31.7.17

Los domicilios de algunos fiscales anticorrupción han siso objeto de asaltos y ellos mismos reconocen ser objeto de acoso

"(...) Han pasado casi diez días desde que alguien allanó la casa del nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, justamente mientras tomaba posesión del cargo, y no es posible dejar pasar lo ocurrido, porque lo relatado hasta este momento coincide bastante con el cálculo de coincidencias de Nabokov: la empleada del hogar olvidó echar la llave al abandonar el piso, momento en el que uno o varios ladrones, que pasaban por allí, aprovecharon la ocasión para, mediante el facilísimo método del resbalón, entrar en la vivienda, revolverlo todo y llevarse una colección de relojes y unos cientos de euros.

Los hechos se produjeron en mitad de un gran escándalo que sacudió la carrera fiscal y que llevó a la dimisión del anterior Fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, pese a contar con el apoyo del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y del propio ministro de Justicia, Rafael Catalá. Moix solo estuvo 87 días en el cargo, pero en ese tiempo consiguió convulsionar a sus compañeros hasta extremos desconocidos. 

Forzado por la presión de prácticamente todas las asociaciones de fiscales del país, Maza terminó nombrando para sustituirle a quien antes había rechazado, Alejandro Luzón, un profesional con gran experiencia y prestigio. La noticia de que su casa había sido allanada justamente cuando estaba tomando posesión produjo estupor e inquietud entre muchos de sus colegas, que interpretaron el suceso como una posible advertencia.

 Para colmo, el allanamiento de la casa de Luzón no puede considerarse un hecho aislado porque existe constancia, como mínimo, de dos allanamientos anteriores en el domicilio de otro fiscal anticorrupción, en este caso de Murcia, una comunidad autónoma en la que el propio Fiscal Superior denunció acosos y amenazas y en la que el anterior presidente, Pedro Antonio Sánchez, ha sido finalmente procesado por fraude y prevaricación.

Se trata de hechos muy graves que alientan la sospecha y que exigen una investigación prioritaria… y que tenga éxito. No es posible que los fiscales anticorrupción de este país ofrezcan ante la opinión pública una imagen tan expuesta y vulnerable, precisamente cuando acaban de llegar ante los tribunales importantísimas tramas de corrupción económica y política, como la Gurtel o la Púnica

Es impropio de un Estado de Derecho que los domicilios de algunos fiscales anticorrupción sean objeto de asaltos y que ellos mismos reconozcan ser objeto de acoso, sin que se localice a los asaltantes, se identifique y castigue a los acosadores y se restablezca su imagen de autonomía e independencia. Cuanto más se tarde en aclarar qué sucedió en la vivienda del Fiscal Jefe Anticorrupción más se acentuará la debilidad institucional, el principal problema de la democracia española.

El ministro del ramo, Rafael Catalá, no ayuda, en absoluto, a mejorar la imagen institucional de la Justicia. Por el contrario, ha sido reprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados, que no confía en su gestión y que considera que incumple con sus obligaciones. Además, el ministro se caracteriza por pronunciarse a menudo sobre temas que exigirían precisamente su total neutralidad, por ejemplo, los relacionados con el ministerio fiscal. 

El pasado jueves, Catalá se mostró encantado con el ascenso de Guillermo García-Panasco, que ocupará un cargo en la Fiscalía General del Estado, pese a que el Tribunal Supremo anuló esta misma semana su investigación sobre la jueza Victoria Rossell, próxima a Podemos, y le reprendió duramente por vulnerar sus derechos de defensa. Para el ministro, “eso es una anécdota”. ¿Cómo no va a estar dañada la imagen de independencia del ministerio fiscal?"                (

Un juez investiga presiones de la Generalitat a peritos del 3%

"Un juez está investigando si una directora general de la Generalitat presionó a peritos del caso del 3%, a fin de conocer sus informes y controlarlos antes de que llegaran al magistrado que lleva esta causa. El Departament de Governació negó ayer los hechos y atribuyó la situación a un conflicto laboral por la reestructuración de un área.

Los informes que emitieron versan sobre la adjudicación de obras en varios ayuntamientos catalanes. Uno de los peritos, que han declarado ante la Guardia ­Civil, afirmó que una directora general de la Conselleria de Governació le dijo: “Siempre será mejor que lo controlemos nosotros que que lo controlen los otros, así lo podremos controlar mejor”.

Como es sabido, el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell y la Fiscalía Anticorrupción indagan la adjudicación de obra pública en Catalunya, bajo la sospecha de que las adjudicaciones se efectuaron a empresas que realizaran donaciones a las fundaciones de CDC.

En el marco de esta causa, el juez ha designado a varios peritos para que emitieran informes sobre los procesos de licitación. Las alarmas saltaron cuando uno de ellos remitió su análisis conteniendo el siguiente párrafo: “Este informe se emite con total independencia, imparcialidad y confidencialidad por parte del firmante, a pesar de los requerimientos de información recibidos”. Se da la circunstancia de que esta persona es funcionario de Administració Local de la Generalitat, y que las peticiones eran de sus superiores jerárquicos.

Este funcionario compareció ante la Guardia Civil y declaró que la directora general de la que dependía le indicó que no debía emitir ningún informe al juzgado que no fuera validado por ella, y que “siempre será mejor que lo controlemos nosotros que lo controlen los otros”. El perito le negó, siempre según su testimonio, la información, y entonces su jefa le expuso que ocupaba un puesto de libre designación “y que lo mínimo que se le podía exigir era lealtad”.

 Con posterioridad, solicitó una excedencia que le fue denegada, lo que interpretó como una represalia porque era la primera vez que ocurría, por lo cual ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Barcelona.

Otra funcionaria de la Conselleria de Governació de la Generalitat, que asimismo fue designada perito, también declaró ante la Guardia Civil para explicar que la misma superior le indicó que no debía enviarse ningún informe al juzgado sin que ella lo hubiera visto y que se le recordó esto varias veces.

 También añadió que se negó y que posteriormente a estos sucesos fue destituida de su ocupación en la Generalitat, cese que recurrió judicialmente y que ha sido suspendido. En este sentido, añadió que su abogada también recibió presiones para que dejara de representarla.

La Guardia Civil elaboró un atestado con los testimonios de los funcionarios al juzgado de El Vendrell que se encarga de la causa del 3%, y este remitió las diligencias a otro juzgado de la misma localidad, el número 2.

Una portavoz del Departament de Governació negó ayer que se hubieran producido presiones a peritos y atribuyó los sucesos a un conflicto laboral, suscitado cuando el cargo de Administració Local procedió a una reestructuración del personal de su área. Asimismo, añadió que la directora general afectada se ha puesto a disposición del juez para aclarar estos acontecimientos y que confían en la justicia."                (La Vanguardia, 26/07/17)

"El Ministerio de Cultura conocía la 'rueda de las televisiones' e hizo caso omiso"

"Antón Reixa fue presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hasta julio de 2013. Durante los 14 meses que ocupó el cargo, el compositor, productor y líder de la banda de punk Os Resentidos, denunció interna y públicamente la existencia de la "rueda de las televisiones", un entramado en torno a los derechos de autor cobrados por música emitida en programas nocturnos.

Pero lejos de tener consecuencias para los responsables de la estafa, la denuncia de la misma "provocó su caída". Así lo afirma en una entrevista con eldiario.es concedida tan solo unas horas después de que estallara la operación contra este  fraude de la propiedad intelectual que se ha saldado con la detención de 18 personas.



¿En qué consiste la "rueda de las televisiones"? 

Es un procedimiento muy sofisticado y complejo en el que una serie de intermediarios producen minutos musicales que venden a las televisiones. El esquema de negocio es el siguiente: los intermediarios le ceden a la editorial de cada cadena el 50% de lo que se llama el derecho editorial y del otro 50%, que habitualmente va para el autor, una parte se lo quedan ellos mismos y lo registran a su nombre.

Por lo tanto un porcentaje va a parar a estos intermediarios, personas que no son autores, que se declaran autores y figuran como tales en el registro de la SGAE teniendo derecho a voto. Normalmente el autor real queda fuera o minimizado en el porcentaje.

¿Dónde está el origen de la estafa?

Este negocio tiene que ver con que las televisiones pagan una licencia anual a la SGAE y esa cantidad está pactada de antemano. Esto supone que hay una parte que las teles recuperan a través de los derechos editoriales. Este es el inicio que pervierte el esquema.

Los estafados son fundamentalmente el resto de los autores. Una televisión paga al año una cantidad por todo el catálogo de la SGAE, lo que se llama "blanket licence" o "barra libre". Si una parte importante se destina a esas obras que se emiten en horario de madrugada y reiteradamente, minora la cantidad que perciben lo que llamamos "autores sanos". Estos pueden ser Paul McCartney, Alejandro Sanz o un tipo como yo que no tiene un repertorio especialmente exitoso. Hay una distorsión del reparto autoral bastante importante.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Cuando yo inicio estas investigaciones, en 2013, hablábamos de 25 millones pero es posible que llegue a los 50 millones. Pero hay que tener en cuenta otros beneficios. Además de recaudar como falsos autores, la SGAE tiene un sistema de voto ponderado por el cual tú tienes más votos según lo que recaudes.

¿Es decir que estos autores al final tenían mano en la SGAE?

Estos autores son los que tienen más poder político en la SGAE y además escogen testaferros que registran las obras. Uno de los posibles detenidos en la operación había registrado 6.000 obras en cinco años, le tendríamos que haber dado el Premio Mozart a la fecundidad autoral. 

¿Esta trama de la rueda, aparte del poder que tenía por los votos, tenía influencia en otros colectivos, en la dirección de la SGAE?

Hay un problema muy claro que ocurría en la directiva de la que yo fui presidente y en las que vinieron después, que es que teníamos un conflicto de intereses. Hay autores que están en la junta directiva, que es posible que no hayan cometido ningún fraude, pero hay un conflicto de intereses porque están contratados por esos intermediarios. 

¿Estos intermediarios podían ayudar a que directivos de la SGAE tuvieran ingresos extraordinarios por la "rueda de la televisiones"?

Imagínate que eres uno de los promotores de la rueda y yo soy miembro de la ejecutiva de la SGAE. Si tú a mí me das trabajo y en vez de quitarme el porcentaje que le quitas a autores, como eres un tipo influyente me lo dejas en el 50%, obviamente se produce un conflicto de intereses con estos directivos y una resistencia a investigarlo o a tomar soluciones que van incluso más allá.

¿Todas las televisiones han participado en este sistema? Porque en la parrilla prácticamente todas lo tienen.

Está muy generalizado. Lo han hecho televisiones privadas, televisiones públicas. Televisión Española lo ha hecho de una forma incluso creciente desde 2013. He hablado un montón de veces con las televisiones tratando de explicarles que sería más conveniente que tuvieran un sistema de pago por uso, no un porcentaje al año. Al ser una cantidad cerrada, sucumben a este sistema que les permite amortizar una parte, que en algunos casos puede suponer el 30%.

¿Y eran conocedoras del fraude?

De esa música hay algo que no es ilegal, que es que el 50% de los derechos editoriales lo tienen las mismas televisiones que amortizan así una parte de lo que pagan al año a la SGAE.

Gran parte de las televisiones podrían ser engañadas, ya que hay un fraude que consiste en que esas obras son registradas en la SGAE por un sistema que se llama declaración jurada. Tú vas a la ventanilla de autores, te declaras autor de una obra y a no ser que sea la Novena Sinfonía de Beethoven, la SGAE da por cierto que eso es así. Igual que esos falsos autores registran las obras, cuando firman contratos editoriales con las televisiones cometen el engaño de declararse autores de obras que no lo son o no lo son en su totalidad.

Cuando hago público esto, hay canales que hacen una auditoría interna y purgan a esos proveedores fraudulentos, e incluso a los cargos internos de su estructura corporativa que participaban en esto. Pero me temo que eso no ha funcionado en todos los casos. 

¿Sabía el Ministerio de Cultura lo que estaba pasando?

Sí, sí. Hay una responsabilidad importante del Ministerio de Cultura, que tiene obligación de tutela sobre la SGAE. Tienen la misma documentación que yo llevé en 2013 al Consejo y que ha sido la base de la investigación policial. Además, yo esto lo hablé más de una vez con los responsables de Cultura, les dije lo que estaba ocurriendo e hicieron caso omiso.

¿Qué podía haber hecho en aquel momento el Ministerio para frenar eso?

Fundamentalmente, lo que tendrían que hacer ahora. Sería muy importante para que no se paralice el sistema de retribución de la propiedad intelectual y que los autores sanos no salgan dañados, porque esto va a producir un colapso y una falta de credibilidad muy grande en la entidad. El Ministerio debería intervenir en la SGAE.

Además deberían crear una ventana única, que el Ministerio de Cultura genere una estructura que sea la que recaude por las obras a los usuarios del repertorio y los autores seremos los que nos repartiríamos eso. 

Lo increíble es que el sistema interno de la SGAE falló, que eso provocó mi caída, y que esto haya salido adelante gracias a un grupo de autores independiente agrupado en la Coalición Autoral que ponen esto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que investiga durante cuatro años.

Los falsos autores son los que aparecían copando los primeros puestos de recaudación de la SGAE.

En el 2012 veo la liquidación de ese año y me doy cuenta que en los primeros 15 puestos había autores absolutamente desconocidos al menos para mí. A partir de ahí se inicia una investigación interna y aparecen una serie de autores que son los que son motivo de investigación que acumulan tal registro de obras y tal recaudación que no se corresponde con la difusión real de su repertorio.

¿Cómo registraban obras de dominio público como el Adagio de Albinioni o el Canon de Pachelbel?

Eso es una parte pequeña del fraude, pero es una parte importantísima. Lo que hacían con estas obras que tienen un dominio público es registrar un arreglo. Se queda un valor añadido a la composición original y ese arreglo se puede registrar. Esos arreglos se falseaban.

Yo asistí a comisiones en las que las partituras de esos arreglos eran prácticamente fotocopias de las originales. Hice todo lo posible por disolver esto, no sé qué futuro habrá corrido, pero me costó bastantes disgustos.

¿Si las modificaciones de la música clásica son una pequeña parte del entramado, cuál es la gran parte? La Policía habla del fraude de la "música inaudible".

Soy músico y no me atrevo a calificar la obra que componen otros autores. La policía habla de "música de baja calidad". Será de alta o baja calidad, pero en todo caso su registro es fraudulento. Hay mucha música ligera, mucha música pop, música de todos los estilos que se benefician de una red que, además, tiene algo de arbitraria.

¿Por qué entran unos y otros no? Es un sistema totalmente arbitrario que se basa en un comportamiento mafioso. Obviamente entregas parte de tus derechos o no entras en esa red. Con el perjuicio que esto causa a los autores sanos.

¿Qué miembros de la junta directiva actual han participado en esa red?

No conozco la identidad de las 18 personas detenidas.  Es posible que haya alguno de la junta directiva, no lo sé. Pero sé que gran parte de los ingresos de algunos autores provenían de ese tipo de emisiones y eso obviamente genera un conflicto de intereses.

Hay directivos, por lo menos a partir de 2013, que quizá no han incurrido en ningún delito fiscal pero han protegido, al ser beneficiarios de esa red, los derechos de esos intermediarios.

La operación estalla justo a dos días de que se celebre la junta de la SGAE en la que se tenían que aprobar los presupuestos. ¿Cree que está relacionado?

No, la investigación ha seguido su ritmo, son cuatro años. Desde el momento en el que la unidad policial de propiedad intelectual empieza a investigar a mí me piden testimonio.

Tenían problemas para conseguir personas que testificasen y yo hice una declaración durante varias horas en varios días. La firmé porque al fin y al cabo lo que decía era lo mismo que yo había llevado ante el consejo de la SGAE, la información con la que mis propios compañeros de directiva consideraban que hacía mal en difundir de forma tan drástica. Sabía que habría una resistencia interna tan grande. Hice lo que creo que tenía que hacer en conciencia y lo que creo que debería haber hecho la propia sociedad de autores.

¿Cuándo fue la declaración?

Eso fue entre finales de 2013 y principios de 2014. Imagino que finalmente habrán encontrado muchos informadores. Hay hasta personas que están amenazadas por haber colaborado con esta investigación.

¿Por qué no se hizo nada pese a que esto se sabe desde hace años?

El gran fracaso de la SGAE fue que el reglamento interno que permite purgar estos fraudes no ha funcionado. Hubo un comité disciplinario que investigó a muchos de estos participantes en la rueda y no aplicó ninguna sanción. 

Eso es lo grave, que han pasado cuatro años y la SGAE no ha sabido resolverlo porque hubo un conflicto de intereses. Personas de la junta directiva y del consejo estaban en esta red, tenían mayor o menor implicación, pero sus ingresos dependían de ello y no tenían independencia suficiente para purgar esto.

A pesar de todo lo que se ha insistido, la imagen de SGAE no mejora porque continuamente pasan cosas de este tipo y esto es algo que se sabía desde hace años, y que lleva ocurriendo desde el año 2006-2007."                  ( /   , eldiario.es, 20/06/2017)

"En el juicio del Palau la Generalitat solo busca librar a Convergència"

"La recta final del juicio del caso Palau ha provocado una réplica del terremoto que causaron las confesiones de Fèlix Millet y Jordi Montull sobre la financiación ilegal de Convergència. La Generalitat, a instancias del PDECat, ha forzado que el Palau de la Música no acuse a Convergència, por lo que no podrá reclamar los 6,6 millones que presuntamente Ferrovial abonó al partido en comisiones ilegales a cambio de obra pública a través del auditorio.

El Govern ha contado con la ayuda del Estado.  Los representantes del ministerio de Cultura no acudieron a la reunión para resolver la actuación del auditorio en el juicio que celebró el viernes el Consorcio del Palau, el ente donde están representadas las administraciones públicas.

Solo el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado un giro en la acusación que abrace las tesis de la Fiscalía y la acusación popular que ejercen los vecinos de Barcelona. El representante municipal en el Consorcio, Joan Llinares (Alzira, 1953), el hombre que hizo limpieza en el Palau tras décadas de saqueo de Millet y Montull, atiende por teléfono a este diario a media tarde de este lunes. 

Ada Colau acaba de enviar una carta a Carles Puigdemont para que convoque una nueva reunión del Consorcio este martes. Si no hay un giro inesperado de los acontecimientos, la Generalitat no convocará la reunión y el Palau no acusará a CDC el miércoles, cuando eleve a definitivas sus conclusiones en el juicio.

Este lunes han hecho una última llamada para que se convoque una nueva reunión del Consorcio. ¿Han recibido respuesta?

No. Esta tarde [del lunes] hemos enviado una petición formal para pedir una reunión urgente del Consorcio para este martes.

¿Están obligadas a asistir las otras administraciones?

No están obligadas porque por ahora [la tarde de este lunes] no está convocada la reunión. Estatutariamente, quien tiene la potestad de convocarla es el president de la Generalitat.

¿Es habitual que los representantes del Estado, la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, Montserrat Iglesias, y el subdirector general del INAEM, no vengan a una reunión del Consorcio, como ocurrió este viernes?

En el caso del Palau, los representantes del Estado siempre habían acudido a las reuniones hasta la del viernes pasado. Además, esta reunión fue excepcional porque se llegó a tener que votar sobre la acusación a Convergència porque el debate había quedado estancado. No había pasado nunca.

¿Qué alegaron para no venir?

Solo nos han dado una explicación: problemas de agenda.

¿Nada más?

El Estado (y los acusados en la causa, aunque por motivos distintos) sería el principal beneficiado de que el Palau no pidiera decomisar los 6,6 millones a Convergència. Si lo ordena la sentencia, los millones decomisados no irían al Palau sino al fondo estatal de decomisos al tratarse de comisiones a cambio de obra pública, es decir, a las arcas del Estado en vez de a las del Palau.

Desde la Generalitat aseguran que la decisión es "jurídica", porque los fondos del Consorcio solo forman parte del saqueo de Millet y Montull y no de las comisiones de Ferrovial a CDC, que se habrían enmascarado a través de la Fundación.

En la Fundación también están representadas las administraciones públicas, además de en el Consorcio. La actitud de la Generalitat recuerda a la época de Millet: para lo que interesa es el Orfeó, para lo que interesa es la Fundación y para lo que interesa es el Consorcio. Pero en realidad el Palau de la Música es una estructura única. Si se mantuvo la estructura anterior fue para que se pudiera recuperar el dinero del saqueo.

El Consorcio, y las tres administraciones que lo forman, tendría que ser el garante de que las cosas se hagan bien. Si esto implica exigir que la sentencia decomise 6,6 millones a CDC para que reviertan al Palau, se tiene que exigir. Lo tendríamos que pedir todas las administraciones, no solo el Ayuntamiento de Barcelona.

¿La decisión de la Generalitat es política?

Hasta el 2011 el Consorcio acusaba a los presuntos autores de los delitos de tráfico de influencias y blanqueo en la pieza separada del caso Palau sobre la financiación irregular de CDC. Pero cuando CiU gana las elecciones y vuelve al Govern, lo primero que hace es ordenar que se retire la acusación contra el partido.

 ¿Por qué se podía acusar en 2011 y ahora no? Es una decisión política, no jurídica. Argumentos jurídicos para acusar tenemos muchos. El Palau de la Música ha sido víctima de unos delitos y por lo tanto reclama que se le resarza como institución.

Santi Vila ha dicho que ya verán lo que hacen cuando haya sentencia. ¿Se puede reclamar un dinero con la sentencia dictada, si no se ha pedido antes?

Después de la sentencia no se puede hacer nada si no se ha pedido antes. En las últimas semanas la Generalitat solo ha buscado la manera de eludir sus responsabilidades y librar a Convergència, a Daniel Osàcar y a Ferrovial. Su argumentario solo busca impedir que CDC devuelva 6,6 millones.


Se les han puesto sobre la mesa las periciales del juicio y la jurisprudencia existente. Nuestra obligación es defender los intereses de una institución, el Palau, que ha sido víctima de un saqueo. El Palau se usó como tapadera para perpetrar varios delitos. Si los 6,6 millones los pide el Consorcio o la Fundación es secundario, lo importante es que el decomiso se controle desde la institución y asegurar que el dinero se revierta en el Palau.

¿Ha revivido los problemas que le pusieron cuando quiso hacer limpieza en el Palau?

Esta situación me ha recordado a mis tiempos en el Palau. Las posiciones que defendían ciegamente a Convergència dificultaron nuestro trabajo sin pensar en los intereses del Palau como institución. Millet pudo construir su trama por la división de entidades del Palau, entre Orfeó, Consorcio y Fundación, que él manejaba como presidente único, sin ningún control ni ninguna fiscalización por la hiperprotección que recibió desde las más altas instituciones políticas."               (eldiario.es, 15/05/17)

28.7.17

CatLeaks: la Generalitat de Mas amañó contratos por valor de 500 millones. Artur Mas y sus altos cargos crearon un sistema opaco capaz de burlar todos los controles de la Administración


 Esquema de las vinculaciones entre miembros del Govern y las empresas concesionarias.

"La Generalitat de Cataluña, con Artur Mas como presidente, creó una red para amañar contratos públicos de forma sistemática y entregar así hasta 500 millones de euros en cinco años (2011-2015). Parte de esos contratos, según las pruebas a las que ha podido acceder EL ESPAÑOL, fueron manipulados tras la intercesión directa de altos cargos y miembros del Ejecutivo catalán, con el exconseller de Justicia Germà Gordó como correa de transmisión y con el tesorero de Convergència Andreu Viloca a la cabeza. Muchos de esos contratos fueron repartidos a empresas afines que financiaron después a Convergència con fuertes cantidades de dinero. 

La documentación que hoy presenta EL ESPAÑOL supone la primera entrega de una investigación periodística desarrollada desde noviembre de 2015, y pone al descubierto la mayor filtración de documentos de una Administración autonómica.

EL ESPAÑOL ha podido acceder a documentación confidencial del Gobierno de Artur Mas, a todos los expedientes de las obras públicas licitadas desde 2011, a los informes de valoración que nunca se incluyeron en dichos expedientes y a comunicaciones internas de todos los funcionarios, altos cargos y responsables políticos que participaron en la toma de decisiones. En total, casi 2.000 gigas de información que suponen más de 113.400 imágenes, 36.500 archivos de texto, 23.520 archivos pdf y 364.980 correos electrónicos que confirman el saqueo sistemático de las arcas catalanas en favor de unos pocos. 

La conclusión del análisis de toda esa documentación es clara: tras su llegada a la Presidencia en 2011, Artur Mas y sus altos cargos crearon un sistema opaco capaz de burlar todos los controles de la Administración. Y con ello, entregaron a dedo obras millonarias en un momento delicado. Mientras la Administración rozaba la quiebra, sus gestores engordaban tanto las arcas del partido como las de algunos colaboradores.

Además, se utilizaron las empresas públicas de la Generalitat como una oficina de colocación para militantes de Convergència, y cuando estalló el escándalo del 3%, altos cargos de la Generalitat intentaron acallar las críticas ocultando informes internos que ahora desvela EL ESPAÑOL. 

 

El silencio de Mas 


Era jueves 30 de junio de 2011 cuando Artur Mas recibió el correo de su amigo y colaborador Blai Serena. "Querido Presidente: Ahora que ha comenzado un proceso de concursos en GISA [la empresa pública que reparte los contratos de obra en Cataluña], quiero contarte cuál ha sido la realidad del periodo 2004/2010, es decir, quién ha disfrutado de las preferencias del tripartito".

Cinco meses antes, Mas había llegado a la Presidencia de la Generalitat tras años de un gobierno de coalición formado por PSOE, Esquerra Republicana e Iniciativa, que para el nuevo president y los suyos pecaba de ser poco nacionalista. "Pienso que debemos tener memoria. Tú decidirás cuánta quieres tener", le recuerda al nuevo presidente su colaborador, antes de enumerar las empresas que, a su juicio, han obtenido sin merecerlo concursos públicos en Cataluña.

"Ayesa, con sede en Sevilla, aterrizó en nuestra casa en 2004 y ha crecido como una seta. Su principal activo ha sido el PSOE, hasta el punto de impedir el paso a ingenierías catalanas a la hora de participar en concursos internacionales. Por ejemplo, un pacto Chaves-Montilla impidió que ninguna ingeniería catalana pudiese presentarse al proyecto del metro de Panamá", apunta Serena. 
Artur Mas no movió un dedo. 

Nunca denunció el caso en la Fiscalía ni abrió una investigación interna tras su llegada a la Presidencia para garantizar que empresas como Ineco, Grecat o Euroconsult obtuvieron sus contratos de forma legítima. Ni siquiera cuando uno de sus altos cargos reconoce al conseller de Economía Andreu Mas-Colell -en un escrito sin sello oficial y remitido a la cuenta de su secretaria- que el sector está acostumbrado a la "política de reparto de trabajo efectuada hasta ahora por la Administración catalana". Es decir, que no siempre era la mejor oferta la que ganaba el contrato, sino que los fondos se repartían a discreción en una práctica conocida y prolongada a lo largo de los años a costa del dinero del contribuyente

 

Cónclave secreto de empresas catalanas


El Ejecutivo de Mas evitó cualquier pesquisa sobre los años del tripartito. Y para garantizar el catalanismo de GISA -la agencia encargada de repartir el maná público de las adjudicaciones-, el Govern nombró como presidente al ingeniero de caminos Joan Lluís Quer, hombre de confianza de Mas. A la semana de acceder al cargo, Quer organizó una reunión con el "núcleo duro del sector" a la que sólo podían acudir empresarios catalanes.

Fue una cena secreta, tal y como demuestra la documentación aquí recogida. Se organizó desde un correo externo a la red de la Generalitat y estaba vetada a empresas no catalanas. "No querría ningún follón al respecto y la mínima publicidad a ser posible", explicaba el máximo responsable de la contratación de obra pública en Cataluña. Y sus deseos se cumplieron, a juzgar por el listado de los convocados.   

Fue Joan Lluís Quer quien decidió en 2011 aprobar la creación de la OTA, o lo que es lo mismo, el engranaje sobre el que pivota el sistema de amaño de contratos en la Administración catalana. Sobre el papel, la Oficina Técnica de Adjudicaciones era un mecanismo pensado para revisar las valoraciones de los técnicos y evitar que estos fueran comprados por las constructoras. Con el argumento de dar garantías a la contratación, en realidad se creó un sistema para modificar cualquier licitación al antojo de los líderes de Convergència. 

Tal y como acredita la documentación en poder de EL ESPAÑOL, desde esta oficina se cambiaron puntuaciones para beneficiar a constructoras que estaban en realidad hasta 40 puestos por debajo, facilitándoles así ganar un contrato. Por delante de ellas había competidores cuya oferta era más ventajosa para la Generalitat, tal y como demostrará EL ESPAÑOL en los próximos días. Se descartó entonces a 39 empresas más baratas para el bolsillo del contribuyente.

La manipulación política de estas licitaciones fue reconocida incluso por el máximo responsable de la Oficina Técnica de Adjudicaciones, Jaume Cortasa. En una declaración jurada cuyo original se reproduce bajo estas líneas, Cortasa admite con su firma que el director general de Infraestructuras, Josep Antoni Rosell, le pedía "variar la puntuación técnica de las licitaciones de manera que la mejor valoración fuese la de un determinado licitador". Es decir: se le solicitaba manipular los resultados del concurso para que ganase la empresa elegida por el alto cargo de Artur Mas. 

 

Una empresa para todos los amaños


Técnicos falseando puntuaciones, reuniones secretas con empresas afines, políticos intermediando para empresas privadas... Pero la llegada de Artur Mas a la Presidencia tuvo además otro resultado: la concentración de poder en las figuras de Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell al frente de las licitaciones públicas.

En mayo de 2012, la empresa pública Gerencia de Infraestructuras (GISA) se fusionó con otras dos entidades públicas, llamadas Regs de Catalunya y Regs del Sistema Segarra-Garrigues. Nació así Infraestructures, el gigante de la licitación pública en Cataluña. Y con esa operación, todos los contratos que antes eran revisados por otro equipos de funcionarios, comenzaron a visarse también con el sistema que facilitaba los amaños controlado desde la OTA. 

¿Quién ideó esta medida? ¿Quién centralizó las licitaciones en un sólo sistema? Gordó y el equipo de Artur Mas en una estrategia meditada. El 9 de marzo de 2011, el secretario del Govern recibió un correo desde GISA. En él, el máximo responsable le empresa pública le recuerda que "uno de los puntos fuertes" de GISA "es que la Generalitat dispone de una buena máquina de licitación, auditada y controlada por todos los organismos existentes". "Creo que eso ha de ser motivo para concentrar en la medida que lo creas oportuno estas labores, como me has manifestado siempre", añade. Y así se hizo.

A partir de 2012, la Generalitat multiplicó de forma exponencial la cantidad de dinero que pasaba por las licitaciones de GISA. Y después, de Infraestructures. En 2011, con España en plena crisis, el organismo otorgó 31 millones de euros en obras principales. En 2012 la cuantía saltó a 98. Fueron 157 millones de euros en 2014 y 176 en 2015.

El volumen de las licitaciones se multiplicó por cinco desde que la Generalitat fusionó sus empresas públicas. El año de esa fusión (2012) fue también el año en el que la fundación de Convergència recibió más fondos de donantes vinculados a la construcción: 1,2 millones de euros según sus propias cuentas. 

Sin embargo, el papel de Gordó no era sólo el de señalar a determinados empresarios para que fueran recibidos u organizar la nueva estructura societaria de la empresa pública. Mientras fue el hombre fuerte del gobierno catalán, recibió cada mes un ranking con las empresas que más dinero y contratos se habían llevado de la Administración catalana. Se trata de una hoja de Excel que era actualizada cada treinta días y que se suministraba también a todos los miembros del consejo de GISA.

Ese listado no informaba de los criterios de eficiencia en la ejecución de las obras; se limitaba a ordenar las empresas en función del porcentaje de la tarta que se habían repartido. Las primeras compañías de ese ranking eran habitualmente Emte o Copisa, dos firmas investigadas desde 2015 en la trama del 3%.

 

Contratos con la Administración al borde de la quiebra


Desde la llegada de Convergència al poder en diciembre de 2011 fue Gordó quien alentó a los directivos de GISA para que licitaran obra pública, pese a la ausencia manifiesta de fondos y el riesgo evidente para las arcas de la Generalitat y, por ende, del Estado. "Este año no sacaremos nada nuevo. No hace falta que te diga cómo están las cosas", escribía el presidente de la empresa pública el 15 de marzo de 2011 tras recibir otra petición del conseller Puig para recibir a una empresa de ingeniería.

Ese mismo día Gordó recibió un listado completo de las obras "adjudicadas y no iniciadas" por GISA. Es decir, las obras comprometidas pero paralizadas por falta de fondos. "Ya ves que el tema es preocupante. Así que antes de pensar en sacar cosas nuevas, tendríamos que ver si damos salida primero a éstas", le explican desde la cúpula de la empresa pública. 

Pese a ello, Gordó y Quer apostaron por dar un nuevo impulso a las contrataciones, un plan extraordinario de equipamientos públicos de cuya importancia convencieron al conseller de Economía. Así, solo un mes después de que Quer anunciara la ausencia de contratos para 2011, Gordó recibe el primer aviso desde GISA para cambiar de criterio; arrancan de nuevo las licitaciones: "Buenas tardes Germà. Te adjunto la primera relación de actuaciones que estaríamos en condición de licitar en julio". "Ok. Vamos poco a poco para no generar turbulencias. Economía lo está digiriendo bien", contesta Gordó, preocupado por las reticencias de su compañero Andreu Mas-Colell

El 7 de octubre de 2011, Gordó explica que ha hablado con Artur Más y que han decidido "llevar adelante todo el proceso de los 500 millones de euros de licitación". La contestación de Joan Lluís Quer no deja lugar a dudas: "En septiembre dejamos de pagar 12 millones de euros en certificaciones por temas de tesorería, generando un gran follón en el mercado. No sé si tiene mucho sentido continuar haciendo gasto en obras sabiendo que no podemos atender a los pagos".

 

Los manejos de Viloca


Si no había dinero para licitar obras, si era perjudicial para la Generalitat y malo para el sector, ¿por qué tanta prisa en abrir concursos públicos? Sobre el papel, la intención del equipo de Artur Mas era regar con fondos de la Administración un sector asfixiado por la crisis y garantizar así la supervivencia de las constructoras y las empresas de ingeniería catalanas. Sin embargo, de forma soterrada y paralela, el Govern había arrancado un proceso mucho más oscuro.

El 13 de mayo de 2011, mientras Gordó urgía a la empresa pública para que licitara contratos pese a carecer de fondos con los que costearlos, el tesorero de Convergència, Andreu Viloca, se reunía con dos empresarios en la sede de CDC. Según los datos de la agenda personal del tesorero, uno de ellos era Sergio Lerma, responsable de la empresa Oproler, y el otro, Jordi Soler, directivo de la constructora Grupo Soler. Según la documentación incautada por la Guardia Civil, ambos estaban interesados en un concurso de 5,3 millones de euros, una licitación para construir un colegio en Mataró

El 28 de septiembre de 2011 GISA anunció, contra todo pronóstico y pese a una evidente asfixia financiera, la apertura del concurso público para ese colegio. El 6 de octubre de 2011, tras varias reuniones con los constructores, la agenda de Viloca registra la siguiente frase: "Llamar a Rosell, de Gisa". Se trata del mismo Rosell señalado por Jaume Cortasa como la persona que le daba las instrucciones para manipular contratos a la OTA.

El 7 de octubre, 24 horas después y el mismo día que Viloca se reúne de nuevo con Sergio Lerma, se envía un correo en el que Gordó asegura que el presidente ha dado el visto bueno para licitar 500 millones de euros. El 22 de diciembre de 2011, una filial del Grupo Soler llamada Electrónicas Soler ingresa un cheque a Catdem, la fundación de Convergència, por valor de 50.000 euros. Dos meses después, el 14 de febrero de 2012, GISA adjudica el contrato a ambas empresas (Oproler y el Grupo Soler), que concurrieron juntas.

Esta línea temporal de presiones, visitas y adjudicaciones se repite al menos en otros seis casos investigados ya por la Justicia. En otro de los contratos investigados, concedido a Tec-4, la licitación se anuncia dos semanas después de los correos de Gordó. En este caso, la Guardia Civil constata una nueva reunión entre el tesorero de Convergència y el director general de GISA, esta vez el 12 de marzo de 2012.

En la obra concedida a Teyco, otra de las constructoras investigadas, la licitación del contrato analizado por la Justicia arranca el 3 de noviembre de 2011. Un día antes se anuncia oficialmente otra licitación investigada, esta vez para la empresa Copisa. En este caso, y según los datos que maneja la Justicia, los empresarios abonaron en dos tandas otros 50.000 euros al partido de Artur Mas y Carles Puigdemont. "                    (Daniel Montero Alejandro Requeijo   , El Español, 24/07/17)

27.7.17

La Audiencia de Madrid absuelve a Ruiz Gallardón y al resto de los acusados del caso Guateque, tras anular todas las pruebas

"La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a todos los procesados del juicio por el caso Guateque tras considerar que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son "nulas" y "carentes de validez", ya que la grabación de un testigo protegido que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización del juez Santiago Torres y al margen de cualquier procedimiento penal.

En el banquillo de los acusados se sentaron treinta acusados de formar parte de una supuesta trama de licencias exprés asentada en el seno del Ayuntamiento de Madrid de la época del mandato Alberto Ruiz-Gallardón.

En el juicio, los abogados solicitaron al tribunal que declarara nula la grabación obtenida por un empresario, una prueba que propició que se impulsara el proceso judicial. La nulidad de esta prueba da lugar a que se aplique la denominada teoría de 'los frutos del árbol envenenado' es una doctrina que hace referencia a las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita que contaminan el resto.

El fiscal, que pidió al inicio una suma de 250 años de cárcel, rebajó solo las penas a los procesados que reconocieron los hechos de los que se les acusaba. En cambio, mantuvo la pena para el resto, entre ellos para el exjefe de División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos, y los once años de prisión para su superior, Joaquín Fernández Castro.

Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento.

En el marco de la instrucción estuvieron cumplieron prisión preventiva un total de diez imputados, entre ellos los presuntos cerebros de la trama. Seis años después, se acordó la imputación formal de 34 personas por delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales. El juicio llegó diez años después de que estallara la trama.

Grabación sin autorización

La sentencia afirma que el auto de incoación del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid se fundamentó en una supuesta grabación espontánea realizada el día 6 de marzo de 2007 por un ciudadano por su cuenta y por sus propios medios, pues así resultaba del atestado, y "no en lo verdaderamente sucedido, que de haberse puesto en conocimiento del juzgado, tenía que haber sido determinante para declarar la nulidad de la grabación y el consiguiente sobreseimiento y archivo de las actuaciones".

Los magistrados destacan que ha quedado demostrado que, en contra de la versión sostenida en el atestado de la Guardia Civil, fueron miembros de la Unidad Orgánica de la Comandancia del Cuerpo de Madrid (Tres Cantos) quienes entregaron al denunciante una grabadora de pequeñas dimensiones y una cinta magnetofónica.

Lo hicieron con "la finalidad de que grabara la conversación que iba a tener lugar ese mismo día en el despacho profesional de la persona que realizaba los proyectos técnicos en sus negocios de hostelería, con quien mantenía una antigua relación de confianza".

"La grabación debía hacerse sin conocimiento del interlocutor y la conversación versaría sobre una supuesta petición de dinero, realizada a un funcionario del Ayuntamiento de Madrid para la tramitación rápida de un expediente", señala el fallo.

Tres días después, tras valorar el contenido de lo grabado, desde la jefatura de dicha unidad, se ordenó a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil que se tomara declaración al denunciante sin que en el atestado levantado ese mismo día se hiciera referencia a que los medios técnicos con los que se grabó la conversación habían sido facilitados por la propia unidad.

Por el contrario, de la lectura del atestado resultaba que había sido el denunciante quien 'motu propio' había decidido grabarla con sus propios medios. "Ni la grabadora ni la cinta magnetofónica con la conversación supuestamente registrada fueron entregadas en el juzgado de instrucción", agrega el texto.

Sin motivación

El auto que dio origen a la instrucción y que acordó, entre otros extremos, el secreto de las actuaciones y la intervención de varios teléfonos, continúa la sentencia, carece de "verdadera motivación", pues la que contiene se asienta exclusivamente en el relato falaz obrante en el atestado de la Guardia Civil.

Los magistrados manifiestan que, por tanto, la grabación adolece de valor probatorio y subrayan que "el contenido mendaz del atestado policial que dio origen a la presente causa es un método fraudulento ideado para conseguir la iniciación del proceso penal mediante el ardid de presentar la grabación de unas conversaciones obviando el dato esencial relativo al método empleado para su obtención".

Los magistrados entienden que a este respecto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es unánime al señalar que la exigencia de motivación de la resolución judicial que acuerda las intervenciones forma parte del contenido esencial del artículo 18.3 de la Constitución Española.

Esta premisa constituye "una exigencia inexcusable" por la necesidad de justificar el presupuesto legal habilitante de la intervención, para lo que es esencial que el atestado policial explicite los elementos indispensables que permitan realizar el juicio de proporcionalidad y hagan posible su control posterior.

Según resalta el fallo, la deliberada omisión en el atestado de los datos esenciales para que el juzgado de instrucción pudiera resolver con un mínimo conocimiento de lo ocurrido, determinó que la resolución careciera de una verdadera motivación, vulnerándose el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y generándose una patente indefensión.

Los magistrados indican en la misma línea que "se vulneraron todos y cada uno de los requisitos jurisprudencialmente" exigidos en la incorporación al proceso de la grabación magnetofónica que dio origen a la denuncia, ya que, dicen textualmente, ésta no sólo no supera lo controles de legalidad constitucional ni los de estricta legalidad ordinaria, sino que ni siquiera existe.

"Es inexplicable que no se haya aportado la cinta original al juzgado, ni que éste haya requerido su entrega o, al menos, realizara alguna indagación al respecto. Resulta igualmente paradójico el silencio que sobre este extremo guardaron las acusaciones durante la instrucción, mutismo que se ha extendido al acto del juicio oral, en el que no ha prestado declaración ninguna persona que hubiera escuchado la grabación original".

La Guardia Civil, de "mala fe"

Para concluir, la sentencia considera que resulta evidente que los agentes de la Guardia Civil actuaron de "mala fe", estando encaminada su intervención a la obtención de una fuente de prueba mediante una acción vulneradora del derecho a la intimidad, tratándose de una infracción deliberada para conseguir la iniciación del proceso penal.

Este hecho inicial tiene, en consecuencia, una eficacia contaminante sobre el resto de las pruebas practicadas, también en relación con la de confesión efectuadas por varios acusados, al estar directamente relacionadas con el resultado de las intervenciones telefónicas que consideraron válidas y que han resultado nulas de pleno derecho".                      (Público, 19/06/17)

26.7.17

El final del caso del juez estrella. El TSJC declara extinta la responsabilidad criminal de Pascual Estevill

"El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha declarado la extinción de la responsabilidad criminal del exjuez Luis Pascual Estevill en haber cumplido la condena de prisión y haber pagado la multa de casi dos millones de euros que le impusieron por extorsionar a empresarios . 

Con esta extinción se pone punto y final al llamado caso Estevill, un caso protagonizado por el que fue considerado el juez estrella en la primera mitad de la década de los años 90.

Lluís Pascual Estevill llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU. Su caso coincidió con el tiempo con el caso De la Rosa protagonizado por Javier de la Rosa que en la misma década se consideraba el empresario modélico en Cataluny.

Estevill fue condenado en enero de 2005 a nueve años y cuatro meses de prisión, 15 años y cuatro meses de inhabilitación y multa de 1.803.036,31 euros al considerar probado que junto al abogado Juan Piqué Vidal acordaron extorsionar varios empresarios entre 1990 y 1994.

 El ex juez ingresó en prisión el 20 de octubre de 2006 después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena, y el 20 de noviembre de 2011 se acordó su licenciamiento definitivo una vez aprobada la liquidación de la pena.

Estevill ya contaba con una condena firme de siete años de cárcel por delito fiscal en enero de 1999 y otra de seis años de inhabilitación como juez por prevaricación continuada en julio de 1996."                    (e-notícies, 16/07/17)

21.7.17

40 años de feudalismo y corrupción en el deporte español

"En 2008, Ángel María Villar llevaba dos décadas como presidente de la Federación Española de Fútbol y ya era una figura manifiestamente turbia. El entonces presidente Zapatero se comprometió públicamente a sacarlo del sillón. Para ello, el Gobierno dictó una norma que obligaba a convocar elecciones en la federación, con una prohibición de que se presentaran quienes llevaban determinado tiempo en el cargo.

Villar llamó en su auxilio al primo de Zumosol. Joseph Blatter, presidente de la FIFA, se presentó en Madrid y amenazó con expulsar al fútbol español de todas las competiciones internacionales. Era un farol evidente, pero funcionó: el Gobierno socialista se comió su reglamento y Villar, eufórico tras ponerlo de rodillas, proclamó chulescamente: “Llevo 20 años de presidente y si me da la gana seguiré 250 años más”. Hasta hoy.

Aquel episodio es un epítome de los dos males inmemoriales que aquejan al deporte español: el feudalismo en sus estructuras y la corrupción masiva e impune en su funcionamiento. A los que hay que añadir el amparo de unos organismos internacionales del deporte que son mandarinatos igualmente feudales y corruptos y una sociedad narcotizada, a la que solo le interesa que le garanticen su dosis cotidiana de espectáculo y de triunfos, adobada de retórica patriotera.

Buenos conocedores de la historia aseguran que el cáncer del deporte español, que ahora estalla, tiene su origen en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Aquellos Juegos fueron otorgados en 1986, en una votación urdida por Samaranch, entonces presidente del COI. Coincidió con la época de las grandes transformaciones estructurales en España: todo, desde la sanidad a la educación, pasando por las pensiones, la administración pública, la industria o el sistema financiero, se reformó para adaptarlo a lo que necesita un país democrático y moderno.

La nominación olímpica operó como un paralizante de cualquier cambio en las estructuras oficiales del deporte. Todo se supeditó a la organización del evento. ¿Quién iba a emprender cambios de fondo en la gobernación deportiva cuando había que hacer frente al enorme reto del 92? Gran coartada. El poder omnímodo de Samaranch, una criatura del franquismo que caciqueaba a su antojo en el deporte mundial y en el español, tampoco ayudaba a la renovación.

Los Juegos triunfaron, y después vino un diluvio de éxitos de deportistas españoles, convertidos en estrellas mundiales. Ahí se terminaron las ganas de cualquier Gobierno —si es que alguna vez existieron— de meter mano a las podridas y obsoletas estructuras del deporte.

El deporte es el único sector de la vida pública española al que aún no ha llegado la transición democrática. Sus federaciones son preconstitucionales, sus directivos son en su mayoría presumidos zánganos cooptados por sus pares cuya única aspiración es eternizarse en la poltrona, y nada diferencia a este Ángel María Villar de aquel Pablo, Pablito, Pablete que José María García hizo tristemente famoso.

Inmediatamente después vino una riada de dinero. Con la explosión de los derechos de televisión, el deporte de competición se convirtió en un negocio fabuloso que mueve miles de millones. En un contexto de ausencia total de controles y de inhibición de los poderes públicos, floreció la corrupción.
Esto que afecta a todo el deporte se multiplica por 10 en el caso del fútbol, por obvias razones de tamaño. 

Una federación podrida dirigida por golfos apandadores, clubes arruinados por gestiones temerarias, fichajes fraudulentos, futbolistas multimillonarios que estafan a Hacienda y reciben tratamiento de héroes… El circo continúa y todos felices, pero su patio trasero es un gigantesco estercolero.

El fútbol español —que se alimenta, entre otras cosas, de las quinielas y de subvenciones públicas— ha llegado a acumular una deuda superior a 1.000 millones de euros sin que ningún Gobierno y ningún Parlamento se hayan sentido obligados a exigir responsabilidades. Desde 1977 ha habido 13 secretarios de Estado de Deportes: dos de UCD, cinco del PSOE y seis del PP. Por su ejecutoria, pueden clasificarse en dos grupos: cómplices pasivos y cómplices activos. Unos se han dedicado a disfrutar del cargo viajando por el mundo, forofeando gratis y colgándose las medallas que ganaban los deportistas mientras hacían la vista gorda. 

Otros decidieron participar del botín, y no les extrañe ver cómo más pronto que tarde alguno de ellos acompañará a Villar en su camino hacia los juzgados.

Para ser justos, hay que hacer una excepción. Entre 2012 y 2016, Miguel Cardenal y un equipo de funcionarios encabezado por Fernando Puig hicieron lo que no había hecho ninguno de sus antecesores: cumplir con su deber de supervisar el funcionamiento y las cuentas del deporte español. Investigaron, abrieron los cajones para encontrar en ellos una montaña de porquería, establecieron una colaboración estrecha con la Fiscalía, sacaron de su modorra a la Agencia Tributaria… Hoy ya no están, pero quienes los quitaron de en medio llegaron tarde, porque la maquinaria policial y judicial se ha puesto en marcha y ya no se detendrá.

Todas las revelaciones a las que hoy asistimos —y las que vendrán— son el fruto de su trabajo. Gracias a él, los presidentes de las tres federaciones más grandes (fútbol, baloncesto y tenis) han sido empapelados y hasta 10 más están siendo investigados por la policía y por la Justicia. Por cierto, hace solo unas semanas, el presidente del Comité Olímpico Español ratificó a Villar en su comité ejecutivo y se congratuló de la defenestración de Cardenal.

La lucha contra la corrupción en el deporte ha despertado. Pero la política aún tiene una asignatura pendiente: hacer que sus estructuras de gobierno atraviesen la barrera del sonido de la democracia, aunque sea con 40 años de retraso. Que salgan del feudalismo. Esa es la tarea del Gobierno y del Parlamento, y descorazona comprobar que ningún partido, ni siquiera los que pretenden representar la nueva política, se anima a dar el paso. Es mucho más fácil y más agradecido poner tuits jaleando a Nadal.

Desaparecido el Politburó del PCUS, quedan dos poderes en el mundo mundial que aún funcionan como regalías medievales: el Comité Olímpico Internacional y la Curia vaticana. Yo de mayor quiero estar ahí."                (Ignacio Varela, El Confidencial, 19/07/17)

20.7.17

Blesa, hallado muerto. El símbolo del poder de una época termina en tragedia y silencio

"Al que una vez fue un gran núcleo en las relaciones de poder en Madrid no le quedaban ya amigos en el mundo de la política ni de la empresa. Muchos le dieron la espalda tras publicarse los gastos de las tarjetas black y un buen grupo de sus allegados poderosos estaba tan en entredicho en la última época como él mismo.

Miguel Blesa (Linares, 1947), desde su posición como presidente de Caja Madrid, repartió juego entre prácticamente todos los actores relevantes de la Comunidad (también la oposición), lo que le ayudó a permanecer en su puesto tres lustros y también a mantener una adulterada paz social. Pero era difícil encontrar este miércoles, tras su muerte, una buena palabra o un lamento ante la noticia de su muerte.



El Gobierno de Mariano Rajoy ha mantenido un significativo silencio tras  el fallecimiento del expresidente de Caja Madrid. A pesar de las buenas relaciones que mantuvo siempre con el Partido Popular, el Ejecutivo no ha mandado un comunicado de condolencias ni aclaró si se había puesto en contacto con la familia para trasladarle el pésame. Miguel Blesa era afiliado al Partido Popular, que tampoco ha emitido ningún comunicado y se ha limitado a trasladar a los periodistas que se ha hecho llegar el pésame a la familia.

"No hay ninguna postura oficial [del Gobierno]. Los que lo conocíamos sentimos mucho su fallecimiento y nos unimos al pesar de su familia", declaró el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, tras salir de una reunión con el consejero de Hacienda del País Vasco, Pedro Azpiazu, sobre el Concierto Vasco.

El silencio ha sido también la respuesta del expresidente del Gobierno José María Aznar tras el deceso del que fuera su amigo íntimo. Ni la página web de Aznar ni la Fundación FAES emitieron información alguna sobre la muerte del exdirectivo de la caja. Blesa tenía una fuerte amistad con Aznar desde que coincidieron en la delegación de Hacienda de Logroño a finales de los años 70.

Aznar fue clave para que Blesa llegara a ser presidente de Caja Madrid, que lo subió al pedestal de la entidad financiera seis meses después de ganar las elecciones en 1996. Blesa no tuvo solo amigos entre los populares. 

En 2009, el presidente de Caja Madrid se alió con el entonces alcalde de la capital para luchar en una pugna descarnada contra Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, que pretendía colocar a su número dos, Ignacio González, al frente de la caja. La guerra interna en el PP madrileño fue tal que obligó a Mariano Rajoy a intervenir para apaciguar las aguas y colocar a Rodrigo Rato como presidente de la entidad.

Fue Aznar uno de los primeros en darle la espalda. El expresidente le pidió un favor, la compra de unos cuadros del pintor Gerardo Rueda, y Blesa no le pudo complacer. "Con los pelos que se ha dejado por ti y han sido muchos, me parece impresentable lo que has hecho o no has hecho", le dijo el hijo de mayor de José María Aznar a Miguel Blesa en un SMS que el expresidente de Caja Madrid reenvió a su correo electrónico que consta en los Correos de Blesa. "No se merecía esta decepción", continuaba el mensaje recibido en julio de 2009. José María Aznar Botella abroncaba así al amigo de su padre.

La política del PP, Mercedes de la Merced, ya fallecida, intentó interceder en la pelea mediante otro SMS. "Me dice el alcalde que Aznar está triste por la negativa de la caja a su proyecto, Alberto también está molesto. ¿No se puede retomar? ¿Quién lo vetó? ¿Puedo hacer algo yo?”.

Mercedes de la Merced está fallecida y "el alcalde" Alberto Ruiz Gallardón también es una figura pública en entredicho por las pesquisas de la Justicia en la trama del Canal de Isabel II. Las operaciones Gurtel, Púnica y Lezo han puesto en el punto de mira a un alto número de políticos del PP de la época (finales de los noventa y toda la década de los 2000), que compartieron copas, safaris y fiestas con el fallecido banquero.

Otra de sus amigas, la que aparece en la foto junto con José María Aznar, Carmen Cafranga, también condenada por las black, aparece un día sí y otro también entre los escándalos de la Operación Lezo, al ser socia de las hermanas Cavero (mujer y cuñada de Ignacio González) en los numerosos negocios que promovía la trama.

Los correos hablaban de favores al que era entonces presidente de Bancaja (José Luis Olivas), condenado ya a un año y medio de cárcel; a Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal, multicondenado y semi-residente de Soto del Real, de donde acaba de salir en un permiso penintenciario. También de favores del exministro José Barrionuevo, al que no le quieren ver ni en su anterior partido, el PSOE; o de enchufes al entorno Esperanza Aguirre, escondida tras el escándalo de la Operación Lezo. Aguirre y Blesa se llevaban muy mal, aunque el presidente de la caja tuviera que contentar a la presidenta de la Comunidad.

Otro empresario que salía a menudo en los correos, Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital en su momento y al que Blesa ofreció la presidencia Iberia, también es uno de los que más aparecía en los correos. Y también está condenado por las black.

Rodrigo Rato y los otros 63 condenados de las black evitan aparecer en público. Entre ellos Javier López Madrid, compiyogui, que aparece en las tramas de corrupción de la Comunidad de Madrid.

La coincidencia de fechas es una de las claves para entender el resorte del escándalo que provocó que en un país en el que casi no se dimite,  se sucedieran las renuncias. Difícil digestión tiene para un preferentista saber que en ese fatídico día en el que se dio luz verde a la colocación de 2.200 millones de euros en preferentes, Carmen Contreras, directora de auditoría de la entidad, se gastara 1.250 euros en un tratamiento de belleza. A cargo de su 'black'. A cargo de los fondos de una caja que precisamente acudía a buscar los ahorros de sus clientes para no quebrar.

Miguel Blesa, presidente entre 1996 y 2010 de Caja Madrid, y auténtico artífice del sistema de sobresueldos mediante las tarjetas, fue el primer financiero español tras la crisis en pasar la noche en la cárcel por la desastrosa gestión de una caja de ahorros. Las cámaras le fotografiaron saliendo de Soto del Real con una elegante bolsa de viaje de cuero. El banquero se gastó 3.400 euros en Louis Vuitton con la visa fraudulenta en apenas un año.

El tren de vida que describía la investigación de  Los Correos de Blesa, yates, safaris, joyas, se había pagado con las tarjetas fraudulentas. Después de un lustro escuchando que los españoles habían vivido por encima de sus posiblidades, miles de víctimas de la crisis financiera descubrieron que la realidad era aún peor.

La salida a Bolsa de Bankia, que acabó siendo un pufo para sus miles de accionistas y terminó precipitando el rescate financiero de la entidad, se regó con buen vino. El 20 de julio de 2011, los usuarios de la 'black' brindaron casi 6.000 euros tras el toque de campana.

Los correos de Blesa terminarán siendo el testamento apócrifo del Inspector de Hacienda. El hilo conductor de aquellos casi 7.000 mensajes, entre los cuales se encontraba el correo de las black, pasaba por cómo repartir juego entre distintos políticos, administraciones, empresarios e instituciones para que con el dinero y el poder de la caja todos estuvieran contentos. Hoy casi todos guardan silencio."                    ( /   , eldiario.es, 19/07/2017)

Detenido Ángel María Villar, presidente de la RFEF: sus chanchullos más sonados

"Hablar de 'fúrbol' en España es hablar de Ángel María Villar, presidente de la RFEF durante los últimos 29 años, reelegido hace unas semanas para seguir en el cargo otra legislatura más y detenido este martes junto a su hijo Gorka, su ex vicepresidente económico Juan Padrón y el secretario de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Ramón Hernández Baussou.

 Han tenido que venir de fuera de la casa del fútbol español para señalar que él y todas las territoriales y directivos que le han aplaudido durante décadas estaban siendo irregulares en su procedimiento, tan irregulares, valga la redundancia, que en 2008 y el año pasado pudieron dejar a España sin Eurocopa y esta temporada pasada al Real Madrid sin Champions League. Estas hubieran sido las mayores patadas de Villar al fútbol español.

En 2008, España recibió la amenaza del desterrado Joseph Blatter por la orden ministerial que obligaba a las federaciones que no acudían a los Juegos a convocar elecciones a la presidencia antes de Pekín 2008: "Si el Gobierno español, a través del Consejo Superior de Deportes, sigue interfiriendo en los asuntos del fútbol tendrá que asumir que sus clubes y su Selección salgan de las competiciones internacionales.

 Sería muy duro, pero yo tardaría sólo seis horas en convocar, escuchar y decidir la exclusión de España en el Comité de Urgencia de la FIFA. España no podría jugar la Eurocopa ni los clubes españoles seguir en la Champions y en la UEFA". El año pasado ocurrió algo similar y, al final y como era la norma, no pasó nada y la figura de Villar salió reforzada de cada una de esas acciones.

Aparentemente, y por más que Miguel Cardenal, el expresidente del CSD, lo hubiera denunciado, Villar y su Federación se estaban saltando las normas (una ley ministerial) a la torera y este ejemplo a la vista de todos añadía dudas sobre otros procesos en los que el presidente había estado involucrado, pero de los que siempre salió indemne. Sus chanchullos más famosos han sido los dos últimos: el presunto trato de favor a Recreativo de Huelva y Marino (de Tenerife, como su implacable escudero Juan Padrón) y el presunto fraude con los 1,2 millones de euros de las arcas públicas para el amistoso en Haití.

La imagen del TAD, en duda

Gracias a esta ayuda del CSD para Haití se ha podido tirar del hilo. Villar y sus hombres estaban acostumbrados a trabajar con dinero procedente de empresas privadas y, en cuanto no ha sido así, la Justicia se le ha echado encima.

 Ahora está en un entorno que no maneja tan bien como el del fútbol y el mundo del deporte, de cuyo tribunal —el TAD— también salió indemne con el mencionado caso de Recre y Marino cuando 'ganó' por 3-2 la votación de dicho tribunal: "Es totalmente lícito y absolutamente habitual en muchas o todas las federaciones la adopción de medidas normativas, económicas, etc, que conlleven la colaboración o la ayuda a los clubes”, explicó el TAD hace menos de un año.

 Hay más episodios grises aunque menos sonados, como cuando retrasó las elecciones de la Federación el año pasado para prepararse su 'examen' para ser presidente de la UEFA. Finalmente no encontró apoyos suficientes y debió cancelar su candidatura.

 Como el mencionado caso de 2008, volvió a saltarse a la torera las normas y fue imputado por presunta prevaricación administrativa en las elecciones (querella impuesta por el candidato a la presidencia Miguel Ángel Galán). Por cierto, por aquel entonces no tenía el reglamento electoral aprobado.

La última 'remontada' de Villar

Recientemente, en El Confidencial relatamos cómo ese 'partido' en el TAD lo ganó con una remontada similar a la del PSG-Barcelona. Así se redactó: "Uno de los tres nuevos miembros del Tribunal Administrativo del Deportivo (TAD), letrado del Consejo de Estado, cambió su voto a última hora, lo cual propició que la impugnación de Jorge Pérez a las elecciones a la RFEF no prosperara y, lo que es aún más bochornoso, que el 'partido' cambiara radicalmente, pues de un 4-2 inicial se pasó a un 3-3 que en realidad fue un 3-4. ¿Cómo? Pues muy sencillo. 

En ausencia del presidente, que decidió abstenerse y con ello redujo los miembros del TAD de siete a seis, el vocal Andreu Camps hizo valer su voto de calidad como su sustituto, algo que es legal, pero poco habitual por una simple cuestión de decencia". 'Casualmente', Camps tiene una relación directa con Gorka Villar en cursos y masters promovidos por la RFEF.

Todo se quedaba en casa, hasta que han venido de fuera para levantar alfombras y cuestionar si el hombre que pronuncia 'fúrbol' debe seguir a los mandos del buque deportivo más importante de España."                    (El Confidencial, 18/07/17)