20.2.17

Rodrigo Rató defraudó 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015

"La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria de 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.

Según el informe final de más de 600 páginas remitido por la ONIF al juzgado de instrucción número 31 de Madrid , Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 a 2015, período en el que habría defraudado hasta 6,8 millones.

No obstante, si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009 y fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos 5,4 millones de euros, con cantidades superiores a los 120.000 euros que se consideran delito fiscal en todos los años.

El e ministro de Economía y Hacienda, cuya fortuna está siendo investigada desde hace dos años, habría cometido el fraude mediante "ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles".

El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.

El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015, cuando la ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho particular, la incautación de documentación y su detención televisada.

La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo de dinero tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000 contribuyentes. "              (La Voz Libre, 08/02/17)

17.2.17

“Hay una colusión entre empresas para un propósito criminal, el fraude fiscal”

"(...) Una de las personas que más se ha dedicado a denunciar cómo las empresas transnacionales, los tratados comerciales —llamados habitualmente de “libre comercio”, aunque no tengan nada de libre intercambio entre partes iguales—, los acuerdos de inversión, los mecanismos de arbitraje inversor-Estado y los paraísos fiscales impiden avanzar hacia un sistema internacional más democrático y equitativo es Alfred Maurice de Zayas. 

Abogado, escritor, historiador y experto en el campo de los derechos humanos, Zayas es profesor visitante en varias universidades y actualmente compagina la enseñanza de Derecho Internacional con su posición en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

Tuvimos la ocasión de coincidir con Zayas en Ginebra en octubre y, de nuevo, en diciembre en Madrid, con motivo de su participación en un acto en el Congreso de los Diputados para analizar las posibilidades de avanzar hacia la democracia económica a nivel internacional. 

Y nada más sentarnos a conversar sobre la incidencia de sus estudios y de sus intervenciones en múltiples foros y encuentros de Naciones Unidas, así como en diversos parlamentos nacionales y regionales, nos dice: “Mis informes han sido recibidos con respeto por el Consejo de Derechos Humanos y por la Asamblea General de la ONU, pero nada cambia. Facts without consequences”.

¿Eso responde al debilitamiento de las Naciones Unidas en los últimos tiempos?

El momento más crítico fue en 1999, con la política de Bill Clinton en Yugoslavia. Y después en 2003, con la intervención de George W. Bush en Irak. En esos momentos se dejó de lado a Naciones Unidas, se relegó a una organización que no tenía nada que decir. 

Estados Unidos inicia una acción militar contra la integridad territorial de un país soberano, sin la aprobación de la ONU para el uso de la fuerza, y el mundo tolera que eso pase. En esos dos años se declaró, básicamente, Naciones Unidas como una organización irrelevante.

Los Estados siguen creando problemas porque no se ajustan a sus obligaciones internacionales. Y esto es, desde luego, debido a la impunidad inherente al sistema. No se ha previsto cómo obligar a los “grandes” a cumplir. En mi primer informe a la Asamblea General abordé el problema de la necesidad de la reforma de las Naciones Unidas y todo el mundo estaba de acuerdo. 

Yo apoyo la propuesta que hizo Kofi Annan de aumentar el número de Estados en el Consejo de Seguridad, de 15 a 25. También tenía toda una serie de propuestas sobre el derecho de veto —en el artículo 27, párrafo 3, de la Carta de Naciones Unidas se dice que las decisiones sustantivas tienen que ser adoptadas por unanimidad de los cinco Estados con presencia permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU—, especialmente para el control de este mecanismo, de forma que un único veto no debería ser suficiente para bloquear una decisión. Porque cuando un Estado usa el veto debería tener el deber de explicarlo ante la Asamblea General para imponerle una cierta obligación moral.

 También puede, poco a poco, definirse cuáles son las precisiones sustantivas que pueden ser sujetas al veto.

¿Qué otros factores impiden una adecuada labor de Naciones Unidas para garantizar los derechos humanos?

Nosotros, lamentablemente, seguimos el paradigma neoliberal y eso fue un grandísimo error. La Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948 es holística, es un documento integrado pero, lamentablemente, en el año 1950, cuando se redactó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ciertos poderes económicos forzaron la separación artificial entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. 

Los primeros, considerados derechos de primera generación, se establecían como importantes; los económicos, sociales y culturales, llamados de segunda generación, se consideraron menos prioritarios. Eso ya perjudica la interrelación, interdependencia y universalidad de los derechos humanos.

Luego inventan el concepto de los derechos de tercera generación, como el derecho al medio ambiente o el derecho a la paz, y eso ya son castillos en el aire, algo que en algún futuro puede realizarse.

Yo querría derrumbar ese sistema artificial y he propuesto a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos un paradigma funcional, basado en el “para qué existen”, empezando por la dignidad humana, que es la fuente de los derechos humanos. 
Los derechos son reglas escritas para realizar la dignidad humana, pero lo crucial no es la codificación de un derecho, sino que funcionalmente tiene que asegurar la dignidad.

¿Para qué se creó la figura del experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo?

En septiembre de 2011 se crea el mandato de experto independiente en una resolución ómnibus [1]. Es como crear una resolución para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos porque me da un mandato universal —que empiezo a ejercer en mayo del año siguiente—: los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, están todos. 

Y no me hacen una invitación específica a estudiar los tratados de “libre comercio” o la libre determinación, sino que me dejan identificar cuáles son los obstáculos para un orden internacional democrático y equitativo, y cuáles son las estrategias pragmáticas para resolver esos problemas.

Y usted dice, entonces, que el actual sistema económico impide un orden internacional democrático y equitativo.

Como experto independiente lo que me interesa es analizar qué cuestiones impactan sobre los derechos humanos. Y hay pocas cosas que impacten más que la economía. En relación a cuáles son las barreras para la protección de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, están los tratados mal llamados de “libre comercio”, junto con los tratados bilaterales de inversión, que no protegen el espacio regulatorio de los Estados.

Según el análisis ontológico del Estado y del capitalismo, el deber del Estado es legislar y regular en el interés público; la ontología del empresario es correr riesgos para generar beneficios. Ese riesgo le pertenece al empresario, el Estado no puede garantizarle al empresario que va a obtener un determinado beneficio, eso es aberrante. Y eso es precisamente lo que han logrado en estos años del liberalismo extremo.

 En los ochenta y los noventa se inventaron los mecanismos de arbitraje entre inversores y Estados, que son inválidos porque van en contra de la ontología del Estado y del propio capitalismo. Es inaceptable que una empresa transnacional como Veolia, por citar un ejemplo, estableciera un pleito internacional a Egipto porque el gobierno decidiera subir el salario mínimo. Un empresario sabe cuáles son los riesgos; algunos son previsibles, entre ellos, los relacionados con los derechos humanos. 

Y sabiendo que los Estados son parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es evidente que van a tener que adoptar medidas de protección del medio ambiente, de la salud y de la educación pública. Así que esto tiene que ser parte de sus previsiones.

¿Qué más puede decir de esos sistemas de arbitraje inversor-Estado?

Si un Estado, que tiene obligaciones de proteger el medio ambiente, tiene la facultad de dar o denegar un permiso de construcción, es evidente que el empresario no tiene derecho per se a que le den el permiso. 

Por eso, no tiene sentido que en Canadá, en Nueva Escocia, Bilcon acuda a un tribunal de arbitraje cuando quiere construir una cantera y se le deniega el permiso. Se saltan toda la jurisdicción nacional, las decisiones democráticas del pueblo de Nueva Escocia y de los expertos que hicieron un estudio de impactos ambientales. 

Y van directamente a los tribunales arbitrales que, como forman parte de un sistema que ignora la ley nacional, consideran que la única legislación que tiene que aplicar es el tratado de comercio, separado del régimen de Derecho Internacional. Y deciden, como positivistas, que es una expropiación de la legítima expectativa de obtener un beneficio, con lo que dicen que el Estado tendría que pagarle 300 millones de dólares a la empresa.

¿Hay en la ONU contrapesos suficientes a estos sistemas de arbitraje?

Hasta ahora, no hay contrapesos. Son problemas de prioridad entre dos regímenes de Derecho y hay que definir cuál de ellos tiene la prioridad. Para mí, es evidente que los derechos humanos prevalecen. Se podrían enviar estos casos a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas, que le permite a la Asamblea General pedir una opinión consultiva sobre cuestiones jurídicas como, por ejemplo, en caso de conflicto qué derecho prevalece.

Si se envía esta cuestión a la Corte Internacional de Justicia, dará la respuesta que yo acabo de dar. Este sistema de arbitraje es contra bonos mores [contra el interés general] porque está cometiendo una injerencia en la ontología del Estado, está obstaculizando el buen funcionamiento del sistema del Derecho Internacional, en particular en la protección de los derechos humanos. 

Por lo tanto, todos estos tratados violan el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el que se prohíben los tratados que van contra el ius cogens[derecho que se debe observar necesariamente, en cuanto sus normas tutelan intereses de carácter público] y contra bonos mores. Lo que haría falta sería reivindicar y refrescar la doctrina que existe en el Derecho Internacional, que ha sido olvidada recientemente porque este ha sido impactado, como todo, por el neoliberalismo.

El Parlamento Europeo, precisamente, rechazó en noviembre una resolución para que se pudiera pedir al Tribunal de Justicia Europeo que examinase si el CETA incumplía la normativa europea.

En mi propio informe al Consejo de Derechos Humanos, en 2015, pedí que la Corte Europea de Luxemburgo se pronunciase sobre la ilegalidad del Tratado Transatlántico de Comercio en Inversiones entre EEUU y la Unión Europea, el TTIP. Considero que los tribunales arbitrales son completamente contrarios al Derecho europeo y no sé hasta qué punto la Corte podría iniciar un caso y pronunciarse. 

Si salen millones de personas europeas a la calle exigiendo que la Corte Europea se pronuncie sobre este aspecto, no es posible que el Parlamento Europeo lo bloquee. Pero hay una intransigencia increíble en este campo, y lo he visto en muchos europarlamentarios. Muchos no quieren escuchar esto y punto. Esto es en sí una traición a su responsabilidad como representantes parlamentarios.

Usted también ha elaborado informes sobre la evasión fiscal.

Mi informe de 2016 a la Asamblea General se centraba en los paraísos fiscales, la evasión fiscal y la responsabilidad de las empresas en el pago de impuestos. Es escandaloso que entre diferentes países haya una competición a ver quién ofrece una mayor exención de impuestos o una muy baja tributación, para así atraer a las empresas.

 La cuestión es que hay una conspiración para defraudar a los Estados en su derecho de imponer impuestos. Y esto es comparable con lo que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tenemos una situación en la que hay una colusión entre empresas para un propósito criminal, que es el fraude fiscal.

Es inconcebible que la comunidad internacional haya conocido la existencia de estos paraísos fiscales y no haya hecho nada para controlarlos. No ha logrado que el traslado ilícito de fondos de un país a otro se frene, no ha bloqueado la posibilidad de trasladar las ganancias de las empresas a compañías ficticias, que se crean en estos puertos de corrupción llamados “paraísos fiscales”.

 Un problema es que el legislador no ha tipificado este crimen de colusión o conspiración de fraude. Porque aquí están implicados los más distinguidos bufetes de abogados, firmas de auditoría y bancos. En mi informe tengo una serie de recomendaciones pragmáticas, hay soluciones pero falta la voluntad política de los gobiernos de poner fin a estos abusos.

En este marco, las empresas transnacionales disfrutan de una gran impunidad cuando violan los derechos humanos ¿Qué se está haciendo en la ONU frente a ello?

En la segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre un instrumento vinculante en relación a los derechos y obligaciones de las empresas transnacionales, se discutió el aspecto penal y hubo propuestas sobre la criminalización de ciertas actividades de las empresas transnacionales. 

Desde luego, es evidente que si hay actividades de las empresas que causan graves daños al medio ambiente, eso puede ser un crimen justiciable ante la Corte Penal Internacional, cuyo artículo 7, párrafo 1k es suficientemente amplio para incluir crímenes de ecocidio, que con frecuencia tienen como consecuencia muertes por problemas de salud. 

Aparte de eso, se ha propuesto que se cree un tribunal especial para las empresas, al que las víctimas puedan presentar sus quejas. El problema con la Corte Internacional de Justicia es que solo pueden presentar casos los Estados, pero si creamos un nuevo tribunal para las empresas, entonces las víctimas podrían tener un recurso y una expectativa de obtener reparación. 

Además, se puede usar como modelo el tribunal que se creó de conformidad con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, es un buen modelo para crear un tribunal de empresas.

¿Cree que al final la ONU aprobará un instrumento vinculante para obligar a las empresas transnacionales a cumplir los derechos humanos?

En la actualidad se están redactando las propuestas sobre este instrumento vinculante y sabemos que no va a haber consenso. En relación al consenso, una de las cosas que más me irritó de las tres reuniones que tuvimos sobre el Derecho Humano a la Paz fue que el presidente del grupo de trabajo, desde el primer día, anunció que él quería una declaración de consenso.

Yo hablé públicamente en aquella reunión y dije que el consenso es imposible, y que es mucho más importante adoptar un texto legal fuerte y completo, que sea votado, que tratar de lograr lo imposible. 

Es mejor tener alguna abstención y algún voto en contra que tener un texto que no dice nada. En mi opinión, el texto que se aprobó recientemente por la Asamblea General retrocede en relación a la resolución sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, adoptado en 1984. Es decir, tenemos una situación de retrogresión de los derechos humanos. 

 No queremos eso con respecto a las empresas. Queremos que haya una definición de sus obligaciones y un mecanismo para que esas obligaciones sean efectivas y un mecanismo de recurso y reparación a las víctimas. Estoy seguro que la vamos a tener, pero probablemente los Estados centrales votarán en contra.

Me gustaría que los medios de comunicación hagan una pregunta cuando estos Estados centrales se nieguen a aprobarlo: si hoy en día la Declaración Universal de los Derechos Humanos tuviese que votarse, ¿qué votarían la Unión Europea y los Estados Unidos? 

Estas potencias han votado sistemáticamente en contra de cualquier resolución sobre el derecho a la paz y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y es que sus acciones, hoy en día, contradicen no sólo los artículos del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino también la misma Declaración Universal."                

 (Entrevista a Alfred Maurice de Zayas / Experto independiente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad. , CTXT,  30/01/17)

15.2.17

Nueve empresarios confirman la financiación ilegal del PP de Camps

"Todos los empresarios imputados por financiar ilegalmente al PP valenciano durante las elecciones municipales y autonómicas del año 2007 y en las generales de 2008 han reconocido los pagos en dinero b a cambio de reducciones de condena. 

Seis nuevos empresarios han seguido los pasos del constructor alicantino Enrique Ortiz y de los industriales Alejandro Pons y José Francisco Beviá y han reconocido ante la Fiscalía Anticorrupción que realizaron abonos bajo cuerda por 1,2 millones a la mercantil Orange Market, del líder de la Gürtel Francisco Correa, que se encargaba de realizar los actos electorales del PP valenciano durante la presidencia de Francisco Camps.

 El partido, al mismo tiempo, desde su caja b valenciana, abonó a Orange Market durante aquellas campañas electorales un total de 2,2 millones, según la investigación.

Para encubrir los pagos —prohibidos por la legislación electoral—, los constructores firmaban con la empresa de Correa contratos presuntamente falsos, "que no tenían una sustantividad real al modo de la contraprestación de servicios". 

Según ha adelantado la Cadena Ser, está previsto que este viernes los empresarios acudan a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para rubricar el acuerdo, con el que esperan una reducción de las penas solicitadas inicialmente y que variaban entre los cuatro y los seis años de cárcel, por delitos electorales y de falsedad documental.

La ley de régimen electoral impide que empresas contratistas de la Administración financien campañas electorales y, en todo caso, el importe máximo que cada persona física o jurídica puede aportar a la cuenta electoral de cada partido político es 6.012 euros.

Según el juez De la Mata, "con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (...) contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". El magistrado recuerda que en ambos casos "tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".

El juez De la Mata abrió el pasado 26 de febrero juicio oral contra cinco altos cargos del PP de Francisco Camps y contra diez empresarios –al décimo, José Enrique Fresquet, solo le acusa el PSOE- por la trama valenciana del caso Gürtel. Ortiz, dueño del 70% del suelo urbanizable de Alicante, se sentará en el banquillo junto con los cabecillas de la trama Gürtel (Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, entre otros), por pagar a la empresa Orange Market actos de campaña del PP que luego se camuflaban supuestamente con facturas falsas."              (El País, 09/02/17)

14.2.17

El Banco Mundial cuantificó en 2004 que el precio mundial de la corrupción superaba cada año el billón de dólares

"La obra de Pere Ríos La factura de la corrupción pública y privada (Editorial RBA) se inicia con los siguientes datos. “El Banco Mundial cuantificó en 2004 que el precio mundial de la corrupción superaba cada año el billón de dólares”, el Fondo Monetario Internacional, en 2016 “calculó que los sobornos pagados en el conjunto de las economías emergentes sumaban entre un billón y medio y dos billones de dólares anuales” y la Comisión Europea, en 2012, “estimó que el impacto de las malas prácticas en las finanzas públicas de los 28 países de la Unión Europea alcanzaba los 120.000 millones de euros anuales”.

 Y la concluye reproduciendo la valoración de un prestigioso profesor universitario: “Una de las causas de la pervivencia de la corrupción es la ausencia de una moral pública y cívica que permita incriminar a los corruptos, así como  la falta de responsabilidad y sensibilidad de la población ante este problema”.

Aquellos datos y esta perspectiva enmarcan el análisis tan fundado como  lúcido de la corrupción que ha hecho el conocido periodista Pere Ríos, de obligada lectura para aproximarse a esa lacerante realidad.
 La obra parte de estudios que han marcado la historia y, en particular, la economía, como La riqueza de las naciones, de Adam Smith, hasta politólogos actuales, especialmente norteamericanos, como Michael Johnston, y especialmente, Acemoglu y Robinson. Y, en el marco europeo, la obra esencial de Mario Caciagli, Clientelismo,corrupción y criminalidad Organizada.
El centro del análisis es “el abuso de poder”, tanto de cargos públicos como de personas relacionadas con ellos, como instrumento de obtención de beneficios ilícitos en perjuicio del erario público y, consecuentemente, de los ciudadanos. Descripción asumida por la Convención de la ONU contra la corrupción de 2003. 

Concepto, que, luego se aplicará también a las empresas. La obra, que consta de cuatro grandes apartados, expone con precisión y claridad la relación entre economía y política, lo que lleva al autor, siguiendo las premisas de los teóricos citados, a afirmar que la corrupción “lleva aparejado un déficit de gobernabilidad y que sus prácticas obstaculizan el desarrollo económico…”,lo que describe con detalle respecto a su incidencia en los países en vías de desarrollo, en los que genera y profundiza la pobreza.

Asimismo, examina ampliamente  los decepcionantes resultados de las formas de “percepción ciudadana” de la corrupción. Entre los muchos datos que examina, presta atención  al Barómetro de Transparencia Internacional (TI) sobre los Estados del G20: un 59 % de los encuestados “opinaron que su Gobierno no estaba actuando adecuadamente para combatir la corrupción”.

 Una expresión de la tolerancia, cuando no la connivencia, de la clase política con cualquier forma de enriquecimiento ilícito. Lo que confirma dos elementos definitorios de la situación que “diversos estudios aseguran que la corrupción es un fenómeno sólidamente arraigado que esconde bajo distintos subterfugios la actividad económica global” (es “un fenómeno escondido bajo la alfombra”) y ello favorece que, según el Banco Mundial, cada año se pagan en el mundo un trillón de dólares en sobornos.

Todo ello conduce, según expone detenidamente el autor, a una corrupción que, en palabras del profesor Soriano es “omnipresente, persistente, abrumadora y oscurantista”. Conductas que revisten formas muy diversas entre las que destaca las que se realizan a través de redes criminales que, a juicio de eminentes economistas,se califican como “corrupción crítica”.

El autor, no podía faltar, dedica un amplio apartado sobre la insuficiente respuesta judicial ante tan graves delitos.Dada la naturaleza y finalidad divulgativa de la obra no analiza las causas por dichos delitos en nuestro país. Pero cuando hace constar “la condescendencia de la judicatura con el poder” no es preciso circunscribirse a nuestros tribunales.

Al inicio de la obra, ya hace constar que ante la quiebra fraudulenta de Enron-con pérdidas de 67.000 millones de dólares- “el escándalo no alcanzó judicialmente a las altas esferas de la administración”. Y, bajo el título de “Justicia corrupta”, el autor describe con exactitud, los modos de influir y condicionar a los jueces y, particularmente, los que operan por medio de interferencias políticas más o menos directas o a través del sistema de nombramientos de los jueces que ocupan un papel más relevante en los tribunales.

Para concluir,es relevante la atención que presta a las ineludibles exigencias que plantea TI: una justicia “firme” ante crímenes tan graves necesita “independencia, transparencia, recursos adecuados y rendición de cuentas”. Y, para que dichos delitos lleguen a conocimiento judicial, es necesario facilitar y, añadiría, proteger a los denunciantes que, lamentablemente, suelen ser los grandes olvidados de la Justicia.

Por último, en esta misma línea, llama la atención, con palabras del citado Profesor Soriano: “la llave del cambio la tiene más el ciudadano que sus políticos”. Porque, en definitiva, soportan el coste económico de la corrupción.

En definitiva, una obra de suma actualidad, documentada y rigurosa. Creo que debe conocerse."             (Carlos Jiménez Villarejo, La Lamentable, 01/02/17)

13.2.17

13 años de cárcel para Correa, Crespo y El Bigotes por la Gürtel de Valencia

"El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo por el amaño de los contratos del pabellón valenciano en Fitur entre 2005 y 2009. 

La sentencia, que se ha conocido esta mañana, dicta pena de prisión de nueve años también para la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, persona de confianza de Francisco Camps. El líder de la trama, Francisco Correa, recibe una pena de trece años de cárcel en total por delitos como cohecho activo, asociación ilícita, tráfico de influencias para propiciar una prevaricación o malversación de caudales públicos.

 Se trata del primer fallo contra la red Gürtel que implica castigo de prisión. Crespo ha sido condenado a trece años y tres meses y Pérez, a doce años y tres meses a la sombra. Los tres cabecilas tendrá que desembolsar caso cuatro millones de euros de multa cada uno y han sido inhabilitados para el desempeño de cargo público o contratación con la Administración Pública durante al menos ocho años.

 En conjunto han sido condenados once de los y trece acusados. Ha quedado absuelta la también exconsellera, Angélica Such, y el técnico de turismo Juan Bover.

Según refleja el fallo, el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. 

Las mercantiles de la trama carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

La sentencia se extiende sobre 558 páginas y concluye que Correa y sus compinches disfrutaron con sus empresas de información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia, señala el fallo del que ha sido ponente el magistrado Juan Climent.

El juicio celebrado en el TSJ valenciano se corresponde con una de las piezas sobre las actividades que desarrolló la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana durante el mandato de Francisco Camps al frente de la Generalitat. 

Durante el juicio, la Fiscalía Anticorrupción consideró probado que la Agencia Valenciana de Turismo adjudicó de forma irregular entre 2005 y 2009 a Orange Market los contratos para la construcción, montaje y desmontaje de su expositor en Fitur, la feria de turismo que se celebra en Madrid.

 La red de Francisco Correa facturó cinco millones de euros con estos contratos. Según la acusación, los obtuvo aprovechando sus relaciones con los responsables del Gobierno autonómico, pese a presentar las ofertas más caras, no tener experiencia y presentar facturas no justificadas o por tareas no realizadas. Los beneficios “ilícitos” derivados de esa facturación doble o por sobrecostes habría ascendido a casi 300.000 euros, una bola extra a los importes recibidos por los propios contratos bajo sospecha de amaño.

 La causa sentó en el banquillo a las dos conselleras de Turismo de Francisco Camps, Milagrosa Martínez (que fue presidenta de las Cortes Valencianas) y Angélica Such. El fiscal pedía para ellas once años de cárcel e inhabilitación para el desempeño de cargo público. La primera estaba acusada de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho, por haber recibido como regalo de la trama un reloj de lujo. 

También fueron procesados Rafael Betoret: ex jefe de gabinete de Turismo, el único que condenado en el conocido como "caso de los trajes”. por sentencia de conformidad; Ana Grau, coordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo; Isaac Vidal, ex jefe del área de Mercados de la Agencia Valenciana de Turismo; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo; y Juan Bover, jefe del servicio de infraestructuras turísticas.

La Fiscalía pedía las mayores penas (trece años) para Correa y sus compinches, Álvaro Pérez (El Bigotes) y Pablo Crespo por un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y asociación ilícita. El tribunal ha compartido plenamente el criterio del Ministerio Público.

La sentencia del TSJ, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Climent, llega casi ocho meses después de haberse celebrado el juicio. El tribunal lo conformaron también la presidenta de la máximo institución judicial valenciana, Pilar de la Oliva, y el juez Antonio Ferrer, ponente de la sentencia que envió a prisión al exconseller Rafael Blasco.

La de Fitur es la única pieza de la red Gürtel que se ha juzgado en Valencia, por la condición de aforadas autonómicas que tenían Milagrosa Martínez y Angélica Such. El resto de presuntas acciones criminales de Correa cometidas en tierras valencianas se han instruido en la Audiencia Nacional. 

Está pendiente de celebrarse juicio en la causa de la financiación ilegal del PP de Francisco Camps durantes las campañas autonómica y municipales de 2007 y las generales de 2008, en la que Mariano Rajoy fue candidato a la Moncloa por segunda vez. Los empresarios que hicieron las donaciones a las empresas de Gürtel para pagar los actos electorales están negociando un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para atenuar sus penas y evitar la prisión."            (El Confidencial, 10/02/17)

9.2.17

Odebrecht, el imperio de los sobornos... se ha llevado por delante a buena parte de la clase política del país y amenaza la estabilidad de una decena de gobiernos latinoamericanos

"Atosigada por acusaciones de corrupción y deudas millonarias, la constructora brasileña Odebrecht ha pasado de ser la número uno de América Latina a estar al borde de la bancarrota en solo dos años. En su caída, esta multinacional que se estudiaba como ejemplo de negocio en Brasil y en el mundo se ha llevado por delante a buena parte de la clase política del país y amenaza la estabilidad de una decena de gobiernos latinoamericanos.

Todo comenzó en 2014, el año en el que facturó su cifra récord, 45.751 millones de dólares, y en el que sus negocios se repartían por 27 países de cuatro continentes. Fue en marzo cuando una investigación de la Policía Federal de Curitiba (ciudad al sur de Brasil) descubrió una operación de financiación ilegal de unas gasolineras llamadas Lava Jato. 

Nadie imaginó que el hilo del dinero llevaría al mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil: la operación Lava Jato, una red de sobornos y desvíos millonarios --que alcanzan los 2.300 millones de dólares-- desde la petrolera estatal Petrobras hacia el bolsillo de políticos de más de una veintena de partidos.

Desde 2003 no ha habido una sola obra o concesión vinculada con Petrobras que no estuviera en las manos del cártel formado por las seis mayores constructoras del país (OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Méndes Júnior, Queiroz Galvão y Odebrecht). Entre ellas se repartían las licitaciones de obra pública y sus correspondientes sobornos a través de contratos sobrefacturados y depósitos en paraísos fiscales.
La constructora ha pasado de ser la número uno de América Latina a estar al borde de la bancarrota en solo dos años
Odebrecht era la niña bonita de Petrobras, la mayor constructora y la que se llevaba más concesiones: “El resto estaba acostumbrado a quedarse con las migajas”, cuenta un ex ejecutivo que trabajó en los últimos años en la cúpula de la empresa y que prefiere no dar su nombre. 

 Los fiscales de la operación Lava Jato se dieron cuenta de que debían centrar sus investigaciones en la familia de apellido alemán y en junio de 2015 el juez Sérgio Moro pidió la prisión preventiva del presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, conocido en el medio como el “príncipe de las constructoras”.

A pesar de tener enfrente a un centenar de ejecutivos detenidos dispuestos a hablar, durante sus primeros meses en prisión “el príncipe” no se achantó ni por un momento. Todos recuerdan la calma y seguridad con las que se presentó en su primera audiencia pública, donde negó todas las acusaciones. Al salir de la sala se despidió de los políticos que habían ido a verle con apretones de mano efusivos como si nada hubiera pasado.

Pero a principios de 2016 el juez Moro se hizo con una serie de pruebas que demostraban que Odebrecht había usado, entre 2006 y 2014, cuentas en Suiza para lavar 250 millones de dólares en propinas que garantizaban contratos con la petrolera. Según el juez Moro, Marcelo Odebrecht era “el artífice del esquema”, y en marzo de 2016 le condenó a 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción activa, lavado de dinero y asociación criminal. 

En ese momento, el mimado de los políticos, el empresario que daba cursos en Suiza y Estados Unidos, agachó la cabeza y aceptó empezar a hablar, y unirse al grupo de 77 ejecutivos de la constructora que han firmado un acuerdo de delación premiada.
Todos los pesos pesados de la política brasileña estaban en la lista de sobornos y financiaciones ilegales de campaña
Mientras “el príncipe” hacía lo suyo para reducir su pena e intentar salvar su empresa, en Brasilia, tanto el Congreso como el Ejecutivo, se echaban a temblar. Todos los pesos pesados de la política brasileña estaban en la lista de sobornos y financiaciones ilegales de campaña. Desde el ya expresidente del Congreso, Eduardo Cunha, hasta el líder del Senado, Renan Calheiros, seis ministros del nuevo gobierno Michel Temer, y también el propio Temer, que ha sido citado 45 veces por diversos ejecutivos de la constructora.

 Lo mismo sucede con el excandidato presidencial del PSDB, Aécio Neves, y con grandes figuras de los gobiernos petistas, como el extesorero de Dilma Rousseff, Antonio Palocci, o el exministro de la Casa Civil, Jaques Wagner.

“No se habla de política”

Si algo ha dejado claro la operación Lava Jato es que Odebrecht no se habría convertido en la mayor constructora de América Latina sin la ayuda del poder público. Desde que el Partido de los Trabajadores (PT) llegó al gobierno la empresa multiplicó por seis su facturación, pasando de 7.700 millones de dólares en 2003 a 45.751 millones en 2014.

El historiador Pedro Henrique Pedreira Campos en su trabajo La dictadura de las constructoras recuerda cómo la simbiosis entre el poder público y el privado se remonta al periodo militar. El decreto presidencial 64.345 de abril de 1969, firmado por el entonces presidente Artur da Costa e Silva, obligaba a las administraciones públicas a contratar exclusivamente a empresas nacionales.

Fue en esa época cuando la pequeña empresa de Norberto Odebrecht –abuelo de Marcelo--, que se había fundado en Salvador de Bahía en 1944, dejaba de ser una empresa familiar de descendientes de alemanes para convertirse en una de las constructoras más importantes del país. Con el general Ernesto Geisel (presidente entre 1974-1979) como aliado, Norberto consiguió colocar su empresa como una de las principales socias de Petrobras. 

El dictador después les apoyaría para construir el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, la propia sede de la petrolera estatal también en la capital carioca, y la primera central nuclear de Brasil.

“Una de las mayores habilidades de esta empresa ha sido llevarse bien con los políticos. Todo el mundo sabía que era la favorita de los gobiernos de turno”, cuenta el exdirectivo. Además de cuidar sus amistades con el Ejecutivo y con el Congreso, Odebrecht siempre se preocupó por los empleados que contrataba para mantener el “ambiente familiar” de los viejos tiempos: “En el tiempo en el que trabajé con ellos me llamó mucho la atención que la mayoría de los empleados que ocupaban puestos de alto mando fueran bahianos”, recuerda el exejecutivo que antes lo entendía como una anécdota “pintoresca” y ahora lo asocia con ciertos tintes mafiosos: “Al ser todos del mismo lugar se entablaban relaciones de confianza y de lealtad fundamentales si se quiere mantener en secreto niveles de corrupción como los que se están saliendo a la luz”.
Desde que el PT llegó al gobierno la empresa multiplicó por seis su facturación, pasando de 7.700 millones de dólares en 2003 a 45.751 millones en 2014
A su vez asegura que durante el tiempo que estuvo en la empresa “nunca” escuchó nada relativo a desvíos de dinero y mucho menos nombres de políticos: “Fue la única empresa brasileña en la que trabajé donde jamás se hablaba de política, parecía que fuera una orden de dentro porque en el resto de empresas es algo muy habitual, pero aquí había un silencio absoluto en relación al tema”.

En 2016 la exfuncionaria de Odebrecht Conceição Andrade decidió romper su silencio y entregó al portal de noticias UOL 400 documentos internos de la constructora que mostraban el esquema de corrupción de los años ochenta, idéntico al de la actualidad: “El sistema de propinas y fraude de licitaciones siempre existió y sucedía en todas las grandes constructoras. En mi época no era tan organizado como ahora que hasta tienen un departamento dedicado a los sobornos, pero el fondo era el mismo”, le contaba Andrade a los periodistas de UOL.

El profesor de Ciencias Políticas Bruno Lima Rocha señala que la operación Lava Jato “ha permitido concretar la promiscua relación entre el oligopolio de la construcción y el Estado” y ha demostrado cómo “los grandes agentes económicos tienen un poder que supera de lejos a cualquier representación colectiva. Vemos la relevancia que tiene el aparato del Estado como factor clave de acumulación de poder y de capital en Brasil”, explica el politólogo.

La conquista latinoamericana

En los años ochenta, con la inflación de tres dígitos instalada en Brasil, la constructora de origen alemán decidió expandirse y crecer en sus vecinos latinoamericanos. En 1979 hizo su primera incursión internacional con la construcción de una hidroeléctrica en Perú. Hoy es una de las principales constructoras del país andino, donde tiene 20.000 empleados y se encarga de negocios que van desde gasoductos hasta la construcción de carreteras.
Desde 2004 el 70% de los recursos destinados a negocios en el exterior del Banco Nacional de Desarrollo brasileño recayó en manos de Odebrecht
Las excolonias portuguesas Mozambique y Angola fueron, junto a los países latinoamericanos, algunos de los lugares más importantes para el desarrollo del conglomerado. En 1984 construyeron en Angola la mayor hidroeléctrica del país y comenzaron sus relaciones con José Eduardo Santos, el hasta ahora presidente.

Aeropuertos, carreteras, gasoductos, hasta misiles para la Armada brasileña han formado parte de sus negocios. Entre sus rarezas también una cadena de supermercados en Angola, que serviría más para hacer contactos en el país que para ganar dinero. Su expansión internacional no habría sido posible sin los incontables préstamos del Banco Nacional de Desarrollo brasileño (BNDES). Desde 2004 el 70% de los recursos destinados a negocios en el exterior de esta entidad pública cayó en manos de la familia Odebrecht.

El modus operandi en el extranjero fue exactamente el mismo que en territorio nacional: conseguir licitaciones de obra pública a través de sobornos y contratos sobrefacturados. Un estilo de hacer negocios que según el exejecutivo con el que hablamos sería el pan de cada día de cualquier gran constructora: “Este fenómeno es muy habitual en América Latina y en España. 

Los constructores se acercan al poder público para poder crecer y los políticos de cualquier ideología caen fácil en los sobornos. Es un tipo de corrupción muy burda y a la vez muy fácil de llevar a cabo”.

Desde que Odebrecht está en el punto de mira de Brasil, donde por ahora no puede acceder a nuevas licitaciones, su nombre comenzó a ser mal visto en el resto de países. El pasado mes de diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció que desde 2007 hasta la actualidad Odebrecht había pagado 439 millones de dólares a políticos, partidos y funcionarios públicos de doce países, diez de ellos latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, Mozambique y Angola.

La denuncia rápidamente se usó con fines políticos. El grupo de países que acababan de cambiar de gobierno,  y cuyos actuales mandatarios estaban en la oposición durante el periodo de los sobornos, fueron los primeros en prometer duros castigos contra la constructora. Perú, Colombia, Argentina y Panamá enseguida se mostraron interesados en las investigaciones para cercar a sus adversarios.
La empresa ha pagado 439 millones de dólares, desde 2007, a políticos, partidos y funcionarios de 12 países, según el Departamento de Justicia de EE.UU.
Perú y Panamá anunciaron, por ejemplo, que Odebrecht no podrá optar a más licitaciones, y el presidente peruano, Pablo Kuczynski, llegó a pedir esta semana que la empresa venda todo su capital y abandone el país.

Venezuela, México, Ecuador o República Dominicana, donde el poder no ha cambiado todavía, intentaron ignorar las acusaciones. El presidente ecuatoriano Rafael Correa, que cierra su ciclo de gobierno el próximo mes, pidió pruebas concretas de los sobornos: “No me fío exclusivamente de la confesión de una empresa”, sentenció.

Gigantes con pies de barro

En estos momentos, la que fue la mayor constructora de América Latina corre el riesgo de desaparecer. Además de perder las licitaciones en su país y espacio en el extranjero, tiene que enfrentarse a multas millonarias para poder seguir trabajando en Brasil y optar de nuevo a concesiones de obra pública.

La constructora ha aceptado pagar una multa de 4.500 millones de dólares, aunque advirtió que por el momento sólo podría adelantar 2.600 millones. El dinero lo recibirían autoridades brasileñas, norteamericanas y suizas (todos países afectados por el esquema de sobornos) en la considerada mayor resolución mundial sobre sobornos en el extranjero.
El futuro de la constructora y de los políticos afines dependerá del nuevo juez que sustituya al recientemente fallecido, en un accidente de aviación, Teori Zavascki
Gracias a los acuerdos de delación premiada que cobraron validez jurídica esta semana, Marcelo Odebrecht podrá salir de prisión a finales de 2017, y cumplir cuatro años de pena en su casa en régimen semiabierto. Pero el clan familiar ya ha anunciado que todos aquellos que tengan el apellido alemán dejarán de formar parte del consejo de administración. A su vez declararon que sacarán la empresa a bolsa con capital abierto, además de suscribir todas las políticas y mecanismos anticorrupción necesarios para controlar el conglomerado.

“Son empresas que crecen sin parar, no pueden mantenerse, sólo salen adelante si crecen. De ahí su dependencia del poder público que, además de darles las licitaciones, les da la explotación y las financia a fondo perdido. Están acostumbrados a ganar siempre, pero sin gobiernos que las apoyen no son más que gigantes con pies de barro”, concluye el exejecutivo.

Este gigante también ha mostrado los pies de barro de sus socios. La caída de Odebrecht hace tambalear al gobierno Temer, que tiene a gran parte de sus allegados acusados por corrupción. Lo mismo sucede con el 20% de los senadores del Congreso.

El futuro de la constructora y de los políticos afines dependerá del nuevo juez que sustituya al recientemente fallecido, en un accidente de aviación, Teori Zavascki que se encargaba de la operación Lava Jato en el Tribunal Supremo. El próximo magistrado tendrá en su mano la posibilidad de hacer caer a un gobierno, o de amortiguar los escándalos. La presión de las calles será fundamental para elegir uno de los dos caminos."                 (Agnese Marra, CTXT, 01/02/17)

8.2.17

El juez investiga si las 'mordidas' de Pujol con el pelotazo del Santander acabaron en Curaçao

"El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado José de la Mata, ha dado un nuevo paso para tratar de averiguar cuál fue el destino final del dinero obtenido por el benjamín del clan Pujol,Oleguer Pujol,y su exsocio Luis Iglesias, con la operación de compraventa de 1.152 sucursales bancarias del Banco Santander en el año 2007.  

El magistrado, que considera que tras dicha operación inmobiliaria se puso en práctica un "operativa de ocultamiento y blanqueo de las comisiones que fueron cobradas por distintas personas físicas (…) mediante la utilización de estructuras societarias radicadas en terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios solicitados", ha dictado un nuevo auto donde libra Comisión Rogatoria Internacional al paraíso fiscal de Curaçao, en las Antillas Holandesa.

En dicha resolución, conocida por Vozpópuli, el instructor muestra sospechas de que 10.649.174 euros -pertenecientes tanto a Iglesias como al hijo mejor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol- fueron ingresados en una cuenta del RBS Royal Bank en la isla de Curaçao.

De la Mata detalla en su auto la compleja operación inmobiliaria tras la que la sociedad Aegle International Limited –propiedad de los investigados- debería haber cobrado 10, 6 millones de euros en el reparto de ganancias. "Los 10.649.174 euros pertenecen tanto a Luis Iglesias como a Oleguer Pujol Ferrusola, como propietarios finales de Aegle International Limited.

 Se tuvo conocimiento de que esta cantidad se debería de ingresar en la cuenta número 81XXXXX8601XXX92 del RBS Royal Bank en Curaçao”, subraya el juez de la Audiencia Nacional quien añade, además, que Oleguer Pujol Ferrusola "a título particular habría de recibir 284.309 euros en su cuenta corriente personal que posee en La Caixa".

Dos cuentas en Curaçao

El magistrado pone de manifiesto que "con el fin de determinar el beneficiario último de las ganancias obtenidas" con dicha operación se cursa Comisión Rogatoria a la Antillas Holandesas para que indique si las personas físicas y jurídicas – en referencia a Oleguer Pujol, Luis Iglesias y la mercantil Aegle International Limited- "son o han sido clientes de esa entidad y, en su caso, aporte en formato electrónico, al máximo nivel de detalle, cualquier documento derivado de esa relación, y en todo caso, los movimientos bancarios producidos desde la apertura de las cuentas de las que sean titulares o autorizados estas personas así como de los productos bancarios asociados a la mismas tales como tarjetas de crédito, cheques o cualquier otro".

Asimismo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional pide al Bank Royal de Curaçao que le informe de los movimientos bancarios producidos en dos cuentas "desde el momento de su apertura", y que identifique "los productos bancarios asociados a las mismas, y a las personas físicas y jurídicas que figuren como titulares o autorizados" de las mismas.  

El pasado 12 de enero, José de la Mata tomó declaración a benjamín de los Pujol por dicha operación inmobiliaria en calidad de imputado por un delito de blanqueo de capitales. El acusado explicó que el dinero opaco que percibió a través de la operación de compra venta de las 1152 oficinas de Banco Santander fue regularizado con el fisco español al haberse acogido a la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro.

Al término del interrogatorio, los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa pidieron el ingreso en prisión de forma incondicional para el hijo menor del expresidente catalán, Jordi Pujol i Soley.

  El juez no la acordó y se limitó a imponer como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. Tras dicha comparecencia, el magistrado ha acordado la reapertura de la causa para su ex socio Luis Iglesias. Éste será interrogado en la Audiencia Nacional el próximo día 8 de febrero.

7.2.17

La UDEF acusa a ex altos cargos de Aguirre de 'trocear' ayudas para favorecer a Ausbanc

"La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de entregar un nuevo informe en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama de extorsión de Manos Limpias y Ausbanc que acredita que la falsa organización de consumidores que presidía Luis Pineda recibió subvenciones públicas ilegales por valor de 6.286.772 euros
  Según el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, durante al menos dos ejercicios, Ausbanc habría contado con la colaboración de dos altos cargos de la Comunidad de Madrid que fraccionaron subvenciones para poder entregárselas a dedo.
El informe se refiere, en concreto, a los años 2006 y 2007. Correos intervenidos en los registros de las sedes de Ausbanc han revelado que el entonces subdirector general de Coordinación de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Mariano Sánchez-Ortiz, se concertó con Hermenegildo García, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la falsa asociación de Pineda, para fraccionar dos ayudas por importe de 30.000 euros cada una y evitar de ese modo que la trama tuviera que concurrir a una “convocatoria pública” para poder conseguirlas.
 El fraude se tapó mediante facturas falsas giradas por asociaciones y empresas de Pineda. De las comunicaciones analizadas por los agentes de la UDEF encargados del caso, también se desprende que el entonces consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, el político del Partido Popular Manuel Lamela, fue el responsable de pactar con Ausbanc la entrega de esas subvenciones, aunque los contactos se articularon a través de Sánchez-Ortiz. 
Los movimientos de las cuentas bancarias de la falsa asociación han confirmado que recibió las ayudas por los importes acordados. Siempre en transferencias inferiores a 12.000 euros para no levantar sospechas.
 Lamela asumió el cargo de consejero en la empresa Essentium, del grupo Assignia, tras dejar la política en 2008. Desde 2013 trabaja en sus propias empresas. Por su parte, Sánchez-Ortiz ocupa en estos momentos el cargo de subdirector general de Juventud en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Esas ayudas tenían como supuesto objetivo financiar actos de promoción de los derechos de los consumidores, pero Ausbanc también recibió ayudas para la contratación de desempleados y para la formación de trabajadores.
 Los investigadores señalan en este nuevo informe remitido al instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que Ausbanc fue adaptando su estructura para crear una vasta red de supuestas asociaciones sin ánimo de lucro para poder captar subvenciones públicas en instituciones nacionales y autonómicas. 
Una vez que recibía el dinero, Pineda lo desviaba para pagar las nóminas de sus empleados, los alquileres de sus oficinas y, en la mayoría de ocasiones, engrosar simplemente su abultado patrimonio personal, oculto tras una maraña de mercantiles.

Red de captación

Para poner en marcha esta estrategia de captación de fondos públicos, Pineda optó en 2002 por segregar su organización, señala la UDEF. Por un lado, creó Ausbanc Empresas, que supuestamente se encargaría de centralizar el negocio editorial y jurídico de Ausbanc.
 Y por otro, constituyó Ausbanc Consumo, que teóricamente asumiría la defensa desinteresada de los intereses de los consumidores. Las pesquisas han confirmado que, en realidad, no había separación entre ambas entidades. Compartían trabajadores, sedes y gastos ordinarios, pero Pineda las empleó para generar facturas falsas y trasladar la impresión a las instituciones públicas de que estaba utilizando las ayudas en proyectos sociales.
Se da la circunstancia de que fue la propia mujer de Luis Pineda, María Teresa Cuadrado Díez, quien inscribió a Ausbanc Consumo en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Comunidad de Madrid en 2002, aprovechando que en ese momento ocupaba el cargo de directora general de Consumo. Antes de llegar al puesto, había formado parte de la plantilla de Ausbanc y volvió de nuevo a la asociación cuando abandonó el Ejecutivo autonómico en 2003.
La inscripción en ese registro no solo permitió a Pineda optar a subvenciones públicas, sino que también le legitimó para ejercer la acusación popular en procedimientos penales en supuesta representación de los intereses de los consumidores. 
Como ya ha quedado acreditado en otros informes, el presidente de Ausbanc habría utilizado esa capacidad de personación en causas judiciales para extorsionar a organismos públicos, aseguradores, bancos y otras grandes compañías. 
Amenazaba con acciones judiciales a quienes se negaban a poner publicidad en sus revistas y, en otras ocasiones, interpuso querellas con la única intención de recibir una suma a cambio de retirarlas. Es el caso de Unicaja, que pagó un millón de euros para que Ausbanc retirara la acusación en el caso de los ERE contra su presidente, Braulio Medel.

Expulsión del registro

Para ampliar la captación de ayudas, Ausbanc Consumo también se inscribió en 2002 en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Sin embargo, en 2005, fue expulsada precisamente por “la realización de publicidad comercial y no meramente informativa” en la página web de la entidad, es decir, por tener un evidente ánimo de lucro. Pineda recurrió y consiguió la reinscripción, pero en 2013 fue expulsada definitivamente por reincidir en la búsqueda de un rendimiento económico.
Los funcionarios de la UDEF recuerdan que, además, Pineda también creó distintas Ausbanc autonómicas para figurar en los registros de asociaciones regionales y cazar aún más fondos públicos. El caso más evidente es el de Ausbanc Madrid, que estuvo operando desde 2009 hasta 2016
A pesar de la acumulación de irregularidades, las autoridades madrileñas no instaron su expulsión del registro autonómico hasta que el pasado abril se produjo la operación de la Audiencia Nacional contra Manos Limpias y Ausbanc.
En realidad, todas las subvenciones recibidas por el entramado de Pineda fueron ilegales. Los expertos en delitos económicos de la Policía Nacional han acreditado que Ausbanc falseó sus datos para inflar el número de consumidores a los que representaba y alcanzar así los mínimos necesarios para acceder a la financiación de programas sociales. 
 Además, Pineda habría diseñado los estatutos de Ausbanc para que los asociados que pagaban una cuota anual de 180 euros no tuvieran ninguna capacidad de decisión, en contra de lo que fija la ley para este tipo de instituciones. Solo la cúpula tenía capacidad ejecutiva. Es decir, que la red de Pineda no cumplía con ninguna de las condiciones para poder gestionar fondos públicos.

5,1 millones de la Consejería de Empleo y Mujer

Pese a ello, Ausbanc recibió un total de 6.286.772 euros entre 2004 y 2016. De esa cantidad, 322.070 euros fueron adjudicados por el Ministerio de Sanidad; 890.902 euros los recibió de la Consejería de Sanidad y Consumo madrileña (Economía y Hacienda en otro periodo), y 5.105.509 euros los consiguió de la Consejería de Empleo y Mujer de la comunidad.
 El informe apuntala la acusación contra Pineda por un delito de fraude en subvenciones públicas, uno de los que se le imputan desde que fue enviado a prisión el pasado 18 de abril. El juez Santiago Pedraz también le acusa de extorsión, amenazas, estafa, administración desleal y organización criminal. 
El otro presunto cerebro de la trama, Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, entró en prisión el mismo día, pero quedó en libertad en diciembre tras el pago de una fianza de 50.000 euros. Pineda también ha pedido salir de la cárcel, pero la Audiencia Nacional se ha opuesto hasta ahora al considerar que, en su caso, todavía existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas."          (El Confidencial, 30/01/17)

6.2.17

Los diez grandes pufos que prueban los "sobornos" del 3% en la CDC de Mas

"Los investigadores del 3 por ciento en Cataluña continúan recabando documentación a través de la que acreditar los "sobornos" llevados a cabo a cambio de adjudicación de obra pública en ayuntamientos, diputaciones y organismos de la Generalitat bajo el paraguas de los distintos gobiernos de dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña. 

La operación Pika ha asestado el tercer golpe mortal a la financiación irregular de la formación política que durante décadas gobernó en dicha autonomía.

En total, este jueves se produjeron 18 detenciones por orden de Anticorrupción. En el punto de mira de estas adjudicaciones irregulares, tres organismos públicos: Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Barcelona Infraestructuras Municipales SA (BIMSA), esta última dependiente del Ayuntamiento de Barcelona.

Entre los detenidos, el extesorero Andreu Viloca; el actual presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, amigo íntimo del ex presidente Artur Mas; Francesc Sánchez, exalto cargo de CDC e importante asesor económico y jurídico de los convergentes, también muy cercano a Mas; el exdirector de infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rossell; el ex gerente del Consistorio de la ciudad Condal, Constantí Serrallonga; el exteniente del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives o, el exconsejero de Copisa Xavier Tauler, también imputado en el caso Pujol. La mayor parte de los arrestados quedaron en libertad cuando finalizaron los registros.

Donaciones de las constructoras

Según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli, entre las adjudicaciones de obra pública investigadas se encuentra en Gerona las obras del Mirador de las Aguas, la construcción del carril bici, las obras de reurbanización de la calle Luca y la calle Mare de Déu del Carmel de dicha ciudad o la estación de Sabadell.

Por su parte, en Barcelona se investiga también el caso de la plaza de las Gloria, el de la avenida del Paralel o el caso del Consorcio de Educación de Barcelona, relacionado con las obras de mantenimiento de los edificios públicos escolares en la ciudad condal. Además, se sospecha que fueron adjudicadas de forma irregular la ampliación del Puerto de Barcelona y la construcción del llamado Dique del Este del espacio portuario, de ahí, que se haya detenido a Cambra.

 En el caso concreto de las obras del túnel de laPlaza de las Glorias  de la capital barcelonesa, los trabajos se los adjudicó una UTE formada por las empresas Comsa, Ragasa y Copisa, todas ellas ya bajo sospecha del pago de 'mordidas'.

Además, entre las empresas adjudicatarias de estas diez obras investigadas adjudicadas en la época de Artur Mas se encuentran las constructoras Copisa, Oproler, grupo Soler, Pasquina, entre otras. Además, se da la circunstancia de que algunas de estas adjudicaciones se realizaron cuando el convergente Xavier Trías estuvo al frente del Ayuntamiento de Barcelona entre los años 2011 y 2015; no en vano entre los detenidos se encontraban el que fuera su número dos Vives y el ex gerente Serrallonga.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavila, dio este jueves a los agentes de la Guardia Civil la orden de incautarse en las 24 entradas y registros practicadas el mayor número posible de teléfonos móviles, tablets, agendas, material informático, cartas, libros de contabilidad, fotografías o cualquier otro soporte documental que sirviera a los investigadores para acreditar los delitos contra la Administración Pública que se investigan en el caso del 3 por ciento. Los agentes se acopiaron de numeroso material informático que será analizado, según explican las fuentes consultadas.

El juez entiende que, tras estos amaños, pudieron cometerse presuntamente delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, financiación ilegal de partido y prevaricación.

Viloca controlaba "todo"

En el epicentro de esta trama de corrupción, un nombre propio y viejo para los investigadores: el del ex tesorero Viloca. Anticorrupción sostiene que ha quedado acreditado a lo largo de la instrucción de la operación Pétrum que Andreu Viloca, siendo administrador y tesorero de la entonces CDC y de la Fundació CatDem, llevaba"un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de Convergencia".

Además, el Ministerio Público sitúa al imputado como la persona que controlaba de "forma sistemática los pagos" que serían, de confirmarse, "sobornos" bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Forum Barcelona.

De la documentación analizada por la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, se constató cómo las empresas donantes obtenían contratos públicos adjudicados de antemano, a los que posteriormente se les daba apariencia de legalidad. El modus operandi se repetía siempre. Esas adjudicaciones coincidían en el tiempo con reuniones que los empresarios mantenían, previa y posteriormente, con Viloca.

Pese a que la mayoría de arrestados en la operación Pika han quedado en libertad, está previsto que en las próximas horas presten declaración ante la Guardia Civil el extesorero Viloca, el exdirector de infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rossell, el exconsejero de Copisa Xavier Tauler, el ex teniente de alcalde de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Vives y; el delegado en Cataluña de la constructora Oproler, Josep María Bassols, entre otros."                (Ángela martialay, Vox Populi, 03/02/17)

3.2.17

La Guardia Civil detiene a los 'capos' de Artur Mas que ejecutaron los amaños del 3%

"La Guardia Civil ha lanzado una nueva operación a primera hora de este jueves contra la presunta trama de financiación ilegal del 3% del Partido Demócrata de Catalunya (PdeCAT), antigua Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). 

Según fuentes próximas a la investigación consultadas por El Confidencial, está prevista una quincena de detenciones y más de 20 registros en organismos públicos y empresas adjudicatarias de la administración catalana. El operativo se está desarrollando en Barcelona y Madrid y está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) e impulsado por la Fiscalía Anticorrupción.

Las agentes ya han detenido a Antoni Vives, considerado una figura clave en la maquinaria del fraude. Concurrió a las municipales de 2011 en el cuarto puesto de la lista de CiU al Ayuntamiento de Barcelona con la que se impuso Xavier Trías y se convirtió en concejal de Urbanismo, asumiendo también la gestión de los entes públicos Barcelona Infraestructuras Municipales (BIMSA) y Barcelona Regional (BR), encargados de impulsar los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad. 
Antes había ejercido otras responsabilidades en las empresas públicas de obras de ámbito autonómico GISA (Gestió de Infraestructures) y su sucesora Infraestructures.
Pero Vives es conocido, sobre todo, por sus estrechos vínculos con el expresidente de la Generalitat y actual presidente de PdeCAT, Artur Mas. Fue su mano derecha durante el último Gobierno de Jordi Pujol, cuando Mas ocupaba el cargo de conseller en cap. Vives fue durante ese periodo el secretario general de la Generalitat y está considero un dirigente con gran ascendencia en las filas del partido.
También han arrestado a Francesc Sánchez, la persona que también eligió Artur Mas para pilotar en 2016 la transición desde la antigua CDC a PdeCAT, precisamente, para renovar la marca de la formación tras los numerosos escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Está considerado el “fontanero” del partido.
  Tenía el cargo de responsable de Régimen Interno y Comunicación. Asimismo, ha sido detenido el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra. Llegó al puesto en 2011 y sigue al frente de la infraestructura en la actualidad.
Las detenciones son el resultado de los últimos avances en el caso Petrum sobre el presunto pago de comisiones ilegales a altos cargos de CDC por la concesión de licitaciones públicas. Como adelantó este diario, los agentes de la Guardia Civil han logrado acreditar que los amaños para nutrir la caja B del partido del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se habrían estado produciendo al menos hasta febrero de 2015, con Mas todavía en el Govern.
En total, se han descubierto otras 19 obras amañadas por la trama del 3% a cambio de comisiones. El proyecto más relevante es la construcción del Túnel de Las Glóries de Barcelona, una obra de 170 millones de euros licitada por la empresa pública Barcelona Infraestructuras Municipales (BIMSA) el 27 de febrero de 2015, sólo tres meses antes de que Trías cediera la alcaldía a Ada Colau (Barcelona en Común). 
Ganó el concurso una UTE integrada por Comsa, Copisa y Rogasa, tres de las constructores que pagaron mayores sobornos. Un responsable de la cuarta empresa que formaba parte de la UTE, Constructora Benito Arnó e Hijos, también ha sido detenido. Se trata de Joan Albert Arqué, director general de la compañía.
Las pesquisas se habían centrado principalmente hasta ahora en concursos de GISA e Infraestructures, ambas dependientes de la Generalitat, pero la documentación intervenida en las anteriores fases de Petrum ha terminado conduciendo a los agentes hasta Bimsa.
 Otro proyecto de la Ciudad Condal señalado es la construcción y explotación de Marina Port Vell, un puerto para yates de lujo situado en la zona de la Barceloneta.
 Como reveló El Confidencial en 2014, el complejo fue concedido a un entramado societario que ocultaba la identidad de los auténticos beneficiarios: los rusos Pavel Sukoruchkin y Pavel Novoselov, directivos de Lukoil, la mayor petrolera de ese país.
 Vives modificó el plan urbanístico para mejorar el aprovechamiento del puerto y elevó también la concesión de cinco a diez años para hacerla más rentable.
Entre las 19 nuevas obras presuntamente utilizadas por CDC para llenar su caja B también destacan la adjudicación de un proyecto para ampliar la carretera de la Generalitat C-55, que une la comarca del Bajo Llobregat (Barcelona) con el municipio de Solsona (Lérida), y las obras de remodelación del Instituto de Educación Secundaria Lluís de Peguera de la ciudad de Manresa. Esta última obra fue concedida por Gisa en 2008 por un importe de 4,6 millones de euros a Constructora D´Aro.
Los investigadores también han logrado reconstruir el funcionamiento completo de la trama, según fuentes cercanas al caso preguntadas por El Confidencial. Ya se conocían los pagos de constructoras a los tesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osácar en momentos clave de las licitaciones que les interesaban.
 El dinero llegaba a las fundaciones CatDem y Fórum y luego se desviaba al partido mediante facturas falsas por servicios inexistentes. Lo que han descubierto ahora los agentes es que la red también contaba con personas de su confianza en puestos clave de la administración para asegurarse de que los contratos recaían en las empresas que habían pagado para conseguirlos. Ese el papel que habrían desarollado Antoni Vives, Francesc Sánchez y Sixte Cambra.
También se habría logrado demostrar que existe una correlación casi milimétrica entre las donaciones a CDC y la adjudicación de obras públicas en organismos controlados por la formación. Viloca y Osácar se reunían con los empresarios antes de que se publicaran las licitaciones y, también, antes de que se resolvieran. 
Tras pactar una comisión, que oscilaba entre el 3% y el 7%, los tesoreros contactaban con los hombres fuertes del partido en la administración para comunicarles quién tenían que imponerse en los concursos.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la operación se está desarrollando en 12 poblaciones: Barcelona, Sant Boi Llobregat, Rubí, Hospitalet a Llobregat, Manresa, Lleida, Madrid, El Prat de Llobregat, Sant Feliú de Llobregat, Girona, Berga y Majadahonda.
El operativo llega sólo cuatro días antes de que comience el juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas por mantener la consulta independentista del 9-N pese a su suspensión por el Tribunal Constitucional. Su interrogatorio está previsto para este mismo lunes. Está acusado de desobediencia y prevaricación. Mas admitió cuando estalló el caso Petrum que su partido recibió 10 millones de euros en donaciones de empresarios, pero aseguró que las aportaciones eran absolutamente legales y que sus autores las habían hecho simplemente porque eran "militantes" de CDC.
Para que la nueva fase de Petrum no sea interpretada en clave política, los agentes sólo están notificando las detenciones. No está previsto el traslado a dependencias policiales de ninguno de los implicados para evitar que se difundan las imágenes. El operativo se ha diseñado con la intención de que tenga el perfil más bajo posible."                        (José María Olmo, Antonio Fernández, El Conficencial, 02/02/17)

2.2.17

Una grabación implica a un magistrado del Constitucional en un presunto intento de soborno cuando era rector

"Unas grabaciones a las que ha tenido acceso eldiario.es (abajo, completas) implican al magistrado del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano, nombrado por el gobierno de Rajoy en 2013 para el alto tribunal, en un presunto intento de soborno cuando era rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 

En el audio, grabado en noviembre de 2010, se puede escuchar cómo Javier Ramos, exvicerrector con Trevijano, decano de Telecomunicaciones y ahora candidato a rector en la Universidad rey Juan Carlos, dice al profesor de la URJC Antonio Alonso, que es quien graba la conversación, que recibió un encargo de "Don Pedro, la máxima autoridad", el entonces rector González-Trevijano. 

Ramos relata que recibió el encargo de "cenar" con David Ríos, el candidato oponente a Trevijano en las elecciones de 2009. Ríos había puesto ese mismo año una demanda por lo contencioso administrativo porque Trevijano se había presentado a un tercer mandato, cuando los estatutos de la URJC solo permiten dos.

"Tú me quitas el contencioso porque me he presentado a la tercera reelección como rector y yo a cambio, ¿qué quieres?, dinero, profesores, departamentos, espacios..." resume Ramos a su interlocutor sobre el encargo que dice que le hizo Trevijano, tal y como se puede escuchar en el audio al que ha tenido acceso eldiario.es. 

David Ríos ha confirmado a eldiario.es que esa reunión tuvo lugar. Fue en una cafetería de la urbanización El Plantío llamada El Descanso, aunque no fue una cena. Fue por la tarde y duró media hora. "Javier Ramos me dijo que tenía que quitar la demanda y que qué quería a cambio. Mencionó dinero, un instituto, cargos... Le dije que no". Preguntado por si Ramos le especificó de quién era el encargo, contesta: "Me dijo que era del rector".

En la grabación, el propio Ramos confirma que Ríos no aceptó el trato: "De aquella David se descojonó de mí, tampoco me ofendió mucho, me llamó un par de cosas que no me parecieron muy cordiales (...) pero retransmití a los que me habían hecho el encargo la postura". 

"Hundido en el fango"

Según relata en el audio Javier Ramos, esa negativa a quitar la demanda contra Trevijano es la que propicia una serie de represalias contra el departamento en el que Ríos era catedrático: "Don Pedro [González-Trevijano] no quiere nada, quiere al otro hundido en el fango". Se lo está contando al director de departamento de David Ríos (que está ahora en excedencia de la URJC). Le relata que les quitarán profesores y los integrarán en otros departamentos. El desmantelamiento se hizo efectivo durante dos años y actualmente no existe ese departamento. Hubo una decena de despidos.

Al principio de la conversación –grabada en el despacho de Antonio Alonso–, Javier Ramos advierte a su interlocutor que "Fernando" [Suárez, el actual rector de la Rey Juan Carlos, salpicado por el caso de plagios] está en la batalla de desintegraros como departamento (...) y si es Pedro [González-Trevijano] es una cuestión de a ver quién mea más alto". 

eldiario.es se ha puesto en contacto con Pedro Gónzález-Trevijano para recabar su versión de estos hechos. El magistrado no ha aceptado una entrevista directa pero, a través de un portavoz, asegura que "lo que se dice en esas grabaciones no es cierto". Su postura se resume en que no tiene nada que decir sobre unos hechos que "le son ajenos y que forman parte de una guerra en la que no tiene nada que ver". 

Sin embargo, el actual candidato a rector, Javier Ramos –a través también de un portavoz– no niega la veracidad del contenido, sino que se limita a decir que "no hay ninguna base de soborno, se está instrumentalizando a un medio para un tema que no existe, sale ahora por interés". También circunscribe sus palabras a la ironía o la parodia. Este portavoz de Javier Ramos no contesta a las preguntas de si hubo una reunión con David Ríos o si le ofreció algo a cambio de retirar la demanda: "Eso lo tiene que contestar Javier Ramos".  Sin embargo, no da la opción de hablar con él.

Tras las primeras llamadas de eldiario.es a los afectados por esta grabación, el candidato a rector Javier Ramos ha difundido este lunes un comunicado en el que dice que el audio se está usando para presionarle y está "manipulado". Preguntado en qué, su portavoz puntualiza que el fragmento no está editado, sino que la conversación era más larga y se han cogido tres minutos: "No es que esté manipulada, es que no está completa".  

Otra de las personas citadas en el audio, Javier Martínez Moguerza, que fue el representante de la candidatura a rector de Ríos y es profesor titular de la URJC, confirma que Javier Ramos le pidió en 2010 que hablara con Ríos para que retirara la demanda, como se escucha en el audio: "Le dije que eso me parecía un soborno, y que hablara él con David si quería", dice a eldiario.es.

Esta grabación que publica el diario.es fue grabada por el propio interlocutor de Ramos, Antonio Alonso, que también la aportó en una querella por amenazas que interpuso contra Fernando Suárez (entonces vicerrector y ahora rector, salpicado por una decena de plagios). El juez la admitió a trámite, pero no estimó la grabación en esa causa porque no aportaba nada al caso de "amenazas" de Suárez. El juez solo se pronuncia sobre el caso de amenazas que investigó, aunque tanto Trevijano como Ramos usan ese auto para declarar que la grabación fue rechazada. 

El proceso judicial

Pedro González-Trevijano concurrió a las elecciones a rector en 2009 para el que fue su tercer mandato. Le salió un oponente, David Ríos, que denunció ante la Universidad que los estatutos solo permitían dos mandatos. Sin embargo, la línea defendida por la URJC fue que el primer mandato de Trevijano se desarrolló en parte antes de los estatutos, por lo que no se debía contabilizar.

Ríos interpuso entonces una demanda por lo contencioso administrativo en noviembre de 2009, tras perder los comicios. Dos años después, el magistrado Alberto Palomar lo desestimó y cerró el caso al entender que el primer mandato de Trevijano era anterior a los Estatutos y quedaba fuera del cómputo.

Ríos recurrió la decisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, por sentencia firme en junio de 2011, ordenó anular las elecciones y pedir al juzgado de primera instancia que ejecutara la sentencia: "Anulamos la proclamación de la candidatura de Don Pedro José González-Trevijano Sánchez a las elecciones a Rector convocadas el 23 de octubre de 2009, con retroacción del proceso electoral al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional". 

Se ordenó la ejecución de la sentencia en octubre de 2011 pero no se ejecutó, por lo que David Ríos puso una querella por prevaricación contra el juez Alberto Palomar, que fue inadmitida (con el voto en contra de un magistrado del Supremo que sí pidió investigar).

Un mes después, con la sentencia pendiente de ejecutar, el Constitucional admitió el recurso de amparo que presentó González Trevijano –entonces aún rector– porque entendió que ese fallo había vulnerado "su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos", de modo que la ejecución se suspendió.

La Fiscalía había rechazado en un informe dar el amparo. Sin embargo, el 7 de noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional falló a favor de Pedro González-Trevijano, que quedó a todos los efectos legitimado como rector. 

Solo una magistrada del TC emitió un voto en contra. Como ha podido comprobar eldiario.es, Encarnación Roca Trías manifiestó su desacuerdo al entender que unas elecciones a rector no estaban protegidas por ese derecho constitucional, que se circunscribe a a cargos electivos de representación política en el Estado y citó doctrina anterior del TC que así lo valida. En su opinión no se había producido ninguna desigualdad en el proceso.

Nueve meses después del fallo del Constitucional, el gobierno de Mariano Rajoy nombró a Pedro González-Trevijano como magistrado de ese mismo alto tribunal, donde continúa. Así lo anunció Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros del 7 de junio de 2013."                (eldiario.es, 30/01/17)