23.5.17

Ignacio González: “López Viejo es un chorizo. Se llevaba cuatro mil diarios”

"Las escuchas judiciales de la UCO en el caso Lezo destapan lo que realmente piensa Ignacio González de su mentora y madrina Esperanza Aguirre ("es la hostia..."), de cómo el expresidente de Madrid le advirtió sin éxito mucho tiempo antes de estallar el caso de los chanchullos que hacía con la Gürtel su "niño bonito", Alberto López Viejo, el que le llevaba la agenda mientras se forraba con la puesta en escena de Aguirre en los actos públicos; y también del momento en el que Aguirre le dijo, "tienes que irte", así como de su convicción de que "algo raro" subyace en el nombramiento como consejero de Medio Ambiente de Jaime González Taboada por parte de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Las grabaciones son un repaso a algunos de los momentos más tensos que vivió el Gobierno regional desde la mirada del entonces su vicepresidente y hombre de total confianza de la expresidenta Esperanza Aguirre. Los dos interlocutores de la siguiente grabación son los hermanos Pablo e Ignacio González, en cuyas manos dejó Aguirre un presupuesto de 18.000 millones como presidente del Gobierno de Madrid. Solo pudo ser presidente tres años.

Rajoy lo apartó luego como candidato en favor de Cifuentes. Los dos hermanos comienzan hablando de las exigencias económicas de López Viejo, que llegó a ser consejero de Deportes, y de cómo se forró con la Gürtel preparando los actos de la Comunidad presididos por Aguirre.

Pablo González. Pero Jaime y el Alberto López Viejo... Es que me lo ha contao Josefa Olivares... que hemos hecho el campo de Matalmedio de no sé donde y que quiere liquidar, mil euros, y le he dicho, bueno, hombre, piénsalo bien, coño... en esos campos van dando propinillas a los ayuntamientos, al del polideportivo.

Ignacio González. O sea, que López Viejo ha industrializado el sistema, cobraba, ejum, el negocio era recurrente y barato, entre comillas. López Viejo cogía y te hacia cinco actos [para la Comunidad de Madrid] en un día. Cuando era consejero de Deporte (...). Dos por la mañana y dos por la tarde, y te cobraba cuatro veces el sonido, cuatro veces la iluminación, cuatro veces la estrella y tal... A lo mejor eran cinco mil y él se llevaba mil. Se llevaba cuatro mil diarios.

P. No, no si este era de pocas cosas

I. Yo solo sé, yo llegué a Deportes, todo esto de la Gürtel, y tal, de Javier Madez que me decía, oye tenemos aquí tres millones (...) López Viejo era un chorizo, lo que hacía era la hostia, organizaba la agenda de Esperanza y llegaba y me decía, ¿oye, y tú qué quieres, Cultura? Es que vamos a dar los premios de no sé qué... Pues tenéis que hacerlo así, y con esta empresa, y tal .

Y le digo, basta, es carísima... tenemos aquí un tío que lo hace por menos. Y él decía, vale pues la presidenta no puede ir a ese acto.

P. Claro, lo manejaba bien, como buen profesional

I. Pues como te lo estoy contando, el que no entraba por el aro, pues la presidenta no iba al acto. Pero yo en mi consejería dije, aquí que nos se haga ningún acto con López Viejo, que se vaya a tomar por culo... y que hacemos un contrato y tal... Un día se lo cuento a Esperanza, vamos a ver, esto es un cachondeo... Esto no puede ser porque este tío te está chantajeando la agenda y es un escándalo y tal... "¡Ah! Pues que hagan un concurso" Estas cosas que hacía Esperanza y tal y cual... Y ya cuando esto olía, con López Viejo ya de consejero de Deportes, el Consejo de Gobierno, en no sé en qué...

Pero vamos a ver presidenta, y López Viejo allí sentao. No se puede hacer esto chantajeando a todo el mundo. "Os dije que hicierais un contrato y tal". Pero que sepas que no se atreven ni a decírtelo, tos estos que están aquí sentaos... porque no se atreven, es que si no, no les deja ir.

"He perdido la confianza en ti... Tienes que irte, y tal"

Ignacio González alude también a un político implicado en Gürtel, de Pozuelo, en Madrid, y dice: "Yo tengo cuatro facturas que me hizo firmar el capullo de Halfter unas Navidades que no firmaba nadie. , pero del resto yo no firmaba absolutamente nada...

Cuenta Ignacio González que, tras estallar Gürtel, Esperanza Aguirre llamó a López Viejo y le preguntó si ha firmado contratas con esa red. "Era su niño bonito", recuerda, y añade que López Viejo le dijo: "No te preocupes, presidenta, no hemos firmado nada con esa empresa". Mintió.

Había firmado con sociedades afines a las que hasta ese momento habían salido publicadas. "A los dos días", recuerda Ignacio González, "sale [en los periódicos] la subempresa Special Men [quiere decir Special Events], pufffff, con todas macho había contratado... ¡con todas! Y le llama ella y le dice: "Me has engañao, he perdido la confianza en ti. Tienes que irte y tal..." ¡Tiene huevos!. te lo llevo diciendo desde hace, puffff, no sé cuánto tiempo, y tal... Pero como esta es la hostia... Se va López Viejo y no sé qué y hacemos un acto... claro, con López Viejo los actos eran la hostia, las luces eran la hostia.

Llegamos al primer acto que hacemos en la Puerta del Sol y empieza ella [Aguirre]: "Este sonido es una mierda, aquí hay eco, el único que lo hacía piano era López Viejo", y le digo: pues llámalo otra vez, vuélvelo a contratar... ¡No te jode! Claro, se lo pagas tú..."

El expresidente diserta a su hermano sobre personas arribistas que no se sabe por qué llegan donde llegan. "Es que es una cosa, es que es la hostia, es que hay gente..., vamos a ver yo sostengo que el Jaime ese, vamos a ver... a este le hemos hecho consejero, porque le tenía que hacer algún favor. Joder, a él le viene grande la consejería, a Jaime, por siete sitios [parece referirse al actual consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada]...

Ignacio González: Porque este, vamos yo luego me he enterao, no tenía ni idea, pero este debía de sacar de todos laos...

P. Nosotros solo tuvimos con él lo de los campos de fútbol (...) Ten en cuenta que entonces estaba en Arpegio [firma pública investigada por el juez Velasco en el marco de la red Púnica; el arrepentido de la trama, David Marjaliza, ha apuntado al juez que Taboada recibió comisiones], y el capítulo menor que tenía era lo de los campos de fútbol...

I. Ya, pero ahí Cristina, ¿por qué tira de este y tal?

P. Pues porque se llevaban bastante bien en otras cosas, porque como ella se encargaba de la coordinación de la campaña electoral, y quien daba dinero a los pueblos era este, yo creo que ahí hicieron, ahí hicieron sus chanchullos... Pero que tenían relación porque él se debió portar bien con ella en el sentido de decir, oye me interesa mucho que hagamos, Navalagamella [municipio de Madrid]. Pues a esa le daban más.

I. Hizo lo de suficiente en Padesto... Y algo ha debido de pasar, porque este sale de, le hace consejero, deja la dirección general y pone en la Dirección General de Administración a la que era antigua alcaldesa de Pinto.

P. ¿De quién depende eso, de él?

I. De él, de él. Y ahí ha pasao algo raro, no sé, no sé. Y me he enterado porque el otro día me viene Isabel y me dice: "Es que esta chica, me ha llamado discretamente porque ella sabe que vais a hacer y tal y cual, que quiere tomar un café con usted discretamente y tal...". Algo raro ha pasao.

P. ¿Y has quedado con ella?

I. Le he dicho que diga que si viene bien y que si no, me la suda, no me interesa nada. Es como anoche que me llama Esperanza y me dice que me quiere consultar y tal cual para lo del congreso regional... Paso, no quiero saber absolutamente nada de ellos... ¿como lo ves tú?"              (El País, 13/05/17)

22.5.17

Un empresario del 3% acusa a Mas. “Estaba al corriente de todo y me envió a Ferran Falcó a solicitarme silencio"

" Noticia bomba: hay un empresario de los del tres por ciento --en su caso, según él, el sablazo se puso en un veinte por ciento-- que se resiste a montarse algún apaño con la fiscalía para arreglarse un poco el futuro.

El hombre, un tal Salguero, asegura que le mueve el deseo de hacer justicia y que no está para componendas. Según él, el palo se lo pegaron Ferran Falcó y Felip Puig, cuyos nombres siempre aparecen en las trapisondas convergentes, y el cerebro de la organización e ideólogo de la extorsión era el mismísimo Artur Mas, el de la permanente expresión de yo-no-fui, como diría Rubén Blades.

Las acusaciones no pueden sorprender a nadie, ya que lo del Astut es como lo de Rajoy con sus corruptelas del PP. En ambos casos, el líder del partido solo puede ser un tonto de baba que no se enteraba de nada o el responsable de todo. Sea una cosa u otra --yo me inclino por la segunda--, ni un lerdo ni un corrupto son la persona más adecuada para estar al frente de un partido político.

Algo me dice que el señor Salguero no lo va a tener fácil y que le van a buscar la ruina entre los mangantes y la fiscalía, pues en caso contrario se sentaría un precedente funesto para lo que en España, Cataluña incluida, se considera justicia.

¿Dónde se ha visto que haya alguien que no está para apaños y quiere llegar al fondo de la cuestión? No me extrañaría que me lo acusaran de sembrar la alarma social y contribuir al deterioro del Estado de derecho.

Hemos llegado a un punto de cinismo tal que una actitud digna se considera un engorro, ya que lo normal es que los acusados, con tal de no ir al trullo, lleguen a todo tipo de acuerdos chungos con los que más interés deberían mostrar por apartarlos de esa sociedad que se han dedicado a ordeñar sin tasa durante un montón de años.

Cada día asistimos a un chanchullo nuevo --recordemos los casos bien recientes de Alavedra y Prenafeta-- y parece que lo encontremos todo de lo más normal. De ahí la sorpresa que representa la actitud de Salguero, a quien puede que mueva el ánimo de venganza, pero es natural después de haber encajado el contundente clatellot convergente para poder pagar, según ha reconocido, a sus empleados.

La justicia no debería basarse en chanchullos, tratos secretos y componendas varias. No basta con arruinar al mangui de turno obligándole a devolver una parte significativa de lo sustraído: ¿Dónde queda, si no, el carácter ejemplarizante de la ley? Y en cuanto al Astut, las afirmaciones de Salguero deberían conducir a una investigación en regla de las actividades del sujeto durante la larga etapa del 3%.

No puede ser que un testigo empeñado en hacer justicia sea una anomalía del sistema, como parece ser el señor Salguero, que si sigue por ahí puede acabar consiguiendo que se restaure el garrote vil solo para él."               (Ramón de España, Crónica global, 18/05/17)


"Uno de los empresarios del caso del 3%, José Antonio Salguero, se ha negado a pactar con la Fiscalía y la Generalitat, que ejerce de acusación particular, para rebajar las altas penas de prisión que se les pide a cambio de devolver los más de 120.000 euros que según el Ministerio Público desviaron de Adigsa.

La fiscal pide 18 meses de cárcel para Salguero, que es el único procesado que se ha negado a un acuerdo y que fue quien presentó la primera denuncia ante el Ministerio Público que inició la investigación. El empresario alega que CiU le hizo “chantaje”.

“Todas las partes están reconociendo que es verdad lo que durante 14 años decían que era mentira, que se pagaban comisiones, y quieren llegar a un acuerdo para disminuir sus penas”, ha indicado en declaraciones a los medios, además de denunciar que “pagué un chantaje, con conocimiento de CiU, y por lo menos me gustaría poder explicárselo a un juez y defender mi inocencia”.

“Me ví obligado a pagar, para poder pagar a los empleados que vivían de eso y creo que por los menos merezco que se me escuche”, ha insistido. Finalmente, ha asegurado que “Artur Mas estaba al corriente de todo y me envió a Ferran Falcó a solicitarme silencio”.       (e-notícies, 16/05/17)

19.5.17

La Fiscalía incluye a Aguirre en la 'red de decisión' para financiar irregularmente al PP

"Las fiscales Anticorrupción del caso 'Púnica' incluyen a Esperanza Aguirre entre las personas que habrían integrado la "red de decisión y ejecución cohesionada" para financiar irregularmente al PP en la campañas de 2007, 2008 y 2011. Según la Fiscalía, esta red puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas de los conservadores, que se acercaron a los 5 millones de euros. 

Las fiscales, que también incluyen a Ignacio González, hablan en concreto de la "coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de Fundescam" ─entre los que estarían el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, el ex gerente regional Beltrán Gutiérrez y el expresidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría─. 

 En el mismo párrafo añade a "los directores y miembros de los Comités de Campañas electorales, Presidente, secretario general y vicepresidente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, gerente y cargos orgánicos del Partido Popular y autorizados en cuentas, y en las mesas de contratación de la Comunidad de Madrid".

Entre los más activos, el informe señala a Gutiérrez y Granados "por sus responsabilidades coincidentes en el partido, en el gobierno autonómico, en los comités de campaña y en la fundación Fundescam".

Así se señala en un informe por el que el pasado 6 de marzo la Fiscalía Anticorrupción resume los indicios de presunta financiación irregular del Partido Popular a partir del estudio de la contabilidad 'b' hallada en los 'pen drives' incautados en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, obrante en el sumario de Púnica. Los fiscales puntualizan que "el Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los que no incluyó estos importes".

Según esta información, del estudio de dicha contabilidad B se deduce que en la campaña de 2007 el exceso de gasto fue aproximadamente de 2.685.000 euros; en 2008 de 685.000 euros en 2011 de 1.556.000 euros "sin contar con los gastos abonados desde la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral".

Por todo ello, las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá concluyen que en las tres campañas analizadas "el PP regional de Madrid contravino indiciariamente la normativa electoral de la LOREG y de la Comunidad Autónoma de Madrid superando en cada campaña los límites de gasto electoral y derivando su pago a canales opacos de financiación ilegal". Todo ello es indiciario de delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral y blanqueo de capitales.

En otro documento previo elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) unos meses antes, el pasado mes de septiembre, se detalla cómo el Partido Popular Madrid recibió aportaciones irregulares por un importe total de 376.000 euros (entre ellos 100.000 euros de la patronal madrileña CEIM o 60.000 del Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández) para subvencionar la campaña de las elecciones municipales de 2007, según apunta la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe que obra en el sumario de la trama Púnica.

Dentro del dispositivo electrónico incautado por los agentes aparecían subcarpetas con archivos contables con información relativa a la campaña de 2007, entre ellas una bajo el epígrafe de "aportaciones especiales". Concretamente, se localizó en una cuenta corriente de la Fundación para el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) los abonos exactos relacionados con las elecciones del año 2007 bajo las citadas denominaciones de "remanentes" y de "aportaciones especiales".

Los principales documentos en los que se centra la Fiscalía son la libreta con anotaciones manuscritas de Francisco Granados intervenida, así como los dos 'pen drives' intervenidos a Gutiérrez en su domicilio, entre sus pertenencias, en febrero de 2013.

Añade la Fiscalía, cuyos análisis son acogidos por el juez Eloy Velasco en documentos posteriores, que tras el análisis de dichos archivos ha podido identificar que los proveedores reales de los servicios acordaban facturar "a quienes se les indicara desde la gerencia del partido", desglosando además los importes para que parte de la facturación fuera por el circuito declarado a la Cámara o al Tribunal de Cuentas "y la otra parte fuera opaca".

Por lo que se refiere a los circuitos de financiación irregular, los archivos de Beltrán Gutiérrez revelan según las fiscales los canales de financiación irregular con los que se sufragaban los gastos electorales que el partido ocultaba. Entre otros, la Fundación Fusdescam, que según subrayan "fue un instrumento muy activo de financiación irregular del partido, desviando las subvenciones públicas que recibía la Comunidad de Madrid a la financiación de los proveedores del partido".

Otro de los sistemas de financiación irregular de los excesos electorales en el capítulo de gastos se instrumentalizó por el sistema de recompensa a donantes con contratos públicos de la Comunidad de Madrid. Así, la Policía Judicial ha identificado varias adjudicaciones en favor del grupo de Arturo Fernández -Grupo Cantoblanco-, quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de vicepresidencia y de la asamblea de Madrid en los años 2007, 2009 y 2011.

Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías -entre cuyos implicados figuraría según otros informes policiales la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes- y servicios "presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas", posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe.

Este canal permitió que determinados proveedores de gastos electorales del partido como Back, RVS, CROMA 21 o Digital Plane S.L. fueran recompensados como adjudicatarios directos de contratos sin concurrecia por unos importes globales de 317.673 euros, 319.047, 22 euros y 115,177,99 euros "cuando por prestaciones casi continuadas en el tiempo entre los años 2007 al 2014 y de la misma entidad debieran haber sido procedimientos negociados".

Además, y con fecha de 9 de marzo, la UCO entrega un informe al juez en el que analiza la "abundante" documentación incautada en el domicilio y despacho del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez "constatando la existencia de una contabilidad B que supone una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y, con ello, un grado aceptable de pluralismo político".                    (Público, 17/05/17)

18.5.17

La Guardia Civil implica a Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid

"Varios informes de la Guardia Civil incorporados al sumario del caso Púnica vinculan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación irregular del PP de Madrid.

La actividad sospechosa de Cifuentes tuvo lugar mientras desempeñaba el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y el empresario hostelero Arturo Fernández obtuvo varios contratos de suministro y servicio a la Cámara regional.

A su vez, Fernández habría entregado dinero a Fundescam que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP. Para cuadrar el círculo acusatorio, la Guardia Civil destaca que Cifuentes era miembro del comité de campaña del Partido Popular.

"Puede constatarse la coincidencia de Patrono de la Fundación Fundescam de María Cristina Cifuentes Cuencas con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación política -cuando se efectuaron aportaciones económicas-, y también con el hecho de pertenecer al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de Cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013, donde resultó ser la adjudicataria final la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L, y en donde desempeñó también de manera simultánea la Presidencia de la Mesa de Contratación en esas licitaciones", recoge un párrafo del informe de la UCO, al que ha tenido acceso eldiario.es.

En otro informe, también de la pieza secreta que investiga la financiación irregular del PP de Madrid, la Guardia Civil explica que Fundescam, la fundación del PP, recibía en una cuenta corriente "importantes cantidades de dinero" de empresarios en 2007.

Esas cantidades, añade, fueron utilizadas para sufragar "gastos electorales no declarados como tales, detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditaran cómo algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes".

En la adjudicación de esos contratos para Arturo Fernández "habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuenca", añaden los informes.

La Guardia Civil concluye que los "elementos probatorios" que ha podido reunir contra Cifuentes y otros miembros del comité de expertos que concedía los contratos "podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho".

En cuanto a Cifuentes, la Guardia Civil incide en que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid compatibilizó su pertenencia al órgano de contratación de la asamblea y el comité de expertos con el patronato de la Fundación Fundescam y el comité de campaña electoral del PP. Esta circunstancia, añaden los investigadores, es "contraria a la legalidad y vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, como recuerda la Guardia Civil en sus informes, está "sujeta al aforamiento preceptivo, según los estatutos de la Comunidad de Madrid". Esto implica que, si el juez Eloy Velasco atiende a los "elementos probatorios" presentados por la Guardia Civil, debe elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante el que está aforada.

Dos horas antes de que trascendieran los informes de la Guardia Civil sobre Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aceptado la dimisión del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, después de que los agentes registraran su despacho también en el marco del caso Púnica.
Cifuentes y los expertos "favorecieron" a Cantoblanco

Otro informe de la Guardia Civil recoge sus conclusiones tras interrogar al resto de integrantes del comité de expertos que avalaron la adjudicación al Grupo Cantoblanco. Concluyen los agentes que existió "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a la empresa de Fernández.

La UCO acusa a Cifuentes y al resto de integrantes de ese comité de llevar a cabo "conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos". Esas conductas consistieron en inflar de puntos la oferta del empresario para darle un margen suficiente cuando se abriese la valoración económica, donde el comité no podía intervenir.

Fue uno de los expertos, Isaac Arturo Zubiri, quien mintió en la asignación de puntos al obviar de forma consciente la oferta presentada por otra empresa que aspiraba al servicio de cafetería. Alegó para ello que no había aportado documentación alguna, "una falsa argumentación", según los agentes.

Esta operativa, que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación, era conocida por el resto de integrantes del comité de expertos.

"Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada", concluye el informe de la UCO.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores citan fragmentos literales de las declaraciones de algunos integrantes de ese comité de expertos. Zubiri explicó a los agentes que se reunieron todos en el despacho de Cifuentes para compartir las valoraciones que habían hecho sobre la oferta de Cantoblanco. Merino propuso algunas modificaciones que llevaba escritas en un papel. "Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo", relató Zubiri." (eldiario.es, 16/05/17)

"Los seis "elementos probatorios" de la Guardia Civil contra Cristina Cifuentes.


Hasta tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil apuntan a la implicación de Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid. Uno resume en seis indicios su participación en el amaño, otro la cimenta con las declaraciones de quienes lo sellaron con su firma junto a la ahora presidenta regional, y un tercero se apoya en esos "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de cohecho y prevaricación.

El referente a la financiación de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, es especialmente contundente a la hora de reunir indicios sobre la actuación de Cifuentes en su etapa como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, época en la que el empresario Arturo Fernández gestionó los restaurantes y cafeterías de la cámara.

Ese documento, fechado el 1 de marzo de 2017, concluye que existen indicios "de una adjudicación decidida de antemano en los referidos contratos -de la cafetería de la Asamblea de Madrid- y permiten asociar un nexo causal evidente respecto a la consecución de adjudicación por parte de la empresa Grupo Cantoblanco, con fecha posterior a efectuarse las importantes aportaciones económicas a Fundescam".

Los indicios que reúnen los agentes aluden a que se excluyó a empresas del concurso investigado, se incluyeron criterios de valoración contrarios a derecho y hubo “arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos”, que encabezaba Cifuentes.

Los investigadores señalan también que ese comité valoró con cero puntos a la empresa que competía con Cantoblanco en dos apartados con la excusa de que “no presentó ningún tipo de documentación al respecto”. Los representantes de esa empresa, sin embargo, certificaron ante la Guardia Civil que habían entregado esa documentación.

En ese informe señalan directamente a Cifuentes porque integraba a la vez el patronato de Fundescam, el Comité de Campaña y los órganos de contratación de la Asamblea de Madrid. Además, compatibilizó ser miembro del comité de expertos con la presidencia de la mesa de contratación, “circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera Ia imparcialidad”.
Hasta tres informes implican a Cifuentes

Esos indicios se agrupan en uno de los tres informes que implican a Cifuentes en la dinámica de financiación irregular del PP de Madrid. La Guardia Civil elabora otro con las declaraciones como investigados que prestaron ante los agentes el resto de implicados en el amaño del contrato para el Grupo Cantoblanco.

En ese otro informe, la UCO recoge que existió "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a la empresa de Arturo Fernández, y detallan la operativa a partir de las declaraciones de Isaac Arturo Zubiri y María Merino, los otros dos integrantes del comité.

Esa operativa que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación era conocida por la tercera integrante. "Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada", concluye el informe de la UCO.

Las declaraciones de Zubiri y Merino, que estamparon su firma en las adjudicaciones, y que han sido interrogados por ello, permitieron a los agentes conocer una reunión en el despacho de Cifuentes en la que se cerró la licitación. "Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo", relató Zubiri.
"Elementos probatorios" de dos delitos

Con las investigaciones que los agentes han ido plasmando en los sucesivos informes, estos señalan que existen suficientes "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de dos delitos. "Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho", señala el tercer informe, sobre las adjudicaciones a Cantoblanco.

A continuación, los agentes de la UCO incluyen la relación de personas contra las que se debería actuar por la comisión de esos dos delitos. La primera que incluyen es Cristina Cifuentes como "componente del comité de expertos en las licitaciones de los anos 2009 y 2011. Presidenta de la Mesa de contratación en las licitaciones de los años 2009 y 2011".

Recuerdan en su informe que se trata de una persona que "ostenta en la actualidad el cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, encontrándose sujeta al aforamiento preceptivo según los estatutos de Ia Comunidad de Madrid". Los agentes hacen esta aclaración porque el resto de investigados que avalaron los contratos con Arturo Fernández, y que no son aforados, han sido interrogados por la Guardia Civil. Todos menos Cifuentes.

En los Pliegos Administrativos se incluyeron criterios de solvencia técnica acumulativos con exigencia de clasificación que restringieron la concurrencia de empresas a la licitación. 

En los Pliegos Administrativos se han incluido criterios de valoración de las ofertas contrarios a Derecho: valoración de la experiencia, valoración de mejoras ofertadas sin haberse estas concretado previamente, inclusión de fórmulas que desnaturalizan el componente económico. 

Arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos. Destaca la inclusión de subcriterios utilizados por el comité de expertos para fundamentar las valoraciones que no fueron publicados en los pliegos y por tanto eran desconocidos por los licitadores cuando presentaron sus ofertas. 

Arbitrariedad a la hora de valorar hechos de idéntica similitud para favorecer o penalizar según a qué empresa; es decir, trato diferente para situaciones idénticas. 

A una de las empresas licitadoras se la valora con cero puntos en dos criterios de valoración (30 puntos en juego), alegando el comité de expertos en su Informe, que la misma fue puntuada con cero puntos porque no presentó ningún tipo de documentación al respecto. 
Oídos representantes de la empresa en declaración manifestaron no ser cierta la aseveración del Informe del comité de expertos y facilitaron a esta Unidad la documentación que presentaron en su día y la certificación de la misma por su asesoría Jurídica. Ambos técnicos que desconocían las puntuaciones finales otorgadas sobre esos criterios de valoración no se explican lo sucedido. 

Coincidencia integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con miembros de Patronato FUNDESCAM e integrantes del Comité de Campana como son Cristina Cifuentes, quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos con la de ejercer como Presidenta de la Mesa de contratación, circunstancia contraria a Ia legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la Presidenta de la mesa de contratación. 
La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en Ia aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por Ia mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria. Asimismo pertenecía al Patronato de FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario y que fueron destinado a sufragar gastos de campana y perteneció al comité regional de Campaña del Partido Popular de Madrid en los referidos comicios." (eldiario.es, 16/05/17)

"La Guardia Civil estrecha el cerco a Cifuentes con un segundo informe.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil envió al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco un segundo informe que ratificaba la supuesta implicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las presuntas irregulares cometidas en la adjudicación del servicio de cocina y cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, entre los años 2009 a 2011.

Casi un mes después del primer documento, los agentes ampliaron la información del mismo con las declaraciones de tres asesores y miembros de los comités que licitaron los contratos en beneficio del Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, quien a su vez habría financiado al PP de Madrid, según apunta la investigación.
 
Este segundo documento, ha adelantado El País, asegura que "el contenido de las referidas declaraciones avala aún más las conclusiones apuntadas" en el primer documento "respecto a la existencia de una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos".

Los agentes concluyen que las integrantes de la mesa de contratación, entonces presidida por la propia Cifuentes como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras" de las sospechosas adjudicaciones. Un hecho que, según revela el documento policial, "ha podido acreditarse de manera indubitada".

María Merino, jefa de Protocolo de la Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, responsable del Servicio Jurídico de la Cámara autonómica, e Isaac Arturo Zubiri, funcionario de la misma, prestaron declaración ante la Guardia Civil en calidad de investigados. Estos tres asesores y miembros de los comités de expertos, junto a Cifuentes decidieron estas adjudicaciones.

Los agentes subrayan que los tres integrantes de la mesa cayeron en "significativas y evidentes contradicciones".  En esta línea, concluyen que "se produjeron conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos" para favorecer a Arturo Fernández, imputado en la Púnica.

Irregularidades en contratos con Arturo Fernández

El juez ha decidido no procesar por ahora a Cifuentes por entender que no hay pruebas que esté implicada en la financiación ilegal del partido, criterio que comparte la Fiscalía Anticorrupción, según han fuentes jurídicas.

No obstante, en un auto dictado el 6 de marzo, Velasco reseñó la existencia de "sólidos indicios" que acreditarían que empresarios como Arturo Fernández "fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes".

Contratos "donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas", afirma sin aludir a Cristina Cifuentes, a la que sí señala la UCO en su informe.

El juez asegura en ese auto que los informes policiales ofrecen evidencias de que, a través de la cuenta de Fundescam, determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales.

Y detecta "en relación con los referidos hechos" los "sólidos indicios" de que empresarios como Arturo Fernández recibieron adjudicaciones posteriormente.

Asimismo, las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García, en otro informe fechado ese mismo día, apuntan que "siempre" que el empresario "se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de vicepresidencia y de la Asamblea de Madrid en los años 2007, 2009, 2011".

"Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe", recalcaron ese escrito las fiscales del caso.
A su juicio, el sistema de recompensa a donantes del PP con contratos públicos era otro de los caminos utilizados para la "financiación irregular de excesos electorales".

Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes.

La finalidad pretendida por los respectivos comités de expertos en ambas licitaciones habría sido la de proporcionar a la empresa de Arturo Fernández un amplio margen de puntos "para poder afrontar la apertura del último sobre del que emanarían las puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las ofertas económicas de las empresas licitadoras (...) donde el comité de expertos no
intervenía".

Cero puntos para la empresa rival

Esa circunstancia es fácilmente apreciable en ambas licitaciones, y concretamente en la licitación del año 2011, según la UCO, dada la diferencia de puntos que obtiene la empresa Cantoblanco tras haber valorado con cero puntos a la rival, CLECE S.A. bajo el falso argumento de que esa empresa no había aportado documentación alguna al respecto.

Así, la Guardia Civil puntualiza que el componente del comité de expertos Isaac Arturo Zubiri faltó a la verdad a la hora de elaborar el Informe de valoración de las ofertas."       (Público, 17/05/17)

17.5.17

El escándalo de los fiscales

"El “affaire de los fiscales” que incluye al nuevo fiscal del Estado José Manuel Maza y,  al recién nombrado fiscal Anticorrupción Manuel Moix,  está empantanando, aún más, la tensa vida política nacional dominada por los casos de corrupción,  está extendiendo una sombra de sospecha y de dudas sobre los últimos casos de escándalos que han venido surgiendo durante los últimos días, especialmente todo lo que se refiere al escándalo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (Operación Lezo) que, este miércoles, ha llegado hasta el Congreso de los Diputados y el Senado, con una serie de preguntas, la mayoría de ellas sin contestar, dirigidas al propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los ministros de Justicia Rafael  Català, y de Interior, José Antonio Zoido.

Que a estas alturas, sabiendo lo que se sabe, y conociéndose lo que se conoce, a través de las conversaciones grabadas al señor González y otros miembros de su familia (su hermano, su hermana y su cuñado) por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el señor Presidente del Gobierno defienda en el Parlamento al fiscal Anticorrupción señor Moix , por el que tanta instiga montó el señor González  para su nombramiento, desde que aparecieron las primeras sospechas del ático de Marbella y de las tropelías en el Canal Isabel II, es una verdadera impostura.

El señor Presidente del Gobierno puede defender a un Fiscal Anticorrupción que ha dividido a la carrera, pero lo único que no puede decir en el Parlamento es que, después de lo que ha trascendido,  le valore muy positivamente porque  “es un profesional con amplia trayectoria que funciona con total imparcialidad.

 “Lo único que no tiene es “Imparcialidad”. Salvó a Ignacio González de otros trances y toda la estrategia  del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González  (y ahí están todas las conversaciones grabadas a través de sus teléfonos, y de un sistema  de escuchas establecido en su despacho por la UCO,  con autorización judicial), era que Moix fuese nombrado fiscal Anticorrupción.

Se negó a ese nombramiento por haber en la carrera, otros fiscales con más méritos, la antigua fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, escogida por el propio Rajoy,  por ser compañera de carrera y fue cesada en el cargo por no someterse a las peticiones del ministro de Justicia. Consuelo Mariscal substituyó en el cargo a Eduardo Torres Dulce, un excelente jurista nombrado por Alberto Ruiz Gallardón, que se comportó en el cargo como un auténtico demócrata que creía firmemente en la división de poderes y en la autonomía de la Fiscalía. 

 Llegó un momento en  que fue sometido a tales presiones que dejó el cargo con gran malestar del Gobierno, que intentó por todos los medios que siguiera, sobre todo, en pleno conflicto de la Generalitat con el  Tribunal Constitucional.

Es difícil de explicar que desde su nombramiento se ha pedido en varias ocasiones la dimisión tanto del fiscal general del Estado, como la de su subordinado el fiscal Anticorrupción Manuel Moix, algo que no ha ocurrido ni durante el mandato de Torres Dulce ni de Consuelo Madrigal. 

Este miércoles esas dimisiones, además de la del ministro de Justicia Rafael Catalá, han sido solicitadas, de nuevo, en el Congreso de los Diputados, en un clima de enfrentamiento que no se producía desde hace semanas, y que ha sido calentado por el escándalo de la Comunidad de Madrid y el Canal Isabel II, convertidos en una auténtica bomba de relojería en la que aún queda mucho por estallar.

En medio de todo tipo de rumores sobre quién estaba informando a Ignacio González de las investigaciones que estaba realizando la UCO, lo que le ha permitido destruir muchas pruebas, según fuentes de la Guardia Civil, ya ha trascendido que el fiscal general del Estadio,  José Manuel Maza,  había sido alertado por distintas fuentes, especialmente por la Unión Progresista de Fiscales, que la designación de un fiscal Anticorrupción como Moix, podía suponer un auténtico conflicto político ya que su nombre aparecía citado por el expresidente de la Comunidad madrileña, como el fiscal ideal para sus intereses, en varias de las conversaciones grabadas por la UCO en su despacho. Los informantes del fiscal general habrían manifestado también su preocupación por el prestigio de la carrera fiscal el día que la opinión pública conociese esas grabaciones.

A pesar de todo Moix, fue nombrado fiscal Anticorrupción… y así estamos."              (José Oneto, República.com, 10/05/17)

16.5.17

Dos abogados del Estado de la promoción de Cospedal, investigados por Mercasa

"Sobresalto en la élite de la abogacía de la Administración Pública. María Jesús Prieto Jiménez, que hasta su reciente cese ha sido Secretaria General de Mercasa, y su marido Arturo Cortés de la Cruz, que ocupó el mismo cargo entre 2004 y 2007 y que en la actualidad es directivo de Acciona, están siendo investigados en el curso de la Operación Trajano, que lleva a cabo el juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Las investigaciones tratan de esclarecer el empleo de dinero público en Mercasa Incatema, el consorcio que desarrolla un mercado de abastos en Luanda, capital de Angola, y que contrató a un prófugo de la justicia española, Guilherme Taveira, relacionado también con el caso Defex. Pablo González, detenido al igual que su hermano el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha ocupado puestos de dirección en Mercasa –la compañía controlada por la Sepi y el Ministerio de Agricultura y que gestiona con los ayuntamientos los mercados de abastos- y ha sido consejero de Mercasa Incatema –el consorcio público privado creado en 2002 para el desarrollo de mercas en el exterior-.

Las investigaciones judiciales sobre María Jesús Prieto Jiménez y Arturo Cortés de la Cruz han causado estupor en las altas esferas de la abogacía de la Administración Pública. Ambos forman parte del exclusivo Cuerpo de Abogados del Estado, integrado –según la última relación pública que ha podido consultar este diario, publicada en el BOE, del año 2012- por 657 personas. Reconocidos políticos y altos ejecutivos del Ibex son abogados del Estado en excedencia. 

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente de Inditex, Pablo Isla; el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique; o el eurodiputado Miguel Arias Cañete son algunos de sus integrantes. El expresidente de Banesto, Mario Conde, ha sido la persona que mejor calificación ha obtenido en las pruebas de acceso a Abogado del Estado.

María Jesús Prieto fue cesada de su puesto en Mercasa horas después de que la Guardia Civil entrara en las oficinas de la compañía pública en Madrid, el pasado 19 de abril, el mismo día que fueron detenidos los hermanos González y otras personas relacionadas también con el negocio en el exterior del Canal de Isabel II, en el marco de la conocida como Operación Lezo.

 Los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Eloy Velasco se coordinaron ese día; la Operación Lezo y la Operación Trajano guardan aparentes vinculaciones. Los protocolos de la Sepi en casos como éste son más estrictos que los que sigue cualquier partido político en España: un cargo de Sepi imputado es cesado inmediatamente.

Mientras que de las investigaciones del juez Velasco se han filtrado los nombres de los detenidos, imputados, e investigados, así como conversaciones telefónicas, de la operación que investiga el juez De la Mata, poco ha trascendido. La agencia Europa Press publicó que 10 personas habían sido imputadas por la operación relacionada con Mercasa, sin identificarlos. El diario El Mundo informó que al menos habían sido imputadas 11 personas, y publicó los nombres de ocho, entre ellos el de María Jesús Prieto.

Vozpópuli ha confirmado con dos fuentes cercanas a la compañía pública que María Jesús Prieto y Arturo Cortés han sido imputados por dichas investigaciones; sin embargo, no ha sido posible lograr una confirmación judicial. También se ha contactado con el matrimonio formado por los dos Abogados del Estado a través de Mercasa, para que tuvieran conocimiento de la publicación de esta información y que la ampliaran si así lo consideraban. Además se ha contactado con Acciona (donde trabaja Arturo Cortés).

La dureza de las pruebas de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado hace que solo unos pocos, en torno al centenar, se atreva cada año a realizar las oposiciones, para lo que es necesario, como mínimo, dos años de preparación tras haber terminado la carrera de Derecho.

En 1991, solo 25 aspirantes consiguieron superar los exámenes y ser nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Abogados del Estado. María Jesús Prieto fue la número 8 de aquella promoción. Arturo Cortés de la Cruz, el número 17. La actual Ministra de Defensa, María  Dolores de Cospedal, fue la número 25.

Prieto, Cortés de la Cruz y Cospedal  fueron admitidos para participar en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado en mayo de 1989. El escaso tiempo que los tres tardaron en lograr superar las pruebas de acceso, dos años, muestra su elevada capacidad y concentración (la media de tiempo dedicado para ello es entre cuatro y cinco años, unas 9 horas de estudio diarias, seis días a la semana).

María Jesús Prieto ha ocupado puestos de responsabilidad en el Ministerio de Educación, en Fundación Dioversidad y en la Corporación de Radio y Televisión Española. Es profesora honoraria de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido representante de España en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la Unión Europea.

Arturo Cortés de la Cruz, tras su paso por Mercasa, ha desempeñado puestos de dirección legal en compañías del empresario leonés José Luis Ulibarri, en el grupo Aguas de Barcelona (Agbar), y ahora en Acciona.

“Los dos son brillantes”, dicen abogados consultados por este diario sobre María Jesús Prieto y Arturo Cortés de la Cruz. “Ella tiene una cabeza privilegiada, lo sabe todo sobre el Derecho”, añaden. “Era una jefa dura, no caía simpática, pero eso no quiere decir que no fuera buena profesional”, comentan fuentes cercanas a Mercasa. 

Tanto las fuentes del mundo de la abogacía como las consultadas en la compañía pública no dan crédito a la implicación de Prieto y Cortés de la Cruz en el caso. “Les ha tocado porque debieron firmar algunos de los contratos de Mercasa Incatema en Angola”, comentan fuentes consultadas en Mercasa. “Pero esta imputación no tiene recorrido, seguro”, sostienen."                  (Alberto Ortín, Vox Populi, 03/05/17)

15.5.17

¿Por qué Rodrigo Rato? En menos de siete meses, Bankia se desploma, arruinando a 300.000 personas que habían confiado en la campaña de su salida a bolsa

"NARRADORA: Buenas noches. Lo que veréis a continuación está basado en hechos reales. Pero antes de empezar os explicaré cómo comenzó todo y también cómo todo lo destapó gente normal y corriente, porque esto es algo que no se sabe.

Como mucha otra gente normal y corriente, los miembros de Xnet participan en el movimiento 15M. En el marco del primer aniversario del 15M, en la plaza Cataluña de Barcelona Xnet puso en marcha la acción 15MpaRato, cuyo objetivo es demostrar que detrás de esto que algunos llaman crisis (y que todos sabemos que es una estafa) existen unos responsables con nombres y apellidos. El objetivo era comenzar por Rodrigo Rato y sus cómplices y llevarlos ante la justicia. ¿Por qué Rodrigo Rato? En un momento os lo digo.

A 15MpaRato se suma más gente, gente normal y corriente. Recalco esto de «gente normal y corriente» porque es importante saber que los miembros de 15MpaRato no poseen competencias específicas en la materia que les ocupa. No son especialistas en banca, abogados, economistas o fiscales, son gente... normal y corriente. Tanto es así que, cuando se han necesitado abogados, se han tenido que contratar. Lo que ha hecho 15MpaRato es crear la maquinaria para que todo el mundo que quiera pueda contribuir a la acción.

Estas que veis son las líneas de comunicación entre toda la gente que en algún momento ha colaborado con 15MpaRato. Porque, claro, para poner en marcha una acción de este tipo, hacían falta muchas cosas. En primer lugar hacían falta afectados para poder acusar. Y es así como 44 estafados por Bankia se ofrecieron para que se formulara la querella contra Rodrigo Rato en su nombre.


En segundo lugar, hacían falta pruebas, de modo que 15MpaRato abrió un buzón anónimo en línea para que la gente las pudiera aportar. Al principio lo abrieron a través de MiniLeaks, después ellos mismos desde la Comisión Anticorrupción del Partido X y, finalmente, con el buzón de Xnet que actualmente continúa vigente.

Hacía falta dinero: no sé si sabéis (ellos tampoco lo sabían, pero ahora sí lo saben) que para acusar a un banquero hacen falta unos 15.000 euros cada año y medio. Lo bueno es que es tarifa plana: una vez que los pagas ya puedes acusar a tantos banqueros y políticos como quieras. De hecho, empezaron con 33 y ahora, por el mismo precio, ya tienen casi un centenar. 

Para conseguir este dinero, lanzaron el que supuso el primer crowdfunding político. Ahora ya se hacen muchos, pero este fue el primero. Fue una fiesta, con cientos de personas queriendo aportar. Al final del primer día, ya habían conseguido el objetivo.


Y, por descontado, también hacía falta toda esa gente que ha aportado tiempo y trabajo en red para difundir la acción. Muchos de los que estáis aquí..., vosotros, nosotros y toda esta gente somos 15mparato. Gente... normal y corriente.
Ahora volvamos a la pregunta: ¿por qué Rodrigo Rato? Dos gráficos lo explican.



Primer gráfico: Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, la transforma en Bankia (¡Ojo! Recordad este nombre: Caja Madrid. Todo el mundo recuerda Bankia, pero donde todo empieza en verdad es allí, en Caja Madrid. Aquí hablaremos principalmente de Caja Madrid).

A continuación la saca a Bolsa a bombo y platillo, con una intensa campaña mediática, la famosa campaña «Hazte BanKero» con «k» de Bankia.

En menos de siete meses, Bankia se desploma, arruinando a 300.000 personas que habían confiado en esta campaña.


Segundo gráfico: este es el gráfico del primer rescate a la banca española. Como podéis ver, casi la mitad de las ayudas van destinadas a Bankia. En la columna del total faltan seis ceros, pero no nos cabían. Estamos hablando de miles de millones de  euros. Sí, son cantidades a las que no estamos demasiado acostumbrados, pero hoy —solo por hoy— estas son las cantidades que manejaremos. En pocas palabras, la séptima parte del agujero de la «crisis» del Estado español lo ha creado Ban- kia. Ella solita.


Viendo estos gráficos, Xnet se preguntó por qué ningún seudoanalista financiero o tertuliano había llegado a la misma conclusión que cualquier persona normal y corriente: si un banco crea un agujero de estas dimensiones en la economía de un país, sus directivos son unos de los responsables del crash de ese país. ¿Y quién era el presidente de Caja Madrid, convertida en Bankia? Pues el señor Rodrigo Rato. Y ahí lo tenéis: 15MpaRato. Así empieza la acción: 15MpaRato abre lo que se conoce como «caso Bankia» y se constituye en acusación particular.

Como podéis comprobar, esta campaña empieza mucho antes de que partidos como UPyD se apuntaron al carro; antes de que nos hicieran creer que el caso Bankia lo abrió un fiscal, un juez, un ministro, un partido político o la prensa. No, todo esto lo ha hecho gente, gente normal y corriente.
15MpaRato siempre ha sostenido que este asunto no era una cuestión personal con el señor Rodrigo Rato. No. 

El plan era que tirando de él, cayeran todos. Y se ha demostrado que tenía razón. Empezaron por Rato y 33 directivos imputados. Cinco años después, ya tenían casi un centenar de banqueros y políticos de todos los colores condenados en primera instancia o sentados en el banquillo y pendientes de juicio.
 

Pues ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Nos podemos ir a casa, ¿no? Pues no.

Resulta que hay otro problema. En toda esta aventura, los miembros de 15MpaRato han descubierto una cosa que no se esperaban: sentar en el banquillo a varias decenas de banqueros y políticos no es tan difícil como lograr que la opinión pública sepa que está al alcance de todo el mundo. Y no solo esto. Mientras iban recabando información de primera mano, veían cómo lo que llegaba a la opinión pública era una cosa totalmente diferente. 

Por cada diez periodistas que realmente colaboraban con ellos, había diez medios que ignoraban la verdad o negaban el esfuerzo colectivo. Por cada candidato o candidatura genuinamente ciudadana o popular que ha ayudado y apoyado, existe un partido (y más doloroso es cuando además se autodefine como «nuevo») que se lo ha dejado tristemente claro: «O entras en nuestras filas y llevas nuestra marca, o te borramos del mapa como posible competidor». Es por eso que los componentes de 15MpaRato han decidido explicar esta historia ellos mismos; y aquí la tenéis.

¿Cómo lo harán? Partiendo de la prueba más importante que cayó en sus manos. Mientras estaban trabajando en el proceso judicial, entró un mensaje anónimo al buzón online que les llamó poderosamente la atención. Decía así:

Tengo una información de mucho volumen que creo que dibuja un cuadro claro de la corrupción institucional en España.

¿Qué información resulta ser? Los correos de Blesa. O sea, los correos electrónicos recibidos y enviados por Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, antes de que lo fuera Rodrigo Rato. ¡Maravilloso! La historia de cómo se monta una «crisis» —nuestra «crisis»— vista desde la sala de máquinas.

Acto seguido, la gente de Xnet busca periodistas para que se puedan publicar los correos y se encierra literalmente durante unos días en la redacción de un medio. Trabajan día y noche con todo este material para que pueda salir a la luz.

 Por fin se publica la información. De toda ella, la que más sonó fue el escándalo de las tarjetas black, las famosas tarjetas Visa con las que todos los directivos de Caja Madrid podían gastar sin ningún control. Para que todo el mundo pueda acceder a estos correos, Xnet ha cribado los 8.000 iniciales y ha dejado 460 con información de relevancia pública (de 2000 a 2009) en la web correosdeblesa.com.

Vosotros mismos podéis consultarlos si deseáis confirmar la veracidad de lo que se os mostrará a continuación. Porque lo que veréis es esto: los correos puestos en escena; ordenados para que podáis seguir el hilo lógico de las conversaciones.

 Adaptados, pero respetando todo lo posible las palabras que ellos mismos, los banqueros, escribieron. Los diálogos, por inverosímiles que parezcan, están extraídos de sus propias palabras. Dietas, sueldos, pensiones..., todo esto no sería asunto nuestro si Caja Madrid —después Bankia— hubiera sido una empresa privada cualquiera. 

Pero no era una empresa privada cualquiera, dada la implicación de las instituciones políticas. De aquí que pudiera arrasar con todo, dejando que la cuenta la pagara la ciudadanía a través del rescate bancario. Podréis ir sumando los gastos a medida que vayan apareciendo en el texto hasta completar la cuenta que han dejado por pagar: 147.000 millones de euros.

Como cualquier Gobierno corrupto, aquí y en todas partes, su plan consistía en que pagáramos la cuenta sin decir ni mu. No ha sido así.

Estáis a punto de ver una parte de nuestra historia reciente explicada con las palabras de quienes la perpetraron. La historia de cómo las élites saquean un país, pero también la de cómo la ciudadanía, organizándose, está cambiando el guion previsto. ¿Preparadas? ¿Preparados? ¡Atención!..., que ya vienen.

Votar y cobrar. La impunidad como forma de gobierno.  Simona Levi y Sergio Salgado. Capitán Swing, 2017."                    (Fragmento del libro de Simona Levi y Sergio Salgado, CTXT, 10/05/17)

La empresa de Ivanka Trump obtuvo los derechos de dos marcas en China el día en que cenó con el presidente Xi

"La compañía de Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense Donald Trump, se hizo con las licencias comerciales de dos de sus marcas para vender productos en China el mismo día en que cenó con el presidente de este país, Xi Jinping, en Mar-a-Lago, la mansión que el magnate norteamericano posee en Florida.

La Oficina de Marcas Registradas de China publicó el pasado 6 de abril cientos de anuncios relativos a las solicitudes de empresas chinas y extranjeras para proteger sus marcas en el mercado del gigante asiático. Entre ellas está la de "Ivanka Trump Marks LLC", la empresa que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los productos de la firma del hija del presidente, según adelantó el martes la agencia AP.

Documento oficial de la Oficina de Marcas Registradas de China que certifica la obtención provisional de los derechos de explotación de la marca Ivanka Trump en los negocios de servicios de belleza (izquierda) y bolsos (derecha).

Las autoridades competentes dieron, según pudo comprobar este periódico, la autorización provisional para el uso exclusivo de la marca en dos líneas de negocio (servicios de belleza y bolsos) horas antes de que el presidente Xi cenara con Donald e Ivanka Trump. La resolución no es aún definitiva: ahora otras marcas que consideren que la decisión no es justa tienen un periodo de tres meses para presentar alegaciones. Ambas solicitudes se habían presentado el 17 de mayo del año pasado.

La hija del presidente estadounidense, de 35 años, ejerce de asesora de su padre, aunque no esté contratada, y su papel en la Casa Blanca ha despertado numerosas suspicacias sobre los potenciales conflictos de intereses de la familia Trump en el poder.

El mercado chino está muy interesado en el tirón comercial de la hija de Trump. Hace apenas un mes trascendió que decenas de firmas e individuos chinos se habían apresurado a registrar variaciones del nombre de la empresaria como marcas de su propiedad.

Según la oficina del registro de marcas china, son 55 los productos registrados (o en proceso) con el nombre Ivanka en distintos negocios. Algunos hace años que lograron la autorización, la gran mayoría la tiene pendiente y hasta alguna ha sido rechazada.

La confianza del presidente Donald Trump en su hija se ha hecho patente desde el día uno de su presidencia. En diciembre pasado, estuvo presente en la primera reunión que tuvo su padre como presidente electo con un líder extranjero, con el japonés Shinzo Abe en su residencia de Nueva York. Se sentó al lado de la canciller alemana, Angela Merkel, durante una reunión bilateral en Washington y también asistió a la cena el pasado 7 de abril durante la cumbre con el presidente chino, entre otros muchos actos.

En un comunicado, la abogada de Ivanka Trump, Jamie Gorelick, aseguró que "las normas éticas no obligan a inhibirse de las responsabilidades en la Casa Blanca en cuestiones de política exterior por el mero hecho de que una empresa bajo su propiedad haya solicitado un registro de marcas a un determinado país".

El presidente Trump afirma haber dejado todos sus negocios en manos de sus hijos y no tener ninguna comunicación respecto de las decisiones que toman. Sin embargo, en un tuit atacó a los almacenes Nordstrom por dejar de vender la marca de ropa y complementos de su hija. Poco después, la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway salió después en televisión pidiendo públicamente que los espectadores compraran productos de Ivanka Trump. Un tipo de promoción que está prohibido por ley."                   (El País, 19/04/17)

12.5.17

Los peritos sostienen que el Banco de España oculta “información sensible” del caso Bankia

"Se profundiza la brecha interna en el equipo de inspectores del Banco de España. El último informe de los peritos del caso Bankia echa más leña al fuego a un clima deteriorado ya desde hace años. 

En sus documentos, los dos inspectores del regulador cargan con fuerza contra sus antiguos responsables durante la creación, salida a Bolsa y caída de Bankia, entre 2010 y 2012. Pero también contra los actuales, al insinuar que se ha podido ocultar "información sensible" para el caso.

Frente a ello, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras se alinean al 100% con José Antonio Casaus, el inspector cuyos correos provocaron las imputaciones de la cúpula del Banco de España.

Entre los destinatarios de las críticas de Busquets y Sánchez Nogueras destaca el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En su declaración como imputado, MAFO, aseguró que todo lo que se encontró en Bankia era herencia del pasado: “Lo que me encontré fueron temas anteriores, inversiones mal hechas, cajas con gestores no profesionales. A mí me llega lo de enterrar a los muertos”.

Frente a ello, los peritos ponen sobre la mesa un discurso del exgobernador de abril de 2007, en el que lejos de estar preocupado por la herencia recibida, Ordóñez sacaba pecho de la salud y las provisiones de la banca española: “La pregunta inmediata es, ¿cuándo descubrió el declarante a los muertos del sistema bancario español?”, expone Sánchez Nogueras.

¿Información oculta?

Más allá de estas consideraciones, los dos peritos asestan un golpe a sus superiores (en esta ocasión a los actuales) al insinuar que se podría haber ocultado al juez información relevante sobre el caso Bankia. En concreto, aluden a la ausencia de correos electrónicos durante dos meses, de principios de julio de 2011 a septiembre de 2011, justo cuando salió a Bolsa Bankia.

“Los peritos entendemos que en dicha documentación no se incluyó información sensible”, critica Busquets, respecto a un envío de documentación del regulador en julio de 2016. “Otro indicio de la no inclusión de información sensible es que en la reunión con Intervención del 14 de julio de 2011 no hay ningún comentario sobre la salida a Bolsa del 20 de julio y en la reunión de 21 tampoco, ni sobre el precio de emisión con un descuento del 74%, lo que resulta increíble. Ningún correo hace referencia a dicho descuento”, critica Busquets.

Los dos documentos recogen una defensa a ultranza de Casaus, el inspector de los correos. “La inspección no había analizado en detalle la morosidad por falta de medios”, señala Busquets ante las críticas contra Casaus por no avisar antes del agujero inmobiliario. “De marzo a septiembre de 2011 los inspectores pasaron 6 meses solicitando repetidamente la revisión de Banco de Valencia realizada por PWC”, añade.

Además, Busquets y Nogueras subrayan una de las decisiones más discutidas del Banco de España: permitir a las cargas sanear sus balances contra reservas antes de la fusión, en 2010. “Fue una grave irregularidad” que permitió que los gestores de las cajas cobraran bonus.

El informe de Navalcarnero

Por su parte, Nogueras centra sus críticas en un informe que el Banco de España presentó a petición de un juez de Navalcarnero, en el que ponía en cuestión todas las conclusiones de los peritos. El inspector habla de “conflicto de intereses y artimañas”.

Así, alude al “grave conflicto de interés que afecta al señor Pedro González”, exdirectivo de Supervisión, “ya que podía tener formada ya su opinión sobre los informes presentados por los peritos judiciales en diciembre de 2014”. “Difícilmente, el señor González iba a proponer cuestiones diferentes a las que adoptó en el proceso de constitución y salida a Bolsa de Bankia”, sentencia el perito."                     (Jorge Zuloaga, Vox Populi, 09/05/17)

11.5.17

La Fiscalía sospecha que González oculta su fortuna en Suiza, Luxemburgo y Reino Unido

"El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mantiene un importante patrimonio oculto a la Justicia, procedente de la evasión de fondos públicos, que habría sido desviado presuntamente a través de un complejo entramado societario a paraísos fiscales.

Según se desprende del escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco,  -oponiéndose a la excarcelación del exdirigente del Partido Popular (PP)-  González "dispone de una ingente cantidad de fondos públicos que en el momento actual no están controlados".

Los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Iáñez explican que las actuaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo en el caso Lezo"han traspasado fronteras" ya que existen indicios de la comisión de distintos delitos a través de las filiales de Inassa -la empresa del Canal de Isabel II que gestiona las sociedades en América Latina- en países como Brasil, Panamá o Colombia.

Anticorrupción explica que Inassa era una empresa pública -que estuvo bajo el paraguas de Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre fuerte de González- que fue gestionada por los cabecillas de Lezo "como si de una empresa privada se tratase", ya que ésta fue utilizada para desviar fondos públicos del Canal de Isabel II haciendo los investigados un "uso indiscriminado" de la misma. 

El Ministerio Público sospecha que esos fondos públicos desviados presuntamente por Ignacio González y Rodríguez Sobrino están escondidos en Suiza, Luxemburgo y Reino Unido.

Vozpópuli  ya publicó el pasado 20 de abril que  los investigadores del caso Lezo sospechan que el expresidente González cobró comisiones millonarias a través de sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales. Sin embargo, dichas mercantiles pantalla no figuraban a nombre del exdirigente del Partido Popular sino de su hombre de confianza en Latinoamérica. 

En aras de acreditar estos hechos, y de averiguar el paradero de los fondos públicos desviados, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya ha cursado distintas Comisiones Rogatorias a países como Suiza, Panamá, Bélgica y Liechtenstein solicitando auxilio y colaboración judicial. De la investigación se desprende que sólo a través de la operación de compra de la sociedad brasileña Emissao por parte de se desviaron 20 millones de euros de las arcas públicas.

De la misma forma, los fiscales Anticorrupción señalan que la investigación de esta causa de corrupción "ha acreditado que Ignacio González disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta".  "En la misma línea la capacidad económica de la familia González es absolutamente incompatible con las inversiones que pretendían realizar", añaden Iáñez y García Cerdá.

Los miembros del Ministerio Público explican que, precisamente, una de las líneas de investigación en este procedimiento judicial es la referida a toda la actividad desplegada por el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre y su entorno para el afloramiento de capitales. La Fiscalía sospecha que los imputados "proyectaban inversiones de capitales en distintos países, crearon sociedades con personas interpuestas y utilizaron fondos de inversión a través de los que pretendían pasear el dinero para luego invertirlo".

Por todos estos motivos, Anticorrupción se opone a la excarcelación de González. Los fiscales argumentan el alto riesgo de fuga existente y las altas posibilidades de reiteración delictiva y obstrucción de pruebas si el exdirigente del PP queda en libertad en estos momentos cuando la investigación está en curso y la Guardia Civil analiza todo el material incautado en los registros practicados los pasados 19 y 20 de abril."                 (Ángela Martialay, Vox Populi, 10/05/17)

10.5.17

La trinidad de la madre superiora Ferrusola: la familia, el bolsillo y Cataluña

"Mucha religiosidad, pero poca vergüenza. Esa es la conclusión que cualquier ciudadano de bien puede sacar del perfil de Marta Ferrusola Lladós, que durante muchos años se consideró la ‘primera dama’ de Cataluña y a la que no le dolían prendas en regañar en público a su marido, el entonces todopoderoso Jordi Pujol, o a los dirigentes de CiU, a los que daba lecciones de moralidad y de patriotismo.

Marta Ferrusola es el ánima de la familia Pujol. Ella se encargó de la educación de sus hijos, les inculcó el amor por el dinero y les instruyó en el noble arte de hacer dinero a espuertas en nombre de la patria

El mal llamado clan Pujol es, en realidad, el clan Ferrusola, y los últimos descubrimientos así lo constatan: una nota manuscrita de Marta Ferrusola, desvelada ayer por El Confidencial, es hilarante, si no fuese porque esconde una incómoda verdad: la Ferrusola se autoapodaba la ‘madre superiora de la congregación’, daba órdenes de cómo mover el dinero en paraísos fiscales y a los ‘milloncejos’ de pesetas los llamaba ‘misales’.

El juez José de la Mata, en un auto fechado el 30 de diciembre de 2015, destacaba que había dos escritos manuscritos fundamentales entre los ‘papeles de Andorra’: el primero era una nota de Jordi Pujol Ferrusola, en la que el mismo día que abría una cuenta con 307 millones de pesetas (más de 1,8 millones de euros), en el año 2000, explicaba que él no era dueño de los fondos de la misma, sino que el titular real era Jordi Pujol i Soley, a la sazón presidente de la Generalitat.

 El otro era del propio ‘president’. Estaba fechado en mayo de 2001 y en él afirmaba que era propietario de la cuenta 63810 y que, en caso de defunción, esa cuenta debía pasar a Marta Ferrusola Lladós.

Ahora ha aparecido otro papel nuevo: el manuscrito de la matriarca, Marta Ferrusola, en el que se arroga el papel de ‘madre superiora de la congregación’. No desentona ese cargo con su profunda religiosidad. Los Pujol siempre han sido de iglesia y misa, muy vinculados al cristianismo patrio, aunque más patrio que cristiano.

Pero si algo tiene Marta Ferrusola, aparte de carisma, es una infinita fortaleza interna para negarlo todo, hasta lo más evidente. En su comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación del fraude y la corrupción, pronunció una frase que quedó marcada a fuego en la memoria colectiva de Cataluña. “Si no tenim ni cinc” (‘Si no tenemos ni un duro’), contestaba con cara de ancianita buena al diputado ecosocialista Marc Vidal

Meses antes, había legalizado las cuentas secretas millonarias que toda la familia tenía en Andorra. Y un minuto después le volvía a insistir en que “vamos con una mano delante y otra detrás”. Claro que debía ser para que no cayesen al suelo los billetes de las alforjas. Y negaba con vehemencia que tuviese cuentas en el paraíso fiscal pirenaico.

Los tres mantras de la madre superiora

La nota manuscrita desvelada ahora data de diciembre de 1995, lo que denota que ya entonces manejaba las finanzas del clan, mientras algunos de sus hijos apenas sobrepasaban el umbral de la pubertad y no sabían todavía volar por su cuenta fuera del amparo de sus padres.

Marta Ferrusola los educó en una férrea disciplina nacionalista con ribetes de xenofobia, de autosuficiencia y de complejo de superioridad. Por eso, por su 'modus operandi', la familia ha de ser vista más como clan Ferrusola que clan Pujol . Y es que hay tres cosas intocables para esta dama de hierro: su familia, su Cataluña y su bolsillo.

La matriarca navegó en las procelosas aguas de la política. En 1991, una estudiada estrategia de Marta Ferrusola, a la que secundaba su hijo Jordi Pujol Ferrusola (que frecuentaba algunos círculos de activistas muy vinculados a Convergència Democràtica de Catalunya), provocó la defenestración de Miquel Roca i Junyent, entonces número dos de Jordi Pujol.

 La importancia de la operación radicaba en que un nuevo grupo de ‘patriotas’ se iba a hacer cargo de las finanzas de Convergència. Algunas de las reuniones premilitares del ‘golpe de despacho’ contra Roca se celebraron en el despacho de Rafael Español, presidente de La Seda (empresa en cuyo consejo de administración se sentaban como premio destacados líderes políticos, especialmente vinculados a CDC, en el que estuvo incluso Jordi Pujol Ferrusola que, aparte, facturaba cantidades millonarias a la compañía química), y participaron algunos de los nombres que se sentaron en puestos clave cerca de Jordi Pujol: Joan Maria Pujals (consejero de Cultura), Francesc Xavier Marimon (consejero de Agricultura, a quien Jordi Pujol Ferrusola llegó a ofrecer el cargo de delegado de la Generalitat en Madrid) o Antoni Comas (consejero de Bienestar Social y pariente de Pujol).

 Todos ellos tuvieron que pasar el filtro de Ferrusola para sentarse en el Gobierno catalán. ¿Eran nacionalisats y católicos? ¿Y además amigos de sus hijos? Pues cargo asegurado.

El grupo logró apartar a Roca del control de las finanzas de Convergència y a partir de ahí comenzó una nueva etapa en el devenir económico y político de Cataluña, con la familia Pujol Ferrusola controlando todos los resortes de poder, tanto en la política como en la economía, puesto que esta se supeditaba a los designios del gobernante debido a las onerosas adjudicaciones públicas realizadas desde la Generalitat.

Un Gobierno vampirizado

Marta Ferrusola no ha escondido nunca su ideario. No le gustan los extranjeros, no le gusta que se ataque a Cataluña y no le gustó que José Montilla fuese presidente de la Generalitat porque tenía apellido español y no hablaba catalán a su gusto

 Responsable de la sectorial de deportes de CDC, Marta Ferrusola siempre hizo negocios al calor del Gobierno autonómico. Por ser la esposa de quien era, logró varios contratos con las consejerías de Presidencia, Economía, Gobernación y Medio Ambiente de la Generalitat, que ella siempre negó hasta que aparecieron los documentos cuando llegó el Tripartito al Gobierno.

 Solo del departamento de su marido cobraba 18.000 euros al año, aunque ante el Parlamento afirmó que solo había tenido una relación con la Generalitat: había llevado plantas al despacho de su marido… como regalo, claro.

Su actividad, no obstante, se extendía como mancha de aceite. Así, logró suculentos contratos con Fira de Barcelona, por ejemplo. Porque donde veía oportunidad de negocio, no tenía empacho en descolgar el teléfono y llamar personalmente a cualquier responsable. 

Así, pudo facturar 20 millones de pesetas a FCC (una de las constructoras más favorecidas por su esposo) para engalanar de plantas el World Trade Center. O ser la elegida para cambiar el césped del Camp Nou a mediados de los noventa, en un episodio de juzgado de guardia, porque el club azulgrana tuvo que levantarlo todo y ponerlo de nuevo.

Con respecto a la Administración, los Pujol vampirizaron la Generalitat. En 1986, la empresa José Ferrusola SA tuvo que ser absorbida por Tipel SA, de la familia Prenafeta. Lluís (que metió a trabajar en su emporio a Jordi Pujol Ferrusola y a Artur Mas, por ejemplo) echó una impagable mano a su superior Jordi Pujol al quedarse con la empresa de la familia de su esposa, Marta Ferrusola. Tipel inyectó 450 millones de pesetas durante los siguientes años, pero no pudo salvarla de la quiebra

Y un apunte curioso: Tipel recibió avales de la Generalitat durante esos años, precisamente por un monto de unos 400 millones, aunque cuando Tipel presentó suspensión de pagos el 5 de abril de 1994, el ICF obvió los avales impagados y le concedió una línea de financiación extraordinaria por más de 1.000 millones de pesetas. Un año más tarde, Tipel quebró.

El dinero, hacia América

En el sector de los negocios, se asoció con los Raventós de Codorniu, para relanzar Hidroplant (la empresa originaria que abrió con este nombre quebró, pero luego le puso el mismo nombre a otra). Vivió una década de ‘vino y rosas’, hasta que la llegada del Tripartito al poder cortó de cuajo la escandalosa sangría de dinero que fluía desde el Gobierno hacia Hidroplant, que acabó siendo vendida en 2006 a una multinacional danesa, cuando ya acumulaba cuantiosas pérdidas.

Pero mientras se agrandaba el agujero de pérdidas en su empresa catalana, Ferrusola agrandaba igualmente el remanente en sus cuentas andorranas. Ahora ya conocemos que tenía ‘misales’ en Andorra. Muchos ‘misales’: todo el clan pudo haber escamoteado 69 millones de euros desde los años ochenta hasta la fecha.

 Pero queda por esclarecer el papel que tuvo la empresa Kopeland Foundation, una firma panameña creada por BPA para poner al servicio de Marta Ferrusola y de su hijo Jordi Pujol Ferrusola. A esa compañía se transfirieron los fondos andorranos de ambos, con el fin de poder hurtarlos al fisco después de que se hubiese filtrado que tenían cuentas secretas en el paraíso fiscal.

 Para evadir el dinero, el clan se sirvió no solo de Kopeland, sino también de la firma Global Services Advisory Ltd. y del testaferro panameño José Cornelio Berdiales. Tras las enrevesadas y céleres transferencias a las empresas 'offshore' a mediados de 2014, los Pujol y los Ferrusola, efectivamente, se quedaron sin blanca. Pero su dinero (y los misales) ya estaban a buen recaudo al otro lado del Atlántico."                 (A. Fernández, El Confidencial, 09/05/17)