"La excúpula
del sindicato UGT en Andalucía se sentará en el banquillo de los
acusados por un supuesto fraude de 40 millones de euros, dinero que
recibió como subvenciones desde la Junta andaluza entre 2009 y 2013 para
la formación, pero que destinó a sus gastos corrientes.
El Juzgado de
Instrucción 9 de Sevilla ha abierto juicio oral contra el ex secretario
general de UGT Francisco Fernández Sevilla, otros cuatro excargos del
sindicato y 10 empresarios.
El magistrado Juan José
García Vélez ha fijado una fianza de 40 millones para los acusados y ha
designado a UGT como responsable civil subsidiario, por lo que en caso
de una hipotética condena el sindicato debería afrontar la fianza si los
acusados se declararan insolventes, lo que supondría un gravísimo
agujero en las finanzas de UGT.
El sindicato afronta un horizonte
económico muy complejo, ya que en vía administrativa la Junta de
Andalucía (PP y Ciudadanos) le exige la devolución de 18 millones por
las ayudas en formación que UGT recibió en 2007.
El juez,
en un auto dictado el 13 de marzo pero que ha trascendido este
miércoles, acusa a los 15 procesados de fraude continuado de
subvenciones en concurso con otro delito de falsedad en documento
mercantil, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide en total 26 años de cárcel y 200 millones en multas. Los
15 procesados están citados en el juzgado de instrucción entre los
próximos 15 y 17 de junio para comparecer ante el magistrado, antes de
que se celebre la vista oral en la Audiencia de Sevilla en los próximos
años.
El abogado de UGT en Andalucía, Germán Fernández,
ha alegado que el sindicato no considera justificado el proceso penal:
“El perito que por encargo del juez ha trabajado cuatro años no habla de
una cantidad defraudada ni de que exista un fraude a lo largo de su
informe, y sin embargo está en el auto judicial. Estamos ante cuestiones
administrativas sin contenido penal, no se ha defraudado”.
UGT no se
personó como parte en el procedimiento hasta el pasado diciembre, cuando
el juez fijó la responsabilidad civil del sindicato, tras lo que
presentó un recurso de reforma ante el juez, que ha sido desestimado. La
secretaria general del sindicato en esta comunidad, Carmen Castilla,
rechazó valorar la resolución judicial que sienta en el banquillo a su
predecesor en el cargo.
La investigación surgió hace
siete años tras varias denuncias internas por la utilización de facturas
falsas, lo que provocó la detención de 16 personas por parte de la
Guardia Civil.
El histórico exdirigente de UGT en Andalucía, Manuel
Pastrana, fue acusado pero finalmente no se sentará en el banquillo al
sufrir una enfermedad. Los cuatro miembros anteriores del sindicato son
Fernández Sevilla, sucesor de Pastrana, el ex secretario general de
Administración de UGT Andalucía Federico Fresneda, la ex secretaria de
Gestión Económica María Charpín, la ex responsable del departamento de
Compras, Dolores Sánchez y el consejero delegado de Soralpe, Enrique
Goicoechea.
Asimismo afrontan el banquillo 10 empresarios
que actuaron como proveedores del sindicato a través de las firmas que
representaban, entre ellas agencias de viajes e imprentas, a las que el
juez les exige una fianza de cuatro millones en total.
El magistrado expuso en su auto de procesamiento
cómo supuestamente defraudó UGT el dinero destinado a la formación de
desempleados: “Existieron procedimientos concertados entre los
responsables de UGT y determinados proveedores a fin de que, de una
forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de
financiación para la práctica de sus actuaciones propias”.
Para
lograrlo, las empresas actuaron como proveedores que dieron al sindicato
“la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos
destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener
los gastos corrientes del sindicato”, según el juez. Este desvío de
fondos se hacía mediante la técnica del rappel, el bote y la
cesión de locales del sindicato a una sociedad mercantil de UGT,
Soralpe, que luego alquilaba las aulas sin generar un gasto." (Javier Martín Arroyo, El País, 29/04/20)
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