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2.12.24

Prisión provisional y sin fianza para el jefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife por trata de seres humanos

"El juzgado de guardia en Santa Cruz de Tenerife ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional sin fianza para el jefe de Protección Civil de la capital tinerfeña, Santiago Carlos Martín, como presunto autor de delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre.
 
El jefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife fue detenido el pasado miércoles, y este viernes, tras prestar declaración ante el juzgado de instrucción número 5 en calidad de investigado, también ha sido acusado de favorecer la inmigración clandestina y de cometer delitos continuados de agresión sexual y acoso sexual.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha indicado que la autoridad judicial se ha inhibido en el conocimiento del caso a favor del Juzgado de Instrucción número uno de San Cristóbal de La Laguna, que es el órgano que dirige la investigación.

El juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife sólo ha intervenido porque el investigado fue detenido en ese partido judicial, y la causa sigue bajo secreto de sumario, ha añadido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias."    (eldiario.es, 15/11/24)

9.3.21

Coalición Canaria pagó un millón de euros a la empresa que dio uso comercial a la finca de Ana Oramas usando el Plan de Protección de La Laguna

 "El 27% del pago se transfirió durante la alcaldía de la actual diputada en el Congreso. El resto del dinero fue recibido por Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S. L. durante el mandato del expresidente canario Fernando Clavijo 

 — La diputada Ana Oramas utilizó el Plan Especial de Protección de La Laguna para dar uso comercial a su finca familiar

 La necesidad de crear un Plan Especial de Protección (PEP) que protegiera el casco histórico de La Laguna se planteó durante la etapa de Ana Oramas como alcaldesa. El documento, elaborado por la empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S.L., recalificó una finca familiar de la actual diputada de Coalición Canaria en el Congreso para darle uso comercial, a pesar de que no fuera el propósito final del Plan. Esta entidad recibió, según unos documentos a los que ha tenido acceso este periódico, casi un millón de euros entre 2006 y 2010 por la ''gestión técnica del PEP del casco histórico". El 27% del dinero se transfirió durante la alcaldía de Oramas. El resto, con el expresidente canario Fernando Clavijo al frente del Ayuntamiento. 

De los 17 pagos registrados en esos cuatro años, nueve son por una cantidad de 22.800 euros. El resto de ingresos oscila entre los 7.000 y los 500.000 euros. El pago más alto fue autorizado en 2010 por el entonces alcalde Fernando Clavijo, cuando AUC S.L. recibió 547.200 euros de una sola vez.

La elaboración del Plan Especial de Protección fue encargada en 2005 a esta sociedad limitada, de la que forma parte María Luisa Cerrillos, también directora de la Oficina de Gestión del Plan Especial de Protección de San Cristóbal de La Laguna. De esta manera, la elaboración y la ejecución del documento se concentraron en la misma persona.

 El PEP, elaborado para proteger el casco histórico después de que la UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad en 1999, incluyó como espacios protegidos determinadas zonas de la ciudad que sobrepasan el ámbito declarado Bien de Interés Cultural. Entre ellas, la finca de uso residencial de los Oramas ubicada en la calle Marqués de Celada y la Avenida Lucas Vega, que durante un tiempo funcionó como cochera de guaguas de la empresa Transportes de Tenerife S.L., a quien el abuelo de la alcaldesa, Leoncio Oramas, cedió el terreno. 

 Cuando el borrador fue sometido a información pública, los consejeros delegados de Transportes de Tenerife S.L., Lorenzo Hernández y José Luis Hernández-Francés, presentaron una serie de alegaciones el 26 de febrero de 2004. Entre ellas, la propuesta de asignar a la parcela el uso comercial, "admitiendo como usos complementarios el residencial, hotelero, cultural y de ocio". Finalizado el plazo de información pública, el 16 de septiembre de 2004 los propietarios de la sociedad limitada presentaron un escrito a la alcaldesa Ana Oramas. En él, reconocían que habían mantenido varias reuniones con la directora y el equipo redactor del PEP en las que habían alcanzado un principio de acuerdo para formalizar las alegaciones planteadas.

Las peticiones se concedieron, y el PEP incluyó el solar como parcela con ordenanza especial para conseguir "equipamiento público y superficie comercial en una zona necesidad de este uso, así como amplios aparcamientos". La Memoria de Ordenación justifica que la ampliación de la zona protegida al espacio donde está la antigua cochera de guaguas está respaldada por la"necesidad de proteger un determinado sector de manzanas del camino de San Benito", por ser uno de los accesos históricos tradicionales más importantes y consolidados

El papel de Clavijo

Para tratar de cumplir con este objetivo de "conseguir equipamiento público" con el que se dio uso comercial a la finca de la familia Oramas, Fernando Clavijo -entonces concejal de Urbanismo de La Laguna- acordó la cesión al Ayuntamiento de 18 plazas de garaje en esta parcela.

El pacto fue suscrito en julio de 2008 entre Clavijo y Antonio Curbelo Robayna, de Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L. Esta empresa fue fundada en Lanzarote en 2004 y su administrador único era Bodegas Stratvs - propiedad del influyente empresario de Lanzarote Juan Francisco Rosa-. En 2007, la entidad pasó a tener el pleno dominio de la parcela.

 La finca de los Oramas

La finca recalificada de la familia Oramas ahora alberga las obras para la construcción de un nuevo Mercadona. Pero antes de ser propiedad de esta cadena de supermercados cambió de manos hasta en tres ocasiones. En 1977, Leoncio Oramas, abuelo de la diputada de Coalición Canaria, aportó la finca a Transportes Tenerife S.L. En abril de 2007, cuando el PEP ya estaba aprobado, la compañía se disolvió en favor de siete empresas diferentes. El 65% de la finca pasó a ser de Juan Francisco Rosa a través de las sociedades Construcciones y Urbanizaciones Insulares S.A. y Meridian Lanzarote S.L. El 10% pasó a Canarias Rent & Investment S.L., administrada por el promotor Rafael Lasso, investigado en 2011 por la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio de Yaiza (Lanzarote).

 Otro 5% pasó a Velanza S.A., que tiene como administrador único al arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, acusado en el caso Stratvs junto a Rosa por la edificación de una bodega industrial en un Espacio Natural Protegido. Otro 10% se dividió entre Investment Las Coloradas S.A. y Promociones Inmobiliarias de Lanzarote S.A. El 5% quedó en manos de Eugenio González y Carmen Martínez Socias, la misma notaria que validó la disolución y división de Transportes Tenerife en las mencionadas empresas. Dos meses después, todas las sociedades pasaron sus porcentajes a la entidad mercantil Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L.

Las obras de Mercadona

Las excavaciones para construir el nuevo Mercadona han provocado una grieta en la carretera, anexa a la red de saneamiento. Como medida cautelar, el pasado 19 de febrero la Gerencia de Urbanismo ordenó la desviación del tráfico en ese tramo de la Avenida Lucas Vega, de modo que los vehículos circulen por el margen derecho de la calzada. Para ello, ha sido necesario eliminar la banda de aparcamientos en ese lado de la vía "hasta la finalización de los trabajos ordenados''. El plazo para la realización de los trabajos ordenados, "debido a la complejidad de su ejecución", será de un máximo de dos meses."          (Natalia C. Vargas, eldiario.es, 23/02/21)

22.11.18

Coalición Canaria salvó de la piqueta en 1995 el edificio de Tenerife golpeado por olas gigantes y que toca terrenos de dominio público




"La imagen de la  ola gigante que el pasado sábado arrancó de cuajo un balcón en la tercera planta de un edificio en Tenerife ha puesto en el mapa de la actualidad al pequeño núcleo turístico de Mesa del Mar.

Situado en el municipio de Tacoronte, al norte de la isla y al pie de un imponente acantilado, el inmueble Mar y Sol fue objeto de una polémica en los años noventa, cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por un alcalde socialista, de común acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente (que prometió 600 millones de pesetas -3,6 millones de euros-), intentó recuperar para el uso público parte del tramo de costa que ocupa esa construcción. Este bloque fue en su origen, años sesenta del pasado siglo, un hotel, cuyos apartamentos luego fueron vendidos a particulares y ahora su uso se ha convertido en residencial.

Pero ocurrió que en 1995 accedió a la alcaldía la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI entonces y hoy Coalición Canaria -CC-; ese fue uno de los partidos que años después fundaría CC), que dio marcha atrás al proyecto, hasta que finalmente, en 2013, el deslinde público elaborado por la Dirección General de Costas dejó fuera del dominio público marítimo-terrestre el edificio, salvo dos pequeñas esquinas, y quedó dentro de la servidumbre pública de protección.

Por esos años los propietarios habían recurrido el acuerdo del pleno municipal (tomado en 1993) que declaraba ilegales la venta de apartamentos como viviendas en el Mar y Sol. El litigio lo ganó la parte privada, Hoteles Afortunados, SA, y este llegó al Tribunal Supremo.

Un complejo turístico inaugurado por Manuel Fraga

La urbanización del entonces hotel la promovió el empresario Arcadio Pérez Dorta, ya fallecido. La construcción comenzó a principios de los sesenta del pasado siglo con unas difíciles obras en la carretera que daría acceso a ese complejo turístico. En 1967 se inauguró, en un acto que presidió Manuel Fraga Iribarne, el ministro de Turismo del régimen franquista.

Su declive como zona turística de lujo comenzó en los años ochenta y se convirtió paulatinamente en un barrio residencial, siempre con el ojo puesto en los embates de los temporales marinos, que ya en el pasado habían provocado daños en las instalaciones públicas y privadas más próximas al mar.
El sábado 17 de noviembre de 2018, fue uno de esos días: el furioso océano entró de lleno en las plantas bajas del edificio, lo que causó destrozos en enseres, ventanas, paredes, balcones y zonas comunes, y por seguridad fueron desalojadas el fin de semana 65 familias. 

Este lunes, ya sin avisos meteorológicos por oleaje, los vecinos relataban a TVE 1 cómo vivieron con horror ese temporal, que no es el primero que sufren, pero sí uno de los que más daños les ha ocasionado en los últimos decenios, hasta el punto de que algunos propietarios se plantearon incluso no regresar a sus viviendas.

Que el mar bata sobre los cimientos de este edificio y que, de vez en cuando, dé un buen susto a los inquilinos de las plantas bajas, no extraña a nadie. Basta contemplar dónde está construido, sobre la misma línea de mar y con un estrecho paseo a su alrededor por el que no conviene transitar cuando el mar está embravecido. A ojos de buen cubero, está en lo que se considera dominio público, pero la realidad es que la orden ministerial que trazó esa línea en la costa de Tacoronte lo deja fuera. 

El Ministerio aclara que el domino público fijado apenas le afecta

Fuentes de la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife indicaron este lunes a Tenerife Ahora que el deslinde vigente toca muy levemente dos esquinas de las edificaciones que hay en la parcela, la mayor parte de la cual se halla en servidumbre pública. 

Pese a la evidencia de que estos bloques de apartamentos están casi sobre el mar, desde ese organismo público se indica que se trata de un inmueble construido de modo legal antes de la ley de 1988, y que se pudo beneficiar de esa circunstancia, además del hecho de que el Ayuntamiento cambiara de criterio a mediados de los años noventa para desarrollar un proyecto de recuperación de ese espacio costero para uso público.

Las mismas fuentes señalaron que los deslindes en sí mismos no son inamovibles, pero subrayaron que hasta 2013, para modificarlos, había que demostrar hasta dónde alcanzaban las olas en el máximo temporal conocido, pero desde entonces, con la reforma de la ley, es preciso verificar que el mar ha llegado más lejos en al menos cinco ocasiones en un lustro, lo cual dificulta cualquier solicitud en este sentido.

El alcalde socialista hasta 1995 lo tachó de "enorme atentado"

Sea como fuere, el edificio que ahora se ha hecho famoso en toda España provocó un duro enfrentamiento político en los años noventa en la isla. Tal es así que el entonces alcalde socialista, Guillermo Graham, que defendió su derribo -con indemnizaciones a los propietarios- publicó en el periódico Diario de Avisos un revelador artículo de opinión, apenas unos meses después de perder la alcaldía, en el que calificaba esa construcción de "enorme atentado contra el litoral de Tacoronte". 

"La costa", escribió el político del PSOE, "es un espacio de ocio de los ciudadanos y no se puede permitir que sea ocupada por construcciones ilegales o aparentemente legales como el edificio Mar y Sol".

En este artículo (desempolvado ahora de las hemerotecas por el periodista Esaú Hernández en un hilo de Twitter), Graham no tenía dudas de que "el edificio está afectado por la Ley de Costas [de 1988], y en ningún caso legalmente puede aceptarse un deslinde distinto al que se establece en la ley; es decir, más tarde o más temprano se podría aplicar una Ley que depende del Estado y que no parece que vaya a modificarse". 

El augurio de aquel alcalde socialista no se cumplió, y en 2013, con el PP en el Gobierno estatal, la ley se reformó y además el deslinde aprobado posteriormente salvó el Mar y Sol.
Aquel regidor municipal de Tacoronte fue más allá y destacó en su columna aparecida en prensa que durante su mandato el Ayuntamiento tuvo "importantes batallas jurídicas contra un poderoso señor de todos conocido", en alusión al promotor de esta urbanización controvertida, levantada sobre una escasa plataforma rocosa y en las laderas del acantilado. 

El partido ATI (hoy CC) en Tacoronte se opuso a ese proyecto de recuperar la costa con argumentos como el "desorbitante" coste para el erario público y una "insultante" compensación económica para los dueños del Mar y Sol. Al llegar al poder municipal, en pleno época de revisión del Plan General de Ordenación del municipio, con el gobierno que presidió el alcalde Hermógenes Pérez, de ATI-CC, el asunto quedó aparcado para siempre.

En internet pueden encontrarse a la venta pisos en la calle de Mesa del Mar, algunos por 58.000 euros y 83.000 euros, en los que puede verse cómo el Atlántico está tan cerca que parece que va a colarse por la ventana. Y es lo que ocurrió en las primeras plantas del inmueble el pasado fin de semana."             (Vicente Pérez, eldiario.es, 19/11/18)

7.4.08

"Te he colocado cinco 'kilos' por la patilla"

“Celso Perdomo, valiéndose de su cargo de director general de Industria del Gobierno de Canarias, "facilitó información que no debía ser divulgada a personas que tenían interés" en el concurso de instalación de parques eólicos, a cambio de sustanciosos cohechos. (…)

- Correos ilegales. Antes de que se publicara la orden del concurso, Perdomo envió sendos correos electrónicos, en agosto de 2004, a Wilebaldo Yanes y a Daniel Fernández Salamanca, representantes de diversos concursantes, con un borrador de la orden del concurso y una relación de terrenos y contactos públicos y privados para instalar parques eólicos.

- Cesión de acciones. Perdomo mantuvo contactos con representantes de dichas sociedades para pactar el precio de su información. Por ejemplo, con Enrique Guzmán López, que el 5 de octubre de 2004 firmó un contrato de cesión de acciones a Perdomo en Proyectos Renovables de Canarias, haciendo constar que dicha firma tenía un acuerdo con Hidrocantábrico para presentarse al concurso eólico.

- Pagos en Luxemburgo. Además, Perdomo recibió pagos de dicho empresario en una cuenta de un banco de Luxemburgo, nominalmente a cargo de su novia, Mónica Quintana. Por esa vía, ingresó más de 23.000 euros en 2005. Pero esta cifra podía ser aún mayor, a tenor de las grabaciones telefónicas. El empresario Guzmán le avisó en mayo de 2005 en varias conversaciones del pago de su comisión: "En el banco tienes que firmar lo de los 30.000 euros y firmar la cuenta, lo tiene que firmar Mónica (...). Han pagado los 30.000, el dinero llega a la cuenta esta semana (...). Vas a poder tocarlo esta semana". El remache es contundente: "Te estás haciendo millonario conmigo, perdona, a ti te están saliendo bien las cosas desde que me conoces. Te he colocado cinco kilos por la patilla".

- Pago en especie. Perdomo también acordó el pago de cohechos con los empresarios Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel. Ambos concursantes pactaron pagarle 12.700 euros a través de una empresa que había hecho obras de albañilería en su domicilio.

- El topo. Tras cesar como director general de Industria, en junio de 2005, Perdomo compró la voluntad de un alto funcionario para la trama: Honorato López, jefe de área de la Consejería de Industria. Era un hombre clave: podía valorar los expedientes y figurar en la mesa de contratación. Su abordaje queda evidenciado en las escuchas. "¿Es colega tuyo como para sentarnos a hablar de pasta?", le preguntan a Perdomo los empresarios. Éste asiente. "Sí, sí. Pero tengo que sentarme con él a ver de qué pie cojea, lo puede haber tocado otra gente". "Tú al Honorato le tienes que decir, tú, gilipollas, ¿quieres ganar dinero o no, idiota?", le aconsejan a Perdomo. Y Honorato resulta no ser "idiota". "Me tomé un café con Honorato, me va a dar una lista de cantidades [de comisiones]... Dos kilos por megavatio. Honorato dice que como él puede controlar los informes previos...", explica Perdomo a sus secuaces, que esgrimen dificultades técnicas para pagarle el soborno. "Le puedo abrir una cuenta, lo que no voy a poder firmarle es una orden de transferencia cuando todavía no sé cuántos megavatios nos va a dar". Su fichaje vale la pena. "Y si me dice que es poco, nos rascamos el bolsillo. Si él nos garantiza que sale con los nueve megavatios de Lanzarote, nos vamos a llevar cada uno entre 40 y 45 millones de pesetas si nos garantiza la adjudicación", argumenta Perdomo.

- Cinco millones por megavatio. Perdomo y el empresario Guzmán prometen a Honorato pagarle dos millones de pesetas de entrada, cuatro más cuando realice su informe y un millón más por cada megavatio adjudicado. Otro empresario, Esquivel, le garantiza pagos adicionales: dos millones por dejar el expediente bien valorado y, posteriormente, hasta cinco millones por megavatio adjudicado. Honorato se jacta del favor que devolverá: "Me dijo anoche que este año los Reyes Magos venían cargaditos de megavatios eólicos", comenta Perdomo. "El éxito depende de él, vamos a hacerle la rosquilla, lo que teníamos pactado con él, 50% para él, 50% para mí. Lo está estudiando todo muy bien, quiere máxima discreción. Como se filtre, se lo levantan. No quería que me viesen con él (...). Quiere una copia de todos los proyectos en los que quieres que él interactúe para él encauzarlos antes de que lleguen a la mesa [de adjudicación]".

- Anulación. Cuando el concurso es anulado en diciembre de 2005 por el Gobierno de las Canarias por un problema formal, Perdomo y sus cómplices pactan mantener sus estrategias de cara al futuro concurso. No sin cierta inquietud. "Tenemos que mantener nuestro contacto donde lo tenemos, no vamos a hablar por teléfono a partir de ahora", acuerdan Perdomo y un empresario. Pero no tienen ya salida. "He invertido mucho", le advierte a Perdomo su interlocutor.” (El País, ed. Galicia, España, 05/04/2008, p. 22)