Más de la mitad de los consejeros de Economía y Finanzas de Jordi Pujol estuvieron imputados en casos de corrupción

"Decía en 2010 Vidal Beneyto desde una posición clarividente : “La lucha contra la corrupción es, hoy, el desafío fundamental de nuestra democracia”. Y, llamaba a “un movimiento general de reprobación ciudadana” como “ejercicio de democracia participativa”.

Esto cobra hoy una particular trascendencia porque lo fundamentaba así: “La corrupción es hoy una pandemia que todo lo invade, que todo lo pervierte. La vida política, la realidad económica, las prácticas sociales, las acciones del Gobierno, los modos y fines de la sociedad civil, la esfera del ocio, el mundo del trabajo, los múltiples procesos culturales en que intervienen y la inmensa mayoría de los que afectan a los seres humanos en su conjunto son, cada vez mas, objeto de estragamiento en sus fines, de adulteración en sus modos, de perversión total de su naturaleza y objetivos”.

Hay datos, de fuentes solventes y oficiales, que ilustran y confirman este diagnóstico:

En Junio de 2013 constaban los siguientes datos:

1)”La corrupción suma en una década 800 casos y casi 2.000 detenidos” (El País,17.06.2013).

2) ”Spanish corruption” ( 3 de Febrero de 2013. El Periódico de Catalunya.) Contenía un amplio informe sobre causas penales por corrupción en toda España.

3) “Perfil de la corrupción”. El caso Gürtel. (El País.18.04.2010).

4) “La presencia de un 20% de diputados en el Parlamento valenciano” (El País, 30.06.2013).

5) En el ámbito de Catalunya, dos datos ejemplares:

•   “Una quinta parte de los 58 consejeros de Jordi Pujol estuvieron imputados en presuntos casos de corrupción (entre ellos, más de la mitad de los consejeros de Economía y Finanzas)”. Entre las “compañías” de Pujol, se convirtieron en delincuentes: Joan Piqué Vidal, Joan Antón Sánchez Carreté, Javier de la Rosa, Luis Pascual Estivill y Felix Millet. (“Corrupción y conciencia ciudadana”. Jordi Matas Dalmases. El País. 26.1.2013).
•   “Las falsas dedicaciones exclusivas salpican a todas las Diputaciones. 45 alcaldes cobran mas gracias a una supuesta dedicación total a los entes provinciales”. Ello permite que “alcaldes de municipios de 600 habitantes cobren un sueldo de 60.000 euros brutos al año”. (El País. 3.3.2013).

6) Los datos sobre la respuesta judicial a la corrupción en Baleares son muy significativos. Del gravísimo alcance de dichos delitos en esa Comunidad Autónoma y, de lo que es menos frecuente, la eficacia judicial. 

En los últimos diez años, los datos son evidentes:

•   108 procedimientos penales, entre los que se encuentra la causa contra Urdangarín y demás imputados.
•   39 juicios orales y
•   37 sentencias condenatorias.

Han entrado en prisión, ya sea preventiva, ya en cumplimiento de condena, 28 altos cargos, electivos o no, de los que siete están actualmente ingresados, entre ellos, la que fue Presidenta del Gobierno Balear, Mª Antonia Munar.

7) En la provincia de Málaga hay 54 procesos incoados, bajo el control de la Fiscalía Anticorrupción. Sólo se han dictado nueve sentencias condenatorias. Aquí es obligado citar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial el 2/10/2013 en el proceso conocido como caso Malaya, correspondiente al Sumario 7/2007 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella.

Una sentencia extraordinariamente benévola en la que han sido absueltos 44 de los 95 acusados, resultando, pues, condenados 51 con penas generalmente moderadas a todos ellos. Esto a pesar de haber causado a la Hacienda municipal un perjuicio de 1.385.995,22 euros y un fraude a la Hacienda Pública de 2.469.956 euros.

8) La Fiscalía Especial Anticorrupción, según datos que recientemente se han hecho públicos, estaba interviniendo en 2012 en 290 procesos; hoy son muchos más.

9) La Fiscalía General del Estado en la Memoria anual de este año, concluye que la apertura de causas de corrupción en los últimos tres años se ha incrementado en un 17%.Y que en 2011, “se alcanzaron máximos históricos en la presentación de escritos de acusación”, 235, entre los que el 40% lo fueron por malversar fondos públicos y el 26% por delitos de prevaricación.

Aún más, las sentencias por dichos delitos dictadas en el periodo 2010-2012 se incrementaron en un 151%, por delitos, sobre todo, de malversación de fondos públicos (39%) y prevaricación (44%).

Pese a los datos anteriores, el Fiscal General reconoce que por “no llevar a cabo una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción (…) en un importante sector de la ciudadanía ha calado la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto”. Por fin, se reconoce desde una alta instancia del Estado lo que es una evidencia cotidiana.

No es de extrañar ante estos datos que, según el CIS, en marzo de este año, la corrupción preocupara, después del paro, a un 44,5 % de los españoles.

Y esto limitándose solo algunos aspectos de la corrupción pública, dado que la corrupción privada, que se produce en el ámbito de las relaciones económicas y financieras, exige un tratamiento específico, pese a la relación, que en muchos supuestos, hay entre ellas.

El fenómeno de la corrupción en los Estados democráticos tiene causas inmediatas estructurales que guardan relación con la organización del Estado y sus Administraciones y la ordenación de los poderes públicos. Generalmente, por la insuficiencia de los controles internos, que abdican de sus funciones por puro burocratismo y la consiguiente pasividad o por complicidades mas o menos encubiertas con los “gobernantes” que debieran ser controlados.

Un ejemplo sería la tardanza en la denuncia por la Agencia Tributaria de fraudes fiscales, determinante de la prescripción de la conducta delictiva denunciada y el favorecimiento objetivo de la misma.

Pero hay causas más profundas y más eficaces que las anteriores: el sistema capitalista y los principios que lo inspiran. El prestigioso jurista Stéfano Rodotá ya lo dijo; el “evangelio del mercado” conduce a una “mercantilización del derecho que abre la vía a mercadear incluso con los derechos fundamentales, dado que “la lógica mercantilista” es “radicalmente contradictoria con la centralidad de la libertad y la dignidad” .

Las obligadas consecuencias de un sistema basado en el enunciado de “enriquecerse” no se han hecho esperar. Así lo resumía el analista alemán Michael R. Krätke: “Corrupción, dinero negro, segundas cajas, engaño organizado y manipulaciones contables son prácticas corrientes en el mundo de los negocios” .

Y continuaba, “La doctrina de fe neoliberal no precisa de religión ninguna, porque ha elevado el capitalismo mismo a rango de religión convirtiendo los imperativos de la economía capitalista en normas morales universales”, recordando las conclusiones de Walter Benjamín sobre la elevación del capitalismo “a religión de culto universal”. En esta fase del capitalismo, ahora agudizada, mantiene el analista que “queda socavada la fe en el Estado como poder protector de los pobres y explotados”.

Un sistema sustentado en la “codicia humana” es capaz de destruir los mecanismos necesarios para garantizar la viabilidad de un sistema que esté basado en el consenso del respeto a la legalidad democrática y a los derechos humanos. Ya que como imperativo de la conducta humana, conduce al individualismo dominante, en definitiva, un “individualismo posesivo” en el que “el individuo, es humano en su calidad de propietario de su persona”, como expresó con tanta lucidez C.B. Macpherson en 1962. En este contexto ideológico, cultural y político, las barreras morales y legales caen y la corrupción se extiende sin límites.

 Ante una realidad tan extensa como devastadora del sistema democrático, se constata, con las necesarias excepciones, la ausencia de una suficiente respuesta sancionatoria, administrativa o judicial. (...)

En otros casos, la Justicia favorece directamente a los poderosos mediante interesadas y retorcidas interpretaciones legales, creadas ad hoc, como el rechazo por la Audiencia Nacional al enjuiciamiento de Emilio Botín por el fraude fiscal mas importante de nuestra historia, el de las “cesiones de crédito” .

En todo caso, hay fundamentos para pensar que el déficit crónico de medios de ciertos Juzgados de Instrucción, como los Centrales y otros, con competencias sobre delitos de extraordinaria complejidad, es consecuencia de una decisión política meditada para obstaculizar la investigación de estos delitos propios de las clases políticas y económicas dominantes."                  (Carlos Jiménez Villarejo, El Plural.com, Attac Madrid,  28/10/2013)