5.12.18

La influencia política de De Miguel o cómo conseguir un contrato del Gobierno de Euskadi en 16 minutos y 38 segundos

"El ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y el que fuera director de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, coincidieron en el  juicio del 'caso De Miguel' en que su relación era distante, prácticamente meros compañeros de partido

Ni la prueba de que  se iban juntos de vacaciones a lugares como Argentina les hizo modificar su versión. Nada de amistad ni, por supuesto, nada de trato de favor desde Juventud al entramado de empresas controlado por De Miguel,  señalado por cobrar comisiones y obtener financiación irregular con contratos 'a dedo' dada su posición de influencia.

 Pero las pruebas apuntan en otra dirección. Según información que obra en poder de este periódico, De Miguel tardaba exactamente 16 minutos y 38 segundos minutos en lograr un contrato en Juventud y, además, lo conseguía sin tener que escribir nada en el correo electrónico remitido a su contacto en el Ejecutivo. Bastaba un reenvío para conseguir 12.000 euros en tiempo récord.

La Fiscalía, en su informe de conclusiones en el juicio del 'caso De Miguel', que se inició en enero y que encara ya su recta final, puso de relieve la influencia de De Miguel. Un simple repaso a los correos electrónicos entrantes y salientes que constan en el sumario, todos ellos de cuentas institucionales, acredita que a quien todos conocían como Txitxo era la ventanilla adecuada para conseguir todo tipo de favores, desde asuntos tan nimios como una entrada para el Baskonia hasta buscar una solución a una deuda con Hacienda. 


En cuanto a Sánchez Robles, se sienta en el banquillo de los acusados por la sucesión de contratos 'a dedo' salidos desde Juventud entre 2006 y 2009 a las mercantiles Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, todas ellas controladas por De Miguel a través a su hermana Aintzane, que era contable de todas ellas. En una variedad de casos - hasta sumar 146.000 euros en la interpretación más conservadora- los pagos se realizaron sin que conste que se realizara trabajo alguno por esas empresas. 

Otro patrón que se repite es que las adjudicaciones se acercan casi al céntimo al máximo legal para hacer los contratos sin concurso, 12.000 euros hasta 2007 y 18.000 euros desde entonces.

El exdirector de Juventud, ahora funcionario y con familiares directos ocupando cargos institucionales de relevancia, se desvinculó de las contrataciones y de esas empresas, a las que dijo no haber conocido hasta que se inició esta investigación. Además, remarcó que el órgano de contratación era su superior, el viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, que no se "desentendía" de las adjudicaciones. 

Asimismo, enfatizó que las empresas eran elegidas por los funcionarios, también responsables, según su versión, del control y seguimiento de la ejecución de los trabajos.

Las pruebas, en cambio, apuntan en otra dirección. Señalan que Sánchez Robles tomaba decisiones de manera personal y que tenía relación directa con Txitxo. El ejemplo más claro es del Araba Euskaraz. De Miguel, entre otros muchos negocios y ocupaciones gestionaba también la fiesta de las ikastolas de Álava.

 Por ello, tenía almacenada en su disco duro una cadena de 'emails' sobre la edición de 2007, en la que se esforzó por lograr fondos para la organización, vinculada a su partido. El 19 de marzo a las 11.16 horas, el político recibió un correo electrónico de Ángel Olalde, coordinador del evento, en el que le explicaba sus necesidades de financiación y le enviaba una propuesta para obtener anuncios del Gobierno.

De Miguel tardó unos minutos en actuar, pero a las 11.25 horas decidió reenviar ese 'email' sin ningún comentario ni explicación al director de Juventud. Sin que mediara palabra y en algo menos de17 minutos, Sánchez Robles ya había activado los resortes de la Administración y aceptado dar 11.999 euros 'a dedo' al Araba Euskaraz, al borde del límite legal. 

"Sería interesante que nos enviases un presupuesto con el siguiente concepto: 'Gazteaukera logotipoaren agerpena pankarten bitartez Araba Euskaraz 2007 jaialdian jarritako eszenatokietan. Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Gizarte Ekintza zuzendaritzaren logotipoaren agerpena jaialdirako erabilitako propaganda euskarrietan'", responde el alto cargo, quien plantea 'motu proprio' que el dinero que aportará serán 10.344 euros más IVA, es decir, 11.999 euros.

 Con solo un euro más, no sería posible la adjudicación directa. Sólo planteaba un pequeño matiz sobre la propuesta que le hacía el Araba Euskaraz.

El fiscal Josu Izaguirre, en su alegato de conclusiones, llamó la atención sobre dos correos electrónicos. En uno de ellos, cuando Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga tienen problemas de financiación, el administrador de las dos últimas y amigo de De Miguel, Iñaki San Juan (exedil del PNV en Leioa), se lamenta de que Juventud no tiene presupuesto: "Xabier no puede meternos un duro"

Como en el caso del correo sobre la financiación del Araba Euskaraz, esa comunicación apareció porque estaba almacenada por De Miguel, aunque el mensaje ya estuviera borrado. Como ese documento es de septiembre de 2009, las defensas de Txitxo, Sánchez Robles y San Juan se han apresurado a asegurar que ese "Xabier" no puede ser el director de Juventud porque salió del Gobierno antes de ese verano. Sin embargo, en ese mismo mensaje se alude a la organización del Araba Euskaraz ("viene 2009"), por lo que el mensaje real es previo a la salida de Sánchez Robles del Ejecutivo.

En esas mismas fechas, San Juan alertaba de que el PNV podría perder el Gobierno, como así ocurrió, con lo que Juventud desaparecería como "cliente" para esas mercantiles. "Cuando una empresa lleva a cabo una actividad, en principio, no le tienen que importar los cambios de Gobierno. 

Pero para ellos, en tanto en cuanto esté el amigo Xabier, tendrán contratos", valoró el fiscal, quien se mostró contundente sobre la contratación pública hasta el punto de hablar de una mafia que ha operado en Euskadi al modo de la siciliana: "En este país, sin un padrino, no tienes un contrato".

Diferente valoración del papel de Larrañaga

El bloque de los contratos de Juventud es sólo uno de los 12 en que se ha dividido el macrojuicio del 'caso De Miguel'. Tanto la Fiscalía como el letrado del Gobierno vasco, Javier Otaola, coinciden en señalar claramente a Xabier Sánchez Robles como responsable directo de las irregularidades. 

Además, ambas partes están de acuerdo en que ha presentado pruebas "falsas" o incluso "fabricadas" en el juicio. Sin embargo, discrepan sobre el papel de Gurutz Larrañaga, firmante de las autorizaciones iniciales para esos contratos como viceconsejero del Departamento de Cultura, del que colgaba Juventud.

 El ministerio fiscal ha rebajado su petición de condena para Larrañaga, quien no mantenía relación personal con Alfredo de Miguel o Iñaki San Juan, pero insiste en que cometió prevaricación. "Sabía que estaba dictando una resolución injusta", defendió Josu Izaguirre, quien acusó a Larrañaga de hacer creer al tribunal que "sabe de contratación lo que una abuelita" después de una larga trayectoria en las instituciones. Otaola, en cambio, considera que el viceconsejero es "una víctima más" de Sánchez Robles."                  (Iker Rioja, eldiario.es, 01/12/18)

4.12.18

Hacienda concluye que Pujol cobró 6,7 millones a constructoras hasta 2008 con "facturas ficticias"

"El fraude de la familia Pujol en los ingresos derivados de empresas constructoras fue de 6,7 millones de euros derivados de facturas ficticias, según un nuevo informe de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF).

El presunto fraude de la familia Pujol en sus ingresos de empresas constructoras entre 2004 y 2008 fue siete veces mayor de lo conocido hasta ahora. Esta es la principal conclusión que se desprende del tercer informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), un departamento adscrito a la Agencia Tributaria, envía al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruye el 'caso Pujol'.

El segundo informe de la ONIF alertaba hace siete meses al juez de que el fraude conocido era de 900.000 euros, una cantidad muy exigua si se tiene en cuenta la actual: 6,7 millones procedentes de nueve constructoras; algunas de ellas, como por ejemplo Copisa Construcción Pirenaica, también salpicadas en la investigación judicial de la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Las empresas que habrían abonado las cantidades millonarias a los Pujol, además de la mencionada Copisa Construcción Pirenaica fueron: Novensauro Inmobles, Construcciones Materiales y Pavimentos Inmobiliaria, Simper Office, Hotel Glories, Famguesa, New Piave Seis, Brantridge Holdings y Emte.

No les conocían

Los Pujol percibieron las mordidas mediante las empresas Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa) y Project Marketing CAT SL, en las que Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, y su excónyuge Mercé Gironés Riera tienen una participación del 100% en su capital social. Y en todos los casos, los dueños de las empresas que realizaron los pagos desconocían la participación de Pujol en las operaciones de las que cobraron comisiones.

"Las facturas expedidas por las mercantiles Imisa y Project Marketing CAT SL son siempre posteriores a los contratos, escrituras u otros documentos en los que se materializa el negocio dónde habría intermediado Jordi Pujol Ferrusola, y en los que no se ha hallado ni una sola mención a su participación", concluye la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Los funcionarios sostienen, además, que de la documentación aportada por las empresas no queda clara la realidad del trabajo efectivo que prestó Jordi Pujol Ferrusola o los inversores que buscó para los diferentes proyectos.

"Simples llamadas"

La aportación a las diversas operaciones económicas por parte de Jordi Pujol Ferrusola, según la ONIF, se circunscribe a dar información sobre posibles negocios: "Limitándose aquel a ejecutar una gestión personalista, limitada a simples llamadas telefónicas en las que informaba sobre posibilidades concretas, no necesitando por ello trabajador alguno ni sede social".

Como ejemplo, las sociedades del Grupo Copisa pagaban únicamente por la información proporcionada y nunca se documentaba con carácter previo, la cantidad o forma de pago. El pago de los supuestos trabajos de intermediación de Pujol Ferrusola se llevaba a cabo una vez conseguido el negocio en cuestión, momento en el que se abría un proceso de discusión sobre el importe a recibir.

Ninguna de las empresas mencionadas han logrado aportar documentos en los que se dejara constancia de trabajo alguno real: "Como pudieran ser correos electrónicos, justificaciones de la experiencia profesional de Jordi Pujol Ferrusola en cada una de las materias, gastos, informes de avance, etc", resalta la ONIF.

"Con quién intermedió"

Algunos empresarios han llegado a declarar que desconocían con qué cargo de su empresa intermedió Pujol Ferrusola para conseguir un negocio y las correspondientes comisiones.

Por su parte, los agentes de la UDEF que investigan el 'caso Pujol' consideran que el primogénito de los Pujol utilizó la formación política que presidía su padre, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para justificar el cobro de comisiones a empresarios, según consta en un informe de enero de 2018, en el que los policías analizan los vínculos entre los casos Pujol, 3% y Palau de la Música."                  (Tono Calleja, Vox Populi, 27/11/18)

3.12.18

Macrooperación contra Deutsche Bank por su relación con los papeles de Panamá

"Varias oficinas de Deustche Bank, incluida su sede central en Fráncfurt, están siendo registradas este jueves en busca de pruebas de su posible participación en una trama de blanqueo de capitales relacionada con los papeles de Panamá, según ha informado la oficina fiscal de Alemania mediante un comunicado. Además, dos empleados del banco, de 50 y 46 años de edad, han sido identificados como sospechosos.

Las reacción en bolsa no se ha hecho esperar y las acciones de Deustche Bank se desplomaban hasta un 4% en el Dax, ahondando en sis mínimos históricos, en la barrera de los 8 euros por título.

El operativo cuenta con unos 170 funcionarios además de la policia alemana y afecta a numerosas oficinas distribuidas por todo el territorio alemán, según ha confirmado la entidad en un comunicado en el que asegura que "están cooperando completamente con las autoridades".

En este sentido, el ministerio fiscal del país tendría pruebas de que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a abrir cuentas off-shore en Panamá para evadir impuestos, así como la creación de compañías en paraísos fiscales. Según las autoridades, el dinero obtenido ilegalmente podría haber sido, además, a cuentas de Deutsche Bank que, por su parte, no informó de que estas podrían ser sospechosas de ser utilizadas para lavar dinero."                (Cotizalia, El Confidencial, 29/11/18)

30.11.18

Crespo: “Todos los secretarios generales del PP debían conocer la financiación irregular y los sobres”

"El considerado número dos y en realidad consejero delegado de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha afirmado este martes en el Congreso que "todos los presidentes y secretarios generales del PP" tenían que conocer la actividad que llevaba en el PP Luis Bárcenas, antiguo tesorero del partido, cuando se le ha preguntado en una comisión de investigación por la financiación irregular y en b y por los sobresueldos pagados a varios dirigentes de esa formación. 

Crespo, además, aprovechó para acusar al exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ser "el padre" del caso Gürtel y de montarlo "en una operación judicial y policial con las cloacas del Estado para derribar al PP".

Pablo Crespo tenía de nuevo ganas de hablar sobre el caso Gürtel y sus derivadas y lo ha vuelto a hacer en este caso y por primera vez en el Congreso. El que se consideró como lugarteniente principal de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, ha respondido prácticamente a todas las preguntas que le han planteado los diputados de la comisión que investiga la financiación irregular del PP. Y en este caso, además y como novedad, apenas ha habido broncas o trifulcas, pese a la dureza de alguna de las intervenciones.




El que fue consejero delegado de la trama Gürtel desde que Correa le fichó en 2002 ha ratificado todas las declaraciones judiciales que ha hecho hasta ahora sobre el funcionamiento opaco de la contabilidad del PP. Crespo ha dicho literalmente que todas esas aportaciones irregulares que recibió de empresarios y otros donantes eran "normales y se recibían con naturalidad", lo mismo que se pagaban sobresueldos a políticos, cargos públicos ya alejados de la política y hasta a periodistas. "La dinámica de los pagos en b era algo instalado institucionalmente", soltó.

Cuando algunos diputados, como Soraya Rodríguez, del PSOE, o Gabriel Rufián, de ERC, le han pedido precisión, nombres y datos, Crespo se ha agarrado a que han pasado 20 años de aquellos tiempos, a que muchos de esos perceptores han fallecido y a que quiere continuar siendo tan "elegante" y "discreto" como le pidieron que fuera cuando le nombraron en 1996 secretario de Organización del PP gallego, cargo en el que estuvo hasta 1999. Lo que sí precisó fue que entonces todos los partidos que él conocía, y citó a PSdG y Bloque, se financiaban igual.

Crespo, condenado a más de 55 años de cárcel, ha comparecido durante dos horas este martes en la comisión de investigación de la financiación del PP en la Cámara Baja, donde efectivamente se ha reafirmado en anteriores declaraciones judiciales en las que habló de un sistema de financiación irregular del PP. "Había donaciones irregulares, no creo que en aquella época fueran ilegales, de empresarios y otras personas, y efectivamente había una contabilidad que no estaba en la contabilidad del partido", ha precisado Crespo.

Aunque no ha querido responsabilizar directamente al anterior presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, de conocer este supuesto sistema, Crespo sí ha dicho que generalmente "todos los presidentes y secretarios generales del PP conocían la actividad que llevaba el señor (Luis) Bárcenas", antiguo tesorero del partido.

 Más tarde, ante los requerimientos de Rufián, Crespo ha matizado que hacía esas afirmaciones sobre el grado de conocimiento de los presidentes y los secretarios generales (todos los cargos por encima de vicesecretarios) "a título valorativo y especulativo", por su conocimiento del partido y porque entiende que es lo normal que esos responsables supieran "como sobrevive su partido" aunque aceptó que, en el caso de la formación a nivel nacional, él no estaba allí.

Antes, el exdirigente popular había indicado, en esa misma línea, que aunque no es probable que "un secretario general entre hasta el detalle de lo que hace un gerente", sí debe conocer "los aspectos globales de cómo se financia un partido" o de "si recibe donativos". El secretario general, ha agregado, "obviamente" debe tener un conocimiento "global" de lo que hacen sus colaboradores.

El exsecretario de Organización del PP gallego ha reiterado así que desde Galicia, además, se ayudaba a nutrir con esos fondos y donativos al partido a nivel nacional y contó al detalle el viaje del entonces extesorero, Álvaro Lapuerta, en un avión a Santiago, donde él le recibió, cómo le entregó una carpeta azul con 21 millones de pesetas, cómo comieron y cómo le llevó para el avión de regreso a Madrid al aeropuerto de Vigo.

Crespo se ha presentado ante la comisión acompañado de su abogado, Miguel Durán, del que ha dicho que le defiende gratis porque no le puede pagar al tener todo embargado y al que la diputada de Podemos, Carolina Bescansa, ha relacionado profesionalmente con la página digital moncloa.com que está difundiendo ahora la mayoría de las conversaciones del excomisario José Manuel Villarejo con las llamadas cloacas del Estado.

Ha sido en ese aspecto donde sí ha querido y ha sido muy contundente Pablo Crespo a la hora de acusar al exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro del Interior, y al exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de montar para beneficio de esa formación y contra el PP el caso Gürtel.

Crespo ha dicho que cuenta con documentación que demuestra que dirigentes del PP gallego y nacional tienen motivos para "callarse" y luego ha asegurado tanto el que fue durante lustros presidente de la Xunta, Manuel Fraga, como el exsecretario general del PP gallego, Xosé Cuiña, ambos fallecidos, conocían que se pagaban sobresueldos, eran los que determinaban a quiénes debían pagarse, y ha indicado sin embargo que ellos no los cobraban.

El exadministrador de Gürtel ha guardado primero silencio cuando se le ha preguntado si otros otros dirigentes del PP, entre ellos Mariano Rajoy, recibían esos sobres y luego ha admitido que eso no lo sabía."              (Javier Casqueiro, El País, 13/11/18)

29.11.18

El neoliberalismo trajo consigo la financiarización en el cerebro y en el corazón, la corrupción

"En grados y formas diversas, en todo el mundo el neoliberalismo, como cuerpo de ideas para organizar la economía y la sociedad, advino trayendo consigo la financiarización en el cerebro y en el corazón la corrupción. Le son profundamente consustanciales. No existe sin ese par de sustancias mezcladas que sólo pueden ser nombradas por separado para fines de comprensión y análisis.

¿Qué fue la crisis de las hipotecas subprime, con la que inició en 2007 una de las peores crisis del capitalismo sino un macrofenómeno financiero corrupto, del que la economía mundial aún no se recupera?

Qué importante resulta que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, comprenda que, financiarización y corrupción son el modo de ser del neoliberalismo. Emprender acciones separadas para cada uno puede disminuir su fuerza. Intentar poner en acto un programa distinto del neoliberal, y tener como cuerpo asesor a actores que portan en su cerebro y en su corazón la sustancia neoliberal, no es coherente.

Aldo Ferrer identifica dos grandes cepas de corrupción, la circunstancial y la sistémica. La primera es circunstancial porque incurren en ella los habitantes de la administración pública; el inicuo y turbio manejo del erario es circunstancial pero continuo, unos sujetos salen y otros entran a superar a los anteriores en exacciones milmillonarias insaciables.

 Esta corrupción es parte del neoliberalismo: la creación del individuo consumista y acumulador sin freno de fortunas ingentes, resultado de la financiarización de la economía. Está a la vista en México el desastre social y nacional de los gobiernos de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto.

La corrupción sistémica ocurre poniendo el aparato del Estado al servicio cuasi exclusivo del capital privado, enriqueciendo sin brida a los magnates de siempre y creando nuevos milmillonarios continuamente: así fue creado el inverosímil escándalo social del 1 por ciento. 

Al Estado se le sujeta para adoptar decisiones y políticas que generan rentas privadas espurias, no necesariamente ilegales ni directamente redituables para quien las adopta, que perjudican el interés público, escribe Ferrer. Nadie puede esperar de esta corrupción sistémica desarrollo social y nacional, conceptos que no son parte del neoliberalismo actuante.

Los investigadores Bibiana Medialdea y Antonio Sanabria, de la Universidad Complutense (La financiarización de la economía mundial: hacia una caracterización. Revista de Economía Mundial, 2013), escriben: “El mismo programa neoliberal, que propicia y consolida la supremacía del capital financiero, expresa su disposición a imponer una agenda favorable para sus intereses… La actividad financiera no sólo se expande vertiginosamente, sino que también altera su composición en términos de mercados, productos y agentes protagonistas.

 Estos cambios tienen la profundidad suficiente para afectar la lógica que rige el funcionamiento económico. En la mayor parte de las economías… las empresas del sector no financiero, las familias y los gobiernos actúan sometidos a esa lógica propia del sector financiero. Como resultado, la actividad económica se ‘financiariza’ y da lugar a numerosos problemas que provocan el debilitamiento de la demanda, la ralentización del proceso de acumulación y una reconfiguración social que perjudica a los trabajadores y beneficia al capital, particularmente a su fracción financiera. Numerosos problemas que, finalmente, han desembocado en la actual crisis”.

El consejo asesor de empresarios encumbrados, que será engrosado con más empresarios, según ha informado el presidente electo, ¿le dirán algo distinto al perverso camino de la financiarización de todo, que todo lo gobierna? ¿No resulta evidente que lo que ese consejo puede aconsejar está por necesidad en la lógica de actuación de sus empresas, inmersas en la economía financiarizada? ¿No es acaso ajena esa lógica a una economía al servicio del país y los excluidos? 

Ya se han expresado los empresarios: “Vamos a tener que hacer política desde la óptica empresarial… también tendremos que decir no, respetuosamente, objetivamente, pero de manera clara y contundente, cuando exista alguna política pública o proyecto que vaya en contra del desarrollo de las empresas en México”.

Me hago cargo de que mis preguntas atribuyen una perversidad deliberada a los propietarios de esas empresas que, sin duda, existe. Baste observar, por ejemplo, la relación de Elektra y de Banco Azteca con sus quizá cientos de miles de clientes de bajos recursos…, terrible.

 No obstante, no es eso lo fundamental. Esos empresarios lo ignoran todo sobre el sistema en el que viven. Son neoliberales porque nacieron ahí, aprendieron su lógica y la dominan y la exprimen acumulando millones… y producen desigualdad. Pero, justamente, es preciso que el Estado pueda ubicarse por encima de esa lógica para que pueda arbitrar las brutales contradicciones que la desigualdad produce y, mejor aún, para llevar bienestar a los excluidos de siempre."                      (José Blanco, La Jornada, 27/11/18)

28.11.18

Las empresas de EE.UU. roban cada año 180.000 millones de dólares al resto del mundo. Los paraísos fiscales desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del poder global de Estados Unidos...

"¿Son los paraísos fiscales un asunto indignante pero tangencial? ¿O tienen un efecto poderoso sobre el funcionamiento de la economía estadounidense y deberían por tanto formar parte de cualquier debate político?

Las alarmantes conclusiones de un nuevo estudio académico indican que se trata más bien de esto último. Titulado “The Exorbitant Tax Privilege” (El exorbitante privilegio de los impuestos), son sus autores Thomas Wright y el economista de la Universidad de California en Berkeley Gabriel Zucman, una de las principales autoridades mundiales sobre paraísos fiscales y autor de la mejor introducción al tema para legos en la materia: “La riqueza oculta de las naciones”.

Los paraísos fiscales (entre cuyos ejemplos más notorios se encuentran Irlanda, Singapur, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Hong Kong y Bermudas) sirven para dos propósitos.

El primero es la evasión fiscal para particulares, que es ilegal. Pensemos en los plutócratas rusos o nigerianos transfiriendo sus activos a pequeñas islas caribeñas con leyes estrictas sobre el secreto bancario, gracias a lo cual se libran de la tediosa necesidad de pagar impuestos en su propio país.

El segundo es la elusión fiscal para las grandes compañías multinacionales que resulta totalmente legal, siempre que los abogados hagan bien su trabajo. Imaginemos a Apple utilizando diversas artimañas contables para declarar que miles de millones de sus beneficios generados en países con una legislación tributaria normal para las empresas en realidad provienen de Irlanda, donde Apple ha negociado un tipo de impuesto especial del 2 por ciento para su compañía. (En alguna ocasión, Apple ha ido incluso más lejos al afirmar que parte de sus beneficios no provienen de ningún país).

En su libro, Zucman hace una estimación conservadora según la cual la evasión y la elusión fiscal trasladan cientos de miles de millones de dólares procedentes de impuestos impagados a los bolsillos de las personas más ricas del mundo.

El estudio de Zucman y Wright adjudica a las empresas multinacionales parte de la ecuación. Estas son algunas de sus principales conclusiones:

* En 1970, las multinacionales estadounidenses afirmaban que menos del 10 por ciento de sus beneficios se generaba en paraísos fiscales. Esa cifra asciende ahora a la descabellada suma del 50 por ciento. Es decir, que las compañías estadounidenses quieren que creamos que casi la mitad de su actividad económica se produce en lugares como las Islas Caimán. Goldman Sachs, por ejemplo, cuenta con 511 filiales allí, pero ninguna oficina.

Por el contrario, las multinacionales europeas suelen admitir que menos del 20 por ciento de sus beneficios proceden de paraísos fiscales. Las compañías de EE.UU. participan de este chollo por obvias razones: según la investigación, pagan un promedio del 27 por ciento de los beneficios en los países “normales” y un 7 por ciento en los paraísos fiscales.

* La fraudulencia pura y dura de los paraísos fiscales ha alcanzado niveles descarados. Un claro indicador de si una compañía multinacional tiene una auténtica actividad económica en un país es la ratio entre beneficios reportados y salarios pagados: cuanto mayor es la ratio, más evidente es que los beneficios se atribuyen a actividades realizadas en dicho país a causa de su baja fiscalidad. 

En los países con una fiscalidad adecuada, la ratio promedio es del 36 por ciento, es decir, las empresas reportan 36 centavos de beneficios antes de impuestos por cada dólar pagado en salarios. Por el contrario, la ratio asciende a la increíble cifra del 800 por ciento para las multinacionales extranjeras en Irlanda y hasta un estratosférico 1.625 por ciento en Puerto Rico.

* Durante décadas, gracias en parte a los paraísos fiscales, tanto los tipos impositivos reglamentarios como los efectivos se han ajustado a la baja una y otra vez en todo el mundo. Desde comienzos de los noventa, el tipo al que cotizan los beneficios en el extranjero las multinacionales no petroleras de EE.UU. ha caído del 35 al 20 por ciento.

* Igualmente, el tipo impositivo que pagan las compañías de EE.UU. a los gobiernos extranjeros se ha desplomado desde una media del 70 por ciento antes de la Guerra del Golfo de 1991 hasta un 45 por ciento a partir de entonces, un fenómeno peculiar que, según Zucman y Wright, puede reflejar “un regreso a la protección militar que otorga Estados Unidos a los estados petroleros”. (Las tasas impositivas para las multinacionales petroleras suelen ser mayores que las de otras empresas porque los estados dependientes de hidrocarburos tienen mayor capacidad de influencia. Ivanka Trump, por ejemplo, puede trasladar la producción de su línea de calzado de Bangladesh a Etiopía, pero Exxon no puede amenazar con trasladar un proyecto de extracción petrolera de los Emiratos Árabes a Bélgica). 

Además, las multinacionales petroleras estadounidenses producen increíbles beneficios: de 1966 a 2010, sus beneficios en el extranjero antes de impuestos representaron más de un tercio del total de beneficios de las multinacionales con sede en EE.UU. en el extranjero.

El poder global de EE.UU.

Si consideramos todos estos aspectos, podemos concluir que los paraísos fiscales desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del poder global de Estados Unidos. Durante décadas, este país ha comprado a otros mucho más de lo que les ha vendido, y su deuda externa es muy superior a la de cualquier otro país (alrededor de 8 billones de dólares, equivalente a más del 40 por ciento de su producto interior bruto). Estos 8 billones son la diferencia entre los 35 billones de inversión extranjera en activos estadounidenses y los 27 billones de inversión estadounidense en activos extranjeros.

Dentro de una lógica económica normal, esto significaría que cada año gran cantidad de dinero saldría de la economía estadounidense, cuando los extranjeros recogieran sus beneficios sobre los activos estadounidenses. Sin embargo, de alguna manera, la rentabilidad conseguida por el capital estadounidense de sus activos extranjeros es muy superior a la rentabilidad del capital extranjero por activos estadounidenses. El dinero continúa fluyendo hacia Estados Unidos.

Zucman y Wright calculan que casi la mitad de la diferencia entre la rentabilidad de las inversiones estadounidenses en el exterior y la rentabilidad del capital extranjero en EE.UU. puede atribuirse a tipos impositivos anormalmente reducidos para las multinacionales estadounidenses, lo que a su vez se explica por el poder de EE.UU. y por los paraísos fiscales. Si sus conclusiones son correctas, estos exorbitantes privilegios fiscales se traducen en unos 180.000 millones de dólares anuales, o el equivalente al 1 por ciento de PIB de EE.UU. (Si el 1 por ciento no le parece gran cosa, recuerde que durante la pasada década la economía estadounidense creció entre el 1,5 y el 2,5 por ciento anual). 

Si la economía mundial fuera más justa, este dinero habría ido a parar, a través de los impuestos, a gobiernos extranjeros de países que no son paraísos fiscales. Sin embargo, ha terminado en los bolsillos de las multinacionales estadounidenses y de sus accionistas.

Son muchas estadísticas, es verdad, pero que tienen interesantes implicaciones (más allá de las conclusiones del informe de Zucman y Wright). Las consecuencias de los paraísos fiscales se ponen en evidencia en numerosas cuestiones políticas de las que, aparentemente, están desconectadas.

En primer lugar, si las élites estadounidenses fueran suficientemente inteligentes para comprender las implicaciones de los paraísos fiscales –algo que no es obvio en absoluto–probablemente sofocarían cualquier intento serio por eliminarlas. Y no solo porque los ricos posean desproporcionadamente acciones de EE.UU. y se beneficien directamente de la elusión fiscal de la cual gozan las multinacionales de EE.UU. 

También porque la eliminación de los paraísos fiscales podría reducir los beneficios producidos por nuestros activos extranjeros. Esto, a su vez, forzaría a Estados Unidos a someterse a las leyes normales de la gravedad económica y causaría un debilitamiento del dólar. Lo cual beneficiaría a muchos estadounidenses de a pie porque daría impulso a la industria nacional. 

Pero resultaría difícil de tragar para las élites, porque un dólar débil convierte a EE.UU. en relativamente más pobre respecto al resto del mundo, y eso reduce nuestro poderío en la escena global. (La eliminación de los paraísos fiscales también reduciría la desigualdad interna en EE.UU. al reducir los beneficios empresariales).

Además, está el hecho de que la caída de los tipos impositivos a sociedades de las últimas décadas no ha terminado. Antes de la aprobación de la reforma fiscal promovida por Trump el año pasado, las grandes empresas estaban teóricamente obligadas a pagar impuestos sobre los beneficios obtenidos en el extranjero cuando los repatriaban a EE.UU. (en la práctica, nunca traían el dinero a casa). Pero el proyecto de ley de 2017 cambió las reglas. 

Ahora, todo el dinero que las empresas dicen haber ganado en un país extranjero deberá pagar exclusivamente los impuestos a los que les obligue la legislación de dicho país. Así pues, las compañías tendrán todavía más incentivos para engañosamente trasladar sus beneficios a paraísos fiscales.

El proyecto de ley también recorta drásticamente los tipos del impuesto de sociedades, del 35 al 21 por ciento, supuestamente porque EE.UU. tiene que ser “competitivo” con los tipos fiscales de otros países. Este cambio supondrá una presión sobre dichos países, para que reduzcan aún más las tasas del impuesto de sociedades. Cuando lo hagan, las multinacionales se escudarán en ello para demandar nuevas bajadas de los tipos impositivos en EE.UU. Y así sucesivamente.

También surge el tema de quién tiene el poder dentro de las relaciones entre EE.UU. y Arabia Saudí, puesto de manifiesto tras el asesinato de Jamal Khashoggi. Algunos expertos han afirmado con toda confianza que como la producción de petróleo saudí es ahora inferior a lo que era, ya no les necesitamos tanto.

 Pero a las élites estadounidenses no les importa la influencia saudí en el precio del petróleo, sino la participación estadounidense en la extracción y refinado de todos los hidrocarburos del Golfo Pérsico. Si Estados Unidos rompiera de verdad con Riad, los saudíes y sus aliados petroleros del Golfo podrían castigar a las multinacionales petroleras de EE.UU. acudiendo a sus homólogas rusas.

Veamos el caso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que si adquiriese el estatus de Estado dentro de EE.UU. probablemente incrementaría el poder del Partido Demócrata en el Congreso. Puerto Rico ha sido durante décadas un paraíso fiscal para la industria farmacéutica y, más recientemente, ha intentando promocionarse como paraíso fiscal para individuos superricos. 

Si Puerto Rico adquiere estatus de Estado, tanto las grandes compañías como muchos gestores expatriados de fondos especulativos se verían obligados a cotizar según los tipos impositivos estadounidenses, por lo que cabe esperar que ambos grupos ejerzan una enorme presión para evitar que eso llegue a ocurrir.
Impuestos frente a viruela y golf

En definitiva, la continua propagación de los paraísos fiscales por todo el mundo debería preocupar a los economistas –y no solo a los atípicos como Zucman–, ocupar primeras páginas en los periódicos y atraer la atención de todo el mundo. Pero no es así. ¿Por qué?
Hace casi cien años, el mordaz misántropo H.L. Mencken escribió un artículo sobre los economistas académicos. 

El tema de la fiscalidad, afirmaba Mencken, “mantiene siempre su actualidad; afecta a nueve de cada diez personas más que la viruela o el golf, y guarda en su interior el mismo dramatismo”. Sin embargo, seguía Mencken, los economistas han creado los impuestos y la economía, en general, nos parece tremendamente aburrida.

Esto sucede, según Mencken, porque a diferencia de otros estudios académicos (como las matemáticas, la arqueología, la gramática latina) que no interesan a los superricos, la economía “afecta directamente a los patronos de los profesores [...] Es, en pocas palabras, la ciencia que estudia las maneras y los medios conforme a los cuales han llegado a ese estatus, y se mantienen en ese estatus, en el que pueden contratar profesores y convertirse en sus jefes [...] por encima de prácticamente todo [economista] existe un consejo de administración con sus pies en el mercado de valores y sus ojos en el orden establecido, y dicho consejo se mantiene siempre alerta para detectar herejías en la ciencia sobre la que se basa su existencia”. 

Los economistas, por tanto, tienen todos los incentivos para ser extremadamente ortodoxos, extremadamente aburridos y no llegar nunca a comunicar “el elemento de interés humano” al resto del mundo.

Somos afortunados de que Zucman y compañía hayan ignorado estos incentivos. “Algunos economistas sienten que la economía solo deber tratar de la eficiencia, y que los economistas no deberían hablar de cuestiones distributivas y de desigualdad”, afirmó Zucman en una ocasión. Se le ha acusado de practicar “economía francesa”, signifique lo que signifique eso. Por suerte, él y sus colegas continúan poniendo el foco en lo que verdaderamente importa y tienen el talento de informarnos de ello al resto de nosotros."                    (Jon Schwarz , Rebelión, 10/11/18. Fuente: The Intercept

27.11.18

Dos tercios de los cigarrillos del mercado negro mundial proceden de las propias tabacaleras, según un estudio

"¿Y si todo lo que creemos saber sobre el mercado negro del tabaco no fuera del todo cierto? Durante años, gobiernos de todo el mundo se han fiado de estudios financiados por la propia industria tabacalera para definir sus estrategias contra el contrabando de cigarrillos . Pero los investigadores de la Universidad de Bath afirman que estos informes “han sobreestimado rutinariamente la escala” de este comercio ilegal.

Las conclusiones de su estudio incluso van más allá y afirman que los grandes productores de tabaco están “facilitando todavía el contrabando de tabaco, mientras intentan controlar el sistema global diseñado para prevenirlo”. Según sus estimaciones, “aproximadamente dos tercios de los cigarrillos del mercado negro mundial proceden de las propias tabacaleras”.

Dos análisis del Grupo de Investigación de Control del Tabaco (TCRG) han sido publicados recientemente en la revista Tobacco Control. Para realizar el primero, que salió en junio, los autores tuvieron acceso a documentos restringidos que apuntaban cómo las compañías tabacaleras han intentado “socavar un acuerdo internacional importante (el Illicit Trade Protocol (ITP), protocolo de comercio ilícito), diseñado para evitar que la propia industria siga con el contrabando de tabaco”.

Los profesores de la Universidad de Bath Allen Gallagher y Anna Gilmore recuerdan que el ITP se comenzó a adoptar cuando algunas de las principales empresas del sector fueron juzgadas y multadas en 2012 por su participación en operaciones globales de contrabando de tabaco. “Se creó un sistema que rastrea los paquetes a través de su ruta de distribución”, señalan.

“En este punto, la industria tabacalera aseguró que había cambiado y se presentó ya no como perpetradora del contrabando, sino como víctima de este mercado ilícito”, apuntan. Las principales compañías desarrollaron entonces su propio sistema, conocido como Codentify (patentado por Phillip Morris y que también usan British American Tabacco , Imperial Tobacco Group y Japan Tabacco International .

“Presionaron a los gobiernos de todo el mundo para que adoptaran el Codentify como sistema mundial de seguimiento y rastreo. Los documentos filtrados muestran que trazaron un plan conjunto para usar lobbies para promover el Codentify y hacer creer a las autoridades que era independiente de la industria”, apuntan los investigadores.

Pero cada vez hay más evidencias, según sugiere el estudio, de que las tabacaleras “facilitan el contrabando de tabaco”. “En el mejor de los casos, la industria no estaría controlando su cadena de suministro, aunque evidencias recientes procedentes de investigaciones gubernamentales, denunciantes y documentos filtrados indican que las compañías tienen una participación continua” en este proceso.

“Esta tiene que ser una de las estafas más grandes de la industria tabacalera: no solo sigue involucrada en el contrabando de tabaco, sino que se está posicionando para controlar el sistema que los gobiernos de todo el mundo han diseñado para detener esta práctica”, destaca en un comunicado Anna Gilmore, directora del TCRG.

El segundo estudio, publicado hace apenas una semana en la misma revista , ha examinado la calidad de los datos e informes sobre el tabaco ilícito que las tabacaleras han financiado y los autores entienden que se sobreestiman los niveles de contrabando y que hay “una falta de transparencia en cada etapa del proceso de investigación”.

“En la década de 1990, había pruebas abrumadoras de que Big Tobacco (las cinco empresas más grandes de la industria tabacalera: Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Brands, Japan Tobacco International y China Tobacco) estaba involucrado en el mercado ilícito del tabaco. Según las estimaciones de la época, un tercio de las exportaciones mundiales de cigarrillos anuales no podían contabilizarse a través de rutas de distribución legales”, dicen los expertos.

“A pesar de la abrumadora evidencia de complicidad histórica en el contrabando de tabaco y que las últimas pruebas sugieren que las compañías continúan impulsando este comercio ilícito, la industria se presenta como clave para resolver el problema, mostrando la financiación de estudios como un ejemplo de sus intentos de reducir el estraperlo”, señalan.

En 2016, por ejemplo, Philip Morris International prometió destinar 100 millones de dólares a analizar el mercado negro de tabaco. “Pero si los datos no logran alcanzar los estándares esperados de la investigación académica, debemos preguntarnos si tiene algún uso más allá de ayudar a la industria a enturbiar las aguas en un importante problema de salud pública“, indica Allen Gallagher.

Lo habitual es que las grandes compañías tabacaleras utilicen los hallazgos de los estudios que patrocinan para argumentar que las políticas de control del tabaco lo que hacen es conducir a un aumento en el contrabando e inciden en que si los gobiernos quieren subir los impuestos eso alentará a más personas a comprar cigarrillos ilegalmente.

Anna Gilmore entiende que los gobiernos y las autoridades fiscales y aduaneras de todo el mundo “parecen haber sido engañados por los datos y las tácticas de la industria”. “Es vital que se despierten y se den cuenta de cuánto está en juego. Los estudios financiados por la industria del tabaco no son confiables”, añade."                       (David Ruiz, La Vanguardia, 27/08/18)

26.11.18

Maraña de corrupción policial en Ourense

"Un barullo de autos, providencias y recursos enreda la investigación judicial abierta en 2016 por la muerte violenta del agente Celso Blanco, responsable de prensa en la policía nacional de Ourense. Su cuerpo apareció la noche de un sábado desplomado sobre la mesa de su despacho de la comisaría con un tiro en la sien y un reguero de mensajes autoinculpatorios de mayor carga deflagrante que la bala que lo había atravesado.

La muerte del agente Blanco habría dado carpetazo al nunca esclarecido robo de seis armas del búnker de la comisaría si la juez Eva Armesto, que estaba de guardia, no hubiera sospechado, como la familia del fallecido, que no encajaba con un suicidio y no hubiera ordenado detener a los policías gemelos Bernardo y Roi De Prado, ahora en libertad bajo fianza. Tras dos años de investigaciones, a los que se suma una prórroga de la instrucción por otros 36 meses, la maraña judicial que envuelve esta causa se enreda con otras tramas surgidas de un mismo tronco: el de la corrupción en la comisaría.


Los juzgados ourensanos investigan desde finales de 2014 un entramado delictivo basado, según todos los indicios, en las inquinas, celos y vendettas entre grupos de policías. De momento, van cuatro causas abiertas a las que se podrán ir sumando otras nuevas. El crimen de la comisaría -sea finalmente homicidio o suicidio- ha acabado evidenciando el grueso calibre de una guerra interna que libraban entre sí los defensores de la ley en el interior del edificio más blindado de la ciudad.

La aparente normalidad de cuerpo policial en la apacible capital ourensana -una de las de España con menor índice de delitos- se hizo añicos en 2014 cuando varios medios de comunicación locales comenzaron a recibir anónimos injuriosos (investigados en una de estas causas) en los que se alertaba del supuesto trato de favor a traficantes de droga por parte de la brigada de estupefacientes.

La difusión de los anónimos derivó en la apertura de la Operación Zamburiña (otra de las causas) saldada con el descabezamiento de la brigada de estupefacientes y el posterior procesamiento del entonces jefe y otros tres agentes antidroga. La Fiscalía pide ahora 102 años de cárcel para los cuatro policías (el exjefe se enfrenta a siete y medio) y los nueve traficantes a quienes presuntamente protegían.

Los anónimos informaban también del robo de seis armas del búnker de la comisaria (objeto de otras diligencias) del que nadie jamás había informado, ni siquiera internamente. La muerte del agente Blanco, presentada como un suicidio con confesión incluida de la culpabilidad del robo de las armas -la bala que lo mató salió de una de ellas y otras dos aparecieron en el escenario del supuesto suicidio- abrió la última causa. Hasta el momento.

Transcurridos más dos años de aquella muerte violenta, Eva Armesto, titular del juzgado de instrucción número 3 de Ourense, mantiene en calidad de investigados a Bernardo y Roi De Prado, dos policías gemelos de potente personalidad, bregados como instructores de tiro en el cuerpo, amigos del difunto y uno de ellos, su exjefe. La juez Armesto los ha dejado en libertad bajo fianza que ha ampliado a 100.000 euros cada uno, sin pasaporte y con obligación de comparecer diariamente. Los considera autores de la muerte de su compañero, entre una larga lista de delitos.

La instructora vinculó prácticamente desde el principio de la investigación el supuesto homicidio de Celso Blanco con el robo de las armas del búnker de la misma comisaría por lo que pidió a su compañero del juzgado número 1, Leonardo Álvarez, que instruía en ese momento la Operación Zamburiña. que se inhibiera en la causa de las armas.

La magistrada planteaba la conexión entre el robo y el homicidio con el argumento de que este pudo haber sido causado por los gemelos “con la única intención de evitar que los mismos fueran descubiertos como los autores de la sustracción de las armas”. Junto a ello se declaraba competente para instruir el robo aludiendo al hallazgo de ADN en la pistola con la que se produjo el disparo mortal compatible con familiares en tercer o cuarto grado de los gemelos.

No obstante, Leonardo Álvarez no se inhibió. El juez acabó archivando el pasado mayo la causa alegando que no encontraba indicios que apuntasen a autor alguno del robo tras investigar a varios policías y a algún mando, pero no a los hermanos De Prado a los que Armesto considera autores. Entre otros indicios, la instructora se apoya en un informe de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la comisaría de Ourense que señala a los gemelos y al policía fallecido como autores del robo en el armero y apunta que el supuesto crimen se habría cometido al surgir discrepancias entre los tres a la hora de asumir responsabilidades.

El informe sostiene que los gemelos fueron también los autores de los anónimos que alertaban de la desaparición de las armas y de la existencia de la supuesta trama corrupta en la brigada de estupefacientes. La UDEV califica a los hermanos y al difunto de “grupo criminal” y les atribuye la comisión de un rosario de delitos (robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, denuncia falsa, falso testimonio, revelación de secretos e injurias y calumnias), realizados con “una importante planificación”.

Creen estos investigadores que con el robo de las armas iniciaron una trama de corrupción para sembrar sospechas sobre otros compañeros: los imputados en la Zamburiña, con los que mantenían enemistad. El intento de la magistrada de vincular esta causa con el supuesto homicidio del agente, basándose en que la muerte pudo haber sido provocada por los gemelos “con la única intención de evitar ser descubiertos como los autores de la sustracción de las armas” (en los mensajes que dejó inculpándose el agente Blanco exoneraba expresamente de cualquier delito a los hermanos) ha resultado hasta el momento infructuoso.

La Fiscalía, que, junto la defensa de los gemelos insiste en la inocencia de estos hermanos, recurrió a la Audiencia Provincial de Ourense a que instara a la juez a derivar la causa del robo de nuevo a Leonardo Álvarez. Ahora, a la vista del atestado de la UDEV, el magistrado podría acabar citando como imputados a los gemelos.

Así lo esperan en el entorno policial ourensano representado por el SUP que, según ha trascendido en medios locales, ha visto con recelo las actuaciones del titular del juzgado de instrucción número 1 y de la Fiscalía en el caso de la Operación Zamburiña y cree que tanto el exjefe de estupefacientes como los otros policías procesados solo incurrieron en mala praxis en su trato con los confidentes.

Se aferran estos compañeros al informe de la UDEV que concluye que el exjefe de estupefacientes fue damnificado por los anónimos y la supuesta apropiación de sus claves informáticas por parte de los gemelos. Basándose en este atestado, el exjefe antidrogas ha presentado una querella contra los hermanos De Prado: los acusa de los delitos de acceso ilegal a sistemas informáticos, denuncia falsa, simulación y falso testimonio, así como de pertenencia a grupo criminal junto al fallecido Celso Blanco.

Junto a ello, el exresponsable de estupefacientes ha recusado al juez Álvarez -que lo ha procesado tras ser acusado por la Fiscalía de un delito contra la salud pública, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos- para apartarlo de la instrucción de la querella contra los gemelos. Alega falta de imparcialidad del magistrado por mantener una “amistad íntima” con los hermanos De Prado con quienes sostiene que compartía un grupo de WhatsApp y que lo invitaban a la galería de tiro de comisaría.

El juez, que sostiene que fue en tres ocasiones a esa galería aunque precisa que lo hizo en el contexto de una relación institucional, no ve base para la recusación. La Fiscalía lo secunda. Mientras se sucede el fuego cruzado de acusaciones, la causa del supuesto homicidio encalla en un laberinto burocrático y en enigmáticas peticiones de archivo, como el informe de Asuntos Internos que apareció incorporado a los autos, si firmar y sin haber sido solicitado, reclamando el archivo de esta causa y que se considerase suicidio la muerte del agente; una tesis que comparte la Fiscalía.

Considerando las anomalías del documento, la juez pidió que no se tuviese en cuenta. No obstante, al levantarse el secreto del sumario el abogado de los gemelos, Neil González, se aferró a él y el fiscal se adhirió en el recurso presentado ante la Audiencia que ordenó a la juez que no lo mantuviese en los autos. La instructora lo ha dejado, aunque insistiendo en su irrelevancia por las características mencionadas.

No es el único documento extraño que enturbia el caso. Evidenciando la vigencia del entramado, retornaron los anónimos. El último, enviado a la familia del difunto, señala a los gemelos como responsables de su muerte y denuncia, además, supuesta corrupción de miembros de la judicatura ourensana. El defensor de los hermanos De Prado tilda de “esperpento” el escrito que el abogado de la familia del fallecido, Arturo Mosquera, entregó, no obstante, a la juez para que lo valorase al mismo tiempo que instaba públicamente al autor a que diese la cara y prestase declaración si quería que se diese veracidad a su denuncia. No hubo respuesta.

“Es una auténtica barbaridad”, sostiene Neil González, destacando que “no solo no está firmado sino que no aporta ni un solo indicio de prueba de las acusaciones que vierte sobre el estamento judicial y policial de Ourense”. “No tiene recorrido. Lo archivarán de plano”, afirma. De la misma forma que la Fiscalía, el defensor de los gemelos no descarta que el anónimo hubiese salido de las dependencias de la propia comisaría, como se sospecha que salieron -de otro bando- los que hace tres años originaron la apertura de la Zamburiña, la primera de las causas de corrupción policial que siguen entrelazándose en una espiral infinita."                (Cristina Huete, El País, 14/11/18)

23.11.18

Atajar la corrupción sumaría más de 10.000 millones al PIB de España cada año

"El estudio presentado este viernes y titulado "Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España" está elaborado a partir de cinco indicadores del Banco Mundial, basados a su vez en los informes de decenas de organismos públicos, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales. 

La nota global de calidad institucional coloca a España en el puesto 31 de los 154 países analizados, todos con más de medio millón de habitantes.

¿Es el puesto 31 adecuado para España? En cuestión de control de la corrupción y calidad de sus instituciones, España boxea por debajo de su peso económico. Si se divide el mundo por percentiles, en el de productividad, España estaría en el 85 (de cada 100 países, solo 15 tendrían mejor posición). Mientras, en calidad institucional, se queda dentro del percentil 80. Por debajo de Portugal, Irlanda, Francia o Alemania.

Una vez obtenida esa foto fija, los autores calculan el impacto económico que tendría conseguir que, en 15 años, en España el control institucional igualara a la productividad. No se plantean qué ocurriría si la corrupción y las deficiencias en las instituciones desaparecieran del todo, porque lo consideran imposible. Pero solo con mejorar los controles al nivel adecuado al peso económico, el beneficio económico sería multimillonario.

 

Entre un 8% y un 30% más de riqueza


Según el estudio, el resultado de atajar la corrupción y mejorar el control institucional arrojaría en 15 años varios escenarios: podría sumar un 8% al PIB en la estimación más conservadora y un 30% en la más optimista. El “escenario central” que contemplan los profesores de la Universidad de Murcia Francisco Alcalá —que es también investigador del IVIE— y Fernando Jiménez, es el que indica que avanzaría un 16%, a razón de algo más de un punto al año, que se sumaría a la riqueza.

¿Por qué hacen proyecciones a 15 años? Las mejoras requerirían tiempo para ser implementadas. Es un plazo orientativo, apuntan. Y la riqueza llegaría de forma indirecta: “La mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, una mejor regulación y una mayor competencia incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación, y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas”, afirma Alcalá, que es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico.

Para la evaluación, el estudio usa cinco indicadores de calidad regulatoria. En el que más cojea España es en el de control de la corrupción, entendida como “el grado en el que el poder público es ejercido para beneficio privado, así como la captura del Estado por las élites y los intereses privados”. 

O dicho de otro modo: “En la confianza que generan los políticos, los funcionarios, el sistema judicial y el sistema de recaudación de impuestos, así como las sospechas sobre la existencia de pagos irregulares en la adjudicación de contratos públicos”.

 

Evolución preocupante


El país obtiene mejor resultado en otros indicadores, como los de grado de participación política de los ciudadanos; el de calidad de los servicios públicos; o el que examina el cumplimiento de las leyes y los contratos, que engloba criminalidad y violencia.

El informe contiene un dato preocupante. España ha perdido un punto en el indicador global de calidad institucional (medido sobre 10 puntos): baja de 7,8 a 6,8 entre 2003 y 2017. Un periodo en el que sus instituciones se han visto sacudidas por numerosos casos de corrupción, lo cual, afirma, Alcalá, “ha afectado a la percepción que se tiene del país”.

 El investigador pide, sin embargo, observar la evolución con prudencia: “Cuando un caso de corrupción llega a los periódicos, a las televisiones o a los juzgados, normalmente ha pasado bastante tiempo, puede que hasta 10 años, desde que ocurrieron los hechos. Existe un desfase cronológico”.

En el estudio se citan los trabajos de otros investigadores, que consideran, por ejemplo, que España también ha sufrido un deterioro de la calidad democrática debido a la “colonización de las instituciones” por parte de los partidos, que empezó antes de 2003. Y Alcalá considera que, sin duda, en el descenso de la puntuación de España ha influido la crisis. “Mientras la economía marchaba bien, los fallos institucionales no eran considerados tan preocupantes como en la época de vacas flacas y de recortes”.


La clasificación de calidad institucional está encabezada por Noruega. Le siguen Nueva Zelanda, Finlandia y Suiza. España se sitúa en el puesto 31, a una considerable distancia de Alemania (10), Reino Unido (13), Francia (21) o Portugal (22).

Pero por encima de otros países mediterráneos, como Italia (39) y Grecia (48). Los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial se elaboran a partir de los indicadores específicos de 31 entidades de naturaleza diversa, que incluyen a Freedom House, Gallup, Transparencia Internacional, Heritage Foundation, Economist Intelligence Unit, Foro Económico Mundial, Political Risk Services, Institute for Management & Development y Reporteros sin Fronteras. A estos se les agregan otros indicadores creados a partir de encuestas con expertos, directivos de empresas y responsables de instituciones públicas.

 

Peor que Portugal y mejor que Italia



La clasificación de calidad institucional está encabezada por Noruega. Le siguen Nueva Zelanda, Finlandia y Suiza. España se sitúa en el puesto 31, a una considerable distancia de Alemania (10), Reino Unido (13), Francia (21) o Portugal (22).

Pero por encima de otros países mediterráneos, como Italia (39) y Grecia (48). Los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial se elaboran a partir de los indicadores específicos de 31 entidades de naturaleza diversa, que incluyen a Freedom House, Gallup, Transparencia Internacional, Heritage Foundation, Economist Intelligence Unit, Foro Económico Mundial, Political Risk Services, Institute for Management & Development y Reporteros sin Fronteras.
 A estos se les agregan otros indicadores creados a partir de encuestas con expertos, directivos de empresas y responsables de instituciones públicas."                        (Ignacio Zafra. El País, 27/10/18)

22.11.18

Coalición Canaria salvó de la piqueta en 1995 el edificio de Tenerife golpeado por olas gigantes y que toca terrenos de dominio público




"La imagen de la  ola gigante que el pasado sábado arrancó de cuajo un balcón en la tercera planta de un edificio en Tenerife ha puesto en el mapa de la actualidad al pequeño núcleo turístico de Mesa del Mar.

Situado en el municipio de Tacoronte, al norte de la isla y al pie de un imponente acantilado, el inmueble Mar y Sol fue objeto de una polémica en los años noventa, cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por un alcalde socialista, de común acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente (que prometió 600 millones de pesetas -3,6 millones de euros-), intentó recuperar para el uso público parte del tramo de costa que ocupa esa construcción. Este bloque fue en su origen, años sesenta del pasado siglo, un hotel, cuyos apartamentos luego fueron vendidos a particulares y ahora su uso se ha convertido en residencial.

Pero ocurrió que en 1995 accedió a la alcaldía la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI entonces y hoy Coalición Canaria -CC-; ese fue uno de los partidos que años después fundaría CC), que dio marcha atrás al proyecto, hasta que finalmente, en 2013, el deslinde público elaborado por la Dirección General de Costas dejó fuera del dominio público marítimo-terrestre el edificio, salvo dos pequeñas esquinas, y quedó dentro de la servidumbre pública de protección.

Por esos años los propietarios habían recurrido el acuerdo del pleno municipal (tomado en 1993) que declaraba ilegales la venta de apartamentos como viviendas en el Mar y Sol. El litigio lo ganó la parte privada, Hoteles Afortunados, SA, y este llegó al Tribunal Supremo.

Un complejo turístico inaugurado por Manuel Fraga

La urbanización del entonces hotel la promovió el empresario Arcadio Pérez Dorta, ya fallecido. La construcción comenzó a principios de los sesenta del pasado siglo con unas difíciles obras en la carretera que daría acceso a ese complejo turístico. En 1967 se inauguró, en un acto que presidió Manuel Fraga Iribarne, el ministro de Turismo del régimen franquista.

Su declive como zona turística de lujo comenzó en los años ochenta y se convirtió paulatinamente en un barrio residencial, siempre con el ojo puesto en los embates de los temporales marinos, que ya en el pasado habían provocado daños en las instalaciones públicas y privadas más próximas al mar.
El sábado 17 de noviembre de 2018, fue uno de esos días: el furioso océano entró de lleno en las plantas bajas del edificio, lo que causó destrozos en enseres, ventanas, paredes, balcones y zonas comunes, y por seguridad fueron desalojadas el fin de semana 65 familias. 

Este lunes, ya sin avisos meteorológicos por oleaje, los vecinos relataban a TVE 1 cómo vivieron con horror ese temporal, que no es el primero que sufren, pero sí uno de los que más daños les ha ocasionado en los últimos decenios, hasta el punto de que algunos propietarios se plantearon incluso no regresar a sus viviendas.

Que el mar bata sobre los cimientos de este edificio y que, de vez en cuando, dé un buen susto a los inquilinos de las plantas bajas, no extraña a nadie. Basta contemplar dónde está construido, sobre la misma línea de mar y con un estrecho paseo a su alrededor por el que no conviene transitar cuando el mar está embravecido. A ojos de buen cubero, está en lo que se considera dominio público, pero la realidad es que la orden ministerial que trazó esa línea en la costa de Tacoronte lo deja fuera. 

El Ministerio aclara que el domino público fijado apenas le afecta

Fuentes de la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife indicaron este lunes a Tenerife Ahora que el deslinde vigente toca muy levemente dos esquinas de las edificaciones que hay en la parcela, la mayor parte de la cual se halla en servidumbre pública. 

Pese a la evidencia de que estos bloques de apartamentos están casi sobre el mar, desde ese organismo público se indica que se trata de un inmueble construido de modo legal antes de la ley de 1988, y que se pudo beneficiar de esa circunstancia, además del hecho de que el Ayuntamiento cambiara de criterio a mediados de los años noventa para desarrollar un proyecto de recuperación de ese espacio costero para uso público.

Las mismas fuentes señalaron que los deslindes en sí mismos no son inamovibles, pero subrayaron que hasta 2013, para modificarlos, había que demostrar hasta dónde alcanzaban las olas en el máximo temporal conocido, pero desde entonces, con la reforma de la ley, es preciso verificar que el mar ha llegado más lejos en al menos cinco ocasiones en un lustro, lo cual dificulta cualquier solicitud en este sentido.

El alcalde socialista hasta 1995 lo tachó de "enorme atentado"

Sea como fuere, el edificio que ahora se ha hecho famoso en toda España provocó un duro enfrentamiento político en los años noventa en la isla. Tal es así que el entonces alcalde socialista, Guillermo Graham, que defendió su derribo -con indemnizaciones a los propietarios- publicó en el periódico Diario de Avisos un revelador artículo de opinión, apenas unos meses después de perder la alcaldía, en el que calificaba esa construcción de "enorme atentado contra el litoral de Tacoronte". 

"La costa", escribió el político del PSOE, "es un espacio de ocio de los ciudadanos y no se puede permitir que sea ocupada por construcciones ilegales o aparentemente legales como el edificio Mar y Sol".

En este artículo (desempolvado ahora de las hemerotecas por el periodista Esaú Hernández en un hilo de Twitter), Graham no tenía dudas de que "el edificio está afectado por la Ley de Costas [de 1988], y en ningún caso legalmente puede aceptarse un deslinde distinto al que se establece en la ley; es decir, más tarde o más temprano se podría aplicar una Ley que depende del Estado y que no parece que vaya a modificarse". 

El augurio de aquel alcalde socialista no se cumplió, y en 2013, con el PP en el Gobierno estatal, la ley se reformó y además el deslinde aprobado posteriormente salvó el Mar y Sol.
Aquel regidor municipal de Tacoronte fue más allá y destacó en su columna aparecida en prensa que durante su mandato el Ayuntamiento tuvo "importantes batallas jurídicas contra un poderoso señor de todos conocido", en alusión al promotor de esta urbanización controvertida, levantada sobre una escasa plataforma rocosa y en las laderas del acantilado. 

El partido ATI (hoy CC) en Tacoronte se opuso a ese proyecto de recuperar la costa con argumentos como el "desorbitante" coste para el erario público y una "insultante" compensación económica para los dueños del Mar y Sol. Al llegar al poder municipal, en pleno época de revisión del Plan General de Ordenación del municipio, con el gobierno que presidió el alcalde Hermógenes Pérez, de ATI-CC, el asunto quedó aparcado para siempre.

En internet pueden encontrarse a la venta pisos en la calle de Mesa del Mar, algunos por 58.000 euros y 83.000 euros, en los que puede verse cómo el Atlántico está tan cerca que parece que va a colarse por la ventana. Y es lo que ocurrió en las primeras plantas del inmueble el pasado fin de semana."             (Vicente Pérez, eldiario.es, 19/11/18)

21.11.18

Marchena se retira de la presidencia del Supremo tras los mensajes de Cosidó

"El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha decidido retirar su candidatura a la presidencia del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

 Tras la difusión de los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un grupo de Whatsapp con compañeros de partido celebrando el "esperanzador" reparto para la formación del CGPJ, el magistrado ha considerado que apartarse es la mejor manera de defender su independencia. Marchena seguirá por tanto al frente del tribunal que juzgará a los exmiembros del Govern en el Supremo.  (...)

La decisión de Marchena llega después de que Cosidó enviase un mensaje el sábado por la noche, tal y como publicó 'El Español', a sus senadores explicando que el PP lograba nueve vocales en el CGPJ más la presidencia del Consejo, frente a los 11 del PSOE, y "además controlando la sala segunda desde detrás [la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y otros aforados]".

En su comunicado, Marchena hace referencia a estos mensajes de forma indirecta: "El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo -de forma especial, como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados-, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado", asegura en el escrito el magistrado, que durante su mandato al frente de esta Sala ha absuelto a una senadora del PSOE y desestimado hasta cuatro querellas contra miembros de Podemos, entre ellos el propio Pablo Iglesias.

Aunque Cosidó negó este lunes que de sus mensajes se pueda sacar una conclusión de falta de independencia judicial y achacó dicha idea a que la redacción del texto no fue "la más afortunada", Marchena ha optado por desmarcarse del nuevo Consejo General del Poder Judicial ante el revuelo causado.

 "Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial", explica al final de la carta.

El pacto entre Gobierno y PP

Gobierno y PP pactaron la pasada semana la elección de Manuel Marchena, un juez con etiqueta de conservador, como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo a cambio de que en el órgano se diese una mayoría de vocales progresistas: el Ejecutivo y Podemos elegirían a 11 y el PP se quedaría con nueve. Tras el paso atrás de Marchena, el acuerdo salta ahora por los aires, lo que afecta también a los veinte vocales acordados: 12 que entran por el turno de jueces y ocho por el de juristas.

 Según informaban a El Confidencial fuentes jurídicas la pasada semana, los jueces elegidos por el PSOE para entrar al CGPJ eran los siguientes, pero sus nombramientos ya no son seguros: los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Ángel Ramón Arozamena y José María del Riego; el juez que llevó a Europa la Ley Hipotecaria, José María Fernández-Seijo; la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, Inmaculada Montalbán; la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice, de Juezas y Jueces para la Democracia, y la magistrada del Juzgado de lo Social 23 de Barcelona y 'consellera' de Trabajo de la Generalitat de Cataluña entre 2006 y 2010, Mar Serna.

Al margen de los seis que iban a acceder por el turno de jueces, José Ricardo de Prada, el magistrado clave en la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel que provocó el éxito de la moción de censura contra el Gobierno del PP, era uno de los elegidos por PSOE y Podemos para entrar por el turno de juristas, candidatura que ahora también queda en el aire. 

Los otros cuatro eran el exvicepresidente asturiano Bernardo Fernández Pérez, el letrado de la Administración de Justicia Luis Martín Contreras, la catedrática de Derecho del Trabajo Carmen Sáez Lara y la fiscal especialista en violencia de género Pilar Fernández.

El PP, por su parte, había sacado adelante la elección por el turno de juristas del exportavoz de Justicia en el Congreso José Miguel Castillo, el senador y exjuez Manuel Altava y la fiscal Rosa Rubio. Respecto a los seis jueces elegidos por los de Casado, fuentes jurídicas apuntaban a que en la lista se encontraban el juez de la Sala de lo Contencioso del Supremo José Antonio Montero y la mujer del juez Pablo Llarena, la hasta hace poco directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa.

Tras el paso atrás de Marchena, todo lo pactado hasta ahora queda en papel mojado, una negociación que se paraliza además hasta que el PP decida volver a sentarse en la mesa."                      (Beatriz Parera, El Confidencial, 20/11/18)

20.11.18

El presidente de Renault y Nissan, detenido en Japón por fraude fiscal... cousas veredes, las de la codicia

"El presidente de Nissan y consejero delegado de Renault, Carlos Ghosn, ha sido detenido este lunes en Tokio por evasión fiscal, tras haber ocultado al fisco parte de sus millonarios ingresos durante años. 

El directivo, de 64 años, que también dirige la firma Mitshubishi, ha sido interrogado por la Fiscalía japonesa después de una denuncia de la propia empresa y ha sido arrestado. El caso, que salpica también a otro alto cargo de la empresa, Greg Kelly, también detenido, es fruto de una investigación interna realizada a raíz de testimonios de empleados, según ha informado Nissan en un comunicado. Las acciones de Renault en la Bolsa de París se desploman más de un 13%.

“En base a declaraciones de informantes, Nissan ha llevado a cabo una investigación interna durante los últimos meses, relativa a irregularidades cometidas por el presidente Carlos Ghosn y el ejecutivo Greg Kelly”, dice la empresa en una nota. Dicha investigación mostró que “durante muchos años” Ghosn y Kelly han estado informando a las autoridades bursátiles de Tokio de cantidades inferiores a las realmente recibidas. 

La televisión pública japonesa NHK afirma que el fraude presuntamente cometido por Ghosn asciende a 5.000 millones de yenes (unos 38,5 millones de euros). Nissan informa también de que Ghosn usó en su beneficio otros “activos de la empresa” y cometió, al igual que Kelly, otras irregularidades. Ha sido la propia Nissan la que ha informado a la Fiscalía japonesa, afirma la empresa.

Ante los presuntos actos delictivos cometidos, el consejero delegado de Nissan, Hiroto Saikawa, propondrá al consejo de administración la destitución de Ghosn y Kelly. El año pasado, Ghosn cobró 9 millones de dólares (7,9 millones de euros) solo en calidad de consejero delegado de Renault. La paga fue objeto de controversia y de rechazo por parte de los accionistas.

Salvador de Nissan

Ghosn, brasileño de nacimiento, de ascendencia libanesa y ciudadano francés, comenzó su carrera en Michelin, desde donde pasó a Renault. En 1999 se unió a Nissan después de que Renault comprase una participación de control en la firma japonesa, de la que se convirtió en consejero delegado en 2001. 

Se le considera artífice de la resurrección de Nissan tras rozar la bancarrota y también la persona que consiguió reflotar Renault, cuyo mayor accionista es el Estado francés, en los 90. Su figura como mandatario es considerada crucial para ambas empresas, en un momento en que la industria del automóvil se enfrenta a desafíos sin precedentes, como la emergencia del coche eléctrico, el autónomo e incluso el declive de la propiedad de los vehículos con los servicios de coche compartido, en unas ciudades que intentan reducir su contaminación y la presencia de coches en sus calles.

Fue también uno de los primeros directivos que apostó por la globalización en el sector del automóvil, con la firma de una alianza estratégica entre Renault y Nissan, a la que se unió Mitsubishi en 2016. 

 Renault posee un 43% de la firma nipona, mientras que esta tiene una participación del 15% del grupo francés, merced al acuerdo alcanzado hace cerca de 20 años en la que también se incluye la firma Mitshubishi. Hace unos meses, incluso se anunció que ambas empresas estudiaban una fusión, que Ghosn estaba pilotando. Entre ambas marcas, vendieron algo más de 10 millones de coches en 2017."                         (El País, 19/11/18)