23.5.18

Gil y Gil, La Púnica, la Gürtel, el Caso Cursach, los casi 800 imputados del PP




"Plano general. Hombre entrado en carnes, poco pelo en la cabeza y gruesa cadena de oro en pecho peludo habla desde un jacuzzi de azulejos. Le acompañan a remojo cuatro mujeres jóvenes. Tres se sientan detrás también en traje de baño. Alrededor y en perfecta simetría, se despliegan otras cuatro mujeres en bikini, dos plantas y un plato de cerámica.

“Yo a lo mejor tengo más de 300 millones de pesetas ya.”
Primer plano. Cuando se cierra el cuadro sobre el rostro del varón se ven detrás dos torsos de mujeres sin cabeza: tres tetas y un ombligo. 
“Y no sé qué hacer con ellos. Y tengo mi barco…”

El hombre, por si no lo han adivinado ya, es Jesús Gil y Gil, el constructor que le puso su propio nombre al partido que le llevó a la alcaldía de Marbella entre 1991 y 2002. El hombre de cadena de oro en pecho, que llegó a decir que se hizo alcalde para defender su patrimonio. 

Gil y Gil, también expresidente del Atlético de Madrid, generó en Marbella el perfecto laboratorio político del neoliberalismo municipal construido sobre la base de la especulación inmobiliaria y la corrupción. Todo un ejemplo. La democracia española arrastró desde el principio estas formas corruptas que ya se originaron durante la dictadura vinculadas al lanzamiento del boom turístico de los 60 –el milagro económico español. 

El ladrillo significaba financiación para los municipios e instituciones pero también, para los partidos y sus intermediarios. Esta actividad ha sido el núcleo del PIB español, el corazón del modelo. Poco a poco, los casos estallarían en sedes judiciales, el de las corruptelas marbellís fue conocido como el “caso Malaya”.

 “Malaya fijó la pauta estética y folclórica del corrupto a la española, que se parecía mucho a la vaticinada por el dúo Luna/Bardem: hombre hecho a sí mismo inicia una enloquecida escalada por la pirámide social en tres actos: business inmobiliario, trapicheo con la autoridad competente y actitud de ir por la vida con la mano en el paquete”, explicó el periodista Carlos Prieto en un artículo.

 La Púnica, la Gürtel, el Caso Cursach, los casi 800 imputados del PP… nos hace interrogarnos por la descomposición del PP. ¿Es irreversible? ¿Se van a llevar consigo la corrupción o ya es un problema estructural? ¿Y la estética del machirulo con poder? Es cierto que la imagen de los señores del ladrillo ha cambiado algo con respecto a la era Gil y Gil, al menos públicamente. Ya no suelen hacer ostentación de sus cacerías, sus megalujos, ni exhiben descaradamente mujeres como posesiones, símbolos de estatus y poder, reto al resto de varones: mira los bienes de consumo a los que tengo acceso. 

Sin embargo, los relatos recogidos en los informes policiales nos hablan de un mundo con estética de mafia kosovar. Sistemáticamente, además, cada vez que emerge un caso de corrupción, cada vez que hay escuchas de conversaciones privadas, aparece, tarde o temprano, el consumo de prostitución, o mejor, el pago de favores con sexo.

Pagar con sexo, pago en especie

Del celebrarlo con un “volquete de putas” –desafortunada metáfora de constructores enunciada por un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid– al “ojalá yo pudiera hacer esas cosas pero estoy muy mayor“, del senador valenciano del PP Pedro Agramunt. (Estas cosas: caviar y putas en hoteles de lujo sobre lechos de billetes de 500 que refleja el informe.) 

En los sumarios de las investigaciones vemos que no van a un lugar cualquiera a pagar por sexo, sino que el consumo de prostitución se hace casi de forma ritualizada. Por sexo no se paga, las putas te las regala el constructor o el empresario como parte del intercambio de favores. El secretario del alcalde de Baena, por ejemplo dijo en una de estas conversaciones: “A mí es que me da cosa gastarme mi dinero en estas cosas".

Por su parte, Francisco Granados, mano derecha de Aguirre y capo del PP en Madrid, pedía “putitas de confianza” para pasar la noche. Pero su sumario es bastante jugoso: visitas a clubes, un picadero, boxes para caballos, joyas Cartier, cabezas de toros Miura. Sexo de pago que pedía para cerrar las largas jornadas de cacería donde celebraban una ceremonia de iniciación en la que acababan cubriendo al novato con la sangre de las piezas que mataban. Cubrir al novato con sangre. 

Cubrir al novato con putas

Un amigo sindicalista me contaba que cuando empezó a viajar a Madrid para las negociaciones, su sindicato pidió a la empresa el dinero del alojamiento para alquilar habitaciones en una pensión. ¿Pensión? La empresa les pagaba directamente un hotel de cinco estrellas. En uno de los bares del hotel, a todas horas, podía encontrar trabajadoras sexuales. Hoteles de lujo y mujeres. Mujeres y lujos sirven para subir de estatus, para sentirse parte la élite. 

¿Quieres corromper a alguien? Lujo y mujeres. Cuando además se montan orgías –de esto también hay muchas noticias– las mujeres sirven para sellar pactos de silencio. En España la vida sexual no penaliza mucho políticamente –por suerte– pero cuántos vídeos en cajas fuertes estarán sirviendo hoy para cerrar algunas bocas. Siempre hay compañeras, madres de tus hijos que proteger de los deslices: no todas son comprensivas con las reglas de la fratría masculina.

 Las complicidades masculinas gestadas en el consumo de sexo implican que se comparte algo que te une, pero también que todos tienen algo que ocultar. Por eso hay espacios donde no es fácil que penetren compañeras de trabajo. Están vedados a las mujeres porque estas no pueden ser corrompidas tan fácilmente con sexo, y los espacios de consumo de prostitución están separados por géneros. 

A veces, los negocios también se aceitan con prostitución. En ciertos sectores, en algunas ferias y congresos como el Mobile World Congress de Barcelona, las mujeres no son seleccionadas para hacer de chófer y tienen que conformarse con ser azafatas –peor pagadas en peores trabajos–. Y esto es así porque al acabar las jornadas muchos ejecutivos son conducidos a locales de alterne por esos mismos chóferes. Una mujer rompería la presupuesta complicidad masculina. 

La antropóloga, Rita Laura Segato, habla de la “cofradía masculina”. Lo hace para explicar las violaciones o las formas más extremas de violencia contra las mujeres. Pero no es necesario que medie violencia para que operen estos pactos entre varones, porque son inherentes a como se ha construido tradicionalmente la sexualidad masculina hegemónica. 

 Desde una cierta forma de narrar las conquistas a los amigos hasta ir de putas juntos pueden formar parte de la exhibición que te constituye como hombre ante otros hombres. El mandato de masculinidad implica un espectáculo ante los demás varones que son los que reconocen tu hombría y eso conlleva exhibición de poder. Pagar por sexo, o mejor, que te regalen sexo y además se haga con los cómplices, puede formar parte de esa exhibición. 

En el caso Cursach, que implica a políticos del PP y policías de Baleares, estamos hablando de algo mucho más grave. Según algunos testigos, estos policías y políticos estaban dando soporte a una probable red de trata cuando evitaban la inspección de determinados locales a cambio de sexo, drogas y Viagra. 

Los testigos aseguran que había orgías constantes bañadas con champán francés en compañía de prostitutas del este. Un testigo ha declarado que a estas mujeres les quitaban el pasaporte y las obligaban a prostituirse –o a hacerlo en condiciones de esclavitud–.

 Volviendo a Segato, a cierto nivel de corrupción, de infiltración del crimen organizado en el Estado o del Estado en el crimen organizado, la trata –la violencia contra las mujeres– se puede leer como un signo de una transformación económica y política más amplia relacionada con el desarrollo de la economía criminal y con la descomposición del Estado. Cuánto más corrupto es un país, menos derechos y más violencia sufren las mujeres.

Después de la crisis económica hemos asistido a una crisis política generalizada que todavía está latente. 

El sistema se está reconfigurado con la marea de fondo de los casos de corrupción vinculados fundamentalmente al ladrillo. No parece haber una salida a medio/largo plazo para el modelo económico español y por tanto, esto tendrá que reflejarse de una u otra manera en el tipo de corrupción inherente al sistema. El gran peligro, que de Jesús Gil y Gil al PP de Baleares haya verdaderamente un salto cualitativo y que sea este último modelo el reflejo más acabado de las formas corruptas que corresponden a un sistema que se descompone.

 Cuánto más corrupto es un país ¿por qué no se protege de verdad a las mujeres que denuncian ser víctimas de trata como señalan las ONG que trabajan con ellas? ¿Por qué nadie parece tener interés real en poner algo de luz y control en el trabajo sexual? ¿No importan porque la mayoría son migrantes y mujeres o esas tramas están ya infiltrándose en el Estado? Tan importante como respondernos estas preguntas es articular la fuerza necesaria para hacer frente a este sistema corrupto que pasa sobre la vida y sobre los derechos de las mujeres."                 (Nuria Alabao, CTXT, 15/05/18)

22.5.18

La insólita guerra de los Flor: el nepotismo universitario español, explicado en un caso

"Dieciocho años lleva Germán Flor Blanco haciendo lo apropiado para conseguir una plaza en la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Su padre, Germán Flor Rodríguez, veterano profesor titular, se ha desvivido también para que sea así. Dirigió la tesina y la tesis doctoral de su hijo y después lo metió a dedo en proyectos divulgativos, de investigación y en evaluaciones de impacto ambiental pagadas con dinero público.

Consiguió incluso introducir físicamente a su vástago en el departamento, en un despacho situado en su área, la de Estratigrafía, estancia que ocupa aún hoy, a pesar de no tener ninguna vinculación laboral conocida con la universidad. 

Durante largos años han trabajado juntos, a menudo en virtud a contratos públicos y acuerdos con la fundación de la universidad. Ambos eran rostros habituales en televisiones y periódicos locales cuando tocaba hablar de su especialidad: sedimentación y geomorfología en las costas asturianas.

Los compañeros de Flor Rodríguez (el padre) dicen que esta situación nunca les había molestado. Que veían hasta cierto punto normal la colaboración y el tutelaje, que tomaban café y mantenían una relación cordial. Los problemas empezaron a raíz de un 'e-mail' que recibieron el 16 de febrero de 2015. Flor Blanco (el hijo) les estaba pidiendo ayuda para solicitar ante el vicerrectorado la creación de una plaza a su medida.

 Decía en su correo: “De acuerdo con lo que os ha estado comentando mi padre a lo largo de la semana pasada, os adjunto la carta que queremos presentar”. Y después de subrayar que “aquí el que no llora no mama”, continuaba: “Creemos que ha llegado el momento de hacer esta petición después de 15 años trabajando en la universidad sin recibir contrapartida alguna”.

Dos de los profesores del área se negaron a firmar la petición, pero los otros tres lo apoyaron tras pactar un par de cambios en la redacción del texto final. La iniciativa se elevó después al vicerrectorado y consiguió prosperar.

 En mayo de 2015 salía la convocatoria para una nueva plaza bajo la siguiente fórmula: profesor ayudante doctor en régimen laboral para el Área de Estratigrafía del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. Después de tantos años trabajando y esperando su turno, parecía que Flor Blanco podría por fin seguir la estela de su padre, quien además estaba ya a punto de la jubilación.


Empiezan los problemas

A partir de aquí es cuando todo empezó a salir mal para los Flor. A la convocatoria se presentaron 10 geólogos y la comisión —elegida por sorteo entre profesores del departamento— no aupó al hijo del veterano profesor, sino a una auténtica desconocida, una tal Emma Quijada Van Den Berghe, una mujer que entonces no llegaba a los 30 años, procedente de la Universidad Complutense de Madrid, con tres estancias en el extranjero (Francia, Italia y EEUU), becas doctorales de prestigio y un currículo impresionante.

 Consultados por El Confidencial, los profesores que participaron en dicha comisión durante el verano de 2015 coinciden en que ella era la mejor con diferencia. “De las 10 personas que se presentaron, había muchos currículos muy buenos, pero el suyo era apabullante”, resume uno de ellos.

La decisión de escoger a alguien de fuera no termina de encajar en los esquemas de la universidad española, donde tradicionalmente se ha elegido al candidato más cercano, al formado en casa, antes de abrirse a la búsqueda del mejor preparado. 

Según sucesivos estudios del CSIC, y aunque parece haber una lenta progresión, más del 90% de los profesores españoles consiguió plaza después de trabajar durante un periodo en esa misma universidad; y en torno al 70% de los titulares se presentó como candidato único.

Después de toda la vida esperando y haciendo méritos, Germán Flor Blanco no consiguió pasar del sexto puesto: sexto de 10 en la competición por una plaza que sentía suya hasta el punto de que fue él quien la solicitó. Desatada la frustración, padre e hijo iniciaron una pantagruélica batalla de reclamaciones que se alarga hasta hoy. Alegan muchas cosas que se resumen en dos: los criterios aplicados durante la selección son injustos y les perjudican, y, más en general, están siendo víctimas de una conspiración capitaneada por un grupo de profesores del departamento que quieren sacarlos de la universidad.

La guerra de los Flor ha contado, de alguna manera, con el respaldo del rectorado. Desde 2015 hasta hoy, el proceso de selección se ha repetido cuatro veces, con dos comisiones diferentes y un resultado casi idéntico: Germán Flor ha escalado un par de posiciones al modificar los baremos, mientras que el primer lugar lo ha ocupado una y otra vez la misma persona: Emma Quijada.


La joven geóloga acude a la facultad, imparte clase e investiga, pero su puesto no está consolidado y pende de un hilo, ya que el Consejo de Gobierno de la universidad ha aceptado todas las reclamaciones de los Flor hasta ahora. "He salido primera las cuatro veces, pero en una de estas dicen que la plaza es para otra persona y adiós muy buenas", dice ella, manteniéndose cauta y evitando comentar la situación. Varios miembros de la primera comisión aseguran sentirse “atónitos” e "indefensos" ante la actitud de las autoridades universitarias. El rectorado, mientras tanto, guarda silencio. “El rector prefiere no hacer declaraciones hasta la resolución de la plaza [porque] en este momento el tribunal está atendiendo a dichas reclamaciones, por lo que considera más adecuado no pronunciarse al respecto”, explican desde su departamento de prensa en un correo electrónico.
Flor Blanco explica toda la polémica como una persecución contra él y contra su padre, una confabulación para dejarlo fuera de la universidad retorciendo los criterios de selección. “¿Nepotismo? Si hubiese nepotismo ya estaría trabajando en la universidad. Aquí me han destrozado literalmente la vida, lo estoy pasando fatal”, dice al teléfono. “Y no solo a mí, también a mi familia. A los cinco días de la resolución [de la primera comisión evaluadora], mi mujer tuvo un aborto fuerte y casi muere. Pasé partes médicos a los instructores de las reclamaciones para que viesen el daño moral. Tengo 41 años y 18 de profesión. Soy una persona reconocida dentro del mundillo y ellos ponen por delante a una chica que lleva siete años trabajando como investigadora y que acaba de hacer la tesis. Es surrealista”. A su padre, enfatiza, le han hecho un "daño irreparable". “Está hecho un auténtico guiñapo, lo han destrozado. Y lo peor es que tenemos a un tribunal en contra al que le da igual todo”.

Gritos por los pasillos

La situación ha tensado el ambiente en la facultad. Una de las profesoras que participaron en la primera comisión de selección, Marta Valenzuela, presentó una queja formal al vicerrectorado tras un enfrentamiento en los pasillos. “Les di los buenos días y padre e hijo salieron insultando, gritando y amenazando, acusándonos de prevaricación y con insultos que prefiero no repetir.

Yo no abrí la boca y tengo una parte grabada en el teléfono. Desde ese momento no me han vuelto a dirigir la palabra”, recuerda. Emma Quijada, por su parte, intentó trasladar el tema a la justicia ordinaria y puso una demanda. El juzgado de lo contencioso administrativo de Oviedo la desestimó a principios de 2017, circunscribiendo la polémica al ámbito universitario y a sus mecanismos autónomos de gestión.

Con el tiempo, el conflicto ha ido escalando. En julio de 2017, Flor Rodríguez, recién jubilado, optó por denunciar ante la Comisión de Disciplina de la Universidad de Oviedo a los miembros de la primera comisión de selección. Pidió que se les abriese un expediente acusándolos de desobedecer órdenes de sus superiores al fijar los criterios de la plaza y de haber llegado a un "acuerdo ilegal" para vetar a su hijo. Son faltas graves, según el código universitario, que habrían costado la suspensión de empleo y sueldo durante seis años para los funcionarios y el despido del único contratado no funcionario del tribunal.

18.5.18

El exdirector del centro donde Pablo Casado aprobó Derecho: "Aguirre llamaba para que terminara la carrera". El gobierno de Esperanza Aguirre controlaba la universidad privada donde Pablo Casado aprobó media carrera en 4 meses

 "Alberto Pérez de Vargas, el que fuera director del Centro Cardenal Cisneros de 2005 a 2013, donde Pablo Casado terminó la carrera de Derecho, aseguró que el vicesecretario de Comunicación del PP llegó al centro "de la mano de Esperanza Aguirre". 

Según Pérez de Vargas, la expresidenta madrileña llamaba interesándose por Casado: "Aguirre decía: 'Hombre, cuídame a este chico, que tengo mucho interés'".

El exdirector Cardenal Cisneros hizo estas declaraciones a El Mundo hace unas semanas, según publica este miércoles el diario. En ellas, Pérez de Vargas admite que Casado acabó sus estudios en Derecho con "facilidades" y declara que algunos profesores del centro, adscrito a la Universidad Complutense, le dijeron que "regalaron (a Casado) parte del título".

 "Si al profesor de turno le dio la gana de aprobarle sin examen, adiós muy buenas. Irregularidad de que se forzara no, pero hubo mucho interés, eso es verdad. Te decían que no tenía tiempo, y él mismo decía: 'Es que estoy muy liado'".

El citado periódico reveló este martes que el entonces líder de Nuevas Generaciones del PP aprobó la mitad de la carrera en apenas cuatro meses y que hubo presiones de altos cargo del partido. "¡Uf! Llamaron muchos. Y también las llamadas de la presidenta de la Comunidad: que a ver qué haces con este muchacho, que tiene que acabar. Pero eso lo hacen todos, ¿eh? Leguina, Aguirre... Como sea uno de ellos, llaman", dice el exdirector.

Pérez de Vargas relata además lo que ocurría con las llamadas recibidas. "¿Que qué hice? Pues les dije a los profesores: 'Aquí está éste'. Lo que hicieran ya es cosa suya, a nadie se le obligó a aprobarle, eso no".

Sin embargo, este miércoles, tras la publicación de estas declaraciones, el exdirector ha reculado y ha defendido que "no hay razón para sospechar" que Casado recibiera trato de favor. Asimismo, ha negado que Esperanza Aguirre le llamara personalmente para pedirle "ningún tipo de intervención", aunque cree que "sí llamaba al resto de los profesores". "No tengo prueba fehaciente de que eso ocurriera, pero no hay duda de que se trataba de alguien extraordinariamente bien visto", ha dicho en Onda Cero.

En la misma entrevista, reconoce que "había interés" en la Comunidad de Madrid por la situación académica del portavoz del PP. "Era un muchacho prometedor para las filas del PP y tenía muy buenas amistades en la Comunidad de Madrid" y él, como director del Cisneros, era "consciente del interés que tenían" en la administración por él.

"El alumno llegó allí con dos profesores, me lo presentaron como secretario o presidente de Nuevas Generaciones del PP, estuvo en mi despacho, me explicó que venía de ICADE y que quería convalidar y me quería hacer llegar los programas para que yo se los hiciera llegar a los profesores", ha declarado por otra parte a la Cadena SER, donde también ha admitido "eso no es habitual, salvo que sea el hijo de un amigo que te lo manda". 

 "Este era sin duda alguna un señor que venía naturalmente, de alguna forma cobijado o ayudado por las autoridades de la Comunidad, pero nada más que eso. No es que llegara con una carta de recomendación ni nada por el estilo", ha comentado.

En la misma línea, ha afirmado que "había en el ambiente una sensación de que era un personaje ligado a los 'propietarios' del centro", cuyo patronato preside el consejero de Educación y que por tanto está ligado al Gobierno regional. "     (Público, 17/05/18)


 "El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha negado haber recibido  ningún trato de favor al sacarse su carrera de Derecho en el centro privado Cardenal Cisneros del barrio de Salamanca de Madrid.

 En cuatro meses y recién elegido diputado autonómico en Madrid aprobó, entre junio y septiembre de 2007, 12 asignaturas de las 25 de las que constaba la carrera de Derecho, según ha adelantado este miércoles el diario El Mundo.

Casado se cambió a ese centro adscrito a la Universidad Complutense porque le pillaba más cerca del trabajo, según ha dicho en varias entrevistas. Pero hay otra 'cercanía' en la titularidad del centro de estudios que el político no ha mencionado: aunque es un centro privado, estaba (y está) bajo la tutela del gobierno regional, que entonces dirigía Esperanza Aguirre. 




Esto es así porque el Cardenal Cisneros es una fundación universitaria privada pero de titularidad pública,  creada en 1998 por un decreto autonómico bajo el gobierno del presidente del PP Alberto Ruiz-Gallardón. 

El patronato, según sus propios estatutos, es el órgano competente en "todo lo que concierne al gobierno y administración" del centro. Y el presidente del patronato es siempre el consejero de Educación de turno. En el año en el que Casado acabó la carrera (2007) fueron titulares de esa cartera Luis Peral y Lucía Figar, que sustituyó a Peral el 20 de junio de 2007 hasta su dimisión en 2015 por su imputación en la trama Púnica.

Además, el consejero de Educación también nombra a 6 de los 11 miembros del patronato, incluido el vicepresidente, de modo que a efectos reales la gestión de esta universidad privada está tutelada por la Comunidad de Madrid, la misma autonomía en la que Casado acababa de ser elegido diputado regional cuando aprobó media carrera en cuatro meses.

 El poder del patronato es máximo y entre sus competencias está desde  "ejercer la inspección" (art.17) a nombrar cargos directivos, aprobar las contrataciones o la legislación universitaria. Aunque la gestión es de la Comunidad, fuentes de la Consejería de Educación puntualizan a eldiario.es que las cuestiones académicas las lleva el propio centro y los estándares de calidad, la universidad a la que está adscrita. 

"Jamás he llamado ni para interesarme ni para presionar en favor de Pablo Casado", ha dicho Esperanza Aguirre este miércoles sobre el expediente académico del vicesecretario del Partido Popular. Lo que no ha dicho es que esa Universidad pertenece a una fundación pública que entonces estaba bajo su mandato.

 "Acababa de conocer a Pablo", ha insistido. Sin embargo, él fue presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad de Madrid con Aguirre de presidenta del partido y la Comunidad, prácticamente en el mismo periodo político. Son colaboradores cercanos durante casi una década y en 2007, cuando aprueba Casado, llevan al menos dos años coincidiendo en estos cargos.

La fundación pública era y es la titular de este centro universitario creado en 1971, cuatro años antes de la muerte de Franco. Tras la llegada de la democracia,  el gobierno central le traspasó la titularidad a la Comunidad de Madrid por Real Decreto en 1985 ,y así funcionó hasta que en 1998 se aprobó la creación de la fundación universitaria, "sin ánimo de lucro, constituida por la Comunidad de Madrid", como recoge el decreto publicado por el gobierno autonómico. Un año antes, el patronato, controlado por la Consejería de Educación, había solicitado crear una fundación a la que traspasar la titularidad. 

El control, de Educación

Por encima del patronato del Centro Cardenal Cisneros hay un "protectorado", que es el que debe controlar las cuentas y la gestión de la fundación. En este caso, el sujeto coincide y es precisamente Educación, ahora dirigida por Rafael Van Grieken, el organismo encargado de la inspección, además de ejercer la presidencia del patronato. 

eldiario.es ha preguntado tanto a Educación como al centro por las cuentas y las memorias de esta fundación de titularidad pública, que deberían estar colgadas públicamente en virtud de la Ley de Transparencia (artículo 2.1.h sobre fundaciones), tal y como confirman expertos en derecho administrativo a este medio. 

La Consejería no ha respondido aún a este aspecto aunque especifica que las cuentas son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Desde el centro privado señalan que han encargado un informe para ver si están o no sometidos a Transparencia, sobre la que aseguran estar muy concienciados, ya que, según su explicación, existen dudas legales al respecto. De momento, esas cuentas no están publicadas. Ambos organismos coinciden en que el centro Cardenal Cisneros no recibe subvenciones.

De momento, la Universidad Complutense de Madrid ha  solicitado el expediente, actas y calificaciones al centro adscrito privado donde cursó su último año de Derecho el vicesecretario. El centro Cardenal Cisneros niega cualquier trato de favor, mientras  Casado denuncia que las acusaciones son "absolutamente falsas"

El nuevo escándalo en torno al expediente de Cifuentes ha estallado 24 horas después de que eldiario.es adelantara que la jueza que investiga el máster de Cifuentes  ha iniciado una investigación específica sobre el máster que Casado cursó en la Universidad Rey Juan Carlos."                 (Raquel Ejerique, eldiario.es, 16/05/18)

17.5.18

De Miguel, 'número dos' del PNV de Álava: una reforma de 44.000 euros en casa a costa de un empresario que se llevó un contrato teledirigido

"El juicio del 'caso De Miguel', tras el parón por la doble festividad de San Prudencio y el Primero de Mayo, se retoma este lunes y encara unas semanas decisivas en las que se analizarán distintas operaciones de cobro de comisiones con el que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo 'Txitxo' De Miguel, como presunto beneficiario. 


Pero la investigación demostró que había indicios de que no era la primera 'mordida' solicitada por De Miguel, que dirigía una tupida red de mercantiles que pudieron ingresar del orden de 700.000 euros (800.000 con la fallida de Miñano).

Una de las operaciones más llamativas son los 44.514,06 euros que pagó al político el constructor y contratista habitual de la Administración Prudencio Hierro, uno de los empresarios procesados, tras serle adjudicado un contrato teledirigido. Hierro no pagó en efectivo, sino en especie, haciéndose cargo de las facturas de la reforma de la casa de la esposa de De Miguel en Gorliz, en la costa vizcaína.

El contrato del que resultó adjudicatario Hierro -a través de una sociedad llamada Ezkibel cuyo capital social fue aportado por De Miguel y que él controlaba a través de su hermana Aintzane, contable de toda la trama- procedió del Industrialdea de la Llanada Alavesa. Se formalizó en 2008. 

Hasta 2007, cuando pasó a ser diputado de Urbanismo de Álava, Txitxo era gerente de dos Industraldeak en Álava, dependientes como el de la Llanada Alavesa de la sociedad pública del Gobierno vasco Sprilur. Además, el responsable de la contratación bajo sospecha era primo del entonces presidente del PNV alavés, Iñaki Gerenabarrena, amigo de De Miguel, quien estaba llamado a sucederle al frente de la organización territorial.

Ezkibel había sido creada en enero de 2007. De Miguel aportó los 3.000 euros de capital social pero fue nombrado administrador Hierro, que tenía el 95,01% del accionariado. El 9 de julio de ese año se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el anuncio de que el Industrialdea buscaba empresas para la construcción de pabellones en Salbarte, en el municipio del Valle de Arana. Unos días después, el 24 de ese mes, el constructor devolvió al político los 3.000 euros aportados, si bien éste continuó gestionando la "facturación y fiscalidad" de la sociedad, según la Fiscalía.

Ezkibel, sin medios ni experiencia, fue invitada por el primo del presidente del PNV para optar a la construcción de pabellones. Como es preceptivo en estos formatos de concurso "restringido", se invitó también a otras dos compañías, si bien todas estaban interrelacionadas. Fueron Construcciones Hierro, la empresa del padre y de los hermanos de Prudencio y que fue la encargada de la sede del partido en el centro de Vitoria a instancias de De Miguel, y Construcciones Etxezilu, en el que la apoderada era Blanca María Ganzabal, secretaria de Hierro, y el administrador Martín Vicente Merino, socio del empresario. Ezkibel falseó su currículum e hizo suyos los trabajos de Construcciones Hierro, entre ellos contratos públicos como la reforma de la sede del Gobierno vasco en Lakua.

Fue el 26 de junio de 2008 cuando se completó el proceso y Ezkibel resultó adjudicataria por 519.224 euros de la construcciones de pabellones para el Industrialdea. Se da la circunstancia de que en este proceso el Industrialdea contó con la asistencia técnica de la empresa Stoa, un estudio de arquitectura del amigo de De Miguel Sergio Fernández Oleaga, otro de los imputados. Unos pocos días después, el 2 de julio, el encargado de las reformas en la casa de De Miguel y su mujer, Ainhoa Bilbao, pasó la factura de las obras a una UTE llamada Bidegana en la que participaba Hierro y su familia.

 La factura tenía el concepto falso de "trabajos de contrucción y decoración de oficina-txoko en obra Kliner Metal de Vitoria".

"De Miguel me dijo que para cobrar llamara a una chica que se llamaba Blanca", explicó en la fase de investigación el autor de las obras, Íñigo Aparicio, de la empresa Emociona. "Blanca" es Blanca Ganzabal, la secretaria de Hierro y según Aparicio estaba al tanto de los detalles del 'acuerdo' entre Hierro y Txitxo. En efecto, los pagos, que sumaron 44.514,06 euros, salieron directamente de las cuentas de Hierro en cuatro abonos: 29.000 euros, 3.480 euros por dos veces y 8.554,06 euros para liquidar definitivamente la factura.

El fiscal del caso, Josu Izaguirre, utilizó este ejemplo para desmontar el argumento de los acusados -y de algunas voces en el entorno del PNV- de que en el 'caso De Miguel' no ha habido lucro personal. "El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio y algunos hablan de que no ha habido lucro. Igual lo ha destinado a refugio de personas desamparadas", ironizó al inicio del proceso Izaguirre.

En la fase de instrucción, las explicaciones que ofreció Hierro, a quien Txitxo siempre se refiere como 'Pruden', fueron confusas en torno a este pago. Alegó que costeó las obras para que De Miguel pudiera ahorrarse el IVA, ya que una empresa se lo puede descontar y un particular no.

 De Miguel, por su parte, no sólo rechazó ser el beneficiario de una comisión, sino que incluso se permitió afirmar preguntado por las obras que "el alicatado de la cocina y el baño" los hizo mal la empresa de Aparicio. Su esposa manifestó que "nunca" había sido consciente de que una empresa se había hecho cargo de la reforma de su casa familiar, aunque sí recordaba que de las empresas investigadas ella y su marido tomaron 'prestados' otros 33.000 euros para adquirir un coche.

16.5.18

Dentro de la corrupción valenciana: prostitución, corruptos y políticos

"Como se ha podido observar a lo largo de la serie de reportajes de El Plural dedicados a la corrupción en la Comunitat Valenciana, existen ciertos aspectos que son comunes a todos los casos de corrupción como por ejemplo el robo de dinero público, primeros espadas políticos como protagonistas y un largo etcétera de datos tristemente comunes en estos casos.

 Pero hay un detalle que pocas veces se menciona pero que parece ser una constante en los asuntos de corrupción valencianos, la unión de corruptos y prostitución. Es decir, a la sustracción de dinero público se une uno de los actos más machistas que existe, el consumo de prostitución.

AIDO

Esta semana se hacía público que, el informe independiente encargado en la APCE por presunta corrupción, acusaba al senador del Partido Popular, Pedro Agramunt, de recibir sobornos por parte de Azerbayán que consistían en recibir a prostitutas de tres en tres en hoteles de lujo, sobres con billetes de 500 euros, transferencias digitales de 15.000 euros, regalos de Hermès y, sobre todo, caviar. Pero el caso de Agramunt no es, ni mucho menos, aislado.

En otro caso que se encuentra en instrucción, el que investiga el presunto fraude de subvenciones de la empresa AIDO en Valencia la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional investiga si los responsable de AIDO pagaron servicios sexuales camuflados como facturas de restaurantes

Los investigadores comprobaron que las facturas por supuestas cenas y comidas de los directivos realmente se celebraban en clubes de alterne. Una práctica deplorable pero, por desgracia, para nada aislada.

Emarsa

Dentro del caso Emarsa, en el que supuestamente se desfalcó la depuradora de Pinedo en Valencia y que está a falta de sentencia, se hicieron tristemente famosas las ‘traductoras’ rumanas. Cuando el caso se encontraba todavía en instrucción, el ex gerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa), Esteban Cuesta, declaró ante el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que Emarsa pagó varias noches de hotel a una mujer procedente de Rumanía para traducir documentos y proyectos.

Pero la sorpresa se produjo cuando se investigó más profundamente esta declaración y se comprobó que la mujer tenía como domicilio un prostíbulo. Es más, con dinero público de esta entidad se pagaron varios viajes a Rumanía en los que, además de trabajo, se gastó el dinero de erario en sexo con prostitutas. Parece una lamentable constante que en los casos de corrupción aparezca siempre algún eslabón de la cadena que tenga que ver con este tipo de servicios que, no solo se costean con dinero público, sino que denigran sobremanera a la mujer.

Brugal

El caso más mediático y llamativo es el relacionado con el empresario alicantino Enrique Órtiz que está imputado dentro del caso Brugal junto a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luís Díaz Alperi. Tal y como informó El Plural, en las conversaciones grabadas por la Policía en el marco del caso Brugal, se revela que Ortiz y el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo disfrutaban de esparcido ocio en el yate del constructor.

En esas grabaciones Ortiz e Izquierdo hablan de manera abierta sobre sus juergas sexuales con prostitutas. En una de ellas, Ortiz propone un viaje en barco por el Mediterráneo junto a dos “paquetes”. El trato que se da a las mujeres es ofensivo y machista.

“Oye, ¿y tu paquete es español o qué?”, pregunta Izquierdo, a lo que Ortiz responde: “Es portugués”. “Qué bueno, oye, qué rico, y es jovencita”, pregunta el entonces directivo de Bancaja. El empresario responde afirmativamente. 
La relación entre Ortiz e Izquierdo era íntima, como desvelan las grabaciones, en las que pueden escucharse frases como: “Venga niño, no te pajees mucho” o “yo lo que quiero es follármela”. Y los favores eran mutuos. El exdirector general de la caja se puso en contacto con el constructor para que intentara “colocar” a una amiga, a "la chiquita esa, de lo que sea... Pero no hace falta ni que le paguen... aunque sea el salario mínimo...".

Gürtel

Y como siempre, no podía faltar el perejil de todas las salsas, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a quien el garganta profunda del caso, José Luis Peñas, le grabó una conversación hablando de una fiesta en casa del alcalde de La Nucia (Alicante). Correa tenía como táctica habitual hacer orgías con prostitutas para cerrar tratos y, sus visitas a la Comunitat Valenciana no iban a ser diferentes.

En las grabaciones se escucha a Correa contarle a Peñas sobre su participación en una fiesta organizada en el chalé de Bernabé Cano, alcalde de La Nucia, y más conocido como 'El Choco' con “cinco tías impresionantes”. En los audios se oye a Correa decir: "Bernabé nos dijo que nos iba a montar una de puta madre con tías en su pueblo. Fuimos a cenar y cuando me quise dar cuenta había cinco tías impresionantes".

Y explica que, en aquella orgía estuvo una chica de "25 añitos, muy discreta, educada, calladita", al parecer de Europa del Este. En la misma ‘fiesta’, el ahora condenado dice que otro de los imputados en el caso, Jacobo Gordón, "se llevó una tía guapísima a la habitación. Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía".

Además de la constante del uso de prostitutas en este tipo de casos, hay otra cosa habitual, y es el lenguaje despectivo a la hora de hablar sobre el sexo que realizan con estas mujeres a la que, casi todos ellos, consideran meros objetos de placer."                  (Loreta Ochando, El Plural, 29/05/18)

15.5.18

La federación de ciclismo fichó al doctor Ferrari para dopar al equipo de pista en Atlanta 96

"—¿Durante cinco años trabajó con miembros del equipo español de ciclismo?

—Sí. Fui responsable del equipo nacional de pista, pero no de los controles médicos. Responsable médico.

—¿Y durante ese periodo, de 1993 a 1998, también trabajó con el doctor Ferrari?
—Sí.

—¿Y el doctor Ferrari estaba involucrado con su trabajo en la federación española de ciclismo?

—Sí.

—¿Es verdad que suministró a los ciclistas españoles corticoides durante ese periodo?

—Eso no era lo principal. Lo principal era EPO y hormona del crecimiento.

—¿Hubo un programa de dopaje en la selección española de ciclismo entre 1993 y 1998?

—Sí.



El interrogatorio se desarrolla en otoño de 2016 en Lausana, en el castillo de Béthusy, sede del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Las preguntas las hace James Bunting, abogado de Johan Bruyneel. Responde Luis García del Moral, médico deportivo valenciano sancionado a perpetuidad por la Agencia Norteamericana Antidopaje (USADA) por su participación en el sistema de dopaje de Lance Armstrong en el equipo US Postal.

En juego están los recursos de Bruyneel, director del US Postal de Armstrong, y del entrenador del equipo José Martí, contra las sanciones de 10 y ocho años, respectivamente, que les impuso USADA en abril de 2014. La decisión de la formación del TAS, presidida por el árbitro canadiense Yves Fortier, se retrasa desde hace más de un año, “dada la especial relevancia del caso”, según fuentes de Lausana, pero se espera para finales de mayo.

Es la primera vez que ante un tribunal se presentan pruebas de que una federación deportiva española —entidades privadas que reciben subvención pública, responsables de la preparación deportiva de las elites nacionales para los grandes eventos y, por lo tanto, controladas por el Consejo Superior de Deportes (CSD)— ha organizado y financiado dopaje para aumentar el rendimiento de sus deportistas.

Ni García del Moral ni Michele Ferrari, el médico italiano de Armstrong y del equipo, también suspendido a perpetuidad, han recurrido su sanción. Ninguno de los dos puede ser sancionado de nuevo tras las últimas revelaciones de García del Moral por haber prescrito aquellos hechos.

Ni la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD), ni la Unión Ciclista Internacional (UCI), ni la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), instituciones que conocían las declaraciones de Del Moral ante el TAS, han intervenido para investigar más a fondo los hechos.

García del Moral, médico del equipo de pista entre 1993 y 1998, apoyó sus revelaciones de haber dopado con las indetectables entonces EPO y hormona de crecimiento con un documento, una página de una hoja de cálculo datada el 15 de julio de 1996 (cuatro días antes del comienzo de los Juegos de Atlanta) que, bajo el epígrafe “Justificación de Gastos”, recoge el destino de 12.866.729 pesetas (poco más de 80.000 euros) que le entregó la federación española, presidida entonces por Juan Serra. 

El documento figura con el sello “Confidencial” como prueba. En menos de seis meses, entre el 30 de enero, fecha del primer gasto, y el 15 de julio de 1996, gastó en farmacia 6.195.245 de pesetas (más de 36.000 euros); en los laboratorios del Doctor Montoro, especializado en análisis clínicos para comprobar si las dosis administradas eran las adecuadas, gastó 1.021.375 pesetas (unos 6.000 euros) y abonó, además, al doctor Ferrari 4.160.000 pesetas (25.000 euros) en dos pagos en abril y junio.

La EPO, indicada para enfermos de riñón, y la hormona del crecimiento, para tratar el enanismo, son medicamentos caros (una caja de seis jeringuillas precargadas de 1.000 UI de EPO valía hace 20 años unas 14.000 pesetas, poco más de 80 euros), por entonces se podían adquirir con receta y sin problemas en cualquier farmacia española. Del Moral podía firmar sus propias recetas y no necesitaba recurrir para adquirirla al mercado negro.

Seis pistards españoles compitieron en el velódromo de Atlanta 96, donde lograron tres diplomas olímpicos. Los mejores resultados fueron el quinto puesto del equipo de persecución, compuesto por Juan Martínez, Oliver, Joan Llaneras, Adolfo Alperi y Santos González, y el quinto también de Martínez Oliver en persecución individual. En velocidad compitieron José Manuel Moreno y José Escuredo, que dobló en el kilómetro, y Llaneras terminó sexto en puntuación.

La cantidad anotada por Del Moral coincide prácticamente con los cerca de 14 millones de pesetas que la federación española consignó como “medicación de equipo de pista” en un informe entregado a su comisión delegada, según reveló en octubre de 1996 el semanal Meta 2Mil. La revista ya informó de la contratación de Michele Ferrari, conocido entonces por ser el médico de Tony Rominger (ganador de tres Vueltas y un Giro en los primeros años 90) y de Abraham Olano. 

En respuestas a los periodistas de Meta 2Mil, Del Moral negaba entonces, en 1996, que se hubiera usado EPO y señalaba que el epígrafe del gasto no debía ser “medicación”, sino “área médica”. También añadía que en esa cantidad había que incluir sus viajes a Italia para consultar con Ferrari, quien nunca pasó por Valencia, por el velódromo Luis Puig, donde se concentraba el equipo.

El presidente Serra, por su parte, señalaba en 1996: “A mí me lo pidieron los corredores y a través de un buen amigo de los dos pude hablar con Ferrari. Conseguí que trabajara con nosotros, cosa que es muy difícil. […] Cobra mucho dinero. En cuanto supe lo que iban a costar los servicios de Ferrari busqué enseguida un presupuesto para cubrirlo. Contacté con Caja España y ellos, con su patrocinio a la selección de pista, cubrieron los gastos médicos. Supongo que la medicación también la proporcionaba Ferrari, yo no me meto en eso. Él le diría a Del Moral lo que tenía que darles”.

Más de 20 años después, la memoria de Serra, de 88 años, ha diluido los hechos. “No, nunca contratamos a Ferrari”, contesta el presidente de la federación entre 1993 y 1998 a la pregunta de este diario. “Yo coincidí con él un par de veces, y, sí, le pagamos unos informes que hizo para el equipo, pero nada más”.

 Añade Serra que recibió presiones del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Rafael Cortés Elvira, para que el equipo de pista fuera competitivo y que preguntó al médico Del Moral qué habría que hacer y que este le respondió que habría que contratar al mejor, a Ferrari. “Pero nunca habría permitido que dopara a los ciclistas”, dice. “Ni estaba a favor ni lo sabía”.

Ningún responsable del CSD en la época recuerda que le llamaran la atención los gastos médicos excesivos de la federación española de ciclismo. Tampoco recuerdan que contrataran a Ferrari. No se guardan en ningún archivo las cuentas de ninguna federación de aquellos años. Ferrari no ha respondido a las preguntas de este diario.

En febrero de 1999, Del Moral se incorporó como médico oficial al US Postal, donde permaneció hasta 2003, el quinquenio de los cinco primeros Tours de Armstrong. Allí ya ejercía Michele Ferrari, aunque nunca figuró oficialmente en el elenco del equipo.

Las actas del interrogatorio por parte de diferentes abogados (USADA, Bruyneel, Martí) del caso de Luis García del Moral se alargan durante decenas de folios que figuran entre los archivos del TAS. En sus respuestas, el médico valenciano reconoce que rompió sus obligaciones y su juramento hipocrático y que dopó durante su carrera a “muchos deportistas”.

—¿Podemos concluir que usted ha roto sus obligaciones profesionales como médico?

—Frecuentemente.

—¿Y lo hizo por dinero?

—No por dinero. Cuando empecé con el US Postal solo gané 6.000 euros por toda la temporada.

—¿Podemos estar los dos de acuerdo en que usted suministró o administró sustancias para mejorar el rendimiento y métodos similares a muchos deportistas durante su carrera?

—¿Así, en general? ¿Fuera de un equipo? No sé cuántos significa muchos, pero sí.

—De acuerdo. ¿Y lo hizo porque le pagaban por ello?

—Y porque era parte del sistema."                  (Carlos Arribas, El País, 17/04/18)


"Michele Ferrari, primera condena penal tras años en el mundo del dopaje.

La condena del doctor Michele Ferrari a 18 meses de reclusión por un Tribunal italiano por dopar al atleta de biatlón Daniel Taschler le acaba de proporcionar su primera sanción penal tras casi veinte años de acusaciones. Ferrari se vio involucrado en algunos de los casos de dopaje que más resonancia tuvieron en el mundo, como el del estadounidense Lance Armstrong, aunque hasta la decisión del lunes del Tribunal de Bolzano (norte de Italia) no le había sido dado ningún tipo de castigo penal.




Para el doctor italiano fue fatal la colaboración con Daniel Taschler, especialista de biatlón e hijo de Gottlieb Taschler, que fue vicepresidente de la Unión Internacional de Biatlón. Fue el propio padre de Taschler quien recomendó a su hijo trabajar al lado de Ferrari, a pesar de que éste ya hubiera sido suspendido de por vida por la Agencia Antidopaje Americana (USADA) tras los escándalos ligados a Armstrong.

Las investigaciones sobre la familia Taschler habían empezado en el ámbito de un programa de la Fiscalía de Padua y pasaron sucesivamente al departamento de Bolzano, que tomó la decisión de sancionar a Ferrari tras escuchar unas interceptaciones. En las conversaciones, el doctor da informaciones a Daniel Taschler sobre cómo conseguir y usar de forma eficaz el Eritropoyetina (EPO). Sin embargo, este no fue el primer proceso en el que estuvo involucrado Ferrari.

En 2004, el Tribunal de Bolonia había sancionado al doctor con once meses de suspensión de su profesión por escándalos que se remontaban a 1998, cuando había suministrado a varios ciclistas el EPO y otras sustancias que mejoraban sus prestaciones. 

Uno de esos atletas, entre los cuales estaba también el español Abraham Olano, confesó esos acontecimientos en el ámbito de las investigaciones y provocó la sanción para Ferrari, aunque esta nunca se aplicó.

Olano fue acusado en 2013 de haberse dopado bajo el control del doctor italiano durante el Tour de Francia de 1998, aunque el propio corredor rechazó con fuerza esas suposiciones, alegando que nunca ha dado positivo en un control. Juntos con el ciclista guipuzcoano estuvieron los también españoles Manuel Beltrán (en ese momento compañero de Olano en el equipo Banesto) y Marcos Serrano (Kelme). 

Pero la figura de Ferrari se hizo particularmente famosa tras su colaboración con Lance Armstrong, siete veces ganador del Tour de Francia, títulos que le fueron anulados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Unión Ciclista Internacional tras las investigaciones del USADA.

El doctor italiano suministró durante años sustancias como el EPO y la Testosterona al corredor de Texas para mejorar su rendimiento, según informaron a la USADA varios ciclistas del equipo US Postal. Sin embargo, tras casi veinte años de acusaciones, Ferrari recibió una sanción penal, lo que prevé además una compensación de 15.000 euros a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), que se había constituido parte civil en el proceso. 

"El resultado logrado por el Tribunal de Bolzano es de gran importancia de cara a la lucha contra el dopaje", explicó a los medios locales el abogado Marco Consonni, que defendió la WADA en este proceso.

Entre los demás ciclistas que colaboraron con Ferrari están el belga Axel Merckx, hijo de Eddy, el español Fernando Escartín, el suizo Tony Rominger, el australiano Cadel Evans o Mario Cipollini."                       (El País, 05/04/18)

14.5.18

Dentro de la corrupción valenciana: Emarsa, Púnica, Taula y otros cruces corruptos

"Dice la periodista especializada en corrupción, Laura Ballester, que la corrupción es un organismo vivo que se retroalimenta a sí misma. Esta deficinición es de las más precisas que se hayan podido hacer nunca, y la corrupción valenciana es el mejor ejemplo de ello. Dentro del repaso que El Plural está ofreciendo a sus lectores de los casos valencianos es preciso hacer una parada técnica y explicar algunas cosas que si no se hace un reportaje específico no se entenderían bien.

Cuando Ballester dijo esta frase era porque Esteban Cuesta, uno de los principales imputados dentro del caso Emarsa (caso que se tratará próximamente), anunció que iría a declarar ante el magistrado de Taula para explicarle una de las vías de financiación que utilizaba presuntamente el PP de Rita Barberá.

 Esa vía era, ni más ni menos, la que se realizaba con maletines con dinero público que salían de la depuradora de la que era gerente, y por cuyo saqueo se ha sentado en el banquillo y está a la espera de sentencia. Afirma el exgerente que se habrían pagado cerca de 100.000 euros para "actos de partido del PP de Valencia" con dinero procedente de la depuradora.

Así, de la noche a la mañana, un caso se cruzaba con otro. Pero no ha sido el único. El más sonado ha sido la supuesta vinculación de varios acusados de Taula con la trama Púnica. Hace unos meses, el magistrado instructor de Púnica enviaba a Valencia un informe que unía a tres investigados en los juzgados valencianos con uno de los principales investigados en la Audiencia Nacional, Alejandro de Pedro.

Púnica y Taula

Dicho informe, que fue publicado por El Plural, apunta, además de a De Pedro, a tres nombres propios que ahora ya están bajo sospecha en dos causas diferentes. El actual diputado popular y exconcejal, Miquel Domínguez; el exasesor y ahora concejal, Alberto Mendoza y el exjefe de prensa del consistorio valenciano, Julio Valero.

Sobre los tres explica la UCO que en "aquellos momentos el teniente de alcalde de la Ciudad de Valencia y concejal delegado con los Medios de Comunicación, habría elevado para su aprobación el expediente de contratación instado por Alberto Mendoza (concejal) y Julio Valero (jefe de prensa) a favor de la empresa Madiva Editorial y Publicidad SL, con la verdadera finalidad de financiar a un diario digital Ahora Valencia afín a los intereses políticos de las autoridades del Ayuntamiento de València (PP). Por ello, Domínguez podría haber incurrido como presunto autor de supuestos delitos de fraude y malversación".

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aseveran sobre Mendoza que se "habría prestado como interlocutor" entre el llamado por el magistrado en un auto conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, y el jefe de prensa, Julio Valero, "con la verdadera finalidad de mejorar la imagen institucional de la corporación municipal en las redes sociales, así como para contrarrestar informaciones negativas a través del diario Ahora Valencia".

De Valero explican que con "la mediación de Mendoza, habría sido asimismo partícipe de la contratación", y todo ello por los mismo motivos que el resto: conseguir mejorar la imagen del PP de la ciudad de València. A ambos, de la misma forma que a Domínguez, les acusan de fraude y malversación.

Clan Blasco

Otro de los cruces corruptos más conocidos en las tierras valencianas es el que afecta al clan Blasco, liderado por el exconseller Rafael Blasco que cumple prisión por robar el dinero del tercer mundo en el marco del caso Cooperación, y del que este periódico ya ha hablado.

En el caso de los Blasco se cruzan dos casos y un tercero que afecta a otra parte de la familia, pues todos ellos son los protagonistas de hasta tres tramas. El primero es el caso Cooperación en el que como ya se ha dicho está Blasco, el segundo el caso IVAM, por el que su mujer Consuelo Císcar y su hijo Rafael Blasco Císcar, más conocido como el artista Rablaci, están imputados por entre otros motivos, utilizar dinero público del Museo IVAM que dirigía su madre para conseguir que la carrera del retoño como artista despegara.

Pero hay un tercer caso, la operación Osvaldos, en el que fueron detenidas nueve personas, entre ellas Sergio Blasco Perepérez, exgerente del Hospital General de València, y su hermano Francisco, hijos del que fue presidente de la Diputación de Valencia Francisco Blasco para los que tras la detención el fiscal del caso pidió prisión eludible bajo fianza y que es el que se cruza con Cooperación.

De hecho, las investigaciones de Osvaldos comienzan a raíz de una declaración de un testigo en la trama Cooperación. Una declaración que la magistrada paró en seco y realizó a puerta cerrada solo con el fiscal. A partir de ahí comenzó una investigación que culminó con las detenciones de los Blasco y siete personas más.

Este caso se centra en el presunto amañó de contratos por cerca de 30 millones de euros que fueron a parar a un entramado de empresas vinculadas al sobrinísimo. Unas, dirigidas por un testaferro; otras, por su hermano y su sobrino. Los registros que se realizaron el día que reventó la operación Osvaldos, una veintena, se realizaron en dos frentes diferentes. 

Por un lado, los agentes registraron las empresas presuntamente involucradas en la trama. Por otro, la Policía Nacional solicitó contratos de los años 2004 a 2014 de la Conselleria de Sanidad, del Hospital General y de la Fundación del Hospital General, además de algunos del hospital La Fe.

Estos son los ejemplos de como el robo sistemático de dinero público no entiende de rencillas políticas, ya que según lo investigado, a la hora de meter la mano en la caja da lo mismo de la trama de la que se trate, es más bien una cuestión de estar bien posicionado y poder acceder a esos caudales tan ansiados."                  (Loreto Ochando, El Plural, 15/04/18)

11.5.18

Los políticos actuales se han incorporado a la actividad partidaria desde muy jóvenes y no han tenido tiempo de construir un currículo del que ufanarse. De ahí que muchos los hayan falsificado, bien inventándose los títulos, bien empleando su influencia para conseguirlos de manera fraudulenta

"(...) El problema viene de muy lejos, pero se ha podrido más y más según han ido pasando los años. Un célebre administrativista afirmaba que la única institución democrática que se mantuvo durante el franquismo había sido el sistema de oposiciones establecido para acceder a la Administración pública. Creo que en gran medida tenía razón, pero de esa aseveración habría que excluir con toda seguridad a la universidad. 

La concesión de cátedras, adjuntías y demás puestos docentes seguía sus propios procedimientos, que en la mayoría de los casos poco tenían que ver con el mérito y la capacidad, sino más bien con la predisposición a llevar la cartera del jefe del departamento y seguir fielmente sus instrucciones.

Eran muchos los que al terminar la carrera permanecían de PNN, profesores no numerarios (algo así como los profesores colaboradores de ahora, contratados sin la condición de funcionarios); la mayoría de ellos, sin embargo, en seguida continuaban su carrera por otros derroteros o bien pasaban al sector privado o se presentaban a oposiciones para los cuerpos superiores de la Administración. 

Solo unos pocos, quizás los peor preparados, incapaces de abrirse camino en otras instancias, permanecían y aceptaban esa especie de meritocracia impuesta por el cátedro de turno.  (...)

Pero era en las filas del PSOE de aquel año 82 donde abundaban los PNN, o al menos escaseaban los catedráticos, de tal modo que para ocupar la Secretaría de Estado de Universidades, tuvieron que recurrir a Carmina Virgili, seguramente la única catedrática disponible, persona entrañable pero sin demasiado interés por la gestión pública. En aquel entonces los socialistas llegaron al poder con cierto complejo y respeto y no les parecía correcto colocar en este cargo a alguien que no fuese catedrático.  (...)

Para ser político no se exige ningún título. Lo que, no obstante, sí resulta cuando menos extraño es la celeridad con la que cantidad de altos cargos adquirieron rápidamente a partir de entonces la condición de catedráticos. Cualquiera que haya ocupado un puesto de responsabilidad en la Administración sabe que no sobra demasiado tiempo para elaborar tesis doctorales o para hacer oposiciones.

 Por supuesto que estas facilidades no afectaron exclusivamente a los militantes del PSOE, pudieron beneficiar también a políticos de otros partidos e incluso a no políticos, pero que poseían cierta preeminencia social. Quizás parte de la explicación se encuentre en la evolución que a lo largo del tiempo ha ido sufriendo la universidad, agudizando los defectos de partida.

La competencia en materia universitaria pasó a las Comunidades Autónomas y todas ellas se dedicaron a multiplicar -a mi entender más de lo conveniente- las facultades, las universidades y en consecuencia los puestos docentes y las cátedras. No es de extrañar que el acceso a estas se fuese deteriorando aún más y, en consecuencia, la calidad de los títulos y de los profesores.

 Es chocante, sin embargo, la consideración que los medios de comunicación social continúan otorgando hoy en día a los catedráticos. A menudo son requeridos en las tertulias o en otros foros como auténticos oráculos, cuando lo cierto es que con frecuencia tanto sus opiniones como su preparación son muy discutibles y dejan mucho que desear.

Es posible que no se considere políticamente correcto afirmarlo, pero los hechos hablan por sí mismos. Hay una cierta correlación entre autonomía y corrupción, corrupción que no tiene por qué referirse exclusivamente al tema económico. A medida que se incrementa la emancipación de cualquier entidad se suelen debilitar los controles e incrementar las posibilidades de fraude. 

En la universidad, a la autonomía territorial se le ha añadido la autonomía universitaria, autonomía al cuadrado. Es más, últimamente se ha acumulado también la autonomía departamental, con lo que se ha generado una auténtica endogamia en la que cada departamento universitario campa por sus respetos sin apenas controles externos.

Los másteres han crecido como las setas sin orden ni concierto. Su proliferación ha tenido sin duda graves consecuencias, comenzando por que se ha creado un escenario heterogéneo y anárquico en el que resulta difícil distinguir el grano de la paja. Se han convertido a menudo en un simple negocio para el estamento universitario, donde el aspecto lucrativo prima sobre cualquier otra consideración. 

La calidad y las exigencias se reducen si de esta forma se consiguen más alumnos o se puede elevar el precio. No tiene por tanto nada de insólito que en ocasiones se hayan puesto a la venta los títulos, bien directamente por dinero o bien por compensaciones más sibilinas, ciertas o esperadas. Y ahí intervienen los políticos.

El problema de los másteres se ha agravado con la introducción de la normativa europea que los considera condición necesaria para la habilitación profesional. Se complica más si cabe el caos existente, contradice el principio de la gratuidad e introduce elementos privatizadores en la enseñanza universitaria. 

La aprobación de las universidades privadas ya había roto la igualdad de oportunidades, permitiendo que aquellos estudiantes con recursos pudiesen elegir la carrera que prefiriesen, mientras que el resto tuviera que conformarse con las que le permitían sus notas de acuerdo con los cupos existentes en cada una de las facultades. 

Es más, no parece demasiado arriesgado pensar que el principio de lucro conduce a que el grado de exigencia de las universidades privadas sea inferior, salvo excepciones, al de las públicas. Bien es verdad que la proliferación de los másteres y los intereses económicos generados por ellos pueden estar terminando por igualar todas las enseñanzas, pero a la baja.

El deterioro de la enseñanza universitaria ha ido en paralelo con el menoscabo de la actividad política. He insinuado a menudo que en la política se estaba cumpliendo perfectamente la ley que Gresham aplicaba a las monedas, la mala desplaza a la buena. No es ningún secreto que la mayoría de los políticos actuales se han incorporado a la actividad pública o partidaria desde muy jóvenes y no han tenido tiempo de construir un currículo del que ufanarse. 

De ahí que muchos han podido caer en la tentación de falsificarlos o al menos mixtificarlos, bien inventándose los títulos, bien empleando su influencia para conseguirlos de manera fraudulenta, bien utilizando a otros para que les escriban los trabajos y las tesis. El caos generado con los másteres y el deterioro de la universidad lo propicia.

Habrá que preguntarse si no es hora ya de poner coto a esa idea tan romántica de la autonomía universitaria, que en la práctica se concreta en una endogamia extremadamente peligrosa tanto para el alumnado como para los docentes y para la sociedad.

 ¿Acaso no ha llegado el momento de que desde el Gobierno central se establezcan los controles necesarios que garanticen el rigor y una cierta homogeneidad en los estudios, en los títulos, en el acceso y actividad de los profesores, y también, por qué no, en las finanzas, que tampoco viene mal? 

Algún día habrá que escribir acerca del papel que ciertas instituciones financieras como el Santander o La Caixa han jugado en las universidades y mediante ellas en la ideología y en la política, pero eso lo haremos otro día."                  (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 03/05/18)