"El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo
de corrupción, acaba de abrir nuevas líneas de investigación para
recabar pruebas sobre el supuesto pago de una comisión ilegal de 1,4
millones de euros al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de las obras del trena Navalcarnero a la constructora OHL.
El magistrado ha reclamado a esta
compañía el volcado del equipo informático y del correo electrónico de
una secretaria de esta empresa después de que una reciente intervención
telefónica a un exdirectivo revelase "la profunda preocupación" de este
por el material que la mujer pudiera guardar.
El antiguo alto de la
compañía mostraba en sus conversaciones su interés en que se forzase a la testigo a declarar en determinado sentido
y se destruyera dicha información: “Esperemos que no tenga nada, se
puede montar la de Dios”. Además, el magistrado ha solicitado
toda la información sobre las llamadas realizadas o recibidas entre el
último año por ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas pertenecen al
máximo accionista de OHL, el empresario Juan Miguel Villar Mir.
La decisión del juez se produce después de que la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera dos
escritos en los que le solicitaba la práctica de estas nuevas
diligencias para recabar indicios sobre el abono de dicha mordida por la
que están imputados el propio Villar Mir;
su yerno, Javier López Madrid; el empresario Adrián de la Joya; y tres
exdirectivos de la compañía, además de Ignacio González.
La
transferencia de los 1,4 millones de euros se realizó en 2007 desde dos
filiales de la constructora en México y tuvo como destino una cuenta
suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la fundación panameña
Lauryn Group. Según los investigadores, el dinero tenía como destino
pagar un soborno a Ignacio González.
Solo un mes después del pago, OHL
se hizo con el concurso. Hasta ahora, González ha asegurado que nunca
recibió el dinero. Sin embargo, el titular de la fundación panameña que
recibió los fondos, Adrián de la Joya, admitió que López Madrid le envió
el dinero para que se lo transfiriera a su vez al presidente madrileño,
pero que se quedó con los fondos para saldar una deuda que aseguraba
que las empresas de Villar Mir tenían con él por un proyecto en África.
En uno de sus escritos, la Guardia Civil solicita al
juez que reclame a la constructora que entregue el ordenador utilizado
por Olga G. T., la secretaria de la compañía que trabajaba junto a uno
de los exdirectivos bajo sospecha. También que pida copia de los
archivos elaborados por esta empleada que pudieran estar guardados en
los servidores de la compañía, así como de su buzón de correo
electrónico desde el año 2007, fecha en la que se pagó el supuesto
soborno.
En el auto en el que acepta la práctica de dichas diligencias,
el juez destaca que cuando esta mujer declaró como testigo ante la
Guardia Civil aportó “determinados archivos informáticos que contienen
documentos que tiene en su poder con motivo de sus servicios” a este
exdirectivo.
Entre ellos figuraba un documento denominado ‘contrato consultori.doc’
en el que se incluían “determinados datos que se corresponden con los
conceptos que constan en las facturas investigadas supuestamente
emitidas por [la fundación panameña] Lauryn Group que sirvieron de
soporte para las transferencias” vinculadas al pago de la supuesta
comisión por el tren a Navalcarnero.
El magistrado añade que una reciente intervención
telefónica al ex director general de OHL Rafael Martín de Nicolás reveló
“la profunda preocupación” de este porque la trabajadora “pudiera
conservar ciertos archivos”. El ex alto cargo de la compañía pedía en
esa llamada a su interlocutora que “comprobase que se hubiesen borrado” y
le insinuaba que se le diesen “ciertas instrucciones a Olga sobre su
posible declaración”.
García-Castellón reproduce el fragmento de una
conversación de este exdirectivo que, en su opinión, demuestra “la
importancia que pudieran tener los archivos” en poder de dicha
secretaria: “Pues… pues esperemos que no tenga nada, porque si es así,
tener la sesta (sic) que no queda nada por ahí,
porque es que, es que podemos montar, vamos, la de Dios”. El juez mandó
el pasado 22 de marzo a la UCO a recoger dicho ordenador a la sede de
la OHL.
En esta misma línea,
García-Castellón ha autorizado una segunda diligencia solicitada por la
Guardia Civil. Los investigadores habían pedido al magistrado
tener acceso al tráfico de llamadas registrado entre el 1 de abril de
2017 –algo más de dos semanas antes de que se produjeran las primeras
detenciones del caso Lezo- y el pasado 16 de
febrero de ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas -tres móviles y una
fija- tienen como usuario a Villar Mir, quien ya declaró como imputado
por estos hechos y que volverá a hacerlo en las próximas semanas.
El
empresario ha negado hasta ahora cualquier irregularidad en su
actuación. De otro de los números investigador es titular su yerno,
López Madrid, mientras que las tres restantes figuran a nombre de los
exdirectivos de OHL Felicísimo Ramos y Rafael Martín de Nicolás, este
último el que alertaba sobre el contenido presuntamente incriminatorio
del ordenador de la secretaria.
La UCO también reclamaba las llamadas
que pudieran haber hecho dos líneas de móvil británicas durante la
estancia de sus usuarios en España. El juez ha admitido su práctica ante
“la existencia de fundadas sospechas de que supuestamente tales datos
pudieran dar información sobre relaciones o vinculaciones con los
autores del delitos investigado y pruebas que permitieran avanzar en la
investigación”. (Óscar López Fonseca, El País, 01/04/18)
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