31.7.18

Jordi Pujol, Prenafeta, ¿el auténtico origen de los fondos que engrasan el movimiento independentista catalán?

"Como he descrito en el anterior artículo, los históricos dirigentes del pujolismo, en el caso denominado Pretoria, crearon una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a operaciones urbanísticas a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones, que procedían ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen mediante la utilización de complejos entramados societarios y financieros.

Lluís Prenafeta, secretario de la Presidencia del Gobierno de Jordi Pujol desde 1980 a 1990, fue uno de los pilares del proceso ideológico y político que condujo a la actual ruptura del nacionalismo catalán, derechista e insolidario, que está soportando Cataluña.

 Prenafeta ya había acreditado su vinculación con el sistema capitalista cuando el 5 de junio de 1989, siendo aún consejero de Pujol, se incorporó al consejo de administración de Iberia de Seguros en representación de la sociedad Vilassar Internacional, que había presidido Manuel Prado y Colón de Carvajal, sociedad vinculada a su primo Isidor Prenafeta. 

Esta decisión determinó que la Fiscalía de Cataluña abriera una investigación penal contra Lluís Prenafeta que no pudo concluirse por haberla impedido el entonces Fiscal General del Estado. Su sesgo nacionalista quedó reflejado en la creación del diario El Observador --un absoluto fracaso-- y de la Fundació Catalunya Oberta. Resulta significativo que otro conocido pujolista de amplio historial delictivo, Javier de la Rosa​, financiara a dicho diario con 1.000 millones de pesetas procedentes de Grand Tibidabo, lo que no impidió su cierre en 1993.

Desde estos antecedentes, no es extraño que posteriormente emprendiera actividades económicas, esta vez de un nítido carácter delictivo.
Ya dijimos en el escrito anterior que tanto Alavedra como Prenafeta “reconocieron íntegramente”, dice la sentencia, los hechos que se le atribuían por la acusación pública, una de las razones por las que se les rebajó la pena solicitada por la Fiscalía. Ambos reconocieron, entonces, la “estrecha relación personal” que mantenían con Jordi Pujol y Artur Mas.

Prenafeta y Alavedra, “sabedores de la facilidad con que se movía Luis Andrés García en los municipios ya referidos y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos ce Cataluña, se concertaron con el anterior, percibiendo ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron obtener cuantiosos beneficios derivados de operaciones inmobiliarias especulativas realizadas en (el) municipio a costa y en perjuicio del interés público”. Actividades que Prenafeta desarrollaba por mediación de la sociedad Poliafrers S.A.

La actividad de ocultación y afloramiento de las ganancias procedentes de los delitos de tráfico de influencias, Prenafeta las llevó a cabo del siguiente modo, lo que determinó la comisión y posterior condena por el delito de tráfico de influencias. 

Ocultó fondos, que, entre 2000 y 2007, se elevaron al menos a 14.984.865 euros, de los cuales 452.290,08 procedían de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas y de otras actuaciones de intermediación prestadas a diversas multinacionales a través de empresas domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas; beneficios que fueron ocultados a la Hacienda Pública eludiendo, como era obvio, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 Delitos, estos últimos, por los que no fueron condenados por haber regularizado sus deudas fiscales o por prescripción de los mismos, pese a su elevada cuantía. Es una muestra de las debilidades del sistema penal ante la delincuencia de los poderosos.

Para mantener la opacidad y encubrir la titularidad de los fondos, Prenafeta contó con la “indispensable colaboración de su esposa, Maria Lluïsa Mas Crusells”, creando sociedades instrumentales en territorios off shore, en las que, a su vez, figuraban como socios otras sociedades fiduciarias domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, en las Islas Seychelles y en Madeira. 

Para dificultar el seguimiento de sus operaciones, Prenafeta utilizó numerosas cuentas en entidades bancarias domiciliadas en el extranjero, que funcionaron como “cuentas puentes” para los movimientos de sus fondos en efectivo. Fondos, los dispuesto en efectivo, que se elevaban a 7.072.792,55 euros, y mediante transferencias, a 7.029.999,23 euros.

Esta fue, resumidamente, la intensa actividad delictiva, generadora de cuantiosos beneficios económicos, de los primeros dirigentes políticos del nacionalismo catalanista. Los actuales dirigentes y seguidores del independentismo están obligados, sin demora, a conocer y divulgar esta sentencia para que, unos y otros, sepan que sus orígenes se caracterizaron por la total ausencia de ética pública y la utilización del poder político para su enriquecimiento, sacrificando los derechos y necesidades de los ciudadanos.

 Y, todo ello, cuando aún están pendientes las decisiones penales definitivas sobre la familia Pujol y sobre el 3%.

Ante estos tan enormes como ilícitos beneficios, tenemos razones para dudar sobre cuál es el auténtico origen de los fondos que el movimiento independentista, en horas, dispone para satisfacer de forma tan inmediata las exigencias de fianzas penales y civiles del principal proceso penal contra sus presuntos responsables penales."

(Carlos Jiménez Villarejo, Ex fiscal jefe anticorrupción, Crónica Global, 09/07/18)

30.7.18

Así se amaña un partido de fútbol: "El primer tiro que me tiren, yo me dejo"

"Las operaciones Pizarro y Cortés, llevadas a cabo por la Policía en febrero y junio de este año, han destapado la compleja maquinaria global de amaños de partidos. 

Los sumarios de ambos casos, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, muestran cómo en la primera investigación se descubrieron trampas relacionadas con apuestas sobre todo a nivel nacional, mientras en la segunda se desvela que jugadores mal pagados se dejaban comprar para favorecer a la mafia china exclusivamente en el mercado asiático de las apuestas.

Con más de 50 detenidos entre ambos casos, emergen amaños en diferentes categorías, que abarcan Segunda B, Tercera y Primera femenina a través de sobornos a árbitros, porteros y jugadores descontentos. 

Además, entre los principales arrestados está un profesional de Segunda, Jorge Morcillo, capitán del Almería. Su implicación precisamente ha levantado las sospechas de si pudo verse afectado algún resultado de la temporada pasada, o la anterior, en esa categoría. La primera treintena de arrestos (Operación Pizarro) comenzó con la investigación de la Fiscalía sobre la Tercera extremeña. A las pesquisas se sumó La Liga, que aportó al menos 20 denuncias de partidos de otras regiones, sospechosos por sus anormales niveles de apuestas. 

Así, se desveló que cinco jugadores del Atarfe Industrial, equipo granadino de Tercera, intentaron comprar al colegiado asistente del partido que jugaban contra el Guadix. El propio asistente confesó después que le ofrecieron «1.000 euros por cada penalti que señalase». El asistente y el portero del Atarfe eran compañeros de colegio, y esa relación fue la que dio pie al intento de compra, aunque el árbitro se negó.

La investigación dio un enorme paso adelante -y abrió la segunda operación, la operación Cortés- cuando el pasado mes de abril los dos principales cabecillas de Pizarro, los ex futbolistas Jon García e Iván Moreno, deciden colaborar con la Fiscalía. Aseguran que Óscar Rodríguez, jugador del Alcalá de Guadaira (Tercera) apodado La Rata, había amañado por 25.000 euros un Vélez-Atarfe Industrial de 2017... sin éxito.

Desde Hong Kong

La Rata les había contado a García y Moreno que llevaba tiempo «haciendo este tipo de operativo, desde que volvió de jugar en Hong Kong, donde conoció a asiáticos que se dedicaban a hacer partidos». Según su relato, ambos contactan con Óscar Sierra, que les presenta a la mafia china, explicándoles que «son de fiar, ya han hecho más veces partidos, pero justo el último no les salió, uno de clasificación de la UEFA de un equipo andorrano. Y necesitaban recuperar el dinero perdido».

Ambos confiesan haber amañado un Écija-Las Palmas B de 2017 en el que los chinos ganaron 15.000 euros, 10.000 de ellos para los jugadores vendidos. Se les resiste un Jumilla-Écija, que se arregla a una victoria del Jumilla pero que -a veces no sale- termina 0-0. Ahí los que pierden dinero son García y Moreno, que le tienen que pagar a la mafia china 18.000 euros «porque los jugadores [que participaron en el partido] explican que no tienen dinero».

Un Gerena-Xerez de poco después sale redondo: arreglan el partido a 2,5 goles de cualquiera de los dos equipos, el amaño prospera y la mafia paga 30.000 euros, 24.000 de ellos para los jugadores. Un miembro de la trama va a buscar los 30.000 a un restaurante de la calle Calatrava de Barcelona y los entrega en Valencia a otro de los contactos, que es quien distribuye el botín.

García y Moreno incriminan entonces a Francisco Gómez, jugador del Aguilar que se dedica «a arreglar partidos», a Jesús Chafer, ya investigado en la trama del Eldense; a Pinto, un ex jugador de Badajoz que les pasaba «muchísimos partidos cada semana puesto que manifestaba que controlaba a los jugadores»; y a un jugador del Olivenza, dueño a la vez de un Sportium en Badajoz y que también, según ellos, «controlaba» partidos. 

El abogado de García y Moreno desvela la clave de los amaños: «Normalmente, el modus operandi es que los jugadores de Tercera se ponen en contacto con la persona que a su vez contacta con mis defendidos. El motivo no es otro que la escasa o inexistente remuneración de los jugadores de Tercera».

"Como un puto flan"

Los pinchazos posteriormente realizados por la Brigada de Control del Juego de la Policía Nacional evidencian los arreglos. En un pasaje surrealista, Jon García cuenta cómo un portero que va a dejarse meter un gol está muy nervioso por el amaño y porque la apuesta deba hacerse en tiempo real, sincronizando su actuación en la cancha: «El portero está como un puto flan, y venga a decirme todo el rato que 15 minutos [para esperar al amaño] es mucho, que es mucho, porque yo en principio le dije cinco minutos para que os dé tiempo a meter en Live [apuestas en directo], y me dijo, bueno, vale, pero es que yo, al primer tiro que me tiren, me voy a dejar».

En otro pinchazo, un jugador del Huercal-Overa (Preferente murciana) le narra a Iván Moreno el festival de apuestas que se avecina: «Yo mi dinero ya lo he recogido, Manzano también viene de Vera con el dinero, los canarios también vienen con pasta, el de Almería también trae dinero...». 

En otra conversación de Moreno con José Manuel Vázquez Gajete, jugador del Écija en la Segunda Andaluza, éste dice: «Le han tenido que comer la cabeza al chino porque hay sólo dos [jugadores para el amaño]». A esto, Moreno responde: «Yo estando el portero no tengo ningún problema, tigre». La Policía refiere que los chinos intentan tener siempre cinco jugadores comprados para asegurar la apuesta.

Gajete explica cómo los jugadores han de estar atentos durante el calentamiento a los gestos de miembros de la trama desde la grada, porque las apuestas son en tiempo real: «Pasados cinco minutos, si me das el OK, me empezaré a tocar la cabeza hasta que me vea el portero».             (Quico Alsedo, Pablo Hrrais, El Mundo,  19/07/18)

23.7.18

La oscura herencia en Andorra de los Pujol... una descripción

"El informe forma parte de la investigación por blanqueo que desarrolla un juzgado de Andorra sobre seis miembros de la familia Pujol. Y concluye que la saga del dirigente que pilotó Cataluña 23 años no justificó en el país pirenaico la procedencia de su fortuna. O, lo que es lo mismo, que no acreditó la supuesta herencia que Jordi Pujol recibió de su padre, Florenci, un banquero fallecido en 1980 que hizo fortuna con el contrabando de divisas.

Los Pujol debieron ser calificados como “no aptos” en la BPA. Utilizaron un entramado de "ocultación". Y tejieron una estructura sobre una madeja de diez cuentas numeradas y fundaciones panameñas, según la auditoría.
El trabajo de PwC fue encargado por la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), el homólogo del FROB español que Andorra creó tras la intervención de la BPA, en 2015.

El texto desgrana las transacciones en este banco de la esposa del expresidente, Marta Ferrusola, y cuatro de sus siete hijos: Marta, Mireia, Pere y Josep. Estas son sus claves:

Ferrusola: entrada por la puerta grande

La matriarca del clan desembarcó en el banco en diciembre de 2010 por la puerta grande. El contrato de apertura de su cuenta numerada llevó estampada la firma del entonces director general y consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel.

A sus 83 años, la esposa del expresidente de la Generalitat catalana se escudó tras una coraza financiera –cuenta cifrada y sociedad panameña con testaferro- para blindar los 868.000 euros que manejó entre 2010 y 2014. Marta Ferrusola también recurrió a fundaciones para mover los beneficios de sus inversiones, cartera de preferentes de Repsol incluida.



JOSÉ MARÍA IRUJO / JOAQUÍN GIL

Cuando el clan Pujol desembarcó en la Banca Privada d’Andorra (BPA), se enfrentó al cuestionario de rigor. Un cortafuegos para impedir que se cuelen en la entidad fortunas de dudosa procedencia.

Cinco de los siete hijos del expresidente catalán respondieron “no” a la pregunta “¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?”. Un término que define a cargos públicos, excargos y familiares que deben ser sometidos a una monitorización especial para prevenir el blanqueo, según la recomendación de 2012 del Grupo de Acción Financiera (Gafi), un organismo creado en 1989 por el G-7.

Frente al criterio de sus descendientes, la matriarca del clan, Marta Ferrusola, escribió en el formulario que sí era una Persona Expuesta Políticamente.
¿A qué responde esta contradicción? Pese a las recomendaciones del Gafi, Andorra tiene su propia legislación sobre los perfiles de riesgo. Y, con la ley del país pirenaico en la mano, ninguno de los miembros del clan Pujol era un cliente sospechoso cuando abrió sus cuentas en la BPA.

Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere y Mireia aterrizaron en la BPA en diciembre de 2010. Entonces, en el Principado regía un decreto de 2009 sobre los PEP’s que liberaba de este calificativo a los parientes directos de políticos un año después de que su allegado hubiera abandonado el cargo. Y Jordi Pujol dejó la presidencia de la Generalitat en 2003.

Con la ley andorrana en la mano, tampoco Josep Pujol, que aterrizó en la BPA en 2006, sería PEP.

Fuentes próximas a la familia Pujol explican así la contradicción de Marta Ferrusola al calificarse de Persona Expuesta Políticamente. “Los cuestionarios no los rellenaban los clientes, sino los empleados de la BPA”.

El informe menciona también los vínculos de la matriarca con otro tipo de fundaciones: “Durante el tiempo que su marido ejerció como político, asumió cargos simbólicos en fundaciones y entidades de carácter benéfico”.

Marta: “hija de una importante familia”

Marta Pujol Ferrusola era para la BPA la “hija de una importante familia catalana”. Sin más. Y así figuró en los archivos internos del banco.

La descendiente de los Pujol-Ferrusola se presentó como arquitecta ante la institución financiera, donde movió 700.000 euros entre 2010 y 2014.
La auditoría de PwC es tajante con ella: “No dispone de ningún tipo de documento para acreditar el origen de sus fondos”.

Mireia: la fisioterapeuta millonaria

Cuando la fisioterapeuta Mireia Pujol Ferrusola abrió una cuenta en la BPA, definió así las razones para elegir esta entidad: “ahorro y seguridad”. Lo dejó escrito en el documento interno que debe rellenar el cliente que toca a la puerta de un banco en el Principado, el Know your customer (conozca a su cliente, en inglés).

La hija del factótum convergente manejó en Andorra el segundo patrimonio más importante de su familia: 1,2 millones de euros.

Pere: “sin necesidad de dinero”

Pere Pujol Ferrusola aterrizó en la BPA “presentado por un tercero”. Ingeniero agrónomo de profesión, este hijo de Jordi Pujol depositó 650.000 euros en la entidad entre 2010 y 2014. Y, según los empleados del banco, no preveía sacar sus fondos. “No tiene necesidad de dinero”, dejaron escrito los trabajadores. Como el resto de sus hermanos, no justificó el origen de su fortuna, según PwC.

Josep: misterioso ingreso en efectivo de 800.000 euros

La cuenta en la BPA de Josep Pujol Ferrusola, que movió 2,1 millones, fue la más activa del clan. La auditoría de PwC cuestiona transacciones como un ingreso en efectivo de 800.000 euros en febrero de 2010. El tercer hijo de la familia vinculó la procedencia de este dinero al cobro de un préstamo. “Se duda de la existencia del préstamo, entendiéndose como un vehículo para el blanqueo de capitales”, sentencia la consultora.

Fuentes próximas a la familia Pujol se muestran muy críticas con la auditoría de PwC. “No hay en el informe ningún hecho que demuestre que el dinero de Andorra tuvo un origen irregular”, sostienen. "Es fácil verlo todo así cuando ya han ocurrido los hechos", añaden.

En paralelo a las pesquisas en Andorra, el clan Pujol se encuentra bajo el foco en España. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga al expresidente catalán, su esposa y sus siete hijos por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental. A través de una madeja de cuentas, la familia ocultó presuntamente 30 millones en Andorra, Estados Unidos, Paraguay, México y Argentina.

Andorra, de 78.000 habitantes, permaneció blindada por el secreto bancario hasta el pasado año. Y la BPA fue intervenida por las autoridades de este país pirenaico en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo. Los dueños de esta entidad, que llegó a tener 9.000 clientes y 8.000 millones de volumen de negocio, niegan estas acusaciones.




JOAQUÍN GIL / JOSÉ MARÍA IRUJO

El benjamín del clan Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, no reparo en reconocer el pasado diciembre en un juzgado de Andorra que ocultó su patrimonio en el país pirenaico mediante un alambicado entramado de fundaciones. ¿El objetivo? Evitar “un Falciani”. 

O, lo que es lo mismo, que un trabajador de la institución financiera filtrara su nombre. Aludía así al escándalo desatado en 2009 por el informático Helvé Falciani, que afloró el fraude fiscal de más de 100.000 clientes de su antigua empresa, el banco HSBC.

“Me propusieron crear un producto financiero dentro de la BPA, una fundación con el objetivo principal de evitar que nos hicieran un Falciani”, confesó Oleguer Pujol.

El pequeño de la familia declaró ante la titular del juzgado número dos de Andorra. La jueza le citó en calidad de inculpado –término de la ley andorrana que sustituye al investigado- por un presunto delito de blanqueo.

Oleguer Pujol pasa por ser un experto en finanzas. Como prueba: Le dijo a la magistrada que trabajó entre 1997 y 2002 como representante de fondos inmobiliarios en España y Portugal del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

El benjamín de los Pujol-Ferrusola manejó entre 2012 y 2014 una cuenta en la BPA donde figuró como titular la fundación panameña Kamala Foundation, que llegó a acumular un saldo de 812.770 euros."                 ( , El País, 21/06/18)

20.7.18

Macià Alavedra: la condena de los fundamentos del pujolismo

"Como es sabido, Macià Alavedra formó parte de los gobiernos de Jordi Pujol​ desde 1980 hasta 1997. Diecisiete años. En este año, se retira de la política institucional de CiU pero no del aprovechamiento de sus relaciones institucionales para su enriquecimiento personal y familiar, como acredita la sentencia del caso Pretoria

Durante todo ese periodo, en el que se sientan las bases del actual desafío independentista, comparte gobierno con el president Pujol que, desde 1980, estuvo defraudando a la Hacienda Pública. Lo que no impidió que Alavedra dijese del president: "Era un hombre de austeridad absoluta y le interesaba poco el dinero".

Retirado de la política institucional, es nombrado presidente de Autopistes de Catalunya, sociedad concesionaria de la Generalitat, manteniendo, pues, sus estrechos vínculos con el aparato institucional. Además, presidió las sociedades Abertis Logística y Kern Pharma.

Desde esta posición de poder económico y, por mediación, político, realiza las conductas delictivas que describe la sentencia con un evidente afán de enriquecimiento.

Dice así: "La cuantía de los fondos que durante los años 1997 a 2003 Macià Alavedra percibió por su actividad ilícita ascendió --cuando menos-- a 6.080.405,41 euros, de los cuales 452.088,88 derivan de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas realizadas en las localidades de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, 185.600 por aparente actividad de intermediación realizada en el año 2004 en el municipio de Hospitalet de Llobregat sin que consten el origen y justificación de dicha comisión, 290.337,69 euros de un pago recibido de Gas Natural; 288.000 euros de pagos realizados por la sociedad BUIC --instrumental de Lluís Prenafeta a la que más adelante nos referiremos-- y 9.604,17 euros de intereses percibidos, desconociéndose el origen último del resto de sus ganancias --4.854.774,67 euros--, si bien, al igual que las cantidades anteriores, ocultó su existencia a la hacienda pública española, eludiendo, por tanto, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

"Para conseguir su opacidad así como la desvinculación de su origen ilícito y posterior afloramiento utilizó, en connivencia con su esposa Doris Malfeito --contra la que no se dirige acusación al haber fallecido-- y de los también acusados Gloria Torres Pladellorens y Philip Mc Mahan Bolich, un entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios off shore así como por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas a través de las cuales canalizó sus fondos".

"Para asegurar la opacidad de estos fondos hizo figurar como titulares de estas cuentas tanto a su esposa como a Gloria Torres, encargando a Philip Mc Mahan Bolich que, bajo sus órdenes, asumiera su gestión diaria y directa, función que ejecutó realizando una gestión muy activa con continuas inversiones en compras y ventas de valores.

 Asimismo, es quien organizó, tal y como había planificado Macià Alavedra, el plan para repatriar a España parte del dinero --300.000 euros-- que este tenía oculto en sus cuentas de Andorra”.

"Las cantidades que ocultó cada año a través del entramado societario y financiero que describiremos a continuación fueron las siguientes:

1997: 2.643.743,46 euros
1998: 1.192.182,05 idem
1999: 9.604,17 idem
2000: 296.450,22 idem
2001: 22.398,94 idem
2003: 88.000,00 idem
2004: 100.000,00 idem
2005: 100.000,00 idem
2006: 700.000,00 idem
2.008: 290.337,69 idem

Total: 5.442.716,53 euros".

A continuación, la sentencia describe puntualmente las estrategias de ocultación y reinversión utilizadas por Alavedra y sus cooperadores.

Lo que acabamos de exponer es una brevísima muestra de la actividad delictiva analizada en la sentencia.

Pero, además de este pronunciamiento condenatorio, siguen pendientes todas las causas penales contra los miembros de la familia Pujol, la investigación de la percepción ilícita del 3% por CiU por el juzgado central número 5 y otros procesos contra dicho partido. El poder judicial es un instrumento indispensable para perseguir la corrupción y cualquier otra forma de abuso de poder. Es un elemento esencial del Estado democrático que nadie, nadie, podrá eludir."               (Carlos Jiménez Villarejo, Crónica global, 06/07/18)

19.7.18

El pulso al Estado de un comisario en apuros. El policía Villarejo maniobra desde prisión para lograr su libertad con las grabaciones que durante 25 años registró en secreto a políticos, jueces y empresarios. “Villarejo quiere convertir la Operación Tándem en el caso Corinna”

"Los investigadores de la Operación Tándem, que el pasado noviembre envió a prisión preventiva al comisario por cobrar por "servicios de inteligencia", se desayunaron esta semana con la bomba. Los agentes desconocen si la grabación a Corinna es un “proyecto personal” de Villarejo.

 O el encargo de alguno de los adinerados clientes que durante décadas tocaron a su despacho de la novena planta de la Torre Picasso de Madrid para contratar sus servicios de “gestión de crisis en el ámbito judicial y policial”. Un eufemismo para describir un chiringuito especializado en la búsqueda de trapos sucios a golpe de talonario, según fuentes policiales.

Si Villarejo grabó por voluntad propia a Corinna fue para acopiarse de munición para forzar su libertad. El policía estaría aplicando la misma hoja de ruta que ofrecía a sus clientes. Pero ahora para salvarse él, según fuentes próximas al caso. 

“Villarejo quiere convertir la Operación Tándem en el caso Corinna”, apuntan fuentes próximas al caso en referencia a una supuesta treta para “intimidar al Estado y las instituciones”.

Los agentes conocen la larga sombra del investigado. Un hombre que ha hecho del fisgoneo a empresarios, jueces, periodistas, políticos de PP y PSOE, altos funcionarios y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un suculento negocio. Por sus “proyectos” de “gestión de crisis” llegó a pedir hasta 30 millones a ocho clientes entre 2013 y 2017, según fuentes judiciales. Y su entramado ingresó 20,4 millones solo entre 1992 y 2010. El desafiante policía siempre defendió que el Ministerio del Interior conocía sus negocios y autorizó su compatibilidad.



José Manuel Villarejo Pérez es un hombre con dos caras. Una pública, la del comisario comprometido con los asuntos calientes del Estado. Y otra privada y vidriosa, que se extienda como una hidra por una compleja madeja de negocios. La historia de este agente desconfiado comienza a escribirse en los Ochenta. El policía trabajaba entonces para la agencia de detectives Kroll International, conducía un Porsche y tenía una oficina a las afueras de Madrid. 

En 1993 Villarejo se reenganchó al Cuerpo Nacional de Policía. Y despuntó entonces como un funcionario que no se arrugaba con los expedientes más putrefactos ni al descender a asuntos sensibles como la lucha antiterrorista. Un trabajo que prestó para los Gobiernos de PP y PSOE.

Durante el último Ejecutivo de Mariano Rajoy, el policía ejecutó encargos inconfesables sobre la deriva independentista en Cataluña y su nombre se conectó con la denominada “policía patriótica”.

La nómina de personalidades en apuros que recurrieron a sus servicios es amplia. E incluye a ejecutivos del IBEX 35, empresarios como Javier López Madrid y Adrián de la Joya, el bufete Herrero & Asociados y un presunto blanqueador conectado con el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Todos ellos se beneficiaron de una de las señas de identidad del policía: la confidencialidad. Villarejo no firmaba contratos. Suscribía una hoja de servicios. E imponía una “comisión de éxito”. El premio por conseguir sus objetivos alcanzaba el 100 % de la cifra pactada en los casos más complejos.

 Por uno de sus vidriosos “proyectos”, que es como denominaba cada trabajo, llegó a pedir seis millones de euros. Las 174 llamadas que cruzó en 60 días en 2014 con su cliente Adrián de la Joya para resolverle los problemas con una finca demuestran la implicación del comisario con sus negocios. 

Unos manejos denunciados por el CNI, el servicio secreto con el que el policía estaba enfrentado a cara de perro.
La investigación acredita que el primer contacto entre Villarejo y el cliente –que quedaba registrado con el micro espía- servía para desplegar la cartera de servicios ilegales. Los trabajos incluían desde presuntas campañas de intoxicación y desinformación hasta el acopio de datos fiscales, cuentas bancarias, tráfico de llamadas, sumarios bajo secreto…

Villarejo disponía de una telaraña de colaboradores. Tenía a su cargo a una decena de comisarios jubilados. También a funcionarios de la Agencia Tributaria y empleados de bancos y compañías de telecomunicaciones. “Era muy generoso, pagaba muy bien a los suyos con dinero y regalos”, explica una fuente judicial.

 Los archivos secretos de este hombre que se definía a sí mismo como “agente encubierto” son una metáfora de los agujeros del stablishment. Incluyen “imágenes escatológicas” y salpican a decenas personalidades de los últimos 25 años, según fuentes judiciales, que advierten: “La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción aguantarán las presiones”.

Y es que el comisario siempre intentó desplegar sus redes sobre la judicatura. Durante años organizó con el empresario Adrián de la Joya comidas mensuales “muy divertidas” en Madrid donde las fotos estaban prohibidas. A los encuentros asistían supuestamente magistrados de la Audiencia Nacional y dirigentes de PSOE y PP, según un informe policial. 

Además, su instituto de práctica jurídica Schola Iuris pagó a algunos jueces y fiscales por impartir clases. Y la Asociación Transparencia y Justicia, donde figuró como secretario el hombre de confianza del comisario, el abogado Rafael Redondo, actuó como caballo de Troya para introducirse como acusación popular en sumarios calientes como el caso del pequeño Nicolás.

El microemperio de Villarejo engordó con los años. Y se extendió a empresas de investigación, despachos, webs y agencias de “gestión de crisis”, su especialidad. Una de las piezas de su entramado, la sociedad Servicios de Investigación y Detección, presumía de “estar dirigida y coordinada por miembros de la Seguridad del Estado” y ofrecía un laboratorio de audio, según un informe policial.

Un equipo de ocho agentes de asuntos internos trabaja a destajo para desencriptar varios terabytes incautados a la red del comisario. Los funcionarios barajan la hipótesis de que el policía guardó copias de su dinamita informativa en la nube. Y también que confió el material a sus colaboradores que supuestamente filtraron la grabación de Corinna. Un hecho que el abogado del policía niega en un comunicado.

Los agentes escuchan con sus cascos decenas de horas de material inflamable. Y emiten informes a la Fiscalía Anticorrupción y al juez de instructor de la Audiencia Nacional Diego de Egea cuando encuentran indicios delictivos. Los audios que afectan a la Seguridad del Estado -confidentes, pago de fondos reservados, operaciones judicializadas en los que no se aprecian irregularidades- quedarán protegidos por la Ley de Secretos Oficiales, según fuentes próximas a la causa."              (  , , El País, 16/07/18)

18.7.18

Johnson & Johnson, condenada a pagar 4.000 millones por 22 casos de cáncer asociado a su polvo de talco con amianto

"Un tribunal de Misuri ha condenado al gigante de los productos de higiene y de farmacia Johnson & Johnson (J&J) a pagar 4.690 millones de dólares (4.005 millones de euros) a 22 mujeres que contrajeron cáncer supuestamente por haber usado un talco que vendía esta compañía y que tenía amianto (asbesto). 

La empresa, que ya ha anunciado que va a recurrir el fallo, se enfrenta a unos 9.000 demandas legales relacionadas con el uso de este producto para bebés. Esta es la mayor sanción que ha recibido hasta este momento la farmacéutica por este asunto.




El veredicto es el último resultado de una serie de miles de demandas presentadas contra Johnson & Johnson por el asunto del talco. Según el abogado de las víctimas, Mark Lanier, el jurado, compuesto por seis hombres y seis mujeres en Saint Louis, emitió su fallo a favor de las demandantes tras un juicio que ha durado seis semanas y ocho horas de discusiones.

La indemnización se divide en 550 millones de dólares en daños compensatorios y otros 4.140 en daños punitivos. Se trata de la mayor indemnización que afronta hasta la fecha Johnson & Johnson, que tiene cerca de 9.000 casos similares abiertos.

Las demandantes, seis de las cuales ya fallecieron, acusaron al fabricante de productos de cuidado personal y para bebés de haber contribuido al desarrollo de su cáncer de ovarios con sus polvos de talco con amianto desde los años 1970. La empresa sostiene que sus productos de talco no contienen amianto ni son causantes de cáncer.

"Durante más de 40 años Johnson & Johnson ha encubierto la evidencia de la existencia de asbesto en sus productos", ha asegurado el abogado de las víctimas, Mark Lanier en un comunicado. La compañía ha señalado que está "profundamente decepcionada con el veredicto".

El asbesto es una fibra mineral de amplio uso comercial que está prohibido en la mayor parte del mundo desde los años 90 debido a su toxicidad y a que es potencialmente cancerígena. 

Ya en octubre pasado, una corte de apelación de Los Ángeles desestimó en octubre una condena a pagar 417 millones de dólares contra J&J, señalando que los argumentos de los demandantes eran insuficientes y vagos. Todavía hay más de 300 demandas pendientes en California y más de 4.500 denuncias en todo el país.

En agosto pasado, la empresa fue condenada a pagar 417 millones de dólares (unos 353 millones de euros) a una mujer que desarrolló un cáncer de ovarios después de usar durante años el polvo de talco de la empresa.

 La condena se basa en que J&J no advirtió adecuadamente del riesgo de cáncer asociado al uso de productos con talco, especialmente el llamado Johnson's Baby Powder .

El amianto, que además de barato, es incombustible, aislante de calor y sonido, resistente a la corrosión química y a las torsiones, era el material empleado durante buena parte del siglo XX como material de construcción para cubrir edificios y montar tuberías y tejados. Aunque desde los años 40 se conocían sus efectos nocivos, no fue hasta los primeros años del nuevo milenio que la Unión Europea (UE) prohibió su utilización."               (Sandro Pozzi, El País, 13/07/18)

17.7.18

Jaume Roures practica sobornos y los confiesa ante la Fiscalía... soborna a dirigentes del fútbol, en EEUU y en países periféricos, a cambio de los derechos de retransmisión

"Jaume Roures es el Prenafeta de nuestro tiempo, aunque el primero mete la mano en el cazo con mayor elegancia que aquel prehistórico secretario Coloma del Santo Oficio. Cuando hace algunas semanas, en la reunión anual del Cercle d'Economia, en Sitges, un amigo muy cercano a Roures me interrogó sobre el secreto de Mediapro (el actual holding Imagina), yo me encogí de hombros. 

¿Sabes en qué consiste este secreto?, me preguntó. Pues francamente, no (contesté). "Pues muy fácil, hombre" --sentenció mi amigo--, "Roures sabe cuánto vale retransmitir un partido de fútbol en cualquier punto del planeta".

 Ah, acabáramos; Roures fija precios en el mercado del gol igual que Merrill Lynch lo hace en Bolsa; es un maker, un trainer, bueno no, un adivino. Pues tampoco, porque resulta que lo que hace es sobornar a dirigentes del fútbol, en EEUU y en países periféricos, a cambio de los derechos de retransmisión. Digamos que fija precios por el cuento de la burra: san paganini y al saco.

El pufo se descubrió hace un tiempo. Pero el caso es que ahora, Imagina​ está bajo la lupa del Departamento de Justicia de EEUU, después de pactar un acuerdo de culpabilidad por pagos irregulares a directivos de la FIFA y de federaciones de fútbol en el Caribe y Centroamérica a cambio de derechos. 

No por conocido, el caso resulta menos impactante, especialmente en un momento en que el Grupo Mediapro acaba de cerrar, con el nihil obstat de Pekín, la venta de una participación mayoritaria a Hontai Capital. Y ahora, ¿qué dirán los chinos malpagadores y tardíos? Hannibal ad portas o el peligro acecha.

Roures es este hombre de ojos opacos y yemas afiladas que se mete en el Fifa Gate por un quítame allá esas pajas y que, paralelamente, gestiona con autoridad la quincalla de ferias en el declive del independentismo. Lleva en la sangre el arte de la simulación. Le va lo de dirigir películas, pero ya les digo que, como actor, ganaría un Oscar. Podría pasar por un coronel de los ustachi, los croatas que lucharon contra el mariscal Tito en la ex Yugoslavia, o reinventar, en el terreno abonado catalán, una nueva Gran Serbia llevada por la infatuación de los patriotas totalitarios

 No es Milosevic, aunque haberlos haylos, también aquí. Él se empeña en combatir dialécticamente a la España turca, aunque los españoles nos desborden en eficiencia, mientras nosotros morimos de autocomplacencia. Si quienes le corean siguen así, pronto seremos una nueva frontera entre el latín y el cirílico.

El conglomerado Mediapro admite haber pagado sobornos a Jeffrey Webb, exvicepresidente de la FIFA y expresidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), a cambio de los derechos de emisión de los partidos clasificatorios para los Mundiales de 2018 y 2022 en el Caribe. ¡Puro Fifa Gate, señores! Así de claro; Roures conoce bien, como decía mi amigo en el Cercle, la formación de precios. 

El primer factor del coste es la mordida, que siempre será convenientemente repercutida en la tarifa final del usuario. Hemos vuelto a las mejores épocas del sector negocios de Convergència, aunque esta vez el asunto no tiene el toque chusquero de antaño. Ahora, el pilla pilla de Roures, con el FBI rozándole los talones, se cierra en inglés, sobre el entarimado playero de las Caimán. 

Pero lo que no ha variado es la estrategia de defensa. Si el negocio promete, aplicamos el silenzio stampa del calcio italiano; pero cuando nos acusan, sacamos el trapo y ponemos a cien el martirio patriotero. ¿Y qué les dice ahora Roures a los suyos cuando le pescan?: detrás de todo hay españolistas, como la magistrada Carmen Lamela ¡Manda huevos! En Cataluña, como en Ulán Bator, las hordas no luchan hasta que alguien las turba con aviesas intenciones. 

"Siempre la misma obstinación de los salvajes por conservar su identidad", ha escrito el historiador francés Jacques Julliard.

La holding Imagina Media Audiovisual es fruto de la integración de Globomedia y Madiapro. Las autoridades judiciales de EEUU han aceptado el programa de compliance de la empresa, una vez que esta ha aceptado haber realizado los sobornos, pero advierten de que la tutela afecta también a los directivos, altos cargos, consultores, plantilla, personal externo y socios de la matriz Imagina. 

El control implica a todo el árbol empresarial investigado, como lo hace la SEC de Wall Street cuando pide datos a las empresas cotizadas. Quienes hayan trabajado en una multinacional lo saben bien. Tatxo y Roures no son tan únicos como ellos creen.

La empresa matriz de Mediapro ha admitido en el acuerdo alcanzado con la Fiscalía que se produjeron sobornos o pagos irregulares a directivos de federaciones de fútbol de países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Para ello se utilizaron facturas falsas y cuentas en paraísos fiscales, como Panamá. Y la trama criminal se organizó desde el cuartel de Media World, filial de Imagina, en Miami (EEUU).

 Es demasiado. Los maestros de ceremonias del último ensayo indepe pillan como cosacos, pero sin alborotar. Piensan quizá que los demás, abrumados por el ruido de fondo de los jóvenes bárbaros de los CDR, no les veremos mientras practican el deporte de Arsenio Lupin, el ladrón de guante blanco.

Los poderes facticos del procés han tratado infructuosamente de encontrar entre las filas nacionalistas a su Pétain catalán, para utilizarlo de títere. Quieren un Doriot, amigo de la ocupación, para que se funda antes del asalto final a la Bastilla. Pero los dos últimos les han salido ranas, Puigdemont por excesivo y Torra por haber descubierto las ventajas del coche oficial y de la vida muelle. 

En tiempos de paz se perpetra la guerra. En Cataluña, las tribus indepes han abandonado el decoro; y uno de sus cabecillas, Jaume Roures, díscolo de la IV Internacional, trata de reforzar con malas artes el monopolio del entretenimiento. Pues esta vez le han trincado."                (Josep María Cortés, Crónica Global, 15/07/18)

16.7.18

Condenas de hasta 12 años de cárcel para los responsables de Fórum Filatélico por estafa. "Fue el paradigma de las estafas piramidales"

"Más de doce años han tenido que esperar las 268.000 personas que se vieron atrapadas en la estructura piramidal de Fórum Filatélico. Más de una década desde la intervención judicial para ver cómo los responsables de la sociedad de inversión son finalmente condenados a penas de hasta 12 años de cárcel por los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales.

 "Fue el paradigma de las estafas piramidales", subrayan los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una sentencia publicada este viernes.

La resolución llega cuatro meses después de que el juicio quedase visto para sentencia. Una vista oral que se prolongó durante cerca de ocho meses y por donde desfilaron más de 150 personas, entre acusados, testigos y peritos. 

“[La estafa del Fórum Filatélico fue un hecho insólito e incapaz de repetirse. Fue el mayor fraude de la historia de España”, resumió durante la fase de conclusiones finales el fiscal Juan Pavía, que pidió 19 años de cárcel para el principal implicado en la trama, Francisco Briones, presidente de la sociedad de inversión. 

El Ministerio Público también solicitó 11 años y un día de prisión para los exconsejeros Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá.

El día que sacudió a los inversores

Los perjudicados por esta estructura piramidal tienen un dia grabado en la memoria: el 6 de mayo de 2006. El juez Fernando Grande-Marlaska intervino Fórum Filatélico, una sociedad de inversión en sellos de correos que llevaba casi dos décadas captando ahorradores y que ofrecía una rentabilidad muy superior a la banca.

 Pero aquella jornada, donde también se ordenó la entrada en Afinsa —una empresa que actuaba de forma similar—, todo saltó por los aires. Se destapó el modelo de negocio, basado en un esquema piramidal que consistía en garantizar grandes intereses a los clientes financiando sus beneficios con el dinero que aportaban los nuevos inversores reclutados.

Los afectados vieron entonces como se esfumaban sus ahorros. Los sellos adquiridos por Fórum estaban absolutamente sobrevalorados. El entramado afirmaba que contaba con estampillas por valor de 4.347 millones de euros, cuando su tasación por peritos independientes apenas sumaba 390,8 millones. 

Además, según mantiene la Fiscalía, los fondos captados por la sociedad —11.200 millones de euros entre 2000 y 2015— se habían evaporado. 

No solo carecía de patrimonio para devolver las aportaciones, sino que los montantes recaudados durante años se habían destinado a “alimentar la propia maquinaria piramidal”; a satisfacer las “cuantiosas retribuciones” recibidas por sus directivos; y a desviarse a toda una red de empresas extranjeras que se usaban para el blanqueo.

La justicia mercantil ya condenó en 2015 a los resposables de Fórum —Briones, Hijón, López, Fernández y Maciá, así como al administrador José Manuel Carlos Llorca, que se encuentra actualmente fugado de España—.

 La resolución los consideró culpables del concurso de la sociedad y les oblibaba a pagar 2.259 millones de euros a los perjudicados. Por su parte, la Audiencia Nacional condenó en 2016 a 12 años de prisión a 11 de los 13 directivos de Afinsa procesados por hechos similares."                  (J. J. Gálvez, El País, 13/07/18)

13.7.18

El libanés que montó un 'casting' de hígados en Valencia: "Quería al doctor de Abidal"

"Hatem Akouche, de 65 años, supo a finales de 2011 que su vida pendía de un hilo. Se lo dijeron los médicos del Hospital Dieu, uno de los mejores de Beirut, en Líbano, al comprobar que los tratamientos conservadores no habían funcionado y que la única opción para superar su cirrosis era someterse a un trasplante de hígado

Los facultativos le indicaron que, siendo Akouche una persona con grandes recursos económicos, lo más razonable es que fuese a Europa o Estados Unidos, ya que Líbano no dispone de especialistas en materia de trasplante hepático.

Akouche hizo fortuna hace una década, cuando compartió negocios agrícolas con Rafic Hariri, exprimer ministro del país, que fue asesinado en 2005 por Hezbolá. Después ejerció como alcalde en un pequeño pueblo a 70 kilómetros de Beirut, donde no hizo tanto dinero pero amplió su agenda de contactos. Cuando les compartió su problema de salud, muchos le hablaron de España y su fama internacional en trasplantes de órganos.

Akouche recurrió entonces a su hijo Ali, que había estado varias veces en España y mantenía contacto con unos primos palestinos con sede en Novelda. Akouche y Ali se trasladaron a España en 2012, pero pronto se encontraron con un gran problema: los extranjeros no pueden recibir un trasplante de un cadáver en nuestro país. A los libaneses, entonces, solo les quedaba la opción de encontrar a un donante que fuese compatible y con el que mantuviesen alguna relación afectiva, condición 'sine qua non' para ser admitido en el sistema de trasplantes.

De modo que Akouche, Ali y los primos de Novelda, según relatan fuentes de la investigación, organizaron un 'casting' en mezquitas y lugares de culto musulmán para obtener un trozo de hígado sano a cambio de 40.000 euros. "Ellos han declarado, tanto en el juicio como en entrevistas con la prensa, que desconocían que estuviese prohibido comprar órganos vitales por las leyes españolas y, por el descaro con el que se llevó toda la operación, es bastante creíble", detallan estas fuentes.

 Los libanes filtraron ocho candidatos, todos inmigrantes pobres y sin papeles, y con ellos se presentaron en la clínica Quirón de Valencia, donde fueron sometidos a una completa analítica, un TAC, una resonancia y una prueba de histocompatibilidad. La factura, de 12.000 euros, se pagó desde la empresa de Novelda.

De modo que los tres, los dos libaneses y el 'agraciado', un sintecho rumano, acudieron al Clínic de Barcelona para el trasplante. "Este era el motivo por el que vinieron, para que les operase el mismo cirujano que a Abidal", relatan los investigadores. Se trata del doctor Juan Carlos García-Valdecasas, exjefe de cirugía del hospital y uno de los más reputados cirujanos hepáticos del mundo, cuyo equipo frenó la candidatura del rumano en el tercer grado.

 No veían cómo un rumano sin techo de Valencia podía ser sobrino de un millonario libanés sin relación con España. Los doctores le recomendaron que se buscase a un familiar y su hijo resultó compatible. La investigación estima que Akouche finalmente pagó más de 100.000 euros por el trasplante legal, sin contar el pago a candidatos.

Los libaneses regresaron a su país, donde Akouche fue recibido por varios políticos como un héroe, y no repararon de que aquí las cosas se les estaban poniendo feas. Una de las candidatas, una marroquí de mediana edad, le contó a una voluntaria de Accem, una ONG que trabaja con personas sin hogar, que un millonario libanés le había ofrecido 10.000 euros por un trozo de su hígado, pero que finalmente había sido rechazada por ser mujer. 

La institución lo puso en conocimiento de la Guardia Civil que inmediatamente abrió una investigación. A los seis meses, cuando Hatem Akouche y su hijo regresaron a Barcelona para el primer chequeo de la intervención, fueron detenidos en el aeropuerto de El Prat. Ellos, junto a los dos primos de Novelda, se enfrentan a unas penas que sumadas podrían superar los 24 años de prisión.

El clan de los Radosavljevic

Este es el más reciente, pero no el único delito relacionado con el tráfico de órganos en España. Hay otro posterior, aunque juzgado antes, que nació fruto de una casualidad. En 2014, la policía de Tarragona estaba realizando escuchas a una banda de ladrones de chalets cuando descubrió que el hijo del jefe, un serbio llamado Tony Radosavljevic, sufría insuficiencia renal y necesitaba un trasplante de riñón. Tony, en situación irregular en España, se hacía pasar por su hermano, este sí con papeles, para acceder a la diálisis en la sanidad pública.

Varios miembros de la banda engatusaron a Abdallah, un 'okupa' marroquí sin recursos, para "hacerle unos análisis de sangre" a cambio de 6.000 euros. Durante unos días Abdallah fue a las revisiones en el BMW de los delincuentes, hasta que comprendió, superada finalmente la barrera idiomática, que le iba a ser extirpado uno de sus riñones. El marroquí, al que ya habían adelantado parte del dinero, empezó a dudar del negocio.

El 24 de abril de 2014, a la 1 de la tarde, un BMW azul se dirigía a una notaria en la Playa Miami, en Tarragona. A bordo iban tres miembros del clan Radosavljevic y Abdallah. No obstante, ya delante del notario, el marroquí se negó a firmar la cesión de su riñón por miedo a las consecuencias de la cirugía. Testigos de la notaría sostienen que los serbios llegaron a amenazarle con "sacarle la pistola", pero que finalmente todo quedó en gritos y mucha tensión.

No fue así. Dos horas más tarde, a las 3, los tres miembros del clan serbio, junto a otros tres más, se metieron en una furgoneta negra Mercedes y raptaron a Abdallah en la puerta de su casa. Le llevaron a casa del jefe de la banda, Zoran Radosavljevic, donde estuvieron golpeándole, insultándole y amenazándole durante más de media hora. 

Dos días más tarde, con toda las conversaciones grabadas por la policía, fueron detenidos todos los miembros de la banda en Tarragona. El Tribunal Supremo ratificó el año pasado los seis años de prisión a los que fueron condenados el líder de la banda, sus dos hijos y un marroquí que sirvió de enlace para encontrar a Abdallah.

"Es un delito que no existe"

Zoran Radosavljevic, uno de los ladrones de chalets más importantes de Europa, fue el primer condenado por tráfico de órganos en España. Desde que la ley llegase al Código Penal, en 2011, solo se han dado estos dos casos. "Es que es un delito que no existe en España. 

Sabemos que siempre va a haber alguien que lo intente hacer, pero estamos convencidos de que nuestros filtros funcionan, como se ha demostrado en estos dos casos", dice Beatriz Domínguez-Gil, presidenta de la ONT. "En ambos casos el papel de la ONT fue determinante para poner a estos individuos a disposición de la Justicia, pero no podemos olvidar que nosotros somos una autoridad sanitaria, no judicial. Nosotros no solemos denunciar a los pacientes cuyos donantes rechazamos".

En España, las personas que pretendan donar 'en vivo' a un amigo tienen que responder a varias preguntas. Si a la comisión de trasplantes no le quedan las motivaciones muy claras, automáticamente se suspende la operación. Es por eso que de los 1288 trasplantes de hígado que se realizaron en España el año pasado, solo 17 incluían a un donante vivo. 

 "Es muy difícil engañar el sistema de verificación de la ONT, porque nuestra política es de tolerancia cero. Estamos preparados para detectar estas prácticas delictivas siempre antes de que se produzca el trasplante", continúa Domínguez-Gil. "A este respecto, estamos a favor de que la Fiscalía reabra el caso de Abidal, del que nunca se nos ha consultado nada, tras las palabras de Sandro Rosell que leí en El Confidencial

La ONT no solo tiene influencia en España, sino que, como líder mundial en trasplantes, lleva la voz cantante en el panorama internacional. El año pasado, sin remontarnos más, consiguió que las Naciones Unidas aprobasen un documento por el que todos los países se comprometían a reforzar las medidas de control en el tráfico de órganos. Hace menos, apenas cuatro meses, la ONT lideró el veto europeo a Global Kidney Exchange, una institución internacional impulsada por el premio Nobel Alvin Roth. "El proyecto planteaba un trasplante renal cruzado en el que se incluyeran países pobres con donantes que no tenían por qué ser compatibles. 

El problema es que los receptores de países ricos se comprometen a pagar los gastos del pobre, que por otra parte recibiría el riñón de un tercero... es complejo de explicar, pero resulta obvio que el trato es 'yo te pago el tratamiento a cambio de un donante para mí'. Es una cosificación de las personas y decidimos no dejarlos entrar en Europa", dice la presidenta de la ONT.

"Quiero dejar claro a los ciudadanos que este problema no existe en España. En otros países de nuestro entorno sí, en Asia, en Egipto, en algunos países del Este... de esos no se habla nunca y son el verdadero problema. Lo que pasa es que esto le ha sucedido a un personaje muy llamativo y por eso está teniendo mucha exposición en los medios, pero deben saber que la ONT está llevando a cabo una investigación sobre el caso Abidal y se acabará sabiendo la verdad", remata Domínguez-Gil."                 (Alfredo Pascual, El Confidencial, 08/07/18)