"El informe de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) resulta demoledor para el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, implicado en el caso Erial,
una inmensa trama de cobro de mordidas y envío de dinero negro a
paraísos fiscales. Desde los momentos iniciales de la investigación, los
agentes consideran que la empresa luxemburguesa Imision International está en el epicentro de la red y la relaciona con el “abono de una serie de comisiones de naturaleza ilícita de forma velada”.
“Existen indicios de la vinculación de Zaplana con los hechos que se
investigan, especialmente los asociados con la investigación de Imison.
Estos indicios se evidencian en dos vertientes diferenciadas: por un
lado existen indicios de su conocimiento y participación en las
operativas descritas y, por otro lado, de que habría sido uno de los
beneficiarios económicos de los activos”, según el informe de la UCO al
que ha tenido acceso Diario16.
Eduardo Zaplana fue detenido y acusado de haber participado en la adjudicación irregular de los contratos de privatización de las ITV, en 1998, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.
También se le imputa haber evadido las supuestas “mordidas”, unos 11
millones de euros, “obtenidas en esta operativa presuntamente
irregular”. El análisis de los documentos localizados en el maletín personal de Zaplana durante la entrada y registro en su domicilio –denominados por la UCO como “relato de Medlevante”–, ha permitido tirar del hilo.
Todo apunta a que la red tuvo una “forma de proceder y actuar”
prolongada en el tiempo, toda vez que los primeros documentos habrían
sido confeccionados en septiembre del 2001 y los últimos en mayo de
2018. En cuanto a la participación de Zaplana en esta gran trama de
supuesto cobro de comisiones y desvío de dinero negro a paraísos
fiscales, los agentes de la UCO aseguran que la investigación
desarrollada sitúa al exministro de Aznar en un plano
de jerarquía superior, “tanto en relación a las adjudicaciones
concretas” –ostentaba el cargo de presidente de la Generalitat
Valenciana–, “como en relación a la gestión del patrimonio ilícito
aparentemente obtenido fruto de las mismas”.
A lo largo de la investigación se han recopilado una serie de
“operativas” de la UCO en las que se evidencia esta participación
“velada y a través de terceros”. Así, la participación de Zaplana se
habría materializado “a través de diferentes reuniones personales” con
directivos de las empresas implicadas en las que supuestamente “se
habrían tomado determinadas decisiones”. Tal como consta en el informe,
resulta “recurrente” a lo largo de la investigación la vinculación de
Zaplana con determinadas personas en momentos concretos y
trascendentales de la investigación de la UCO. Así, considerando un
marco temporal que abarca más de 20 años –las pesquisas se inician en
1997–, el análisis efectuado ha permitido situar a Eduardo Zaplana en
una gran cantidad de reuniones que precisamente se producen con las
personas que, de manera directa y coetánea, estarían participando en la
operativa que se investiga: Juan Gabriel Cotino Ferrer, J.M.B.LL., F.G.J. y W.F. Belhot Fierro.
Empresas pantalla
Imison, una empresa sin aparente actividad y creada ad hoc
como “sociedad pantalla”, jugó un importante papel como “elemento
nuclear” de los hechos que se investigan, “que iría más allá de la
precitada instrumentalización”, según la UCO. Los agentes destacan el
perfil “offshore” de esta sociedad, que le permitió
“disfrazar sus vínculos societarios aprovechando la cobertura legal de
confidencialidad para ocultar a los titulares reales y los cambios que
se produjeron en relación a esta titularidad; elemento de especial
importancia considerando la operativa que tuvo lugar”.
Societariamente, Imison vino a conformarse “de manera velada” dentro de la estructura de Sedesa, otorgándole participación indirecta en las sociedades que precisamente gestionaban los servicios relacionados con la ITV –Valenciana de Revisiones SL– y el PECV –Proyectos Eólicos Valencianos SA–. De la gestión de esos servicios saldrían supuestamente las comisiones ilegales.
Según la UCO, la empresa se instrumentalizó como “vehículo
corporativo” a la hora de materializar el pago de las presuntas
comisiones, siendo transferida su titularidad desde las personas que
supuestamente abonaron las mordidas a los perceptores de las mismas.
Básicamente, Imison se utilizó para canalizar una serie de fondos,
aproximadamente 4,8 millones de euros, desde varios productos radicados
en el Principado de Andorra. Fondos cuyo origen se
establece en una serie de operaciones asociadas a dinero en efectivo. Se
constituyó como elemento aglutinador de un amplio conjunto de activos,
entre los que se encuentra la participación mayoritaria de la mercantil Medlevante. Es decir, Imison se creó para favorecer el flujo del dinero generado por la trama.
“En concordancia con lo que se venía exponiendo, la mercantil
Inversiones Imison SL, como apéndice en España de la sociedad
luxemburguesa, se habría instrumentalizado para, a través de una serie
de movimientos societarios y compraventas de participaciones, poder
justificar el desembolso de fondos y los movimientos monetarios a
Luxemburgo que se presumen comisiones ilícitas”, asegura el informe de
la UCO.
A tenor de los indicios recopilados, los pagos efectuados por el
grupo Sedesa a favor de la sociedad Imison Internartional, por la suma
de 6,4 millones de euros, se corresponderían con una comisión
desembolsada en atención a determinadas adjudicaciones públicas de los servicios de ITV y PECV. Evidencias éstas que se extienden a los pagos que este mismo grupo empresarial realiza a la otra sociedad luxemburguesa Fenix Investments.
El análisis efectuado ha permitido determinar que los fondos
transferidos a Imison por parte del Grupo Sedesa encontrarían su origen
en la venta de la empresa concesionaria del servicio de ITV: Valenciana
de Revisiones. Este mismo análisis ha permitido determinar que, una vez
conformados en Luxemburgo, parte de estos fondos fueron transferidos a
la sociedad Fenix Investments, utilizando para ello lo que, a juicio de
los policías, se correspondería con “un revestimiento formal carente de
justificación real: reconocimiento de deuda y préstamo”. De este modo,
J.F.G.G., a través de Fenix, habría sido destinatario de parte de los
fondos originados como consecuencia de la venta de Valenciana de
Revisiones.
El estudio pormenorizado de las operaciones económicas que se
desarrollan no solo determina “la realidad y el desembolso de todos
estos activos” que se presumen “objeto del soborno, estableciéndose la
trazabilidad de los pagos desde su origen hasta las fases de integración
más ulteriores y que se extienden hasta la actualidad”; sino que,
además, de este examen se constata la relación de estos activos con el
“presunto hecho primitivo que habría sido motivador del desembolso
–adjudicaciones públicas concretas–“. En ese sentido, se ha podido
determinar que parte de estos activos provienen de los ingresos que
obtiene Sedesa por la venta de la empresa concesionaria de la ITV.
“No se ha hallado evidencia alguna de que la transmisión patrimonial
con origen en Sedesa y cuyos destinatarios serían las personas
investigadas en esta línea –Eduardo Zaplana, F.G. y J.B.– tengan
relación y/o se encuentre justificado en relaciones comerciales,
actividad profesional ni a vínculos societarios. En este sentido, las
evidencias recopiladas a lo largo de la investigación apuntan a lo
contrario: que la justificación de esta transmisión se encuentra en el
hecho de que se trataría de una compensación económica en atención a determinadas adjudicaciones públicas”.
Para los agentes no “consta ardid ni apariencia de negocio en la
entrega de activos, como muestra la propia manifestación de la
administradora fiduciaria en Luxemburgo, Beatriz García Paesa: “Vicente Cotino
le llamó por teléfono y le dijo que las acciones de Imison, la
luxemburguesa, pasaban a manos de J.M.B. y las de Fenix a manos de
J.F.G.G”.
Las evidencias recabadas señalan que determinadas personas vinculadas
al Grupo Sedesa, entre las que se han recogido a lo largo de este
informe Vicente Cotino Escrivá o Juan Gabriel Cotino Ferrer
–en los términos señalados en relación a cada uno de ellos–, podrían
haber hecho, para este caso que se investiga, una “perniciosa
administración de las sociedades expuestas, conformando la persona
jurídica en un instrumento con el propósito de satisfacer el pago de
comisiones”.
La suma total de fondos que se conforma durante los años 2005-2009 en
la sociedad luxemburguesa Imison, abonándose mediante transferencias
bancarias desde España y Andorra, es de 11.209.028 euros." (Diario16, José Antequera, 14/02/20)
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