30.9.16

España declarado el país con los políticos más corruptos de toda Europa


"Los tentáculos de la corrupción se han extendido por municipios y Comunidades Autónomas, instituciones y administraciones públicas a todos los niveles y, ante la falta de controles efectivos sobre el gasto público, España se distingue como uno de los países más corruptos de la UE, según denuncia un informe publicado este lunes por la Comisión Europea. 

Por eso, el Ejecutivo comunitario ha pedido a España que redoble los controles para alertar de irregularidades y, llegado el caso, sancionarlas. España es, según Bruselas, de los países que más contribuyen a engordar la cifra de los 120 millones de euros anuales que cuesta la corrupción a la UE. Y buena parte de la culpa de esta lacra la tienen, a ojos del Ejecutivo comunitario, la falta de vigilancia de la financiación de los partidos políticos. 

Precisamente a las irregularidades que salpican a estas formaciones, como el célebre caso Bárcenas, hace mención el estudio al mencionar con toda claridad, aun sin citar su nombre, al “extesorero de un partido político y casi 90 destacados políticos, empresarios y banqueros acusados de prácticas corruptas”. De ahí que el informe proponga que se realice una auditoría externa anual para cada partido, así como que se publiquen sus cuentas en la red.

 Y es que los mecanismos de control existentes son insuficientes para combatir esta lacra. Incluso después de haber aprobado la Ley de Transparencia, que Bruselas aplaude como “paso adelante”, falta independencia en los instrumentos concebidos para localizar los focos problemáticos.

 “La vigilancia está ahí, pero no siempre funcionan”, denunció la comisaria de Interior, Cecilia Mallström, responsable de la elaboración de este primer estudio sobre corrupción en el que ha situado a España en el pelotón de los más corruptos y concluido que la crisis económica ha multiplicado las malas prácticas.

Focos más alarmantes

A parte de los partidos políticos, el alto grado de corrupción en el sector urbanístico o de la contratación pública (en concreto, en los campos de la construcción y de recogida de basuras), así como el hecho de que en Comunidades Autónomas y municipios, los cargos públicos no rindan cuentas son algunos de los factores que más preocupan en Bruselas.

Así pues, el informe señala la falta de control efectuado sobre el gasto público de las administraciones en un Estado fuertemente descentralizado, lo que ha convertido a administraciones locales y regionales en un foco de riesgo.

 “Las amplias competencias atribuidas (a las regiones y municipios) no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada”, denuncia el documento. Sirva para ilustrar el problema, por ejemplo, la siguiente cifra recogida por el informe: entre los años 1996 y 2009, los medios recogieron más de 5 mil casos de corrupción que afectaron a 600 municipios.

 Además, Bruselas alerta de la incapacidad de las CC.AA para controlar Ayuntamientos y alcaldes, habida cuenta de la capacidad de éstos de hacer y deshacer imbuidos de “amplios poderes discrecionales en materia de planificación urbana”, alerta el informe.

 Sólo en 2011, recoge el documento, se incoaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y se dictaron 408 condenas. 

Con todo, los españoles, según el Eurobarómetro, no se mostrarían sorprendidos ante semejante fotografía. De hecho, hasta el 95 por ciento de los españoles percibe en la corrupción un problema “muy extendido” que, de facto, afecta a su vida cotidiana."               (Forum Político, 15/09/16)

28.9.16

España: El país más corrupto de (casi) toda Europa

"Sorprender no sorprende, pero llama la atención que seamos el país más corrupto de Europa occidental. No estoy en condiciones de hablar de la Europa oriental poscomunista, porque no la conozco salvo los casos delirantes de Albania, Macedonia y Kosovo. 

 Pero lo más llamativo es que nadie se haga la pregunta en voz alta, y que nuestros talentos mediáticos no se hayan detenido en pensar a qué se debe: si a nuestra tradición, si estará incluido en el ADN de los españoles, a la dieta, al peso de la familia como única institución respetable, es un decir; a nuestro inveterado desprecio por el Estado, primer pozo de corrupción nacional.

Aquí se viene abajo cualquier tipo de patriotismo aldeano. El parecido entre un delincuente económico catalán y otro madrileño, o asturiano, o gallego, es absoluto. Hago una excepción para el caso valenciano, porque cabe reconocer que ahí se han alcanzado cotas de imaginación y desparpajo que asombran incluso a los que creíamos no sorprendernos ya de nada.

 Ni siquiera al añorado Rafa Chirbes, veterano novelista especializado en la descripción de esas lides, se le hubiera ocurrido cosa tan simple y al tiempo tan sofisticada como la entrega de un billete negro de 1.000 euros para que cada militante del PP lo trasformara en dos billetes blancos de 500. Nada de improvisación, con sistema. De vivir aún, se quedaría de un pasmo; no hay imaginación literaria capaz de llegar tan lejos. 


No se engañen. Superamos a los italianos y no por un asunto de finezza, como les gusta decir a los cursis, sino porque nuestra corrupción abarca al conjunto social, desde los jueces a los políticos, desde la banca convertida en una organización de timadores –eso fueron las preferentes– hasta la policía –¿se imaginan a un jefe del cuerpo de inspectores grabando una conversación con su superior máximo? Pues lo hemos vivido–.

Un ejemplo para clarividentes. Es sabido que los jueces italianos y la sociedad organizaron Mani Pulite (Manos Limpias), que arrasó la corrupción en la clase política y empresarial italiana, tanto y de tal manera que el miedo de la clase dominante les trajo a Berlusconi.

Pero nosotros fuimos más lejos. La organización Manos Limpias estaba formada por un puñado de delincuentes, de la extrema derecha, yo conocí a uno, un tal Bernard, allá por los primeros años de la transición, que trabajaba de sicario político y económico de Blas Piñar, en Fuerza Nueva. Lo escribí. Nadie dijo nada, nadie se acordaba de nada, como si se tratara de otra persona. Conservo de él una buena colección de fotografías en plena acción fascista.

 ¡Los restos del franquismo se habían convertido, ante el silencio cómplice de la izquierda, en los justicieros! (La izquierda, como siempre por las nubes, siempre exigiendo lo que la derecha, pero con mayor vehemencia. ¡Nosotros lo que queremos es un referéndum! Volvemos a los éxitos radicales de finales de los setenta, cuando el mayor triunfo de la izquierda radical fue que le proporcionaran, la derecha en el poder, un trabajo seguro. Desde catedrático con mando en plaza hasta asesor áulico).

Estamos atados de pies y manos por la ley de defensa del honor. Una joya creada por decreto para protegerse aquella clase política abnegada, comprensiva y patriota. Proteger y amparar a los delincuentes. En el fondo, digámoslo en voz baja, pero al menos para que quede escrito en alguna parte: en España no hay extrema derecha con peso político, al menos de momento, en ninguna parte de Madrid a Barcelona, de Valencia a A Coruña. Y no la hay por algo tan obvio como que está en el poder.

Buena parte de las leyes de la bendita transición fueron redactadas para proteger a los delincuentes, de ahí el interés en el garantismo. Un garantismo jurídico elaborado por los grandes bufetes para crear la cortina impenetrable que hace imposible que los estafadores, sus clientes, vayan a la cárcel.

Soy lego en asuntos judiciales, pero que el tema de las tarjetas de Bankia ocupe el lugar que debería servir para revisar la gestión del banco y llevar a la cárcel a quienes vaciaron el banco, que fueron varios, me llena de zozobra.

Y esto es válido para la banca en general, una organización profesional que no dudo tendrá a algún empleado aún con manguitos y cierta dignidad profesional, pero que han acabado siendo auténticos nidos de estafadores. Impunes.

Leo milagrosamente en un diario –una noticia crítica en un diario es cada vez más un milagro laico; ahora lo normal es trabajar con la lengua, y no me refiero al idioma, sino a la lengua propiamente dicha que te permite ser gracioso charlista para amas de casa o tertulianos– el nacimiento del ocupa. No del okupa, de procedencia vasco-abertzale, joven que toma una casa vacía desde hace años.

 El nuevo ocupa es un señorito atorrante, que dirían en América, porque va con c. Ni siquiera asalta su casa, sencillamente le cambia la cerradura y se instala dentro. Luego usted debe negociar cómo lo saca. No cuente con la policía, porque al menos los Mossos consideran que forzar la puerta manipulada constituiría un allanamiento de la morada del delincuente.

El genio del invento es un tal Bruno, sin apellido, la prensa no hará tal desaire a un delincuente, uruguayo. Suele escoger casas con piscina, dueños ausentes y esperar que le paguen, para volver a repetir la hazaña. Una sociedad que permite esto y la policía y los jueces se muestran graciosos y benevolentes sirve para imaginar qué harán con un dirigente de banca, un mafioso de la droga o un blanqueador internacional.

La transición diseñó una legislación para delincuentes; fue uno de sus éxitos más silenciados. Te daban el caramelo de la urna y al tiempo te concedían el derecho a militar en un partido que olía a pescado podrido. Baste como ejemplo el reciente fallecimiento de Joaquín Rivero, el pata negra del ladrillo, de la ganadería de Jerez de la Frontera.

 Societario del Club de los Constructores Medio Muertos, pero forrados: Luis Portillo, Jové, Fernando Martín, Rafael Santamaría, Díaz de Mera, el Pocero o Bautista Soler. Una sociedad que los plumillas denominan “los señores del ladrillo”. ¡Un respeto!

Me ha emocionado leer la necrológica de este “señor del ladrillo” que le ha dedicado el periódico más influyente. Se le recuerda cuando entró en la lista Forbes entre las mil personas más ricas del mundo. Léanlo, no tiene desperdicio y lo firma un tal Noceda, que precisa de este delincuente del ladrillo que pertenecía “a una familia prócer de Jerez (era primo de Teresa Rivero, esposa de José María Ruiz-Mateos)”.

Ya lo saben, “prócer” consiste en estafar como RuizMateos vendiendo acciones por botellas de vino añejo. Ni los chalanes de mi niñez hubieran osado tales desvergüenzas.

Y sigue el plumilla, en otra frase sobre este “señor del ladrillo”: “La burbuja estalló sin que Rivero ni la mayor parte de sus colegas hubieran hecho los deberes”. O lo que es lo mismo, haber soltado amarras y pasarle el muerto a los ayuntamientos y a los ciudadanos. Ahora, a esto se le llama “hacer los deberes”. La Fiscalía Anticorrupción le acusó de información privilegiada.

Se lo pasó por sus partes endurecidas de tanto montar a caballo por las dehesas. Lo que sí me gustaría saber es qué ocurría con la condena de cuatro años de cárcel que le impuso el Tribunal Correccional de París, con multa de 375.000 euros y una indemnización de 208 millones por malversación y blanqueo.

¡Ay, estos señores de Jerez! Desde que ganaron la guerra no han dejado de pensar que la vida es breve y la estafa un incidente. Otro prócer. ¡Tú vota, chaval, lo demás déjanoslo a nosotros! Llevamos toda la vida ocupándonos de eso. Ese fue el mayor éxito de la transición: que nos entendiéramos. Pero cada uno en su sitio.

La transición diseñó una legislación para delincuentes; fue uno de sus éxitos más silenciados."       (Gregorio Morán ,  La Vanguardia, 24 de septiembre 2016, en Sin Permiso)

27.9.16

El caso de las tarjetas black revela que la crisis de 2008 fue un apogeo del capitalismo en su más pura expresión: arramblar con el dinero público

"En uno de los episodios más chuscos de ese inmenso pozo séptico que fue la gestión de Caja Madrid, el hijísimo de José María Aznar y Ana Botella le reprochaba al presidente de la caja de ahorros, que la entidad no hubiese aflojado 54 millones de euros por la compra de obras del artista Gerardo Rueda para financiar la fundación de un museo personalizado en la capital.

 El intercambio de correos entre ambos -que tuvo lugar hace ya siete años y fue hecho público hace tres- demuestra el nivel de nepotismo, compadreo y fetidez que imperaba en la institución en sus años finales, antes de metamorfosearse en Bankia. 

 José María Aznar Botella le recriminaba su negativa a Blesa con una familiaridad que evocaba el banco del colegio que compartió junto a Jose Mari padre: “Con los pelos que se ha dejado por ti y han sido muchos, me parece impresentable lo que has hecho o no has hecho”. Se refería, claro está, a los pelos del bigote.

Tal vez lo más impresionante sea la dignidad con la que Miguel Blesa salió incólume de este bochornoso episodio con una sola frase, sobre todo teniendo en cuenta la que demostró años después: ninguna. “No es mi cortijo” escribió, refiriéndose a Caja Madrid. 

En cierto modo no lo era, al menos no sólo suyo, puesto que ahí metía mano todo dios, de izquierda a derecha y del primero al último, desde el sindicalista Francisco Baquero Noriega (representante de CC OO que se fundió 266.440 euros en tarjetas opacas) y José Antonio Moral Santín (vicepresidente, catedrático de Economía y diputado de IU, que hizo lo propio con 456.500 euros) hasta los grandes paquidermos del desfalco, Ildefonso Sánchez Barcoj, Rodrigo Rato y Miguel Blesa.

En el juicio que da comienzo en la Audiencia Nacional hoy se sientan en el banquillo los principales directivos y consejeros responsables del saqueo de más de quince millones de euros. Son 66 imputados, lo cual da una buena aproximación al número de la Bestia. En la sala se oirán a menudo restallar sintagmas escandalosos como “administración desleal”, “apropiación indebida” o “fondos buitre”. 

Sin embargo, lo que está en juego aquí no son tanto unos comportamientos delictivos o una desvergüenza generalizada sino un modo de hacer las cosas que ha sido y es la marca de la casa en buena parte de la banca española, una codicia y una inmoralidad que vienen de muchas décadas atrás y que continúan arraigadas en lo más profundo de nuestro sistema financiero.

Más allá de las ideologías, el caso de las tarjetas black revela que la célebre crisis de 2008 fue, más que una crisis, un apogeo del capitalismo en su más pura expresión: arramblar con el dinero público, robar a los pobres para dárselo a los ricos en una inversión perfecta del mito de Robin Hood. 

Por debajo de la economía, que funcionaba a toda máquina, descarrilaban la ética, la justicia y la legalidad, entre cacerías de elefantes y compras en supermercados, entre jueces defenestrados y correos de hijos de papá."                  (David Torres, Público, 26/09/16)

23.9.16

"Un 3%, 60-50 kilos dividido entre tres", esta es la comisión para el PP por la construcción de una residencia de la tercera edad en Anna

"Las pruebas incluidas en el sumario de Taula, la investigación que permitió desmantelar la «organización criminal» que dirigía Alfonso Rus, confirman el interés de los presuntos recaudadores del PP de Valencia por obtener una comisión de hasta 60 millones de pesetas -360.000 euros- por una operación de compra-venta de una residencia de ancianos en el municipio valenciano de Anna. 

Según una nueva grabación incluida en el sumario, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Marcos Benavent grabó esta negociación durante el segundo trimestre del año 2006, poco antes de la visita del Papa a Valencia. En ella aparece Benavent negociando la operación en el despacho de Guillermo Balaguer Pallás, un abogado de Valencia con quien intercambió información sobre la construcción del geriátrico de Anna.

Guillermo Balaguer es hermano de Eduardo Balaguer, secretario del Ayuntamiento de Xàtiva con Rus como alcalde. En la actualidad ocupa la plaza de vicesecretario. Además, Guillermo Balaguer fue durante un tiempo secretario del Ayuntamiento de Anna, el municipio que acoge la residencia, según las fuentes consultadas.

La conversación dura cerca de 30 minutos y en ella se escucha con claridad al yonki del dinero proponiendo a Balaguer que sea la constructora Cleop, uno de los presuntos financiadores del PP y de Alfonso Rus, quien se la lleve. «Es constructor -en referencia a Carles Turró, su presidente- hacen de todo y ahora han salido al mercado continuo. Estaban bastante mal y se ha reflotado, están como locos, esta la quieren», le traslada Benavent a Balaguer.

Cleop ya tenía en su poder la residencia que se promocionó en Xàtiva, de la que habrían obtenido otra comisión millonaria, y quería expandir su mercado hasta Anna con una residencia con 136 plazas, «todas en planta baja y una altura», le explica el abogado. 

El convenio sería el mismo que se habría firmado en Xàtiva, la ciudad de Alfonso Rus, y la comisión rondaría el 3%, la cifra que por sistema obtenían los recaudadores cada vez que amañaban un contrato. Según le comunica Benavent, «ya han firmado la de Xàtiva y ahora van a hacer otra historia que estamos haciendo con tu hermano -en referencia al secretario municipal- y Alfonso [Rus]».

Porcentajes

«Comisiones, porcentajes, pasta» le dice Benavent, quien continúa preguntando a Balaguer que «no sé si tendrás acordado algo por la gestión de venta (...). Yo lo que pensaba es que sacáramos nosotros algo....».

El abogado responde que «no sé qué porcentaje se le puede pasar a estos de la venta un 3%, si se considera con las obras» y Benavent contesta que «un 3% está bien». «Un 3%, 60-50 kilos dividido entre tres» es el reparto final del yonki del dinero

«20 kilos cada uno, no está mal, por hacer cuatro papeles y marear a unos y otros», dice Benavent.
Sin embargo, el porcentaje que se repartían generó debate entre ambos. Según la grabación, Balaguer no tenía claro qué cantidad pedir y Benavent le aclaró cómo se negociaban estas cuestiones. «Si quieres pedimos un 10% pero nos van a decir que ni de coña, un 5% igual dicen que sí pero lo veo un poco desorbitado», matizó el ex gerente de Imelsa. 

Finalmente se establece el 3%, «y lo repartimos entre los tres, 20 kilos cada uno», explica Benavent. «Para comernos un arroz», bromean. «El tema jurídico lo llevarás tú y cobras tus honorarios. Los papeles y la madre que los parió, lo cobras y punto. Habrá papeleo con el Ayuntamiento», le traslada al ex secretario del Ayuntamiento de Anna, quien comunica a la organización que se ha creado una sociedad en exclusiva para tramitar la operación.

«Guillermo, pim pam» puntualiza Benavent cuando conversan sobre si el Ayuntamiento de Anna iba a poner algún problema. «Si son solventes, no habrá problemas», le responde el abogado. La cinta refleja que Benavent salió del despacho con un sobre y documentación sin identificar quién era la tercera persona a la que repartirían los billetes. Los investigadores creen que era Rus.

En declaraciones a este diario tras alzarse el secreto de sumario, la familia Balaguer aseguró que la conversación trataba sobre un asunto personal, privado, y que le dijeron a Benavent lo que quería escuchar.

El geriátrico

El geriátrico de Anna pertenece al modelo Cotino -en referencia al ex conseller Juan Cotino- que combina plazas residenciales concertadas y públicas. De la grabación se desprende el interés del recaudador del PP para que el grupo Cleop se haga con esta residencia, pero las negociaciones no fructificaron

En cualquier caso, el audio demuestra para la Guardia Civil la «subordinación y dedicación completa» de Benavent «al proyecto político de Alfonso Rus». «Son numerosas y evidentes las alusiones existentes en los archivos de audio.

 Entre todas, a modo de ejemplo, basta observar los términos en los que Marcos Benavent habla con personas de tan diversa índole como por ejemplo Guillermo Balaguer, abogado de Valencia con quien estaría gestionando la construcción de un geriátrico en la localidad de Anna».

La UCO también investiga 10 años de presuntas comisiones en el Ayuntamiento de Xàtiva en los que ejerció de secretario municipal el hermano de Balaguer.


22.9.16

'Operación Penicilina': los siete días en los que Pineda y Bernard fraguaron el chantaje a Ana botín por "el asesinato de su padre, Emilio Botín"

"Un acta de manifestación ante notario. El borrador de un denuncia. Una carta. Varios correos electrónicos... El supuesto intento de extorsión más esperpéntico de la trama creada por Manos Limpias y Ausbanc pretendía acusar a mediados de 2015 a la actual presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, del "asesinato" de su padre, fallecido de muerte natural en septiembre del año anterior.

 El registro realizado el pasado 15 de abril durante la 'Operación Nelson' por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en la sede del sindicato ha permitido conocer ahora todos los detalles y protagonistas de un chantaje que se sustentaba en el dudoso testimonio de un 'editor' salpicado hace tiempo por un suceso similar, los esfuerzos de un 'meritorio' de 62 años de edad y una ficticia arma 'homicida' tan rocambolesca como toda la historia: una inyección de penicilina. Todo ello fraguado en sólo siete días. Los que van desde el 19 al 26 de mayo de 2015.

Así lo recoge un informe policial incorporado al sumario que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz. En el mismo, los agentes dan cuenta al magistrado del análisis de una parte de la abundante documentación intervenida en las oficinas que Manos Limpias tenía en la madrileña calle de Ferraz. 

La UDEF dedica en esas páginas un apartado específico a los "documentos relativos al asunto Banco de Santander" en el que detalla que en el disco duro de uno de los ordenadores encontrados en la sede del sindicato los agentes encontraron cinco documentos y correos electrónicos sobre este supuesto intento de extorsión.

Una información que permite a la Policía elaborar una cronología de los diferentes pasos que había dado la trama presuntamente encabezada por Miguel Bernard y Luis Pineda para presionar a la actual máxima responsable del Santander y, de este modo, que el presidente de Ausbanc consiguiera "ganarse el favor de la entidad [...] para que ésta continuase patrocinando y publicitándose" en la revistas de la asociación. De hecho, meses después el hoy encarcelado cabecilla de la trama ofreció al banco un convenio para que invirtiese en anuncios de sus revistas por valor de 1,15 millones de euros para 2016

El primero de esas pruebas es un "documento en formato.doc" creado el 19 de mayo de aquel año. El titulo del mismo es muy significativo: "Denuncia presunto asesinato Emilio Botín.39748". Se trata, en concreto, de un borrador de denuncia preparado para la firma del líder de Manos Limpias y dirigido al "juzgado de Instrucción que por turno correspondía de Madrid". 

Con el mismo, el sindicato iba a denunciar a "los presuntos autores materiales en el homicidio del que fue presidente del Banco Santander, Emilión Botín" y a otros personas como "presuntos colaboradores, cómplices y encubridores" de dicha muerte. Entre ellos citaba a la "esposa", a la "hija" y a un supuesto "amante" de esta última. 

Todo ello sustentado en un "acta notarial de manifestación de un ciudadano" que dicho documento no identifica. Sin embargo, la UDEF señala que la persona "que había relatadado de forma detallada la forma en que murió Emilio Botín" sería supuestamente "un tal Juan Muñoz Bloise", del que los agentes no dan más detalles .

"Una cantidad mortal de penicilina"

Aunque en el informe policial no consta copia de dicho documento ante fedatario público, el propio borrador de la denuncia hallado en los ordenadores de Manos Limpias sí da algunos detalles de su contenido. Así, aseguraba que la muerte del banquero no fue "por infarto, sino por homicidio, inyectándole una cantidad mortal de penicilina". 

Una circunstancia, esta última, que la denuncia consideraba prueba de la premeditación del hecho ya que considera "el veneno" como el "medio alevoso por excelencia". El borrador, con numerosos espacios en blanco en el apartado de los nombres y escueta en detalles, proponía la práctica de pruebas como una autopsia al cadáver de Emilio Botín y una docena de declaraciones

Entre estas últimas, las de la "viuda", la hija, los escoltas, el médico que certificó el fallecimiento y varias personas que supuestamente relacionados sentimentalmente con algunos de los protagonistas. También pedía que testificase el "denunciante" del que no aportaba datos. El borrador estaba fechado para presentarse al día siguiente, el 20 de mayo, pero nunca llegó a los juzgados.

En los ordenadores de Manos Limpias apareció un segundo documento elaborado el 22 de mayo sobre este asunto. En este caso, se trataba del titular "Escrito Fiscal Gral Estado por Tema Botín.39746".

 Preparado también para que Miguel Bernard plasmase la firma en él y fuese enviado a Consuelo Madrigal, el texto recogía que había llegado al sindicato "un acta notarial de manifestación en la que se relatan una serie de hechos presuntamente delictivos y que afectarían a la cúpula de una entidad financiera de primer orden a nivel internacional". Por ello, solicitaba a la Fiscalía que se citase al propio líder del sindicato "para comparecer a los efectos de hacer entrega [de] la citada acta de manfiestación".

Cuatro días después, el 26 de mayo, alguien de Manos Limpias elabora un nuevo documento en el ordenador. Es el titulado "Carta Ana Patricia Botín Oshea.39727", también preparado para que lo rubricase el secretario general del sindicato. En el encabezamiento de la misiva aparece el nombre de la presidenta del Banco Santander y un correo electrónico de la entidad, asuntosespeciales@gruposantander.com

En la misma, de cuatro párrafos de extensión, Bernard comunicaba a la hija del banquero fallecido que "ha tenido conocimiento de unos hechos gravísimos que atentan contra la honorabilidad y el buen nombre de su persona" sin más detalles. "Creemos -continúa el texto- que están tratando de utilizarnos como ariete contra usted pretendiendo que el asunto salte a los medios con objeto de que usted quede desacreditada ante su propio banco y la opinión pública en general".

"Como crea y mejor le convenga"

En el documento, el ahora encarcelado aseguraba que Manos Limpias no dudaba de la "recta moralidad" de la máxima responsable de la entidad y se ofrecía a entregarle "a usted o persona de su máxima confianza, la información que obra en nuestro poder para que pueda utilizarla como crea y mejor le convenga, así como pueda conocer las personas que están detrás de la difamación que atenta contra usted".

 La carta declaraba que "por supuesto, que sin esperar nada a cambio". No obstante, insistía que, "al ser muy delicado y confidencial" el asunto, "no tratarlo por correo electrónico o postal", sino "sólo de forma personal con usted o [...] con persona de su máxima confianza". Bernard despidía la carta con un "en espera de sus noticias. Reciba un cordial saludo" junto a su nombre y número de telefóno móvil.

Ese mismo 26 de mayo, un minuto antes de las once de la mañana, desde el correo electrónico de la secretaría del sindicato se envíaba un correo electrónico a la abogado del sindicato, Virginia López Negrete, con el asunto "escrito Fiscal Gral Estado Tema Botín", aunque sin texto. Cuarenta minutos después, se recibía en la cuenta del sindicato otro mensaje. 

En este caso enviado por el que la Policía identifica como Javier Cordero Aparicio, "trabajador y colaborador de Manos Limpias" de 62 años de edad, según el informe. En dicho correo, cuyo asunto era "Ana Patricia BOTÍN", dicho personaje escribía simplemente "carta para Miguel" y adjuntaba la misiva que finalmente se envió a la presidenta del Banco de Santander.

El informe de la UDEF destaca la declaración que prestó como testigo ante los agentes el director de Comunicación de la entidad, Juan Manuel Cendoya, como prueba de que la trama remitió dicha misiva. Éste señaló a los agentes que tras llegar ésta al banco, se puso en contacto con Luis Pineda ya que sabía que éste tenía "cierta relación" con Manos Limpias porque en cierta ocasión le había comentado que estaba colaborando con el sindicato en un caso contra Miguel Blesa

 Cendoya aseguró a los agentes que en dicha conversación había pedido al presidente de Ausbanc ahora encarcelado que hablase con Bernard sobre la carta que había enviado por correo electrónico y en el que planteaba una reunión con Ana Patricia Botín "para comentarle la existencia de una carta muy injuriosa". 

 El directivo del Santander aseguró que en aquel momento creía que la misma afectaba a "distintos directivos del Banco Santander" y que, por ello, no quería que se "airease públicamente". Días más tarde, Pineda le dijo al representante de la entidad que ya había hablado con el secretario general del sindicato "y que ambos no daban ninguna credibilidad a tal escrito". La esperpéntica 'Operación Penicilina' parecía haber quedado sepultada ahí... hasta que el presidente de Ausbanc ofreció al Santander un nuevo convenio millonario para sus revistas meses después.

El 'editor' de CONFIDENCIALES y el 'meritorio' de 62 años
Los documentos sobre la muerte de Emilio Botín hallados en el ordenador de Manos Limpias no sólo salpican en el rocambolesco episodio a Miguel Bernard, secretario general del sindicato, y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda. De hecho, el informe de la UDEF también cita a otros dos personajes desconocidos hasta ahora. 

Uno de ellos es Juan Muñoz Bloise, a quien la Policía cita como la persona que realizó el acta notarial que sirvió de base para elaborar el borrador de la denuncia y la carta que enviaron a Ana Patricia Botín. La Policía no da más datos sobre él, pero un repaso a la hemeroteca muestra que no es la primera vez que este personaje aparece salpicado en un escándalo similar.

 Editor de confidenciales en papel cuando aún no existía la prensa digital, Muñoz Bloise fue detenido a finales de los 90 tras denunciar el financiero Juan Abelló que le había exigido 20 millones de pesetas (120.000 euros) por retirar de la circulación un supuesto informe sobre irregularidades fiscales. Él siempre negó su implicación en los hechos y aseguró que simplemente pretendía "auxiliarle [a Abelló] en lo posible para que no fuese publicada" dicha información.

El segundo personaje es Javier Cordero Aparicio, un ferrolano de 62 años de edad que el 26 de mayo envió a Bernard un 'email' con la carta que finalemnte dirigiría por correo electrónico a Ana Patricia Botín.

 Su nombre no era nuevo para los investigadores ya que en la bandeja de entrada del correo electrónico del sindicato han aparecido "numerosos" mensajes en los que Cordero Aparicio facilita a éste último "diversa información para que Miguel la pueda utilizar para iniciar procedimientos". 

Así, el informe policial le señala como "intermediario" en el llamado 'caso Molinos' que llevó al banquillo a la alcaldesa de la localidad aragonesa de Las Muelas con Manos Limpias en la acusación. También aparece como informador en otros asuntos, entre ellos uno "sobre Villar" para presentar una posible querella. 

En uno de dichos 'emails', Javier Cordero remitía su curriculum para que Bernard se lo entregara a Ausbanc para conseguir que Pineda lo contratase. La UDEF concluye que tiene "cierto papel activo" dentro del sindicato, del que se presentaba "como trabajador y colaborador".                 (Óscar López Fonseca, Vox Populi, 18/09/16)

21.9.16

El Gobierno de Gallardón aceptó encarecer la M-30 en 1.632 millones en una reunión de 25 minutos

"En una reunión de 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid aprobó el 26 de marzo de 2007 un aumento de gasto de 1.632 millones de euros a pagar en 32 años a la empresa Calle 30, una sociedad mixta formada por el propio Ayuntamiento y una unión de empresas que construyó y mantiene la M-30.

La decisión adoptada por la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la Gestión Integral de la M-30, un órgano municipal formado por dirigentes políticos de la máxima confianza de Gallardón como el exconcejal Manuel Cobo y el actual consejero delegado de Metro de Madrid, Juan Bravo, supuso encarecer en un 18,61% el presupuesto por el que se había adjudicado el proyecto estrella de Gallardón dos años antes.

"No tengo las cifras en la cabeza, y mucho menos para un asunto para el que hay que tener la documentación, con ese volumen de la obra", responde Cobo: "Si dijera cualquier cosa, te estaría engañando. Es imposible responder sin toda la documentación.

 La obra de la M-30 son cantidades públicas, y recibió toda la crítica por parte de la oposición y de asociaciones ecologistas. Cuando te hacen críticas, se puede argumentar y contraargumentar con la documentación: es el Ayuntamiento el que tiene toda la documentación".

Bravo, por su parte, ha declinado responder: "No hago declaraciones sobre estos asuntos".

Según el acta de ese comisión, en poder de eldiario.es la decisión se despachó en 25 minutos. La reunión comenzó a las 17.30 horas del día 26 de marzo y finalizó a las 17.55. El presidente ocasional de la comisión, Juan Bravo, que sustituía a Cobo, quien disculpó su ausencia, los vocales Ignacio López-Galiacho Perona y Manuel Arnaiz Ronda, y el secretario Juan Alfaro Grande aprobaron el acta de la reunión anterior y dieron luz verde por unanimidad a la modificación contractual en 25 minutos. El turno de ruegos y preguntas no se utilizó. 

La decisión de aprobar esos pagos que se dilatarán hasta 2040 se apoyó sobre dos informes de la Subdirección General de Construcción de Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid que concluyen que por "las causas nuevas e imprevistas imposibles de prever en el momento de la aprobación del contrato se hace necesario incrementar el precio un 18,61%".

 El soterramiento de la principal arteria de circunvalación de la capital se había encargado en 2005 antes a un consorcio de constructoras integrado por Ferrovial, Dragados (del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez) y Api. 

Para que el coste de las obras, 6.000 millones de euros, no computase como deuda del Ayuntamiento, aquel Gobierno Municipal ideó una empresa mixta, Calle 30, donde el consistorio tiene el 80% de la sociedad y la UTE el 20% restante. Solo dos años después del concurso público que adjudicó en 2005 el proyecto a la UTE de Ferrovial, Dragados y Api, el Gobierno municipal autorizó un modificado del presupuesto para hacer frente a los imprevistos que aparecieron durante las obras –de una extrema complejidad y ampliar el mantenimiento de la infraestructura.

 El sobrecoste que el Gobierno municipal autorizó a Calle 30 suma 1.632.642.000 euros, a pagar hasta 2040 en anualidades idénticas de 49.474.000 euros. Solo en mantenimiento supone pagar 330 millones más durante 33 años. Esa primera revisión de los costes de conservación de la vía (un capítulo que ingresa el socio privado) encareció la factura anual en 10,5 millones de euros cada año: pasó de 12,2 millones en 2005 a a 23 millones en 2007.

 Hoy ese capítulo cuesta a las arcas municipales 28 millones de euros. El cambio se sustentó tomando como base un informe de 55 páginas repleto de generalidades. El apartado de mantenimiento que se paga al socio privado prácticamente se duplicó pero como el contrato abarca la construcción y conservación, el Ayuntamiento pudo alegar que el importe total solo se encarecía un 18,9% y cumplió con el límite que la ley impone a los modificados (el 20% del presupuesto total).  

La fórmula utilizada por Gallardón para levantar su obra estrella ha sido cuestionada reiteradamente por el Gobierno de Ahora Madrid que preside Manuela Carmena, que además ha amenazado con emprender sanciones contra la adjudicataria después de que los técnicos municipales hubiesen detectado pagos por duplicado a las constructoras e incluso facturas por servicios que no se realizaron. 
Que la tramitación del proyecto es polémica lo evidenció la propia Cámara de Cuentas de Madrid en su informe de fiscalización de la obra conocido hace unos meses y en el que advirtió que el contrato es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. 

La Cámara de Cuentas propuso rescatar la concesión, sobre todo porque desde 2011 el Ayuntamiento ya tuvo que asumir como propia la deuda de la obra. Tras la comisión de investigación sobre la venta de las viviendas sociales a los fondos buitre que concluyó esta semana, la obra de la M30 es la próxima que fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid. "                 (eldiario.es, 18/09/16)

19.9.16

La Justicia confirma que había cinco 'cajas b' en el PP valenciano

"El exgerente de Imelsa Marcos Benavent ha señalado en sus declaraciones ante el juez y la Guardia Civil a varios exconsellers del Gobierno valenciano que presidió Francisco Camps, como Víctor Campos, Gerardo Camps y Alejandro Font de Mora, como supuestos participantes en el cobro de comisiones ilegales. 

Estas acusaciones, según han informado fuentes conocedoras de la investigación tras el levantamiento del secreto de sumario de la pieza principal, estarían fundadas en comentarios que otros investigados en el caso Imelsa, como Máximo Caturla, le habrían realizado a Benavent, y no en un conocimiento directo de los hechos.

Estos hechos relatados por el autodenominado "yonqui del dinero" se enmarcan en el supuesto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de proyectos de construcción de centros escolares por parte de la empresa pública Ciegsa, que según las fuentes consultadas será objeto de una nueva pieza separada dentro del caso Imelsa. 

Esta parte de la investigación se encuentra en una fase incipiente, han explicado responsables de la misma, debido principalmente a que los hechos relatados por Benavent y recogidos en un informe policial no se fundamentan en un contacto directo con las personas a las que señala, sino en testimonios de terceros.

En el relato del supuesto cobro de comisiones ilegales que Benavent confiesa, y que consta en el sumario del caso cuyo secreto ha sido levantado hoy, también menciona al expresident Francisco Camps como conocedor de la recaudación ilegal que varios altos cargos de su Ejecutivo y del partido que él mismo presidía estaban realizando.

 La investigación judicial tratará de determinar, además, la veracidad respecto a la existencia de al menos cinco cajas "b" controladas por el PP valenciano que Benavent menciona en sus declaraciones y en las que, supuestamente, se recogerían los fondos obtenidos por el cobro de comisiones ilegales tras el amaño de contratos. 

En el caso Imelsa, que nació en abril de 2015, hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad, blanqueo y delito electoral.

Hasta la fecha, el caso estaba distribuido en una pieza principal y cinco separadas, una de las cuales permanecía secreta hasta hoy, fecha en la que el magistrado instructor ha decido no prorrogar la confidencialidad de las actuaciones en todo el proceso. En una de las piezas, la primera separada, están imputados por blanqueo y delito electoral nueve de los diez concejales del PP en Valencia, y el Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación también a la exalcaldesa Rita Barberá por estos mismos hechos.

En el resto de piezas se investigan la supuesta contratación ficticia de personal y el pago de indemnizaciones injustificadas por parte de la Diputación de Valencia y adjudicaciones, al parecer irregulares, realizadas tanto desde la corporación provincial como desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y empresas públicas de la Generalitat. (...)"       (Público, 15/09/16)

16.9.16

Varias constructoras solventaron la crisis mediante el pago del 3% a CDC

"Hubo constructoras que pagaron a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) el 3% exacto de adjudicaciones públicas. Otras, con sede en Madrid, admiten haber donado hasta 400.000 euros al partido como forma de "estar en Cataluña".

 Una investigación de EL PAÍS revela ahora que también hubo empresas que pudieron utilizar las ayudas a la formación —hoy rebautizada como Partit Demòcrata Català (PDC)— como vía para salvarse del brutal recorte en la obra pública aplicado por las administraciones catalanas en los últimos años.

Es el caso de Construcciones Deco, que antes de la crisis facturaba una veintena de millones de euros anuales. En 2010, esta cifra se había reducido a la mitad, cantidad que dos años más tarde se hundió hasta los 2,1 millones.

 "La crisis económica nos ha afectado de manera brusca", suscribe la empresa en su documento Declaración Medioambiental 2012-2013. "En septiembre de 2011, finalizamos todas las obras sin tener nuevas adjudicaciones. Las licitaciones de las administraciones públicas habían caído en torno al 70% en 2011 y al 88% de enero a abril de 2012", sigue el texto.

Las cuentas anuales depositadas por Construcciones Deco ante el Registro Mercantil también resumen lo delicado de la situación: "Entre noviembre de 2011 y marzo de 2012, se han amortizado 30 puestos de trabajo y se ha hecho un gran esfuerzo para reducir los gastos en personal y estructura".
Echar a más de la mitad de la plantilla no fue, sin embargo, la única medida adoptada ante la crisis por la empresa, que empezó a hacer importantes donaciones a Convergència. 

El 8 de junio de 2011, Construcciones Deco donó 60.000 euros a la fundación convergente CatDem, según consta en las cuentas de la entidad a las que ha tenido acceso este diario. Ese mismo año, la empresa donó otros 50.000 euros a la segunda fundación del partido, Fòrum Barcelona (FFB). Y también hubo una tercera aportación, de 10.000 euros, a la fundación Coll i Alentorn, vinculada a Unió Democràtica de Catalunya, entonces socio de CDC.

Construcciones Deco no había hecho hasta entonces donaciones significativas, según consta en sus cuentas anuales. Pero el esfuerzo económico hecho en 2011 se mantuvo en los ejercicios siguientes: la empresa donó 25.000 euros a CatDem y otros 25.000 a Fòrum Barcelona en 2012, y 50.000 más en 2013, en este caso solo a la primera fundación. En total, y pese a su delicada situación económica, Construcciones Deco donó a Convergència 210.000 euros en apenas 30 meses, además de otros 10.000 a Unió Democràtica.

Tras estos pagos, y después de casi dos años sin recibir ningún encargo de obra pública, la situación de Construcciones Deco empezó a mejorar en mayo de 2012. Ese mes, la Generalitat gobernada por CiU desbloqueó las obras de ampliación de un colegio en Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona). El proyecto, valorado en 740.000 euros (sin IVA), fue adjudicado en 2010 por el Gobierno tripartito, pero había quedado paralizado sine die por CiU tras su llegada al Gobierno catalán.

 
 
Más importante por su importe —6,07 millones de euros— fue la adjudicación recibida ese mismo mes por una unión temporal de empresas (UTE) de la que Construcciones Deco tenía el 50% del capital para construir el centro de atención primaria (CAP) Onze de Setembre en LLeida. La empresa consiguió otros contratos públicos en marzo de 2013 —870.000 euros para la ampliación de un colegio en Vidreres (Girona)— y en junio de ese año —3,2 millones para construir otro centro escolar en Vila-seca (Tarragona)—.

Todas las adjudicaciones conseguidas por Construcciones Deco dependían de Infraestructures, el ente público encargado de adjudicar la obra pública de la Generalitat. El entonces director de este organismo era Josep Antoni Rosell, uno de los principales imputados en el conocido caso 3%, en el que el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigan la financiación ilegal de Convergència a través de comisiones por obra pública. 

Según documentos de la empresa, "periódicamente, el presidente del consejo de administración [de Construcciones Deco] se reúne con la gerencia de Infraestructures con el fin de obtener información cualitativa de la evolución del sector y necesidades y expectativas del cliente".

Otras 'ayudas' a CDC

‘Donaciones’ del 3% tras ganar adjudicaciones. Convergència recibió a través de sus dos fundaciones donaciones de constructoras por el 3% exacto de las adjudicaciones que habían ganado poco antes. Es el caso de un polideportivo en Sant Cugat del Vallès, un centro cívico en Sant Fruitós de Bages y unas obras en Artés, entre otros proyectos públicos.

Pagos como ‘carta de presentación’. El Grupo Ortiz, con sede en Madrid, donó 400.000 euros a CDC antes de lograr varias adjudicaciones. La constructora admitió que esos pagos eran una carta de presentación para entrar en el mercado catalán: “Queríamos estar en Cataluña” y “con estas donaciones tratábamos de hacernos notar como grupo empresarial”, explicó un portavoz.

Abonos en precampaña. Otras compañías, como el Grupo Hestia, pagaron 80.000 euros a CDC durante la precampaña electoral que llevó a Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, en diciembre de 2010. Posteriormente, Hestia solicitó a la Generalitat la cesión de un hospital público hasta entonces gestionado por una fundación a una de sus empresas, en una operación valorada en más de 300 millones que la Generalitat autorizó con informes que usaron argumentos falsos. (...)"                     (El País, 15/09/16)

14.9.16

Matas admite que recibió instrucciones del PP para adjudicar la mayor obra pública de Baleares

"El expresidente de Baleares y exministro popular Jaume Matas ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para admitir que cometió casi todos los delitos que se le imputan a cambio de no entrar en prisión, según informa El Mundo.

Matas, que se encuentra en prisión en la cárcel de Segovia condenado por un delito de tráfico de influencias, habría llegado a un acuerdo con el ministerio público tras dos años de negociaciones.

Matas está dispuesto a admitir que recibió instrucciones en un sobre, que le fue entregado en la sede nacional del PP de la calle Génova de Madrid, para amañar la adjudicación de la mayor obra pública de Baleares en favor de OHL: la construcción del Hospital Son Espases.

Matas asegura que habría sido el ex tesorero nacional Álvaro Lapuerta quien le transmitió el interés del partido por que el concurso se lo llevara la constructora de Juan Miguel Villar Mir y le dio un sobre con instrucciones.

Este testimonio se vincula con el del extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha reconocido en la Audiencia Nacional que Villar Mir era uno de los grandes financiadores del partido.

En su confesión, el exministro admitiría que adoptó otras decisiones administrativas injustas, como la adjudicación del velódromo Palma Arena.

El pacto conlleva la condición de que se quede fuera el caso de su palacete de Palma por el que está acusado de cohecho y blanqueo pero que él sostiene que la reforma la pagó con dinero negro de su familia. También quedaría fuera el presunto enriquecimiento ilícito del exlíder popular.

Matas adquirió un piso de más de 500 metros cuadrados en pleno casco antiguo de Palma, valorado por Hacienda en 2,5 millones de euros. Matas insiste que su dinero negro procedía de rentas no declaradas de una zapatería familiar, y no del cobro de comisiones ilegales, como apunta la investigación."                (Público, 13/09/16)

13.9.16

La corrupción del PNV, igual que en todas partes... pero no se nota

"(...) Hace unos meses, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, manifestó su malestar porque considera que existe un deseo “insano” de asociar al PNV con la corrupción cuando el País Vasco no tiene ese problema y ni mucho menos su partido. La realidad, sin embargo, es que en los juzgados se acumula ya una pequeña colección de casos, aunque la opinión pública no haya encontrado en ellos un divertimento diario como ocurre con el ‘caso Pujol’ en Cataluña, el ‘caso Bárcenas’ en Madrid o los ERE en Andalucía. (...)

Comisiones "dentro de lo normal"

El gran sumario de corrupción en la comunidad autónoma es el ‘caso De Miguel’. Se trata de una macrocausa contra varios excargos del PNV, entre ellos el ‘número dos’ en Álava, Alfredo de Miguel, Txitxo, y otros dirigentes peneuvistas. Están acusados de haber cobrado comisiones ilegales a cambio de influencias y adjudicaciones de contratos y el juicio será próximamente tras más de un lustro de espera.

El partido siempre ha atribuido a conductas individuales lo descubierto en el sumario, aunque nunca ha valorado las grabaciones, por ejemplo, en las que se habla de las comisiones como algo “dentro de lo normal”.

Es más, portavoces cualificados del PNV, como el propio Ortuzar, se han permitido rebajar a calderilla el impacto del ‘caso De Miguel’ al aludir a que apenas tuvo un impacto económico de 200.000 euros, que es la cantidad que el Gobierno vasco (nacionalista) reclama a los imputados por contratos irregulares de la trama de De Miguel con el Ejecutivo.

 Sin embargo, la causa es mucha más amplia, va más allá de esas adjudicaciones gubernamentales, y se estima que las empresas pantalla de De Miguel recaudaron hasta 660.000 euros sólo en comisiones. Algunas de las operaciones, como la recalificación urbanística en Zambrana, estaban valoradas en 65 millones de euros.

Y el de De Miguel no es el único procedimiento abierto. Remontando la historia vasca se halla el caso del  fraude con las licencias de máquinas tragaperras y, más recientemente, el desvío de 1,2 millones de las obras del museo del modisto Cristóbal Balenciaga. O los escándalos en la Hacienda de Bizkaia y de Irún, ambos sentenciados y contrastados.

Hay también investigaciones abiertas por la concesión de ayudas públicas por valor de 65 millones a los proyectos Hiriko y Epsilon, impulsados por el PNV. Y l a construcción de la sede del PP en Bilbao aparece como sufragada con dinero negro en los papeles de Luis Bárcenas. A menor escala, la Fiscalía acaba de advertir en Álava del cúmulo de irregularidades detectadas en las contabilidades de las pequeñas juntas administrativas de los pueblos de Vitoria. 

Se parte de la falsa creencia de que el salvaje urbanismo que vivió España en los años de la burbuja inmobiliaria no se ha producido por estas tierras. Y aunque sea a menor escala, el ‘boom’ también ha existido.

 Ciudades como Vitoria han vivido una expansión espectacular en las últimas décadas, con grandes promociones de suelo. Y en Euskadi, desde luego, se adjudican contratas de limpieza e infraestructuras como en el resto del país, dos de los focos más habituales de ‘mordidas’.

Sin fiscal anticorrupción

Una de las diferencias que sí existe es que no se ha creado una delegación de la Fiscalía anticorrupción. Según el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, una figura como ésa tendría un “efecto llamada” para los denunciantes. Lo propuso hace dos años, pero ni se ha dado ese paso ni se dará. La Fiscalía general no lo estima oportuno. (...)

A nivel policial, la Ertzaintza cuenta con una pequeña unidad de delitos económicos. Sus informes han destapado la trama de comisiones en torno a De Miguel, por ejemplo, pero con el PNV en el Gobierno algunas voces han denunciado que sobrevuela sobre ella la duda del control político. 

Algunos jueces prefieren llamar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Aduanas, en casos muy concretos, como ha ocurrido con  las irregularidades en el polideportivo de Pinosolo de Leioa o con el reciente registro de la lonja de pescado del puerto de Pasaia. (...)"      (eldiario.es, 11/09/16)

9.9.16

EE UU involucra a Bosch en el escándalo de Volkswagen

"Casi un año después de estallar el escándalo de emisiones de Volkswagen, otro gigante de la industria alemana es acusado de haber participado activamente en el fraude. Robert Bosch GmbH, el mayor suministrador de la industria automotriz del mundo, jugó un papel clave en el desarrollo de la tecnología para trucar las pruebas de emisiones contaminantes de los modelos diésel de Volkswagen (VW) al permitir su uso, según el escrito de acusación de los abogados ante la Corte Federal de San Francisco (EE UU).

El pasado 18 de agosto, los abogados que representan a 171 propietarios de coches AUDI, Porsche y Volkswagen que estaban afectados por el fraude de las emisiones en Estados Unidos presentaron una demanda contra VW ante la Corte Federal de San Francisco. En la demanda involucraron a Bosch en el engaño y calificaron a la firma como un “partícipe activo en una conspiración masiva para defraudar durante una década a los consumidores estadounidenses”, según los abogados estadounidenses.

Varios medios alemanes, entre ellos, los periódicos Die Welt y Süddeutsche Zeitung, han tenido acceso a la voluminosa documentación presentada por los letrados, de más de 700 páginas. Y este miércoles han publicado parte del contenido de la acusación. Según las informaciones basadas en la acusación de los letrados, BOSCH habría supervisado durante años, el desarrollo y el uso de un software que hacia posible trucar las emisiones de gases contaminantes.

La acusación presentada por los abogados ante la Corte Federal de San Francisco señala también que Volkswagen nunca habría podido utilizar el programa informático para manipular las emisiones sin el consentimiento de BOSCH. La empresa, que tiene su sede en Stuttgart, estaba al corriente del uso que los ingenieros de VW querían darle al software para falsear las emisiones, según el documento.

Bosch despertó las sospechas de los abogados, cuando estos descubrieron que la empresa había exigido a VW, en una carta fechada el 2 de junio de 2008, que debía indemnizarle si se culpaba al suministrador como responsable de que no se autorizara el uso del programa informático que controlaba las emisiones y falseaba los datos de emisiones.

En la carta, BOSCH advierte a Volkswagen que el uso del software puede ser clasificado en Estados Unidos como un “dispositivo manipulador (defeat device) cuyo uso está prohibido en ese país. VW ignoró la petición de BOSCH, pero la firma siguió trabajando en el programa informático, una decisión que convirtió a BOSCH en cómplice del fraude, según el escrito de acusación que califica a la firma de componentes como un “activo y consciente protagonista de una manipulación destinada a engañar a los clientes”.

De acuerdo con el escrito de acusación presentado por los abogados que defienden los intereses de 171 propietarios de coches afectados por las emisiones, VW jamás habría podido utilizar el software para trucar las emisiones sin la ayuda de Bosch. A partir de 2011 un grupo de 20 ingenieros de Bosch comenzaron a diseñar un código para el software bajo el nombre “ECD17” (Control electrónico Diésel 17, en español), cuya función era activar una alarma cuando un coche era sometido a una prueba técnica en la emisión de gases contaminantes. Un año más tarde, 35 ingenieros de VW tuvieron acceso a los detalles técnicos del software, que en su momento fue clasificado como “altamente secreto”.

“La modificación del software no habría sido posible sin la cooperación entre VW y Bosch. Esa cooperación se logró gracias a un alto grado de coordinación entre Bosch y VW”, añade la acusación.
Las sospechas sobre la participación de Bosch en el escándalo de emisiones nacieron poco después de que se descubriera el fraude, pero BOSCH reaccionó con rapidez y se defendió, que había advertido en 2007 a Volkswagen sobre el uso indebido del programa. Según la empresa, el software había sido suministrado a VW para uso interno y de prueba, pero no para el uso comercial.

En un comunicado Bosch también advirtió que no podía dar más detalles porque le unía a VW una “cláusula de confidencialidad”. Ante las nuevas revelaciones periodísticas, BOSCH no quiso reaccionar y solo repitió que la empresa evitaba hacer comentarios sobre procesos que están en marcha.

En cambio, el periódico Süddeutsche Zeitung afirmó que, sin el consentimiento de BOSCH, VW no habría podido introducir cambios en el software para manipular la emisión de gases tóxicos"   (El noticiero universal, 08/09/16)

8.9.16

Los abusos más flagrantes del fondo buitre al que Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales

 "Los inquilinos de las 18 promociones de casas que el equipo de Ana Botella vendió al fondo buitre Magic Real Estate-Blackstone por 120 millones de euros han visto cómo sus viviendas, de origen social, se han convertido en pisos sometidos a las exigencias del libre mercado más feroz, en el que se mueven sus nuevos caseros: los fondos de inversión.

A Arancha Mejías, presidenta de la plataforma de afectados por la venta, el trabajo de destapar los comportamientos del fondo buitre y las  dudosas condiciones del proceso de venta –cercadas ahora por un informe de la Cámara de Cuentas– le ha costado caro. Le ha costado su casa. Fidere (filial de Blackstone) le ha remitido un burofax en el que le informa de que no le renueva el contrato. Recopilamos algunas de las situaciones denunciadas por los afectados en estos años.

Desahucios sin alternativa

José se fue antes de que lo echaran. Julia resistió y consiguió frenar su desahucio, pero al final tuvo que irse, igual que Mari Carmen. Todos ellos fueron desahuciados de su casa por Blackstone. Los precios del alquiler los asfixiaron y el fondo buitre los expulsó sin ofrecerles una alternativa habitacional.

Ahora, José, que empezó a pagar el alquiler con opción a compra de la empresa municipal de la vivienda (EMVS) pensando que esa vivienda algún día sería suya, vive en casa de sus padres. A Julia, de 80 años, el Ayuntamiento de Madrid le adjudicó una vivienda de una red solidaria en la que tuvo que ir realojando a los desahuciados de los fondos a los que vendió sus casas. Perdió a su hija, enferma, en el proceso.

Este modus operandi de realojo era habitual y se llevaba a cabo para e vitar el ruido mediático que supone un desahucio de este tipo. Blackstone se ahorraba así “asumir el coste social” de echar a las familias de sus casas con la ayuda del consistorio, a quien pasaban listas con los futuros desahuciados.

Subidas del 40% en los alquileres

Las condiciones de venta obligaron a Fidere, filial de Blackstone en España, a subrogar el precio del alquiler a las familias cuyo contrato con la EMVS aún estuviera vigente. Pero solo hasta la siguiente renovación. A partir de ese momento, el fondo es libre de subir las cuotas mensuales de sus inquilinos, con aumentos progresivos de hasta el 43% acumulado en tres años.

Recordamos que el perfil de los adjudicatarios de estas viviendas es el de personas que, por sus condiciones económicas y/o familiares, no pueden permitirse una vivienda en el mercado libre.

Precios del agua disparados

Fidere no solo tiene en propiedad pisos de la EMVS. Durante estos años ha ampliado su cartera comprando viviendas públicas en otras zonas de la Comunidad, como en Torrejón de Ardoz. En esta localidad, el fondo adquirió al Banco Popular unos 200 pisos de alquiler público procedentes del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid que la entidad había ganado por sorteo y aplicó a sus inquilinos subidas en los suministros de más del 100%.

El cambio de la empresa contratada por Fidere para la gestión energética del edificio  cargó a las familias con subidas de precio por metro cúbico de agua caliente (de 0,9 a 3,25 euros) y de la calefacción (de 0,04 a 0,07 euros por Kw/h). Además, en el caso del agua los inquilinos tienen que asumir dos nuevos importes extra: un "depósito de garantía" de 50 euros y una cuota de 8,55 euros a cada vivienda.

Miles de inquilinos en sus manos

Desde 2014, Blackstone se ha ido haciendo  con un buen puñado de promociones infiltrándose en las empresas que recibieron –en el marco de planes públicos de vivienda– el encargo de sacar adelante los bloques de pisos. La cartera del fondo se compone hoy  por más de 1.900 casas distribuidas por toda la Comunidad de Madrid en las que viven miles de inquilinos sujetos a sus condiciones.

La situación en los tribunales

El Ayuntamiento de Madrid quería sanear sus endeudadas arcas públicas y para ello se embarcó en una macrooperación inmobiliaria sobre la que hoy planean indicios de ilegalidad por saltarse la ley de concursos públicos en el proceso de adjudicación, según un informe de la Cámara de Cuentas.

 Este informe, que reveló en exclusiva este medio, sostiene que el consistorio vulneró las "más elementales reglas de buena gestión" al facilitar información privilegiada a cuatro empresas –una de ellas la adjudicataria final– sobre las condiciones de la venta antes de anunciar el proceso públicamente.

Los afectados se querellaron sin éxito contra el Ayuntamiento por este proceso, que permitió comprar a Blackstone 18 promociones de vivienda a un precio más que atractivo. También lo hizo el PSOE, aunque ambas causas se archivaron. 

Ahora, el actual consistorio de Ahora Madrid, tras explorar la vía de iniciar una comisión de investigación sobre la deuda del Ayuntamiento, quiere intentar reabrir la causa como querellante avalado por los argumentos del citado documento de la Cámara de Cuentas y el informe jurídico de un despacho de abogados."                 (eldiario.es, 06/09/16)

5.9.16

Ben-Artzi, delator del Deutsche Bank, rechaza cobrar 8,2 millones de recompensa porque ha sido multado el banco, no sus directivos culpables

"- A causa de la crisis del banco ya han sido despedidos más de 35000 empleados.  

- Ningún directivo ha sido sancionado tras el falseo de cuentas.  

La Securities and Exchange Commission (SEC), el supervisor bursátil de EE UU, multó el año pasado a Deutsche Bank con 55 millones de dólares (48,5 millones de euros) por falsear sus cuentas durante la crisis. La incorrecta valoración de derivados de crédito permitió a Deutsche ocultar hasta 12.000 millones de dólares (9.450 millones de euros) en pérdidas, ayudando así a evitar el rescate del Gobierno.

 La investigación que dio lugar a la multa se puso en marcha gracias a la información proporcionada por Eric Ben-Artzi, exanalista de riesgos del Deutsche en EE UU, y otras dos personas. La SEC premió al exanalista y a un compañero (el tercero no recibió nada) con 16,5 millones de dólares, recompensa nutrida de un fondo del Congreso estadounidense.

Ben-Artzi ha renunciado a su parte de la recompensa. Lo hace en protesta por el hecho de que la multa fue impuesta al banco y no a los directivos implicados en el fraude. De esta forma quienes pagan por el falseo de cuentas son sus accionistas y empleados. Estos últimos, con más de 35.000 despidos, se están convirtiendo en las verdaderas víctimas al tratarse del eslabón más débil. 

Existen casos similares de bancos investigados por la SEC. Trinity Capital y el banco Los Alamos National Bank fueron duramente multados tras un falseo de cuentas, pero aquí los directivos sí fueron sancionados. La única diferencia con el Deutsche Bank es la existencia de puertas giratorias.

 Altos cargos de Deutsche Bank entraron y salieron de la SEC antes, durante y después de la actividad ilegal del banco. Existen ejemplos como el de Robert Rice, abogado jefe encargado de la investigación al Deutsche en 2011, que se convirtió en directivo de la SEC dos años después, o el de Robert Khuzami, abogado jefe del banco en EEUU, que dejó el puesto para dirigir un departamento del regulador. Ni la SEC ni el banco han comentado las acusaciones. "            (Javier F. Ferrero , Rebelión, 02/09/16)

4.8.16

Así se gestó la traición del 'yonki del dinero' que (aún) hará temblar los cimientos del PP

"El 26 de mayo de 2015, ataviado con ropajes 'hippies', Marcos Benavent comparecía por primera vez en la Ciudad de la Justicia de Valencia para ofrecer un doble espectáculo: por un lado ante los medios de comunicación (“era un yonki del dinero”, “voy a hacer daño a mucha gente”, “va a salir mierda a punta pala”) y, por otro, con el chorro de revelaciones de sus confesiones en sede judicial y policial, que descabezaron el Partido Popular de la provincia de Valencia.

Ese fue el inicio oficial de una colaboración que había comenzado algunos meses antes, a partir de que la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez hubiese presentado en agosto de 2014 una denuncia con todos los contratos y documentación que pudo obtener por su labor de oposición a Alfonso Rus y con 10 horas de grabaciones comprometedores realizadas por Benavent.

 Una bomba de relojería en el zaguán de la Fiscalía Anticorrupción. La pieza sobre uno de los contratos de la empresa pública Imelsa con una sociedad en la que el suegro de Benavent tenía intereses (cuyo secreto acaba de levantar el juez instructor Víctor Gómez) revela que, durante el mes de junio de 2015, el 'yonki del dinero' se convirtió en un habitual de las “dependencias policiales” y la “sede judicial”. 

Sus confesiones, día sí, día también (solo entre el 1 y el 11 de junio la UCO elabora cuatro informes distintos sobre comparecencias de Benavent), permitieron a los investigadores ratificar muchas de sus sospechas. No en balde, los agentes y la Fiscalía Anticorrupción elaboraron una hoja de ruta para destapar la “actividad delictiva diversa” de la trama encabezada por Alfonso Rus, tomando “como hilo conductor la participación o relación con los hechos investigados del investigado Marcos Benavent”.

 Sobre las razones de ese ataque de civismo, conversión budista o arrepentimiento sobrevenido, mucho se ha especulado. Pero la pieza del sumario de la operación Taula que ahora se ha hecho pública, y a la que ha tenido acceso El Confidencial, confirma el enfrentamiento que Benavent mantuvo con su suegro, y cómo este iba a conducirle directamente a rendir cuentas ante la Justicia. 

Esto convenció al 'yonki del dinero' de que la mejor estrategia de control de daños pasaba indefectiblemente por convertirse en el gran chivato, en ejercer la delación como única forma posible de redención por los pecados cometidos o, en términos más prosaicos, reducción de penas. Los contratos y las diez horas de grabaciones de Marcos Benavent que llevó al fiscal hicieron estallar el caso. “Me convertí en una apestada porque no entré en el redil”, relata

 La clave está en las grabaciones que el suegro del delator, Mariano López, entregó a la diputada provincial Rosa Pérez cuando esta reclamó a la Diputación de Valencia el contrato con Servimun, la firma encargada de prestar el servicio de atención telefónica al contribuyente en la que el suegro tenía intereses.

 Los dos protagonistas de esta historia llevaban meses enfrentados por el matrimonio fallido de Benavent con Nina, la hija de López. La relación entre ambos se enconó tanto que el segundo sustrajo del ordenador del primero los archivos con las conversaciones comprometedoras, en las que Benavent también participa en los presuntos delitos. 

En paralelo, su yerno había comenzado a apretarle las tuercas presionando con el contrato de Servimun, hasta el punto de que Alfonso Rus recibió una carta, recogida en el sumario, en la que se reclamaba ayuda para que el entonces gerente de Imelsa cejara en su “acoso”. “No me gustaría verme obligado, ante la manifiesta mala fe, a cometer alguna tontería”, dice la misiva. 

Esta carta es la primera prueba documental que aparece en el sumario de la pieza de Servimun, toda una señal de su carácter detonante. Marcos Benavent estaba convencido, y así lo trasladó a los investigadores, de que su suegro había hecho esa "tontería" y había pactado con Rosa Pérez que no siguiese investigando el contrato de Servimun a cambio de entregarle las grabaciones (pacto que realmente no se consumó), y que esas cintas lo dejaban a los pies de los caballos. 

A la denuncia de la diputada provincial, siguió la apertura de diligencias de investigación penal de la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). En diciembre de 2014, Benavent comunicó a Rus y al resto de sus hombres en una comida de Navidad que dejaba el cargo en Imelsa, aludiendo a “razones personales”.

 Todos se quedaron de piedra. Nadie entendía qué estaba pasando. El 'yonki del dinero' desapareció del mapa. Viajó a la India, Ecuador y Panamá. Cuando volvió a dejar verse de nuevo en mayo de 2015, había transmutado en arrepentido ‘hippy’ de barba blanca."                  (El Confidencial, 19/07/16)

29.7.16

Anticorrupción pide imputar a dos hijos de Javier de la Rosa por cobrar comisiones del menor de los Pujol

"La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz la imputación de dos hijos del financiero Javier de la Rosa por el presunto cobro de no menos de 2,6 millones en comisiones que habría pagado Oleguer Pujol a través de paraísos fiscales por su mediación en la compra de oficinas del banco de Santander a cambio de 2.013 millones de euros del año 2007.

En su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, la Fiscalía consagra la tesis policial según la cual el dinero que Oleguer Pujol invirtió para la compra de esas oficinas bancarias procedía de la cuenta andorrana en la que participaban sus hermanos.

Abierta en el Andbanc, esa cuenta se nutrió entre 1992 y 2000 de transferencias e ingresos en efectivo por importe de 116 millones de las antiguas pesetas. "Esas cantidades -dice el informe de Anticorrupción- son invertidas en distintos productos financieros y parte es utilizada para financiar sus aportaciones [las de Oleguer Pujol] al fondo Drago Real Estate Partners y a inversiones en Panamá".

Condenado en el caso Kio, el financiero Javier de la Rosa había sido definido en 1992 por Jordi Pujol padre como "empresario modelo". Hace un año, De la Rosa optó por guardar silencio en la comisión Pujol creada por el Parlamento catalán.

Ahora, la investigación sobre el benjamín de los Pujol ha cercado a sus hijos Gabriela de la Rosa Misol y Javier de la Rosa Misol. Ambos aparecen sucesivamente como beneficiarios reales de una sociedad constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, Barcem Ltd.

Esa sociedad, que ya estaba siendo investigada por la UDEF, salió a la luz en los papeles de Panamá. Y ello porque, como relata Anticorrupción, "las acciones estaban custodiadas por el trust panameño denominado Mossfon Trust". Es decir, por el bufete Mossack Fonseca, donde se produjo la filtración masiva que acabó destapando miles de operaciones opacas en todo el mundo.

En 2008, prosigue relatando la Fiscalía, Barcem Ltd abrió una cuenta en otro paraíso fiscal, la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha, donde recibió mediante dos transferencias 2,6 millones de euros procedentes de otra de las compañías investigadas en el caso, la holandesa Marway BV. Finalmente, en 2014 transfirió "a una entidad suiza" 2,1 millones de euros.

¿Y quiénes están tras Marway BV, que previamente había recibido 6,2 millones de euros de una sociedad británica involucrada en la compra de oficinas del banco de Santander por parte de Drago Capital, la gestora de fondos comandada en España por Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias?

Pues de nuevo otros dos empresarios catalanes, padre e hijo, cuya imputación solicita también la Fiscalía. La Policía "ha constatado", dice el escrito de Anticorrupción, que tras Marway "estaban personas relacionadas con la sociedad española Inmobiliaria Vica SA". El accionista mayoritario de esa inmobiliaria es José María Villalonga Bardella. Su hijo José María consta como apoderado de la sociedad.

Los testaferros holandeses, también
Anticorrupción pide igualmente otras dos nuevas imputaciones, la de los testaferros profesionales holandeses Jaap Broers y Hohn Willekes, cabezas visibles de una compañía de planificación fiscal -ITPS Group- que controlaba las sociedades Ard Choille BV y la ya citada Marway BV.  En diciembre, y como publicó infoLibre, la Policía ya registró la sede de ITPS Group en La Haya en busca de pruebas sobre el desvío de fondos atribuido a Oleguer Pujol.

De las dos sociedades controladas por ITPS y que menciona en su escrito la Fiscalía, Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias serían los propietarios reales de una de ellas, Ard Choille BV. Y de la segunda, Marway BV, lo serían los dueños de Inmobiliaria Vica SA.

Aunque lo que Policía y Fiscalía tienen ya confirmado es que el pago a la empresa que los hijos de Javier de la Rosa poseían en las Islas Vírgenes -Barcem Ltd.- se articuló a través de Marway, no descartan que pudiera haber recibido más dinero directamente desde Ard Choille BV."              (Infolibre, Alicia Gutiérrez, 27/06/16)