"La Fiscalía de Bizkaia, una vez
concluida una larga investigación judicial, ha constatado que dos altos
cargos del Departamento de Sanidad cuando el consejero era Gabriel
Inclán y el lehendakari Juan José Ibarretxe (PNV), en concreto el
‘número dos’, Rafael Cerdán, y el director territorial de Bizkaia, José
Ramón Elorriaga, se saltaron de manera flagrante la legalidad para
beneficiar a dos empresas privadas del que era jefe de Calidad del
hospital de Cruces, el doctor José Carlos Margüello, y que figuraban a
nombre de una testaferro, María Nieves Fernández.
El
quebranto económico para el Gobierno vasco se estima en 6,8 millones de
euros y el ministerio fiscal, según la documentación judicial a la que
ha tenido acceso eldiarionorte.es, ha solicitado este lunes penas de
hasta once años de prisión, además de la restitución de todo el dinero
público desviado, al entender que los hechos son constitutivos de
delitos de “prevaricación en concurso medial con malversación”, “fraudes
ilegales contra la Administración” y “negociaciones y actividades
prohibidas a los funcionarios públicos”.
Fue el pasado mes de marzo cuando la juez instructora de
este procedimiento, conocido como ‘caso Margüello’, puso fin a la
investigación, propiciada en 2009 cuando el socialista Rafael Bengoa
relevó al frente de Sanidad al nacionalista Gabriel Inclán. Ahora la
Fiscalía de Bizkaia, comandada por Carmen Adán, ha dado el paso de
presentar su escrito de acusación contra los cuatro imputados, Cerdán,
Elorriaga, Fernández y el propio Margüello, de cara a la próximo
celebración de un juicio.
El documento reseña que
éste era “facultativo del sistema vasco de salud”, en concreto
responsable de la unidad de Calidad de Cruces. Sin embargo, apunta a que
al mismo tiempo “constituyó y gestionó de manera efectiva” dos
mercantiles, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI. No
obstante, en ellas figuraba como administradora Fernández.
“La acusada
se prestó a aparecer frente a terceros y frente a la Administración como
la titular y gestora de estas sociedades, realizando todos los trámites
necesarios para la adjudicación de los contratos [irregulares]”,
explica la Fiscalía sobre el papel de Fernández como testaferro de
Margüello.
Entre las gestiones llevadas a cabo por la
acusada, según el ministerio público, se halla una solicitud ante la
dirección de Sanidad en Bizkaia realizada en febrero de 2006, recién
constituida una de las sociedades, para que fuera dada de alta como
contratista.
Los técnicos denegaron ese plácet pero Elorriaga, en su
condición de máximo responsable sanitario de la provincia, intercedió
para que la firma de Margüello pudiese contratar con Osakidetza. La
Fiscalía sostiene que lo hizo “obviando todos los informes técnicos y
todo el procedimiento y controles legales exigidos” y que además no lo
registró formalmente “en el sistema informático de Sanidad”.
Si el 19 de junio de 2006 Gestión de Recursos Sanitarios XXI obtuvo la
autorización para contratar, el 26 de junio, sólo una semana después, el
viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, ya dictó una resolución por la
cual la compañía obtuvo un contrato de gestión de las listas de espera.
“Contra todos los principios que debían regir la contratación pública”,
Sanidad utilizó un “procedimiento de emergencia” a sabiendas de que no
era legal con tal de beneficiar a una empresa que, de nuevo, no estaba
legalmente habilitada para ello. La compañía de Margüello facturó un
total de 1,9 millones por este contrato entre 2006 y 2008.
"Favorecimiento" a Margüello
El resto hasta 6,8 millones son irregularidades en otro contrato, en
este caso vinculado a la rehabilitación de pacientes del área de
Bizkaia. De nuevo, Elorriaga benefició a Margüello para adjudicarle a
dedo el servicio. Primero anuló el concurso público iniciado para la
adjudicación, como exige la Ley de Contratos, y después inició un
“procedimiento negociado sin publicidad” con una única candidata, una
UTE formada por las sociedades Gestión de Recursos Sanitarios XXI y
Clínica Indautxu.
El presupuesto máximo del contrato
eran 212.800 euros pero Elorriaga y Fernández elevaron el montante anual
a 750.000 euros en 2007 y a 3,8 millones en 2008. En total, el Gobierno
vasco abonó a esta UTE 4,8 millones.
La Fiscalía
concluye: “Con la comisión por los acusados de los hechos narrados se
produjo un favorecimiento en las adjudicaciones públicas que concluyeron
en la entrega de elevadas cantidades de fondos públicos.
Todo ello con
lesión de los principios de legalidad, publicidad y concurrencia y con
un perjuicio económico por un importe total que asciende a 6,8 millones
de euros derivado de las adjudicaciones señaladas y contratos
celebrados, bien por su innecesariedad bien por el aumento de las
cuantías y subidas de precios y tarifas de los servicios prestados”.
Se da la circunstancia de que en 2011 otro juzgado de Bilbao archivó
una causa paralela abierta sólo contra Elorriaga por prevaricación en la
autorización como contratista de Gestión de Recursos Sanitarios XXI.
Según el juez que analizó ese asunto, " no puede
asegurarse que la autorización a Gestión de Servicios Sanitarios XXI
constituya una contradicción notoria, patente e incuestionable de la
legalidad por omisión de trámites esenciales del procedimiento o por el
contenido sustancial de la autorización". El PNV argumentó
entonces que "la exculpación de Elorriaga desmonta el argumento sobre la
existencia del trama Margüello", extremo que viene a contradecir la
Fiscalía." (eldiario.es, 12/12/16)
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