"El “caso Monasterio” ha provocado una profunda fractura y un daño irreparable en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).
Tras el escándalo, los titulares espectaculares y las horas de
tertulias televisivas, lo que queda es que el asunto se ha terminado
cerrando deprisa y corriendo, en falso, sin indagar demasiado en si,
entre los años 2000 y 2009, la líder de Vox Madrid, Rocío Monasterio, firmó proyectos de obra sin tener la titulación, tal como asegura el diario El País. Es cierto que el COAM no puede actuar contra la diputada y portavoz del partido ultraderechista en la Asamblea de Madrid.
Los estatutos del colegio establecen claramente que la Junta Directiva
de la organización colegial solo es competente para sancionar una
conducta determinada cuando se trata de un colegiado y la diputada de
Vox no estaba dada de alta cuando se produjeron los hechos. Como también
es cierto que de haberse producido alguna conducta irregular ya habría
prescrito, según consta en los estatutos de la institución. De ahí que
el resultado de la investigación interna abierta por el COAM no podía
ser otro que el archivo del asunto, tal como ha ocurrido finalmente.
Sin embargo, el “caso Monasterio” deja en la opinión pública española
–muy atenta a este asunto por la relevancia política de la afectada y
por el auge que ha adquirido la extrema derecha en los últimos años−, un
cierto regusto amargo, una extraña sensación relacionada con el hecho
de que, una vez más, los poderosos controlan los resortes del poder y
más tarde o más temprano terminan saliéndose con la suya.
A esa
impresión generalizada de que se ha echado tierra encima prematuramente,
y de que se podría haber hecho mucho más para aclarar si Monasterio
firmó aquellos proyectos arquitectónicos sin estar en posesión del
título oficial, ha contribuido la cuanto menos insuficiente y tibia
gestión del COAM, dirigido por la decana Belén Hermida,
que el viernes trataba de sofocar el incendio al convocar una rueda de
prensa urgente para decir que ella siempre ha defendido a sus colegiados
del “intrusismo” (como no podía ser de otra manera) y para acabar
reconociendo (quizá ya algo tarde) que firmar planos sin ser arquitecto
es una “irregularidad”.
No obstante, algunas dudas quedaron sobre la
mesa, sin resolver, como si es cierto que la “hemeroteca revela al menos
11 artículos en los que la dirigente de Vox se presentaba en esas
fechas como titulada sin serlo y que el COAM tuvo ya noticia en 2005 de
que no era colegiada”, según revelan los periodistas del El País.
El intrusismo es una práctica que se da en todos los oficios y que
compromete gravemente el principio de seguridad jurídica y el derecho de
los consumidores a ser atendidos por profesionales con su debido título
académico y su respectivo número de colegiación. El Código Penal
tipifica como delito de intrusismo la siguiente conducta: “El que
ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente
título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la
legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a
veinticuatro meses”.
Firmar proyectos de obra sin la preceptiva titulación en una
actividad tan compleja y delicada como la arquitectura es una grave
irregularidad que supone una quiebra del sistema en todos sus niveles.
Piénsese, por ejemplo, las consecuencias que podría acarrear que un
edificio se viniera abajo y se descubriera que las licencias del
inmueble no estaban en regla o que los arquitectos firmantes del
proyecto no eran tales, sino intrusos.
De ahí que cualquier Colegio, en
este caso el de arquitectos, deba intervenir, hasta sus últimas
consecuencias, para aclarar cualquier hecho que tenga que ver con un
supuesto caso de intrusismo profesional. Y ahí es donde surge la gran
pregunta: ¿Ha hecho el COAM todo lo que estaba en sus manos en el “caso
Monasterio”? Quizá a nivel interno y administrativo sí, pero no a nivel
judicial. Lo que pedían los arquitectos madrileños colegiados y la ética
deontológica profesional, recogida en los estatutos, era que la propia
decana hubiese actuado de oficio, instando a sus equipos jurídicos a
llevar el caso a los tribunales, si es preciso, para que sean los jueces
quienes diriman si ha habido alguna conducta reprochable con el
consiguiente perjuicio para la imagen de la institución colegial.
Una
demanda, denuncia o incluso querella, en la que el COAM se personara
como parte afectada o como acusación particular en defensa de los
intereses de los profesionales, era lo que pedía este asunto. Ni más ni
menos. Sin embargo, el equipo directivo de la decana (ellos sabrán por
qué) ha preferido limitar el expediente a la esfera corporativa,
privada, interna, extendiéndose la idea de que el COAM ha querido
quitarse la patata caliente de este oscuro episodio que huele mal desde
el principio.
No hace falta recordar que en los últimos tiempos se han dado abundantes casos de políticos implicados en falsificación de másteres y títulos universitarios
y que algunos de ellos han terminado en los juzgados. El “caso
Monasterio” debería haber seguido cuanto menos el mismo camino, aunque
finalmente se demostrara que la diputada de Vox era inocente o que los
hechos habían prescrito. En ese procedimiento se podría haber aportado
como prueba el vídeo de una comparecencia judicial en la que Monasterio
reconoce que no tenía la titulación cuando firmó aquellos certificados,
tal como asegura El País.
En la rueda de prensa, la decana ha tenido que dar explicaciones no
solo de por qué se ha archivado el asunto, sino de las últimas
dimisiones que se han producido en su Junta Directiva, compañeros sin
duda indignados con la gestión que el colegio profesional ha hecho de
este caso.
Al ser preguntada sobre cómo definiría la actitud de alguien
que firma planos justificando que es arquitecto cuando no lo es, la
decana solo ha podido responder que el Colegio defiende “a diario a sus
colegiados del intrusismo” y que para ella Monasterio es “una colegiada
más”. Con todo, ha terminado por comparar el caso con un médico o un
abogado que ejerce sin serlo para calificarlo de “una irregularidad”
(una irregularidad que va a quedar sin castigo, habría que añadir).
En cuanto a las dimisiones que se han producido a raíz del escándalo,
la decana confirma que han sido tres los cargos que han decidido dejar
sus puestos: el del secretario y dos vocales. Hermida recuerda que,
según los estatutos, la Junta puede funcionar hasta con un mínimo de
cinco personas, “y ahora son seis”. Pero que la organización colegial
pueda seguir funcionando, aunque sea en cuadro, no significa nada. Lo
más grave de todo es el “desprestigio” y la imagen del COAM, que queda
por los suelos, por culpa de una gestión que no ha sido ni todo lo
eficaz ni todo lo contundente que cabría esperarse de una organización
seria y respetada como esta." (José Antequra, Diario16, 01/03/20)
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