14.7.09

"Ricardo [Costa] me ha dicho: "Si lo arreglamos así me perjudica a mí"

"UNA RELACIÓN DE CONFIANZA Y UN PROBLEMA

- Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, a Francisco Correa, cabecilla de la trama: "He estado con Ricardo [Costa, secretario general del PP de Valencia], que me ha dicho: 'Oye, arreglarlo así al único que perjudica es a mí. Yo por ayudarte hago lo que sea y además te lo demuestro cada día, pero si lo hacemos de esta manera al único que te cargas es a tu amigo Ricardo, que por cierto es el único que te ayuda siempre'. Y yo le he dicho que tiene toda la razón, así que olvídate"

- Álvaro Pérez habla con Ricardo Costa de "una cabronada" de Isabel Jordán:

Ricardo Costa: "¿Quién es Isabel Jordán?".

Álvaro Pérez: "La que dirigía la oficina de Madrid. La rubia. ¿Te acuerdas de ella?" (El País, ed. Galicia, España, 08/07/2009, p. 13)

9.7.09

Los trajes de Camps



"Primer paso para juzgar a Camps. "No existe constancia de pagos en metálico como declaró Camps". José Flors considera en su auto que hay indicios para seguir investigando" (...)

Las principales conclusiones del juez

Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos Rafael BetoreT “han visitado los establecimientos que dirigía José Tomás [el sastre] y han encargado prendas de vestir, en compañía o por indicación de Álvaro Pérez, sin que conste que hayan procedido al pago de su precio, existiendo una razonable base documental para poder inferir que el pago fue atendido unas veces por una sociedad administrada por Álvaro Pérez (Orange Market), que obtenía con asiduidad la adjudicación de numerosos contratos por diferentes organismos de la Generalitat Valenciana, y, otras, por algunas sociedades vinculadas con aquélla”.

Todas las prendas de vestir con las que fueron obsequiadas merecen la conceptuación de dádiva a los efectos de lo establecido en el artículo 426 del Código Penal [cohecho, penado con multa de tres a seis meses]”.

El cohecho existe “aunque el precio pudiera parecer a alguien escaso o aún ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de las personas obsequiadas”. (El País, ed. Galicia, España, 07/07/2009, p. 10)


"Primer paso para juzgar a Camps. LAS GRABACIONES A LOS CABECILLAS ANTES DE SU DETENCIÓN. "Son cosas que hicimos hace tiempo con 'el curita'. Es muy complicado". Álvaro Pérez explicó desesperado a Correa el problema de los trajes" (...)

CORREA Y PÉREZ, PREOCUPADOS POR LA INVESTIGACIÓN

- Álvaro Pérez: "Me han hecho un putadón. Alguien ha dicho que yo hago regalos a una serie de señores. Y entonces, tío, no tengo salida"

- Francisco Correa: "Has cometido un error gravísimo, Álvaro. ¿No ves que trabajas para un político importante? Entonces estás en el punto de mira, tienes que tomar medidas"

- Pérez: "A Tomás [el sastre] le han citado y le han dicho que tiene que ver con una empresa que trabaja con el PP"

- Correa: "Ahí estará el tema de Boadilla, ahí saldrá el tema mío, el de Pablo [Crespo, su mano derecha], el del todos. Esto es una denuncia amplia que han hecho nuestra [contra nosotros]

- Pérez: "Voy a hablar con este amigo mío [Tomás] y le voy a decir 'tú verás lo que haces'. Pero es que Pablo ha quedado con él y no se ha presentado. Eso mosquea". (El País, ed. Galicia, España, 07/07/2009, p. 14)

8.7.09

Los abogados de la droga

"La droga -o mejor, el dinero de la droga- corrompe voluntades. Las últimas conocidas, las de un subteniente y un sargento primero de la Guardia Civil que supuestamente facilitaron la entrada en España de un alijo de 815 kilos de cocaína oculto en un contenedor de gambas, según informó ayer la policía. El supuesto cerebro de la operación era, no obstante, el abogado César P. M., que posee dos despachos profesionales, uno en la calle del Príncipe de Vigo y otro en la localidad pontevedresa de Redondela. (...)

La red encargada del desembarco estaba dirigida supuestamente por el abogado César P. M., quien aseguraba a los narcos que tenía capacidad para meter droga por estos puntos sin ningún contratiempo.

La mano derecha del letrado fue identificado como Francisco E. E., subteniente de la Guardia Civil en la reserva (prejubilado), quien garantizaba el acceso del contenedor con cocaína a través del puerto de Marín. El suboficial contaba presuntamente con la colaboración del sargento primero José Antonio R. C., jefe del destacamento portuario.

A principios del presente año, el abogado contactó con un supuesto narcotraficante, Antonio M. L., quien el pasado abril viajó a Ecuador para impulsar la operación. La mercancía finalmente arribó al puerto de Marín hace una semana en un barco procedente de Cartagena (Colombia), que a su vez la había recogido de un barco que había cargado la droga en Guayaquil (Ecuador), según informaron fuentes policiales.

El contenedor, una vez en Galicia, fue trasladado desde el puerto de Marín hasta el polígono industrial Pocomaco de A Coruña, donde fue inspeccionado por la policía. Al hacerlo, ésta descubrió 815 paquetes de un kilo de cocaína cada uno, ocultos entre gambas congeladas.

La importación de la mercancía se hizo presuntamente a través de una empresa legal, Vento Comercio Exterior, de la que es administrador Roberto M. P., cuyo domicilio social está en A Coruña.

Como resultado de las investigaciones, la policía ha detenido a siete personas. El abogado supuestamente se iba a quedar con el 20% de la cocaína o bien su valor correspondiente, mientras que el subteniente arrestado recibiría varios cientos de miles de euros por su mediación, según fuentes policiales." (El País, ed. Galicia, Galicia, 07/07/2009, p. 1)

2.7.09

La investigación a Bárcenas revela una red de facturas falsas de una constructora del AVE



"La investigación de la trama corrupta vinculada a administraciones gobernadas por el PP ha destapado una red de empresas pantalla que emitían facturas falsas para justificar supuestos pagos de Constructora Hispánica (una de las empresas adjudicatarias del AVE a Barcelona y a Valencia) a proveedores ficticios. Un alto directivo de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, está imputado por el supuesto pago de 1,6 millones de euros a la red que dirigía Francisco Correa.

Parte del dinero, según los documentos de contabilidad interna requisados por la policía en las sedes de las empresas de Correa (reproducidos en el gráfico adjunto), acabó en manos de Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular. La Agencia Tributaria considera que tanto Constructora Hispánica como las empresas pantalla con las que operaba han podido incurrir en un delito contra la Hacienda Pública.

La investigación arrancó de una conversación de Correa grabada sin que él lo supiera por quien entonces era su amigo, José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda (Madrid). "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova (sede del PP) y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso fiscal", se oye decir a Correa en esa grabación.

La Fiscalía Anticorrupción interpreta que los 1.000 millones de pesetas a los que se refiere "procederían de la labor de intermediación realizada por Francisco Correa con empresarios en las adjudicaciones de obras".

Otro ex edil de Majadahonda expulsado por el PP, Juan José Moreno Alonso, ratificó la versión: "Oí decir a Correa que había entregado dinero al señor Bárcenas". La Fiscalía suma un tercer testimonio sobre estos pagos al tesorero. Isabel Jordán, ex directiva de una de las empresas de Correa, declaró al juez: "Siempre hablaban mucho, estaban siempre hablando de los cabrones de Génova, y hablaban del señor Bárcenas. En algunas conversaciones sí salía el señor Bárcenas, del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaban dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo que tenían". (El País, ed. Galicia, España, 29/06/2009, p. 12)

Una red de corrupción a la sombra del PP



"Todas las consejerías del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre (previa imposición del que fue su consejero de Deportes y antes viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo) y más de la mitad de las del Ejecutivo valenciano de Francisco Camps; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante el mandato de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), dependiente del Ministerio de Fomento, durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos; los ayuntamientos madrileños de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda y Arganda del Rey bajo gobiernos del PP; y las organizaciones del PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Todos permitieron a la red empresarial corrupta de Francisco Correa hacer negocios millonarios con distintos tratos de favor.

Los tentáculos de Correa, que hizo carrera en los negocios a la sombra de José María Aznar (al que organizó todos los eventos del PP en los que participaba durante su mandato), se extendieron por numerosas instituciones donde mandaban dirigentes populares y obtuvo contratos por varias decenas de millones de euros durante casi diez años. Hasta que las denuncias de José Luis Peñas, un antiguo amigo y colaborador, ex concejal del PP en Majadahonda que fue expulsado tras anunciar su rebeldía ante un concurso de suelo supuestamente amañado, acabaron con un imperio que había dispersado sus millonarios beneficios por Cádiz, Málaga, Madrid, Colombia, Miami o Panamá, además de abrir cuentas en distintos países para evitar el pago de impuestos al fisco español.

Correa contrató los servicios de un experto, Arturo Gianfranco Fasana, para que le moviera su capital por el mundo, por lo que le cobraba un 0,3% de la cartera anual. Fasana ha declarado ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Madrid, que conoció a Correa hace ocho años y que éste se mostró interesado en que le traspasara unos fondos de Mónaco a Suiza. Fasana explicó que Correa era muy conservador a la hora de invertir el dinero de sus negocios en España: sólo quería obligaciones de categoría AAA, que garantizan un beneficio razonable con un mínimo riesgo. Cuando llegó la crisis, Correa preguntó a Fassana dónde podía invertir tres o cuatro millones de euros y éste le recomendó el Banco Europeo de Inversiones. Fassana gestionó alguna operación inmobiliaria de la red corrupta en el extranjero, como la compra de dos pisos en Cartagena de Indias (Colombia)." (El País, ed. Galicia, España, 30/06/2009, p. 18)

La fiscalía encuentra una decena de pruebas distintas contra el tesorero del PP

"Las pruebas del 'caso Gürtel'

- Los apuntes de entregas de dinero. La documentación recabada y las declaraciones de imputados acreditan "la realidad de los apuntes del pen drive" hallado en un registro. "Alguno de quienes aparecen cobrando determinadas cantidades han reconocido haberlas percibido en el importe y la fecha anotadas; otros apuntes se confirman con documentos bancarios, facturas".

- El documento de reparto. "Todos los que aparecen en los repartos identificados pertenecen al PP y al menos Jesús Sepúlveda [ex alcalde de Pozuelo], según la documentación intervenida en los distintos registros, compartía facultades sobre la contratación de los actos del partido con Luis Bárcenas".

- La declaración de Francisco Correa. "Francisco Correa llegó a decir que había dado dinero a Bárcenas dando una explicación poco verosímil al respecto. Consta en la causa la grabación de una conversación referida a dichos pagos corroborada por los dos imputados y no negada por Correa". (El País, ed. Galicia, España, 27/06/2009, p. 12)

De futbolista internacional a lavador de dinero de la droga

"La Guardia Civil detuvo a Caminero, acusado de integrar una red; ahora va tras los pasos de un jugador del Getafe.

El ex futbolista internacional José Luis Pérez Caminero, campeón de Liga con el Atlético de Madrid en 1996, formaba parte supuestamente de una red de blanqueo de dinero. A él le daban 20.000 o 30.000 euros en billetes pequeños y su misión consistía en ir a un banco y cambiarlos por otros de mayor valor facial, generalmente de 500 euros. A cambio, claro, percibía una comisión. (...)

Uno de los hilos de las pesquisas era el dueño de una joyería del distrito de Usera, sospechoso de ser el cabecilla del grupo de lavado.

La organización, asentada en España desde hace años, estaba formada por tres grupos: uno integrado por mexicanos, que eran los encargados de trasladar la cocaína hasta España; otra facción, compuesta por colombianos, que eran los receptores y distribuidores de la mercancía; y una tercera rama de españoles, cuya misión era blanquear el dinero.

La pasta era enviada a México como pago de la droga a través de integrantes de la organización, que decían ser turistas mexicanos que volvían a su país de origen. En una inspección en el aeropuerto de Madrid-Barajas fueron descubiertos 685.400 euros ocultos en dobles fondos de maletas. (...)

El presunto responsable de la red de blanqueo contaba con una docena de colaboradores. Éstos se servían de empleados de comercios y de cuatro bancos de Valladolid, además de un abogado conectado con una notaría, para conseguir billetes de mayor valor. Los bancos eran ajenos al negocio paralelo montado por sus cajeros." (El País, ed. Galicia, España, 30/06/2009, p. 22)

Las adjudicaciones a firmas afines al Bloque suman dos millones de euros

"Carrumeiro Media, SL, la empresa fundada por dirigentes del BNG que recibió 78 contratos por más de 1,1 millones de euros de las consellerías nacionalistas del bipartito, tiene una hermana gemela. Se trata de Laborgal, SL, creada en enero de 2007, con la que comparte sede en el número 73 de la Rúa da Xesta, en Milladoiro (Ames), y cargos directivos. Al igual que Carrumeiro, Laborgal también obtuvo cuantiosas adjudicaciones. Los departamentos de Vicepresidencia y Medio Rural, ambos en manos del BNG durante el Gobierno de Emilio Pérez Touriño, le hicieron encargos directos por valor de 334.485 euros. Ambas firmas, junto a una tercera también relacionada, la UTE Benito España Vilacoba Vieito, tejen un entramado empresarial que facturó casi dos millones de euros a los departamentos del Bloque y sus organismos públicos. Las adjudicaciones a Laborgal y Benito España Vilacoba Vieito ascendieron a 659.428 euros.

El nexo de unión entre todas las sociedades es Artur Manuel Benito España, consejero delegado de Carrumeiro Media, una vez que los cargos del Bloque Nacionalista Galego, entre ellos el ex secretario de organización Alberto Ansede, desaparecieron del organigrama de la firma que habían fundado años atrás. Benito España, militante del BNG en Rianxo, es además el administrador único de Subministros Profesionais Laborgal, SL, que cohabita en la misma oficina de Carrumeiro, y que como ésta, recibió entre 2007 y 2008 encargos del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar por un importe de 246.204,21 euros.

El presupuesto sale de sumar una veintena de contratos menores que el organismo adscrito a la Vicepresidencia de Anxo Quintana otorgó a Suministros Profesionais Laborgal a cambio de "vestuario de galescolas, lencería para residencias y diverso material con que dotar los centros Quérote". Las facturas, que oscilan entre 4.000 y 12.000 euros, tuvieron distintos objetos, como "el suministro de vestuario" para residencias, mobiliario de distintas oficinas e incluso "material farmacéutico para centros de día". (El País, ed. Galicia, Galicia, 29/06/2009, p. 1)

El ladrón de guante blanco

"Las grandes consultoras, como KPMG, Ernst & Young o el grupo Kroll, han elaborado recientemente estudios que anuncian el aumento de investigaciones en asuntos de fraude económico, sobre todo, el perpetrado en el seno de la empresa. (...)

"Cuando la empresa intuye que ha ganado 88 millones y al final son sólo 80, pues lo pasa por alto. Ahora bien, si creen que han ganado ocho millones y resultan ser cero, la cosa cambia", ilustra Vicente Estrada, responsable de Forest & Partners, un grupo consultor especializado en auditoría forense. Y es aquí donde se descubren gastos de personal no justificables, contabilidades maquilladas, facturas falsas o, simplemente, que falta dinero en la caja.

Y es que los resultados económicos ya no son tan boyantes como antaño, y los empresarios han decidido poner el ojo sobre aquellos euros a los que normalmente no daban importancia. (...)

Lacasa cuenta que el fraude puede acabar con la empresa. "Si lo perpetran tres directivos, la compañía deja de existir", calcula. Explica que en este año de crisis han trabajado para tres grandes empresas del país que sufren agujeros por fraude de 25 millones cada una. "Una está a punto de quebrar", deja caer. (...)

Ricardo Noreña, responsable de auditoría interna del grupo Ernst & Young para la zona del Mediterráneo, resuelve que los estafadores tienen el camino fácil, porque la sociedad no ha impuesto la suficiente rigidez legal y ética para evitarlo. "Lo hacen por dinero, porque pueden y porque no pasada nada. Lo hace todo el mundo", suelta.

Noreña conoce muchas maneras de robar a la empresa. Sin dar nombres, explica que una responsable de un departamento de contabilidad de unos 50 años robó a su empresa varios millones de euros falsificando los pagos. "Efectuaba transferencias a, por ejemplo, Cristaleros Pérez, pero ponía su número de cuenta. A veces los bancos no comprueban que encaje número con cuenta", dice. (...)

¿Cuál es el perfil del defraudador? Fernando Lacasa, que dejó el cuerpo de delitos financieros de la Guardia Civil para entrar en KPMG, lo retrata con la actitud fría y desafiante de la policía. El criminal lleva, por lo menos, dos años en la empresa. Tiene un cargo importante, como la dirección financiera. La empresa confía ciegamente en él. O se trata de un socio gestor, que ve cómo el gran monto del dinero se lo lleva su compañero, el que ha puesto el capital. Lacasa no aspira a justificar su delito. "Todo se reduce a la avaricia. Gente con un sueldo de vértigo que simplemente desea un coche mejor", sentencia.

Los últimos estudios de esta consultora, de 2007, apuntan que el tramo de edad en que más fraudes se cometen está entre los 36 y los 45 años. La mitad de los estafadores ocupan un cargo en la alta dirección, y llevan entre tres y cinco años en la compañía. El 85% son hombres, y desempeñan funciones en los departamentos de finanzas y operaciones y ventas. Actúan casi siempre solos. Una de cada cinco infracciones se sitúa entre los 1.000 y los 10.000 euros. Pero las hay mucho mayores. El 12% de los fraudes están por encima de los dos millones de euros.

Las sospechas de robo no aparecen hasta muy adelante. Lacasa sostiene que se detecta el fraude cuando el infractor se ha rellenado varias veces los bolsillos de su traje. "La primera vez que roban es casi imposible detectarlos, a menos que sean muy torpes", explica. "Suelen saltar hasta en la octava, novena o décima vez que cometen el robo".

Según los estudios de la firma Paradell, los robos más comunes en corporaciones son la apropiación indebida de activos (un 30%), infracciones contra la propiedad intelectual (15%), fraudes contables (12%), sobornos (13%) y, finalmente, el blanqueo de dinero.

Juan Ignacio Ruiz también tiene que enfrentarse al robo de información confidencial en su empresa. Actualmente se encuentra en un proceso de investigación a un empleado por haber sacado supuestamente datos del centro para negociar con los proveedores. Esto le coloca en una posición privilegiada frente a sus competidores. No puede contar nada más. Lógico. "Estas cosas pueden hundir a una empresa", concede." (El País, ed. Galicia, 29/06/2009, p. 28/9)

27.6.09

"Las fiestas de Silvio Berlusconi eran como un harén"



"Patrizia D'Addario, de 42 años, prostituta de lujo de Bari y candidata municipal por la lista Puglia antes que nada, es la testigo principal del caso judicial que investiga al empresario Gianpaolo Tarantini por corrupción e inducción a la prostitución. Tarantini es amigo de Silvio Berlusconi desde 2008. Los fiscales sospechan que organizaba fiestas con prostitutas y cocaína para políticos poderosos a fin de obtener contratos sanitarios e influencia. D'Addario fue reclutada por Tarantini y acudió dos noches al Palacio Grazioli, la residencia romana del primer ministro. En ambas ocasiones, grabó cintas de audio y vídeo que ha aportado a los magistrados. (...)

P. Usted ha reconocido ser una escort (prostituta de lujo).

R. Podría haber seguido haciendo esa vida sin delatarme y recibiendo los sobres del primer ministro con 10.000 euros. Pero cuando me di cuenta de que me estaban engañando, me rebelé. Soy la única que ha tenido el valor de confesar el oficio que ejerzo. Las otras callan, ven a Papi, pillan los sobres y hacen carrera. (...)

P. ¿Puede aclarar cuánto dinero ha recibido por sus dos visitas al Palacio Grazioli?

R. Mil euros. Sólo los recibí la primera vez por asistir a una cena. La segunda vez, cuando me quedé toda la noche, no me dieron nada. Sólo obtuve la promesa de que me ayudaría a construir el complejo inmobiliario para el que tengo los papeles en regla y por el que ya he pagado cuatro veces las tasas de edificabilidad. (...)

P. ¿Qué impresión tuvo de aquella velada?

R. Un harén. Bueno, los harenes son una cosa seria que yo conozco porque he estado tres veces en Dubai. Los jeques, a su modo, respetan a sus mujeres. Se rodean de ellas y las muestran con orgullo. Lo que yo vi, en cambio, no me gustó. Existía sólo el jeque: él.

P. Volvió a Grazioli la tarde del 4 de noviembre. Tarantini le dijo: "Él quiere que vuelvas".

R. Evidentemente se acordaba de mí. Sobre esa noche no puedo hablar.

P. Pero, ¿es verdad que la invitó a quedarse a desayunar?

R. Sí, pero no en el comedor. Fue una cosa más íntima.

P. Le acusan de urdir un complot pagado.

R. Ridículo. De esta historia no he sacado nada. Decidí hablar el 31 de mayo cuando vi que me había engañado, que nadie me iba a ayudar en el proyecto de construcción del complejo turístico." (El País, ed. Galicia, Internacional, 26/06/2009, p. 9)

26.6.09

El tesorero del PP cuadruplicó sus posesiones desde 2002. Recibía 225.000 euros al año del PP y declaró 2,5 millones de patrimonio

"El patrimonio e incluso el sueldo de Luis Bárcenas ha sido el eje de los comentarios en el PP en las últimas semanas. Los dirigentes que llevan 20 años trabajando con él saben que es un funcionario del partido que empezó desde abajo, como contable, y no le conocían fortuna personal. Por eso sus posesiones y el aumento de su patrimonio está en boca de todos.

El escrito del juez Antonio Pedreira aporta datos de las declaraciones del impuesto de patrimonio -ahora desaparecido por decisión del PSOE- y del impuesto sobre la renta de las personas físicas que muestran las grandes cantidades que movía Bárcenas y el espectacular aumento de su patrimonio desde los 711.592 euros que declaró en 2002 a los 2,5 millones de 2007. El tesorero lo achaca a una exitosa política de venta y compra de varios inmuebles -siempre al contado- y a una también acertada inversión en acciones de Endesa, que compró a 8 euros y vendió a 40, según ha explicado.

Según sus declaraciones, Bárcenas ingresaba del PP, como senador y tesorero, un total de 225.501,30 euros en 2003 -mucho más de lo que cobran la mayoría de los dirigentes- y, además, ingresaba otros 21.600 euros como consejero o administrador de Gesmadrid Sociedad Gestor. En Hacienda, según el escrito, figura que el tesorero del PP es titular de una cuenta que en 2007 tuvo más de tres millones de euros en abonos, si bien aclara que se puede deber a diversas operaciones de deuda pública en las que Bárcenas reinvierte sucesivamente un capital de 300.000 euros.

También analiza el juez otra cuenta de la esposa del tesorero, R. I., en la que figuran en 2007 casi 11 millones de euros en abonos. También aquí "podría deducirse que ese importe está provocado por sucesivas reinversiones en deuda pública de dos capitales, uno de 650.000 euros y otro de 370.000". El juez concluye de los análisis de las declaraciones que Bárcenas pudo ocultar al fisco ingresos de la red corrupta de Francisco Correa que supondrían más de 120.000 euros defraudados en el IRPF, por lo que hay indicios de delito fiscal." (El País, ed. Galicia, España, 23/06/2009, p. 11)

Los paraísos fiscales de Agag, el yerno de Aznar



"Todo el entramado concluye en una operación inmobiliaria en Majadahonda (Madrid) cuyo principal responsable es Jacobo Gordon, un ex socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, que también, como Francisco Correa, fue testigo en su boda con Ana Aznar. La operación es de 2004. Las 16 casas de lujo previstas se construyeron, aunque aún no han sido vendidas todas, y se ofrecen por un millón de euros.

El detalle muestra la complejidad de la trama montada por Correa para ocultar el dinero. En el registro de las oficinas del imputado José Ramón Blanco Balín, amigo de Aznar y vicepresidente de Repsol cuando la presidía Alberto Cortina, se encontró un archivador sobre la empresa Rustfield, que registra movimientos en la cuenta que tenía esta firma en una oficina de Barclays en Reino Unido. Desde allí se mandaban fondos a España, a la cuenta que otra empresa, Inversiones Kintamani, tenía en el Banco Pastor.

El sistema consistía en hacer sucesivas ampliaciones de Kintamani para recibir los fondos, que se invertían en negocios inmobiliarios. Los ingresos a Kintamani llegaban desde paraísos fiscales como Madeira o Mónaco. Para encubrirlo, según el juez, "se utilizaban trusts (grupos de empresas) situados en países blancos. El principal era Pearse (con sede en Irlanda y Reino Unido). Desde allí se enviaba la información al despacho De Miguel & Abogados. Desde este despacho se mandaban los extractos para que José Luis Izquierdo, contable de Correa, los registrara. Para ocultar aún más, había un tercer trust, Morning Star Holding, que gestionaba en la isla de Nevis, otro paraíso fiscal, a Pacsa, titular a su vez de las acciones de Rustfield.

En ese archivador encontrado, en una hoja manuscrita presuntamente por el abogado Luis De Miguel [ver gráfico] se puede apreciar un supuesto pago a "L Barcenas" de 50 millones de pesetas (300.000 euros). El texto habla del "Proyecto Twain". Además, hay otras evidencias, como un correo electrónico, que conducen a Jacobo Gordon, responsable de Proyecto Twain. La cifra total que figura en la columna B, 125 millones (750.000 euros), coincide con la opción de compra que se pagó por el terreno en Majadahonda en enero de 2004, según datos de Hacienda. Seis meses después, ese terreno se vendió por 4,2 millones de euros." (El País, ed. Galicia, España, 24/06/2009, p. 15)

Acusados del PP en el "caso Gürtel"



Consejeros de TVG se repartieron 5,6 millones en cinco años

"Los consejeros de CRTVG engordaron sus emolumentos durante años con la asistencia a actos de todo tipo, da igual que se tratara de un funeral o de una conferencia sobre el desafío de la energía atómica en la Segunda Guerra Mundial. A razón de 150 euros el acto, los doce miembros del órgano rector de la compañía de radio y televisión autonómicas completaron sus ingresos y llegaron a repartirse 1,2 millones de euros en 2005. La cifra escandalizó a los propios consejeros, que el 14 de marzo de 2006 aprobaron por unanimidad eliminar las retribuciones por asistir a actos oficiales.

Las retribuciones de los consejeros se moderaron a partir de esa decisión, pero siguieron siendo igualmente altas. Entre 2004 y 2008, los 12 miembros del consejo se repartieron casi 5,6 millones de euros. En los últimos seis años, la cifra asciende a casi 6,7 millones, según datos recopilados por el anterior equipo directivo de la compañía a los que ha tenido acceso este periódico. (...)

El consejero que más dinero ingresó de la compañía es José Luis Iravedra, elegido por el PP, que desde 2004 ha cobrado más de medio millón de euros, el doble que el siguiente. En total, Iravedra se ha embolsado 553.020 euros en esos seis años. El pico lo alcanzó en 2005, cuando sumó 152.132 euros, pero la renuncia a los actos oficiales y un pacto no escrito de restringir la convocatoria de comisiones y consejos, por los que también cobran, redujo sus emolumentos a 92.691 euros en 2006 y a 86.828 en 2007.

Para alcanzar estas cantidades, José Luis Iravedra pasó 199 dietas por asistir a actos de lo más diverso. Fue de largo el consejero más activo en cuanto a invitaciones aceptadas, al triplicar al siguiente, Alfredo Conde, también del PP, que pasó 60 dietas en cuatro años. Los actos facturados por Iravedra resultaron de lo más variado, y poco relacionados con su actividad como consejero de una radiotelevisión pública. Cobraba tanto por asistir a la inauguración como a la clausura de una misma feria, por ir a exposiciones, fiestas gastronómicas, partidos de fútbol, conferencias o mesas redondas. El único requisito para cobrar consistía en contar con una invitación personal. Destaca el elevado número de actos a los que acudió por invitación del Grupo El Progreso de Lugo.

La profusión de actos a los que asistió el ex presidente del PP provincial de Lugo incluye una conferencia sobre el trasplante hepático con donante vivo, los actos del Día del Aguardiente en Portomarín o al pregón de Navidad de la Asociación de Belenistas de Lugo. También cobró por asistir a la toma de posesión de Emilio Pérez Touriño como presidente de la Xunta, de Benigno Sánchez como director general de CRTVG o a la recogida de credenciales de los propios consejeros de la compañía.

En contraste con el caso de José Luis Iravedra, otros consejeros prácticamente no asistieron a ningún acto." (El País, ed. Galicia, Galicia, 25/06/2009, p. 1)

23.6.09

Las Mafias unidas... nunca serán vencidas

"Las tres mafias italianas más peligrosas y potentes -la Camorra napolitana, la siciliana Cosa Nostra y la calabresa N'drangheta- han forjado su alianza económica en España. Los jefes de las tres organizaciones criminales viven como honestos ciudadanos y fugitivos de oro en la costa mediterránea, desde Barcelona a Estepona. Y desde ahí gobiernan el tráfico europeo de estupefacientes. Viven en villas de lujo, viajan en coches de 160.000 euros, hacen millonarias inversiones inmobiliarias para reciclar el dinero sucio y gestionan el negocio crucial: los jefes compran la droga unidos a los proveedores latinoamericanos, para abaratar el precio y reducir los riesgos de captura. Luego reparten los alijos en Europa. (...)

"Una de las consecuencias más preocupantes de la alianza entre las mafias es ésa", añade el fiscal. "Al comprar unidos, el precio baja, el beneficio se multiplica y los riesgos de control e incautación se reducen. No es lo mismo que la droga llegue a Europa en tres barcos que en uno".

Las alianzas se cuecen en ambientes de lujo. "Se mueven siempre con cautela y discreción, y llevan los bolsillos repletos de billetes por si surgen problemas", explica Cannavale. "Bosti, que fue detenido cuando entraba en una farmacia, llevaba encima 24.000 euros en billetes de 500. Amato dio 30.000 euros en efectivo al conserje de un hotel londinense para no registrarse con su nombre".

Los jefes duermen en casas y villas de lujo, siempre de su propiedad, y cambian continuamente de domicilio y de identidad. Vincenzo Scarpa, otro narco napolitano arrestado recientemente en Rivas Vaciamadrid (Madrid), intercambió nombre y documentación con su hermano Domenico. Fue detenido por un desliz fatal: celebró el cumpleaños el día que nació él, en vez de festejarlo en la fecha de su hermano.

Otra característica de la dolce vita en la Costa Nostra es que los mafiosos viven solos, sin sus mujeres y familias. Y que nunca van armados. "Aquí [en Italia] pueden recibir algún disparo. Allí viven más tranquilos. No tienen miedo de ser tiroteados, y tratan de pasar por empresarios normales", cuenta el general Maruccia." (El País, ed. Galicia, España, 21/06/2009, p. 20)

18.6.09

El negocio de las epidemias de gripe

"Lo ocurrido con la gripe aviar debería ser aleccionador. (...)

La OMS pidió a los países más afectados que colaboraran entregando muestras del virus en cuestión a los cuatro centros de investigación del virus de la gripe que existen en todo el mundo asociados a la OMS y a los tres laboratorios de referencia dedicados a la búsqueda de la vacuna, situados todos ellos en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Según un protocolo de la OMS difundido por la ONG Third World Network, "no se distribuirán esos virus a ningún otro laboratorio sin permiso del país que envió la muestra original". (...)

Aun así, una compañía farmacéutica privada, a la que probablemente alguien de uno de esos laboratorios "autorizados" había facilitado muestras del virus de la gripe aviar detectada en Indonesia, apareció en Yakarta intentado vender dosis de la vacuna apropiada a 20 dólares la unidad. Dado que Indonesia tiene 200 millones de habitantes y que el Gobierno deseaba crear un fondo de reserva de vacunas capaz de hacer frente a una eventual epidemia, la operación era económicamente fantástica.

El Gobierno de Indonesia mostró su enfado suspendiendo el envío de muestras del H5N1 a los centros de investigación, hasta obtener garantías de que se respetaban lo que, a su juicio, eran acuerdos vigentes con la OMS. La decisión perjudicaba la investigación científica, pero era fácilmente comprensible. Según el People's Health Movement (PHM), países como Indonesia, Tailandia, India, Nigeria o Brasil llevan dos años luchando para que la OMS cambie su regulación actual respecto a los virus de la gripe y asegure a los países emergentes el acceso a la tecnología y el know-how necesarios para ser capaces de hacer frente directamente a una eventual epidemia o pandemia.

Las peticiones de esos países han tropezado, según PHM, con la dura resistencia de Estados Unidos, la Unión Europea (siempre dispuesta a ponerse de acuerdo en temas comerciales de este tipo) y Japón, que quieren disponer de las muestras de los virus, pero no quieren compartir ni la tecnología ni los conocimientos para desarrollar las vacunas apropiadas. (...)

Según ese estudio, las normas europeas sobre la propiedad intelectual podrían hacer subir un 34% el precio de los medicamentos en países como Perú y Colombia." (SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ: Conflicto de intereses. El País, Domingo, 14/06/2009, p. 13)

17.6.09

El caso de Dimas y la isla del 10%

"El fundador del PIL dirigía supuestamente desde la cárcel, con un móvil y un portátil, una red de cobro de comisiones ilegales en Lanzarote .

Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), había abierto despacho en su celda. Allí acudían políticos de todas las fuerzas de la isla para negociar pactos en ayuntamientos y cabildos de la isla. Aunque parezca increíble, este veterano político disponía en la cárcel de teléfono móvil y ordenador portátil, lo suficiente para presuntamente convertirse, tras los barrotes de su celda, en el gran muñidor de una trama de supuesto cobro de comisiones ilegales desde el Ayuntamiento de Arrecife e incluso de Yaiza, de forma que se llegaba a decir que Lanzarote era la isla del 10%, el porcentaje que se cobraba por dar el visto bueno o acelerar un proyecto. (...)

Todas las obras de Arrecife, bajo mandato socialista, las controlaba el PIL. También controlaba Hacienda y la redacción del nuevo Plan General. Los más de 22 millones llegados del Plan E de Zapatero y de inversiones del plan de barrios también han podido hacer girar la máquina registradora del PIL."No sabíamos que Dimas actuaba como un capo de la mafia", asegura Carlos Espino, el secretario general de los socialistas conejeros al semanario Lancelot de esta misma semana. (...)

Y nadie en la isla cree que una operación como ésta hubiera podido ser ejecutada por alguien de la isla de toda la vida, por alguien que hubiera tenido contacto o conociera el poder insular de Dimas Martín y de su red de contactos. De hecho, la Operación Unión está coordinada por un juez y un fiscal relativamente nuevos en la isla (César Romero e Ignacio Stampa), que han guardado el sumario en un cofre con siete llaves, junto a toneladas de material incautado en oficinas, hogares y despachos profesionales.

"Esto no habría sido posible con alguien que llevara algo de tiempo aquí; por eso hasta han traído a la Guardia Civil en aviones", insisten varios testigos, que según sueltan la frase piden que su nombre quede en el anonimato, no vaya a saberse quién abre la boca en una isla donde se conocen todos. Todo eran sospechas en Lanzarote, la isla del tesoro, pero en este territorio de fuego se aplicaba el Ensayo sobre la ceguera mucho antes de que Saramago decidiera convertirla en su hogar. Dimas Martín sigue preso." (El País, ed. Galicia, España, 14/06/2009, p. 26)

16.6.09

El "negocio" de los cursos de formación de los parados

"El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), organismo dependiente del Gobierno valenciano, investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de cursos de formación para parados a varias empresas especializadas en esta clase de docencia.

La investigación llega después de que un ex socio de una de las empresas denunciase que entre 1998 y 2002 uno de los funcionarios de la Consejería de Economía recaudó, en nombre del Partido Popular, el 15% del importe de los cursos de formación para parados adjudicados por la Generalitat. El empresario calcula que el sistema de comisiones pudo llegar a alcanzar los tres millones de euros. (...)

La denuncia, presentada por un ex socio de una de las empresas que supuestamente pagaron la mordida del 15%, atañe al periodo entre 1998 y 2002, aunque se ha presentado ahora.

Las comisiones supuestamente se pagaban en talones al portador en cantidades que nunca superaban los 3.000 euros (500.000 pesetas de entonces) para evitar que la Agencia Tributaria pudiese rastrearlas.

Las empresas adjudicatarias de los cursos de formación que aceptaron pagar las comisiones llegaron a superar la decena, según la denuncia. Entre ellas figuran las sociedades Eurotutor, Medicontrol e Interlumen.

De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, el funcionario ya jubilado, Fernando Machí, era el encargado de entregar la lista con las empresas seleccionadas para impartir los cursos a los parados. Esta lista, supuestamente, incluía a las empresas que se habían comprometido a pagar la comisión del 15% a cambio de la concesión. (...)

Machí reconoció que, en la etapa referida, se denunciaron irregularidades en la adjudicación de cursos de formación para parados, pero que ningún juzgado le llamó a declarar. "Está todo como se hizo siempre, a nosotros nos llamaban el 'clan del Inem' y en aquella época se denunció a una serie de empresas porque tenían muchos cursos", explicó el funcionario retirado.

Machí recordó, además, que el superior del que dependía, el entonces director territorial de Formación de la Generalitat en Valencia, Joaquín Vañó, es hoy director gereral de Formación y Cualificación Profesional de la Generalitat.

La denuncia, sin embargo, da detalles precisos sobre el modo de funcionamiento y adjunta varias notas manuscritas. En una de ellas se reclama a las empresas Eurotutor, Medicontrol e Interlumen las comisiones de los cursos para parados que les habían sido adjudicados entre diciembre de 1998 y febrero de 1999. Otro de los documentos adjuntos a la denuncia es un escrito en el que aparecen los números, hechos por el denunciante y por el denunciado, sobre las cantidades entregadas y las pendientes. Según la denuncia, en cuatro años se pudieron llegar a cobrar hasta tres millones de euros." (El Paí, ed. Galicia, España, 14/06/2009, p. 19)

15.6.09

La corrupción (política) de un juez

"En Galicia, hace unas semanas el juez decano de Santiago, Francisco Javier Míguez Poza, archivaba unas diligencias penales contra dos altos cargos de la Consellería de Política Territorial relacionadas con la adjudicación de las obras de la autovía del Barbanza. La causa fue abierta a instancias del Partido Popular, que durante mucho tiempo usó políticamente la imputación realizada por el juez. En estas mismas páginas, el prestigioso catedrático de Derecho Penal Carlos Martínez se extrañaba de que ahora, después de las elecciones autonómicas, el juez diga en el auto que "no existe atisbo alguno para analizar la posible existencia de conductas dudosas".

¿Por qué entonces el señor juez mantuvo la imputación 14 meses y en base a qué hizo la imputación? ¿Por qué el señor juez hizo declarar a los imputados días antes de las elecciones generales? ¿Por qué mantuvo la imputación si la Fiscalía del Tribunal Superior ya en junio de 2008 había solicitado el archivo de las actuaciones? Estamos seguros de que el juez no buscaba perjudicar al Partido Socialista ni beneficiar al Partido Popular, aunque pudiese parecerlo.

No es la primera vez que abre el juez Míguez Poza diligencias penales a instancias del PP contra cargos políticos del Partido Socialista. Hace años también imputaba a un concejal socialista de Santiago por una denuncia del PP en relación con unas obras realizadas en la Praza Roxa de Compostela. Durante años, mantuvo abierto el caso a pesar de que la Fiscalía instaba el archivo. También en este caso el concejal socialista tuvo que aguantar la sospecha, el descrédito y el ruido que armaban los concejales populares, en especial Dositeo Rodríguez y Gerardo Conde Roa.

Sin embargo, estamos seguros de que el juez no buscaba perjudicar a los concejales del Partido Socialista sino hacer justicia, aunque pudiese parecer lo contrario. Se podría argumentar que al final el juez fallaba en contra del PP, pero también se podría pensar que el juez se cubría las espaldas para no tener que sufrir unas sentencias correctoras de instancias jurisdiccionales superiores y además en contra del criterio de la Fiscalía en los dos casos.

Los procedimientos son más sorprendentes teniendo en cuenta que la adscripción del juez en los dos casos fue realizada por el mismo Míguez Poza en virtud de ser decano de Santiago. Como no hay dos sin tres, no son los dos únicos casos en que el señor Míguez Poza tendrá que decidir en causas en que participa el PP. Hay alguna relacionada con algún pueblo cercano a Santiago.

Por cierto, no es la primera vez que al citado juez se le ve en bares y cafeterías acompañado de alcaldes del PP. Faltaría más que en ejercicio de su libertad el citado juez no pudiese tomar copas donde quisiese y con quien quisiese. Hay algún malpensado que podría apuntar que la mujer del citado juez, María Dolores Fernández Álvarez, que es concejal del PP en el Ayuntamiento de Ames, cargo para el que fue elegida al ir en las listas de número dos, podría influir en su señoría.

Dicen estos malpensados que uno no es de donde nace sino de donde pace, citando a un escritor de apellidos gallegos. Sin embargo, esta manera de razonar supone dudar de la imparcialidad del juez, lo cual es inadmisible. El Consejo del Poder Judicial no ha dado muchas muestras de ecuanimidad en los casos relacionados con jueces. Algunos piensan que el corporativismo y la interpretación benevolente de las normas siempre se impone. Sin embargo, no estará mal que, aunque fuese sólo por razones estéticas, dijese al juez Míguez que hay cosas que no pueden hacerse." (CARLOS PAJARES: La actuación de un juez. El País, ed. Galicia, Galicia, 12/04/2009, p. 4)

8.6.09

Los expertos consideran España un país corrupto (relativamente)

"La calidad de la democracia española ha bajado en un año del 6,2 al 6 sobre 10. Siguiendo la pauta de instituciones como la Universidad de Essex (Reino Unido), más de un centenar de expertos, la mayoría catedráticos, han puesto nota a la calidad de la democracia española por segundo año consecutivo, convocados por la Fundación Alternativas. El informe asegura que "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar, aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores". (...)

El informe se extiende en los principales retos de la democracia española, especialmente la crisis económica, pero también dedica importancia a la corrupción, un "problema muy serio, sobre todo en los gobiernos locales". Valora la corrupción de "poco extensiva, en la que pocos individuos parecen estar directamente implicados, pero parece altamente intensiva" por su alto volumen económico. Los expertos creen que las causas de la corrupción en España son la elevada concentración de poderes políticos en manos de un mismo partido; la acumulación de poder del alcalde y al tamaño de los municipios, lo que facilita la consolidación de redes clientelares y de corrupción.

El informe propone como posible solución un proceso de reagrupamiento de municipios, con la eliminación de las unidades administrativas locales más pequeñas y el establecimiento de gobiernos locales de mayor tamaño y más homogéneos, como ha sucedido en países europeos en décadas recientes." (El País, ed. Galicia, España, 06/06/2009, p. 19)

4.6.09

El esperpento y las corruptelas ponen en la picota el proyecto de museo dedicado al modisto Balenciaga

"El proyecto fue lanzado en 1999 bajo la forma de una fundación privada, con el patronazgo de honor de los Reyes, la presidencia de Hubert de Givenchy -discípulo de Balenciaga-, la presencia entre sus patronos de personas como la reina Fabiola de Bélgica, Paco Rabanne, Ungaro u Óscar de la Renta y el aval de Esperanza Aguirre, entonces ministra de Cultura.

Tras 10 años, y cuando se han gastado casi 20 millones de euros -el presupuesto inicial era de 4,8 millones-, según ha descubierto la comisión de investigación, aparecen factores presuntamente delictivos y otros de incontestable responsabilidad política. Estos últimos cuestionan un modelo de gestión profusamente usado por la administración vasca, el de las llamadas empresas participadas, en las que ninguna administración pública tiene más del 50%, lo que las deja fuera de los presupuestos y les exime de control externo -parlamentario o del Tribunal de Cuen-tas-, además de permitirles libertad plena para nombrar a sus gestores, contratar las plantillas y fijar las remuneraciones. (...)

La Fundación Balenciaga se constituyó con el compromiso del Gobierno de aportar cuatro millones de euros. Y así lo hizo, en cuatro entregas, entre los años 2000 y 2003, pese a que, al menos desde 2002, el representante del Ministerio en la entidad, Manuel Fontán, hizo explícitas sus reservas sobre los contratos firmados por Camio. Con ese dinero fue andando el proyecto: se aumentó la colección y se rehabilitó el palacete Berroeta Aldamar -algo más de mil metros de superficie- de la madre de la reina Fabiola de Bélgica, que descubrió las posibilidades del joven Balenciaga durante sus veraneos en Getaria.

Entretanto, Camio, desde la vicepresidencia ejecutiva de la fundación, contrató el proyecto de museo al arquitecto cubano Julián Argilagos, amigo suyo y sin titulación homologada en España. Se presupuestó en 6 millones de euros y lo elevó a 15 en 2005, cuando el Ministerio había pasado a manos de la socialista Carmen Calvo, que había suspendido desde el año anterior las subvenciones. El Gobierno vasco había acudido al rescate de un proyecto que zozobraba, junto a la Diputación de Guipúzcoa, a cuyo frente estaba el mismo González de Txabarri que en 1999 era diputado en el Congreso. Constituyeron la sociedad Berroeta Aldamar, con la presencia testimonial del Ayuntamiento de Getaria, también patrono de la fundación. Inexplicablemente, nombraron como gerente de la misma al propio Camio. También para entonces, el Ministerio hizo un informe en el que desautorizaba el proyecto como inservible para una institución museística. Camio ocultó ambos documentos a la fundación y a la sociedad Berroeta Aldamar, según ha concluido ahora la comisión investigadora, y firmó, además, un tercer contrato a Argilagos eximiendo a éste de sus compromisos; salvo el de supervisión, aunque le autorizaba a realizarla desde Estados Unidos, sin por ello reducir sus honorarios. Ha cobrado 1,3 millones de euros y vive en Florida." (El País, Domingo, 21/12/2008, p. 10)

29.5.09

El narcotraficante Patoco amasaba un patrimonio inmobiliario de 40 millones

"Es sólo la punta del iceberg de la fortuna, por ahora incalculable, que amasó el difunto capo Manuel Abal Feijoo, Patoco, y que ya supera la cuenta de resultados de todas las investigaciones patrimoniales de famosos narcotraficantes que se han hecho en Galicia. Apenas un mes después de que el grupo policial de los grecos desmantelase toda su organización y comenzará a investigar sus bienes, ya han aflorado los primeros 40 millones de euros, que en su mayor parte estaban invertidos en el sector inmobiliario y en la infraestructura marítima que había adquirido Patoco para operar en el tráfico de cocaína.

Él y su viuda, María Luisa Vila Fabeiro, ambos condenados por narcotráfico a 9 años de prisión en 1998, habían levantado un emporio que está saliendo a la luz a través de una compleja investigación patrimonial que paralelamente están realizando dos unidades policiales. Una de ellas, dedicada a descubrir activos bancarios e inmuebles, ya ha encontrado unos 10 millones de euros en el sector inmobiliario que el matrimonio había invertido en Vilagarcía y Sanxenxo. Como dato curioso, a nombre de uno de sus subordinados, figuran 14 trasteros en un mismo edificio.

Para operar en este sector, el difunto capo y su mujer contaban con el inestimable respaldo de Gregorio García, Yoyo, un constructor de San Miguel de Deiro (Vilanova de Arousa) que estaba destinado a tomar las riendas del negocio cuando Patoco murió en accidente de tráfico en diciembre pasado. Yoyo, de 56 años, fue detenido en abril, en el marco de la redada en la que también cayeron otros 27 miembros del grupo. En su casa la policía encontró medio millón de euros en metálico. (...)

Otra unidad del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la policía ha descubierto el impresionante arsenal que tenía la organización para el transporte de cocaína y que ya se ha evaluado en 30 millones de euros. Abal Feijóo había comprado 20 naves estratégicamente situadas en las desembocaduras de los ríos Umia y Ulla para guardar una auténtica flota de planeadoras. Se han intervenido hasta 21 embarcaciones que superan los 10 metros de eslora y valoradas en 50.000 euros cada una. Además, se ha localizado una lanzadera de idénticas proporciones a la que apareció en febrero varada en Nigrán, que se estaba construyendo en un galpón con los mismos moldes. Esta lancha, que es la mayor y mejor equipada que se ha capturado, tenía siete motores que arrancaban por ordenador y está valorada en 1,5 millones de euros. En dos días y medio llegaba a mitad del Atlántico.

Al yate intervenido el día de la redada se suman ahora otros tres que tenía el matrimonio y que estaban fondeados en los puertos deportivos de Vilagarcía y Sanxenxo a nombre de testaferros, así como varios coches de alta gama, como un BMW descapotable y dos audis. También localizaron cuatro todoterrenos con matriculas falsas, también de alta gama, que fueron robados en Madrid. Con los asientos arrancados y los cristales pintados, servían para trasladar los fardos desde los arenales donde se desembarcaba la droga." (El País, ed. Galicia, Galicia, 28/05/2009, p. 1)

28.5.09

La fiscalía pide que se investigue a Obiang en España por blanqueo

"Una pesquisa del Subcomité de Investigaciones del Senado de EE UU determinó que Teodoro Obiang era dueño de la denominada Cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial en el banco norteamericano Riggs, desde la que se enviaron a la cuenta abierta en España 16 transferencias entre el 7 de junio de 2000 y el 11 de diciembre de 2003 por valor de 26.483.982 dólares (19.068.314 euros).

En esa fecha, la cuenta de Guinea Ecuatorial en el Riggs ascendía a 700 millones y se alimentaba de los pagos de las petrolíferas americanas Marathon y Exxon Mobil. El banco incumplió las normas antiblanqueo y dio cobertura a Obiang y a sus hijos para crear "empresas fantasmas" y abrir cuentas a su nombre, según concluyó el Senado.

La cuenta española a nombre de Kalunga Company, SA, es un misterio. El banco español declinó dar información al Senado de EE UU (la legislación se lo impide), pero alertó al servicio antiblanqueo del Banco de España de los movimientos sospechosos de la misma, según fuentes próximas a la investigación. Ni Obiang ni sus familiares aparecían como titulares o con firma autorizada en la cuenta de Las Palmas. Sólo están autorizados para sacar dinero una pareja de ciudadanos rusos, supuestos testaferros o fiduciarios de los auténticos dueños.

Los querellantes aseguran que Obiang y miembros de su Gobierno desviaron ilícitamente parte de los fondos públicos que obtienen del petróleo para "su lavado" en España y vinculan 16 transferencias desde el banco Riggs con la compra en España, en esas mismas fechas, de seis viviendas y tres plazas de garaje a nombre del presidente de Guinea Ecuatorial y de varios de sus ministros en Madrid, Alcalá de Henares, Gijón y Las Palmas.

Una de estas viviendas está escriturada en Las Palmas a nombre del presidente Obiang, y el resto figura a nombre de ministros, ex ministros y sus esposas. Los propietarios y querellados son Marcelino Owono, ministro de Minas, y Constancia Nchama; Teodoro Biyogo Nsu, cuñado del presidente, embajador en Brasil y ex embajador en EE UU y Naciones Unidas, y Elena Mensa; Pastor Micha Ondo, ministro de Asuntos Exteriores, y Magdalena Ayang; Gabriel Mbega Obiang, hijo del presidente y ex viceministro de Minas, Industria y Energía, y Virgina Maye; Miguel Abia Biteo, ex primer ministro, y Dorotea Roka; y Atanasio Ela Ntugu, ex ministro de Minas.

El Subcomité del Senado de EE UU determinó que la sociedad panameña Kalunga Company, SA, a cuyo nombre se abrió una cuenta en Las Palmas, es total o parcialmente propiedad del presidente guineano. La cuenta en el Riggs desde la que se hicieron las transferencias a España tenía como firmantes al presidente Obiang, a su hijo Gabriel y a Melchor Esono Edjo, ex secretario de Estado de Hacienda. La firma de Obiang era obligada para mover fondos. La cuenta en Las Palmas se cerró y el Santander comunicó sus sospechas al Sepblac.

¿Qué ocurrió con los 26,5 millones de dólares? Nadie ha respondido todavía a esta pregunta. El 23 de febrero de 2003 directivos del Riggs preguntaron en Washington a Obiang y a otras autoridades de Guinea Ecuatorial sobre las enigmáticas transferencias a compañías como Kalunga Company, SA. El dictador declinó facilitar detalles. Meses después la entidad norteamericana cerró las cuentas en Washington.

Fuentes judiciales señalan que para acreditar el presunto blanqueo de capitales del presidente Teodoro Obiang la fiscalía deberá demostrar la procedencia ilícita de esos fondos. La investigación del Senado de EE UU será un importante punto de partida, ya que el dinero recibido en España procedía de la cuenta del banco Riggs, una entidad acusada de numerosas irregularidades en el manejo del dinero procedente de Guinea Ecuatorial." (El País, ed. Galicia, Españá, 26/05/2009, p. 11)

La policía detiene por malversación al ex alcalde socialista de Lorca

"La policía investiga la desviación millonaria de fondos que invertían en negocios inmobiliarios.(...)

Con estas dos detenciones, ya son ocho las personas implicadas en la presunta trama de corrupción que, según la investigación, se adueñó de la empresa municipal de limpieza.(...)

Además de Navarro, Molina y Gil también ha sido detenido el notario Sebastián Fernández Rabal, quien ya había sido arrestado el pasado día 5 como presunto autor de un delito de cohecho en relación al caso La Zerrichera, en el que estaría implicado el ex consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Francisco Marqués. También están implicados en este asunto el dentista Urbano Alejo, el agente de seguros Ángel Trinidad Martínez, el ex concejal socialista Miguel Miras y el que fuera hasta hace dos años interventor del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyatos.

Según las primeras pesquisas, iniciadas tras la denuncia de un trabajador de Limusa (quien llegó a aportar información de la trama en soporte informático), varios de los arrestados serían socios en la sociedad Cabo Cope Naturaleza, mediante la cual estarían desarrollando delitos relacionados con el fraude al IVA y el Impuesto de Sociedades.

La investigación apunta a que los detenidos operaban con el permiso de sus superiores en las dependencias de Limusa, en las que se llevaba la contabilidad A y B de las sociedades privadas. "Incluso el dinero de las sociedades compartía espacio en la caja fuerte con el dinero de la empresa municipal de limpieza. Para diferenciarlo se utilizaban sobres de distinto tamaño y con otro membrete", según un informe de la investigación que cita el diario de La Verdad de Murcia. Dicho informe, hecho por la Agencia Tributaria, incluye datos sobre más de 60 sociedades relacionadas con la trama." (El País, ed. Galicia, España, 27/05/2009, p. 16)

22.5.09

600.000 euros por borrar las pistas de Berlusconi

"El abogado británico David Mills mintió a los jueces para proteger a Silvio Berlusconi y ayudó tanto al magnate como a Fininvest, su holding mediático y financiero, a violar las leyes italianas. Eso afirma el Tribunal de Milán en la motivación de su sentencia, dictada el pasado febrero y argumentada ayer, que condenó a Mills a cuatro años y medio de cárcel por corrupción en acto judicial.

El escrito, de 400 páginas, afirma que el actual primer ministro italiano sobornó en 1997 con 600.000 dólares (440.000 euros) al letrado británico y que éste incurrió en "falso testimonio" con el objetivo de "proporcionar impunidad a Berlusconi y al grupo Fininvest".

El tribunal considera probado que Mills recibió "durante años enormes sumas de dinero" de Fininvest, y que al declarar en falso ante los jueces permitió a Berlusconi "mantener los ingentes beneficios" obtenidos en paraísos fiscales, además de "burlar abiertamente" las leyes antimonopolio de los medios de comunicación.

A la condena dictada contra Mills le falta un elemento clave, conocer la pena que recaería en el corruptor. Berlusconi fue imputado con Mills, pero su procesamiento fue aplazado a la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre la aprobación (el año pasado) del llamado Laudo Alfano, la ley que garantiza inmunidad a cuatro altos cargos del Estado, entre ellos el jefe del Ejecutivo. (...)


El fallo de la juez Nicoletta Gandus detalla los antecedentes del soborno y enumera los móviles del delito. "La clave de las declaraciones reticentes de Mills está en el hecho de que siempre señaló genéricamente a Fininvest, y no a la persona de Silvio Berlusconi, como propietaria de las sociedades, favoreciéndole cuando fue imputado en aquellos procesos", escribe la juez. Además, Mills borró "todos los rastros financieros que relacionaban a Berlusconi con las sociedades", agrega.

El caso salió a la luz en 2004 porque la Hacienda británica descubrió en las cuentas del abogado inglés 600.000 dólares sin justificar. Mills reveló a las autoridades que se los había donado Carlo Bernasconi, un directivo de Fininvest que murió en 2001. El caso llegó a Milán, y originó un escándalo político en Reino Unido que acabó con la dimisión de la esposa de Mills, ministra de Cultura del Gobierno de Blair." (El País, ed. Galicia, Internacional, 20/05/2009, p. 6)

20.5.09

Ante a crise, o 25% dos executivos europeos aposta polos subornos


"O estudo tivo como mostra a 2.200 altos cargos de diferentes empresas, e a cuarta parte considera aceptábel untar aos clientes para manterse no mercado.

Este mércores publicouse unha sondaxe realizada pola consultora inglesa Ernst&Young, e revela que un de cada catro executivos europeos ve nos subornos unha boa saída para manter os clientes e superar a recesión. O estudo usou como mostra a 2.200 altos cargos de empresas afincadas en 22 países europeos, e tamén di que a metade dos executivos enquisados considerou que un ou mais comportamentos empresariais contrarios á ética son aceptábeis nos tempos que corren.

O líder de Ernst&Young para investigación de fraudes, David Stulb, afirmou que "facer pagos en efectivo para acadar un negocio, e incluso mentir sobre a xestión financeira para encubrir resultados decepcionantes, foron prácticas apoiadas por un número alarmantemente elevado de consultados".

A porcentaxe dos executivos que consideran oportuno dar un suborno en efectivo para conservar un cliente sitúase no 53% en Turquía ou no 43% na República Checa. O estudo tamén indica que os altos cargos das empresas son máis propensos a perdoar un comportamento contrario á ética profesional que os seus subalternos. O fraude corporativo aumenta tradicionalmente durante as recesións, e úsase para enmascarar a diminución das ganancias." (Vieiros, 20/05/2009)

19.5.09

La 'contabilidad B' de la trama de Correa revela el pago de viajes al tesorero del PP



"El cabecilla de la red corrupta, ahora en prisión, entregó supuestamente en 2002 al senador Luis Bárcenas 3.500 euros para que visitase Reino Unido y Suiza" (El País, ed. Galicia, España, 18/05/2009, p. 10)

La acusación de falsificar permisos para herbicidas acerca a Fabra al banquillo



"Las autorizaciones beneficiaban a la empresa de la que era socia su esposa" (El País, ed. Galicia, España, 18/05/2009, p. 11)

18.5.09

El titular del Juzgado número 5 de Madrid abre diligencias por supuesta "malversación de caudales públicos" por los seguimientos a dirigentes del PP




"Los escándalos que afectan al PP. El juez investiga el supuesto uso de fondos públicos en el caso del espionaje" (El País, ed. Galicia, 17/05/2009, p.13)

Ramificaciones políticas del caso Gürtel


14.5.09

La Audiencia Nacional confirma que el delegado de Ourense defraudó ayudas

"El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, y los responsables de acreditar las obras en el grupo de acción local Ceivam (centro de iniciativas para el desarrollo do Val do Miño) tendrán que devolver al Estado más de 50.000 euros que defraudaron de los fondos comunitarios. La sala cuatro de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia firme que avala el expediente administrativo abierto en su día por Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependiente de la Xunta) y tramitado después por el Ministerio de Agricultura sobre el cobro indebido de ayudas de la Unión Europea por parte de Martínez -alcalde de Arnoia por el PP cuando se produjeron los hechos- y sus socios. El fallo de la Audiencia ratifica la orden del ministerio que obliga a los responsables de Ceivam a devolver el dinero que ingresaron de las arcas públicas tras certificar "obras inexistentes". (...)

Para la Audiencia Nacional ha quedado probado que la agrupación local que presidía el entonces alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense incurrió en "un incumplimiento sustancial del fin previsto en las subvenciones otorgadas", que en este caso era la construcción de una planta de tratamiento y aprovechamiento de biomasa y un taller artesanal.

El actual superdelegado de la Xunta certificó, en su condición de presidente de la asociación sin ánimo de lucro Ceivam, que se habían realizado las obras para las que había pedido subvención pese a que, según la sentencia, no fue así. El ponente de la Audiencia Nacional considera acreditadas las denuncias que figuran en el informe que Agader realizó tras inspeccionar las obras." (El País, ed. Galicia, Galicia, 12/05/2009, p. 2)

13.5.09

La "mafiosidad" del "ladrillo" en España, en democracia...

"(...) he leído un documento que les recomiendo si les gusta la literatura de terror: se trata del informe elaborado por la diputada danesa Marguete Auken sobre "el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario". Es un texto de 30 páginas que se puede leer tanto como un relato espeluznante cuanto como un pequeño tratado acerca de las peores conductas en materia política y moral. (...)

A estas alturas, y con murallas de hormigón por todos lados, sabemos perfectamente que sólo a la sombra de políticos ventajistas ha podido tejerse la telaraña de especulación y codicia de la que ahora parecemos lamentarnos. Sin embargo, lo grave es que ya lo sabíamos. Estos años de destrucción del territorio del patrimonio han transcurrido a la vista de todos. Bastaba coger el Euromed para comprobar lo que ocurría en la costa castellonense o alicantina; bastaba atender al vértigo de los precios de las viviendas, presentado a menudo como signo de nuestro progreso colectivo, para percibir que algo nauseabundo se cocinaba a nuestro alrededor.

¿A nuestro alrededor? Con su crudeza estilística Marguete Auken pone el dedo en la llaga al describir la corresponsabilidad de los ciudadanos en la callada aceptación del delito. Es cierto que a la cabeza del cortejo de la corrupción han marchado políticos vendidos, especuladores o avariciosos y prestamistas fraudulentos, pero ¿y tras ellos? Conchabados promotores inmobiliarios, concejales e instituciones financieras, ¿qué hacían los jueces? Según Auken, poco, y lo poco que hacían lo hacían tan lentamente que es como si no hicieran nada. La policía iba en consonancia con los jueces. Pero tampoco los otros estamentos ciudadanos ofrecieron resistencia. Los medios de comunicación han reaccionado tarde y los ciudadanos han acabado horrorizándose como consumidores más que como ciudadanos.

Hasta aquí el relato de terror con que la señora Auken ha descrito vivamente, con ingenuidad nórdica y con toda la razón del mundo, el gran saqueo de lo que pertenecía al futuro por parte de nuestros modernos depredadores. Casi nada más se puede añadir al cuadro trazado que, en buena medida, explica las dramáticas percepciones sobre la actual crisis económica." (RAFAEL ARGULLOL: El gran saqueo. El País, ed. Galicia, Opinión, 12/05/2009, p. 25/6 )

Ver "Informe Auken": http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0082&language=ES

Caso Carlos Fabra

"La juez del número 2 de Nules, en el auto firmado el pasado 29 de abril y comunicado ayer a las partes, halla indicios de "un delito de falsedad documental" de Carlos Fabra, el empresario Vicente Vilar y sus ex esposas, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente. Además, cita a otros cinco imputados: Hadmi El Azouzi, Mohamed Chakir (encargados materiales de las falsificaciones), el impresor Manuel Martínez Martí y los cargos de la Administración Vicente Sánchez Peral (ex subdelegado del Gobierno de Castellón) y Domingo Cadahía (ex director adjunto de Sanidad Vegetal en el Ministerio de Agricultura).

El auto judicial describe con detalle la forma de actuar de la trama con el objetivo de conseguir de forma fraudulenta los permisos para comercializar unos plaguicidas sospechosos. Los imputados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro", habrían "falsificado cuños, análisis químicos, sellos y firmas" de productos fitosanitarios y los habrían presentado "a sabiendas de su falsedad" ante el Ministerio de Agricultura, "con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" de diversos plaguicidas "procedentes de una empresa asiática que no reunían los requisitos legales para su comercialización" en España.

La juez dice que "las falsificaciones fueron encargadas" por las ex esposas de Carlos Fabra y de Vicente Vilar, el empresario que posteriormente denunció a Fabra por cobrarle comisiones millonarias a cambio de sus gestiones en los ministerios de Agricultura y Sanidad para legalizar los fitosanitarios que fabricaba. Las dos mujeres habrían realizado esas gestiones a través de la empresa Artemis 2000, cuya propiedad compartían al 50%, aunque Vilar aseguró en su día que, en realidad, él y Fabra eran los dueños la firma y tomaban las decisiones.

La juez explica que esas falsificaciones fueron "realizadas materialmente por Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir", mientras que "los sellos fueron falsificados y vendidos por Manuel Martínez Martí", propietario de una imprenta en Castellón, y "remitidos a través de Carlos Fabra" al entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, ya fallecido, que a su vez los enviaba al director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Domingo Cadahía, para su legalización." (El País, ed. Galicia, España, 12/05/2009, p. 10)

12.5.09

Mapa de la corrupción mundial (año 2008)



Corruptelas

"La tormenta política desatada en Reino Unido por las revelaciones de abusos en los gastos oficiales de los diputados, que hasta ahora habían alcanzado solo a los laboristas, ha llegado a las filas conservadoras. El diario The Daily Telegraph publica hoy detalles sobre abusos de varios diputados tories, algunos muy cercanos al líder, David Cameron, del sistema para pagar con dinero público diversos gastos personales.

Los políticos británicos sufrieron ayer un nuevo día de profundo desprestigio colectivo con la publicación de la segunda entrega del diario The Daily Telegraph de una serie de reportajes sobre cómo los diputados de la Cámara de los Comunes abusan del sistema que les permite pagar con dinero público diversos gastos personales y, en especial, cómo se aprovechan de la ambigüedad de la legislación para mejorar y revalorizar viviendas de su propiedad.

Si la primera entrega, el viernes, se centró en 13 miembros del Gobierno, incluido el primer ministro Gordon Brown, ayer, el diario conservador británico detalló los abusos en la segunda línea del Gabinete: lo que en España se llaman secretarios de Estado y en el Reino Unido se denominan ministros. El caso más llamativo es el de la responsable de Turismo, Barbara Follet, que está casada con el escritor multimillonario Ken Follet y que cargó al Estado 28.000 euros en seguridad privada porque se sentía insegura en el Soho, donde tiene su segunda residencia. El responsable de Inmigración, Phil Woolas, se hizo pagar tampones, pañales y ropas de mujer. Y el de Asuntos Sociales, Phil Hope, gastó más de 41.000 euros en mobiliario para un piso de 47 metros cuadrados." (El País, ed. Galicia, Internacional, 10/05/2009, p. 10)

"El escándalo de los abusos en gastos oficiales en Reino Unido alcanza a los conservadores. (...)

La ley permite que los diputados reciban ayudas públicas para mantener una de las dos residencias que normalmente han de mantener abiertas para ejercer su tarea: una en Londres, donde está el Parlamento, y otra cercana a su circunscripción, donde muchos fines de semana atienden a los votantes. Varios diputados tories han aprovechado para revalorizar sus propiedades. Michael Gove, miembro del círculo íntimo de Cameron, gastó más de 7.000 libras (7.700 euros) en los muebles de su piso de Londres en 2006, antes de cambiar la designación de segunda residencia a otra propiedad en su circunscripción, Surrey. Otro diputado, Andrew Lansley, gastó miles de libras en renovar su casa de campo antes de venderla. Alan Duncan, que preside el comité encargado de auditar los gastos de los diputados de la Cámara de los Comunes, pidió que le reembolsaran £3,194 (3.500 euros) en gastos de jardinería en marzo de 2007, aunque se le denegó el reembolso." (El País, ed. Galicia, 11/05/2009)

11.5.09

La empresa médica del señor director de Calidad del hospital

La Sanidad pública vasca ha adjudicado desde 2001 contratos por valor de 16 millones de euros a una empresa a la que está vinculado el director de Calidad del hospital de Cruces. Las adjudicaciones corresponden a las urgencias extrahospitalarias y fueron realizadas durante la etapa del ya ex consejero del PNV Gabriel Inclán. (Fundación para la Libertad, citando a EL MUNDO, 11/5/2009)

8.5.09

El bufete de Michavila cobró por hacer leyes para Gobiernos del PP. Redactó la norma audiovisual valenciana y asesoró a los que lograron licencias



"El bufete de abogados en el que colabora el diputado del PP José María Michavila, Eius, ha sido contratado en numerosas ocasiones por comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP para elaborar y aplicar leyes. El bufete incluso compatibilizó sus labores como redactores de una ley de la Generalitat valenciana con el asesoramiento a empresas privadas sobre la misma materia. Así, Eius fue contratado por la Generalitat para redactar el anteproyecto de ley audiovisual de la comunidad en 2005 y siete meses después representó a una empresa que logró 13 licencias de TDT de esa Administración.

Entre mayo de 2005 y agosto de 2008, el despacho firmó al menos una veintena de contratos con la Generalitat y los ayuntamientos de Valencia, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, éstos últimos en Madrid y todos gobernados por el PP.

Los contratos los firma Alberto Dorrego, administrador único del despacho y letrado de las Cortes. Dorrego y Andrés Jiménez, también letrado del Congreso y socio del bufete, están siendo investigados por la Cámara por presunta vulneración de la ley que les impide asesorar o elaborar dictámenes para comunidades y ayuntamientos. El artículo 62 les impide "la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones públicas". (El País, ed. Galicia, España, 07/05/2009, p. 11)

La justicia francesa investigará la fortuna de tres presidentes africanos

"Transparencia Internacional acusa de corrupción a Obiang, Bongo y Nguesso .

La ONG Transparencia Internacional, especializada en luchar contra la corrupción, ha ganado una batalla que tal vez no sea del todo simbólica. Françoise Desset, la juez decana en delitos financieros, ha admitido a trámite una denuncia de esta ONG en la que acusa a tres jefes de Estado africanos de enriquecimiento ilícito y de propiarse de fondos públicos. Todos poseen un enorme patrimonio inmobiliario situado en el cogollo más caro de París y de una gran flota de automóviles de lujo.

Los mandatarios acusados son Omar Bongo, presidente de Gabón desde 1967; Denis Sassou-Nguesso, presidente de la República de Congo desde 1975 a 1972 y desde 1997; y Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979. La juez les acusa de "desvío y receptación de fondos públicos", "blanqueo de dinero", "abuso de bien social" y "abuso de confianza".

La Fiscalía de París, que en abril desestimó el caso, dispone de cuatro días para recurrir la decisión. Si no lo hace, la juez iniciará una investigación encaminada a descubrir el origen de las riquezas de estos líderes africanos, cuyos países tienen el subsuelo empapado de petróleo. (...)

El proceso judicial será incierto, entre otras cosas porque muchas de las pruebas que inculpan a los implicados hay que ir a buscarlas a los países que gobiernan. Además, la Fiscalía de París puede apelar y bloquear el proceso durante varios meses." (El País, ed. Galicia, Internacional, 07/05/2009, p. 8)

7.5.09

Detenidos en Lorca por corrupción un constructor y un notario

"La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) a un notario, Sebastián F.R, y a un constructor, cuya identidad no ha sido desvelada, como supuestos autores de delitos de cohecho y prevaricación, según han informado fuentes cercanas a la investigación. (...)

La investigación, que continúa abierta, se remonta a varios "meses atrás" y se ha desencadenado como consecuencia de unos indicios que surgieron a raíz de la investigación del proceso de urbanización del paraje protegido de La Zerrichera (Águilas).

El notario, cuyas dependencias están siendo registradas por la Policía, es el propietario de un terreno en el que pretendía construir el empresario también detenido y su imputación de prevaricación se debe al hecho de "haber adoptado a sabiendas una resolución injusta". En cuanto al constructor, fuentes de la investigación han explicado que se le considera presunto autor de un delito de cohecho al haber sobornado al notario." (El País, ed. Galicia, España, 06/05/2009, p. 16)

'Ecomafia', 20.500 millones de beneficio

"Un informe ecologista presentado con el apoyo del presidente de Italia destapa el boyante negocio de las organizaciones criminales con el tráfico de residuo.

En Nápoles se dice la monnezza è ricchezza (la inmundicia es riqueza). No importa que ahí fuera el mundo se hunda, la frase en el libro Gomorra sigue siendo cierta. En 2008, la ecomafia facturó con el tráfico ilegal de residuos 20.500 millones de euros. Lo afirma el informe anual de Legambiente, asociación ecologista italiana, presentado ayer en Roma con el apoyo del presidente de la República. Se trata de la facturación más alta. Con toda esa escoria se podría levantar una montaña similar al Etna: una base de tres hectáreas y una altura de 3.100 metros. (...)

Así y todo, Legambiente calcula que se enterraron en suelo italiano 31 millones de toneladas de residuos, el equivalente a medio millón de camiones. "Se sabe dónde se producen, no siempre dónde se entierran", afirma el estudio. Casi la mitad de los delitos se localiza en las cuatro regiones de tradicional presencia mafiosa (Campania, Calabria, Sicilia y Puglia); el resto se reparte por el territorio. Y asoma con fuerza el rico norte del país, Piamonte sobre todo. "Las mafias han extendido sus tentáculos por vastas áreas del norte", señala el presidente de Legambiente, Vittorio Cogliati.

Como síntoma, el arresto de Mario Chiesa, otrora protagonista de casos de corrupción, "que ahora se dedicaba al tráfico de residuos con toda una red de cuellos blancos: empresarios, intermediarios y funcionarios corruptos". (...)

Los ecologistas consideran que hay cientos de clanes mafiosos viviendo de la inmundicia. Según el fiscal nacional antimafia, Pietro Grasso, "faltan recursos y un observatorio nacional. Detrás de la ecomafia hay un sistema criminal complejo, con técnicos de laboratorio, transportistas y otros, y necesitamos más armas jurídicas". Grasso reclamó al Gobierno que garantice las escuchas telefónicas.

La basura industrial que envenena el suelo mata animales, bosques y ciudadanos. El reciclaje acaba en la construcción de viviendas ilegales, actividad que la crisis tampoco ha logrado frenar. El año pasado brotaron en Italia 28.000 nuevas casas abusivas. Primer puesto, Campania; segundo, Calabria. Dos regiones en recesión. En la primera, los clanes edificaron 300.000 metros cuadrados en un área (feraz y ex agrícola) de 158 kilómetros cuadrados." (El País, ed. Galicia, Internacional, 06/05/2009, p. 4)

6.5.09

La trama internacionad de lavado de dinero de Correa



"La trama corrupta destinó dinero del blanqueo en Suiza a pagar a cargos del PP" (El País, ed. Galicia, España, 04/05/2009, p. 10)

4.5.09

Los trajes de Camps, graficamente...



30.4.09

Los ensayos clínicos de Pfizer causaron la muerte a 11 niños nigerianos, y otros 181 sufrieron daños cerebrales

"La presa Hoover, considerada como una de las grandes obras de la ingeniería civil de toda la historia, fue construida entre 1931 y 1936, en el río Colorado, en plena Gran Depresión norteamericana, y las obras finalizaron casi dos años antes de lo previsto, gracias al empeño del ingeniero encargado de la construcción, Frank Crowe. Para conseguir su reto, Crowe presionó día y noche a los trabajadores, sin importarle los riesgos que corrían, sin abastecerles de agua potable suficiente y sin tomar la menor precaución para que no resultaran intoxicados por monóxido de carbono, como les ocurrió a bastantes de ellos. Evitar esas muertes y esas terribles condiciones de trabajo hubiera retrasado la obra quizá seis meses, dentro del plazo autorizado, pero a Crowe le gustaban los retos y ser competitivo. La obra hubiera sido la misma, igual de grandiosa, igual de importante, igual de útil... pero había simplemente una empresa y un hombre que no estaban dispuestos a perder un penique ni a perder un día.

La historia de Crowe viene a cuento de otras muchas, igualmente terribles, e incluso peores, que jalonan la biografía de pretendidos grandes hombres y de famosas grandes empresas. Una de ellas, una de las peores, ocurrió en 1996 en Nigeria, cuando la multinacional farmacéutica Pfizer, la más grande del mundo, autorizó a realizar ensayos clínicos de un nuevo antibiótico, posiblemente indicado para la meningitis y otras graves infecciones, con doscientos niños nigerianos. Once de ellos murieron y otros 181 sufrieron daños cerebrales. Pfizer nunca ha aceptado su responsabilidad, pero esta misma semana sus abogados han anunciado un acuerdo con el Gobierno de Nigeria para indemnizar a las familias de los niños muertos y enfermos con una cantidad no determinada, pero que algunas fuentes cifran en 55 millones de euros. (¿Quién garantiza que el dinero acabará en manos de los interesados y no se perderá en las sendas de la extraordinaria corrupción nigeriana?). (...)

La pena es que conocemos el nombre de Crowe, un ingeniero canalla y aprovechado, de la Gran Depresión, pero no sabemos el nombre del ejecutivo y de los médicos que dirigieron y participaron en el proyecto africano, hace escasamente diez años. ¿Por qué no? ¿Por qué los ciudadanos no tenemos derecho a saber quiénes son, cómo se llaman, dónde viven y dónde trabajan? ¿De qué sirven nuestros representantes si no nos protegen difundiendo los nombres de las personas que participaron en aquel ensayo clínico? ¿Acaso no se difunden listas de personas a las que se acusa de pederastia? ¿Acaso no protestan los padres del mundo desarrollado porque quieren que se les advierta cuando se instala en el barrio un violador de menores? ¿No merecemos que se nos avise de que posiblemente estemos tratando y conviviendo con los médicos contratados por Pfizer que estuvieron en Nigeria en 1996? No hace falta acusarlos de nada. Basta con difundir en Internet los nombres, contrastados y seguros, de los especialistas que participaron en aquel ensayo. Uno sólo de ellos tuvo la decencia de denunciar lo ocurrido. Uno sólo de aquellos médicos envió una carta al presidente de Pfizer explicando lo que, a su juicio, había ido mal. Al parecer, ya no trabaja en la compañía." (Soledad Gallego Díaz: Ni un día, ni un céntimo. El País, Domingo, 26/04/2009, p. 13)

Hernández compró desde la Xunta tres Audi por valor de 262.000 euros

"Tres Audi de alta gama adquiridos durante dos años, cada vez más caros y con precios que oscilaban entre los 53.374 euros del primero y los 133.128 del último. Todos ellos fueron incorporados al parque móvil de una sociedad de la Xunta que contaba con apenas cinco trabajadores y se encontraba en pérdidas. Así era la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, dependiente de Augas de Galicia, bajo la presidencia del actual conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández Fernández de Rojas. El valor de los tres turismos de lujo alcanzó 261.963 euros.

El Consello de Contas, en su informe de fiscalización del año 2000, ya dedicó un capítulo a la sociedad que Hernández presidió hasta febrero del 2002. Y, entre otros excesos detectados en la gestión de la empresa, se detiene a analizar la compra de los tres vehículos, de una marca ahora denostada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Como responsable de Augas de Galicia, Hernández presidió entre septiembre de 1998 y febrero de 2002 el consejo de administración de la sociedad pública, que Contas califica de "instrumental" por su actividad.

El primer Audi, un A-8 con 260 caballos de potencia, llegó en octubre de 1999, mediante la firma de un contrato de arrendamiento financiero, o leasing, con una entidad bancaria, con un precio de 53.374 euros, unos 8,7 millones de pesetas de entonces. El contrato, dice el informe, tiene una duración de 36 meses, con un tipo de interés del 5%, lo que supone una cuota anual de 18.926 euros.

Casi un año después se modifica el contrato anterior, respetando las mismas condiciones, pero con el acuerdo del cambio de dicho vehículo por otro Audi, en este caso un modelo deportivo S-8 4,2 V8 Quatro trip tronic. El coche más caro de la marca alemana costaba entonces 75.460 euros, unos 12,3 millones de pesetas. La querencia por los Audi desde la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos durante el mandato de Hernández no cejó.A finales de 2001, la empresa de Hernández firmó la tercera adquisición, el modelo de más alta gama: un A-8 largo 4,2 Quatro trip tronic, con un precio de 133.128 euros. De esta operación, dice el Consello de Contas: "Se mantuvieron las demás condiciones inicialmente pactadas, tanto en lo que se refiere al tipo de interés como al vencimiento del contrato, lo que supuso la modificación de la cuantía de las cuotas abonadas, de manera que no guarda la más mínima proporcionalidad con el resto de las cifras de la sociedad".

Los tres coches se convirtieron, a juicio del Consello de Contas, en el bien con más valor de la empresa. "El mayor saldo del activo del balance de situación está constituido por los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero de un vehículo", denuncia el órgano fiscalizador.

Todas estas operaciones se realizaron pese a que la sociedad registraba abultadas pérdidas. " (El País, ed. Galicia, Galicia, 26/04/2009, p. 2)

Bárcenas asegura que solicitó un crédito para comprar cuadros y lo canceló al mes - La cifra coincide con un ingreso que, según Garzón, recibió ese añ

"Hacienda investigó al tesorero del PP por ingresar 330.000 euros en billetes de 500.

Mucho antes de que estallara el escándalo del caso Gürtel, en el que está implicado el tesorero del PP, Luis Bárcenas, la Agencia Tributaria ya le había investigado por un ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 que consideró sospechoso. Los bancos tienen la obligación de dar a conocer a la agencia cualquier ingreso superior a los 3.000 euros, especialmente en billetes de 500.

Los inspectores del fisco decidieron interrogar a Bárcenas por ese sospechoso ingreso, realizado el 22 de enero de 2003. El senador del PP, que entonces era el gerente del partido -mano derecha del tesorero, un cargo que ocupó durante 20 años hasta que Mariano Rajoy lo ascendió a la cúpula en 2008-, ofreció a Hacienda la misma explicación que ayer dio a EL PAÍS a través de un portavoz.

Según la versión de Bárcenas, que no recuerda si hizo el ingreso en billetes de 500 euros pero sí que lo hizo en efectivo, ese dinero correspondía a un crédito que había pedido el 9 de diciembre de 2002 al mismo banco donde luego lo ingresó, la oficina del Banco Popular de la calle de Cedaceros.

Bárcenas sostiene que pidió un préstamo de 330.000 euros para comprar unos cuadros, que después retiró el dinero en efectivo para realizar la transacción con el vendedor y que, en el último momento, la operación se truncó. Por ello decidió cancelar el crédito un mes después de haberlo pedido. Por tanto, fue al banco con ese dinero para ingresarlo y saldar su deuda. Fue ese ingreso de 330.000 euros de golpe el que llamó la atención de la Agencia Tributaria, que abrió una investigación el 15 de febrero de 2008 y, aparentemente, dio por buenas las explicaciones del tesorero el 24 de marzo. (...)

Bárcenas insiste en negar que él recibiera ningún tipo de cantidad de la red de Correa. Pero, según el auto de Garzón, precisamente en ese año 2002, el tesorero -a quien la policía identifica como la persona a la que corresponden las iniciales L. B. que figuran en los apuntes de la contabilidad secreta de la red- habría recibido varios ingresos entre enero y junio en concepto, según el juez, de sobornos.

Uno de los seis apuntes que corresponden a paquetes de dinero para Bárcenas es precisamente de 330.000 euros. Figura en la contabilidad B de la red de Correa el 19/02/2002 con el concepto "paquete PC (20MM+15MM+25MM -5MM a paquete LB", y una cantidad asociada de 330.000 euros ingresados en Caja Madrid.

Ese mismo día, según la documentación que Garzón aporta en el auto, hay otro concepto que señala "1 paquete LB (25MM +15MM+5m de paquete PC)". PC sería Paco Correa, y LB Luis Bárcenas, según Garzón.

Ese año 2002 Bárcenas recibió, según los apuntes a los que hace referencia el juez, 780.000 euros, y en total el magistrado le acusa de percibir 1,3 millones de euros de la red.

El conocimiento del importante patrimonio inmobiliario de Luis Bárcenas, según él logrado gracias a herencias y compras y ventas exitosas, ha sentado muy mal entre algunos compañeros, que recuerdan que, al menos oficialmente, durante 20 años el tesorero no ha tenido otro ingreso que el sueldo de un funcionario cualificado del partido." (El País, ed. Galicia, España, 26/04/2009, p. 12)

29.4.09

La boda de la hija de Aznar, y el dinero de todos

""Paso a detallarte una relación de personas implicadas, así como la gestión que he efectuado con ellas, en relación con los preparativos de la ceremonia de Ana y Alejandro". Ana es la hija de José María Aznar, entonces presidente del Gobierno; Alejandro es Alejandro Agag; la ceremonia es la espectacular boda de ambos en El Escorial; el párrafo se escribió en 2002 en una carta cuyo receptor era Antonio Cámara, entonces secretario personal del presidente del Gobierno; y el autor es Alfonso Bosch, que declara hoy como imputado ante el juez por el caso Correa.

La carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, tiene membrete del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid), del que Bosch era entonces segundo teniente de alcalde, y prueba que mantenía relaciones estrechas con la familia Aznar. A su condición de miembro destacado del equipo que organizaba los actos electorales de Aznar se une el hecho de que, según esta carta, fue también responsable de la boda de la hija del que era presidente del Gobierno.

Se deduce de la misiva que la ceremonia se organizó desde la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y el Ayuntamiento de El Escorial, con medios de este Consistorio, del de Madrid y de la Comunidad. Todas las instituciones se movilizaron para que la boda saliera bien. Bosch, ahora diputado de la Asamblea de Madrid, está acusado de recibir 250.562 euros por adjudicaciones en Boadilla, donde fue responsable de la empresa municipal del suelo, tras su paso por el Ayuntamiento de El Escorial.

En la organización participó Álvaro Pérez, que trabajaba entonces en Madrid para el PP con Francisco Correa -cabecilla de la presunta trama-, y que está imputado por su actividad en la red corrupta y, especialmente, por sus negocios en Valencia." (El País, ed. Galicia, España, 28/04/2009, p. 14)

La corrupción política

"CON KISSINGER AL OÍDO

Roma, 28 de octubre 1977. Encuentro con Kissinger en el Excelsior. Están Levi, Vittorelli, los dos Zevi, Romeo... (...) Al final, al oído, me dice:

-Lo malo con los italianos es que, cuanto más se habla con ellos, menos se entiende cómo están las cosas. Dígame. ¿Usted cree en el eurocomunismo?.

-No.

-¿Y los democristianos creen?

-No.

-¿Y entonces cuál es su plan?

-Corromper a los comunistas.

-¿Lo lograrán?

-Es posible. De todos modos, no saben hacer otra cosa.

Kissinger me sonríe con gratitud: "Finalmente alguna idea clara". (El País, ed. Galicia, Cultura, 26/04/2009, p. 46)

Cuando los ángeles son demonios

"El inspector Jordi Domènech, de la policía autonómica catalana, sostiene en sus manos una pesada arma de guerra mientras trata de explicar que la operación policial no se ha dirigido contra la asociación Hells Angels Motorcycle Club Barcelona (constituida legalmente hace 13 años), sino contra algunos de sus miembros. Éstos están acusados de formar una "asociación ilícita" con "estructura paramilitar" que perseguía un único fin: delinquir.

El bodegón que asoma tras el inspector no tiene desperdicio: hay espadas, navajas, puñales, ballestas, escopetas (antiguas y nuevas), bates de béisbol de todos los tamaños y colores, chalecos antibalas y pasamontañas. Un material innecesario si lo que se pretende es, sencillamente, recorrer cientos de kilómetros de carretera a lomos de una Harley Davidson junto a los compañeros de fatiga. Los ángeles se ven a sí mismos como una hermandad. Poseen normas propias y rituales que los no iniciados no pueden (ni deben) compartir.

Tal idiosincrasia les lleva a rechazar de plano cualquier forma de marketing. "Cuando ven a alguien que no es de los suyos y lleva chalecos o camisetas de los Hells Angels, son capaces de darle una paliza", comenta Domènech. La violencia (y la amenaza de usarla) es una de las señas de identidad de los arrestados, según los investigadores. Buena parte del negocio ilícito consiste en extorsionar a los clubes, peñas y asociaciones de moteros que pretenden organizar actividades por su cuenta. Para que la fiesta discurra en paz, los ángeles exigen el pago de cierta cantidad de dinero. Incluso los aspirantes a entrar en la banda sufrían extorsión.

Los métodos de la banda los conoce bien Juan, nombre figurado del responsable de una peña motera que ha vivido en sus carnes la presión de los ángeles. "En este mundo casi todo el mundo se conoce. Vinieron a vernos y nos dijeron que, si queríamos hacer más actividades, teníamos que darles un dinero cada dos o tres meses. Pero pudimos esquivarles", relata.

Igual que las mafias que ofrecen servicios para vigilar obras, la banda motera también actuaba como una falsa empresa de seguridad privada. Con una investigación de más de un año -con teléfonos pinchados y seguimientos de 24 horas en las últimas semanas-, la policía da por probado que la banda ofreció sus gorilas para mantener el orden en diversos conciertos de música heavy metal organizados en Barcelona y alrededores.

La banda sacaba tajada de casi todo. Los detenidos -algunos de ellos hombres fornidos, con barba abundante y aspecto rudo e indomable- también se dedicaban al cobro de morosos con métodos expeditivos. La otra línea de negocio era el tráfico de drogas. Hace un mes, dos ángeles de la rama italiana se desplazaron a Barcelona para comprar droga. Los agentes se han incautado de un kilo de cocaína y de marihuana.

Cuando una banda rival (que las hay) pretendía hacerles sombra, los Ángeles del Infierno trataban de borrarla del mapa. De ahí, el arsenal que Domènech muestra con paciencia. En los treinta registros practicados por los agentes se han hallado 200.000 euros en metálico." (El País, ed. Galicia, España, 26/04/2009, p. 25)

El buen negocio de la piratería

"El negocio del abordaje, que ha encarecido el precio de los seguros marítimos, es tan próspero -más de 150 millones de euros anuales en un país castigado por el hambre- que los ataques se duplicaron durante el primer trimestre de este año: 102 contra los 53 del mismo periodo de 2008, según la Oficina Marítima Internacional (OMI).

¿Y la negociación? La negociación del botín, en efectivo o por transferencia bancaria, no sólo es acordada en turbios despachos de abogados de Londres, sino también en oficinas establecidas en países árabes por gente patibularia. Parte del botín obtenido llega directamente a los refugios del norte de Somalia, pero una buena tajada se blanquea en cuentas de los emiratos árabes y otros lugares de Oriente Próximo.

"Hay evidencias de que sindicatos establecidos en el Golfo (Pérsico), varios en Dubai, juegan un papel significativo en la piratería", declaró Chistopher Ledger, director de la firma de seguridad Idarat Maritime, al diario The Independent.

Las camarillas mafiosas, muy bien organizadas, mueven enormes cantidades de dinero y disponen de tecnología capaz de interceptar comunicaciones y rastrear el cargamento, la nacionalidad, la ruta, e incluso las defensas de los barcos, a fin de preparar su secuestro.

Esos cómplices en la sombra llegaron a experimentar con una pintura, inventada por un alemán, que dificulta la localización de las lanchas pirata por los radares de largo alcance de los mercantes, según el rotativo londinense.

El problema es internacional y las armadoras y tripulaciones tratan de manejarlo con los medios a su alcance. Los piratas del océano Índico son la punta del iceberg del problema, porque los grandes tiburones, los padrinos, operarían desde Dubai, Nairobi o Mombasa: expatriados somalíes o extranjeros de fortuna, disfrazados de hombres de negocios.

Todos ellos tienen su papel en las negociaciones entre los delegados de los delincuentes y de las armadoras: entre la legión de abogados, mediadores, parientes, clanes tribales, traductores, funcionarios corruptos, técnicos en GPS y espías implicados en un fenómeno complejo. Y la piratería no sólo centrifuga el dinero del rescate del barco, sino la minuta de los muchos actores relacionados con el delito.

Las cantidades acordadas con los secuestradores oscilan entre los 200.000 euros de los pesqueros pequeños hasta los dos millones y medio si los armadores son pudientes y sus cargas valiosas, como la transportada, el 25 de septiembre del 2008, por un buque ucraniano: 33 carros de combate de fabricación rusa y un arsenal de armas ligeras. "Las negociaciones puertas adentro suelen ser tensas", reconoció James Wilkes, director de la compañía de control de riesgos Gray Page. Tensas, pero siempre fructíferas para los africanos del AK-47 y sus cómplices.

Todos cobran en la negociación

Cada participante en el proceso negociador tiene una función que cumplir: los mediadores regatean, los abogados garantizan tratos sin vulneraciones legales, los funcionarios corruptos saltan sobre las trabas administrativas y el hombre del maletín se acompaña de gente armada, pues alguno fue atacado y muerto al saberse que trasladaba el pago de un rescate.

Todos cobran: los mediadores, cerca de 100.000 euros, los abogados, más de 300.000, según la complejidad del caso, y las empresas de seguridad, entre 150.000 y 300.000 euros, si la operación es peligrosa y son requeridos sus servicios. El proceso arranca cuando los piratas se apoderan de la documentación y teléfonos satélites del buque para hablar con los propietarios, de viva voz o por mensajes de texto.

La factura telefónica puede dispararse hasta los 50.000 euros, pues se establecen contactos internacionales a tres o cuatro bandas. Cada uno de los piratas -en ocasiones pertrechados con máquinas de detección de billetes falsos porque han sido timados en alguna ocasión- recibe la misma cantidad." (El País, ed. Galicia, Internacional, 26/04/2009, p. 8)

28.4.09

Una auditoría revela que el PP dejó en el Ayuntamiento de Sanlúcar (Cádiz) 14 millones en facturas sin reconocer

"No se cortaban un pelo. Mariscadas, puros Montecristo, Moët Chandon, consultas al tarot o prolongadas conversaciones con líneas calientes. Y, claro, langostinos de Sanlúcar. El problema es que tanto lujo se pagaba con dinero público.

La Fiscalía de Jerez (Cádiz) investiga la gestión económica que llevó a cabo el PP en el Ayuntamiento del municipio gaditano de Sanlúcar (64.000 habitantes) en el anterior mandato. Una auditoría externa encargada por el actual Gobierno local socialista ha destapado facturas sin reconocer por valor de 14 millones de euros, llamadas a líneas eróticas y a videntes desde móviles corporativos y pagos municipales de rondas de whisky a 56 euros la copa.

Anticorrupción ya ha denunciado a dos ex concejales del PP sanluqueño por falsificación de documento público y malversación. (...)

El marisco y el pescado eran la predilección de los ediles, que no dudaron en pagar 655 euros por 1,7 kilogramos de langostinos y cinco whiskys; o 142 euros por 1,5 kilos de lubina en un hotel de Rota. Las facturas en restaurantes y hoteles también menudearon. Se cuentan por decenas en cada uno de los más de 30 folios que se han trasladado a la fiscalía.

Hay más material sospechoso que va a ser investigado. El actual equipo de gobierno municipal también ha encontrado nueve facturas, en su mayoría sin la pertinente rúbrica de un técnico municipal, que registran la adquisición, en plena campaña electoral, de millares de llaveros, abanicos, camisetas, bolígrafos, gorras, pins y encendedores. Deberá dirimir el fiscal si el PP financió parte de su campaña con recursos públicos." (El País, ed. Galicia, España, 25/04/2009, p. 19)