"La noticia
que Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte tenían jugosos contratos
de consultoría con una constructora siendo diputados es preocupante. Lo
es tanto por el contenido y la forma del trabajo que se supone estaban
haciendo estos políticos como por la actitud de todos los implicados
cuando se ha descubierto el pastel.
Empecemos por lo obvio: un político en activo, alguien que tiene un
cargo electo, no puede cobrar dinero de una empresa que tiene contratos
con la administración. Nunca. Es un obvio, notorio, tóxico conflicto de interés.
Parece mentira que uno tenga que decir estas cosas en voz alta a
estas alturas, pero es algo que todos los políticos y cualquier persona,
empresa, asesoría, despacho de abogados, ONG, asociación de vecinos o
club de petanca que interactúa con un cargo público deben recordar
absolutamente siempre: a un político no se le debe dar dinero en
el ejercicio de su cargo.
Ni dinero, ni regalos, ni viajes, ni
préstamos, ni reformas en la cocina, ni darles una paseo en burro. Nada.
Si el político recibe algo que le lucre de forma personal de cualquier
modo o le ahorre una cantidad substancial de dinero, ese donativo o
favor debe ser visto como algo inmediatamente sospechoso por todos los
implicados y debe ser evitado.
No, no hay excepciones. Incluso un regalo de cumpleaños cuesta más de
€30, debe ser quemado en una hoguera antes que caiga la noche. Por
precaución.
Si os fijáis, ni siquiera estoy mencionando nada relacionado con la
ley. Da absolutamente igual que la legislación española tenga lagunas en
este aspecto, y es más irrelevante aún que el receptor declare los
ingresos a hacienda.
Un político no puede tener conductas que
den pie a la más mínima duda sobre su honestidad, ni puede hacer nada
que pueda llegar a sugerir que en algún momento, en alguna decisión,
voto o conversación con compañeros de partido, funcionarios o ministros
sus acciones podían venir marcadas por una fuente de ingresos que no
fuera su salario como cargo público.
Si un político tiene una fortuna
personal o empresas antes de meterse en política, la gestión de estas
debe ser puesta en manos de administradores independientes (un blind trust)
antes de jurar el cargo. Si es un cargo sin dedicación completa deberá
recusarse de inmediato antes de tratar cualquier tema que pueda levantar
la más mínima suspicacia sobre posibles favoritismos o falta de
imparcialidad.
Trillo y Pujalte, obviamente, no cumplieron con ninguna de estas
condiciones. Como cargos públicos en puestos de responsabilidad dentro
de un partido político cualquier labor de asesoramiento a empresas que
tienen contratos con la administración es completamente inaceptable.
Si
estos contratos, además, pagan decenas de miles de euros anuales sin que
haya ni una sola prueba documental, informe, memorándum, notas a mano o
nada remotamente parecido a lo que se le exige a un consultor que te
está cobrando una tarifa de estrella internacional, los receptores
deberían abandonar la política de inmediato, muertos de vergüenza,
incluso antes que alguien llegue a plantearse si lo que han hecho es
ilegal o no.
Los genios que deciden sobre compatibilidades en el
Congreso pueden haber dicho que tener un despacho de abogados es
compatible con la labor de diputado todo lo que quieran: ejercer de
consultor de esta manera es completamente inaceptable.
Lo que me ha puesto especialmente de los nervios, sin embargo, ha
sido las respuestas de Trillo y Pujalte cuando se les ha preguntado por
este pastel. Su justificación es que la asesoría “verbal” era para temas
que no tenían nada que ver con la contratación pública, sino
“expansiones estratégicas”, “estudios de mercado” y demás perlas
parecidas.
Aún suponiendo que un político puede tener algo parecido a
personalidades múltiples y estancas y olvidarse sobre quién le está
pagando más de 100.000 euros al año fuera del Congreso cuando está
ejerciendo de legislador, el hecho que ni Trillo ni Pujalte parezcan
considerar anormal que alguien pueda dudar de ellos es asombroso. No
estamos hablando de un problema con Hacienda; el escándalo, insisto, no
es si han cumplido con el fisco, sino sobre la posibilidad que una
empresa privada les diera dinero a cambio de posibles favores.
Haya
sucedido esto o no, la mera posibilidad que esto hubiera podido suceder es un escándalo en el mejor de los casos, y motivo de cárcel en cualquier país medio normal.
Por añadido, y como decimos a menudo, no basta con hacer que esta
clase de conductas y relaciones incestuosas sean ilegales. La clave, y
lo que cualquier reformista debe tener como punto de partida, es que las
empresas lleguen a la conclusión que dar dinero a los políticos a
cambio de favores sea un gasto inútil, ya que estos realmente no toman
la decisión final sobre adjudicaciones, contratos, concesiones o nada
relacionado con el gasto público.
El problema, en este caso, es que en
Collosa / Corporación Llorente pudieran llegar a pensar que poniendo a
sueldo a cargos nacionales del PP estos les iban abrir puertas en
despachos en Castilla-León.
La corrupción es tanto un problema de oferta
como uno de demanda: para que un empresario deje de pagar por dar
favores debemos hacer que los políticos no puedan ofrecer venderlos.
En fin, creo que todo lo dicho arriba es obvio: conflictos de
intereses, recusaciones, imagen de imparcialidad, cosas bien básicas
sobre cómo debe funcionar una administración pública. Al menos, debería
serlo. Hay días que me pregunto si algunos políticos incluso se han
olvidado de esto." (Politikon,
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