LOS RECIBÍS. La documentación de la constructora que investiga la
fiscalía señala supuestos pagos de Hispano Almería al PP para las
campañas electorales de 2003 y 2008
"La contabilidad interna de la constructora Hispano Almería apunta a
pagos de comisiones ilegales cuyo destino han sido supuestamente las
arcas del Partido Popular.
El rastro de la contabilidad b de la empresa incluye recibos con abonos
para las campañas municipales, pero también para campañas autonómicas o
nacionales del PP, dado que hay recibos fechados en 2008. La Fiscalía Superior de Andalucía está investigando una denuncia sobre esta supuesta financiación ilegal del PP en Almería.
Las diligencias abiertas intentan determinar si Hispano Almería
mantuvo un sistema de pagos a este partido durante una década a cambio
de la adjudicación de obras, así como si ha habido enriquecimiento de
algunos de sus dirigentes.
Las pesquisas se centran en Roquetas de Mar,
el segundo municipio más poblado de la provincia, con 90.000 habitantes,
aunque es probable que se amplíe a otras localidades de la provincia.
El alcalde de Roquetas es Gabriel Amat, el poderoso presidente
provincial del PP y de la Diputación almeriense.
Se trata de un nuevo frente para Amat, que ya está siendo investigado judicialmente por sus relaciones con un entramado empresarial
formado por más de un centenar de sociedades que durante años se
benefició supuestamente de decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de
Roquetas, gobernado por Amat desde 1995.
La juez que investiga este caso
pidió en julio a la policía que estableciese un organigrama societario
que permitiese “clarificar las conexiones existentes” entre las empresas
implicadas, un caso que denunció la Asociación Mediterránea
Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT).
Desde la semana pasada, la Fiscalía Superior andaluza investiga
irregularidades en Roquetas y en otros municipios de Almería como Níjar.
Estos datos apuntan a la constructora Hispano Almería, dirigida por el
empresario local Miguel Ángel Morales.
Este empresario, según la documentación a la que ha tenido acceso EL
PAÍS y los testimonios de dos exempleados de la constructora, ha estado
pagando al PP y a dirigentes de este partido dinero a cambio de la
adjudicación de obras desde 2001.
Era un método de libro durante el boom
del ladrillo: pagos en sobres blancos con billetes de 500 euros,
entregados siempre en almuerzos o despachos privados a políticos. Esta
empresa ha acaparado buena parte de las adjudicaciones tanto de Roquetas
como de la Diputación de Almería en los últimos años.
Los pagos supuestamente se han realizado durante años de manera
directa a dirigentes del partido, según esta contabilidad, entre los que
figuran el exdiputado provincial de Obras Gonzalo Bermejo, el
exconcejal de Urbanismo de Roquetas José María González (que este lunes
declara como imputado en otra causa judicial) y Enrique Arance,
expresidente del PP de Almería (ya fallecido).
El flujo del dinero es sencillo: la Diputación y los Ayuntamientos almerienses supuestamente han concedido cientos de obras a esta constructora,
y tras los modificados (aumentos en estos casos injustificados del
coste de las obras durante su ejecución) la empresa recaudaba ese dinero
público y lo repartía en sobres para el partido y sus dirigentes. La
financiación del PP almeriense ofrece pocas dudas:
“36.000 euros en concepto de CAMPAÑA ELECT. ROQUETAS (2003)” “CAMPAÑA
MUNICIPAL - G. BERMEJO 12.000, ARANCE [Enrique Arance] 6.000”
“12.020,24 euros en concepto de DADO A GONZALO B. [Bermejo] el
11-04-02”, “25.000 euros en concepto de PP NÍJAR ELECCIONES 2008”.
Son los conceptos de los cientos de recibís que componen la
contabilidad b de Hispano Almería para pagar dichas comisiones ilegales.
De este último pago de 25.000 euros al partido se infiere que los
fondos beneficiaron también a la campaña del PP regional o nacional,
dado que en 2008 se celebraron elecciones generales y autonómicas, no
municipales.
Los pagos ilegales a los políticos presuntamente se endosaban al
presupuesto de las obras hasta aumentar su coste en un 10%. “He recibido
de Hispano Almería S. A. la cantidad de 169.000 euros en concepto de
125.000 euros POL. 0/375 bulevar C Parador y 44.000 euros POL 0/328 Fra.
Toros”.
Este recibí de 2003 pagaba presuntamente por haber favorecido
la concesión de ambas obras en la localidad almeriense de Roquetas de
Mar, gobernada por Gabriel Amat, hombre fuerte del PP en Almería y
presidente de la Diputación.
Los testimonios de dos exempleados de la constructora confirman los
pagos en metálico que durante años ejecutó el dueño de la empresa,
Miguel Ángel Morales Duarte, tras extraer el dinero de la caja fuerte,
donde se guardaba bajo el sello de contabilidad b. En la empresa, Amat
era conocido con el apelativo de “el jefe”, según estos extrabajadores.
Los testimonios ratifican las mordidas cobradas por los políticos por
favorecer la adjudicación de las obras.
En los conceptos de estos recibís destacan el extenso listado de
obras ejecutadas por la constructora, pero también el pago de 24.000
euros a Bermejo. “Campaña municipal – G. Bermejo (12.000), Arance
(6.000)”, indica uno de los recibos. Los sobornos presuntamente
alcanzaron cifras con muchos ceros. Tantos, como que la contabilidad
interna de la empresa señala pagos ilegales de hasta un millón de euros
solo en 2009. Exactamente 1.032.000 euros.
Los recibís tienen la firma del director de Hispano Almería, Miguel
Ángel Morales, así como el contable de Hispano Almería, además del sello
de “Contabilizado”. Cada uno de estos cientos de recibís dispone de un
número de cuenta interna de cargo, así como la obra ejecutada por esta
constructora, cuya numeración coincide con el listado interno de obras
que manejó la empresa.
Morales recibía siempre el dinero procedente de
la caja fuerte de la empresa, donde el efectivo había sido ingresado a
través de un complejo sistema de facturas falsas gracias a la
colaboración de terceros empresarios.
Hacienda cazó a uno de estos empresarios en el fraude, Francisco Dil
Martínez, y tras cruzar datos inició un procedimiento contra Hispano
Almería que tramita la sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional y está a la espera de sentencia. (...)" (El País, 27/10/2013)
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