"Todos los grandes partidos, desde Convergència Democràtica de
Cataluña y PNV hasta PP y PSOE, pasando por Eusko Alkartasuna y Unió
Democràtica de Catalunya, han cometido, supuestamente, delitos fiscales
y/o de falsedad documental en sus cuentas relativas al ejercicio fiscal
de 2012.
Así lo afirma el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo
González Soler, en un demoledor informe al que ha tenido acceso EL PAÍS y
en el que desgrana las graves infracciones penales que atribuye a cada
una de estas formaciones: condonación ilegal de deudas, cuentas sesgadas
en las que no se computan los gastos e ingresos reales, extraños
préstamos a fundaciones desconocidas e, incluso, donaciones ilegales,
entre otros ilícitos penales (todo ello sin contar las irregularidades
del ámbito administrativo).
Fuentes de la fiscalía no recuerdan un
escrito tan duro dirigido a un tribunal, el de Cuentas, que nunca ha
sancionado en firme a ningún partido y que ha sido muy criticado por sus
largas demoras a la hora de fiscalizarlos (lo que le ha llevado a
archivar muchos expedientes por estar prescritas las infracciones). Y
también por numerosos casos de nepotismo en su plantilla.
El de 2012 es el último ejercicio fiscal sobre partidos políticos y
sus fundaciones que ha fiscalizado este tribunal, que se encarga de
analizar si las Administraciones Públicas y los partidos destinan su
dinero a fines legales y cumplen con las leyes.
Nunca antes la fiscalía
de este tribunal había redactado un escrito tan contundente. Este es el
primer informe (“el primero del que se tiene conocimiento”, explica el
fiscal jefe) que se elabora “para depurar las posibles responsabilidades
que se deducen del ejercicio fiscal de 2012”. Aún no se ha fiscalizado
2013 ni 2014.
A juzgar por las acciones que describe la fiscalía, todos estos partidos han cometido delitos en sus cuentas de 2012. (...)
El fiscal aprecia los citados delitos tras analizar el informe que ha
hecho el Tribunal de Cuentas en el citado ejercicio, y denuncia que
determinados pasajes parecen “redactados para que se interpreten en el
sentido de considerar justificados algunos incumplimientos legales”.
Fuentes del tribunal señalan que se ha contestado oficialmente al
escrito del fiscal y se le han aclarado dudas sobre determinados
aspectos contables.
Que haya trascendido, el Tribunal de Cuentas nunca
ha actuado contra los grandes partidos por irregularidades en sus
cuentas, salvo muy recientemente, que ha abierto expedientes
sancionadores a IU y al Partido Aragonés Regionalista por cuentas
irregulares. Antes, ni siquiera detectó casos como el del extesorero del
PP Luis Bárcenas. Ha descubierto irregularidades, pero cuando ya
estaban prescritas por el paso de los años. (...)
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El
fiscal sostiene que hay delitos en sus cuentas de 2012 (aún no están
fiscalizados los años 2013 y 2014). En este ejercicio, CDC “tiene
contabilizados ingresos que, en principio, no se corresponden con los
servicios efectivamente prestados”.
Hay un total de 1,7 millones de
euros que CDC contabiliza como ingresos por servicios que supuestamente
ha prestado a Convergència i Unió y a sus grupos institucionales, así
como a las fundaciones CatDem (antes denominada Trias Fargas) y a Fórum
Barcelona, que no están debidamente acreditados.
Los justificantes que
aporta CDC sobre estas lagunas se limitan a “notas internas” que no
amparan si tales servicios se efectuaron o no. Ha sido la misma
respuesta que había dado en ejercicios anteriores cuando el Tribunal de
Cuentas le pidió explicaciones. Se trata de notas con simples “cálculos
de costes” hechas por el propio partido.
Y no solo eso: CDC ha hecho aportaciones a su fundación Cat-Dem
que ésta “no ha contabilizado como tales” en sus cuentas. En 2012, CDC
efectuó aportaciones por importe de 635.865,99 euros bajo el epígrafe de
“ayudas” a sus fundaciones (una de ellas, Cat-Dem), pero sin
especificar las otras fundaciones a las que ha dado dinero, siempre
según el escrito del Ministerio Público. Cat-Dem señala que lo recibido
no “son aportaciones”, sino “donaciones”, que tienen tratamientos
fiscales diferentes.
Otra falsedad que advierte el fiscal en CDC, a la
que dedica tres de los 15 folios del informe, es que en sus cuentas
anuales no incluye “todos los ingresos y gastos”. No figura incluida,
por ejemplo, la actividad económico-financiera de sus sedes locales, lo
que también “ha podido incidir en su declaración sobre el impuesto de
sociedades”.
Unió Democràtica de Catalunya (UDC). En este
partido, aliado de CDC, la fiscalía del tribunal también aprecia
“diversos hechos” susceptibles de ser considerados “delitos contra la
Hacienda Pública”. La sede del partido en Girona fue adquirida mediante
un crédito por importe de 402.016 euros.
Esa deuda está “prácticamente
amortizada”, si bien el partido la tiene contabilizada como pediente de
pago. El partido asegura que esa deuda debe ser abonada por la sede
territorial, cuyas cuentas están al margen de las del partido. El fiscal
entiende que no deben desgajarse. UDC contabiliza en sus cuentas como
deuda propia ese crédito que, en realidad, quedó reducido a 14.016,50
euros (no 402.016) que es lo que realmente queda por pagar.
Otro supuesto delito que ve el fiscal es el siguiente: el partido
tenía una deuda con la entidad financiera pública Kutxabank por importe
de 9,5 millones de euros “que esta entidad le ha condonado”, revela el
informe del fiscal.
Cuando el tribunal pidió explicaciones sobre este
crédito, el partido señaló (lo hizo en 2013) que estaba en negociaciones
con la entidad para refinanciar el préstamo. Según el fiscal, el propio
banco ha reconocido que la deuda real, con fecha 31 de marzo de 2013,
se había reducido a 939.999 euros, debido, explicó la entidad al
tribunal, a que “hay una notoria diferencia entre los tipos de interés
en el momento de la formalización del crédito (comienzos de los noventa)
y el actual”. Es decir, el partido y el banco han llegado a un acuerdo
para que el crédito de algo más de 10 millones se quede ahora en menos
de uno.
El fiscal también denuncia lo siguiente: “La formación tiene
registrados entre los gastos de explotación que figuran en su cuenta de
resultados los importes abonados en concepto de dietas a un cargo del
partido, por importe de 57.773,94 euros”.
El partido ha justificado
estas entregas con “documentos mensuales firmados por el perceptor en
los que figura el importe de la dieta a percibir, con su correspondiente
retención, recibiendo la misma cantidad mensualmente y devengándose en
14 mensualidades”. El fiscal no especifica a qué alto cargo cargo del
partido se refiere.
Partido Popular. También sale muy mal parado el PP
en el informe del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas. Ha podido cometer
en las cuentas de 2012 “varios delitos tributarios”, entre otros
ilícitos penales.
Ocho bancos han informado de que, en ese ejercicio, existen cuentas
que suman 1,3 millones que no han sido declarados al fisco, así como
“pagos de anticipos a miembros del partido que no aparecen descontados o
justificados y que superan los 50.000 euros”. El fiscal destaca que el
PP “se ha negado” a aportar al Tribunal de Cuentas 34 contratos
contraídos con firmas que le han prestado servicios.
El fiscal ve una clara falsedad documental en el PP por aceptar una
donación de 86.000 euros de una empresa que recibía contratos públicos,
hecho que está prohibido. Se le pidieron explicaciones al PP y este
alegó que se limitó a respetar la declaración jurada de la firma en la
que esta decía que cumplía los requisitos legales para hacer esa
donación.
El PP alegó que no tiene forma alguna de comprobar la
existencia o no de relaciones con las Administraciones Públicas de las
empresas que le hacen donaciones, por lo que tiene que tener por cierto
sus certificados “mientras no se acredite lo contrario”. El fiscal jefe
afirma en su informe:
“Hay indicios de falsedad documental por parte de
la persona jurídica [la empresa] donante en la certificación, dado que
el artículo 4, 2, bis, de la Ley Orgánica 8/2007, establece que “los
partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o
indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato
vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones
Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente
público”.
El caso de los llamados papeles de Bárcenas,
que instruye el juez Ruz, revela que el PP ha percibido donaciones
ilegales por importe de casi 8 millones de euros en los últimos 20 años.
PSOE. Dos folios del informe dedica el fiscal a las
cuentas del PSOE, en las que también ve delitos en sus relaciones con
las fundaciones Pablo Iglesias e Ideas para el Progreso. Señala el
fiscal que, en 2012, el PSOE concedió préstamos a ambas por un importe,
al menos, de 4,4 millones de euros, a pesar, señala el fiscal, de la
imposible devolución de ese dinero dados sus balances negativos.
Ve
irregular el fiscal que el gerente del PSOE y de la Fundación Ideas
fueran la misma persona. Además, alude a otros préstamos del PSOE a sus
fundaciones en los ejercicios 2010 y 2011 por algo más de un millón de
euros que han sido parcialmente condonados. No entiende el fiscal tales
préstamos, máxime cuando el propio PSOE, en 2012, señala, tuvo que pedir
“a cuatro entidades bancarias un préstamo de 14,7 millones para
financiar un ERE en el partido”.
El aval dado por el PSOE a los bancos
son las “subvenciones presentes y futuras” que consiga el partido del
erario público “hasta el año 2020”. Sobre la Fundación Pablo Iglesias,
el fiscal destaca que ha colocado en sus cuentas como ingresos un dinero
que en realidad es una deuda. En 2012, el partido le dio “un préstamo a
esta fundación de 1,7 millones para sufragar gastos de funcionamiento y
actividades”.
Sin embargo, las cuentas de la fundación reseñan este
dinero, no “como deuda”, sino como “una aportación” del partido. Para el
fiscal, eso es “un delito de falsedad en documento público”, puesto que
exhibe como ingreso un dinero que, oficialmente, obtuvo como préstamo.
Al incluirla como aportación, la declaró “exenta de tributación”, lo
cual es falso.
Eusko Alkartasuna. Sobre esta formación, el fiscal
jefe advierte que también ha podido cometer delitos fiscales en 2012.
¿Por qué? En sus cuentas no figuran “todos los ingresos y gastos”. EA
dispone, señala el fiscal, de 72 cuentas corrientes con un saldo, a
fines de ese ejercicio, de 383.999,26 euros.
Partido Nacionalista Vasco (PNV). El fiscal ve un
delito claro en el siguiente hecho: el PNV no registró (ni declaró) en
su contabilidad unos ingresos de 4,9 millones derivados de una extraña y
lucrativa permuta sobre una extensa finca. Y además posee, aunque está
prohibido, una maraña de sociedades mercantiles de cuyas operaciones
“puede derivarse un flujo revelador de financiación ilícita” hacia el
partido que gobierna ahora en el País Vasco.
El fiscal cita, entre
otras, las mercantiles Inmobiliaria Lurukanez (100% del PNV) y otra
constituida en Francia denominada Iguzkia (98%). También reprocha el
fiscal que las cuentas del PNV no son reales y no incluyen toda su
actividad verídica.
El PNV tiene 357 cuentas corrientes, depósitos y
fondos de inversión por importe de 3,1 millones de euros, que oculta en
sus balances oficiales, destaca la fiscalía dentro del cúmulo de
ilícitos que aprecia en sus cuentas y que detalla a lo largo de tres
folios." (
José Antonio Hernández
, El País, Madrid
4 ENE 2015)
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