"La primera imputación del constructor y magnate de los medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri,
llegó en febrero de 2009, cuando el entonces juez Baltasar Garzón
levantó el secreto de sumario en una causa que investigaba una red de
corrupción entre empresarios y Partido Popular: Gürtel.
En ese momento,
Ulibarri era un empresario reconocido en la Comunidad, como dueño de la
constructora Grupo Begar y propietario de una televisión, emisoras de
radio y varios periódicos. A lo largo de más de una década sin juicio,
ha ido sumando imputaciones en causas de corrupción sin que la Justicia
haya podido hacer nada por evitarlo.
Poco antes de esa
imputación que marcaría un antes y un después para el PP, el 23 de
enero de 2009, la Junta de Castilla y León había anunciado que la oferta
conjunta de Ulibarri y del empresario Antonio Miguel Méndez Pozo había
ganado el concurso para la explotación de dos canales autonómicos de la
TDT.
Ulibarri estaba bajo sospecha, pero ello no impidió que recibiese
año tras año y hasta la actualidad, una subvención millonaria -de entre
18 y 25 millones de euros por ejercicio- para Radio Televisión Castilla y
León. Tampoco se le retiró la publicidad institucional en sus medios, y
mucho menos dejó de concurrir a licitaciones. Sin condena firme,
Ulibarri siguió haciendo negocios y los políticos de la Comunidad
continuaron acudiendo a sus galas, charlas y agasajos. Ulibarri,
presuntamente, era un corrupto, pero de facto seguía siendo un prohombre
en Castilla y León.
Han pasado 11 años desde esa primera imputación en Gürtel
y José Luis Ulibarri ya está formalmente acusado desde 2016. La
Fiscalía pide para él 7 años y un mes de prisión por los presuntos
delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas,
tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y delito
continuado de falsedad en documento mercantil. Según el Ministerio
Público, su empresa UFC consiguió una parcela en Boadilla del Monte
mediante el pago de mordidas de más de un millón de euros. El juicio no
ha llegado a señalarse cuatro años después aunque la previsión era que
se celebrase en septiembre de 2018. El volumen de causas de la Audiencia
Nacional lo han ido retrasando.
Enredadera
Mientras
tanto, a Ulibarri se le han ido acumulando los problemas judiciales. En
junio de 2018 reventaba el caso que más le ha afectado y el único por
el que ingresó en prisión provisional, la Operación Enredadera. Una
investigación de un juzgado de Badalona acabó descubriendo una trama
para el amaño de concursos públicos liderada por el empresario leonés.
Los pinchazos que contiene el sumario
pusieron en solfa a varios políticos de la Comunidad que le informaban
de concursos, le ofrecían obras o que se sentían maltratados en sus
medios. La cota de poder de Ulibarri había ido subiendo, especialmente
en Castilla y León, y sus medios de comunicación son una herramienta. En el sumario, la Fiscalía destacaba la "asombrosa capacidad" de influencia del empresario gracias sus medios y cómo "premiaba o castigaba" a quienes no accedían a sus pretensiones.
Gürtel: "hay que hablar con alguien de arriba"
Esos
pinchazos también afloraron su intento de manejo, abogado mediante, de
"las fiscales de Gürtel" cuando suponía que quedaba poco para que se
señalase el juicio. Tal y como publicó eldiario.es, en una conversación
telefónica pidió a su abogado, el reputado penalista Luis Rodríguez Ramos, hablar con alguien "de arriba" para que las fiscales recibiesen "directrices".
De lo contrario, afirma el constructor, estarían "perdidos".
Pero,
en tanto la investigación Enredadera seguía avanzando, con piezas
abiertas en la mitad del país, Ulibarri volvió a aparecer imputado en
otro caso de corrupción en septiembre de 2019, en concreto en la Operación Púnica.
Según el juez, el cabecilla de la trama, Francisco Granados, Francisco
Granados, contó con Ulibarri en su plan de amaño de concursos públicos
mientras fue consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y
después de Presidencia y Justicia.
Tal y como relata en un auto,
Granados "vislumbró en la Consejería de Transportes, y especialmente en
la entidad Mintra, una nueva oportunidad de negocio, que le permitiría
enriquecerse con dinero público procedente de las adjudicaciones
millonarias en el sector de infraestructuras y transporte de la CAM, y
en concreto con las adjudicaciones para la construcción de las
infraestructuras de metro y metro ligero proyectadas en el “Plan de
Ampliación de Metro de Madrid para 20032007”, que contaba, según se ha
podido saber por fuentes abiertas, con un presupuesto de 4.700 millones
de euros". Ulibarri recibió adjudicaciones y presuntamente realizó pagos
por ellas superiores a los 100.000 euros.
De nuevo, Gürtel
Con la tríada de imputaciones, parecía que el empresario había tocado techo, pero hace tan sólo unos días, su nombre apareció en el listado de imputados de la pieza principal de Gürtel
y que investiga los pagos y el patrimonio del líder de la trama
Francisco Correa. Ulibarri y sus empresas aparecen como pagadores en
sociedades vinculadas al primero. Estas cantidades serían presuntas
mordidas maquilladas como prestaciones de servicios.
La
actividad pública de José Luis Ulibarri en Castilla y León es más
discreta desde hace dos años.
No acude a los actos que organiza con sus
medios pero mantiene el poder en la clase política. Pocos se niegan a
acudir los desayunos de prensa que organiza con su periódico en
Valladolid, El Mundo de Castilla y León, la última fue la presidenta de
Ciudadanos, Inés Arrimadas.
En cuanto a su actividad
empresarial, Méndez Pozo, su socio en la televisión privada que financia
la Junta, no le quiere dentro: meses después de su paso por prisión por
la Operación Enredadera, Ulibarri
dejó de ser consejero delegado, miembro de la comisión ejecutiva y
consejero delegado mancomunado de Radio Televisión Castilla y León.
Su mano derecha, también imputado en la causa, dejó la presidencia de la
tele. Pero en el consejo están sus hijos: Soledad, Adriana y Enrique.
Soledad Ulibarri es consejera desde el mismo día en que salió su padre.
Adriana era consejera de la tele desde 2014, pero desde la salida de
Ulibarri forma parte de la comisión ejecutiva, y ocupa el lugar de su
padre. Es además secretaria del consejo y consejera delegada
mancomunada. Enrique, el más joven de los tres, entra también como
consejero. Los tres hijos que tuvo Ulibarri con su primera mujer
aparecen en los pinchazos de la Operación Enredadera, hablando de las
reacciones de algunos políticos a las presiones que según la Fiscalía
ejercía el empresario sobre ellos, pero no están imputados.
El
devenir judicial de las causas contra el empresario determinará si
continúa recibiendo dinero público a través de sus medios y el resto de
empresas que posee y si puede mantener el poder y la influencia en
políticos de Castilla y León y Madrid." (Laura Cornejo, eldiario.es, 14/03/20)
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