quique Pina. “Eran los accionistas mayoritarios del Cádiz C.F. desde 2011, cuando presentaron una oferta más competitiva que la del empresario murciano”, cuenta el abogado. 
“Entonces le quitaron la gestión deportiva del equipo a Pina, que en aquel momento era además presidente del Granada, pese a que ambas escuadras competían en la misma liga”, recuerda Zarza. Pero “el empresario murciano se asoció con Manuel Vizcaíno, actual presidente del Cádiz, y constituyeron la sociedad “Locos por el balón”. 
Hicieron una subasta de las acciones del Cádiz y se quedaron con el equipo por 50.000 euros”, asegura Zarza, “Sinergy había pagado un millón por el equipo”. La subasta en cuestión fue declarada ilegal por un juzgado de primera instancia y por la Audiencia Provincial de Cádiz en julio de 2017.
Pero la justicia siempre va muy por detrás de los presuntos delincuentes. Y casi al mismo tiempo que Pina era trasladado a la Audiencia Nacional, su socio Vizcaíno daba una rueda de prensa y anunciaba el regreso de un mito del Cádiz y del fútbol: Mágico González. Y, de nuevo, esa aureola (mágica) camuflaba millonarios tejemanejes empresariales."         (Patricia Ortega, El País, 02/02/18)

19.2.18

Pedro J. Ramírez aporta 21 pruebas que implican a Rajoy en la caja B del PP




"El director de EL ESPAÑOL ha comparecido este martes durante más de tres horas en la comisión de financiación ilegal del Partido Popular abierta en el Congreso de los Diputados. Pedro J. Ramírez desgranó minuciosamente ante todos los grupos con representación parlamentaria los detalles que Luis Bárcenas le aportó en una larga reunión que mantuvieron, a petición del extesorero del PP hace cinco años. 

Aquella conversación desembocó en un artículo escrito por Ramírez, Cuatro horas con Bárcenas, cuando era director del diario El Mundo. Una información que provocó un auténtico terremoto en el PP y que le costó el puesto en el rotativo.

Al iniciar su comparecencia Pedro J. Ramírez entregó a los miembros de la comisión copia de sus notas manuscritas de aquella conversación. También les repartió dos listados a modo de índice de los asuntos que podía tratar.
El primero incluía trece "episodios" en los que Bárcenas se refirió al papel de Rajoy en relación con la caja B del PP y el segundo ocho "pruebas e indicios" que la familia Bárcenas le transmitió acreditando esa relación.

Entre estas pruebas, se refirió al original de la caja B en el período 1997/1999 con siete "anotaciones de pagos a M. Rajoy". También hizo mención al "tarjetón con resumen de pagos de semestre Mariano" con una cifra exacta: 12.620 euros. El extesorero del PP registró 15 apuntes semestrales relacionados con el hoy presidente del Gobierno de esa cantidad.

Además, Pedro J. Ramírez hizo referencia a los SMS que Rajoy intercambió con el extesorero y con su mujer, Rosalía Iglesias, entre 2011 y 2013. El último mensaje de la discordia, el de "Luis sé fuerte. Mañana hablamos" fue enviado desde el teléfono personal del presidente dos días después de que los medios de comunicación publicaran que el tesorero tenía una cuenta en Suiza.

En el listado también queda reflejado el "trato personal frecuente, como el 50 cumpleaños de Ana Mato", entre Rajoy y los Bárcenas. El director de EL ESPAÑOL explicó en el Congreso que Bárcenas, Rajoy y otros compañeros como la exministra de Sanidad se trataban como "si fueran una familia".

La mujer de Bárcenas, presente en reuniones

En su comparecencia, Ramírez también apuntó como una prueba de la relación de los Bárcenas con Rajoy la "presencia de Rosalía en la reunión de marzo de 2010". La esposa del extesorero le acompañó a la cita con Rajoy y Javier Arenas en la que se pactó que Bárcenas seguiría cobrando un sueldo superior a los 20.000 euros mensuales del PP. Esa fue la célebre "indemnización en diferido" que todavía se le recuerda a María Dolores de Cospedal.

Además, Ramírez aseguró en sede parlamentaria que fue Rajoy quien hizo personalmente una gestión para que Rosalía Iglesias "entrara por el garaje" cuando fue a declarar a la Audiencia Nacional como investigada.

También mencionó la "nómina de mayo de 2012" de Bárcenas, "cuando ya no estaba en el partido". Un documento que demuestra que el extesorero seguía unido al PP con un contrato laboral y que en realidad nunca hubo una indemnización en diferido. Las referencias a "discos duros, agendas y grabaciones" que el extesorero tenía en la madrileña calle Génova también son otra prueba que liga directamente a Mariano Rajoy con la financiación ilegal de su partido.

"Pagos trimestrales o semestrales"

Previamente, en su exposición ante la comisión que investiga la financiación ilegal del PP, el director de EL ESPAÑOL se había referido a los 13 episodios en los que Luis Bárcenas mencionó directamente al presidente del Gobierno.

El primero, la reunión en su despacho sobre el pago de la "comisión de Arganda". El segundo, los "pagos trimestrales o semestrales" que Rajoy recibió en negro de su partido "como ministro, secretario general o presidente". El tercero, el hecho de que los sobresueldos se pagaban en los "ministerios acompañados por cajas de puros". Ramírez relató que el anterior tesorero, Álvaro Lapuerta, siempre acercaba el dinero negro a quienes lo recibían con algún detalle que les gustara. En el caso de Rajoy, amante de los puros, el dinero iba acompañado de cajas "de Conde de Montecristo".

El cuarto episodio descrito por el director de EL ESPAÑOL fue "los pagos de trajes" confeccionados por el sastre de Bárcenas "y por el de Juan Costa", quien fuera diputado por Castellón. Ramírez también describió el "intento de chantaje" de Lapuerta a Rajoy "para incluir en las listas a Carmen Rodríguez Flores" y la reunión en la sede del partido "para pactar los términos de su continuidad".

Donaciones de empresarios

Además, Ramírez recordó en el Congreso un encontronazo con Cospedal que el propio Bárcenas le relató con una cita textual a la secretaria general. "Le dijo: esta conversación no la tengo que tener contigo. Yo dependo del presidente"

El octavo episodio que destacó Ramírez de su conversación con Bárcenas es el relato de que el presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir donó 300.000 euros antes de las elecciones de 2011 y que Rajoy conocía dicha aportación porque el propio Villar Mir "tenía mucho interés en que Rajoy lo supiera".

Otro episodio significativo que vincula a Rajoy con la caja b es la reunión en diciembre de 2012 que mantuvo Bárcenas en Moncloa con Cospedal y Arenas para ver cómo se desvinculaba del partido.

También destacó los "contactos vía SMS" que el presidente mantuvo con el extesorero hasta días después de que se conociese su cuenta en Suiza. De hecho, Ramírez reconoció que le pareció "muy frustrante" comprobar cómo el Grupo Parlamentario Popular aplaudió a su presidente cuando éste reconoció en su intervención en el Senado el 1 de agosto de 2013 que se equivocó con Bárcenas. 

"Un error puede ser perdonable pero nunca motivo de elogio".

Ramírez también recogió el "falso desmentido" que hizo Bárcenas como un "acto de lealtad a Rajoy" y la petición de "cambiar a los fiscales del caso". El último acontecimiento que destacó el director de EL ESPAÑOL ante sus señorías fue la reflexión de Bárcenas "sobre la conveniencia de hacer caer o no al gobierno de Rajoy".              (Declaración de Pedro J. Ramírez, El Español, 23/01/18)

16.2.18

El vídeo que ya han visto más de tres millones de personas: “Así cambia a su antojo el PP los jueces de la Gürtel”

"Javier Ruiz, periodista y presentador del programa Las Mañanas de Cuatro dedicó, el pasado 29 de noviembre, un momento del espacio televisivo para analizar los movimientos judiciales en el caso Gürtel

Ahora, más de tres millones de personas han visto el vídeo gracias a Spanish Revolution, que ha conseguido viralizarlo publicándolo este lunes en su cuenta de facebook, que siguen más de un millón y medio de personas.

En el vídeo se hace alusión a la sustitución de los jueces Julio de Diego y Ángel Hurtado (el hombre que decidió llamar a declarar como testigo a Mariano Rajoy) del caso por Juan Pablo González, miembro del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008 a propuesta del PP y que participó, junto a un imputado de la trama Gürtel, en cursos de FAES

¿Y quién cambió las normas de reparto? No es otra que Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que fue recusada del caso Gürtel por su afinidad con el Partido Popular y que, curiosamente, al final fue ascendida. No está de más recordar que estos cambios fueron, además, avalados por el Consejo General del Poder Judicial."    (Tremending topic, 14/02/18)

15.2.18

30 oficiales de la Armada de EE UU, acusados de dejarse corromper con sobornos, prostitutas y Dom Pérignon

"El Gordo Leonard tenía un olfato mágico. Un don especial para corromper todo lo que tocaba. Con 180 kilos de peso y una sed de oro insaciable, Leonard Glenn Francis, de 53 años, logró crear un pequeño imperio empresarial hundiendo en el fango a la mismísima Armada de Estados Unidos. 

Desde 2006 a 2013 recibió información secreta de alto nivel y contratos militares gracias a una vertiginosa concatenación de bacanales que él personalmente organizaba para los orgullosos oficiales de la Navy. Carruseles de prostitutas asiáticas, cenas de 50.000 dólares en suites de hoteles de máximo lujo, sobornos en efectivo de 120.000 dólares, relojes Ulysee Nardin de 25.000, botellas de coñac de 2.000, cajas de cohíbas… Incansable, las prácticas de El Gordo Leonard, como le llamaban los marinos, han derivado en el mayor escándalo de la historia de la fuerza naval estadounidense: 30 oficiales y marinos han sido acusados y 60 almirantes investigados (2 de ellos imputados y 6 sancionados).

El sumario, cuyos detalles ha revelado ahora The Washington Post, muestra el asombroso cóctel de sexo y basura del que se sirvió Glenn para su negocio. La trama era sencilla. Su compañía, radicada en Singapur, se dedicaba a la logística y su objetivo era prestar servicio a la Navy. Para ello, nada mejor que conocer sus rutas y necesidades. Y también a su puente de mando.

La infiltración tuvo como blanco preferente el USS Blue Ridge. De 190 metros de eslora, es el buque insignia de la VII Flota. Controla las operaciones en Asia y el Pacífico oriental. 70 barcos y submarinos, 300 aviones y 40.000 efectivos. La mayor fuerza naval de EEUU. Un inmenso negocio.

En un primer paso, Glenn cultivó la amistad de un puñado de oficiales con los que trataba habitualmente como proveedor. Hombre conocido por su buen humor y sus maneras fáciles, no tardó en hallarles el punto débil. Y a partir de ahí fue extendiendo la telaraña.

Solo para los oficiales del Blue Ridge, la fiscalía ha descubierto que organizó 45 orgías y gastó más de un millón de dólares en comidas, licores, cohíbas, entradas a conciertos y trajes a medida. La confianza era tal, que cuando el buque insignia llegaba a puerto, ahí les esperaba Glenn con su limusina y el Dom Pérignon. Lo que venía después era pura adrenalina.

Las juergas, siempre según el sumario, podían durar dos días y se celebraban en hoteles de cinco estrellas, como el Shangri-La, de Hong Kong, o el histórico Manila, en la capital de Filipinas, donde se alojó en los años treinta el general Douglas MacArthur. “Aquello era una locura, no parábamos de beber”, ha declarado un comandante.

El primer acto consistía en una cena o comida en los mejores restaurantes. Luego, apartaba a los marinos de las miradas indiscretas y se los llevaba a otro escenario. Podía ser la suite presidencial o el helipuerto del hotel. Entraban entonces en acción lo que Glenn llamaba sus “cuerpos de operaciones especiales”. Cuadrillas de prostitutas y strippers de China, Indonesia, Rusia, Mongolia o Filipinas que acudían por oleadas. Era lo que llamaban el carrusel.

Había pocos límites. Y la degradación del puente de mando del USS Blue Ridge fue en aumento. Algunos oficiales no tenían recato en pedirle dinero prestado para sus deudas, y otros se volvieron prácticamente sus espías. Le facilitaban los movimientos de la VII Flota, le concedían contratas de repostaje, reparación y suministro, cambiaban los itinerarios para atracar en los puertos donde él ofrecía servicio y hasta le avisaban de la presencia de inspectores.

Tal era la fama de sus fiestas que entre los marinos se le pasó a conocer como Leonard La Leyenda. Pero la gangrena no pasó inadvertida. La frecuencia con que la VII Flota facturaba a su compañía empezó a levantar sospechas. En 2010 se abrió una investigación secreta y tres años después la fiscalía le capturó en San Diego. No tardó en confesar. Ahora, está a la espera de juicio y se enfrenta a 25 años de cárcel. Entre los marinos, aunque 20 de los 30 imputados se han declarado culpables, las sospechas siguen sin apagarse. Hubo demasiada corrupción durante demasiado tiempo."            (J. M. Ahrens, El País, 02/02/18)

12.2.18

Villar Mir, el constructor favorito del PP en Madrid

"Si se superponen todos los casos de corrupción que afectan al Partido Popular (PP) en Madrid siempre aparece el nombre de un constructor y el de su yerno, destacados representantes de la jet-set empresarial de la capital que supieron granjearse sin distingos el favor de Ignacio González y de Francisco Granados, las manos derecha e izquierda de Esperanza Aguirre, sin dejar por ello de aparecer en el listado top de suministradores de donaciones opacas al PP nacional que acababan en la caja B que dirigía Álvaro Lapuerta y administraba, de su puño y letra, el exgerente Luis Bárcenas.


Javier López Madrid fue compañero de viaje del rey Felipe en Davos durante la última reunión del Foro Económico Mundial y es compiyogui de la reina Letizia

Juan Miguel Villar Mir –fundador de la constructora OHL hasta que renunció a la presidencia el 21 de junio de 2016– y su yerno, Javier López Madrid –consejero de la compañía hasta el pasado 9 de mayo, compañero de viaje del rey Felipe VI en Davos durante la última reunión del Foro Económico Mundial y compiyogui de la reina Letizia en sus ratos de asueto–, tienen desde la semana pasada otra cosa en común con González y Granados: todos están imputados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por integrar presuntamente una organización criminal que se habría dedicado al reparto de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

Los sumarios en los que se investiga la caja B de Génova y las tramas de corrupción que tejieron Granados y González mientras se repartían los negocios del Gobierno madrileño ponen de manifiesto el triángulo de relaciones que sus protagonistas mantenían con Villar Mir y su protegido.

 De hecho, de las empresas que aparecían como donantes del PP en los papeles de Bárcenas, OHL fue la más beneficiada entre los años 2002 y 2009, periodo en el que se adjudicó un total de 619 obras públicas por valor de 7.758,21 millones de euros, de las cuales 215 concesiones (por 4.652,66 millones) fueron otorgadas por gobiernos del PP, según un informe que la UDEF entregó al juez Ruz en 2013.

Granados, según el sumario del caso Púnica, pasó varias vacaciones navegando con su mujer y sus dos hijas en el yate de López Madrid y, según un informe de la UCO fechado en abril de 2016, “nunca realizó transferencia alguna durante todo el tiempo que utilizó la embarcación”. 

La imputación de Villar Mir y López Madrid en el caso Púnica responde a la estrategia de colaboración que desde hace meses viene poniendo en práctica el arrepentido David Marjaliza, que a mediados de enero depositó en la Audiencia Nacional una serie de facturas que demostrarían el reparto de 3,6 millones de euros que se habrían llevado, a partes iguales, él, el yernísimo y el propio Francisco Granados. 

Las mordidas responderían supuestamente al amaño en el año 2004, cuando el político de Valdemoro era consejero de Transportes e Infraestructuras del Gobierno madrileño que llevó a cabo la ampliación del Metro más ambiciosa de toda su historia, de las adjudicaciones para construir el Metro Ligero a Boadilla del Monte, el tramo B-1 del Metro Norte y la conexión entre el Metro Sur y la línea 10. 

La simbiosis de López Madrid con la trama Púnica era tal que el informático de la red, Alejandro de Pedro, le llegó a recomendar que destruyera su móvil cuando la dermatóloga Elisa Pinto se querelló contra él por acoso, lo que motivó la apertura de un procedimiento que se archivó y volvió a abrirse en mayo pasado.

Pero los nombres del suegro y del yerno, siempre asociados al del exconsejero delegado de la empresa pública Mintra, Jesús Trabada, también se repiten en el sumario del caso Lezo, en el que todos están imputados por el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González por la adjudicación de la construcción del tren a Navalcarnero, que nunca llegó a ejecutarse y por el que OHL reclama 370 millones a la Comunidad de Madrid.

En la agenda de López Madrid, que fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros en abril pasado, se encontró una anotación manuscrita que decía “Jesús Trabada, Mintra, Nacho”. El pago se habría hecho desde la filial mexicana de OHL hasta una cuenta en Suiza de la que era titular el empresario Adrián de la Joya, que aseguró en su declaración ante el juez que se negó a pagar a políticos y se quedó el dinero por otros trabajos de intermediación que le debía la constructora.

En una de las escuchas del caso Lezo, Ignacio González confiaba al exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro que López Madrid le contó cómo su suegro daba dinero al extesorero Lapuerta. La defensa del exdirectivo de OHL niega esa afirmación y asegura que el expresidente madrileño realizó esa imputación sabedor de que en su despacho la UCO había colocado un micrófono de ambiente. 

En todo caso, Villar Mir también aparece en la tercera pata de la corrupción del PP en Madrid, al ser uno de los donantes que anotó Bárcenas en los cuadrantes con los que controlaba la contabilidad B de la formación. Según sus papeles, el empresario, que también está imputado en este procedimiento después de la reapertura de la causa a raíz de la confesión a medias que Francisco Correa hizo en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel, aportó a las arcas del PP nacional un total de 530.000 euros en los años 2004, 2006 y 2008.

Como pago a los favores que todos se debían, González, según los pinchazos del caso Lezo, colocó a López Madrid como consejero en Caja Madrid, entidad que le suministró una tarjeta black opaca a la Hacienda pública en la que el compañero de yoga de la reina Letizia cargó 35.988 euros. 

Por ese puesto en el Consejo de Administración de la entidad financiera, el directivo ya tiene una condena de seis meses de cárcel que será revisada en breve por el Tribunal Supremo, y se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel en el juicio por la fusión y salida a Bolsa de Bankia. 

En diciembre pasado, cuando el fiscal del caso de la caja B, Antonio Romeral, le preguntó por ese supuesto enchufe, López Madrid aportó una respuesta que más bien parecía un lamento: “Maldita la hora que entré, sólo perdimos 21 millones de euros y llevo dos juicios, está fenomenal (…) Si el señor González tuvo algo que ver en eso, no lo sé, pero ojalá no me hubieran invitado por los empresarios y ojalá yo hubiera dicho que no”."                    (Alfonso Pérez Medina, 05/02/18)

9.2.18

El juez de Púnica imputa a Villar Mir por la caja b del PP de Esperanza Aguirre

"El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, ha dictado este jueves un auto por el que cita a declarar como imputado en el caso Púnica de corrupción al empresario Juan Miguel Villar Mir. 

El magistrado justifica su decisión en la vinculación que ha destapado la investigación de la Guardia Civil entre las supuestas donaciones irregulares realizadas por el grupo constructor que presidía Villar Mir a la caja b del PP de Madrid —y que aparecían recogidas en la agenda manuscrita del cabecilla de la trama, Francisco Granados— y la adjudicación irregular de obras por parte de la empresa pública Arpegio a sus empresas.




En el auto, el magistrado imputa a otras cinco personas por estos hechos y por otros amaños también relacionados con la presunta financiación irregular de los populares madrileños en la etapa de Esperanza Aguirre. Entre ellos, al que fuera consejero delegado de la empresa pública Mintra —ya extinguida—, Jesús Miguel Trabada. Villar Mir deberá comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 6 de febrero. Ese mismo día, también declarará como imputado su yerno, Javier López Madrid, ya imputado en la causa.

El nuevo escrito del juez detalla los últimos avances de la investigación tras la declaración que el pasado 17 de enero hizo el constructor David Marjaliza, cabecilla de la trama y que desde junio de 2015 colabora con la Justicia. En aquella comparecencia, Marjaliza aportó a la causa documentación contable y facturas que revelaban el supuesto amaño de tres obras del Metro de Madrid que permitieron a él, a López Madrid y a Granados repartirse una comisión de 3,6 millones de euros mientras este último era el consejero de Transportes del ejecutivo regional de Aguirre. 

El magistrado refleja en su escrito que esa información ha sido corroborada por nuevos datos recopilados recientemente, entre ellos diversos correos electrónicos que ahora han permitido también imputar a varios directivos de empresas que declararán por estos mismos hechos en los próximos días.

García-Castellón detalla además las pesquisas sobre la construcción de otros tramos del Metro de Madrid que han destapado presuntas irregularidades en el encargo de las fiestas de inauguración a la empresa Waiter Music, responsable de organizar también numerosos actos electorales del PP de Madrid en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2011 y en las generales de 2008. El auto destaca que la adjudicación de estos contratos se hizo de orden de Granados, pese a que este ya no se encontraba al frente de la Consejería de Transporte.

Finalmente, el juez apunta al amaño de adjudicaciones de la empresa pública del suelo Arpegio en favor de la sociedad Elsan, perteneciente al Grupo Villar Mir. El auto explica que en enero de 2011, Javier López Madrid intercambió correos con otro ejecutivo de OHL y con Ignacio Palacios, mano derecha de Granados durante todos los años de su carrera política, para conseguir que las constructoras del ahora imputado Juan Miguel Villar Mir recibieran contratos de modo irregular de la Comunidad de Madrid. 

Es en este punto en el que el magistrado detalla que la investigación sobre la agenda que se intervino a Granados cuando fue arrestado en octubre de 2014 ha permitido identificar al Grupo Villar Mir "como presunto donante del PP de la Comunidad de Madrid". 

Por todo ello, fija para los próximos días 6 y 13 de febrero la declaración como imputado de seis nuevos investigados y vuelve a llamar a declarar a otros tres personas que ya lo estaban: López Madrid, el propietario de Waiter Music, José Luis Huerta; y uno de los estrechos colaboradores de Granados en la Consejería de Transportes, Edelmiro Galván."           (Ós , , El País, 01/02/18

7.2.18

La corrupción en Convergència i Unió, un verdadero “saco sin fondo”

"Con la lentitud a la que nos tiene acostumbrada la judicatura para casos como estos, finalmente conocíamos hace pocas semanas la sentencia del famoso “caso Palau” .

Diez años después, la Audiencia Barcelona imponía una pena de ocho años y nueve meses, más una multa superior a cuatro millones a Fèlix Millet; mientras que a su mano derecha, Jordi Montull, le esperan 7 años y medio y una multa de casi tres millones y medio. Este proceso, que ha durado más de una década dejaba al descubierto el sistema financiero de la antigua Convergència (CIU), pero lejos de ser una “manzana podrida” reflejaba el interior del cesto entero.

Las investigaciones por el 3% siguen en marcha y ponen de manifiesto la corrupción endémica dentro del partido. Si lo que ha demostrado el caso Palau es que la antigua Convergencia se financiaba a partir de las comisiones que recogía del amaño de los concursos de obras públicas a favor de grandes empresas, resulta evidente que se trata de un sistema que se repetía de forma continúa.

Los últimos datos que presentan las investigaciones es que la financiación irregular no se limitó a los diez años comprendidos entre 1999 y 2009, sino que funcionó hasta hace muy poco entrando ya en la etapa de gobierno de Artur Mas (¡Sorpresa!). Sí, el mismo al que las penas le parecían excesivas... ¿por qué será?

Según las últimas informaciones entre 2008 y 2013, las mordidas ascendieron hasta más de un millón de euros. Entre esos años distintas empresas realizaron ostentosas donaciones a fundaciones relacionadas con el partido entre las que se encuentran Fundació Fórum de Barcelona, CatDem y Fundació Privada Òmnium. Además de otros sobornos para los principales representantes del partido. Es el caso de Rosell, antiguo director de Infrastructures.cat, que fue invitado en varias ocasiones por la empresa Oproler al palco del Santiago Bernabeu para ver partidos de fútbol.

Evidentemente esta empresa después ganó varias adjudicaciones, como no podía ser de otra forma. Este mecanismo se repetía continuamente y en la larga lista de políticos que hacían negocio con las adjudicaciones de obras públicas encontramos múltiples cargos del partido, ya fuese de la Generalitat como del Ayuntamiento, incluyendo el periodo en el que estaba presidido por el convergente Xavier Trias.

Hoy muchos de estos políticos corruptos, que se llenaban los bolsillos con triquiñuelas mientras aplicaban sin ningún reparo planes de ajuste y recortes que han condenado a la clase trabajadora y los sectores populares a una vida de pobreza y precariedad, siguen formando parte del aparato político de la mano del PDeCat, es decir, forman parte del ADN de un partido que se ha construido con la única finalidad de limpiarle la cara a la antigua CDC, salpicada de casos de corrupción y rodeada por amplio movimiento democrático del que tenía como objetivo ponerse al mando para acabar conduciéndolo a una derrota anticipada.

Ayer era la antigua CiU, hoy es el PDeCat. Pero ambos forman parte de de la dirigencia política de un régimen del que la corrupción lejos de ser la excepción, es la única norma. Unos y otros, junto al Partido Popular y PSOE son la evidencia de una forma de gobernar al servicio de las grandes empresas. Para acabar con esto, es necesario acabar con todos los privilegios de esta “casta política” que saquea las arcas públicas para su propio beneficio.

Casos de corrupción como este son la evidencia de es necesario que los cargos políticos cobren lo mismo que una maestra y que sus cargos sean revocables por los propios electores en cualquier momento."                  (Izquierda diario, Marta Clar, 29/01/18)

6.2.18

El último juicio de Gürtel hace aflorar más sobres con dinero negro en el PP

"Ricardo Costa acudió al despacho de Victor Campos un día del año 2006. El numero 2 del PP valenciano vio entonces cómo el vicepresidente de la Comunitat Valenciana le mostraba unos sobres con dinero en efectivo procedente de empresarios, que los habían entregado por orden del propio Francisco Camps. Ese ha sido el demoledor relato de Costa durante su declaración de este miércoles, en la que ha resucitado la imagen de los sobres con dinero negro que persigue al PP desde la publicación de los papeles de Bárcenas.

Costa, exsecretario general del PPCV, ha explicado durante varias horas cómo funcionaba la caja B del PP valenciano. Ha detallado, por ejemplo, que su partido tuvo que costear con este sistema los mítines que se organizaron en Valencia en 2007 y 2008, que tuvieron a Mariano Rajoy como protagonista en plena carrera hacia La Moncloa.


Los sobres entraban y salían. Llegaban de manos de los empresarios y se entregaban a los cabecillas de la Gürtel en pago por la organización de actos de campaña. El propio Costa ha reconocido que él mismo entregó a Pablo Crespo más de medio millón de euros en mano, poco antes de pedir perdón "a todos los ciudadanos" y a los valencianos "en especial" por todo lo que acababa de contar.

El relato del antiguo lugarteniente de Costa ha recuperado la imagen de los sobres en B que tanto daño ha hecho al PP y le ha convertido en el segundo dirigente del partido en reconocer las prácticas de financiación ilegal. Luis Bárcenas confesó ante el juez Pablo Ruz durante la instrucción de la caja B, reconoció que llevaba una "contabilidad extracontable" en el juicio de Gürtel y hasta admitió en el Congreso los detalles escabrosos de las entregas de dinero a Rajoy.

"Es mi mano la que entrega el sobre"

"Rajoy recibía un sobre que le entregaba directamente don Álvaro Lapuerta en su despacho", dijo el extesorero del PP poco después de salir de prisión. Como el presidente del partido, todos los secretario generales recibían ese complemento no declarado en un sobre, de forma periódica y gracias a una contabilidad B engordada con aportaciones de empresarios. De esa tradición también se benefició María Dolores de Cospedal, contó Bárcenas: "Es mi mano la que entrega el sobre a la señora De Cospedal".

Desde entonces, la imagen del sobre se ha convertido en una pesadilla para el PP. La oposición la ha usado pare recordarle su financiación ilegal de forma constante, se exhibe en manifestaciones contra la corrupción y hasta se han topado con ella por la calle. En marzo de 2013, un buzón de correos apareció  pintado de azul con el logo de PP y una sede regional en Valladolid amaneció con un sobre gigante pintado en su fachada.  Multitud de viñetas y memes han jugado con esa imagen durante los últimos años.

Durante estos años de investigaciones judiciales, la caja B se ha ido acreditando hasta el punto de que los dirigentes del PP han perdido fuerza en su negación y se ha centrado en alegar desconocimiento. El juez Ruz la dio por acreditada en la pieza de los papeles de Bárcenas y Anticorrupción ha insistido en ello durante el juicio a la primera época de Gürtel.

De hecho, la Fiscalía logró que el propio Bárcenas admitiese el uso de ese sistema de financiación durante su declaración. Admitió que llevó con Álvaro Lapuerta  "una contabilidad extracontable del PP" y explicó que sus anotaciones recogían "determinados donativos", en los que se reflejaba "quién entregaba las cantidades y el uso que se hacía de ellas".

Una caja B en cada provincia

En su comparecencia en el Congreso, hace unos meses, Bárcenas resucitó un viejo pasaje para recordar que Rajoy se llevaba parte del dinero negro, en ocasiones entregados en una caja de puros que le subía al despacho el propio Lapuerta.

Costa ha contado durante su declaración que hizo partícipe a Bárcenas de los métodos de financiación ilegal. Mantuvo con él una reunión en la sede de Génova, en la que el excesorero respondió alarmado ante lo que le estaba contando. Era una práctica "prohibida en el PP" que podría derivar en un caso "Filesa 2", en referencia al proceso al que se enfrentó el PSOE.

Sin embargo, el propio Bárcenas admitió años después, ya tras unos meses en prisión y ante el juez Ruz, que el PP tenía una caja B "en todas las provincias y regiones", y también a nivel municipal. La investigación de Púnica ha confirmado este extremo al menos en Madrid, donde cada nueva revelación destapa una nueva vía de financiación ilegal del partido de Esperanza Aguirre.

Las últimas declaraciones de David Marjaliza, encargado de desentrañar junto a los agentes de la UCO la agenda de Francisco Granados con los movimientos de esa caja B, ha recuperado también la imagen de los sobres. Explicó hace unos días que cada vez que Granados se llevaba una mordida, exigía que fuese en efectivo y en sobres.

Rajoy insiste en que no sabía nada

La declaración de Costa ha seguido a las que ya hicieron Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez confirmando la financiación en negro del PP valenciano. Esas revelaciones han encontrado en Rajoy la misma respuesta de siempre: "No lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho". En una entrevista este miércoles ha insistido en que se atiene a lo que digan los tribunales.

También ha tenido algunas palabras para Camps, el gran señalado en este proceso, al que solo se enfrentará como testigo. "Ha salido absuelto siempre. No sé si tiene sentido estar revisando lo que hizo una persona que ya no está en la política", ha afirmado sobre el expresident valenciano que puso el aparato del partido a su servicio para que ganase el Congreso del PP en 2008. Rajoy ha dicho desconocer si continúa afiliado al partido.

Camps, por su parte, ha respondido a las acusaciones de Costa asegurando que no dio "ninguna orden para que se cometiera ninguna ilegalidad". Su turno en este juicio llegará previsiblemente en marzo, cuando se sentará ante el juez en calidad de testigo, después de que los principales acusados le hayan responsabilizado de la financiación ilegal del PP de Valencia."           (Marcos Pinheiro, eldiario.es, 24/01/18)

5.2.18

El Castor o la vergüenza del régimen

"La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la indemnización que recibió ACS por la hibernación del almacén subterráneo pone de manifiesto cómo se toman las decisiones en un Estado como el español.

 Este proyecto tenía como objeto el almacenamiento de gas y se situaba frente a las costas de Tarragona y Castellón y fue inicialmente aprobado por el gobierno de Zapatero en un alarde visión de futuro. Todo formaba parte de una estrategia de garantía de suministro de gas en caso de desabastecimiento externo que se ha demostrado como errónea y muy cara, como siempre, para los consumidores. 

Las veleidades de los grandes grupos energéticos alrededor del poder, independientemente  de quien gobierne, casi siempre recaen sobre el eslabón más débil de la cadena, es decir los súbditos que conformamos el Estado moderno.

 Tres de esos proyectos se han paralizado en los últimos dos años: Castor (en el Golfo de Valencia), Marismas (en Huelva) y la ampliación de Gaviota (frente a la costa de Bizkaia).

 La planificación vigente preveía que el volumen operativo en almacenamientos subterráneos aumentara un 238% en 2016, un objetivo que no se ha cumplido y demuestra la falta de pericia y conocimiento de quienes pensaron en esta fórmula tan dolosa para los consumidores y tan golosa para las grandes corporaciones, que siempre pagan muy bien este tipo de experimentos con las cobayas nacionales.

 El fiasco más notable ha sido el de Castor. La secuencia de seísmos, primero ignorados y luego minimizados por los responsables políticos, provocaron la paralización de los trabajos por parte de Escal UGS, controlada por ACS, quien era la concesionaria de la explotación.

 El Gobierno de Zapatero introdujo una cláusula de salvaguardia de la inversión para que estas pobres empresas no sufrieran ningún quebranto y no incurrieran en pérdidas, importando muy poco si la salud peligraba o si el coste final para el consumidor era tan elevado, como así ha sido finalmente. 

Esta cláusula se fijó, ahora parece que de forma arbitraria según el Constitucional, en 1.350 millones. Del mantenimiento de las instalaciones, que permanecen en estado de hibernación, se encarga ahora Enagás. La Fiscalía de Castellón, tras analizar el caso, ha decidido denunciar a la cúpula de Escal UGS y a los responsables de la tramitación ambiental del proyecto de los ministerios de Medio Ambiente e Industria, aunque todavía no hay sentencia sobre ello.   

Pero lo más grave fue que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la concesionaria de Castor. Dos años antes el Observatorio del Ebro, un instituto de investigación, había alertado de la actividad sísmica que podía generar un proyecto de la magnitud del Castor, el mayor almacenamiento subterráneo de gas de España.  

 Como suele hacerse en estos casos, el proyecto se financió con una emisión de deuda (bonos) de 1.400 millones respaldada Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una línea de tesorería de 200 millones de euros. Gracias a ese apoyo el proyecto consiguió una calificación crediticia más atractiva para los inversores, lo cual dice mucho de la influencia que tiene montar una estructura de este tipo con el apoyo de un Estado miembro, aunque las dudas sobre su viabilidad técnica y sus riesgos sobre la población sean ignorados por políticos y empresarios, cuya única hoja de ruta es la cuenta de resultados.

 Una vez el proyecto se suspendió, la concesionaria, tendrá que devolver la suma de la indemnización a los bonistas que financiaron el proyecto. ACS ya aseguraba en su informe de gestión de 2013, depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Escal tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento” y que por tanto el valor de la inversión es totalmente recuperable. 

Esta clausula, que fue recurrida por el Abogado del Estado por ser lesiva para el interés general, fue avalada por el Tribunal Supremo, para respiro del gobierno de Zapatero.  Por suerte, en la nueva Ley de Evaluación Ambiental, se incluye el riesgo sísmico como variable a tener en cuenta para la concesión de permisos y licencias de este  tipo.

 Después de toda esta chapuza legislativa, con gran dolo para el Estado que tanto quieren y protegen los diputados mal llamados constitucionalistas, ahora el alto Tribunal en la sentencia dictada cuestiona el mecanismo de pago, el cálculo de la cuantía y la urgencia del desembolso. 

No hay que olvidar que el dinero que el Estado pagó de forma inmediata a la concesionaria, 1350 mill€, fue a parar a los bonistas (entre ellos el BEI), como bien apuntaba ya la empresa de Florentino en 2013. Siempre hay que preservar los derechos de accionistas y bonistas porque si no, no hay flujos de capital hacia este tipo de inversiones.

 La fórmula legislativa elegida no parece que fuera la correcta, como tampoco lo fue la urgencia (35 días), ni por supuesto la cuantía fijada, pero eso ahora ya no importa, porque el daño ya está hecho, y todos los españoles hemos sufragado el pago a los pobres bonistas que recibieron su inversión. 

Ahora comenzará un proceso larguísimo de litigios entre las partes,  sin que exista ninguna garantía que algún día los consumidores españoles puedan recuperar una cantidad muy respetable que se han embolsado los inversores y la empresa concesionaria, gracias a una cláusula que alguien del entorno de Zapatero introdujo y que un tribunal ha avalado, obviando el dolo para el interés general.

 En suma, ya tenemos el círculo vicioso perfecto. Empresas del régimen oligopolístico proponen un negocio al gobierno de turno, asegurándose de que se hace la vista gorda con los riesgos para su explotación, como así fue en el caso del Castor.

 Para llevarlo a cabo, se incluyen cláusulas de salvaguardia por si los resultados son negativos o generan una alarma social, como ocurrió con los seísmos en la zona. Una vez se suspende el proceso, cobran de forma inmediata para no espantar a los inversores futuros y la broma la acaban pagando los tontos de los consumidores.

 El círculo se cierra votando a los mismos que nos han sacado de la cartera los 1350 mill€. Y por supuesto, siempre hay jueces que son cooperadores necesarios para evitar que prime el interés general, frente a las grandes multinacionales. 

Y ahora el Constitucional, para disimular, apela a un defecto de forma (como la amnistía fiscal, por ejemplo) y recuerda al ejecutivo que hay que cuidar las formas y no pagar tan rápido. Pero de devolver el dinero nada, que si no Florentino Pérez se enfada y entonces dejará de regar con palcos y catering a los que supuestamente defienden a los trabajadores y la oposición política de la villa y corte. "         (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 25/12/17)