"Sibucu, una empresa de tan solo cuatro trabajadores y
sin ninguna relación conocida con el sector sanitario se terminó
convirtiendo en una distribuidora habitual de material contra el
Covid durante la pandemia, lo que le llevó a crecer en aproximadamente
un 4.000% en 2020.
Aquel año, en el que las administraciones -entre ellas Madrid y Galicia con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo
a la cabeza- recurrían a la empresa que más fácil se lo ponía para
acceder a material sanitario para salvar vidas, esta sociedad -que
controla la empresa de iluminación MoonOff- cerró el curso con una facturación de más de 31 millones de euros. Venía de una cifra de negocio de algo de menos de 765.000 euros en 2019.
Lo que es lo mismo, Sibucu multiplicó hasta por diez sus beneficios, saltando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año.
En el mismo tramo de tiempo, el resultado de explotación se disparó
hasta los 4 millones de euros -estaba en 159.000 antes de la
pandemia-, el patrimonio neto se situó en 1,5 millones y los socios
acordaron repartir cerca de dos millones en dividendos: una cifra que
multiplicaba por tres su facturación en 2019.
Muchas autonomías recurrieron a la firma, pero Feijóo y Ayuso repitieron
En los últimos días, la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) recordaba que la Xunta de Galicia, entonces gobernada por el ahora líder del PP- puso a la venta “mascarillas falsificadas”
tras cerrar contratos con esta compañía. Fuentes de la asociación
contaban a ElPlural.com que elevarían la causa ante la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude (OLAF) o el Tribunal de Justicia Europeo.
Hay que explicar que Sibucu 360 firmó acuerdos con distintas regiones y Ayuntamientos, incluido el de José Luis Martínez-Almeida antes de que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño
contactaran con el Consistorio. Así las cosas, Sibucu la sociedad fue
la primera en hacer negocio con Cibeles, el 20 de marzo de 2020. En
total, se llevó 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2
Pero las comunidades de Ayuso y Feijóo repitieron después de que la
compañía repartiera mascarillas con sellos falsos. En concreto, se
vertieron alertas sanitarias en mayo de 2020 por cuatro tipos importados
desde China, publicándose el riesgo en el sistema de alerta rápida para
productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) y en la red de alertas del Ministerio de Consumo.
De manera más detallada, parte de las mascarillas que distribuyó la
compañía tuvieron que retirarse por tener una certificación irregular,
ya que estaban validadas por un laboratorio italiano que carecía de
acreditación para ello. Esto impulsó la apertura de un expediente por parte del Instituto Galego de Consumo
ante el que uno de los socios expresó que se trataba de un “fraude del
laboratorio” que afectó a 80.000 mascarillas cuando se habían
distribuido 80 millones.
En Madrid, el 10 de agosto del primer año de pandemia el hospital La Paz invirtió medio millón de euros,
tal y como destapó ElPlural.com. Además, la Consejería de Sanidad
madrileña contrató con la misma empresa la venta de mascarillas y
filtros por valor de 14.980 euros -en julio- para el Hospital Ramón y Cajal.
Por su parte, la Xunta acudió de nuevo a los servicios de esta marca
en junio del año siguiente, después de haberle comprado 2,3 millones de
mascarillas por valor de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3
por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución
entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete
áreas sanitarias de la región.
Historia de Sibucu
Sibucu 360 S.L se constituye en 2014 como una sociedad clásica de
tenencia de activos, pero más tarde iría ampliando su objeto social para
incluir la inversión inmobiliaria o los servicios de consultoría, entre otras actividades de prácticamente cualquier tipo, como el comercio de productos de perfumería.
Sin embargo, fue la implantación de MoonOff en China la que le permitió
disponer de la capacidad para importar material sanitario en el momento
de máxima emergencia.
En 2018 se convierte en administradora única de la empresa de
iluminación coincidiendo con la inhabilitación por fraude fiscal de José Ramón García, fundador de Blusens e impulsor de MoonOff -de la cual sería máximo responsable hasta el momento de su condena- y conocido por Feijóo.
Respecto del entonces responsable gallego, cabe destacar que la firma llegó a ofertar mascarillas un 15% más baratas
que el resto de los competidores y un 134% por debajo del coste de la
oferta más cara. Lo que es lo mismo, la Xunta llegó a adquirir
mascarillas por 50 céntimos la unidad.
Versión de Sibucu 360
Tras las informaciones publicadas por ElPlural.com, la empresa ha
dado su versión de los hechos y matizado algunas cuestiones que ha
explicado a través de un comunicado.
Desde la entidad señalan que la compañía tiene “entre más de sus
2.000 clientes de productos sanitarios y equipos de protección
individual a administraciones públicas como comunidades autónomas,
diputaciones y ayuntamientos de todos los signos políticos; distribución
farmacéutica, farmacias, supermercados, grandes superficies, hospitales
o empresas del sector privado” y que “de los 142 millones de unidades
unidades de producto sanitario y EPIs entregadas, no más de un 20% se distribuyó a administraciones públicas hasta la fecha”. Asimismo, sostienen que se trata de firmas “homologadas” a todos los niveles.
A pesar de ello, no niegan haber importado una partida de “80.000 mascarillas” entre “más de 142 millones de unidades de producto sanitario”. “En seguida comunicamos la incidencia a los clientes afectados y se notificó en el RAPEX para poder recuperar esas unidades”, aspotillan.
En la misma línea, aseguran que “ni Sibucu ni ninguno de sus socios han tenido ni tienen vinculación con ningún partido político” y que “ni
la Comunidad ni la Xunta se encuentran entre los clientes a los que
fueron entregadas y, posteriormente, recogidas las unidades marcadas de
forma incorrecta”, aunque ambas entidades acudieron a la firma después de conocer la incidencia." (Rubén Rozas, El Plural, 29/02/24)
"En julio de 2011, mientras se preparaba para debutar como
diputada en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso vivía pendiente del
email. Una compañía participada por su padre, un empresario con
larga trayectoria en el sector sanitario, especializado, entre otras
cosas, en la venta de instrumental y maquinaria, no estaba en
disposición de devolver un aval de 400.000 euros concedido por la empresa semipública Avalmadrid.
Preocupada
por las repercusiones que eso podía tener en el patrimonio de su
familia, la hoy líder conservadora contactó con el ente avalista para
pedir información, tal y como reveló EL PAÍS. Nacía el caso Avalmadrid,
primero de una ristra de cuatro polémicas por los negocios de la
familia y del entorno de Ayuso con el mundo sanitario que han culminado
este martes al conocerse que su actual pareja, Alberto González Amador, ha sido denunciado por presuntamente defraudar 350.951 euros a Hacienda en sus negocios (principalmente con QuirónSalud, según recoge la denuncia).
Caso Avalmadrid.
Esta entidad semipública, según el discutido dictamen de una comisión
de investigación de la Asamblea, habría dado un trato “preferente” y
“personalizado” a Ayuso en 2011, cuando informó a la entonces diputada popular
sobre las condiciones de un aval concedido a una empresa participada
por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000
euros. El dinero nunca se recuperó en su totalidad. Y, antes de
cualquier impago, la hoy presidenta de la Comunidad aceptó la donación
del piso paterno, que así quedó luego fuera del alcance de los acreedores.
La operación había despertado dudas incluso dentro de Avalmadrid.
“El inmueble no cumple la actual normativa urbanística”, advertían los
tasadores tras visitar la nave del padre de Ayuso, que servía de
principal aval, situada en un polígono industrial de Sotillo de la
Adrada (Ávila). “Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea
derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna”.
Cuando
empezaron los impagos, y no logró recuperar dinero tras negociar,
Avalmadrid decidió cederle la deuda a una empresa especializada en
cobros —una práctica que el ente tuvo que abandonar años después por la
polémica que causó que se conociera su empleo—. Nadie quiso la nave que
había servido de garantía. Todo fue denunciado a la Fiscalía, que no
observó delito alguno y archivó el asunto.
Caso Tomás Díaz Ayuso.
Es 11 de noviembre de 2021. La oposición en bloque abandona el pleno de
la Asamblea de Madrid para protestar porque se haya expulsado a la
socialista María del Carmen López por decir lo siguiente sobre Tomás Díaz Ayuso,
hermano de la presidenta y comisionista en el sector sanitario: “Se
dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a
qué empresa hay que contratar”.
Para entonces, el PP de
Pablo Casado llevaba meses investigando un contrato de la Comunidad de
Madrid con la empresa Priviet para lograr mascarillas durante lo peor de
la pandemia a cambio de 1,5 millones de euros. El encargo fue concedido
por la vía de emergencia (a dedo) a una empresa liderada por un amigo
de la infancia de los hermanos Díaz Ayuso en Sotillo de la Adrada
(Ávila). Priviet Sportive SL, que se dedicaba al negocio textil y
ganadero, obtuvo el encargo el 1 de abril de 2020, tras presentar un breve email con la oferta.
A cambio, entregó 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 a 6,05 euros cada
una. Como resultado, el hermano de la presidenta, que negó conocer el
contrato, obtuvo una comisión de 234.000 euros.
Desde
entonces, el caso ha sido desestimado por las Fiscalías española y
europea, pues los investigadores no encontraron prueba alguna de tráfico
de influencias (“ninguna indicación, llamada, recomendación o
sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta
contratación”) ni conflicto de interés prohibido por la ley, puesto que
su hermano no era administrador o accionista de Priviet. En cambio, sus
consecuencias políticas fueron de primera magnitud: le costó el puesto a
Casado, que dejó paso a Alberto Núñez Feijóo como líder del PP.
Sismédica. La presidenta regional es propietaria al 50% de la sociedad limitada Sismédica, según su declaración de bienes oficial,
que recoge que el valor de la compañía es de 1.502,53 euros. El
administrador de la sociedad es su hermano Tomás. La ocupación principal
son los bienes inmuebles, aunque en su objeto social se incluye que
también realiza labores como “la compraventa, importación, exportación” y
distribución de “productos de electromedicina” y “en general de
materiales y productos de carácter científico”. La empresa no figuraba
en la primera declaración de bienes de la presidenta regional en la
Asamblea, que fue posteriormente rectificada para incluirla.
Caso González Amador.
La Fiscalía firmó el 13 de febrero una denuncia por dos delitos de
defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil
contra un grupo de cinco personas que incluye a Alberto González Amador,
pareja de Ayuso, según un escrito adelantado por eldiario.es y al que accedió EL PAÍS.
El
total de lo presuntamente defraudado a través de una trama de facturas
falsas ascendería a 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda,
correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, en los que
los denunciados realizaron negocios relacionados con la pandemia del
coronavirus, siendo el principal cliente el gigante sanitario Quirón.
Este grupo gestiona cuatro hospitales de la red pública de la Comunidad
de Madrid ―Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el
Infanta Elena y el Hospital General de Villalba―. De Quirón proviene
también la actual consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute." (Juan José Mateo, El País, 12/03/24)
"Asier Atutxa, licenciado en sociología por la Universidad de Deusto e hijo del entonces consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, llegó a director de recursos humanos del recién inaugurado Museo Guggenheim con menos de 30 años. La contratación generó tanta polémica que el Tribunal de Cuentas del País Vasco se vio obligado a intentar investigar si alguno de los otros 200 candidatos estaba mejor capacitado que el exjefe de las juventudes del PNV, EGI, pero la agencia que se había encargado del proceso de selección respondió que había destruido el documento. Años más tarde, Atutxa pasó a ser miembro del Bizkai Buru Batzar, desde donde saltó a la presidencia del Puerto de Bilbao, para después fichar como responsable en Euskadi de PwC. Desde entonces, la consultora ha recibido multitud de contratos públicos, conviertiéndose en una empresa altamente conectada con el funcionamiento de la administración pública vasca.
Otro sociólogo por la Universidad de Deusto, el ya exdiputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial Imanol Pradales, cuyo padre trabajó en la Consejería de Interior, es el ahora candidato del partido para lehendakari. Para sustituirlo en la Diputación de Bizkaia han elegido a Carlos Alzaga, hasta ahora director del Puerto de Bilbao. Hordago ha podido constatar que solo unos días antes esta entidad contrató a Iratxe Aurrekoetxea Villa, hija del número dos del PNV, Joseba Aurrekoetxea, conocido como Tachenko, formado en la Universidad de Deusto.
La legislatura se agota, y tras la reciente decisión de Iñigo Urkullu de anunciar la celebración de las elecciones el próximo 21 de abril, algunos jeltzales se han dado prisa por colocar a sus familiares en entidades públicas. Recientemente, El Correo ha desvelado que la jelkide Amaia Ruiz de Biñaspre, la secretaria del Araba Buru Batzar, y a su vez asesora de la presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, colocó el pasado mes a su hija, Ane Miren Atín, como secretaria de esta institución.
Mediante el proceso de selección para tres plazas de administrativos en el Puerto de Bilbao, según recogen las bases administrativas del mismo, “se trata de identificar a la candidatura que mejor se adapta al puesto de trabajo, evaluando los conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes, para comparar las que reúne el/la candidato/a con las requeridas para la ocupación convocada”.
Añaden las bases que “con este sistema se pretende asegurar el ajuste de la persona en la realización de las funciones y tareas que se exigen desempeñar en el puesto de trabajo, una vez que se incorpore a éste”.
Al proceso de selección para las tres plazas se presentaron 89 candidatos, aunque siete no fueron admitidos. Finalmente, a la segunda prueba del proceso solo llegaron 22 candidatos. Iratxe Aurrekoetxea fue elegida como la tercera mejor candidata para un puesto de administrativa el pasado 26 de febrero de 2024, días antes de la designación del director del Puerto, Carlos Alzaga, como sustituto de Imanol Pradales en la Diputación de Bizkaia.
La hija del número 2 del PNV pasará a percibir un salario bruto anual de 28.233 euros, junto a una retribución en especie (aproximada) de 1.163 euros.
El Tribunal de la contratación
Los miembros del Tribunal constituido para el proceso de selección fueron nombrados por la Presidencia del organismo portuario, dirigida por Ricardo Barkala, quien fuera edil del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao con Iñaki Azkuna al frente del consistorio. Entre los miembros figura Itziar Sabas, directora de Recursos Humanos y Organización del Puerto de Bilbao, cuyo nombramiento fue denunciado en los juzgados por uno de los candidatos debido a la falta de transparencia en el proceso de contratación y al peso que había tenido su apellido.
Se trata de la sobrina de José Luis Sabas, quien tuvo que dimitir de su cargo de director del Hospital Santa Marina tras conocerse que se saltó el protocolo de vacunación del coronavirus. José Luis fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao entre 1999 y 2003, con Iñaki Azkuna al frente del consistorio, y además llegó a ser miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
Según rezan las bases administrativas del proceso de selección, “los miembros de los Tribunales se abstendrán de intervenir en el proceso, por las causas establecidas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas”.
En concreto, el artículo 23 menciona los siguientes motivos para abstenerse: “tener interés personal en el asunto”, “tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo” o “amistad íntima” “con cualquiera de los interesados”. También se añade que la Presidencia del Puerto de Bilbao puede “solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias antes mencionadas”. El número dos del PNV
El partido define a Joseba Aurrekoetxea, miembro del Euzkadi Buru Batzar y exteniente alcalde de Portugalete, como “experto en Política Social y Servicios Sociales”. Exconsejero de la compañía energética Enagás y de la firma farmacéutica Zeltia, Aurrekoetxea es conocido en el Puerto de Bilbao también por su presencia en el consejo de Bahía de Bizkaia Gas, entidad que ha convertido a la entidad pública en el puerto gasista más importante del Estado español.
En ocasiones, debido a la estrecha colaboración existente entre la Autoridad Portuaria y Bahía de Bizkaia Gas, al secretario de organización del PNV se le ha visto acompañado de Carlos Alzaga en algunos eventos y reuniones. La participación de Aurrekoetxea en este tipo de entidades fue definida como puerta giratoria por EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y reprochada por Greenpeace y Ecologistas en Acción.
Alzaga hizo carrera en la constructora Dragados, fue alto cargo del Gobierno Vasco, concretamente responsable Territorial de Puertos de Bizkaia entre 1994 y 2013. Durante ese periodo, una empresa dirigida por Asier Atutxa, Ingeteam, fue adjudicataria de contratos en puertos vizcaínos como Bermeo y Mundaka, unas “obras” que le sirvieron de aval al PNV para presentarlo como candidato ideal para la presidencia del Puerto de Bilbao.
Como muestra del modelo clientelar del PNV, Asier Atutxa, siendo directivo de la entidad portuaria, adjudicó a PwC la “asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2018-2022)”. Ocurrió a principios de 2017 y, apenas un año después, Atutxa llegaba a la empresa beneficiada con los 150.000 euros de esa adjudicación.
Para cerrar el círculo, a finales de 2021, una mesa de contratación presidida por Carlos Alzaga, entonces director del Puerto y ahora sustituto de Imanol Pradales en la Diputación, adjudicó a PwC la “asistencia técnica para la elaboración del plan estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao: 2022-2026”, con un coste superior a los 100.000 euros. Puertas giratorias
Bajo las presidencias de los dos cargos orgánicos más cercanos a los jeltzales, Asier Atutxa (2013-2018) y Ricardo Barkala (2018-actualidad), al organigrama de la dirección del Puerto se han incorporado nombres relacionados con el partido como Ekaitz López Amurrio, director Económico Financiero y a su vez miembro de la Junta Extraterritorial del PNV en Madrid, o Andima Ormaetxe, director de Comercial, Logística y Operaciones que en 2019 formó parte de la lista electoral del PNV en Mungia.
Aunque también hay lugar para otros familiares del partido, como es el caso de otra hija de Joseba Aurrekoetxea, Igone, con un contrato en prácticas en el departamento de salud, prevención y medio ambiente de la Autoridad Portuaria de Bilbao antes de fichar por Petronor, o la hija del exlehendakari José Antonio Ardanza, Nagore Ardanza, coordinadora de Bilbao PortLab en la Fundación Puerto y Ría de Bilbao. Más recientemente, se incorporó Arantza de la Llosa, candidata del PNV en Sestao que desde el 1 de septiembre de 2022 ostenta el cargo de Jefa de Sistemas de Información." (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 12/03/24)
"La corrupción que salpica al Ministerio de Transportes
durante el mandato de José Luis Ábalos —su principal colaborador, Koldo
García, cobró supuestamente comisiones ilegales por facilitar el negocio
a una empresa determinada— ha resucitado la sospecha sobre el colosal
pillaje que se produjo en la venta de mascarillas al sector público
aprovechando la situación de emergencia de los tres primeros meses de
pandemia. Varios cientos de empresarios dieron grandes pelotazos
—beneficios millonarios, fáciles y rápidos— a costa de vender
mascarillas a las administraciones por precios desorbitados. El sector
público adjudicó en ese periodo hasta 2.000 millones de euros en
material sanitario sin apenas controles, suspendidos por el decreto de
alarma: se permitió contratar de emergencia productos sanitarios sin
concurrencia de ofertas, ni límite de precios, ni acreditación de
solvencia o de experiencia en el sector. El Congreso y el Senado se
disponen ahora a investigar esos hechos tras estallar el escándalo del
denominado caso Koldo.
El
Tribunal de Cuentas fiscalizó entre 2020 y 2022 miles de contratos de
la administración central (ministerios de Sanidad, Transportes y otros),
de los ayuntamientos más poblados de España y de comunidades autónomas.
En la mayoría de estos contratos encontró numerosas irregularidades:
las adjudicatarias que no demostraban su solvencia ni habían acreditado
experiencia en el sector fijaban unos precios aparentemente excesivos,
pero no encontraban ningún reproche penal, ya que estas operaciones se
producían en un momento en el que las reglas estaban suspendidas por la
emergencia sanitaria que sufría el país.
En
esas condiciones, numerosos empresarios sin escrúpulos lograron
beneficios muy superiores a los de su actividad habitual. El Tribunal de
Cuentas puso en sus informes cientos de ejemplos de esta situación,
amparada por el decreto de alarma que el Gobierno aprobó el 14 de marzo
de 2020.
Ministerio de Sanidad: precio multiplicado por 10 en solo ocho días.
Sanidad pasó de pagar 0,27 euros por mascarilla el 20 de marzo de 2020 a
2,67 euros tan solo ocho días después. El precio más alto de
mascarillas que pagó el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria llegó el
3 de abril de 2020: 4,17 euros. Las investigaciones judiciales y
fiscales abiertas hasta el momento han acreditado que la mayoría de
intermediarios que ofrecieron mascarillas en las primeras semanas de la
pandemia las compraron en China a una media de dos euros.
Caos en el Ayuntamiento de Madrid: 93% de contratos a dedo, precios desorbitados y estafas millonarias. El
Tribunal de Cuentas fiscalizó 59 contratos covid del Ayuntamiento de
Madrid, la ciudad que más caras pagó las mascarillas al inicio de la
pandemia de las grandes ciudades fiscalizadas. Madrid tan solo pidió
ofertas a más de una empresa en el 7% de los contratos analizados; el
resto (93%) fue adjudicado a dedo, algo permitido en el decreto de
alarma. Entre esos contratos, hay dos que acabaron en los tribunales por
la estafa perpetrada por sus adjudicatarios. Una consultora con sede en
Nueva York propiedad de Philippe Solomon vendió 500.000 mascarillas por
2,5 millones de euros. El Ayuntamiento adelantó, a través de la Empresa
Funeraria, 1.250.000 euros. El material que llegó era tan defectuoso
que la coordinadora general de Presupuestos, Elena Collado, intentó
devolverlo sin éxito. La policía no localiza a Solomon en un primer
momento y el Ayuntamiento trata de recuperar en los tribunales el dinero
adelantado. El segundo contrato, de 11 millones de euros, fue adjudicado a los intermediarios Luis Medina y Alberto Luceño,
sin ninguna relación previa con el sector sanitario. Ambos llegaron a
la ventanilla del Ayuntamiento a través de un primo del alcalde, José
Luis Martínez-Almeida. Lograron 6 millones de euros en comisiones por su
intermediación en la venta de productos defectuosos —y además de los
más caros en aquellos días, a 6,24 euros por mascarilla— por lo que han
sido procesados.
La urgencia alimentó el pillaje: “Hay que cerrar esta noche, tenemos un millón a seis euros”. La
empresa mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid tenía
liquidez suficiente y mecanismos muy ágiles de tramitación para atender a
la emergencia sanitaria de la pandemia. Cuando el Ayuntamiento de
Madrid decidió contratar con Luceño y Medina, sin saber que estos iban a
cobrar comisiones multimillonarias, ordenó el 24 de marzo y de
madrugada a la empresa funeraria aprobar la adjudicación: “Nos ofrecen
un millón de mascarillas de grafeno, eficaces y de alta calidad a 6,6
euros por unidad. Debemos cerrar la operación esta noche con un anticipo
del 50%”. Algo parecido, aunque de consecuencias económicas menos
gravosas, ocurrió entre el Ministerio de Transportes y la empresa
Puertos del Estado. El subsecretario llamó: “Un suministrador tiene ocho
millones de mascarillas, si lo hacemos rápido lo conseguimos”. El
ministerio, previa orden firmada por Ábalos, pagó 2,5 euros por
mascarilla. La empresa que se benefició del contrato abonó supuestamente
comisiones ilegales al asesor principal del ministro, Koldo García. Es
el primer caso conocido donde una parte del pelotazo conseguido por la
adjudicataria acaba en manos de un empleado del ministerio que adjudicó
el contrato.
“Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo”. Un
alcalde de una de las 12 grandes ciudades investigadas por el Tribunal
de Cuentas, explicó así la situación: “El problema no es que la empresa o
intermediario que nos ofrecía el material careciera de experiencia en
el sector sanitario, eso no era lo importante en aquel momento. El
problema fue el precio que cobraron por ese servicio. Algunos sacaron un
beneficio normal, pero otros dieron el sablazo. Y lo peor es que no se
puede hacer nada”. Uno de los “sablazos” más investigados por la
Fiscalía fue la venta de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros
(un millón sacó en limpio el adjudicatario tras comprar por 2 euros lo
que vendió a seis euros). El beneficiado fue un empresario amigo de
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien fichó al
hermano de la dirigente popular para conseguir contratos de venta de
mascarillas. Tomás Díaz Ayuso cobró por ese trabajo 269.000 euros. Pero no se pudo demostrar tráfico de influencias.
El amigo y el hermano de Ayuso ofrecieron las mascarillas en la
ventanilla de la Consejería de Sanidad. Y se les adjudicó a dedo el
contrato sin saber que eran personas vinculadas a la presidenta
regional, según concluyó la Fiscalía.
Los tribunales absuelven la transparencia.
El entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, hoy ministro de
Transportes, informó en abril de 2020 al pleno del Ayuntamiento que iban
a comprar mascarillas a un amigo suyo a 3,35 euros y así lo dejó dicho a
los grupos municipales tras consultar con el interventor ante una
situación de acuciante necesidad. El PP denuncia ahora esos hechos,
aunque en su día se presentó una querella de un particular que los
tribunales archivaron ante la transparencia que había seguido aquel
procedimiento, donde no hubo pago de comisiones ilegales a nadie." (José Manuel Romero, El País, 27/02/24)
Jacobo Pombo aparece como el hombre clave y cabecilla de la trama de comisiones en mascarillas durante la pandemia. Es afiliado del PP de Feijóo, ha trabajado para FAES de Aznar, aparecía en el caso Pequeño Nicolás y había sido recibido por Felipe VI, Ábalos y Margarita Robles.
"Jacobo Pombo, el cachorro que el PP crió en Génova emerge como “intermediario” en el 'caso Koldo'.
La Guardia Civil apunta al antiguo empleado de FAES,
que compartió militancia con Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, y que ha
explotado sus contactos al más alto nivel desde un lobby con sede en
Santander
Jacobo Pombo (Santander, 1983) acumula un álbum al que no falta
ningún cromo importante. Sería la envidia de cualquier coleccionista de
famosos. Un paseo por las redes sociales de este consultor y lobista,
que ha desarrollado la práctica totalidad de su vida laboral a la
sombra del Partido Popular, deja muy claro el alcance de su agenda
personal y de sus contactos al más alto nivel político, empresarial y
social: desde Felipe VI y la reina Letizia hasta la presidenta del Banco
Santander, Ana Patricia Botín; del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pasando por la
presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ministros de
distintos signos políticos, líderes gubernamentales de varios países de
América Latina o diversos integrantes de la Comisión Europea.
Este 'cachorro' de Nuevas Generaciones criado en Génova, que
trabajó en FAES, fue asesor del PP en el Ayuntamiento de Madrid y
compartió militancia con dirigentes como Pablo Casado o Isabel Díaz
Ayuso –cuando estos todavía no habían llegado a lo más alto–, es
señalado ahora en el sumario como “intermediario” en la vertiente balear de la trama destapada por el 'caso Koldo',
que investiga las comisiones en torno a la venta de mascarillas en el
peor momento de la pandemia de la COVID. En realidad, Pombo lleva más de
una década entre bambalinas presumiendo sin rubor y posando con la
élite de España y Latinoamérica.
“Koldo García estaría llevando a cabo sus gestiones para que la reclamación de Baleares no prosperase
a través de dos personas distintas. La observación de las
comunicaciones y la actividad operativa realizada por esta Unidad han
permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y
Jacobo Pombo”, señala un informe sobre los avances en la investigación
consultado por elDiario.es y firmado este mes de febrero por la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El atestado menciona por primera vez en el sumario al todavía
presidente del Global Youth Leadership Forum, un foro internacional de
“líderes por el cambio” que se celebra desde hace varios años en el
Palacio de La Magdalena de Santander y cuya página web ha dejado de funcionar tras saltar a la luz la presunta implicación de su fundador en esta trama corrupta.
Hay un nombre que viene a la cabeza recurrentemente a muchos de
los que han coincidido con él en Santander a lo largo de los últimos
años. “Antes de que nadie conociera al Pequeño Nicolás... Jacobo Pombo
ya era el Pequeño Nicolás”, bromea un excompañero de trabajo en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), una institución
académica con una docena de sedes por toda España y que celebra sus
tradicionales Cursos de Verano en el mismo Palacio de La Magdalena de
Santander en el que Pombo radicó su foro años después. Se da la
casualidad de que Pombo y Francisco Nicolás Gómez Iglesias tuvieron una
relación de amistad y que Pombo también apareció citado entre los
papeles que la Policía incautó al estafador junto a una cifra anotada de
9.000 euros por unas gestiones con Ferrovial y Eduardo Zaplana.
Carrera fulgurante
Su paso por la UIMP fue meteórico. De tareas relacionadas con el
protocolo saltó a director de Proyectos, Patrocinios e
Internacionalización. Todo ello, tras la llegada a La Moncloa de Mariano
Rajoy en 2011 y con José Ignacio Wert como titular de Educación,
Ministerio del que depende la entidad académica. “Su tarea aquí siempre
fue muy difusa, pero aprovechó bien el tiempo. Nadie sabía muy bien a
qué se dedicaba, pero siempre estaba en el lugar correcto en el momento
indicado, acompañando a un ministro, ejerciendo de anfitrión,
repartiendo tarjetas...”, recuerda una funcionaria de la UIMP que
coincidió con Jacobo Pombo en aquella etapa.
Ese es el hilo conductor de su trayectoria personal y su
currículum vitae: las relaciones públicas, los contactos políticos y su
intensa relación con el Partido Popular. Militante de Nuevas
Generaciones del PP en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, donde
compartió tiempo y espacio con figuras relevantes como Pablo Casado,
Isabel Díaz Ayuso o Antonio González Terol, trabajó en el Departamento
de Relaciones Internacionales en la sede de la calle Génova, pasó por la
Fundación FAES de José María Aznar y por el Ayuntamiento de Madrid, y
en los últimos años ha contado con el apoyo y la financiación del Ayuntamiento de Santander para desarrollar en la ciudad las reuniones del Global Youth Leadership Forum, que hace tan solo unos días preparaba junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP).
El levantamiento del secreto del sumario del 'caso Koldo' ha
dejado al descubierto que la trama de corrupción en la que participaba
el exasesor de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista
como “intermediario” –término empleado por el magistrado– para evitar el
pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de Baleares. Koldo
García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo. El juez del caso,
Ismael Moreno, cree que “sus maniobras habrían surtido efecto” porque el Govern del PP que preside Marga Prohens dejó caducar la reclamación.
El informe policial de la UCO refleja los controles de
actividades y seguimiento realizados por esta Unidad de la Guardia Civil
sobre los investigados, dos viajes de Jacobo Pombo y Koldo García este
mismo mes de enero, primero desde México a Madrid y posteriormente desde
Madrid a Perú, con tan solo unos días de diferencia y con asientos
contiguos.
También aparecen visitas del exasesor del Ministerio de
Transportes con el presidente del Global Youth Leadership Forum a la
sede social de este mismo organismo en la capital de España, de la que
constan además varios pagos a Koldo García en años anteriores, con
documentación e imágenes que se alejan del glamour que hasta ahora había
conseguido transmitir el protagonista en su particular álbum de fotos
personal." (Laro García, eldiario.es, 05/03/24)
La corrupción en torno a las mascarillas pone de manifiesto tres elementos que se eluden en la conversación pública:
- Por qué casi ningún país europeo tenía capacidad industrial para fabricar material sanitario.
- Por qué las cadenas comerciales internacionales se vinieron abajo.
- Por qué nuestras administraciones estaban tan debilitadas para no disponer de sistemas de importación propios lo que les hizo depender de contratistas.
Lo neoliberal y sus recortes públicos son la respuesta a las tres preguntas.
Detrás de la corrupción se halla la ausencia de ética, pero sobre todo un sistema económico ineficiente tras décadas de políticas erradas de la derecha.
A los hijos de la Thatcher les rechinan los dientes al leer esta evidencia. Basta romper el guión de la actualidad y poner el dedo en lo estructural para que empiecen los espumarajos. Su ineficiente modelo privatizador sólo nos ha traído disgustos. Hay que decirlo más.
La Scooter Suzuki 400 aparcada en Chamartín es propiedad de Koldo García Izaguirre
(Barakaldo, 1970), a quien la Fiscalía sitúa en el origen del negocio
corrupto cuando, a finales de marzo de 2020, el Ministerio de
Transportes compró a la empresa Soluciones de Gestión los primeros 8
millones de mascarillas por 20 millones de euros. Las Administraciones
públicas gastaron durante los tres primeros meses de la pandemia hasta
2.000 millones de euros en material de protección. Nadie escatimó un
euro en aquella rebatiña pública para lograr mascarillas a cualquier
precio.
Koldo García fue el asesor principal del ministro José Luis Ábalos entre 2018 y 2021; estaba a su servicio 24 horas al día y ese hecho le facilitó una notable ascendencia sobre los altos cargos de Transportes.
En plena crisis por la expansión del coronavirus y apremiados por la
necesidad de conseguir material sanitario de protección, fue García
quien buscó a un intermediario conocido, Víctor Aldama (presidente del
Zamora C. F.), y a una empresa del grupo Cueto, Soluciones de Gestión,
para traer mascarillas de China. Todo se hizo muy rápido; las reglas de
contratación quedaron aparcadas porque la urgencia era incompatible con
los trámites habituales: concursos, precios, condiciones...
Entre
el viernes 20 de marzo de 2020, apenas seis días después de que el
Gobierno hubiera decretado la alarma en el país, y el lunes 23 de marzo
se armó el expediente administrativo en la sociedad pública Puertos del
Estado, órgano encargado de adquirir las mascarillas. Fue el primero de
la media docena de contratos que Soluciones de Gestión logró con
diversos órganos públicos, todos gobernados por el PSOE y ahora bajo
investigación judicial.
El patrimonio de Koldo García aumentó sin justificación
alguna en este tiempo de emergencias. Sus ingresos en efectivo durante
2020 y 2021 dejaron una gigantesca sospecha. La Fiscalía Anticorrupción
atribuye el enriquecimiento del asesor de Ábalos al cobro de comisiones
ilegales que le pagaron los empresarios agradecidos por el buen negocio
de la venta de mascarillas. El juez escribe en el sumario que los
ingresos en efectivo de Koldo García en su cuenta del banco son de
origen desconocido. El sospechoso se ha negado a declarar.
Su supuesto pagador, el empresario Juan Carlos Cueto, es
dueño de un conglomerado en el que se incluye la firma Soluciones de
Gestión, una sociedad con escasa actividad hasta el comienzo de la
pandemia. La firma pasó de facturar una cantidad insignificante en 2019 a
54 millones en 2020. Cueto ganó más de nueve millones con este negocio,
según la investigación. Ahora utiliza dos vehículos con chófer para sus
desplazamientos; un Audi SQ7 y un Mercedes AMG GLE 53. A la hora de la
siesta del pasado 23 de octubre, la Guardia Civil colocó una baliza en
su Audi, y solo 24 horas después, los agentes hicieron lo mismo en su
Mercedes. Los movimientos del empresario, como los del asesor del
exministro, interesan a los investigadores. Desde que se abrió la causa
en septiembre, el juez ha autorizado la intervención de las
comunicaciones de los principales implicados en la trama (Koldo García y
su entorno familiar; Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama) mediante el
pinchazo de los 10 teléfonos móviles que utilizaban. También ha permitido la instalación de software espía para
recuperar la mayor información posible de esos dispositivos; aprobado
la instalación de mecanismos de localización y seguimiento de hasta 15
vehículos utilizados por la trama corrupta; y apoyado la petición de la
Guardia Civil para instalar micrófonos ambientales en algunos de los
lugares donde se citaban los líderes de la trama corrupta. Decenas de
guardias civiles han intervenido durante estos últimos seis meses en las
escuchas y los seguimientos.
Las conclusiones de quienes
han investigado desde septiembre han logrado avanzar en el
esclarecimiento de los delitos supuestamente cometidos por la trama:
cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a
organización criminal. Cuatro años después de los hechos, tan solo
siguen vivos dos asuntos relacionados con aquellos contratos: la
inspección tributaria a los empresarios Cueto y Aldama por los ingresos
declarados del negocio de las mascarillas, y la reclamación del Gobierno
balear que puso en marcha el PSOE, y que ahora tiene que defender el
PP, para la devolución de 2,6 millones de euros por la entrega de un
material de calidad inferior a la comprometida.
Enriquecimiento ilegal por uno de los negocios multimillonarios de la pandemia.
La pista del dinero destapó el delito. Antes de judicializar la
denuncia del PP de Madrid, presentada en marzo de 2022, la Fiscalía
Anticorrupción acreditó el enriquecimiento sospechoso de Koldo García
con una simple consulta a sus ingresos en el banco y los de su mujer.
Los ingresos en efectivo ―los de sus nóminas iban por transferencia― se
duplicaron en 2020 (75.000 euros) respecto al año anterior, y casi se
triplicaron en 2021 (95.033); en 2022 seguían muy altos (88.443 euros).
Los investigadores no encuentran explicación posible a un monto de
138.000 euros sobre todo el efectivo ingresado: “No hay justificación
alguna, no habiéndose encontrado tampoco ninguna extracción en cajero
que pudiera justificar el ingreso en efectivo en otra cuenta”. Además,
la investigación acreditó que Koldo García adquirió en septiembre de
2020 a su nombre una vivienda en Benidorm; que compró otra propiedad en
la misma ciudad en diciembre de 2020 para su mujer; y una más a su hija
menor de edad en marzo de 2022. Su hermano Joseba García participó en
estas adquisiciones y la Fiscalía Anticorrupción también analizó sus
ingresos bancarios, descubriendo la misma práctica: triplicó sus
ingresos en efectivo durante 2020 (191.000 euros) y siguió en 2021
(123.000).
De otra parte, la Fiscalía no encuentra
reparos a los contratos, pero la pista del dinero conseguido legalmente
por los empresarios que vendieron las mascarillas (Cueto ganó más de
nueve millones mientras Aldama se quedó con seis) también levantó
sospechas. La Agencia Tributaria encontró reparos a la manera de
tributar estos beneficios por parte de las empresas de Cueto y Aldama.
La red corrupta y su negocio fallido en Baleares: sin pruebas de cohecho. La
empresa Soluciones de Gestión atraviesa serios problemas de solvencia,
hasta el punto de que Juan Carlos Cueto, jefe del conglomerado
societario que controla esa firma, piensa en una dolorosa
reestructuración. El único arreglo posible, según las conversaciones
intervenidas en la investigación del caso Koldo, pasa porque
decaiga en el trámite administrativo la reclamación de 2,6 millones de
euros por el Gobierno balear. Soluciones de Gestión sirvió 1,4 millones
de mascarillas del tipo KN95 que, según concluyó en junio de 2020 el
laboratorio del Ministerio de Trabajo consultado por el Servicio balear
de Salud, eran de inferior calidad a las prometidas en el contrato. El
Ejecutivo socialista de Francina Armengol inició los trámites para la
devolución del dinero en marzo de 2023, con una comunicación a la
empresa, que respondió indignada. Pese a su protesta, el trámite para la
reclamación se puso en marcha en julio.
Las pruebas del sumario tan solo aclaran que
los empresarios llamaron a Koldo García para que los ayudase a evitar
el pago de los 2,6 millones a Baleares, tras insultar a los altos cargos
socialistas que iniciaron el expediente de reclamación. El exasesor del
ministro los tranquilizó, prometiéndoles que negociaría una solución
con altos dirigentes del PP. Pero la investigación no ha podido
acreditar que esas reuniones se produjeran ni que hubiera pagos a
funcionarios o políticos para evitar la reclamación.
Koldo
García, según las inferencias de la Guardia Civil, también anunció a
los empresarios que hablaría con el exministro Ábalos para que mediara
en el problema. Tampoco hay pruebas en el sumario de que esto se
produjera; tan solo un encuentro en el reservado de un restaurante en el
que los investigadores ignoran de qué se habló. Ábalos ha negado que
intermediara con nadie del PP, partido que también ha desmentido
cualquier contacto con dirigentes socialistas sobre este asunto.
Emboscadas a la trama para cazar al exministro Ábalos: sin resultados de momento. La
querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra siete
supuestos integrantes de la trama corrupta, enriquecidos gracias al
dinero del Ministerio de Transportes, no citaba en ningún momento a José
Luis Ábalos. Sin embargo, en los seis meses que han seguido a la
apertura de la investigación judicial, con pinchazos telefónicos y
seguimientos a los implicados de la trama, el nombre del exministro sí
aparece en algunas ocasiones.
La Guardia Civil llegó a
fotografiarlo mientras se veía en un restaurante con su antiguo asesor.
Pero todas las operaciones puestas en marcha para conocer si el
exministro estaba implicado en manejos ilegales con la trama corrupta se
han saldado, de momento, sin resultados claros.
La
acción de los investigadores más significativa tuvo lugar en los
primeros días de noviembre. Koldo García seguía colaborando, gratis, con
Ábalos. En una conversación grabada e incorporada al sumario, el
exasesor le pide a su hermano Joseba García que lleve al exministro una
documentación que le han dado en el Ministerio de Transportes. Koldo
García había comido el día anterior con el subsecretario del ministerio,
Jesús Manuel Gómez.
La Guardia Civil puso en marcha un
operativo para interceptar a Joseba García durante el trayecto entre
Polop de la Marina (Alicante), residencia de Koldo García donde debía
recoger los documentos, y el domicilio del exministro en Valencia. El
Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se activó el 4 de
noviembre de 2023 para interceptar en la carretera a Joseba García y
averiguar qué documentos iba a entregar al exministro. El dispositivo de
control detuvo esa mañana a las 8.55 en el punto kilométrico 541,5 de
la autopista AP-7 en sentido Valencia el vehículo Ford Tourneo conducido
por Joseba García, quien les contó a los agentes que se dirigía a
Valencia para tomar un café con Ábalos en un bar que no recordaba, pero
que llevaba apuntado en el teléfono. “Al proceder al registro del
vehículo”, escribe el agente que intervino, “se observa encima del
asiento del copiloto un sobre de color blanco tamaño folio en cuyo
interior se hallan 3 documentos”. Los escritos hacen referencia al
litigio que mantenía un abogado, Ramiro Grau ―el mismo que se pasea
estos días por radios y televisiones asegurando que fue el quien
denunció la corrupción de Ábalos por el contrato de las mascarillas con
el ministerio―, que le negaba la documentación pedida sobre el
expediente de contratación con Soluciones de Gestión. Además, el sobre
que analizó el guardia civil también contenía en papel el informe de
fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los
contratos de la covid-19, y que es accesible a través de la web de ese
organismo.
La
Guardia Civil sacó conclusiones sospechosas sobre estos hechos:
“Durante el tiempo en que Ábalos fue titular del ministerio fueron
adjudicados 10.757 contratos públicos, siendo reseñable la preocupación
mantenida por Koldo García por hacerle llegar aquellos contratos
relativos a los celebrados con la empresa Soluciones de Gestión”. “En
realidad”, explica Ábalos, “pedí esa documentación porque el próximo 4
de marzo se celebrará en un juzgado de plaza de Castilla la vista por la
demanda que le puse [al abogado Ramiro Grau]”. El exministro reclama
una indemnización de 70.000 euros por la publicación de siete artículos
en los que el letrado denunciaba la supuesta corrupción de Ábalos:
“Compró ocho millones de mascarillas defectuosas parece ser que a un
precio muy superior al de mercado”, “es una de las personas más
prepotentes e incompetentes del actual Gobierno”, dijo en esos
artículos.
Ni rastro de Ábalos, de momento, en las conversaciones grabadas.
Pese a las intervenciones de 10 teléfonos móviles (tres de ellos de
Koldo García), el balizamiento para el control y seguimiento de 15
vehículos, y el espionaje legal a las actividades privadas de los
implicados en el caso, el sumario no ha incorporado por ahora ninguna
conversación del exministro Ábalos con su asesor. Y eso pese a que,
según acredita la investigación, Koldo García seguía haciendo favores a
su antiguo jefe. Queda por conocer el contenido de todo lo requisado por
la Guardia Civil ―teléfonos móviles, tabletas, ordenadores,
documentación― en los domicilios de los querellados para saber si la
investigación destapará pruebas que apunten a la responsabilidad del
exministro de Transportes en los hechos." (José Manuel Romero, El País, 03/03/24)
"Quién es quién en el caso Koldo, la trama de cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante lo peor de la pandemia.
La
Fiscalía sospecha de que se trata de una "organización criminal" que se
concertó para lograr contratos públicos y que Koldo García cobró para
"mediar y conseguir" adjudicaciones y después intentó "ocultar estos
cobros" y evitar su trazabilidad. Mientras siguen desvelándose nuevos
detalles del sumario del conocido como caso Koldo, estos son los nombres de los implicados hasta el momento:
Koldo García
Ostentó
cargos de asesor del exministro Ábalos, consejero de Renfe y vocal del
Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y
2021. Se cree que facilitó a la empresa mercantil Soluciones de Gestión y
Apoyo a las Empresas información sobre los procesos de adjudicación de
material sanitario y que intermedió para que ésta consiguiese varios
contratos.
A
cambio, los investigadores sospechan que recibió pagos, y ponen el foco
en su aumento patrimonial, de 1,5 millones de euros en dos años, y en
su intento, presuntamente, de ocultarlo a través de familiares como su
mujer, hija o hermano. La Fiscalía menciona en su querella reuniones
entre él y cargos del Ministerio de Transportes de entonces, como el
subsecretario Jesús Manuel Gómez, o el director general de EMFESA
Vicente Calzado.
Víctor de Aldama
Es
el actual presidente del Zamora CF. Los investigadores infieren de las
conversaciones intervenidas que podría ser un "comisionista" y creen que
los contratos investigados fueron un "proyecto conjunto" entre él y el
empresario Juan Carlos Cueto, por el que habría obtenido un benefició de
5,5 millones de euros.
Ambos
tendrían una "estrecha relación" con Koldo García, con quien De Aldama
habría contactado "al menos en una ocasión" para "agilizar trámites" con
el Ministerio de Transportes en contrataciones.
Joseba García
Es el hermano de Koldo García.
Habría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles y habría
experimentado un notable aumento de patrimonio (recibió 267.774 euros
entre 2020 y 2022). Ha estado vinculado a organismos dependientes de
Transportes desde 2019, algo que "no puede desvincularse de la posición"
de su hermano.
La Guardia Civil registró su piso el 20 de
febrero. Según el acta del registro, en uno de los dormitorios se
localizó una caja fuerte. La abrieron con la llave que estaba guardada
en un mueble del salón, pero estaba vacía: "En el interior de la caja
fuerte no hay nada", recoge el acta de la Guardia Civil. Este hecho ocurrió dos semanas después de que su hermano Koldo supiese que estaba siendo investigado.
Patricia Úriz
Mujer
de Koldo García. Fue detenida este martes y salió en libertad. Es la
titular de gran parte de los bienes adquiridos con los ingresos del
exasesor de Ábalos.
José Luis Rodríguez
Es
el subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de
Transportes que habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y
2023, y uno de los querellados por la Fiscalía. Hay "indicios" de "su
conocimiento y posible participación" en los hechos y, según el juez, es
también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".
Aparece
como empleado de una empresa del Grupo Cueto y la Fiscalía le sitúa en
una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca ourensana de
Barco de Valdeorras con las "plusvalías" que obtuvo presuntamente
Soluciones de Gestión de las adjudicaciones.
Juan Carlos Cueto
Otro
de los principales implicados, según el auto. "Líder" del grupo Cueto,
aunque tras una investigación policial dejó de figurar en los órganos
sociales del conglomerado, que es quien realmente controlaría a la
empresa que está bajo sospecha. Se investiga si, junto a Víctor de
Aldama, fue el responsable "de hecho" de los contratos investigados,
para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión como "empresa
instrumental". Se calcula que, presuntamente, habría obtenido un
beneficio de 9,6 millones de euros.
Soluciones
de Gestión y Apoyo a las Empresas es la empresa clave. Se constituyó en
2017 y, tras un periodo de inactividad, sus ingresos se dispararon en
2020 hasta los 54 millones de euros; después decayeron a los 845.670
euros en 2021. Fue adjudicataria de los contratos investigados. Entre
las irregularidades denunciadas se encuentra la ausencia de relación de
estos contratos con su objeto social -proporcionar servicios de
financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e
instituciones-.
Íñigo Rotaeche
Es
el titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas,
aunque los investigadores creen que realmente la controlaba el grupo
Cueto.
Israel Pilar Ortiz
Es empresario. Aunque la
querella de la Fiscalía no se dirigió contra él, en uno de sus autos el
juez menciona su "protagonismo" en algunas conversaciones analizadas, en
las que se le consideraría el "enlace" o el "primer eslabón", y apunta
al posible cobro de comisiones.
Otros actores relacionados con el caso
Además
de los implicados directamente en la trama, en el sumario del juez se
habla de otras personas, según varias informaciones publicadas en
distintos medios:
José Luis Ábalos. El exministro de Fomento y
de Transportes, exsecretario de organización del PSOE y diputado, se ha
ido al grupo mixto del Congreso tras la suspensión de militancia de su
partido, por su relación con Koldo García. El juez Ismael Moreno señala a
Ábalos como intermediario de la trama
para solucionar la reclamación de 2,6 millones de Baleares sobre las
mascarillas defectuosas. La observación de las comunicaciones y
actividades realizadas por la Guardia Civil han permitido concluir que
estos intermediarios serían: José Luis Ábalos y Jacobo Pombo.
Jacobo
Pombo. Presidente del foro Global Youth Leadership Forum (GYLF) y
exdirector de Proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El juez sostiene que actuó, junto a Ábalos, como "intermediario" en las
"gestiones" realizadas por Koldo García para tratar de "solucionar" la
reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la
empresa de la trama.
Francina
Armengol. El nombre de la presidenta del Congreso y expresidenta de
Baleares ha salido en las informaciones en relación a una reunión de
Ábalos y García el 10 de enero en una marisquería de Madrid con el fin
de que se llegase a un acuerdo sobre la reclamación de 2,6 millones
efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra
de 1,5 millones de mascarillas. Fuentes cercanas a Armengol alegan que
ella "jamás" habló con el exministro para retirar esa reclamación.
Ángel
Víctor Torres. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y
expresidente de Canarias. El gobierno insular contrató con la empresa
Soluciones de Gestión, investigada por la presunta trama de corrupción
en la venta de mascarillas. Torres no ha aclarado si Ábalos o Koldo
García le llamaron para recomendarle la empresa. La Guardia Civil señala al gobierno de Torres por amoldar contratos para la trama de Koldo con múltiples irregularidades.
Un tal Alberto. En la misma conversación que aparece en el auto, Koldo García también habla de un tal Alberto, al que ni García ni Cueto identifican. El número tres del PSOE, Santos Cerdán, se ha preguntado por su identidad: "Quién es ese Alberto, que aparece también en El Mundo... Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo... Veremos a ver lo que pasa y quién es ese Alberto"."
"Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclama Balears.
El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha
revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor
de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario”
para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de
Baleares por incumplir las condiciones de un contrato de mascarillas.
Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que
llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también
presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz
parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de
buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado”. El
juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern
del PP dejó caducar la reclamación.
Los pinchazos telefónicos muestran la sorpresa entre los
investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del
Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las
semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo
García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa
reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió.
Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con
un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de
tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la
causa.
La preocupación era máxima ante la posibilidad de que la reclamación efectuada por el anterior Govern de Francina Armengol (PSOE)
saliera adelante y comprometiera la situación financiera de la empresa
instrumental que había resultado adjudicataria de los millonarios
contratos de mascarillas por valor de más de cincuenta millones de euros
en los peores meses de la pandemia. Las conversaciones entre los
implicados fueron registradas a finales de 2023, cuando ese expediente
estaba a punto de caducar y cuando ya era presidenta balear Marga
Prohens (PP).
El 18 de octubre, un día después de conocer la existencia de la
reclamación, el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto,
habló con su socio –y tercer vértice de la investigación–, el también
empresario Víctor de Aldama, y le comentó que le diría a Koldo “que
pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que
ha pasado”. Esto es, reclamó su intermediación para que la persona que
estaba en la Administración balear anteriormente –cuando Armengol era
presidenta– le explicase qué estaba sucediendo.
Pero el Gobierno autonómico había cambiado tras las elecciones
de mayo. Y, por tanto, eran ahora otros los responsables de dar curso a
esa reclamación. Así, el 7 de noviembre de 2023, apenas tres semanas
después, emergen los primeros movimientos de Koldo en una nueva
dirección: el exasesor de Ábalos habla por primera vez de recurrir al
Partido Popular y su entorno, que ahora estaba al frente del Govern.
Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que
otro imputado, Iñigo Rotaeche, asegura en un pinchazo que Koldo le había
dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los
investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual
Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría
relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una
tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle
cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de
Baleares no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto
de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.
Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía
más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al
frente del Govern, dirigido por la popular Marga Prohens, están
dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y
“colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a
un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que
había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la
cita responde a que le acaban de llamar. Este jueves, a preguntas de los
periodistas, Tellado negó “rotundamente” haberse reunido con “ningún
miembro de la trama”, al igual que lo hizo el PP de Baleares.
Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de
haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de
enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto
en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil
dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su
sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova
en ningún momento.
Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a
Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le
transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más
desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis
medios para poderte poner en contacto”.
Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el
asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha
que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales
responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe”
–en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.
El “intermediador” Jacobo Pombo
Sin embargo, Tellado no es la única figura relacionada con el PP
que los investigadores vinculan con las maniobras de Koldo para frenar
la millonaria reclamación de Baleares. Según los investigadores, los
pinchazos telefónicos y seguimientos a miembros de la trama permiten
“concluir” que, además del exministro, el otro “intermediador” sería
Jacobo Pombo, un joven empresario que llegó a trabajar hace años en la
sede nacional del PP, en el departamento de Relaciones Internacionales.
Los informes recogen que ambos llegaron a viajar juntos a Perú el pasado
enero.
El juez del caso subraya en varias de sus resoluciones que pocos
días antes de la fecha límite para ejecutar la reclamación –el 18 de
enero de 2024– los investigados dejaron de abordar este asunto en sus
conversaciones habituales. De esta circunstancia, concluye que “podría
haberse producido la caducidad de la reclamación” a la empresa
adjudicataria de los millonarios contratos de mascarillas. Y que, en
consecuencia, las maniobras de Koldo García para influir en la decisión
habrían “surtido efecto”.
"El caso más reciente es el de la ex número dos
del banco malo, Ana Aránguez, que ha pasado de dirigir la gestión de
portfolio de la SAREB a ser fichada como directora de finanzas [1] por Intrum [2],
el grupo sueco que se acaba de zampar Haya Real Estate, uno de los
carroñeros engendrados por Cerberus. Sucede que Haya ha sido
reiteradamente elegida por el banco malo para gestionar miles de sus
activos inmobiliarios. Alquileres, sin ir más lejos [3].
Pero el de Aránguez no es el único caso. Otro exdirectivo de SAREB,
concretamente su expresidente de 2015 a 2021, el ya fallecido Jaime
Echegoyen, también recaló en Haya tras su paso por el banco malo [4]. También bajo su gestión fue beneficiado el oportunista ladrillero de Cerberus [5]. Veáse la adjudicación en 2019 para gestionar una cartera de préstamos e inmuebles valorada en unos 8.400 millones de euros.
Hay más ejemplos, como el de Álvaro Areal, exdirector adjunto de
SAREB durante casi una década, que ha sido fichado a principios de año
por Blackstone [6], buitre de casas y casinos [7].
Pocos meses antes, Areal fue uno de los máximos responsables del
proyecto SMO (Simplificación del Modelo Operativo), que culminó con la
adjudicación de los despojos del banco malo a los buitres de KKR y
Blackstone, Hipoges y Anticipa-Aliseda, respectivamente [8].
Asimismo, se contrató a Servihabitat (la que fuera inmobiliaria de La
Caixa, hoy en manos de CaixaBank y Lone Star) para “la gestión
especializada de las viviendas en las que residen las familias
vulnerables”.
Llama la atención que los buitres en cuyas garras ha puesto la SAREB
pública sus activos inmobiliarios están ellos mismos inmersos en
operaciones especulativas: KKR ha puesto a la venta Hipoges [9], al igual que Servihabitat tiene colgado el cartel de ‘se vende’ [10]. Ese es el compromiso que demuestran con la situación de la vivienda.
Cabe destacar que el Proyecto SMO se ha implementado después de que
la SAREB haya pasado a ser de mayoría pública, a partir de 2022, con el
50,14% del banco malo en manos del FROB, “Autoridad de Resolución
Ejecutiva” [11].
Siguiendo con los exdirectivos del banco malo que pasan a estar a
sueldo de bancos o fondos vinculados, la expresidenta de la SAREB de
2012 a 2015, Belén Romana, se incorporó poco después de su salida al
consejo de Administración del Banco Santander [12].
Bajo su mandato, en 2014, SAREB adjudicó a Altamira, entonces la pata
inmobiliaria del Santander, junto con Haya (Cerberus) y Servihabitat (La
Caixa), la administración y venta de 126.000 activos inmobiliarios
valorados en 41.200 millones de euros [13].
La SAREB “está sometida a una rigurosa supervisión...”
La propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una
rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de
Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV)”. La Comisión de Seguimiento está compuesta por el
Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y
la CNMV. Asimismo, “puede requerir la supervisión adicional de otras
entidades públicas nacionales o supranacionales, como ocurre con el
Banco Central Europeo (BCE), que acude como observador a sus reuniones” [14].
A todo esto, desde su creación en 2012, la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), en
lugar de convertirse en el parque público de viviendas en alquiler que
este país necesita, es un pozo sin fondo que se desangra entre buitres y
parásitos (solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron
más de cinco millones de euros [15]).
Pero es que además no ha cumplido el mandato que le fue encomendado. En
diez años, aparte de alimentar a buitres de todo pelaje, no ha sido
capaz de devolver ni siquiera la mitad de los 50.781 millones de euros
públicos que se le confiaron. Es más, el banco malo es tan malo, que su
reclasificación dentro de las Administraciones Públicas por imposición
de Eurostat [16] en 2020 afectó al déficit público y a la deuda pública, aumentándola en 34.182 millones de euros, lo que nos hizo superar el 120% del PIB aquel año de pandemia y alcanzar la friolera del 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021 [17].
“(…) Desde su creación, Sareb ha ido incurriendo en pérdidas
significativas, que actualmente representan un volumen apreciable en
relación con sus pasivos, lo que indica que parte de las garantías
públicas sobre esos pasivos se ejecutarán en el futuro”, afirmaba el
Banco de España el 31 de marzo de 2021, en la Nota Informativa sobre la
Reclasificación de Sareb en el sector de Administraciones Públicas [18].
Y para más INRI, los desahucios ordenados por la SAREB, continúan. Y
los desequilibrios en materia de vivienda, también. A mediados del
pasado mes de noviembre, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca
(PAH) señalaba que “en el segundo trimestre de este año, más de 174
familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a
pesar del conocido ‘escudo social’”, y advertía que “miles de familias
acabarán en la calle si el Gobierno retira la moratoria antidesahucios
el 31 de diciembre”. [19]
SAREB
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como ‘banco malo’,
fue creada en 2012, fruto del acuerdo entre el Estado español (Luis de
Guindos) y la Comisión Europea (Olli Rehn), en coordinación con BCE
(Banco Central Europeo), ABE (Autoridad Bancaria Europea) y FMI (Fondo Monetario Internacional), a través de un Memorando de Entendimiento (MoU)
para gestionar los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos y
las antiguas cajas de ahorro y sus filiales que recibieron ayudas
públicas.
En 2012 y 2013, la SAREB adquirió casi 200.000
activos, entre préstamos e inmuebles, por un precio fijado por el Banco
de España de 50.781 millones de euros avalados por el Tesoro Público.
Diez años después de su nacimiento, solo ha conseguido devolver 20.300
millones de euros de la deuda, un 40% del capital inicial.
En el año 2020, por recomendación de Eurostat, la SAREB se reclasificó en el sector de las Administraciones Públicas,
lo que afectó al déficit público español y a su saldo de deuda según el
Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Dicho incremento fue de 34.182
millones de euros en diciembre de 2020, con lo que la deuda pública
alcanzó el 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021.
En 2022, se eliminaron los límites a la participación del Estado en el accionariado de la SAREB, a través del aumento de la participación del FROB hasta el 50,14%, alcanzando de este modo el Estado la mayoría en el ’banco malo’.
FROB
El FROB, Autoridad de Resolución Ejecutiva,
es la autoridad encargada de gestionar los procesos de resolución de
las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase
ejecutiva en España. Entre sus funciones también figura llevar a cabo
la desinversión de la participación del Estado en BFA (Banco Financiero y
de Ahorros, matriz de Bankia), así como la de gestionar su
participación en SAREB.
Fue creado con motivo de la crisis
financiera de 2008. En sus inicios comenzó siendo un fondo nutrido con
recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y con dinero público
para apoyar ciertos procesos de integración de antiguas cajas de
ahorros. En la actualidad, “el FROB es la Autoridad Española de
Resolución en fase ejecutiva financiada exclusivamente con
contribuciones privadas de las entidades” y que se integra en la red
europea de autoridades liderada desde Bruselas por la Junta Única de
Resolución (JUR).
El FROB está regido y administrado por una Comisión Rectora
integrada por once miembros: El presidente, cuatro miembros designados
por el Banco de España, tres representantes del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, el vicepresidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y dos representantes del
Ministerio de Hacienda y Función Pública." (Fátima Martín, CADTM, 04/12/23)