Vicente Martínez Pujalte y Federico Trillo
"Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo
cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras
eran diputados, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún
informe que justifique los cobros. Trillo recibió 354.560 euros en casi
tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno.
Lo hicieron a través de
sus despachos de asesoría. La empresa pagadora es Grupo Collosa,
dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.
En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León,
desvelada por EL PAÍS, la Agencia Tributaria encontró contratos y
facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga
XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de
Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y ahora
senadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70% de las
acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ahora embajador de España
en Londres.
El contrato con la empresa de Trillo se firmó el 10 de febrero de
2006, cuando este era diputado en la oposición. En él, Collosa se
compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo
tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus
hijos, el 30% restante. El contrato fue prorrogado “de forma tácita” en
2007 y 2008.
El contrato recoge como objeto el “asesoramiento general y jurídico
de la empresa”, que incluye “el asesoramiento jurídico en los ámbitos:
administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil”, “los estudios
y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones
empresariales, diversificación y mejora en la organización” y “las
posibilidades de inversiones exteriores de la empresa”.
En 2006, Collosa pagó 104.000 euros; en 2007, 125.280, y en 2008,
125.280 euros, siempre según la Agencia Tributaria. Ante la inspección
de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio “ningún informe,
dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo [...] que
acredite la realización de los servicios prestados descritos en las
facturas”, según la Agencia Tributaria.
Trillo defendió este miércoles su trabajo para la empresa. “Collosa
es una constructora fuerte que quería una redefinición estratégica en el
mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”, explicó por
teléfono.
Según él, la firma intentó salir fuera de Castilla y León y
fusionarse con sociedades en otras comunidades, para lo que la asesoró:
“Sondeamos a otras empresas del sector, pero no era el mejor periodo. Le
echamos mucho tiempo y mucha energía a buscar fusiones”.
Un portavoz de Collosa admitió la existencia de esos contratos con
diputados en activo: “Los contratos se refieren a servicios de asesoría
al consejo de administración, que de manera habitual contrata a asesores
externos”. Y justificó que pagaran 9.000 euros al mes y que no haya
ningún documento que justifique el trabajo realizado: “Tienen naturaleza
de asesoría que no suelen materializarse en informes. En casi ningún
caso hay informes por escrito”.
Trillo coincidió en que su trabajo principalmente era sin documentos y
resalta que su actividad en Labor estaba aprobada por el Congreso:
“Labor no es un chiringuito, sino el despacho de mi vida, el que heredé
de mi padre”.
El exministro de Defensa y expresidente del Congreso negó
que tratara con Collosa sobre obra pública pese a ser uno de los
principales objetos de la sociedad: “Nunca me encargaron nada que
tuviera que ver con obra pública. La única que vi fue las Cortes de
Castilla y León [en la nueva sede participó Collosa] y ya estaba hecha”.
Destacó que no tuvo nada que ver con parques eólicos porque su
contratación es posterior a la aprobación de estos. Trillo criticó que
la Agencia Tributaria no le haya pedido su versión antes de enviar el
informe a Anticorrupción.
Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación
Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de
la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables,
concesiones y edificación. Solo en Castilla y León, entre 2006 y 2007,
facturó 134,4 millones a la Junta autonómica. Uniones de empresas en las
que participó facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese
periodo. La Agencia Tributaria la ha señalado como una de las
beneficiadas por el sistema de aprobación de parques eólicos en esa
comunidad.
Cuando en octubre de 2008 acaba el contrato con Trillo, Collosa firma
un contrato similar con otro despacho de diputados populares. Lo hace
con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y
Ana María Torme, compañeros de escaño en el hemiciclo.
El primero era
portavoz en la Comisión de Presupuestos y la segunda, diputada por
Valladolid. El contrato es de 5.000 euros al mes, menor que el de
Trillo. En año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa.
En el caso de Sirga, el contrato con la constructora asegura que es
para la “prospección y selección de mercados, asesoramiento o
implementación de estrategias de acceso. Consultoría y asesoría en
planificación estratégica global. Reportando los servicios de asesoría
al consejero delegado”. Al igual que con el despacho de Federico Trillo,
no hay documentos que justifiquen los cobros.
Torme aseguró a este periódico que ella no participó en el contrato
con Collosa, que era una actividad personal de Pujalte que, no obstante,
prefirió facturar a través de Sirga. Ella se limitó a cobrar por
publicaciones a través también de esa sociedad.
Pujalte dijo a este periódico que ese trabajo fue de asesoramiento al
entonces consejero delegado de Collosa, Mario Armero, porque en la
empresa había problemas de propiedad. Asegura que ni siquiera estuvo en
Valladolid, sede de la empresa, y que, por tanto, no tuvo relación con
sectores energéticos. Según explica, el objeto recogido en el contrato
sobre “prospección de mercados” es un formalismo. El diputado atribuye a
esas disputas en la propiedad el hecho de que no haya documentación que
acredite ese asesoramiento.
El informe de Hacienda asegura que Pujalte tuvo en 2009 unos ingresos
procedentes de Sirga de 40.880 euros; en 2010 de 65.706 y en 2011 de
96.456 euros, que se suman a los que recibe del Congreso. El diputado
tiene autorizada por el Congreso la compatibilidad para ejercer en ese
despacho. En su declaración de ingresos consta que en 2011 tuvo unos
ingresos de 44.168,41 euros, pero el informe de Hacienda asegura que
fueron 65.706 (un 48% más).
El diputado dijo desconocer el motivo del desfase, pero asegura que
todos sus ingresos de Sirga son correctos, sin que nunca haya sido
sometido a inspección alguna de Hacienda." (
Fernando Garea /
Rafael Méndez
, El País, Madrid
22 ABR 2015)
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