"La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la compra
de un millón de mascarillas, 500.000 pares de guantes y 250.000 pruebas
rápidas de detección de la covid a los comisionistas Alberto Luceño y
Luis Medina ha destapado una cadena de engaños, desinformación y falta
de control en el Ayuntamiento de Madrid que facilitó una presunta estafa
de 11 millones de euros.
La operación se llevó a cabo entre la última
semana de marzo y la primera de abril de 2020, cuando la Comunidad de
Madrid era el lugar de España donde la pandemia causaba más muertes y contagios.
El
sumario del caso que ahora instruye el juez Adolfo Carretero incluye
documentos de los organismos municipales encargados de la compra del
material sanitario y declaraciones de los implicados en la operación que
describen un escenario caótico, opaco, permeable al fraude.
La
Empresa de Servicios Funerarios, encargada de pagar los 11 millones de
euros que costó el material, se quitó la responsabilidad de encima
cuando le preguntó la Fiscalía Anticorrupción: “La empresa no ha
participado en la negociación de los términos ni de los anteriores
contratos ni del resto de las adquisiciones de material sanitario o de
protección adquirido en virtud y ejecución de dicho convenio, por lo
que, en consecuencia, no dispone de copia alguna de correspondencia
relacionada con la negociación de los términos de los contratos”,
declararon los responsables de la funeraria, según consta en el sumario
del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Fue la Concejalía de Hacienda
la que se encargó de todos estos trámites a través de Elena Collado, alto
cargo encargada de la compra del material y con la que uno de los
comisionistas, Alberto Luceño, mantuvo comunicación telefónica durante
todo el proceso.
Luceño declaró al fiscal anticorrupción, en abril de 2021,
que fue él quien fijó los precios del material vendido al Ayuntamiento
de Madrid —de los más caros pagados aquellos días por las principales
administraciones municipales de toda España—, que supuestamente
fabricaba una empresa de Malasia llamada Leno. El comisionista relató al
fiscal que hizo aquella operación en una situación de extrema necesidad
cuando los precios subían en cuestión de horas. “Hablé con Elena
Collado y me dijo que necesitaban el material de manera rápida, en
tiempo y forma y de buena calidad. Y le dije que le podía asegurar esos
tres productos” (mascarillas, guantes y pruebas).
Miguel Montejo, vocal de Más Madrid
en el consejo de administración de la Empresa de Servicios Funerarios,
explica a EL PAÍS que el 4 de abril preguntó a Collado por qué se
decidió contratar a Luceño y Medina entre todas las ofertas recibidas.
“Me dijo que no lo recordaba, solo explicó que creyó que eran personas
altruistas y que, si hubiera sabido que eran comisionistas, habría ido
directamente a la Fiscalía. Pero Collado no contestó a la pregunta de
por qué no denunciaron los hechos cuando ya supieron que la Fiscalía
estaba investigando, ni por qué se le ocultó al consejo de
administración que aquella operación estaba dirigida por
intermediarios”.
Luceño declaró al fiscal que había
preguntado a su socio Luis Medina si conocía a alguien en la
administración con quien pudiera contactar para ofrecerle material
sanitario chino. Y que Medina le dio el contacto de los responsables
municipales de Madrid. Como debía pagarse en parte por adelantado, el
Ayuntamiento formalizó un convenio con su Empresa de Servicios
Funerarios, que tenía flexibilidad suficiente en su actividad para
asumir operaciones de ese tipo.
De madrugada
El
decreto de alarma para combatir la pandemia cerró España a cal y canto
el 14 de marzo de 2020. 10 días después, el martes 24 de marzo, el
consejo de administración de la Empresa de Servicios Funerarios,
municipal, se reunió de madrugada a través de un grupo de mensajería
creado al efecto para aprobar una compra urgente que podía salvar vidas.
La
coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, contó a
los asistentes (con representación de todos los grupos políticos) que
se trataba de adquirir un millón de mascarillas a 6,6 euros la unidad. Y
que había que pagar la mitad esa misma noche por anticipado.
Collado
no explicó entonces a los consejeros si aquella era la oferta más
barata o la más cara de todas las que habían recibido, ni detalló que la
operación se hacía a través de dos intermediarios, Luis Medina y
Alberto Luceño; ni siquiera explicó si el fabricante que suministraría
las mascarillas era de confianza o tenía solvencia suficiente para
garantizar que el encargo llegaría a buen puerto.
Los
representantes de todos los grupos municipales (Vox, Más Madrid, PP y
PSOE) votaron a favor ante la emergencia. Unas horas después (25 de
marzo), el consejo de administración volvió a reunirse de urgencia para
más compras, que anunció otra vez Elena Collado: 250.000 pruebas rápidas
a 17 euros la unidad y 2,5 millones de pares de guantes a 2 euros cada
par. Tenían que actuar deprisa porque, según dijo, se estaba acabando la
mercancía y había que pagar el 50% por adelantado.
Ese
segundo lote resultó defectuoso. Las pruebas tenían una fiabilidad del
60%, muy lejos del 98% comprometido. Los guantes llegaron a un precio
disparatado, incluso en pandemia. Tanto fue así que, cuando Elena
Collado se quejó al respecto ante Alberto Luceño, este tardó una hora y
media en comprometerse a devolver cuatro de los cinco millones de
dólares que ya había pagado el Ayuntamiento por esa mercancía.
Luceño explicó al fiscal anticorrupción
que existe una recomendación verbal de la Cámara de Comercio de París
para que las comisiones no superen el 50% de cada operación: “Yo
reconozco [que] en el contrato de las máscaras [me llevé] el 44,85% y en
la otra operación un 49,91%”.
Esta respuesta dejó
perplejo al fiscal anticorrupción, quien le leyó las comisiones que
habían pactado Luceño y Medina por la venta de dos millones de pares de
guantes. De los cinco millones de euros, 1,8 millones eran la comisión
de Luceño y 1.125.000 euros la de Medina. En total, 2.925.000 euros
sobre cinco millones, más del 50%.
Luceño intentó
replicar al fiscal que esa operación “se intentó hacer, pero no se
cobró”. En realidad, fue Elena Collado quien comprobó en un supermercado
de Madrid que los guantes que habían comprado a través de Luceño y
Medina a dos euros el par costaban menos de la mitad en comercios de la
capital. Eso llevó a que Luceño devolviera cuatro millones de euros sin
poner reparos." (José Manuel Romero , El País, 15/04/22)
"El comisionista Luis Medina: “Lo que hablamos fue: ‘Un
tercio para mí, un tercio para Alberto y un tercio para la empresa
malasia”.
Luis Medina se presentó ante el fiscal anticorrupción como
un probo empresario que cobra con naturalidad comisiones, aunque sea en
el peor momento de la pandemia, y que se ha sentido engañado por su socio Alberto Luceño porque
este se ha llevado más dinero que él como corretaje por la venta de
material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. El hermano del duque de
Feria declaró que su único trabajo en este negocio fue el de
“facilitador” para poner en contacto a Luceño, que tenía contactos en
China para conseguir pertrechos médicos, con la responsable de compras
del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Un trabajo que le reportó un
millón de dólares, “menos del 10% [de comisión], que no es nada”, le
explica al fiscal, quien manifiesta que en el asunto “hay muchas cosas
raras”. “Lo que hablamos Luceño y yo era que las comisiones se dividían
en tercios: que era un tercio para mí, un tercio para él y un tercio
para la empresa malasia”, asegura Luis Medina. Pero su parte fue un
millón, y la de su socio, casi cinco millones.
La
declaración de Luis Medina, acompañado de dos abogados, se produjo el 13
de abril del año pasado, durante unos 40 minutos. Al principio se
muestra algo nervioso, y tutea al fiscal. Su posición es clara: todo es
legal, hizo un trabajo de intermediación por el que cobró, se
desentendió del asunto y, ahora, con el escándalo por las abultadas
comisiones, él también se ha escandalizado por lo que se embolsó su
socio. La Fiscalía Anticorrupción, en su querella, atribuye a los dos
empresarios delitos de estafa agravada, blanqueo y falsedad.
El
interrogado se define a sí mismo como “un facilitador, un introductor”,
cuya única misión fue enlazar a Luceno, con contactos en China, y con
el Ayuntamiento. “Mi labor es únicamente ponerles en contacto, y yo del
monto total, si lo sumas, lo que me llevo es menos de un 10% de
comisión”, le cuenta al fiscal, a quien le explica: “En esa época las
comisiones eran mayores porque eran unos meses en los que había mucha
demanda y muy poca oferta y entonces todo se disparaba”.
Medina detalla que obtuvo el contacto de Elena Collado, responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, gracias
a una profesora de su universidad, que, a su vez, “conoce bien al
hermano del alcalde” de la capital. Él, según insiste, le dio el
contacto a Luceño y nada más. “Yo no tengo ninguna relación con José
Luis Martínez-Almeida”, insiste. El ministerio público vuelve a
preguntar por la relación de negocios de los socios:
Fiscal. ¿Qué relación tenía usted...?
Luis Medina:
Yo desde que acabamos con todo eso... creo que quedé un día a comer con
Alberto, a toro pasado, el pasado abril o mayo, que vino a mi casa y, a
partir de ahí alguna vez le preguntaba [a Luceño] por si había alguna
comisión más que cobrar... y él no me coge el teléfono ni nada. (...)
Pero vamos, yo llevo un año que no sé nada de él y, vamos, que tengo mil
llamadas y mensajes sin contestar.
El motivo de este
malestar es, cuenta el hijo de Naty Abascal, que se enteró de que su
socio lo había engañado y había cobrado una comisión muy voluminosa, del
45% de lo vendido en mascarillas, según ha admitido el propio Luceño:
“Yo tengo que fiarme de lo que me diga él y lo que hablamos un poco era
que [las comisiones] se dividían en tercios, que era un tercio para mí,
un tercio para él y un tercio para la empresa malasia. Y ya está. Eso
era lo que yo sé a día de hoy; es ayer por la tarde que me entero
realmente de lo que este señor se llevó...”. (Jorge A. R., El País, 14/04/22)
"La responsable municipal de compras: “Nunca me dijeron que iban a cobrar comisión. Yo entendí que querían ayudar a Madrid”.
La declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de Elena
Collado, la responsable del Ayuntamiento de Madrid que negoció el
contrato de las mascarillas con los intermediarios Luis Medina y Alberto
Luceño, es una muestra del caos en el que derivaron los procedimientos de compra de material sanitario en los primeros días de la pandemia, en marzo de 2020. “No había nada. Estaba el mercado absolutamente roto. Los
proveedores habituales no tenían material y nosotros teníamos a 10.000
personas [trabajadores esenciales] en la calle. Cualquiera que podía
ofrecernos algo se dirigía a nosotros y yo contestaba. Nos dimos cuenta
de que era imposible comprar nada sin adelantar dinero. Como mínimo, el
50%”, afirma Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos
Humanos del Consistorio.
“No
recuerdo quién me puso a mí en contacto con Rafael [se refiere a Luis]
Medina. Pudo ser un concejal, otro coordinador… Me llegó el teléfono y
le llamé. Me dijo que tenía un amigo, no recuerdo si dijo socio, que
tenía empresas en China y nos podía ayudar”, prosigue. A partir de ahí,
Medina la derivó a Alberto Luceño. “Me llegó un wasap: ‘Hola,
buenos días, soy Alberto Luceño”. Este le pareció a Collado “un hombre
un poco pagado de sí mismo”. “Me dijo que era un empresario de éxito,
que había vivido en China y tenía muchísimos contactos y facilidad para
moverse en ese entorno que entonces era un mercado persa. Me dijo que su
mujer estaba trabajando de médico en el [hospital] Puerta de Hierro y
que todo lo que pudiera hacer por nosotros, que encantado”. ¿Aportó
papeles para verificar todo eso que decía?, le pregunta el fiscal. Y
ella responde: “No, no creo. Hicimos una búsqueda en internet y vimos
que la empresa era real. La verdad es que son las mejores mascarillas
que tenemos”.
El fiscal Anticorrupción se interesa
entonces por cómo se acordó el precio de seis dólares (5,54 euros al
cambio actual) por mascarilla. “Lo que el proveedor dijo. La oferta era
esa”, contesta Collado. Y añade: “Nos metimos en internet y vimos
mascarillas de grafeno similares, y en aquel momento estaban a 40 euros.
Y no llegaban, además. No sé si ustedes han tenido que comprar material
en marzo… Nos pareció muy buen precio”. Luceño, según la responsable
municipal, no le contó que él iba a recibir una comisión millonaria de
la empresa a cambio de la intermediación: “Nunca. Yo entendí que de
verdad querían ayudar a Madrid [...] Si yo oigo la palabra comisión,
inmediatamente lo pongo en conocimiento de la policía”.
En
un momento dado, Luceño les pidió que el Ayuntamiento escribiera una
especie de carta de recomendación para presentar ante las autoridades
chinas y que le “trataran bien” si surgían problemas. Les explicó,
cuenta Collado, que si alguien elevaba la oferta, ellos corrían el
riesgo de quedarse sin el producto, y que por eso era mejor asegurarse
con esa carta. El Ayuntamiento lo hizo y la carta la firmó el alcalde,
José Luis Martínez-Almeida.
El
fiscal pregunta también a la coordinadora general por la donación de
238.000 mascarillas que, después de lograr ese suculento contrato,
hicieron Luceño y Medina al Ayuntamiento. “Sí, me llamó Alberto y me
dijo que Luis y él habían decidido donarlas. Me pareció muy bien. Me
dijo que quería que 50.000 fueran al hospital Puerta de Hierro [donde
trabaja la esposa de Luceño]. Es de las donaciones más grandes que hemos
recibido”, afirma.
En la parte final de su declaración
como testigo, que duró unos 50 minutos, el fiscal le muestra a Luceño
otros dos contratos firmados por el Ayuntamiento con la empresa Leno.
Estos tenían que ver con el transporte del material sanitario desde
China hasta Madrid. La funcionaria recuerda que en aquellas semanas era
complicadísimo sacar los portes desde Asia y que recurrieron a empresas
de transporte e incluso buscaban “huecos en aviones”. Quien se hizo
cargo de aquella operación de transporte fue Rafael Gutiérrez de Mesa,
una persona a la que describe como experimentada en este tipo de
movimientos de comercio exterior. Collado señala que cuando llegaba el
material a España se enviaba a la Policía Municipal, que escoltaba la
mercancía, “porque pasaban cosas en todos los sitios”.
En
otro pasaje de la declaración, el fiscal le pregunta por los guantes
que compraron a la empresa malasia por mediación de Luceño, y que
resultaron ser mucho más caros de lo esperado. “Eso fue horrible”, dice
Collado moviendo la cabeza. Explica que cuando los contrataron pensaron
que estaban adquiriendo guantes gruesos para cubrir todo el brazo, “para
pandemias”, y que cuando vieron que lo que llegaba eran guantes
normales de los que se vendían en los supermercados a 20 céntimos casi
se “desmaya”. “Le dije [a Luceño]: esto es una estafa, voy a la
policía”. Él le dijo que iban a devolver el dinero y, efectivamente, en
cuestión de “ocho a diez horas” llegó al Ayuntamiento una transferencia
de “cuatro millones y pico”.
Collado, que en todo momento
mantiene una actitud de aparente colaboración con el fiscal, afirma que
en aquel momento “todos” se sintieron “traicionados”, y asegura que
después del “disgusto” de los guantes, “ni contestó” a los mensajes de
la empresa, ni quiere mantener relaciones con ella “ni muerta”. “Antes
me muero; ya puede pasar otra pandemia, somos todos funcionarios, qué le
puedo contar, te puede costar, no sé...”, le dice al fiscal.
El
interrogatorio termina con el fiscal solicitándole a Collado que
entregue copias de los contratos, los mensajes de WhatsApp, y muestras
de los materiales que trajeron Medina y Luceño." (El País, 14/04/22)
