4.8.16

Así se gestó la traición del 'yonki del dinero' que (aún) hará temblar los cimientos del PP

"El 26 de mayo de 2015, ataviado con ropajes 'hippies', Marcos Benavent comparecía por primera vez en la Ciudad de la Justicia de Valencia para ofrecer un doble espectáculo: por un lado ante los medios de comunicación (“era un yonki del dinero”, “voy a hacer daño a mucha gente”, “va a salir mierda a punta pala”) y, por otro, con el chorro de revelaciones de sus confesiones en sede judicial y policial, que descabezaron el Partido Popular de la provincia de Valencia.

Ese fue el inicio oficial de una colaboración que había comenzado algunos meses antes, a partir de que la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez hubiese presentado en agosto de 2014 una denuncia con todos los contratos y documentación que pudo obtener por su labor de oposición a Alfonso Rus y con 10 horas de grabaciones comprometedores realizadas por Benavent.

 Una bomba de relojería en el zaguán de la Fiscalía Anticorrupción. La pieza sobre uno de los contratos de la empresa pública Imelsa con una sociedad en la que el suegro de Benavent tenía intereses (cuyo secreto acaba de levantar el juez instructor Víctor Gómez) revela que, durante el mes de junio de 2015, el 'yonki del dinero' se convirtió en un habitual de las “dependencias policiales” y la “sede judicial”. 

Sus confesiones, día sí, día también (solo entre el 1 y el 11 de junio la UCO elabora cuatro informes distintos sobre comparecencias de Benavent), permitieron a los investigadores ratificar muchas de sus sospechas. No en balde, los agentes y la Fiscalía Anticorrupción elaboraron una hoja de ruta para destapar la “actividad delictiva diversa” de la trama encabezada por Alfonso Rus, tomando “como hilo conductor la participación o relación con los hechos investigados del investigado Marcos Benavent”.

 Sobre las razones de ese ataque de civismo, conversión budista o arrepentimiento sobrevenido, mucho se ha especulado. Pero la pieza del sumario de la operación Taula que ahora se ha hecho pública, y a la que ha tenido acceso El Confidencial, confirma el enfrentamiento que Benavent mantuvo con su suegro, y cómo este iba a conducirle directamente a rendir cuentas ante la Justicia. 

Esto convenció al 'yonki del dinero' de que la mejor estrategia de control de daños pasaba indefectiblemente por convertirse en el gran chivato, en ejercer la delación como única forma posible de redención por los pecados cometidos o, en términos más prosaicos, reducción de penas. Los contratos y las diez horas de grabaciones de Marcos Benavent que llevó al fiscal hicieron estallar el caso. “Me convertí en una apestada porque no entré en el redil”, relata

 La clave está en las grabaciones que el suegro del delator, Mariano López, entregó a la diputada provincial Rosa Pérez cuando esta reclamó a la Diputación de Valencia el contrato con Servimun, la firma encargada de prestar el servicio de atención telefónica al contribuyente en la que el suegro tenía intereses.

 Los dos protagonistas de esta historia llevaban meses enfrentados por el matrimonio fallido de Benavent con Nina, la hija de López. La relación entre ambos se enconó tanto que el segundo sustrajo del ordenador del primero los archivos con las conversaciones comprometedoras, en las que Benavent también participa en los presuntos delitos. 

En paralelo, su yerno había comenzado a apretarle las tuercas presionando con el contrato de Servimun, hasta el punto de que Alfonso Rus recibió una carta, recogida en el sumario, en la que se reclamaba ayuda para que el entonces gerente de Imelsa cejara en su “acoso”. “No me gustaría verme obligado, ante la manifiesta mala fe, a cometer alguna tontería”, dice la misiva. 

Esta carta es la primera prueba documental que aparece en el sumario de la pieza de Servimun, toda una señal de su carácter detonante. Marcos Benavent estaba convencido, y así lo trasladó a los investigadores, de que su suegro había hecho esa "tontería" y había pactado con Rosa Pérez que no siguiese investigando el contrato de Servimun a cambio de entregarle las grabaciones (pacto que realmente no se consumó), y que esas cintas lo dejaban a los pies de los caballos. 

A la denuncia de la diputada provincial, siguió la apertura de diligencias de investigación penal de la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). En diciembre de 2014, Benavent comunicó a Rus y al resto de sus hombres en una comida de Navidad que dejaba el cargo en Imelsa, aludiendo a “razones personales”.

 Todos se quedaron de piedra. Nadie entendía qué estaba pasando. El 'yonki del dinero' desapareció del mapa. Viajó a la India, Ecuador y Panamá. Cuando volvió a dejar verse de nuevo en mayo de 2015, había transmutado en arrepentido ‘hippy’ de barba blanca."                  (El Confidencial, 19/07/16)

29.7.16

Anticorrupción pide imputar a dos hijos de Javier de la Rosa por cobrar comisiones del menor de los Pujol

"La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz la imputación de dos hijos del financiero Javier de la Rosa por el presunto cobro de no menos de 2,6 millones en comisiones que habría pagado Oleguer Pujol a través de paraísos fiscales por su mediación en la compra de oficinas del banco de Santander a cambio de 2.013 millones de euros del año 2007.

En su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, la Fiscalía consagra la tesis policial según la cual el dinero que Oleguer Pujol invirtió para la compra de esas oficinas bancarias procedía de la cuenta andorrana en la que participaban sus hermanos.

Abierta en el Andbanc, esa cuenta se nutrió entre 1992 y 2000 de transferencias e ingresos en efectivo por importe de 116 millones de las antiguas pesetas. "Esas cantidades -dice el informe de Anticorrupción- son invertidas en distintos productos financieros y parte es utilizada para financiar sus aportaciones [las de Oleguer Pujol] al fondo Drago Real Estate Partners y a inversiones en Panamá".

Condenado en el caso Kio, el financiero Javier de la Rosa había sido definido en 1992 por Jordi Pujol padre como "empresario modelo". Hace un año, De la Rosa optó por guardar silencio en la comisión Pujol creada por el Parlamento catalán.

Ahora, la investigación sobre el benjamín de los Pujol ha cercado a sus hijos Gabriela de la Rosa Misol y Javier de la Rosa Misol. Ambos aparecen sucesivamente como beneficiarios reales de una sociedad constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, Barcem Ltd.

Esa sociedad, que ya estaba siendo investigada por la UDEF, salió a la luz en los papeles de Panamá. Y ello porque, como relata Anticorrupción, "las acciones estaban custodiadas por el trust panameño denominado Mossfon Trust". Es decir, por el bufete Mossack Fonseca, donde se produjo la filtración masiva que acabó destapando miles de operaciones opacas en todo el mundo.

En 2008, prosigue relatando la Fiscalía, Barcem Ltd abrió una cuenta en otro paraíso fiscal, la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha, donde recibió mediante dos transferencias 2,6 millones de euros procedentes de otra de las compañías investigadas en el caso, la holandesa Marway BV. Finalmente, en 2014 transfirió "a una entidad suiza" 2,1 millones de euros.

¿Y quiénes están tras Marway BV, que previamente había recibido 6,2 millones de euros de una sociedad británica involucrada en la compra de oficinas del banco de Santander por parte de Drago Capital, la gestora de fondos comandada en España por Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias?

Pues de nuevo otros dos empresarios catalanes, padre e hijo, cuya imputación solicita también la Fiscalía. La Policía "ha constatado", dice el escrito de Anticorrupción, que tras Marway "estaban personas relacionadas con la sociedad española Inmobiliaria Vica SA". El accionista mayoritario de esa inmobiliaria es José María Villalonga Bardella. Su hijo José María consta como apoderado de la sociedad.

Los testaferros holandeses, también
Anticorrupción pide igualmente otras dos nuevas imputaciones, la de los testaferros profesionales holandeses Jaap Broers y Hohn Willekes, cabezas visibles de una compañía de planificación fiscal -ITPS Group- que controlaba las sociedades Ard Choille BV y la ya citada Marway BV.  En diciembre, y como publicó infoLibre, la Policía ya registró la sede de ITPS Group en La Haya en busca de pruebas sobre el desvío de fondos atribuido a Oleguer Pujol.

De las dos sociedades controladas por ITPS y que menciona en su escrito la Fiscalía, Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias serían los propietarios reales de una de ellas, Ard Choille BV. Y de la segunda, Marway BV, lo serían los dueños de Inmobiliaria Vica SA.

Aunque lo que Policía y Fiscalía tienen ya confirmado es que el pago a la empresa que los hijos de Javier de la Rosa poseían en las Islas Vírgenes -Barcem Ltd.- se articuló a través de Marway, no descartan que pudiera haber recibido más dinero directamente desde Ard Choille BV."              (Infolibre, Alicia Gutiérrez, 27/06/16)

28.7.16

Así vendió Botella viviendas sociales al fondo buitre... de su hijo

"Un buen día, los inquilinos de una de las urbanizaciones de vivienda protegida en Carabanchel se encontraron en su edificio con un gran cartel que anunciaba una nueva promoción de viviendas. Era 2013 y en un primer momento nadie sospechó de que unos meses después el emisor de su recibo de alquiler cambiaría la EMVS por la empresa Fidere.

 Emprendieron entonces una investigación. Descubrieron que su vivienda ya no pertenecía a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) porque se habían vendido un total de 5.315 inmuebles públicos, incluidos en 18 promociones de viviendas de Protección Oficial.

El Ayuntamiento de Madrid analiza ahora las manifiestas irregularidades de este proceso en la Comisión de Investigación de la Deuda, Contratación y Políticas Públicas donde participan el concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, Mercedes González por el PSOE y Miguel Ángel Redondo, de Ciudadanos. El PP se ha negado a formar parte de la mesa al considerar que esta auditoría es una “cacería” y una “causa general contra el partido”.

 Además ha afirmado que no existieron irregularidades en las decisiones adoptadas en los últimos mandatos. Destacó la ausencia de los comparecientes requeridos por su implicación política: Ana Botella, Paz González, ex delegada de Urbanismo y ex presidenta del Consejo de Administración de EMVS; Fermín Oslé, ex consejero delegado de la EMVS; Ana Gomendio López, de la Consejería de Vivienda de la Comunidad Madrid; los concejales del PP, Pablo Cavero y Borja Carabante; el ex director de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen; además de directivos y altos cargos de la EMVS como Pablo Olangua, Javier Tena y Juan José Gracia.

Según este relato, el 20 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid aprobaba en Junta de Gobierno la venta de 1860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, tras haber valorado 4 ofertas de empresas. 

Estas habían sido recibidas en la EMVS sólo 6 días antes. Después de 20 días de negociación directa, y con una rebaja de dos millones sobre el precio que la empresa presentó al realizar la oferta, el fondo adquirió a través de la empresa Fidere, y por 128,5 millones de euros, un parque de 1860 viviendas, 1797 plazas de garaje y 1569 trasteros.

Cuatro meses después, el 31 de octubre de 2013, se formalizó el contrato a través del cual la titularidad de este paquete de viviendas públicas pasó a la empresa Fidere, que las adquirió a un precio unitario que había sido previamente fijado por la misma compañía. Además, se incluyeron 89 inmuebles más -también de protección oficial-, que en un inicio no estaban vinculados a la venta. 

El total de inmuebles transferidos ascendía a 5.315, según un informe de la Cámara de Cuentas. El comprador pagó 128,5 millones de euros por la operación en la que se incluyeron 652 viviendas destinadas a alquiler social, 72 a alquiler con opción a compra y 580 a alquiler con opción a compra para jóvenes.

Esta venta estaba sujeta a la autorización de la Comunidad de Madrid, que posee competencia en exclusiva en materia de viviendas, ordenación del territorio y urbanismo en la región. Fermín Oslé, en calidad de Consejero Delegado de la EMVS, solicitó este permiso en junio de 2013, pero la operación para entonces ya había comenzado con el anuncio en prensa de la enajenación y la recepción de ofertas por parte de las empresas. Según el PSOE, desde la Comunidad de Madrid se modificó la normativa autonómica para hacer un traje a medida de esta venta.

La deuda de la EMVS, el plan de viabilidad económica y Price Waterhouse Cooper

En junio del año 2013 se aprueba el Plan de Viabilidad de la EMVS. El objetivo era proyectar la actividad de la empresa hasta 2018, proponiendo “la adopción de una serie de medidas que permitan a la sociedad volver a una situación de equilibrio económico”, según el propio informe, que recuerda “el contenido estrictamente social del trabajo desarrollado por la EMVS”. El PP justificó esta operación haciendo referencia a la importante deuda que pesaba sobre la EMVS, que aumentó un 167% durante los gobiernos de Gallardón y Ana Botella.


Este plan fue respaldado por un informe encargado a la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC): posteriormente, PWC asesoró también a Fidere, empresa adjudicataria de la venta. La comisión no ha tenido acceso a este informe, que se emitió en abril de 2013 y que no figura en el expediente, aunque sí es de libre acceso el borrador.

 En este documento, previo a la operación de venta, se analiza de la cartera inmobiliaria de la EMVS y se señalan los aspectos claves del proceso de venta que se estaba preparando.

El texto no puede considerarse un informe de tasación válido, ya que la empresa que lo realiza no está homologada para esta acción por el Banco de España. Tampoco se aporta información individualizada de los distintos tipos de inmuebles a vender, pero sí se fija una horquilla de precio que oscila entre los 110 y los 125 millones de euros, cifras en la que se mueven las 4 empresas que presentaron su oferta de compra. El 3 de mayo la operación se confirmaba mediante el anuncio de la venta en prensa. Un anuncio que sustituye al necesario pliego de condiciones.

La venta de las viviendas de protección oficial a fondos buitre

Tras el anuncio, la EMVS recibió cuatro ofertas por parte de las empresas Azora (118,5 millones de euros), Magic Real Estate – Blackstone (127,5 millones), Lone Star (95 millones) y Harbor Group (130 millones de euros). También mostró su interés en la operación Goldman Sachs, aunque su oferta fue descartada por no constar cantidad monetaria concreta. La adjudicación se resolvió obre base de la horquilla de precio fijado por PWC; y resultó escogida, a pesar de no ser la oferta más alta, la propuesta de Magic-Blackstone.

El día 20 de junio la Junta de Gobierno aprueba el famoso plan de viabilidad y sólo un día después se comunica a Magic Real Estate la admisión de su oferta. Esta empresa es el socio comercial del fondo Blackstone en España y actuaba en representación de Fidere, compañía que consta en la escrituras como propietaria. En ese momento se inició una negociación de compra-venta que duró 15 días. Durante este periodo, la EMVS rebaja el precio global en dos millones de euros por una supuesta morosidad en el pago del alquiler, aunque en la documentación oficial no constan datos que constaten esta situación de falta de pago.

Subida progresiva del precio de alquiler en un 43%

Las personas que habitaban estas viviendas no fueron informadas del inicio del proceso, ni tampoco de las consecuencias que para ellas tendría esta venta. “No existió ningún contacto previo, cuando fuimos descubriendo lo que había pasado nunca imaginamos que nos iban a hipotecar la vida de esta manera”, declaró Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de afectadas y afectados por la EMVS. Ana Botella declaró en pleno que “sólo cambia el propietario”, pero sus palabras tienen poca relación con la realidad. 

“La venta se hizo sabiendo que en pocos meses finalizarían todos los contratos de la EMVS que tenían vigencia”, relata Arantxa, que afirma que con la extinción del contrato de alquiler Fidere cambiço las condiciones: “se produce una subida progresiva del precio del alquiler en un 43%, hay que volver a pagar la fianza que pagamos hace 10 años y el nuevo contrato nunca tiene una duración superior a 3 años” -frente a los 10 que establecía la EMVS-. Nuevas condiciones que los inquilinos han de aceptar si quieren permanecer en su hogar.

Según la presidenta de la asociación de afectados, “la venta a estos fondos hiena -porque se comen la carroña financiera y se ríen de los inquilinos- fue un caramelo. Llevo pagados ya 70.000 euros por mi casa, que ha sido vendida por 65.000”. También explicó Mejías que han arrebatado a los inquilinos su derecho a compra transcurridos los 10 años de alquiler, tal y como se establecía el contrato firmado con la EMVS.
Hoy solicitan al nuevo ayuntamiento que adopte las oportunas medidas políticas y judiciales para dar una solución efectiva a estos 3 años de incertidumbre.

“Es muy difícil para mí el tener la responsabilidad de hablar de la situación tan sangrante que están atravesando mis vecinos. Para la gente que está aquí son papeles y expedientes, pero hay gente con tratamiento para aguantar la ansiedad y es una situación que desestructura la unidad familiar. Además, sabemos que nos enfrentamos a gigantes a los que el anterior ayuntamiento nos vendió”. Su deseo es que la nueva corporación adopte las medidas legales necesarias y actúe como intermediaria con la empresa que ahora es propietaria del inmueble, para dar fin a “una situación que es insostenible a nivel emocional y personal”.

Las irregularidades del proceso de venta

El proceso de enajenación de estas viviendas de Protección Oficial incurrió, según el concejal de Economía y Hacienda por Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, en una serie de prácticas que podrían calificarse, “cuanto menos como nocivas”. El primero, el incumplimiento de la propia EMVS de su fin social. A pesar de que se realizaron cambios estatutarios que pretendían modificar el objetivo final, se siguió manteniendo entre los objetivos la promoción del alquiler social.

De hecho, un año después de la venta, se explicita que por la situación del mercado inmobiliario, la empresa se orientará hacia el alquiler. “Lo que no se entiende es que para promocionar y potenciar el alquiler lo que se haga sea enajenar viviendas”, declaró Sánchez Mato. Para el concejal, esta venta sólo se entiende “como descapitalización de la empresa, algo que dificultaba el logro de objetivos explícitos”. Concluye además que esta acción resultó ser lesiva para el patrimonio de la EMVS y, en definitiva, para la ciudad de Madrid.

Según el concejal, en esta venta de patrimonio el PP vulneró las leyes de contatación del sector público, del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, las instrucciones internas de contratación y el reglamento de adjudicación de viviendas de Madrid. “Se han vendido viviendas a una entidad jurídica cuando el propio reglamento de la EMVS y del Ayuntamiento de Madrid dice que sólo se pueden vender viviendas sociales a entidades jurídicas si hubieran quedado vacantes después de intentos repetidos de ofrecer a personas físicas. Eso no ocurrió en esta venta”, afirma.

El expediente, además, carece de documentación básica. No constan condiciones de venta, ni estudio, ni memoria, ni informes de viabilidad técnica ni jurídica, tampoco se publica el valor de las propiedades a enajenar. Se incumplieron todas las instrucciones internas de contratación y no se fijó con antelación el valor de la venta.

 Por otro lado, el Consejo de Administración de la EMVS no aprobó la convocatoria de venta, quien actuó como órgano de contratación fue el propio Consejero Delegado, Fermín Oslé, y la propuesta de adjudicación definitiva la hizo el Director de Gestión, Pablo Olangua. La competencia, sin embargo, correspondía a la Comisión Permanente de Adjudicación.

También es evidente la vulneración de los principios de igualdad, transparencia, no discriminación o concurrencia. La operación se diseñó para vender los inmuebles por lotes, algo que supone una barrera de acceso para la libre concurrencia. Además, la maniobra fue rápida porque las empresas ya tenían conocimiento de ella.

¿Es posible anular la venta y que las viviendas vuelvan a ser públicas?

Mariano Benítez de Lugo es el abogado que en 2014 presentó, en representación de los afectados y el PSOE, una querella que señalaba como responsables a Fermín Oslé y a Alfonso Benavides, que actuaba como representante de la empresa Fidere. El Juzgado de Instrucción núm. 38 de Madrid reconocía en una primera resolución que podía existir infracción penal, pero que finalmente fue archivada.

Según Benítez de Lugo, “las irregularidades en el proceso son infinitas” y alega que en la venta sólo se aplicaron las reglas de mercado. No reconoce como válido desde el punto de vista legal el procedimiento de adjudicación y difiere con el despacho jurídico externo que lleva el caso para la EMVS, que sostiene que el proceso podría ser anulable. “Hay argumentos para declarar la nulidad de pleno derecho y, por tanto, revertir esta venta”, declaró en la comisión.

Alega el letrado que se ha prescindido totalmente del procedimiento legal establecido, obviando elementos de contratación que eran de obligado cumplimiento, aunque los servicios jurídicos de la EMVS opinan que el proceso debe solucionarse por la vía del derecho civil. Mariano Benítez de Lugo también recordó que el programa electoral de Ahora Madrid recogía en su punto 3.2 la reversión de esta venta y criticó la “actuación perezosa” del actual gobierno, que ha emitido un informe sobre la posible irregularidad, pero que “tendría que haber empezado en junio del año pasado”.

 Opina también que aunque la vía jurídica continúa, la política está ausente e insta a la corporación a reunirse con Fidere para presionar en términos políticos y así encontrar una situación que palíe la situación de las personas afectadas."                    (Ana Encinas, Público, 12-07-16)

26.7.16

De un lado, un político corrupto que ha cobrado una mordida en billetes grandes, y necesita llevarlos a Suiza... del otro, un aristócrata con su fortuna heredada en Suuiza, que necesita dinero en España... todo cuadra

"Es una técnica bastante habitual de blanqueo, la llaman “compensación”. Requiere de dos personajes, por desgracia, muy fáciles de encontrar.

De un lado, un político corrupto: alguien que ha cobrado una mordida en billetes grandes, en una caja de zapatos o en un maletín. No es la primera vez, no es fácil gastar tantos billetes de quinientos y no es muy seguro esconderlo en un rincón; a ver cómo explicas después qué pinta un millón de euros en una maleta bajo llave guardada en el altillo de la casa de tu suegro, como le pasó a Francisco Granados

 Así que decide que lo más seguro es llevarse la pasta a Suiza, a una cuenta opaca en este paraíso fiscal creada tras una enorme red de empresas tapadera por medio mundo que le ha montado algún discreto empleado de la banca Suiza desde el hall de un hotel en Madrid. Si le pillan, siempre podrá decir que nunca ha estado en Suiza ni en Panamá ni en las Seychelles, y es posible que hasta sea verdad.

Nuestro político corrupto ya tiene un plan, pero ingresar dinero en efectivo en su cuenta de Suiza o no es fácil o no es barato. Si recurre a uno de los intermediarios habituales, la comisión será alta y se tendrá que fiar; es habitual que los intermediarios se queden con el botín –los ladrones tienen difícil denunciar– . Y si cruza la frontera española cargado de billetes para llevar directamente el dinero hasta la ventanilla del banco, en la aduana le pueden pillar.
Del otro lado, un aristócrata defraudador: un rentista que lleva varias generaciones viviendo de la fortuna que el tatarabuelo amasó y que está escondida en Suiza desde antes de que se inventase el ordenador. Su problema es justo el contrario al del político corrupto: necesita el dinero en España, no en Suiza. Y para él los métodos habituales tampoco son baratos o sencillos.

Suiza lo pone fácil: no existen límites a la entrada o salida de dinero en efectivo por la frontera. Pero la aduana de la UE es más estricta: 10.000 euros como máximo. Sus gastos son importantes y no puede ir cada dos semanas a los Alpes a esquiar.

¿La solución? Muy fácil. Siempre hay un roto para un descosido, siempre hay un político corrupto para un aristócrata defraudador. Y siempre hay un intermediario de la banca suiza que ayuda a cuadrar la operación.

En solitario o con la ayuda del intermediario, el político corrupto entrega el maletín con dinero en efectivo que acaba en manos del aristócrata defraudador. Y al tiempo el aristócrata –o el agente de la banca suiza– le hace una transferencia al político corrupto de una cuenta a otra del mismo banco en Suiza. El dinero ni sale ni entra en España y no cruza ninguna frontera. Solo cambia de manos y de cuentas numeradas.

Este modus operandi es lo que sospecha el juez Eloy Velasco que pasó entre la trama Púnica y la princesa Inés de Borbón. Nuestra aristócrata dice que nunca se preocupó por el vil metal: “ En casa nos enseñaron a no hablar de dinero y de bancos”. Es lo que tiene ser bisnieta del rey Alfonso XII de Borbón.

La prima del rey está acusada de colaborar en el blanqueo de parte de las mordidas que Granados y compañía recaudaban en Madrid. Inés de Borbón y uno de los cerebros de la Púnica, David Marjaliza, utilizaban el mismo intermediario: un empleado del banco Lombard Odier, Javier Martín. No fue la única:  lo mismo hacía la fallecida Duquesa de Alba (¡ay, cuánto quería a España la duquesa!). Y ni siquiera este sistema de blanqueo es el único nexo en común entre los apellidos más nobles y la más innoble corrupción.

Tal y como desvelamos en esta nueva entrega de los Papeles de la Castellana, todos los caminos de la corrupción conducen a Suiza, a Bahamas o a Panamá. Los políticos corruptos y algunas grandes fortunas caminan por las mismas sendas, acompañados por los mismos intermediarios, tanto para robar como para defraudar.

La familia Borbón utilizó los mismos asesores y testaferros que Luis Bárcenas, Rodrigo Rato o los Pujol para esconder ante Hacienda una herencia millonaria. Exactamente los mismos, con los mismos cómplices necesarios y con las mismas consecuencias. Porque defraudar al fisco o robar dinero público con mordidas tiene también las mismas víctimas: todos los españolitos que pagamos nuestros impuestos en España, no en Suiza ni en Panamá."              (Nacho Escolar, eldiario.es, 07/06/16)

22.7.16

Pineda, a Caixa Catalunya, tras pedirle 500.000 euros: "Ojalá que tengamos larga vida todos, ¿no?"

"Luis Pineda utilizó todo tipo de técnicas para intentar convencer a los bancos de que contrataran los servicios de Ausbanc, llegando a lanzar amenazas veladas a sus interlocutores: "Si este tema puntual pues lo pudiéramos cerrar con el, con la mejor, con el mejor ánimo, pues ojalá que tengamos larga vida todos, ¿no?, que es lo que nos deseamos hasta que nos llevamos mal"; "La idea es que vivamos muchos años, ¿no? Y aunque tengamos un par de meses malos... oye... 

Yo confío que tengamos muchos años buenos", llegó a decirle al director de la Asesoría Jurídica de Caixa Catalunya -hoy Catalunya Banc-, Luis García Torné.

Así consta en uno de los tomos del sumario de la causa abierta contra Ausbanc por el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado Santiago Pedraz, por los presuntos delitos de extorsión y fraude procesal, al que Público ha tenido acceso.

A finales de 2008, Pineda dirigió a la caja que entonces presidía Narcís Serra una de sus 'ofertas': planteaba sellar un "acuerdo razonable" tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el redondeo al alza en los intereses de los préstamos hipotecarios.

 El presidente de Ausbanc trató entonces de reunirse con Serra, pero fue derivado a García Torné después de una primera conversación presencial entre la directora del Departamento Jurídico de su organización, María Mateo, y el director de los servicios jurídicos de la caja, Joan Rafols Llach.

Como avanzaba Infolibre este miércoles, fue en este reunión cuando Mateo cifró en 500.000 euros el coste de este acuerdo, que Pineda defendió en su conversación telefónica con García Torné sin citar esta cantidad, dejando entrever que tomaría represalias en caso de que Caixa Catalunya no la aceptase: "A mi me gustaría cerrar capítulo, en un sentido de, de esta situación pues un poco tensa, jurídica, y abrir una nueva etapa, ¿no?"; "No venía yo con el .. , con ganas de batalla, ¿no?".

"Y si no, pues, pues oye, pues, pues también batallando se lo pasa uno bien, ¿no?"; "Nosotros pues tenemos que también conseguir que, que esos posibles beneficiarios de las sentencias pues que se enteren, ¿no?"; "Yo creo que hay cosas que nos pueden unir. Ya es una cuestión vuestra, ¿no? Y, y de desunir, pues hombre, si no nos queda más remedio ... , pues, pues, qué le vamos a hacer. Pero será porque no habéis querido vosotros, no porque yo no haya llamado, o no me he puesto a vuestra disposición", zanja Pineda.

"Le importa bien poco el interés de sus asociados"

En el informe en cuestión la UDEF subraya que Pineda "hace ver que o se está con AUSBANC, llegando al acuerdo planteado y empezando a 'remar en la misma dirección' o se está contra ella, lo que supone movilizarse para intentar localizar a afectados por las cláusulas de redondeo así como seguir referenciando a la entidad como 'ejemplo malo' en los medios de comunicación".

De hecho, según la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, las propuestas de Pineda a entidades bancarias persiguen que Ausbanc salga beneficiada "importándole bien poco el interés de sus asociados". De hecho, al no conseguir doblar el brazo de sus interlocutores, Pineda organizó una manifestación ante la sede central de Catalunya Banc contra las cláusulas de redondeo.

Fueron los dos trabajadores de la entidad quienes grabaron sus conversaciones con Pineda y Mateo, y sus declaraciones y la transcripción íntegra de la llamada de Pineda vienen incluidas en el sumario, que hace hincapié en los "ataques" del líder de Ausbanc, en prisión preventiva desde el 18 de abril, a la antigua Catalunya Caixa.

"De esta grabación", apunta el informe de la UDEF, "se ha podido constatar el modo de operar de Ausbanc y, por ende, la manera de presionar a las entidades bancarias". Aunque, según la declaración de García Torné, en este caso los esfuerzos de Pineda no habrían dado resultado: “En ningún momento Catalunya Banc abonó ninguna cantidad a Ausbanc en relación a esta propuesta", zanja."              (Público, 30/06/16)

21.7.16

El PP y el fondo buitre Blackstone, a juicio por la venta de viviendas sociales en Madrid

"Fermín Oslé Uranga, antiguo consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, trabaja ahora en la constructora Velasco. Ahí le han avalado, según figura en su perfil público en inglés, su “especialización en procesos de rees­tructuración y reorganización de empresas”, y su conocimiento “extensivo” de la Administración y empresas públicas.

Este ejecutivo fue uno de los diez altos cargos del PP en la época de Ana Botella como alcaldesa de Madrid que dio plantón el 16 de junio a una comisión de investigación municipal. Esta comisión tenía que indagar en los detalles de la adjudicación, en julio de 2013, de 1.860 viviendas de la EMVS al fondo Blackstone. La compraventa fue denunciada como irregular el pasado abril por un informe de la Cámara de Cuen­tas y abrió un nuevo frente en el ya grave problema de acceso a la vivienda y de desahucios en los barrios más empobrecidos de la capital. 

El viernes 1 de julio está prevista la segunda sesión, a la que están llamados a declarar los responsables del informe de viabilidad de la consultora PriceWaterHouse Coopers, un plan para un proceso de venta que el actual equipo de Gobierno, PSOE y Ciudadanos consideran que estuvo amañado.

Entre quienes plantaron al Gobierno municipal y a todos los partidos de la oposición: dos actuales concejales del PP en el Ayuntamiento (Pablo Cavero y Borja Carabante), los antiguos gerentes de la empresa autonómica de vivienda (IVIMA) Juan Van-Halen y Ana Gomendio, además de la exalcaldesa Ana Botella. No existen imputados por esta venta, si bien Van-Halen y Gomendio sí están investigados por la venta paralela, también en 2013, de 2.900 viviendas autonómicas a Goldman Sachs.

Venta récord

En apenas cuatro meses y medio –entre marzo y julio de 2013–, el Consistorio de Ana Botella tenía firmado un contrato de venta de 18 promociones de vivienda pública (los 1.860 pisos con distintos tipos de alquiler más plazas de garaje y locales) con la unión temporal de empresas formada por el fondo Blackstone y Magic Real State.


En palabras de Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, esta celeridad se debe a que “los contratos ya estaban adjudicados”. El proceso de concesión –en función de lo dictaminado por la Cámara de Cuentas– incumplió tanto la normativa interna de la EMVS (que obligaba a informar y a presentar una oferta de compra a los inquilinos) como la ley de contratos del sector público.

Una muestra: el consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, afirmaba en el pleno del 17 de abril de 2013 a pregunta de UPyD que “no existía ninguna operación” de venta de patrimonio. Dos semanas después, adelantándose en una semana a que la consultora Pricewaterhouse Coo­­­­­­­pers entregara un plan de viabilidad donde por primera vez se detallaba la cifra de 1.860 viviendas, la EMVS anunciaba en un periódico de tirada nacional la venta de las 18 promociones.

“La EMVS tenía poderes extrasensoriales, se adelantó a lo que la consultora iba a proponer”, afirmó en la comisión de investigación la concejala del PSOE Mercedes González. “Mes y medio antes de que se aprobara el plan de viabilidad de la EMVS, ya se había puesto en venta este patrimonio”, continuaba. Este desfase temporal es sólo uno de los aspectos irregulares que quieren seguir investigando los grupos municipales.

El núcleo del asunto: la adjudicación de las 18 promociones por 128,5 millones de euros estaba calculada 32 millones hacia abajo, según la Cámara de Cuentas. “El plan era capitalizar la empresa, y lo que hicieron fue descapitalizarla”, denunciaba Sánchez Mato. 

Y en la letra pequeña las irregularidades no acaban ahí: en julio se firma la adjudicación a Blackstone con dos millones adicionales de rebaja. Atribuidos, según Mercedes González, a “una supuesta morosidad en el pago de rentas por los inquilinos”.

Las consecuencias de la operación llegan hasta hoy. Sobre la mesa está la posible reversión de estos contratos, algo que desde el área de Equidad y Derechos Sociales, presidida por la concejala Marta Higueras, no se ve posible actualmente, si bien “se estudiarán todas las vías”, tal y como señaló en una reunión con los vocales de Ahora Madrid en los distritos.

Inquilinos sin protección

La onda expansiva de la venta a Fidere –el fondo que finalmente se quedó con las 1.860 viviendas– llega hasta hoy: este año terminan 350 contratos antiguos; en 2017, 352, y en 2018, 690, según el PSOE. Para quienes se estuvieran beneficiando de algún tipo de reducción de alquiler, el cambio de casero supondrá un aumento que varía de los 50 euros a más de 500 en función de la situación personal. Todo un desafío para la política social y de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. "             (Diego Sanz Paratcha, Diagonal, 30/06/16)

20.7.16

La "rosa roja" que ha liquidado a Alfonso Rus y al PP de Valencia

"El mismo día que se anunció la abdicación del Rey Juan Carlos en favor de su hijo, Felipe VI, el dos de junio de 2014, Rosa Pérez colgó una bandera republicana en la ventana de su despacho en la Diputación de Valencia.

 No es que Alfonso Rus sea un monárquico convencido para quienes le conocen, pero el gesto de la diputada provincial más crítica con su gestión en la institución provincial le sirvió de excusa perfecta para apretarle las clavijas una vez más en venganza por su labor de oposición. Le envió requerimientos notariales para que retirarse la enseña y la llevó a la Fiscalía, tratando de incriminarla penalmente, algo en lo que fracasó.

“Desde el primer minuto de la legislatura me di cuenta de que la Diputación de Valencia era muy opaca. Todo el mundo tenía los ojos puestos en la Generalitat y el Ayuntamiento, que estaban bajo los focos, pero aquí todo pasaba más inadvertido”, señala Pérez a El Confidencial.

 “Yo no entraba a la connivencia que había aquí. Todo lo ponía en duda. Me convertí en una apestada porque no entré en el redil y tuve muchas broncas en los plenos con Rus y Juanjo Medina”, dice en referencia a uno de los exvicepresidentes provinciales detenidos el martes por los agentes de la Guardia Civil.

Hasta que decidió llevar al juzgado un 30 de julio de 2014 todo el material que había recopilado, muchos de los contratos que ahora están en duda y sobre los que recaen las sospechas de amaño fueron escudriñados por esta abogada penalista y laboralista implicada en política desde que en la universidad militaba en el moviendo estudiantil Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) y que ahora representa a Esquerra Unida como diputada provincial.

 “Muchas de las cosas que aparecen en la demanda las he denunciado políticamente. Hay modificados de obra que se hacían con los informes en contra de los oficiales técnicos. Son modificados con mucho coste para la Diputación”, explica.

Ciertamente, el resto del grupos, especialmente el socialista que dirigía José Manuel Orengo en la segunda legislatura de Rus, fue poco beligerante. Pactaban con los populares el reparto de recursos a los ayuntamientos y hacían la vista gorda cuando las cosas no encajaban. Esto genera ahora inquietud en las filas del PSPV. El Partido de Ximo Puig teme que puedan aparecer cargos suyos de segundo nivel implicados en la trama destapada por la Operación Taula.
El relato de Pérez es el de alguien que ha visto decisiones de gestión incomprensibles. Cuando Rus aprobó su plan de sustitución de luminarias convencionales por lámparas Leds aparecieron informes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación que advertían de la inviabilidad de la iniciativa. “Montaron una central de compras. 

Llamaban a los ayuntamientos para decir a quién se tenía que comprar. La empresa que más facturó fue Inelcom, precisamente de Xàtiva. Ahí es donde podían sacar mucha tajada”, detalla. Ciertamente Inelcom, del empresario Vicente Quilis, es una de las sociedades sobre las que puso la lupa la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia que presentó la dirigente de Esquerra Unida. El contrato no era 'pecata minuta'. Rus embarcó a la corporación y un buen número de municipios en un plan de 30 millones de euros. 

Carreteras, campos de césped artificial, piscinas cubiertas, ninguno de los planes estrella de Rus parecía escapar a las sospechas de irregularidad, como posteriormente ha quedado en evidencia con la investigación de los agentes de Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. “Descubrimos que había sanciones que se tenían que poner y se dejaban caducar. Se han dejado de ingresar 32 millones de euros por estas negligencias. Hablamos de obras ilegales o vallas publicitarias puestas donde no tocaban”.

El exhombre fuerte del PP siempre sospechó que Rosa Pérez podía ponerle en un aprieto. En 2013, una vicepresidenta de su equipo, Carlota Navarro, fue pillada por el asesor de Pérez, José Manuel Sanz, registrando su despacho. Sanz es una de las personas que colaboró en la recopilación de datos e información que desembocó en la demanda. 

Hacía tiempo que se habían convertido en receptores de escritos y documentos anónimos relatando irregularidades. Pero en 2014 recibieron el premio gordo a su labor de denuncia: A sus manos llegaron 10 horas de grabaciones efectuadas durante años por el entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent, en las que se narraban encuentros fraudulentos, mordidas y un sinfín de indicios de la existencia de una red de comisionistas que alcanzaba a todas las administraciones valencianas. 

“Fue la última pieza del puzle. En cierto modo me generó una gran satisfacción porque soy abogada y tengo la mente criminal. Cuando estás llevando un caso y encuentras una prueba definitiva te sientes muy recompensada. Entonces fue cuando presentamos la denuncia, el último día de julio, 2014”. Fue el inicio de una investigación judicial y policial que desembocó el martes en la Operación Taula.

Pérez no sabe o no quiere explicar las razones de por qué esas cintas llegaron a sus manos. La sombra del exsuegro de Benavent, Mariano López, detenido el martes por la UCO, siempre ha estado detrás de esa divulgación. Al parecer, nunca perdonó al yerno que traicionase a su hija. Y así, entre la persistencia de una diputada roja y las ansias de venganza de un padre dolido, nació el caso que ha terminado por reventar por los cuatro costados al PP valenciano."               (El Confidencial, 30/01/16)

19.7.16

Malversación de Adif en las obras del AVE de Barcelona

"La Guardia Civil registra este martes las sedes de Adif en Madrid y Barcelona en busca de pruebas que demuestren una supuesta malversación de fondos en las obras del AVE que podrían alcanzar los 85 millones de euros.

Los agentes investigan una red acusada de inflar facturas para generar sobrecostes millonarios en tres obras del AVE cercanas a la estación de La Sagrera de la capital catalana.

En la operación está prevista la detención de una veintena de personas. Además se están llevando a cabo registros en varias empresas constructoras de Adif adjudicatarias de los tramos de alta velocidad y en varias viviendas.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, la investigación, dirigida por una juez de Barcelona, arranca en unos informes que la propia Adif llevó a la Fiscalía Anticorrupción en la que alertaba de posibles facturas hinchadas en tres obras del AVE de Barcelona a Madrid, que todavía no están finalizadas, entre ellas la estación de La Sagrera.

La operación, en la que se está registrando entre otros la sede de Adif en La Sagrera de Barcelona, es paralela a otra investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona y que, en mayo de 2014, comportó la detención de diez personas -entre ellas excargos de Adif y de empresas constructoras- por sobrecostes supuestamente irregulares en las obras del AVE en Barcelona."               (Público, 28/06/16)

18.7.16

Arístegui y De la Serna pagaban 10.000€ a sus conseguidores por empresa captada

"El exdiputado Pedro Gómez de la Serna y el exembajador en la India Gustavo de Arístegui utilizaron conseguidores de toda España para captar a empresas desesperadas por la crisis que necesitaban salir al extranjero para aumentar su volumen de negocio. 

Según fuentes cercanas al caso, abonaban una tarifa de más de 10.000 euros por cada una de las compañías que les presentaran. Después, ellos mismos se encargaban de llegar a acuerdos de representación con las empresas para garantizarse un porcentaje sobre las operaciones que les consiguieran en su zona de influencia. La Audiencia Nacional investiga ahora esas comisiones, según fuentes cercanas al caso.

Los pagos a los conseguidores aparecen en la contabilidad de Scardovi SL y Karistia SL, las mercantiles creadas en 2009 por Gómez de la Serna y Arístegui, respectivamente, para actuar como agentes comerciales bajo la marca de Voltar Larssen Mercados Internacionales.
 Entre las empresas a las que pagaron por facilitarles clientes, se encuentra Containbusiness SL, una empresa de intermediación de Javier de la Rosa Misol, hijo del industrial catalán Javier de la Rosa.
Según las fuentes consultadas, Containbusiness SL facturó un total de 22.870 euros a Voltar Larssen por poner en contacto a los políticos del PP en 2011 con dos compañías catalanas que necesitaban entrar en otros mercados para sortear la recesión de la economía española.
 Una de esas dos compañías fue Hiemesa, una siderúrgica con sede en el puerto de Barcelona que cuenta con seis almacenes de distribución en España, cuatro en Portugal y uno en Andorra. “En el sector, era conocido que Gómez de la Serna y Arístegui tenían una empresa de desarrollo internacional y que tenían muchos contactos en el norte de África. Hiemesa buscaba meter la cabeza en esa región”, explica un empresario próximo a esa operación que prefiere permanecer en el anonimato.
La otra empresa que Javier de la Rosa Jr. presentó a Gómez de la Serna y Arístegui fue la firma de consultoría e ingeniería AudingIntraesa, también con sede en Barcelona. En su cartera, había proyectos en territorio nacional y también en Colombia, República Dominicana y Kuwait, pero todavía no había operado en Argelia, Congo, Panamá, Perú y Jordania, países en los que Voltar Larssen pagaba presuntamente sobornos para amañar adjudicaciones públicas, según la investigación de la Audiencia Nacional.
 “La facturación de AudingIntraesa había caído en España por la del resto de empresas del sector y querían clientes en el extranjero”, apunta la misma fuente. “Contrataron a Voltar Larssen para entrar en esos territorios”.
Ni Hiemesa ni AudingIntraesa han comentado esta información a El Confidencial. El procedimiento trata ahora de aclarar la vinculación que tuvieron con Gómez de la Serna y Arístegui, pero el sumario ya ha probado que ambos eran especialistas en engrasar voluntades en el norte de África. 
Los expertos en delitos económicos de la UDEF han concluido que dieron su mayor pelotazo en Argelia, tras conseguir que las autoridades de ese país adjudicaran a la multinacional Elecnor, uno de sus clientes estrella, la construcción de un tranvía en la ciudad de Ouargla por 230 millones de euros y la canalización de agua de una desaladora en la región de Souk-Tleta por otros 250 millones de euros.
 Los exdirigentes del PP presuntamente sobornaron a funcionarios y altos cargos del Gobierno argelino para que Elecnor se llevara las licitaciones.
Otros conseguidores también pusieron en contacto a empresas en dificultadas con la oficina comercial de los dos principales investigados en el caso. Por ejemplo, también habría desempeñado ese papel Francisco Salazar-Simpson, concuñado de Rodrigo Rato, otro de los dirigentes populares que tienen problemas en los tribunales.
 Salazar-Simpson es amigo y socio de Gómez de la Serna en un bufete que lleva los apellidos de ambos y los de un tercer abogado, Alberto Durán, actual asesor jurídico del PP nacional e imputado igualmente por la Justicia en el caso del borrado de los discos duros del extesorero Luis Bárcenas.
No son los únicas tramas vinculadas con la red Voltar Larssen. En la red internacional que Gómez de la Serna y Arístegui supuestamente urdieron para camuflar los pagos de Elecnor, aparece la sociedad Castelino BV, una firma instrumental holandesa domiciliada en una vivienda unifamiliar del número 3 de la calle Vliegheiweg del municipio de Huizen, situado a 30 kilómetros al este de Ámsterdam. Castelino BV es precisamente la misma sociedad pantalla que utilizaron los auditores Adolfo Suárez Lopetegui y su hijo Israel para cobrar distintas cantidades relacionadas con el desfalco de 16 millones de euros de Osasuna, otra trama que también está bajo investigación judicial.
El abogado holandés que se oculta tras Castelino BV es Henry Samuel Leijdesdorff, responsable de más de dos centenares de empresas instrumentales que también tienen otras vinculaciones con España. Su nombre aparece igualmente detrás de IMFC Licencing BV, la sociedad que utilizó la Real Sociedad en 2006 para abonar gran parte de la ficha que cobraba su portero Claudio Bravo, actual jugador del FC Barcelona. Leijdesdorff también figura desde 2000 como representante legal de Costaguana SL, la firma creada por el cantante Miguel Bosé para gestionar sus derechos de autor. 
En 2014, facturó 3,8 millones de euros con ella y acumuló un patrimonio superior a los ocho millones. "                 (El Confidencial, 14/07/16)

15.7.16

El cuñado de Rato compró un palacete a Bankia, con una rebaja de 1,7 millones... por cuñadismo

"Operación redonda del excuñado de Rodrigo Rato. Santiago Alarcó obtuvo una rentabilidad de 235.000 euros con la venta de un palacete que había comprado a Bankia, con una rebaja de 1,7 millones de euros en dos años por parte de la entidad bancaria para que ejercía como asesor.

 Según publica este miércoles El Español, la Guardia Civil investiga la venta del inmueble, ubicado en una finca rústica de más de 7.700 metros cuadrados en la localidad segoviana de Vegas del Matute.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra no sólo en la tasación que hizo la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri para decidir el precio de venta, sino también en el proceso de aprobación hecho por Bankia.

 La oferta del excuñado de Rato fue de 300.000 euros y la presentó el 7 de diciembre de 2012. La UCO explica que se llegaron a realizar hasta cuatro tasaciones del inmueble entre 2010 y 2012. En estas tasaciones el precio de la finca llegó a bajar desde los 2 millones de euros hasta 386.654 euros en los que finalmente fue valorada.

Además, en el citado informe se recoge un corre electrónico con el título de "urgente", que fue enviado por una representante de Bankia Habitat a la firma tasadora en el que pedía rebajar el precio del inmueble por "el gran deterioro que presentaba".

 El correo se redactó apenas tres días después de que el cuñado del exvicepresidente del Gobierno realizara su oferta y dos días antes de la tasación definitiva, algo que "llama la atención" de los agentes ya que, dicen, "por lógica comercial, tiene que estar interesada en que la valoración del inmueble sea lo más elevada posible para obtener un beneficio mayor".

El propio Rato fue quien contrató a su excuñado como asesor externo de Bankia en el año 2011 con un sueldo de 40.000 euros mensuales "dada la experiencia que tenía". Después, Rato dobló año tras año el sueldo de Alarcó, quien tras comenzar cobrando 120.000 euros anuales, dos años después llegó a ganar más de 480.000 euros. 

Tras dejar Bankia a mediados de 2012, el excuñado de Rato pasó a desempeñar funciones de apoderado para una sociedad llamada Larcafin S.L, la misma a la que Bankia le vendió el palacete. Alarcó actuó como representante de la sociedad en el proceso negociador. Pese a que en los informes de la Guardia Civil figura como administrador el empresario Pedro luis Oliveros Fontaine, en el Registro Mercantil aparece Alarcó como propietario total de las acciones.

 "Si ya resultan llamativas las retribuciones percibidas por el antes citado durante la presidencia de Rodrigo Rato Figaredo, el cual fue cónyuge de su hermana, toda relación comercial surgida en aquella época entre los implicados en esta investigación debe resultar objeto de estudio", remata el Instituto Armado."                  (eldiario.es, 13/07/16)

14.7.16

Como la senyera, con Pujol, la estelada está sirviendo para tapar la podredumbre que emana de demasiadas instituciones catalanas...

"La trama empezó a destaparse en junio de 2014 a raíz de la denuncia de Montserrat Gassull, entonces concejala de ERC en Torredembarra (Tarragona). 

Esta edil puso en conocimiento de la dirección de su partido las graves irregularidades detectadas en este consistorio pero su partido hizo caso omiso de sus denuncias lo cual provocó que abandonara esta formación y decidiera denunciar los hechos supuestamente delictivos ante la administración de justicia. 

Para ERC este caso resultaba terriblemente incómodo en un momento en que se estaba fraguando la coalición Junts pel Sí con CDC y prefirió mirar para otro lado para salvaguardar el proceso soberanista.

Las denuncias de Gassull, tramitadas en el juzgado de instrucción n.1 de El Vendrell, motivaron la llamada Operación Petrum, desarrollada en varias fases, en el marco de lo que la prensa denominó caso 3%. El citado juzgado investigó el pago de comisiones ilegales a la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, fundadores de CDC y del entorno íntimo de Jordi Pujol, que implicó a diversos ayuntamientos gobernados por Convergència.

 Las investigaciones motivaron la detención de Andreu Viloca, tesorero del partido y administrador de la fundación convergente CatDem y el registro de la sede de CDC. Viloca que permaneció mes y medio en prisión preventiva fue liberado tras abonar su partido la fianza de 250.000 euros y, a diferencia de Bárcenas, continuó en el cargo.

La actual Operación Termyca resulta una derivada de este caso que ahora se ha centrado en las actividades de la consultoría Efial que operaba en 80 municipios, la mitad de los cuales en Catalunya y gobernados por Convergència. Una empresa que, por así decirlo, rizaba el rizo en las prácticas privatizadoras y externalizadoras de las administraciones locales.

 Por ejemplo, se encargaba de la gestión de las concesiones y contratos municipales en el núcleo duro competencial de los ayuntamientos. Un foco de corrupción que, al parecer, acababa en cuentas corrientes del Principado de Andorra. La investigación tiene una inquietante derivada política, pues se ha hecho público que el Ayuntamiento de Girona, en la época en la que era alcalde Carles Puigdemont, adjudicó a dedo seis contratos a Efial por valor de 113.000 euros, relacionados con un bien público como el agua.

Conspiraciones y complicidades

El hecho de que las investigaciones del juzgado de instrucción n. 1 de El Vendrell contaran con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y la Oficina Antifraude de Catalunya, ahora bajo sospecha tras la revelación de las conversaciones entre su director Daniel de Alfonso y el ministro en funciones del Interior, Jorge Fernández Díaz, sirvió de pretexto para que el ejecutivo catalán atribuyera estas investigaciones a una conspiración españolista orquestada por el ministro.

Neus Munté, vicepresidenta de la Generalitat, compareció ante los medios para acusar a Fernández Díaz de ser el “autor intelectual” del operativo y vincularlo al congreso de refundación de su partido que se inicia este viernes 8 de julio.

 Una argumentación calcada a la que Jordi Pujol utilizó con éxito en el caso Banca Catalana y que sirvió de pauta para exculparse de los múltiples casos de corrupción que acompañaron su largo mandato, hasta su autoinculpación que provocó un terremoto en el partido que está en el origen de la refundación.

 Las manifestaciones de Munté están en abierta contradicción con el hecho que la iniciativa de las investigaciones corresponda a un juzgado y un juez catalán, Jordi Bosch. Además resulta incongruente que, si la operación ha sido impulsada por Fernández Díaz, estén siendo investigados numerosos ayuntamientos del PP en Madrid y el resto de España. Tampoco dio una explicación satisfactoria a la circunstancia que Daniel de Alonso accediera al cargo a propuesta de Convergència.

El escándalo ha motivado el espeso silencio de ERC, visiblemente incómodo por un turbio asunto que vuelve a empañar su pacto con CDC en un tema de especial sensibilidad política y del que ERC había hecho bandera política. También llama la atención la postura del PSC.

 Su secretario general, Miquel Iceta, tras consultar con la sección de su partido en Girona, donde gobiernan juntos CDC y PSC, manifestó que ésta le había asegurado que no existía ninguna irregularidad y que, por tanto, no apoyaría una comparecencia parlamentaria de Puigdemont para dar explicaciones sobre el caso. Incidentalmente, hemos de apuntar a la “transversalidad” de los socialistas catalanes que gobiernan en Barcelona con Ada Colau, con Convergència en Girona, con Ciutadans en Lleida y con PP y Unió en Tarragona. Una transversalidad que muchos atribuyen no a su centralidad política, sino a su interés por ocupar cargos.

Ahora bien, el dato que resulta más relevador es comprobar cómo entre amplios sectores del electorado independentista han funcionado a la perfección las explicaciones de Munté, quien precisamente ha sido propuesta por Artur Mas, para codirigir la refundada Convergència.

La refundación del partido del catalanismo conservador, recientemente reconvertido al independentismo, no parece que vaya asumir la más mínima responsabilidad por la corrupción estructural que le rodea y que cuenta con la complicidad de importantes sectores de la clase política y la sociedad catalana. 

Como la senyera, con Pujol, la estelada está sirviendo para tapar la podredumbre que emana de demasiadas instituciones catalanas. En este tema existen bien pocas diferencias entre el comportamiento de la sociedad catalana y española, donde la unidad nacional en un caso y la independencia en el otro están siendo utilizadas eficazmente para tapar la corrupción."                   (Antonio Santamaría, El Viejo Topo, 10-07-16)

13.7.16

Castellano (ex-presidente de Novagalicia): “Ausbanc nos pidió 300.000 euros como chantaje”

"El expresidente de Novagalicia José María Castellano, ha relatado este jueves al juez Santiago Pedraz las maniobras de extorsión a las que supuestamente sometió Ausbanc a la entidad gallega. El antiguo ejecutivo ha manifestado que tras su desembarco en la caja, tras la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia, Ausbanc publicó una carta y un artículo elogiosos hacia su figura. 

Según su testimonio, Castellano, que no conocía a Ausbanc, se informó sobre la naturaleza de la organización presidida por Luis Pineda. “Me dijeron que tuviera mucho cuidado, porque cobraban dentro y fuera del sector bancario”, ha manifestado a los medios tras declarar.

 Las exigencias económicas no tardaron en llegar. “Le pidieron al secretario del consejo y al director de Comunicación 300.000 euros como chantaje; era una época muy complicada con las preferentes y las cláusulas suelo, dije que no pagaba y cancelamos los contratos” firmados por Caixa Nova y Caixa Galicia. A partir de ese momento llegó el acoso.

 “Empezaron a hablar mal de nosotros, montones de tuits, que si era un gangster, que si robaba. Luego, no sé si fueron ellos, tuve dos escraches en mi casa, gente tocando el bombo ante las oficinas, los empleados lo pasaron bastante mal”, ha recordado Castellano.

 El exdirectivo ha asegurado que puso la extorsión en conocimiento de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, pero que los estatutos de esta corporación impedían a esta actuar, por lo que cada entidad tenía que defenderse por su cuenta, Castellano ha recordado que la mayoría de las cajas y bancos españoles se sometieron al chantaje de Ausbanc, “algunos durante casi veinte años”.

Tras Castellano ha prestado declaración Montserrat Suárez, ex abogada de Manos Limpias. Esta ha aportado documentos que, según ella, prueban el "matrimonio" de intereses entre el sindicato presidido por Miguel Bernad y Ausbanc. 

En concreto, se ha referido a la junta de accionistas del BBVA de 2013, en la que la abogada de Manos Limpias en el caso Nóos, Virginia López Negrete, pidió la salida del banco de Antonio Ballabriga, jefe de reputación corporativa del banco y que estuvo imputado temporalmente en la causa que afecta a la infanta Cristina.

El redondeo de Catalunya Banc

El sumario de la Operación Nelson sigue ofreciendo datos sobre la supuesta extorsión de Luis Pineda. Los directivos de Catalunya Banc, anteriormente Catalunya Caixa, grabaron una reunión con la responsable jurídica de Ausbanc, María Mateo, quien en nombre de Pineda, reclamaba 500.000 euros a cambio de no hacer publicidad de una sentencia del Tribunal Supremo 2008 que suprimía las cláusulas de redondeo en las hipotecas a favor de las entidades bancarias, de modo que estas se evitaban reclamaciones de clientes perjudicados. 

Muy pocos depositantes conocían esta sentencia –publicada como anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) y en el diario Abc- y Catalunya Caixa no había tenido que hacer frente hasta entonces a ninguna reclamación de cantidad.

El pago de 500.000 euros que proponía Ausbanc se dividía en dos mitades. Los primeros 250.000 euros se entregarían a la organización de Pineda para que con ellos se encargara de pagar directamente a los clientes que efectuaran reclamaciones, quedándose Ausbanc el dinero que sobrara.

 Así, si solo acudían, por ejemplo, tres clientes a los que hubiera que devolver 1.000 euros en total, los 249.000 restantes se quedaban íntegramente en las arcas de Pineda.

Los otros 250.000 euros se abonarían en concepto de “líneas de colaboración institucional”, es decir por la vía habitual en Ausbanc de patrocinio de actos, seminarios e inserciones publicitarias de Catalunya Banc en las publicaciones del grupo de Luis Pineda.

Posteriormente a esta reunión, celebrada en las oficinas de Catalunya Banc, Luis Pineda mantuvo una charla telefónica con el jefe de los servicios jurídicos de la entidad, Ramón Lluís García Torné. Esta conversación también fue grabada. 

En ella, el jefe de Ausbanc reiteraba la petición de los 500.000 euros para cerrar el tema de las cláusulas de redondeo. "Y si no, pues, pues oye, pues, pues también batallando se lo pasa uno bien, ¿no?", le decía Pineda para convencerle de alcanzar un trato.

Catalunya Banc, presidida por Narcis Serra, se negó a cualquier pago. Desde que salió la sentencia del Supremo solo ha tenido que hacer frente a 12 reclamaciones por cláusulas de redondeo por las que se ha visto obligada a pagar un total de 5.196 euros. En los días siguientes a la conversación, Ausbanc organizó una manifestación ante la sede central de Catalunya Banc relativa a las cláusulas de redondeo.

Las cláusulas suelo

Además, la Policía sospecha que Pineda, se quedó con un remanente de 917.000 euros que le pagó Liberbank destinado a varios afectados por cláusulas suelo en las hipotecas que tenían suscritas en la entidad.

 Tras la declaración de varios testigos en la causa, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) concluye que Liberbank pagó directamente a Ausbanc un importe total de 1,14 millones de euros procedentes del acuerdo que ambos habían alcanzado en relación con 191 demandas presentadas por clientes.

Parte de este dinero se transfirió en pequeñas cantidades a 164 personas, posiblemente clientes de Liberbank asociados de Ausbanc, según la Policía, que añade que la entidad que presidía Pineda se “beneficia del remanente” de 917.000 euros, que fueron transferidos a cuentas de Ausbanc."         (Fernando J. Pérez, El País, 30/06/16)

12.7.16

Dimite la cúpula del PP de Palma por una trama de corrupción en la que usaban a la Policía para extorsionar a empresarios, que si no cedían a la mordida, se veían sometidos a inspecciones continuas, denuncias y sanciones económicas, y espiar a adversarios...

"Si el ministro quiso utilizar en su día a la Oficina Antifrau de Catalunya para arremeter, incluso con pruebas falsas, contra ERC y CDC, el presidente de la Junta Territorial del PP de Palma, José María Rodríguez, habría utilizado -presuntamente- a miembros corruptos de la Policía Local para espiar a adversarios políticos, incluso aunque estos fueran de su mismo signo político.

Pero no sólo eso. También, según las investigaciones judiciales de las que se ha levantado parte del secreto de sumario, habría extorsionado a empresarios, según informan agencias y prensa local.

Según el juez Penalva, que se encarga del caso de la presunta trama corrupta de la Policía Local de Palma, Rodríguez sería "el artífice en la sombra del organigrama corrupto" ideado en dicha institución para servir a los intereses del Partido Popular. 

Hoy, Rodríguez se ha visto obligado a dimitir junto al secretario de Organización, Álvaro Gijón, y la vicesecretaria Sandra Fernández. Los tres han dado a conocer hoy esta decisión, después de que la dirección del partido en Madrid se haya puesto en contacto con el presidente del partido en Baleares, Miquel Vidal. 

En un auto de prisión preventiva dictado el pasado febrero para uno de los agentes investigados en la presunta trama de corrupción en el cuerpo policial de Palma, el juez detalla que se filtraron los exámenes de oposición a oficial que se hicieron en mayo de 2012 con el objetivo de "crear una estructura corrupta" para actuar con impunidad y "al servicio de determinados políticos y su partido".

Según el juez, "el artífice en la sombra del organigrama corrupto que se pretendía organizar" mediante la filtración de exámenes y con los nombramientos para determinados puestos "sería José María Rodríguez", a quien achaca que "pretendía indiciariamente rodearse de un grupo de agentes a quienes se les facilitaría la colocación y ascenso en el escalafón policial".

Según Eldiariodemallorca.es, Penalva cree que la intención final era colocar a uno de los hombres de confianza de Rodríguez en la unidad policial que se encarga de ejercer como escolta de personalidades. Ello le permitiría mantener controlado de cerca al exalcalde de la capital balear, Mateo Isern (también del PP). De hecho, el juez no descarta que Isern no repitiera como candidato en las municipales de mayo de 2015 por ese motivo (fue alcalde sólo una legislatura).

 Asimismo, Rodríguez —que lleva 30 años en primera línea de la política y fue delegado del Gobierno en Balears y tuvo que abandonar también tras verse implicado en el caso de corrupción de financiación ilegal del PP balear en el que también está Matas imputado (caso Over)—, habría contratado también a un conocido detective de Palma para hacer seguimientos de políticos (pinchazos ilegales de teléfonos incluidos) y de otros policías que no estaban en la órbita de su partido. 

Todo ello según la información facilitada por un testigo protegido a quien el juez da total credibilidad.

Al margen del detective privado y los presuntos pucherazos en las oposiciones a policía, Rodríguez también habría utilizado a los policías locales para controlar a un determinado grupo de empresarios mallorquines que, si no cedían a sus exigencias (las correspondientes mordidas para financiar ilegalmente el partido), se veían sometidos a inspecciones continuas, denuncias y sanciones económicas. Además, según el citado testigo protegido, también les amenazaba con hacer peligrar las licencias que hacían viables sus negocios.

Rodríguez, por su parte, defiende su inocencia de todas estas acusaciones, incluso de las que incluyen sobornos a base de fiestas con cocaína y prostitutas. Pero, aun así, ha asumido la directriz de Génova y ha anunciado su dimisión como presidente de la Junta Territorial del PP de Palma. Queda por saber si abandona también su acta de concejal y si los otros dos expulsados hacen lo propio con sus cargos de diputados en el Parlament balear. "                       (Público, 04/07/16)

8.7.16

La operación Termyca vuelve a atrapar a la élite funcionarial alimentada por CDC... incluido un asesor de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat

"La gran operación contra el desvío de dinero público desde ayuntamientos, que ayer se saldó con la detención de 11 personas, estaba preparada desde el mes de febrero pasado, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes cercanas a las investigaciones. 

Por dos veces, el magistrado que lleva el tema, Josep Bosch, decidió suspender la operación para no interferir en la campaña electoral, puesto que “podría malinterpretarse” la actuación de la justicia si esta realizaba registros y detenciones antes de las elecciones.

 “Se decidió como fecha más idónea el 5 de julio, una vez pasadas las elecciones, para que nadie pudiese decir nada. Pero esta fecha fue fijada hace casi tres meses, por lo que si alguien dice que esto es fruto de una conspiración después de la divulgación de las conversaciones del ministro Fernández Díaz, miente descaradamente”, subrayan las fuentes.

La operación se saldó no solo con 11 detenidos, sino también con 48 registros (ocho en ayuntamientos, siete en entidades públicas, 12 en sociedades mercantiles, 14 en domicilios particulares y siete en despachos profesionales) ordenados por el juez a instancias de la Fiscalía. 

Estas fuentes explican que la mecánica era sencilla: para disimular, los cargos políticos creaban la “figura instrumental” de entidades públicas empresariales locales. De este modo, sorteaban la fiscalización del interventor o del secretario del Ayuntamiento en cuestión. 

A través de este organismo público, otorgaban contratos a las empresas ‘amigas’. En otras palabras, se desviaba dinero público municipal a la empresa pública creada exclusivamente para ese fin y de esta a Efial.


La sorpresa saltó cuando entre los detenidos figuraba Josep Manel Bassols, un viejo conocido de los investigadores, que ya le habían echado el guante el 21 de octubre de 2015, cuando era delegado en Cataluña de la empresa Oproler, cuyas actividades también se están investigando.
Bassols es mucho más: es marido de la magistrada Núria Bassols, que sacó las castañas del fuego varias veces a Convergència. De hecho, cerró en falso el caso Casinos a finales de la década de los noventa, que luego otro juez reabrió. Una condena hubiese puesto en un aprieto a Artur Mas, que premió a la magistrada con un puesto en la Administración que él presidía: la nombró directora del programa de Políticas de Transparencia en la Consejería de Presidencia. Y a los tres meses, la ascendió a comisionada para la Transparencia y el Acceso a la Información, un cargo aderezado con más de 108.000 euros de salario bruto al año.

Amigos poderosos

La familia Bassols Bassols tiene buenos anclajes dentro de Convergència. De hecho, son buenos puntales del partido. Josep Manel fue alcalde de la localidad de Anglès entre 1995 y 2003. En 2011, fue elegido por Carles Puigdemont para dirigir su campaña municipal de candidato a la alcaldía de Girona, que ganó.

Bassols presume de conexiones poderosas. Entre sus amigos en las redes sociales pueden encontrarse consejeros de la Generalitat como Jordi Baiget, responsable de Empresa del Gobierno, o Meritxell Borràs, consejera de Gobernación; o exconsejeros como Santi Vila, Germà Gordó o Antoni Subirà; o dirigentes como Pere Macias o Damià Calvet. Pero también presume de amigos como Albert Sánchez Piñol, el futbolista Marc Bartra, la actriz Assumpta Serna, el empresario Tatxo Benet o la actriz Núria Feliu. De hecho, es miembro de un grupo de fans de esta última, aunque sus preferencias musicales se decantan por los Beatles.
Pero en su carrera política marcó un hito su ascenso a director de campaña de Puigdemont en 2011. Y de esa época vienen estos lodos: durante su ascendencia sobre Puigdemont, se firmaron seis contratos con Efial, que supusieron más de 112.000 euros de las arcas públicas gerundenses. Habrá que ver si esos contratos fueron troceados para no convocar concurso y realizar las adjudicaciones a los amiguetes.
En 2014, el Ayuntamiento de Puigdemont otorgó un contrato de 31.233,13 euros a Efial Consultoría para el “control financiero y de eficacia de la empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA”. Fue el único contrato adjudicado por concurso. Otros se hicieron sin necesidad de él, porque su monto no sobrepasaba (por poco) los 18.000 euros, por lo que se pueden realizar adjudicaciones teniendo solo las ofertas de tres empresas. Así, Efial logró también contratos por una auditoría del servicio de contratación, otra del patrimonio, un estudio de la prórroga de la concesión del suministro de agua y un último de un estudio sobre el impacto de la Costa Brava. Falta por saber el tipo de adjudicación con el sexto.

El asesor de la Sindicatura de Cuentas

Curiosamente, Efial no había tenido contratos en Girona hasta la llegada de Puigdemont, que ganó el sillón municipal de la capital del Onyar con la consultora bajo el brazo. En la compañía de marras, además, estaba un hombre de Convergència acostumbrado a bregar en el terreno municipal: Antonio Martos Carrasco, que había tenido cargos en empresas municipales de l’Ametlla de Mar y de Ascó, dos de los ayuntamientos implicados en la trama.

El nombre de Martos es uno de los más importantes del escándalo. Entre otras cosas, fue gerente de La Cala Gestió, una empresa municipal de l’Ametlla. El presidente de La Cala Gestió es Andreu Martí, alcalde convergente de la localidad detenido ayer.

 En l’Ametlla, el despropósito es incluso mayor que en Girona: se investiga la adjudicación de dos contratos por valor de 465.000 y de 396.965 euros a Efial. Uno de ellos, concedido por la empresa pública Cala Gestió, la misma de la que era gerente el fundador de Efial. Todo quedaba en casa.

Otro tanto pasa con Ascó: la empresa pública Ascó Serveis tuvo como director general a Antonio Martos. Una vez este salió y montó Efial, su antigua compañía le adjudicó un contrato de 351.750 euros. En Tortosa, aunque no estuvo en empresas municipales, consiguió adjudicaciones a través del ente público Gumtsa, bajo sospecha ahora.

 Martos estuvo también en cargos de responsabilidad en la sociedad Barcelona Gestión Urbanística. En el consistorio de la capital catalana no hubo registros, pero sí petición de información. Por si fuera poco, Martos es asesor económico de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat.

Tras comenzar las investigaciones, en febrero pasado, Martos dejó sus cargos en Efial y adquirió todo el control de la sociedad Xavier Termens, socio suyo y exsubdirector general de Participaciones Públicas de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat. En el año 2010, junto a dos colegas, escribía un estudio titulado ‘Algunas reflexiones sobre el proceso de descentralización funcional en el sector público de la Generalitat de Cataluña’. 

En él, dejaba constancia de que “el proceso de descentralización horizontal de las funciones de la Administración de la Generalitat de Cataluña se ha caracterizado principalmente por la creación de entidades con personalidad diferenciada.

La elevada dimensión y complejidad organizativa que ha adquirido este sector público requieren, después de más de 30 años de autogobierno y con un nuevo estatuto de autonomía en vigor, de un análisis crítico del modelo organizativo existente que proporcione líneas orientativas para continuar el proceso de revisión y reforma iniciado por el Parlamento y el Gobierno dentro del plan de medidas contra la crisis económica y para la reducción del déficit público”.

 Eso era sobre el papel: en realidad, su abultada facturación a los entes públicos denotaba precisamente todo lo contrario."                     (Antonio Fernández, El Confidencial, 06/07/16)