30.12.16

El proceso a Lagarde, la culpabilidad en versión business class... se la considera culpable pero se le dispensa de la pena y su certificado de antecedentes penales se mantendrá sin mancha. Verdadera proeza y un sinsentido jurídico

"La Corte de Justicia de la República* emitió el pasado lunes 19 de diciembre su veredicto en el caso del arbitraje Tapie: se considera culpable a la ex ministra de Nicolas Sarkozy y actual directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde, pero se le dispensa de la pena y su certificado de antecedentes penales se mantendrá sin mancha (¡!). 

Verdadera proeza, incluso un sinsentido jurídico, esta sentencia es definitiva porque no se puede apelar. De modo que no hace sino confirmar que para los altos funcionarios existe una justicia de excepción. 

Aunque había afirmado que estaría de baja durante el proceso, Christine Lagarde, que corría el riesgo de ser condenada a un año de cárcel y a 15.000 euros de multa (una suma irrisoria en comparación con los más de 400 millones imputados) no se dignó a asistir al dictado de la sentencia y prefirió quedarse a Washington, sede del FMI.

 Es necesario decir que verdaderamente no había mucho suspenso…Con una Corte cuya razón de ser es eximir a los políticos de ser juzgados por la justicia ordinaria, se advertía de antemano que no corría grandes riesgos. 

Tanto más porque el ministerio fiscal, es decir, la acusación, se había pronunciado por el sobreseimiento y había requerido la absolución. En esas circunstancias, la defensa de Christine Lagarde era una una simple formalidad. 

Paradójicamente, se la ha considerado culpable de negligencia en la gestión del arbitraje llevado a cabo en el 2008 entre Bernard Tapie y el que fuera un banco público, el Crédit Lyonnais, cuando ella era ministra.

 Un arbitraje que benefició exageradamente al hombre de negocios francés adjudicándole no menos de 403 millones de euros de las finanzas públicas – de los cuales 45 millones por daños morales – a cargo del Estado y, por lo tanto, de los contribuyentes. Lo que no impidió a Christine Lagarde afirmar que asumía unas decisiones tomadas “con el único objetivo de defender el interés general”.
 
El hecho de que no haya recurrido la sentencia arbitral constituía una falta penalmente reprensible y ese es el motivo por el que fue juzgada por “desvío de fondos públicos cometido por un tercero” fruto de su negligencia. Durante el proceso Christine Lagarde justificaba su falta de atención con relación a dicho arbitraje mencionando la crisis financiera del 2008 que ella trataba de solucionar… 

Algo que puede hacer reír o sobresaltarse cuando se sabe que la gestión de la crisis bancaria de 2008 ha supuesto una de las mayores transferencias de dinero público al sector financiero, lo que provocó la explosión de la deuda pública francesa (1). El caso Tapie no está totalmente cerrado por ello puesto que el ex jefe de gabinete de la señora Lagarde y actual director de Orange, Stephane Richard, está siendo investigado junto con el señor Bernard Tapie. 

¿Confianza prolongada? 

En Francia el gobierno ratificó inmediatamente su confianza en Christine Lagarde a través de un comunicado del ministro de Economía , Michel Sapin: “Christine Lagarde ejerce con éxito sus funciones al frente del FMI y el gobierno mantiene su confianza en su capacidad para ejercer ahí sus responsabilidades”

 El FMI, que el pasado mes de febrero y a pesar de su imputación y de la perspectiva de un proceso judicial había nombrado a Christine Lagarde a la cabeza de la institución para un segundo mandato de cinco años (2), renovó de nuevo su apoyo algunas horas después de haberse conocido el veredicto y a pesar de haber sido condenada. 

Reunido urgentemente en Washington el Consejo de Administración del FMI expresó “su absoluta confianza” en su capacidad para asegurar sus funciones“eficazmente” y elogió su increíble liderazgo”, ¡nada menos! El primer accionista del FMI, EEUU, renovó también su confianza y rindió homenaje a una “sólida dirigente”.
 
Pareciera que también la Corte de Justicia de la República se ha visto igualmente seducida por el aura de Christine Lagarde porque en su sentencia final justifica la dispensa de pena en razón de la “personalidad” y la “reputación internacional” de la directora del FMI. Ante tales argumentos jurídicos uno se queda mudo… 

Mientras que el FMI elogia a mansalva el “buen gobierno” y exige la mayor disciplina a los Estados que ella endeuda a través de sus planes de ajuste y otros memoranda, se observan en sus filas las sucesivas dimisiones de sus directores generales a partir de escándalos reiterados: el anterior director del Fondo Dominique Strauss-Kahn tuvo que renunciar en mayo de 2011 luego de su detención por tentativa de violación en Nueva York y su predecesor el español Rodrigo Rato, también fue juzgado por desvío de fondos, fraude fiscal, lavado de dinero, estafas, falsificaciones y uso de falsificaciones, en el caso Bankia. 

Una acusada preside el FMI 

En síntesis, Christine Lagarde avala el robo de 403 millones de euros de la caja del Estado y sale de ahí con un expediente judicial virgen, un blasón dorado y se mantiene a la cabeza de una de las instituciones financieras más poderosas del mundo, dado que los estatutos del FMI no prevén la dimisión automática en caso de condena. 

Mientras tanto, Jon Palais de las asociaciones Bizi y ANV-COP21 comparecerá el 9 de enero en Dax por haber requisado una caja en una agencia de BNP Paris con el objetivo de denunciar los miles de millones de euros que el banco contribuye a eludir del fisco (3). 

Se ha condenado a un joven a tres meses de cárcel en Toulouse por haber robado un queso y, por último Ysoufou y Bagui Traoré han sido condenados respectivamente a seis meses de cárcel, tres de los cuales con sentencia en suspenso, y ocho meses de sentencia firme de cárcel además de dos años de prohibición de residencia len Beumont-sur-Oise durante dos años y 7.000 euros de multa por haber exigido se investiguen las causa de la muerte de su hermano bajo disparos policiales. Otros tantos casos que demuestran la imparcialidad de la justicia (4)."                  (CADTM , Politis, en Rebelión, 28/12/16)

29.12.16

Así es la galaxia 'offshore' de Florentino Pérez. La constructora ACS declaró en su memoria de 2014 tener 113 empresas en paraísos fiscales. Las filiales viajan de Holanda, Panamá y Delaware a las Islas Caimán, Mauricio y Hong Kong

"Cuenta Herodoto que el Rey Midas, o Mittas según la tradición oriental, hizo una ofrenda al santuario de Delfos, donando nada menos que el trono real desde donde administraba el reino de Frigia. 

Ovidio llevó hasta nosotros el mito de Midas, según el cual Dionisio le concedió el deseo de convertir en oro todo lo que tocaba; pero, vista la imposibilidad de beber o comer, y tras suplicar a Dionisio, acabó renunciando a ello. 

A Florentino Pérez le ha perseguido siempre el mito del Rey Midas, y los medios de comunicación han sido los primeros en hacer la analogía. No obstante, el mito de Pérez y su capacidad de tornar el negocio de la construcción en valioso metal no ha sido suficientemente analizado. En 2014, ACS era el actual subcampeón del Ibex35 en número de sociedades en paraísos fiscales, solo por detrás del Banco Santander. 

Sus 113 empresas offshore declaradas son un trofeo tan rentable o más que un título de la Champions: gozan tanto de ventajas fiscales como de los tratados bilaterales de inversión, que protegen los intereses de las empresas radicadas en los paraísos fiscales en los que están inscritas frente a cambios legislativos o expropiaciones.

Esa es quizá la principal diferencia entre empresas como ACS y fortunas familiares como las de los Borbones, o las de expolíticos como Rodrigo Rato, José Manuel Soria y otros: su interés es camuflar un patrimonio para evadir impuestos. 

En el caso de los grupos del Ibex35 y sus propietarios, los paraísos proporcionan también una seguridad jurídica, de ahí que en muchos casos estos tengan interés en sacar a la luz sus sociedades offshore; de hecho, los propios informes anuales de ACS y del resto de empresas del Ibex las exponen sin remilgos en sus memorias.

Según el estudio elaborado en 2014 por el Observatorio de Responsabilidad Corporativa, basado en esos informes, 33 de las 35 sociedades del Ibex tenían filiales en paraísos fiscales. Entre ellas, ACS mantuvo el récord en 2013 con 171 sociedades, muy lejos del segundo, el Banco Santander, con 82. En 2014, la situación cambió, y el Santander mantuvo el liderato con 235 filiales, seguida de ACS con 113. En 2015, según la memoria de ACS, el número bajó a 90.

El crecimiento de las sociedades de ACS en paraísos fiscales ha sido tan vertiginoso como la propia carrera de su dueño, que es a su vez presidente del Real Madrid (lo fue entre 2000 y 2006, y desde 2009 hasta la actualidad). Un repaso exhaustivo a los datos proporcionados por ACS a la CNMV en sus informes anuales revelan que la expansión offshore del imperio de Florentino Pérez coincidió con el recrudecimiento de la crisis económica y con el hundimiento y posterior rescate del sistema financiero español.

En 2004, según su informe anual enviado a la CNMV, la constructora no tenía ninguna sociedad declarada en paraísos fiscales; en 2008 afirmaba tener 12, la mayoría relacionadas con las principales sociedades del grupo en España y no con sociedades adquiridas: Dragados B. V. (Holanda), ACS industrial Services LLC. (Delaware), Cobra Industrial Services LLC. (Delaware), Urbaser (Panamá), o la Sociedad Industrial de Construccion Eléctricas, S.A (Panamá).

En 2010, año de la adquisición de la constructora alemana Hotchief y sus filiales, las sociedades offshore de ACS aumentaron a 25, afincadas mayoritariamente en Delaware (14) y Panamá (5). Dos años después, en 2012, el período de mayor especulación sobre la deuda pública española, el número de sociedades offshore de la galaxia ACS se disparó a 103: destacaban como destinos Delaware (29 sociedades), Hong Kong (14), Singapur (14) y Panamá (10).  

Durante este período, nació una sociedad clave: ACS Actividades Finance, B.V., sociedad holandesa que articula múltiples compras de empresas obteniendo un importante descuento fiscal, ya que los Países Bajos ofrecen la exención total de impuestos sobre dividendos y las plusvalías de las acciones. Con esta instrumental se formalizó la venta, por ejemplo, de la participación de ACS en Iberdrola en 2012, el 3,69%, por un valor de 798 millones de euros.

Durante la última década y media, Pérez trasladó buena parte del negocio de ACS a Panamá y a Delaware, y allí ubicó la sede de muchas empresas que realizan la mayor parte de su actividad en España. 

Es el caso de Sociedad Industrial de Construcciones Eléctricas, S.A., filial de Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (a la cual el Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2014 el contrato integral de alumbrado por 262 millones), o la Sociedad de Montajes Industriales, con filial en Panamá, que facturó en 2012 el 60% de su negocio en España.

Según el registro mercantil de Panamá consultado por CTXT, Urbaser, empresa que tiene blindada desde 2014 hasta 2021 la contrata de limpieza con el Ayuntamiento de Madrid (por valor de 72,6 millones), abrió una filial en Panamá el 18 de marzo de 2003, solo diez días después de ser aprobada la fusión de ACS con Dragados por parte de los consejos de administración de ambas empresas. Según un portavoz de ACS, la actividad de Urbaser en este paraíso fiscal cesó en 2011.

 La explicación coincide con los datos que publica el informe anual de 2012, aunque en el registro consultado hace unos días por esta revista la filial aparece todavía como vigente, es decir operativa.
Cabe advertir que estas filiales lejanas no deben considerarse a priori como estructuras dedicadas a la elusión de impuestos, aunque parece difícil que ACS pueda llegar a firmar contratos con ayuntamientos como el de Barcelona, que acaba de prohibir licitar a aquellas empresas que tengan sucursales en paraísos fiscales. 

En teoría, las filiales de la constructora afincadas en Delaware, Panamá u Holanda quedan respaldadas por las actividades que desarrollan en dichos países. En cambio, no sucede lo mismo cuando hablamos de sociedades que operan en las Islas Caimán o las Islas Mauricio, territorios que en la memoria de ACS de 2015 suman nueve sociedades. En esos países, la constructora no tiene actividad conocida.

Otro caso significativo es el de Singapur, país en el que la constructora de Pérez tiene 14 sociedades declaradas desde 2012, pero donde sólo desde marzo de 2016 ha empezado a ejercer alguna actividad, como adjudicataria de la construcción de una desaladora a través de su filial Tedeagua. Antes de eso, la relación de Pérez con Singapur se limitaba a la exitosa venta de camisetas de los galácticos merengues, como sucedió en 2003, año en que el Real Madrid jugó un partido allí y se agotaron las zamarras de David Beckham.

Inspecciones y Bankia

Lo que parece claro es que hay una relación directa entre el período de mayor creación de sociedades offshore de ACS y las inspecciones por parte de Hacienda. Desde 2009 a 2012, Hacienda abrió investigaciones a ACS en todos los ejercicios: por el pago del impuesto de sociedades de 2009 a 2012, y por el IVA de 2011 a 2012. En total, ACS reconoce una deuda con Hacienda de 1,4 millones por el impuesto de sociedades, y de 393.000 euros por IVA. También reconoce que esta cantidad puede aumentar en sucesivas revisiones por parte de Hacienda.

El período de creación de instrumentos offshore coincide también con la debacle de Bankia y su rescate. Se trata de una paradoja, pues Bankia ha sido el gran mecenas de ACS y de Florentino Pérez: financió la compra de la joya de ACS, Dragados y su filial Urbaser (450 millones), dos participaciones en Iberdrola (dos créditos por 3.158 millones), así como el fichaje de Cristiano Ronaldo (76,5 millones) y sucesivos préstamos personales para la compra de acciones de ACS por parte de Pérez, a través de su sociedad personal Inversiones Vesán.

A fecha septiembre de 2015, el constructor, de 69 años, tiene una deuda de 429,5 millones con varias entidades, entre ellas con Bankia, aunque no se ha publicado la cifra exacta que adeuda a la entidad. Por su parte, ACS arrastra 2.624 millones de deuda, a cierre del ejercicio 2015. En este caso Bankia tampoco ha desvelado aún la cuantía que la constructora le debe. Consultada por CTXT, la entidad alega que no hace públicos datos de clientes.

Tan cercana era la relación de Pérez con la caja, que el propio Miguel Blesa se sentó en el consejo de ACS entre 2003 y 2005, siendo reemplazado por José Carlos Contreras, director de finanzas de Caja Madrid y responsable de la aprobación de los préstamos.

De este modo, el rescate de Bankia en 2012 y la aceptación por parte del Gobierno del rescate del Banco Central Europeo (tres tramos hasta 100.000 millones de euros, que dejan en situación de dependencia vigilada a todo el sistema financiero), coincidieron con la “patriótica” creación de la mayor parte de la estructura offshore de Florentino.

Tres años después, el 26 de abril de 2015, Pérez afirmó en la junta de accionistas de ACS que veía “un cambio espectacular en la economía española: donde antes se veían riesgos, hoy se ven oportunidades”. El empresario juzgó como muy positivo “el aumento de la demanda interna” y animó al Estado a desarrollar “los proyectos de infraestructuras más rentables social y económicamente”.

Pero el fin de estas estructuras foráneas no es sólo facilitar transacciones en el extranjero y eludir impuestos en España. Como explicó en un artículo publicado en La Razón el economista y abogado Juan Ramón Rallo, estas sociedades offshore se crean para proteger a la propiedad frente a “la rapiña política (nacionalizaciones, confiscaciones, corrupción, etc.)”. 

En otras palabras, para defender los intereses de los propietarios ante decisiones políticas que afecten a los resultados de estas empresas. Como ejemplo, el comentarista cita a “colectivos potencialmente interesados en resguardar su patrimonio de regímenes extractivos: judíos residentes en Oriente Medio, disidentes políticos en Rusia o Venezuela...”.

No obstante, en el caso de ACS y España nos encontramos una empresa que mantiene numerosos contratas con las administraciones públicas, cuyas condiciones pueden cambiar con el ascenso de nuevos partidos o con problemas de impago por parte de las instituciones. 

Ante estos peligros, la estructura offshore garantiza poder acudir a los tratados bilaterales de los países donde tienen sede, ya que en la práctica se convierten en inversores extranjeros. Por ejemplo, al utilizar ACS servicios B.V. con sede en Holanda para las compras y transacciones de la matriz ACS, un grupo español se está beneficiando de los tratados bilaterales firmados por Holanda. "          (Rubén Juste de Ancos  , CTXT, 08/12/16)

28.12.16

La culpa de los notarios en las cláusulas suelo... ¿Entonces quieres decirme que has estado dando fe pública de contratos que no sabes cómo funcionan ni qué significan?

"(...) ¡La banca es mala! El mantra ya no hay quien se lo quite al sistema financiero. Se ha ganado el sambenito durante la crisis. Las entidades han cometido suficientes tropelías en estos últimos años como para que les quede cosido el adjetivo. 

Pero el reparto de culpas en el caso de las cláusulas suelo debe extenderse a todos. A los notarios, como depositarios de esa fe pública, en este caso, como intermediarios entre los buenos y los malos. (...)

Cuenta el consejero delegado de un banco que, tras la sentencia del Supremo de mayo de 2013, que condenaba a BBVA, Abanca y Cajamar a eliminar desde entonces los suelos de sus hipotecas, recibió la llamada de un importante notario del levante español exigiéndole la eliminación de su cláusula suelo. El argumento esgrimido fue la mala comercialización del producto y que entre las decenas de páginas del papel timbrado de su hipoteca aparecía una cláusula suelo. 

La llamada también incidió en el carácter abusivo de la cláusula puesto que ante la bajada extrema del euríbor, como ha sucedido en estos últimos años, su hipoteca quedaba topada por un tipo mínimo, siempre superior a los precios marcados por el comportamiento del mercado. 

La contrarréplica del CEO fue contundente. “¿Entonces quieres decirme que has estado dando fe pública de contratos que no sabes cómo funcionan ni qué significan?”. El notario, a día de hoy, sigue pagando una hipoteca con suelo.

 La historia resume el explosivo cóctel de las cláusulas suelo. Un producto que ha puesto de manifiesto que la sociedad, los ciudadanos y las familias, en definitiva, se enfrenta al contrato financiero más importante de su vida sin ese mínimo asesoramiento que si ejecuta en otras compras menores: vehículos o qué decir de la tecnología. (...)

Los notarios han sido cómplices de esa alarmante permisividad de los hipotecados, reconvertidos, muchos de ellos, en afectados ante el inusual comportamiento del euríbor. Conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica del Notariado, el notario dará fe de haber leído a las partes la escritura íntegra; y el artículo 193 del Reglamento Notarial añade que se entenderá que la lectura es íntegra cuando el notario hubiera comunicado el contenido de la escritura con la extensión necesaria para el cabal conocimiento de su alcance y efectos, atendidas las circunstancias de los comparecientes. ¿Se imaginan las explicaciones del aludido notario levantino? (...)

Pero los notarios no sólo deben explicar a los futuros hipotecados el contenido de su escritura sino también exigir a la entidad bancaria los deberes de transparencia a los que obliga la ley. Así, es necesario que la información suministrada al cliente le permita percibir que la cláusula suelo puede incidir en el contenido de su obligación de pago. 

Por ello, estas cláusulas no pueden recibir un “tratamiento impropiamente secundario” y venir “enmascaradas entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que dificultan su identificación por el prestatario". La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios es clara: “El empresario está obligado a una especial llamada de atención sobre ella (cláusula suelo), lo que podrá hacerse destacándola por su ubicación separada, su impresión en distinto tamaño o color de letra, su subrayado o por el empleo junto a las cláusulas de símbolos que llamen la atención, como una mano roja apuntándola (la red hand rule característica de los contratos anglosajones), una calavera o una señal de stop”. (...)

La banca asumirá la factura total de las cláusulas suelo, mientras empieza a pagar condenas por las hipotecas multidivisas. Otro producto aderezado de una mezcla explosiva: la irresponsabilidad de algunas entidades para comercializar hipotecas en yenes o francos suizos a auténticos analfabetos financieros que perjuraron ser expertos en el mercado de divisas en las épocas en las que dejar de pagar en euros suponía reducir el principal del préstamo a la mitad. (...)"             (Miguel Alba, Vox Populi, 25/12/16)

27.12.16

La Fiscalía pide hasta 11 años de cárcel para el ‘número dos’ de la Sanidad vasca y el director de Bizkaia por el desvío de 6,8 millones

"La Fiscalía de Bizkaia, una vez concluida una larga investigación judicial, ha constatado que dos altos cargos del Departamento de Sanidad cuando el consejero era Gabriel Inclán y el lehendakari Juan José Ibarretxe (PNV), en concreto el ‘número dos’, Rafael Cerdán, y el director territorial de Bizkaia, José Ramón Elorriaga, se saltaron de manera flagrante la legalidad para beneficiar a dos empresas privadas del que era jefe de Calidad del hospital de Cruces, el doctor José Carlos Margüello, y que figuraban a nombre de una testaferro, María Nieves Fernández.

El quebranto económico para el Gobierno vasco se estima en 6,8 millones de euros y el ministerio fiscal, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, ha solicitado este lunes penas de hasta once años de prisión, además de la restitución de todo el dinero público desviado, al entender que los hechos son constitutivos de delitos de “prevaricación en concurso medial con malversación”, “fraudes ilegales contra la Administración” y “negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos”.

Fue el pasado mes de marzo cuando la juez instructora de este procedimiento, conocido como ‘caso Margüello’, puso fin a la investigación, propiciada en 2009 cuando el socialista Rafael Bengoa relevó al frente de Sanidad al nacionalista Gabriel Inclán. Ahora la Fiscalía de Bizkaia, comandada por Carmen Adán, ha dado el paso de presentar su escrito de acusación contra los cuatro imputados, Cerdán, Elorriaga, Fernández y el propio Margüello, de cara a la próximo celebración de un juicio.

El documento reseña que éste era “facultativo del sistema vasco de salud”, en concreto responsable de la unidad de Calidad de Cruces. Sin embargo, apunta a que al mismo tiempo “constituyó y gestionó de manera efectiva” dos mercantiles, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI. No obstante, en ellas figuraba como administradora Fernández.

 “La acusada se prestó a aparecer frente a terceros y frente a la Administración como la titular y gestora de estas sociedades, realizando todos los trámites necesarios para la adjudicación de los contratos [irregulares]”, explica la Fiscalía sobre el papel de Fernández como testaferro de Margüello.

Entre las gestiones llevadas a cabo por la acusada, según el ministerio público, se halla una solicitud ante la dirección de Sanidad en Bizkaia realizada en febrero de 2006, recién constituida una de las sociedades, para que fuera dada de alta como contratista. 

Los técnicos denegaron ese plácet pero Elorriaga, en su condición de máximo responsable sanitario de la provincia, intercedió para que la firma de Margüello pudiese contratar con Osakidetza. La Fiscalía sostiene que lo hizo “obviando todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales exigidos” y que además no lo registró formalmente “en el sistema informático de Sanidad”.

Si el 19 de junio de 2006 Gestión de Recursos Sanitarios XXI obtuvo la autorización para contratar, el 26 de junio, sólo una semana después, el viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, ya dictó una resolución por la cual la compañía obtuvo un contrato de gestión de las listas de espera. “Contra todos los principios que debían regir la contratación pública”, Sanidad utilizó un “procedimiento de emergencia” a sabiendas de que no era legal con tal de beneficiar a una empresa que, de nuevo, no estaba legalmente habilitada para ello. La compañía de Margüello facturó un total de 1,9 millones por este contrato entre 2006 y 2008.

"Favorecimiento" a Margüello

El resto hasta 6,8 millones son irregularidades en otro contrato, en este caso vinculado a la rehabilitación de pacientes del área de Bizkaia. De nuevo, Elorriaga benefició a Margüello para adjudicarle a dedo el servicio. Primero anuló el concurso público iniciado para la adjudicación, como exige la Ley de Contratos, y después inició un “procedimiento negociado sin publicidad” con una única candidata, una UTE formada por las sociedades Gestión de Recursos Sanitarios XXI y Clínica Indautxu.

El presupuesto máximo del contrato eran 212.800 euros pero Elorriaga y Fernández elevaron el montante anual a 750.000 euros en 2007 y a 3,8 millones en 2008. En total, el Gobierno vasco abonó a esta UTE 4,8 millones.

La Fiscalía concluye: “Con la comisión por los acusados de los hechos narrados se produjo un favorecimiento en las adjudicaciones públicas que concluyeron en la entrega de elevadas cantidades de fondos públicos. 

Todo ello con lesión de los principios de legalidad, publicidad y concurrencia y con un perjuicio económico por un importe total que asciende a 6,8 millones de euros derivado de las adjudicaciones señaladas y contratos celebrados, bien por su innecesariedad bien por el aumento de las cuantías y subidas de precios y tarifas de los servicios prestados”.

Se da la circunstancia de que en 2011 otro juzgado de Bilbao archivó una causa paralela abierta sólo contra Elorriaga por prevaricación en la autorización como contratista de Gestión de Recursos Sanitarios XXI. Según el juez que analizó ese asunto, " no puede asegurarse que la autorización a Gestión de Servicios Sanitarios XXI constituya una contradicción notoria, patente e incuestionable de la legalidad por omisión de trámites esenciales del procedimiento o por el contenido sustancial de la autorización". El PNV argumentó entonces que "la exculpación de Elorriaga desmonta el argumento sobre la existencia del trama Margüello", extremo que viene a contradecir la Fiscalía."         (eldiario.es, 12/12/16)

26.12.16

“El Supremo desprotegió a los clientes con las cláusulas suelo”

"La banca deberá devolver íntegramente el importe de las cláusulas suelo, según expresa la sentencia emitida el 21 de diciembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

El proceso se viene arrastrando desde 2013, cuando, en pleno rescate bancario, el Tribunal Supremo declaró el carácter abusivo de las cláusulas suelo pero limitó la devolución de las cantidades al momento posterior a la sentencia. 

La decisión, por lo tanto, permitía a las entidades bancarias quedarse con el dinero indebidamente ingresado hasta entonces. Jueces y tribunales elevaron distintas consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora ha dado la razón a los clientes. Manuel Ruiz de Lara (Madrid, 1979) es uno de los jueces que planteó esta cuestión prejudicial. (...)

 Ahora, los bancos deberán proveer un mínimo de 4.000 millones más, según las estimaciones del Banco de España, para resarcir a los clientes a los que engañaron. El magistrado se pregunta, también, si existe responsabilidad patrimonial del Estado español, al no haber seguido las directivas comunitarias.  

¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre la sentencia del Supremo y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

El Tribunal Supremo, en su sentencia del 9 de mayo de 2013, dictaminó que las cláusulas suelo eran abusivas porque no se había cumplido un requisito que llamaban de transparencia, que consistía en informar a los consumidores del funcionamiento de la cláusula y del límite de variación de interés que se establecía. 

A la hora de determinar las consecuencias de esa nulidad, también dictaminó que procedía devolver a los consumidores las cantidades de dicha cláusulas solo desde el momento en que se dicta esa sentencia. Es decir, el 9 de mayo de 2013.

Las cantidades que se habían cobrado antes no procedía devolverlas pese a que la cláusula suelo fuese nula. Como motivo alegaban y razonaban en la sentencia que devolver íntegramente todas las cantidades que se habían cobrado desde el inicio de los préstamos hipotecarios en aplicación de las cláusulas suelo ocasionarían un efecto demoledor en el sistema financiero. Se trataba de miles y miles de hipotecas. 

Esta interpretación iba en contra de la línea que había mantenido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea siempre, y que consistía en que cuando se declaraba nula una cláusula abusiva, lo que procede es expulsarla del contrato y que no produzca ningún tipo de efecto. Es decir, las cantidades que se habían cobrado en aplicación de dicha cláusula procedía devolverlas íntegramente, desde el inicio del préstamo.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a confirmar precisamente esto: la única forma de proteger al consumidor de forma efectiva –conforme a la normativa comunitaria– es determinar la devolución total de todas las cantidades que se hayan cobrado en aplicación de la cláusula suelo.

 Esto tiene un impacto muy grande sobre el sistema financiero y sobre las entidades bancarias, que ahora están obligadas no solo a devolver parte, sino a devolver todo lo que cobraron en aplicación de dichas cláusulas.

Varias audiencias provinciales suspendieron los procesos relativos a las cláusulas abusivas a la espera de que se pronunciara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué ocurre con estos procesos, ahora que hay sentencia de la institución europea?

El efecto inmediato es que se reanudarán los procedimientos.  (...)

El abogado general de la UE se pronunció en julio de este año a favor de los bancos y de la sentencia del Tribunal Supremo de 2013. Entre otras cosas, apuntó que la devolución total podría tener consecuencias macroeconómicas asociadas y afectar a estabilidad del sector financiero. ¿Qué hay sobre este argumento jurídico? ¿Va en la línea del que mantuvo el tribunal Supremo?

A mí me sorprendieron las conclusiones del abogado general, que efectivamente coincidían con la sentencia del Tribunal Supremo. No era la línea que había mantenido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sostenía que para conseguir disuadir a los bancos de introducir cláusulas abusivas en los préstamos el juez ni siquiera podía moderar. 

Cuando declaraba la nulidad, tenía que acordar las consecuencias de esa nulidad, lo que implicaba restituir las prestaciones íntegramente. Si se restituían en parte, lo que hacía era moderar la cláusula y entonces el banco no sentía la presión al a hora de introducir este tipo de cláusulas y arriesgarse a tener que devolver íntegramente todo.

El criterio que tenía el Tribunal Supremo y las conclusiones del abogado general eran más un criterio económico, no jurídico. Lo único que aludían, fundamentalmente, eran los efectos en el orden macroeconómico. 

Por el contrario, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es plenamente congruente con el artículo 6 y 7 de la directiva, que establece que las cláusulas abusivas no vinculan en ningún caso al consumidor; y también con nuestro derecho interno, con el artículo 1303 del Código Civil, que establece que cuando se declara nula una cláusula se tienen que devolver todas las cantidades.

El argumento del Tribunal Supremo y del abogado general de la UE, ¿genera desprotección en los consumidores?

Sí. Sin duda. Es lo que precisamente declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: que esa limitación en la devolución de cantidades que establece el Supremo lo que propicia es una desprotección –una protección ineficaz– de los consumidores y usuarios, por lo que el banco podría seguir introduciendo cláusulas abusivas con la garantía de que en el peor de los casos habría cobrado al menos un parte. 

No es desde luego el efecto más protector de los consumidores y usuarios. Habría que preguntarse si, después de que el Supremo no siguiera la línea ahora impuesta, existe alguna responsabilidad patrimonial del Estado por no seguir las directivas comunitarias. 

El TJUE siempre había declarado que el juez nacional tiene la obligación de declarar de oficio nulas las cláusulas que sean abusivas y extraer las consecuencias de la nulidad. En este caso, las consecuencias íntegras: devolver todas las cantidades. Aparte, los jueces nacionales tenemos el deber de seguir las directivas comunitarias y particularmente la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Si no se siguen o si no se adaptan correctamente las directivas comunitarias, cualquier ciudadano de la U.E puede reclamar responsabilidad patrimonial al Estado en función de los daños que le ocasione esa falta de adaptación por parte de los órganos de la administración pública nacional o de la administración de justicia.

Aquí el problema que se plantea es qué ocurre con aquellas sentencias y con aquellos casos con los que ya se dictó sentencia en su día –limitándose la devolución de cantidades siguiendo la sentencia del Tribunal Supremo–. Hay una serie de deudores hipotecarios, de consumidores, que no han podido recibir aquello que les correspondía según las directivas comunitarias. Eso si les ha generado un daño, evidentemente.

A partir de la sentencia del TJUE, ¿qué se puede esperar jurídicamente en el corto plazo? ¿Los bancos tienen que devolver el dinero automáticamente? ¿Se tienen que abrir procesos judiciales individuales?

Ahora caben dos posibilidades: que los bancos adopten la decisión de devolver íntegramente las cantidades que han cobrado en aplicación de las cláusulas suelo; o bien, si los bancos no aceptan eso, la vía es la jurisdicción ordinaria. Se presenta una demanda contra la entidad bancaria, con la que hay bastantes probabilidades de éxito teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿Y cuál de las dos ve más probable?

Depende fundamentalmente de la política financiera que adopten los bancos. Lo más inteligente sería la restitución de las cantidades que se hayan cobrado en aplicación de cláusulas nulas porque en caso contrario se arriesgan a que haya una sentencia que les condene en contra además de la devolución de cantidades. Quizás lo más razonable sería eso pero dependerá de la política financiera y económica.

En su momento los bancos argumentaron que lo que se estaba juzgando no era la legalidad de las cláusulas suelo, sino cómo se habían comercializado...

Efectivamente, las cláusulas suelos no son nulas en sí, sino que el problema radicaba en que no se había dado ningún tipo de información a los consumidores del funcionamiento de dicha cláusula. Al no explicar cómo funcionaban ni hacer comparaciones con otro tipo de cláusulas o del funcionamiento de la evolución previsible de dicha cláusula es por lo que el Tribunal Supremo las declara nulas. 

Esto garantiza que si en el futuro se utilizan cláusulas suelo, se tiene que informar al consumidor. Pero el problema son las hipotecas que ya están firmadas, en las que hay un déficit de información permanente.

Con la sentencia, ¿se abre un punto de inflexión en los procesos judiciales de este tipo o se mantendrán las dinámicas que se han dado hasta ahora?

Eso depende de las entidades bancarias. Porque hay situaciones en las que se han adoptado políticas de retirar las cláusulas suelo, y en otros casos se sigue obligando al consumidor a acudir al juzgado para presentar la demanda para ver si se declaran nulas o no. Lo más razonable parece proceder a la devolución de cantidades y no colapsar los juzgados con demandas que van a ser estimadas. Todo esto viene por una sentencia del Tribunal Supremo.

 Evidentemente, es un punto de inflexión porque ahora la totalidad de juzgados de primera instancia y mercantiles van a seguir el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En su día el Supremo nos dejó atónitos con la interpretación que hizo pero a partir de ahora es evidente que cambia el criterio.

¿Cómo ha sido el papel de los jueces y de asociaciones de consumidores en este proceso?

La labor del juez español ha elevado muchas cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ha planteado que la legislación española no era conforme al derecho comunitario. Resalto la labor del juez nacional en ese sentido.

La mayoría de cuestiones prejudiciales se han planteado por jueces nacionales. Dado que el legislador no adaptaba adecuadamente la directiva comunitaria para proteger a los consumidores, los jueces nacionales han sido el motor que ha impulsado cambios ante la desidia, a veces, del legislador. Me refiero fundamentalmente a los jueces de órganos unipersonales o de audiencias provinciales, como en este caso."               (Entrevista al juez Manuel de Lara, CTXT, 21/12/16)

23.12.16

Gürtel: “Los negocios salían redondos, tenían los tentáculos necesarios [empresariales y políticos] para hacer la operación desde el principio hasta el final”

"(...) En cambio, Peñas (al que la fiscalía le pide 6 años de prisión) llegó con ganas de pringar la sala y de que el fango avanzara de nuevo por el cauce natural que tenía en Génova. Lo hizo con inteligencia, y con un curioso polo color morado podemita que, al filtrarse por el circuito de televisión, adquiría -en la pantalla- un tono azul pepero.

 Quienes destaparon la red, Peñas y Juan José Moreno, se diferencian del resto de la tribu por vestir polos básicos de manga corta y por ser insensibles al frío y a la niebla. Por algún motivo parece que van avisando de que tienen brazos. 

En la sesión del día 13, para cuando el acusado nombró a José María Aznar, uno de los fantasmas más esquivados de esta historia, ya había preparado a los medios y las redes sociales para que estuvieran atentas a sus palabras.

 A primera hora de la mañana, en un canutazo callejero, Peñas calificó a Mariano Rajoy y a Esperanza Aguirre como responsables políticos de la corrupción y los acusó de mirar para otro lado. Lo dijo, y a varios periodistas se les dieron la vuelta los ojos por la expectativa de que el nombre del presidente se mencionara ante el juez. Cosa que nunca ocurrió. (...)

Las respuestas al interrogatorio de la fiscala Concepción Nicolás golpearon sobre todo a Correa. Peñas esbozó un retrato minucioso y plástico de Don Vito: escenas, imágenes, conversaciones. Se metió donde nadie había entrado: dejó claro que una reconstrucción honesta del Correa exitoso no podía completarse sin mencionar a José María Aznar.

 Dijo que el poder de Correa en Génova, sin formar parte de la Ejecutiva, era inmenso. Y se explayó: “Los negocios salían redondos, tenían los tentáculos necesarios [empresariales y políticos] para hacer la operación desde el principio hasta el final”; “tenían, además, el aval de que Correa era amigo del presidente del Gobierno en aquel momento”.

Peñas percibió el poder del capo desde que lo conoció: “Lo veía en los mítines, todo el mundo del partido conocía al señor Correa, cuando pasaba, senadores y congresistas se separaban a su paso”. Estaba, dijo Peñas, a la derecha del señor presidente. Como en el credo.

Aquel era el Correa de chaqué que describía unos andares de palomo con tortícolis por el Escorial, en la boda de la hija de Aznar.

 De ese Correa quizás sólo quedaba el espíritu de la omertá cuando, en su declaración ante el juez semanas atrás, negó haber tenido una relación relevante con el expresidente. Ahora escuchaba (piernas abiertas, cabeza gacha, codos sobre los muslos) cómo se lanzaban piedras contra su silencio.

La fiscala Concepción Nicolás desmenuzó las grabaciones del acusado, que fueron las culpables de que el juez Garzón abriera la caja de Pandora. Al poner el oído, todos pudimos saber cómo sería vivir dentro de la ropa de Peñas: los roces de tejido dominaban en casi todos los audios. La primera grabadora fue un rudimentario mp3 con micro. 

Más tarde, adquirió un aparato más sofisticado. Algunos abogados defensores arrugaban el morro al escuchar las pruebas y observaban las transcripciones con cara de reproche. Había motivos para el escándalo (...)

En principio, Peñas confiaba en Correa porque parecía no tener secretos. Según sugirió en su relato, era de esos tipos que hablaban por teléfono en manos libres, mirando a quien le acompañaba en ese momento como ofreciéndole compartir un trozo de privacidad; uno de esos que creen tener una vida emocionante y envidiable, digna de ser expuesta. Peñas afirma que, en una de esas exhibiciones, se olió el pastel y decidió empezar a grabar.

De repente, a los ojos del acusado, la fortuna de Francisco Correa empezó a tintarse de negro. Una fortuna que, por otro lado, conocía bien después de que le hubiera regalado tiempo atrás su viaje de novios: seis días a las Islas Mauricio.

Oídas hoy, resulta evidente que Peñas trataba de sacarle información a Don Vito. Pero éste no se daba cuenta: se quejaba en alto, acanallándose, encerrilando la voz, describiendo adjudicaciones y sobornos y contratos y obritas a cambio de coches para Sepúlveda, el alcalde popular de Pozuelo. El botón del REC estaba pulsado.

 En aquella época, el capo estaba perdiendo poder, desde Génova le habían cortado el grifo. Él se quejaba mientras se sentía hundido y su forma de quejarse era recordar la gloria. El botón del REC estaba pulsado. Los alardes de dignidad (el fanfarroneo en retirada) estaba abriéndole las puertas de la cárcel.

No obstante, ante el tribunal, Peñas le echó un capote: “Paco ni antes ni ahora ha tenido conciencia de lo que hacía, él siempre ha pensado que hacer business era hacer dinero de la manera que sea, mientras no mate. Él no entendía qué es un cohecho… No tenía conciencia de delinquir… eran cosas absolutamente normales”. 

En una grabación se escuchaba un piano de fondo (al jefazo le gustaba quedar en el Hotel Fénix). Se le oye más indignado y más derrotado. Peñas azuza y Correa cae: “Yo a Luis Bárcenas le he llevado (…) mil millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado. A Génova y a su casa”. Una confesión. Unas palabras que recuerdan que la Gürtel y el PP se necesitaban."               (Esteban Ordóñez, CTXT)

22.12.16

Una red de apuestas ilegales comprba a ganadores de Grand Slam de la última década y del torneo de Wimbledon

"Lo que se presuponía como una jornada placentera, el pistoletazo de arranque del primer grande del año, bajo el calor australiano, se convirtió en una sacudida tremenda a la estructura del tenis mundial. Ayer, en Melbourne, se habló muy poco de Novak Djokovic, Roger Federer o Serena Williams, las tres primeras estrellas que desfilaron sobre la pasarela azulada de la pista Rod Laver. 
Ayer, de Melbourne a Nueva York, pasando por Londres y París, los cuatro vértices sacros del tenis, un escalofrío tremendo. El viejo fantasma de las apuestas.

Una investigación de la BBC y BuzzFeed News destapó horas antes del inicio del Abierto de Australia una supuesta red de apuestas ilegales y amaños deportivos durante la última década en partidos del más alto nivel. En concreto, según los citados medios, el caso salpicaría a 28 jugadores, 16 de los cuales figuraron en el top-50 del ranking mundial en la última década. También destaca que uno de ellos, que ahora compite en Australia, ha amañado en varias ocasiones el resultado de su primer set.

De momento no han trascendido los nombres de los implicados. La investigación precisa que la trama mafiosa tendría origen en Rusia, el norte de Italia y Sicilia. Entre los 28 sospechosos, siempre según dicha información, ocho estarían implicados en la trama del norte de Italia. De estos ocho, “la mayoría son españoles y argentinos”.


Debido a las sospechas, la Unidad de Integridad del Tenis (TIU), organismo creado en 2008 por las principales asociaciones de tenis, incluida la ATP, para controlar posibles irregularidades, investigó 26.000 partidos desde hacía siete años y de su estudio se desprende que algunos jugadores (que se reunían previamente con mafiosos en sus hoteles y pactaban la derrota a cambio de 50.000 dólares —46.000 euros— o más) se dejaron ganar. El caso salpica a Wimbledon, uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo. Tres partidos del major británico habrían sido amañados.

"Campeones de torneos de Grand Slam, en singles y dobles, forman parte del grupo central de 16 jugadores que, en repetidas ocasiones, fueron señalados por haber perdido partidos cuando había apuestas altamente sospechosas en su contra", describe Buzzfeed. Mientras, la BBC habla de "ganadores de Grand Slam", pero no especifica en qué categorías. 

En los últimos 10 años hay siete jugadores que han levantado un grande en individuales: el suizo Roger Federer (13 desde 2005, 17 en total), el español Rafael Nadal (14), el serbio Novak Djokovic (10), el suizo Stanislas Wawrinka (2), el escocés Andy Murray (2), el argentino Juan Martín del Potro (1) y el croata Marin Cilic (1).


BuzzFeed News empleó un algoritmo que detectó alteraciones en partidos en los que competían los 16 jugadores bajo sospecha. La investigación partió a raíz del caso Davydenko. Entonces (2007), el tenista Nikolay Davydenko, que llegó a ser el número cuatro del mundo, perdió un encuentro en el torneo de Sopot (Polonia) contra el argentino Martín Vasallo-Argüello (87 del mundo entonces) cuando había ganado el primer set (6-2); después de ceder el segundo (6-3), el ruso se retiró en el tercero (con 2-1 en contra) por una lesión en un pie. Sospechosamente, el bote ascendió a cinco millones de euros, diez veces el montante habitual.

El presidente de la ATP, Chris Kermode, ofreció esta madrugada una rueda de prensa en Melbourne en la que negó que se esté ocultando cualquier tipo de información sobre estos supuestos amaños y en la que aseguró que el organismo que rige el circuito estudiará a fondo las informaciones publicadas por la BBC y BuzzFeed News.

 "No es cierto que la información se ocultara. Nosotros condenamos cualquier tipo de conducta corrupta en nuestro deporte", señaló Kermode; "la idea de que el tenis no esté actuando correctamente es ridícula".


Por su parte, el director de la TIU, Nigel Willerton, manifestó que "se han abierto nuevas investigaciones sobre algunos de los jugadores que fueron mencionados en el informe de 2008" y que "toda la información creíble recibida se analiza, se evalúa y se está investigando por profesionales con gran experiencia". 

Preguntado sobre los presuntos implicados que compiten ahora en el grande australiano, Willerton respondió: "No sería apropiado de mi parte decir si hay jugadores en el torneo que están siendo investigados".

Desde 2008, la fecha de su creación, la TIU recibió más de 14 millones de dólares (12,8 millones de euros) para llevar a cabo sus pesquisas y sancionó a 18 tenistas (entre ellos el bilbaíno Guillermo Olaso), seis de ellos de por vida (el primero fue el austriaco Daniel Koellerer y después fueron castigados sine die el ruso Andrey Kumantsov, el serbio David Davic, el griego Alexandros Jakupoviclos y los italianos Potito Starace y Daniele Bracciali)."              (El País, 19/01/16)

21.12.16

El cerebro del 'tamayazo' ofrecía los servicios del pequeño Nicolás para arreglar visados a empresarios

"Daniel Li Cordova, ex directivo de Air Europa durante la fallida aventura china de esta compañía aérea, fue uno de los empresarios que entablaron negocios con el pequeño Nicolás a través de José Luis Balbás, presunto cerebro del golpe de salón conocido como Tamayazo que llevó a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 gracias a la incomparecencia de dos diputados socialistas.

Que Francisco Nicolás Gómez Iglesias pudiera concertar reuniones en el despacho del ex secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, era un buen reclamo para que Balbás pudiera convencer a empresarios como Li de que el veinteañero era una mediador ideal para determinados negocios, como desveló Público, por los que el pequeño Nicolás llegó a pedir hasta 50.000 euros.

Así se lo explicó la pasada semana al titular del Juzgado de Instrucción Número 2, Arturo Zamarriego.  Porque más de dos años después de que fuese detenido el pequeño Nicolás, y tras quedar el caso medio estancado debido a los recursos empleados en investigar la grabación ilegal a agentes del Centro Nacional de Inteligencia y a dos investigadores de Asuntos Internos, comienzan a pasar ante el juez empresarios que aparecen en las anotaciones incautadas por la Policía el 14 de octubre de 2014 en el registro de su domicilio, así como los entregados por Público al procedimiento.

Los negocios que vinculan a Balbás y al presunto estafador que constan en el sumario son muy diversos. Desde otorgarle un poder para vender la colección de cuadros Zanchi, a facturas por servicios no prestados a empresarios que habían sido captados por el pequeño Nicolás. 

Balbás incluso le presentó al exministro Miguel Ángel Moratinos para su aventura en Guinea Ecuatorial. Pero David Li ha abierto una nueva línea de negocio, la de agilizar trámites administrativos para conseguir visados a ciudadanos chinos.

Fue en la Semana Santa de 2014. Daniel Li ya no estaba en Air Europa y se promocionaba a través de las redes sociales como chairman (presidente ) de DLC Grupo Asian Pacific Limited, establecida en Hong Kong. La citada sociedad supuestamente tenía actividad también en Shanghay (donde residía Li), Barranquilla (Colombia), Madrid y Barcelona.

Según su declaración judicial, Li conoció al pequeño Nicolás "en la oficina de José Luis Balbás". El motivo era "un tema de visados, que le denegaban". Daniel Li lo comentó con Balbás, a quien conocía de antes, y éste le dijo que "Gómez Iglesias conocía a alguien que podría solucionarlo".

La mejor carta de presentación eran las fotografías que Nicolás guardaba en su móvil con Jaime García Legaz, Esperanza Aguirre o el empresario Arturo Fernánez, y el discurso de que "conocía a tanta gente a través del PP" porque "trabajaba en colaboración con los jóvenes del PP". Jamás se le hizo pasar por miembro del CNI o de la Vicepresidencia del Gobierno.

Así fue como Li picó el anzuelo y después, como en otros casos que Público ha podido confirmar, llegaba el ofrecimiento de una presunta ayuda gratuita. En este caso pasaron dos meses, según la declaración, hasta que el pequeño Nicolás acabó necesitando dinero. Según Li, el presunto estafador le dijo que "necesitaba arreglar el chalet donde vivía y le pidió prestados 50.000 euros". Como le daba largas o "falsas expectativas para arreglar el tema de los visados" y él vivía entonces en China, le acabó entregando 5.000 euros en dos pagos de 2.500. 

Los negocios de Arturo Fernández

Como la fama del pequeño Nicolás se propagaba de boca en boca, y ningún empresario ha querido confirmar si realmente le llegó a solucionar algunos de sus problemas o negocios, Daniel Li explicó otro de los proyectos que se gestaron en esta alianza entre José Luis Balbás y el pequeño Nicolás.  

Público desveló, gracias a una documentación del pequeño Nicolás que nos entregó alguien cercano a él, que Daniel Li y otro empresario, Erik Aaron Lara, ya habían tenido relación tanto con Balbás como con el pequeño Nicolás como posibles compradores de una empresa de el exdirectivo del CEIM (Circulo de Empresario e Inversores Madrileño), Arturo Fernández.

Fue José Luis Balbás quien presentó a Arturo Fernández tanto al pequeño Nicolás como a Erik Aaron, supuesto "representante de un fondo judío", como explicó el empresario a Público. Inmerso ya en un concurso de acreedores, el expresidente de los empresarios madrileños buscó quién le comprase sus acciones en una empresa. Asesorado por Balbás, supuestamente Arturo Fernández se creyó que Nicolás era el representante de Aaron y llegó hacer una venta ficticia de esas acciones por valor de 4 millones de euros, según la investigación.

Erik Aaron, judío de origen chileno, había conocido a su vez al pequeño Nicolás y a Balbás a través de Sergio Martínez de la empresa Inmofiban, al igual que Ángel Martín de ACO –empresa que tenía alquilado el chalé de El Viso donde supuestamente residía el veinteañero–, según le contaron estos empresarios a Público.

De presentación en presentación, algunos de ellos llegaron a reunirse con el entonces secretario de Estado de Comercio, a quien el pequeño Nicolás intentó extorsionar, después de ser detenido, con difundir grabaciones que tenía de las reuniones con estos empresarios. Esto fue lo que le pasó a Daniel Li, quien junto a Enrik Aaron fueron recibidos por García Legaz en su despacho del Ministerio de Economía en la Semana Santa de 2014. Aunque Li asegura que la reunión con Legaz "no tenía nada que ver con los visados".

Por su parte, José Luis Balbás, aseguró a Público, cuando le preguntó por estos hechos, que conoció a Nicolás a través de este inversor cuando pretendía comprar unos edificios en Madrid. "            (Público, 04/12/16)

20.12.16

El fraude de las estrellas de fútbol no es invención original de los propios futbolistas sino fruto de un entramado estructural de saqueo que se conoce y se tolera

"En relación con la fiscalidad de los deportistas de élite, acerca de la que tanto se especula en estos días con motivo de ciertas informaciones periodísticas alusivas a estrellas del fútbol, podría interesar hacer algunas puntualizaciones: 

(...) 2.- ¿Cómo tributan los derechos de imagen?

En nuestro IRPF, en general, tributan como rendimientos de capital mobiliario pero se gravan por la tarifa general, que puede llegar al 45% de la base liquidable, en lugar de hacerlo por la tarifa del ahorro que grava las rentas de capital mobiliario más usuales (intereses, dividendos, operaciones de seguro que no tengan consideración de rendimientos de trabajo y otros, gravados al 19, 21 o 23% según la cuantía).

Sin embargo, la generalización del fraude en este tipo de rentas, en particular entre las estrellas de fútbol, propició la creación de un régimen especial de derechos de imagen que en realidad no pretende atajar de raíz la evasión de impuestos sino únicamente atenuar su impacto.

La vía de fraude más extendida consiste en la constitución de sociedades mercantiles de naturaleza instrumental para gestionar los derechos de imagen, en este caso de los futbolistas. Hablamos de un formato de contrato casi único del futbol. En otros deportes, por ejemplo en el tenis, los contratos suelen ser íntegramente mercantiles. 

Es en el fútbol donde se llevan a cabo contratos híbridos entre jugadores y clubes. Una parte se pagará como rendimientos de trabajo y otra parte serán derechos de imagen gestionados por el club, lo que no obsta que a su vez los representantes de los futbolistas hagan otras contrataciones directas de anuncios de televisión y similares que supondrán jugosos ingresos extra para sus representados. 

Para rebajar la tributación, se constituyen sociedades instrumentales, por lo común radicadas en paraísos fiscales y cuyo capital pertenece a los jugadores en solitario o en compañía de familiares u otras personas de confianza. El jugador cederá la gestión de los derechos de imagen a la sociedad instrumental y ésta los venderá al club. 

De tal forma que, primero, los rendimientos percibidos por el jugador al cabo tendrán la forma de dividendos (con lo que tributarán por la más baja tarifa del ahorro, al 19, 21 y 23% y no al 45%); se recibirán, en segundo lugar, al ritmo que quieran los propios jugadores o sus representantes, quienes tienen en su mano decidir si se reparten o no dividendos y cuándo, pudiendo dejar los capitales embalsados en las sociedades el tiempo que precisen, y, en último lugar, se ahorrarán la tributación de Impuesto sobre Sociedades, dado que las sociedades fiduciarias radican en paraísos fiscales.

El régimen especial de derechos de imagen no persigue destapar la simulación sino únicamente, de manera harto modesta, garantizarse un mínimo de tributación, como si la Administración reconociera su incapacidad para hacer aflorar la totalidad de lo que se evade.

 Y así, se establece en el artículo 92 de la Ley de IRPF, con una redacción farragosa hasta el vómito, que en estas situaciones lo que pague el club, con quien el futbolista mantiene relación laboral, a la sociedad instrumental, se impute a la renta del jugador y se grave en la tarifa general. Pero se permite que, en el supuesto de que el rendimiento del trabajo alcance el 85% de los ingresos totales percibidos del club, no se haga así.

Esto da dos vías de escape bendecidas por la ley: en primer lugar, permite hasta un 15% de margen de tributación privilegiada por sociedad interpuesta sin tener que dar explicaciones a nadie (y en contratos como los de las grandes estrellas de fútbol un 15% es mucho dinero); en segundo lugar, no atiende a la posibilidad de conformar entramados societarios opacos más complejos que, eludiendo formalmente la intermediación de los clubes, posibilite seguir evadiendo impuestos. 

Y, como era previsible, es esto último lo que ha venido sucediendo, como consecuencia del principio económico y físico universal que dice que si uno puede trincarlo todo no se conformará con trincar solo una parte. De modo que aunque la ley ya ofrece un porcentaje generoso de reducción de pago que a los simples mortales nos queda vedado, es raro que las grandes figuras del fútbol y sus asesores y clubes se conformen si pueden arrancar más.

3.- ¿Es posible que alguna de las grandes estrellas de fútbol acabe en prisión por fraude fiscal?

Es altamente improbable, por no decir imposible. En nuestro ordenamiento jurídico, que alguien sea condenado a una pena de prisión no necesariamente implica que vaya a pisar alguna vez la cárcel. Y, en lo que se refiere a los delitos contra la Hacienda Pública, los ordenamientos de Europa continental, si bien suelen tener sistemas tributarios más onerosos que los anglosajones, son mucho menos severos a la hora de perseguir penalmente el fraude. En especial en Estados Unidos no es inusual que alguien acabe encarcelado por delito fiscal.

 En Europa es bastante menos frecuente, y en España casi imposible. En la actualidad en nuestro país, según las últimas cifras que guardo en la memoria, hay una población reclusa de unas 27.000 personas, de las cuales apenas 170 han sido condenadas por delito fiscal como delito principal, que no único, y se trata siempre que personas que quedaron arruinadas y sin capacidad de pago. 

Si se tiene dinero, jamás se va a la cárcel por delito fiscal, salvo que uno quiera ir. Desde 2015 se añadió en nuestro Código Penal un apartado 6 al artículo 305, que es el que tipifica el delito fiscal, estipulando que se podrá rebajar hasta en dos grados la pena de quien sea condenado si en el transcurso de dos meses desde que se reciba la citación judicial como imputado se reconoce y se paga la deuda. 

Téngase presente que la fase penal es la “última ratio” del ordenamiento y que los grandes defraudadores suelen ser jugadores (y no de fútbol, precisamente, sino de fortuna). Lo usual es que antes de llegar a ser imputado penalmente haya una pelea administrativa frente a la inspección, que se puede librar con muchas esperanzas de éxito si se dispone de un ejército de buenos asesores fiscales. Llegado al final, si hay imputación penal, se paga y asunto arreglado: lo que se pierde por las ocasiones en las que me pillan por lo que se gana en las que no me pillan.

 La pena más alta de prisión, en caso de delito agravado (cuando la cuota defraudada supera los 600.000 euros, o se comete sirviéndose de organización criminal o se recurre a entes interpuestos), es de seis años. 

En este supuesto más grave, la rebaja de uno o dos grados, va a suponer que siempre nos quedemos por debajo de los dos años, en cuyo caso nunca se va a la cárcel si no existen antecedentes penales. 

Piénsese que la cuota defraudada se computa por impuesto y año, y que no es necesariamente todo lo que se deja de pagar, sino en exclusiva aquella parte de lo dejado de pagar en que se puede demostrar fehacientemente la concurrencia de dolo, aunque sea en grado de dolo eventual, o sea, ánimo positivo de defraudar a Hacienda. Para que nos hagamos una idea exacta, en el caso del tipo agravado hablamos de quien deja de pagar más de 600.000 euros en una sola declaración de la renta, por ejemplo.

Si a la atenuante extraordinaria del artículo 305.6 del Código Penal se logra añadir alguna otra atenuante general, cosa que un buen equipo de abogados tal vez pueda conseguir con relativa facilidad, yo calculo que cabe acumular hasta ocho o nueve delitos fiscales graves sin ir a la cárcel.

Esto es lo que hay, pero nos quedaría por añadir el hecho quizá más inquietante, al que ha apuntado esta semana pasada la revista alemana “Der Spiegel”. Y es que este tipo de fraude no es invención original de los propios futbolistas sino fruto de un entramado estructural de saqueo que se conoce y en el fondo se tolera, o a lo sumo se pretende embridar sin eliminarlo.

Entiéndaseme. No exculpo a ninguno de los futbolistas que se benefician de él. Por tonto que uno sea, siempre sabe que si gana mucho dinero debe pagar a Hacienda, y también sabe para qué sirven los asesores fiscales en estas ocasiones.

 Tampoco yo sé absolutamente nada de medicina, pero sí lo suficiente como para acudir al médico de cabecera si me duele mucho el estómago. Lo que quiero decir es que no hablamos de la moralidad individual de un puñado de deportistas de élite, sino de una estructura profesional de fraude.

 Los clubes negocian con los representantes de los jugadores sus ingresos netos y, en consecuencia, la tributación se convierte en un coste empresarial cuya reducción se encomienda a potentes asesorías internacionales, generando un volumen ingente de beneficios que se financian a costa de los contribuyentes.

Aunque quizá no sea para tanto. Como expliqué en otra entrada aquí mismo, a las empleadas de hogar de los barrios humildes de Madrid que obtienen más de 12.000 euros anuales brutos por su trabajo sí que se les requiere sin falta si no declaran y se les hace pagar incluso, si están casadas y tienen cargas familiares e hicieron declaración conjunta con sus maridos, por los tipos más altos a que pueda dar lugar la renta familiar, más de lo que hubiesen pagado de haber tributado correctamente desde el principio. Sin excusa de recargos y sanciones, por supuesto.

A ellas habremos de agradecer la dicha de los astros del fútbol a los que admiramos."            (Ricardo Rodríguez , Rebelión, 12/12/16)

19.12.16

34 detenidos por el amaño de partidos de tenis en toda España

"La Guardia Civil de la Comandancia de Madrid ha arrestado a 34 personas acusadas de amañar partidos de tenis con la intención de ganar en las apuestas online, según fuentes de la investigación. Seis de los arrestados son jugadores seniors y amateurs que participaban en partidos por toda España. El montante de la estafa, realizada en los últimos meses, ha llegado al medio millón de euros.

La mayoría de los arrestos se han realizado en Sevilla y A Coruña, donde se encontraban los cabecillas de la organización. La forma de actuar era siempre la misma. Un jugador semiprofesional se encargaba de contactar con los jugadores que iban a disputar un determinado encuentro de carácter nacional o internacional sobre los que se podía apostar on line. 

Pactaba con ellos que perdieran un determinado set del partido. De este modo, conseguían ganar las apuestas en portales especializados de apuestas, con el consiguiente rendimiento económico. Parte de lo recaudado se lo embolsaban los deportistas. Estos tenían edades entre los 17 y los 30 años. Tan solo había un menor.

"Los más jóvenes no eran conscientes de lo que estaban haciendo y muchas veces lo hacían para conseguir dinero y poder participar en otros encuentros y así poder llegar a ser alguien en este mundo. Los más mayores lo admitían para ganarse un dinero", ha explicado esta mañana la teniente del equipo de Fraude Económico y Blanqueo de Capital de la Comandancia de Madrid, María Jiménez.

 El tenista intermediario tenía una relación de confianza con los deportistas a los que iba a corromper, ya que había competido con ellos o entrenaban juntos. Antes de disputar el partido, les ofrecía una cuantía concreta por amañar parte del partido, en especial perder algún set. Si no lograba su objetivo, les ofrecía pagarle el doble o el triple de la comisión inicial. Si tampoco lo conseguía, entraban ya en acción los dos cabecillas del grupo.

"En más de una ocasión, el intermediario les engañaba y no les daba el dinero pactado. En un caso le prometió 1.000 euros y tan solo le dio 300. En otro había pactado 500 y al final se quedó en 50. La excusa que ponía es que las apuestas no habían entrado y la organización no había cobrado", ha destacado la teniente Jiménez.

El estudio de la documentación ha permitido acreditar que esta organización ha participado en el amaño de 17 eventos deportivos celebrados en Sevilla, Huelva, Tarragona, Madrid y Oporto (Portugal). Los investigadores están a la espera de recibir información por parte de un portal de apuestas de si se produjo corrupción en otros eventos deportivos.

Las investigaciones comenzaron en Madrid ya la Tenis Integrity Unit (TIU, organismo encargado de velar por la integridad del mundo del tenis) denunció los hechos ante la Fiscalía Provincial de Madrid por un supuesto intento de corrupción en un evento deportivo, según ha informado el instituto armado. Los arrestos se han producido en Madrid, Sevilla, A Coruña, Pontevedra, Córdoba, Almería, Huelva, Cádiz, Barcelona, Cáceres, Badajoz y Ciudad Real.

Los afectados han reconocido los hechos, han identificado algunos eventos deportivos amañados y la forma utilizada por la organización, cuyo patrón se repetía en todos los casos.Los deportistas, en su mayoría profesionales, estaban en el ránking internacional entre los puestos 800 y 1.400. En el nacional, iban del 30 al 360, según fuentes de la Guardia Civil.

 Las mayores dificultades en las investigaciones se han dado por tener que cruzar gran cantidad de datos de apuestas. "Hemos ido buscando las casualidades hasta que hemos encontrado a las personas y hemos podido deducir el amaño. Lo esencial han sido las declaraciones", ha confirmado la teniente de Policía Judicial.

Este proceso lo han repetido en numerosos encuentros, por lo que las ganancias del grupo eran bastante altas. Los arrestados están acusados de un delito continuado de estafa, corrupción entre particulares y pertenencia a organización criminal. No se descarta que haya más detenciones en los próximos días, según fuentes de la investigación.




Cabecillas en A Coruña y Sevilla


La organización estaba dirigida desde A Coruña, donde reside el cabecilla, un exjugador profesional de unos 35 años que daba las órdenes de los partidos que podían ser amañados y organizaba el Telegram y el Twitter para comunicarse con los familiares e informarles de cuándo debían apostar.
Otra pata de la dirección de la banda estaba en Sevilla.

El gestor era el encargado de recibir el dinero a través de Paypal y de Neteller, dos plataformas de pago. Parte de ese dinero se daba al intermediario para que pagara a los jugadores estafados. Está especializado en apuestas on line, según la responsable de la investigación, la teniente María Jiménez.

Cuando ya tenían al tenista comprado, creaban un grupo de mensajería instantánea e informaban a sus personas y familiares del partido y el set amañado para que pudieran apostar."             (El País, 01/12/16)

16.12.16

El dircom del Santander niega que se sintiera amenazado por las acusaciones de Ausbanc sobre la muerte de Emilio Botín, pero el banco pagaba cerca de un millón de euros anuales por publicidad en sus revistas

" El director de Comunicación del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, ha negado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se sintiera amenazado por Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios de la Banca (Ausbanc) y ha defendido que la entidad pagaba publicidad en las revistas del grupo, entre ellas Mercado de Dinero, porque consideraban que lo valía.

Cendoya ha declarado como testigo ante Pedraz, juez central de instrucción número 1, y ha negado pagos para evitar que Ausbanc o su aliada Manos Limpias interpusieran denuncias contra la entidad financiera.

El Banco de Santander pagaba cerca de un millón de euros anuales en contratos de publicidad en las revistas de Ausbanc. A preguntas de la Fiscalía, Cendoya ha defendido estos pagos: porque consideraban que lo valía en virtud de la tirada y la penetración de estas publicaciones de Ausbanc.

Cendoya ha rechazado en todo momento haberse sentido amenazado por Ausbanc o su presidente. También ha rechazado haber sentido sensación de riesgo reputacional hacia el Santander en caso de no pagar estos contratos publicitarios.

Cuando recibieron la carta de Manos Limpias donde exponían sus dudas sobre las causas de fallecimiento de Emilio Botín, este testigo ha reconocido que habló con Luis Pineda porque le conocía desde hacían tiempo, quien frenó a Manos Limpias.

 Los registros policiales han revelado que, al tiempo que ser enviaba una carta a Ana Patricia Botín, hija del financiero fallecido y actual presidenta del Santander, Manos Limpias planificaba una querella para sembrar dudas sobre las circunstancias de dicho fallecimiento.

"El que se la hace a Ausbanc, la paga"

En los registros también se ha descubierto un correo de Luis Pineda dirigido a Juan Manuel Cendoya y fechado en diciembre de 2012, en los que el presidente de Ausbanc dice que iba a intervenir en la acusación contra Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid. Y Pineda concluye así este mensaje: “El que se la hace a Ausbanc, se la paga. Luis Pineda”, según fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional también ha interrogado al responsable de comunicación del banco Mare Nostrum, Alfonso José Cárcamo, que ha confirmado que la entidad dejó de pagar a la asociación de Pineda a su llegada al banco.

30.000 euros por un estudio

Por su parte, el director de Marketing de Skoda del Grupo Volkswagen Alberto García Sancho y la directora de Comunicación y Relaciones Externas de Volkswagen-Audi España, Eva Vicente Martín, han asegurado que Pineda les pidió 30.000 euros por la elaboración de un informe que incluía pautas para las marcas sobre una correcta publicidad.

Ausbanc les había demandado, en aquel entonces, por la forma en que se mostraba la letra pequeña en sus spots. El grupo alemán no pagó dicha cantidad.

La nueva ronda de declaraciones sobre el caso en el que se investiga a Ausbanc y el sindicato de Miguel Bernad, Manos Limpias, por extorsión y amenazas, continuará el próximo jueves.

Ese día comparecerán los directivos de Liberbank Ángel Miguel Marcos Maldonado y Carlos Rubio Vallina y el director territorial de Sevilla de Caja Rural del Sur, José María Vera López. La presidenta de Ecologistas en Acción en Talavera de la Reina, María del Prado Salmerón, y otras dos personas -Andrés Sánchez Giménez y María Isabel Salamanca- están citados para el 16 de diciembre.

Además, el juez ha librado exhortos a juzgados de Palma de Mallorca, Sevilla y Madrid para que se le remitan las actuaciones relacionadas con Antonio Ballabriga, jefe de Reputación Corporativa de BBVA, que fue acusado por Manos Limpias en el marco del caso Noos; el expresidente de Unicaja Braulio Medel, el responsable de comunicación de Facua Rubén Sánchez; el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa; y el que fuera delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos. Pide, además, que la Fiscalía Anticorrupción informe sobre las denuncias presentadas por Manos Limpias contra el banco Sabadell.

Supuesta trama de extorsión a entidades y directivos

El Ministerio Público tiene indicios de que Pineda conformó desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales junto con el sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernard, también se encuentra en prisión por la misma causa.

La operación, bautizada como 'Nelson', es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero de 2015, hace más de un año. Exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas.

En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus asociaciones, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados.

Según el fiscal del caso, Daniel Campos, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían "la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero", actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo."              (Público, 12/12/16)

15.12.16

Correa se benefició de su amistad con Aznar

"José Luis Peñas ha declarado este martes ante el tribunal que enjuicia la primera época de Gürtel. El exconcejal del PP en Majadahonda, que denunció a los cabecillas de la trama, ha dicho que estos usaban la organización de actos para el partido "como pantalla" para infiltrarse en los municipios madrileños. Surgían entonces los negocios urbanísticos, gracias a las buenas relaciones de Francisco Correa con miembros del PP, incluido el presidente del Gobierno de entonces, José María Aznar.

"Correa era amigo del presidente del Gobierno en aquella época", ha contado Peñas para ilustrar las relaciones del cabecilla del Gürtel, y cómo estos "tentáculos" le ayudaban en sus negocios. "Al estar integrados en el PP, el partido que maneja las instituciones, cuando no te aumentaban la edificabilidad, te aumentan el numero de viviendas, así los negocios te salen redondos", ha añadido.

Peñas ha explicado que eran esos negocios los que más beneficios daban a los líderes de la trama corrupta. La compra venta de terrenos dejaba importantes plusvalías, y "en esa intermediación ganaba el PP, ganaba el señor Correa, y ganaba todo el mundo", ha asegurado.

Correa dio una versión distinta en su declaración. Aseguró que había trabajado durante muchos años junto a él, pero que no hubo amistad entre ellos: "Con Aznar no tengo ninguna relación, he trabajado con él muchos años. Le miraba, él me miraba, pero no he sido amigo de él nunca".

El exconcejal del PP ha insistido en que la buena relación de Correa con los miembros del PP impulsaron sus negocios. Sus empresas "hacían todos los actos del PP", y que Correa y Pablo Crespo, su número dos, "tenían grandes amistades" con los integrantes del partido. Así, conseguían organizar los eventos mediante "contratos que estaban amañados".

Pero la organización de eventos no era el fin de la trama, sino un medio. "La organización de actos era la pantalla para introducirse en los municipios", ha explicado Peñas. A partir de ahí era cuando aparecían las oportunidades de negocio con el suelo de esas localidades madrileñas.

El de Aznar no es el único nombre de un alto cargo del PP que ha pronunciado Peñas. A la entrada a la sede de la Audiencia Nacional, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  "es el mayor responsable político" de Gürtel, "miró para otro lado" al conocer las actividades corruptas. Al igual que hizo, ha añadido, la expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre: " Tenían comunicación de todo lo que pasaba".

"Grababa mi vida"

Peñas ha explicado, a preguntas de la Fiscalía, cómo empezó a grabar a los cabecillas de la trama Gürtel. "Me encontré por casa una memoria USB que tenia posibilidades de grabar, más adelante compré un pequeña grabadora, y cuando tuve las dos llevaba las dos, en la americana, el bolsillo del pantalón, grababa mi vida, lo que yo decía y lo que la gente quería decirme a mí", ha contado.

De las grabaciones que realizó, entregó un total de 18 horas a la Policía y a la Fiscalía. Pero no entregó todo. Peñas ha reconocido ante el tribunal que destruyó parte de las grabaciones porque tenían "un carácter íntimo", en las que se hablaba, por ejemplo, "de fútbol, de si uno era del Atleti, o del Madrid". En las grabaciones que decidió borrar "el tema político y el tema empresarial no aparecían", ha dicho. El resto de acusados creen que destruyó las grabaciones en las que salía mal parado.
"Hay gente que ha escrito que yo era del CNI, nada más lejos, lo hice por sentido común", ha dicho Peñas sobre su decisión de empezar a grabar. Para ello contó con la ayuda del también concejal Juan José Moreno que, sin embargo, no denunció ante la Policía como sí hizo Peñas.

De Usera a Majadahonda

Peñas nunca estuvo afiliado al PP de Majadahonda. Según ha explicado, él era miembro del PP de Usera, y conoció a Guillermo Ortega, por entonces secretario general del PP de Madrid, que luego se convertiría en alcalde del municipio madrileño, en un master. Le propuso trabajar en Parla, y luego se lo llevó a Majadahonda como administrativo. Peñas hacía fotocopias, llamadas y atendía a los vecinos.

Ortega ascendió luego a alcalde, y Peñas llegó a ser primer teniente de alcalde de Majadahonda y concejal de Medio Ambiente. Fue entonces cuando conoció a la mujer de Correa, pero nunca tuvo mucha relación con él, en contra de lo declarado por el cabecilla de la red.

Con Correa, al que ha definido como "el jefe del aparato, el que llevaba la nave firme", apenas ha estado en cuatro o cinco ocasiones, ha dicho, y  "en ninguna  para desarrollar ninguna asociación de ningún tipo".

Sí que ha reconocido que recibió un regalo de la mujer de Correa, a través de la empresa de su empresa de viajes. Carmen Rodríguez Quijano le regaló su viaje de novios, una semana en las islas Mauricio. Peñas se enfrenta a una pena de seis años de cárcel por recibir regalos de la trama a cambio de adjudicaciones y por apropiarse de fondos del Ayuntamiento de Majadahonda."      (eldiario.es, 13/12/16)