"En su involuntaria función de revelar la faceta oculta
del poder en España, el caso Villarejo acaba de escribir otro capítulo
con el levantamiento del secreto sobre la pieza que investiga los
vínculos del BBVA con el comisario.
La Audiencia Nacional investiga a la
segunda entidad financiera del país por contratar al comisario como
espía particular pese a su destino como funcionario en la seguridad del
Estado -y ahí están el banco y el extodopoderoso Francisco González,
imputados-. pero durante las pesquisas han aflorado otras sospechas que
trascienden al vínculo de la entidad bancaria con el polémico policía y
ponen en cuestión las relaciones de la Policía misma con el poder
económico, e incluso el funcionamiento durante años de la unidad de
élite contra la corrupción.
La Fiscalía preguntó a
Francisco González por un almuerzo en la sede central de la Policía y el
banquero contestó airado restando a ese encuentro cualquier relevancia
para la causa. Su tono descendió cuando el fiscal Ignacio Stampa le
mostró un documento en el que el entonces director de los Servicios
Jurídicos vinculaba aquella comida en el complejo policial de Canillas,
en Madrid, con la denuncia “anónima” presentada después ante la Unidad
contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por la
presunta extorsión a la que le estaba sometiendo Ausbanc.
Eduardo Ortega, que había dejado la presidencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para
trabajar en el BBVA, dice en el documento, al que llamó 'Relatorio', que
fue él mismo quien redactó la denuncia que dio origen a la ‘Operación
Nelson’ contra la presunta extorsión ejercida por Ausbanc a los bancos,
pese a que consta en la causa judicial como un “anónimo” que llegó a la
UDEF. “Dicha denuncia sería redactada por el propio Eduardo Ortega, que
la habría entregado a Julio Corrochano Peña (jefe de seguridad del BBVA)
y éste a su vez a José Manuel Villarejo Pérez, que la presentaría ante
la UDEF”, recoge un informe de Anticorrupción incorporado al sumario.
Ante el juez y los fiscales, González insistió en el
“carácter institucional” de la comida, celebrada el 7 de enero de 2015,
subrayó el supuesto desinterés con el que acudió a la misma, invitado
por el director general de la Policía entonces, Ignacio Cosidó, y
terminó admitiendo que quizá alguien pudo hablar de Ausbanc, pero que en
ningún caso fue él. Más allá de una genérica denominación de “cúpula
policial”, Cosidó, el único identificado por González, ha evitado
contestar a eldiario.es cuando le ha preguntado por el encuentro.
Este
hecho implica un salto: lo que estaría en cuestión no solo sería la
relación del BBVA con Villarejo sino la del banco con la propia
institución de la Policía. El sumario del caso Villarejo también pone de
manifiesto que el comisario investigó con una de sus empresas a Luis
Pineda, de Ausbanc, y su entorno, y que con esa información se elaboró
el informe con el que arrancó la causa. La defensa de Pineda ya ha
pedido que se anule el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional,
pero el tribunal que preside Ángela Murillo se ha negado y las sesiones
se retomarán en marzo. La defensa de los acusados confía que finalmente
se imponga la nulidad y sus defendidos exonerados de los graves delitos
de los que se les acusa.
En uno de los audio de
Villarejo, grabado en 2008, se escucha al controvertido comisario
describiendo la relación habitual que presuntamente mantenía con la
Unidad contra la Delincuencia Econónica y Fiscal de la Polícia. "Les
damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos", resumió
el agente en una conversación con el policía Antonio Giménez Raso, al
que contrató para que se uniera a sus negocios. De esa charla,
adelantada por El Independiente, se deduce que
Villarejo y sus colaboradores obtenían datos con sus investigaciones
privadas en connivencia con la UDEF. Después utilizaban esa información
para presentar denuncias ante esa misma unidad con el objetivo de que se
iniciaran investigaciones que en ocasiones daban lugar a procedimientos
judiciales.
La figura clave de esa suerte de subcontrataciones que
haría la unidad de élite policial a Villarejo es el comisario, ahora en
excedencia, José Luis Olivera, primer jefe de la UDEF desde su creación
por el Gobierno de Zapatero en 2005. Bajo su mando se desarrollaron
operaciones como Malaya, Astapa o Gürtel. En todas ellas colaboró
Villarejo, que durante otra conversación con la exsecretaria general del
PP María Dolores de Cospedal -hecha pública en octubre de 2018- se
refirió a Olivera como "un hombre nuestro" que habría saboteado la investigación de Gürtel desde dentro.
En
la citada conversación, Cospedal asiente y dice que sabe que Olivera es
un comisario favorable al PP porque se lo ha dicho "Juan", en
referencia al dirigente del partido en Valencia Juan Cotino, director de
la Policía durante seis años del Gobierno de Aznar. De hecho, Olivera
pasó de integrar la "camarilla policial" que denunciaban dirigentes del
PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz. Ahora ejerce de fichaje estrella de Luis Rubiales para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Cuando
se presentó la denuncia “anónima” contra Ausbanc, Villarejo llevaba una
década trabajando para el BBVA. La agencia Kroll, puntera en el sector,
no había satisfecho el interés del banco en localizar patrimonio oculto
de deudores del banco, y el jefe de seguridad, Julio Corrochano, que
había sido superior de Villarejo en la Policía, recomendó al presidente
Francisco González que contratara a la empresa del policía. González
niega tener constancia de que Villarejo estuviese detrás y asegura que
ni siquiera lo conoce. El directivo de la entidad despedido a raíz de su
declaración en la Audiencia Nacional, Antonio Béjar, le contó al juez
que el propio González le había dicho “en la puerta de su despacho” que
había que contratar a la empresa que iba a decirles Corrochano.
Poco
después llegó el intento de OPA de Sacyr y el denominado por Villarejo
“Proyecto FG”. El policía vendió al BBVA por más de cinco millones
informes en los que, según coinciden expertos policiales, hay más paja y
humo que información valiosa, amén de datos falsos y gestiones
absolutamente infladas sobre el Grupo Hostil que amenazaba el “reinado”
de Francisco González en el banco [esta es la información sobre el informe Proyecto FG].
En aquel momento, gobernaba el PSOE y el director adjunto operativo de
la Policía con quien Villarejo mantenía contacto directo, según las
grabaciones incorporadas a la causa, era el comisario Miguel Ángel
Fernández Chico, fallecido en 2012. En la época socialista, Villarejo
fue ascendido a comisario, condecorado y destinado en la Dirección
Adjunta Operativa.
El comisario Enrique García
Castaño está imputado por facilitar presuntamente a Villarejo datos
confidenciales para sus informes. En su declaración en la pieza del
BBVA, declara: “A mi Fernández Chico me dijo que les preocupaba mucho la
situación [creada por el intento de OPA] y que Villarejo, utilizando la
relación con el jefe de seguridad del BBVA había metido la cabeza en el
banco para tener información de ese tema. Lo que no sabía Fernández
Chico era lo del contrato [de Villarejo con el BBVA]”.
En
ese momento de la declaración, el fiscal Miguel Serrano le pregunta
cuál podía ser el interés del jefe operativo de la Policía en una
operación financiera en "un movimiento mercantil en el tráfico
jurídico-privado". Y García Castaño responde: “No era un interés
policial, era un interés político. Con un Gobierno que acababa de llegar
nuevo, con una situación en la que se podía producir una crisis
económica, al Gobierno le interesan mucho ese tipo de movimientos
accionariales, conflictos laborales…”. Entonces, el fiscal Serrano
recuerda al policía que las operaciones de interés estratégico para el
país son, en todo caso y por ley, competencia del CNI. El policía, ante
la incredulidad del fiscal, dice que la Comisaría General de Información
de la Policía, la estructura antiterrorista, también tiene competencias
sobre lo que afecta a la “seguridad interior del país”. (Pedro Águeda, eldiario.es, 08/02/20)
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