"Un teléfono intervenido, una llamada y una presunta compra
de votos en medio de la campaña presidencial de 2018 en Colombia. Son
los ingredientes que han desatado una tormenta política que azota al
Gobierno del presidente Iván Duque, que ganó esas elecciones en segunda vuelta.
Detrás de este caso, que la Fiscalía ya está investigando, hay un
narcotraficante, fallecido el año pasado, y sus presuntos vínculos con
el uribismo, el ala más radical de la derecha colombiana agrupada en
torno al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.
Todo
empezó con una investigación periodística que dio a conocer la
transcripción de una llamada en la que José Guillermo Hernández,
conocido como Ñeñe y una mujer hablaban de presunta compra de votos para
favorecer la campaña presidencial de Duque. Hernández, que fue
asesinado en un atraco en Brasil, era un narcotraficante que usaba como
fachada negocios minoristas y la ganadería. Por entonces, estaba siendo
investigado por un homicidio. En el marco de esas pesquisas, una de esas
conversaciones sobre corrupción electoral quedó registrada.
El ñeñevirus, como también ha sido llamado en el país
andino en referencia al coronavirus, hizo temblar los cimientos del
partido que sostiene al Gobierno, el Centro Democrático, que llevó a
Duque a la presidencia. El mandatario ha rechazado las acusaciones y se
ha desmarcado de su relación con Hernández. Sin embargo, decenas de
fotografías en eventos de la campaña publicadas por el propio
narcotraficante en sus redes sociales muestran que los supuestos
vínculos vienen de tiempo atrás.
La prensa local, de hecho, llegó a
publicar una parte del álbum privado del Ñeñe, donde aparece
fotografiado junto al hoy presidente y a Uribe, entre otros políticos.
“Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni
tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Y
agregó: “Nunca supe que había investigaciones contra él y, si las hay,
que las autoridades esclarezcan y rápido”.
El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ganó en junio de 2018 las elecciones en segunda vuelta frente al izquierdista Gustavo Petro
con un discurso centrado en la regeneración democrática y la lucha
contra la corrupción. El año pasado, el mandatario incluso llegó a
apoyar —a diferencia de su mentor, Álvaro Uribe— una consulta contra la
corrupción impulsada por la Alianza Verde y la hoy alcaldesa de Bogotá,
Claudia López. Además, el político adoptó un estilo de gobierno que
evita el tradicional intercambio de favores entre formaciones políticas y
el clientelismo, conocido como ‘mermelada’.
Lo ocurrido demuestra que
la relación con el expresidente Álvaro Uribe, que lleva décadas en
política y tiene el control de las redes de poder, contradice el
discurso público del mandatario. Y eso sucede en una etapa en la que la
sociedad colombiana, que ha dejado atrás la guerra con las FARC aunque
todavía convive con el problema de la violencia, busca renovarse y tiene
cada vez menos tolerancia hacia la corrupción.
Primer paso
El
escándalo ha ido creciendo poco a poco a medida que aparecen pruebas
que muestran como el difunto narcotraficante se movía con soltura en
círculos de poder. Una de ellas es que Hernández se trasladaba en
aeronaves del Ejército. Las fuerzas militares emitieron un comunicado en
el que admitieron este hecho, aunque se escudaron en que “para la fecha
el señor Hernández era conocido como empresario del sector ganadero y
miembro de una familia tradicional del Cesar (norte de Colombia)”.
Se
trata del mismo argumento al que recurrió el expresidente Uribe, que,
cuando Hernández fue asesinado en Brasil, expresó su lamento a través de
Twitter. “Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández,
finquero del Cesar, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una
feria ganadera”, escribió.
Uribe, en cualquier caso,
tuvo que reconocer que la mujer con la que habla Hernández en esa
conversación intervenida era María Claudia Daza, una integrante de su
equipo en el Senado. Poco después de que el expresidente admitiera el
hecho, ella renunció y salió del país. Mientras tanto, los periodistas
que destaparon el caso, Julián Martínez y Gonzalo Guillén, denunciaron
ser víctimas de espionaje y seguimientos.
Ante estas
circunstancias, en las que aún hay muchas dudas que despejar, la
justicia ya ha dado el primer paso. La Fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, que es amigo personal de Duque,
decidió abrir una investigación preliminar y envió copias a la Corte
Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la
Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral. El objetivo,
de momento, es que estos organismos, “según sus competencias, indaguen
sobre el contenido de varias interceptaciones hechas a un número
telefónico vinculado a la investigación”.
La Procuraduría
también abrió una investigación a propósito de los desplazamientos de
Hernández en aeronaves de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, Duque,
sobre quien arrecian las acusaciones de la oposición, acaba de volver de
una gira internacional por Nueva York y México y trata de centrar la
agenda en otros asuntos urgentes. Su Gobierno tiene que afrontar la
emergencia del coronavirus y cabe esperar que en los próximos días toda
la atención pública se concentre en esa crisis." (Catalina Oquendo, El País, 12/03/20)
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