"Siete años de investigaciones sobre la supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Santiago
han tardado exactamente dos meses en recibir carpetazo. Es el tiempo
transcurrido desde que el caso, que instruyó la juez de Lugo Pilar de
Lara, recayera como pieza separada en los juzgados de la capital
gallega.
Allí, la magistrada Ana López Suevos ha decretado el
archivo de la causa, en un auto en el que critica con dureza la
instrucción de De Lara, inhabilitada desde el 31 de enero precisamente por la demora en la instrucción de distintos sumarios.
El caso Pokemon afecta
al mandato del alcalde Gerardo Conde Roa, del PP, que gobernó Santiago
entre junio de 2011 y abril del 2012. Aborda cuestiones como un concurso
de ayuda en el hogar, regalos a autoridades, la licitación de la ORA y
la grúa y la retirada de sanciones a vehículos en Santiago, así como los
concursos de limpieza en varios institutos y en la propia casa
consistorial, entre otras.
De Lara abrió la causa como consecuencia de las investigaciones generales de la Operación Carioca, iniciada en 2011. Pocos días antes de que se consumara la sanción a De Lara,
auténtico látigo desde su juzgado número 1 de Lugo de políticos de
distinto signo durante la última década, la Fiscalía de Lugo propuso que
el sumario se repartiera entre los distintos ayuntamientos afectados, iniciativa que fue respaldada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago decretó el sobreseimiento provisional y
archivo de las actuaciones en un auto firmado el pasado 23 de abril. Su
titular deja sin efecto las medidas preventivas adoptadas respecto a
los 11 investigados, entre ellos el exalcalde Conde Roa, junto a varios
concejales y funcionarios municipales, en un auto en el que sostiene que
le resulta imposible “determinar con exactitud qué hechos delictivos se
atribuye a cada uno de los sospechosos” o “conocer la línea de
investigación” llevada a cabo en Lugo.
La magistrada santiaguesa
recuerda en su auto que ya en mayo de 2018 había recibido la causa,
después de que la instructora de Lugo se inhibiese a su favor. Entonces rechazó hacerse cargo del caso, que el pasado mes de febrero le fue atribuido por el alto tribunal gallego.
López Suevos explica que durante los cuatro años transcurridos desde
que se decretó la inhibición, en Lugo se continuaron practicando
diligencias. Por ello, considera que su juzgado “se encuentra imposibilitado para conocer cuál es el objeto de la causa,
pues tanto los hechos como los delitos pueden haberse descartado o
confirmado o incluso añadido otros nuevos, así como el número e
identidad de los posibles sospechosos, aunque no habían sido formalmente
imputados”.
La juez insiste en que procesalmente “se actuó con el
criterio contrario a la lógica de tramitación”, pues sostiene que en
lugar de llevar a cabo una breve instrucción e inhibirse al juzgado de
Santiago, lo que se hizo fue dictar un auto de inhibición, pero se
siguió instruyendo la causa cuatro años más en Lugo. También resalta que
a los denunciados se les causó una “total indefensión”, ya que
estuvieron sometidos “a medidas preventivas que restringieron su
libertad personal”.
La magistrada afirma que se les ocasionó
“incertidumbre y angustia”, “por encontrarse inmersos en un proceso
judicial del que resulta imposible determinar con exactitud qué hechos
delictivos se les atribuyen a cada uno de ellos”.
En la pieza santiaguesa de la Pokemon, De Lara apuntaba a una presunta financiación irregular del PP de la capital gallega en el año 2011, cuando logró a la alcaldía. Gerardo Conde Roa,
su sucesor, Ángel Currás, y el que fuera concejal de Seguridad, Albino
Vázquez, eran cuestionados por la juez de Lugo por el origen de casi
27.000 euros ingresados en dos cuentas del partido, casi en su totalidad
durante la campaña de las elecciones municipales de aquel año. De Lara
citó como investigados a los 11 implicados en el caso, aunque no llegó a atribuirles ningún delito en concreto.
Conde Roa no dimitió como alcalde de Santiago por la Pokemon, sino por una condena por fraude fiscal de 291.000 euros en la venta de una promoción de viviendas. Fue
sustituido por Ángel Currás, que abandonó la alcaldía dos años después
por su implicación en el caso ahora archivado y en otro de supuesto
acoso a un policía local. La condena colectiva de otros siete concejales
del PP en aquella corporación obligó a dejar la alcaldía en manos del
entonces conselleiro de la Xunta de Feijóo Agustín Hernández, que se
había presentado en el puesto número 25 de la candidatura.
Después de instruir durante 12 años los sumarios más sonados de corrupción en Galicia,
De Lara fue destituida el pasado 30 de enero y separada de sus
macrocausas contra políticos y empresarios, para cumplir la sanción de
siete meses y un día que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
por “retrasos injustificados”. La sanción lleva aparejada la pérdida de
destino en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, a pesar de la alegación
presentada por la juez ante los “graves e irreversibles” perjuicios que causaría.
A
De Lara se le atribuyó una falta muy grave de desatención en el
ejercicio de las competencias judiciales, debido al “abandono de los más
elementales deberes que deben presidir el desarrollo de la instrucción
penal”.
La resolución denuncia “un método de instrucción no ya alejado del estándar sino completamente al margen
de una atención y control al que está obligado el juez de instrucción”.
Según el CGPJ, se aprecian en las causas que tramitaba la magistrada
“paralizaciones o largos períodos de inactividad, ausencia de resolución
sobre diligencias de instrucción o ausencia de resoluciones procedentes
en plazos mínimamente razonables”.
También se le atribuyeron procedimientos “prospectivos y por ello inadecuados”,
como recopilación ingente de documentos, desorden cronológico en la
formación de autos o falta de exigencia al personal del juzgado del
oportuno cumplimiento de sus obligaciones." (Pablo López, El Confidencial, 24/04/20)
No hay comentarios:
Publicar un comentario