"La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, trabajará en el despacho de abogados Cuatrecasas con el
visto bueno del Gobierno, que le ha concedido la compatibilidad al no
observarse conflicto de intereses. Sáenz de Santamaría, sin embargo, no
ha tenido suerte. La probabilidad de que la Oficina de Conflicto de
Intereses, el organismo encargado de fiscalizar las puertas giratorias
de los altos cargos que salen del Gobierno, hubiera descubierto una
incompatibilidad a la exvicepresidenta es de apenas un 2%.
La
Oficina, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, solo ha dictado once resoluciones de incompatibilidad en los
últimos doce años (desde 2006) para ex altos cargos del Gobierno que
querían incorporarse al sector privado durante los dos años siguientes a
su cese, según datos obtenidos de una petición de información enviada
por eldiario.es a través del Portal de Transparencia.
Durante el mismo periodo, 295 altos cargos recibieron 525
autorizaciones de la entidad para incorporarse al sector bancario,
consultoras, despachos de abogados, fabricantes de armas, compañías del
Ibex-35 o para trabajar como autónomos, según la base de datos única publicada por eldiario.es.
La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2015 establece
que estos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, "no
podrán prestar servicios en entidades y empresas afectadas por
decisiones en las que haya participado" y deberían efectuar declaración
ante la Oficina de Conflicto de Intereses sobre las actividades que
vayan a realizar.
La Oficina solo ha hallado once
casos de incompatibilidad desde su creación en 2006: entre ellos, la
negativa a Isabel Martín, expresidenta de la sociedad estatal España,
Expansión Exterior, para fichar por la constructora Sacyr, el veto para
que María Flavia Rodríguez-Ponga se incorporara a la Mutua Madrileña
tras ser directora general de Seguros y Fondos de Pensiones o el fichaje frustrado de Ignacio Azqueta, ex director general del INTA, por el departamento de relaciones públicas de Airbus.
Pero, ¿por qué hay tan pocos casos de incompatibilidad?
Para Flor López Laguna, directora de la Oficina de Conflicto de
Intereses, la razón está clara: "Pues porque los altos cargos saben
perfectamente sus obligaciones y nos llaman y preguntan si se puede o no
se puede hacer. Y lo que saben que no se puede hacer, ya saben que esa
vía profesional no la pueden seguir".
Unas palabras pronunciadas durante su comparecencia en la Comisión del Congreso donde
se examinaba su idoneidad para seguir al frente de la Oficina. La
directora, que fue propuesta por el Gobierno de Sánchez, defendió su
"total imparcialidad e independencia" en los más de diez años
ininterrumpidos que lleva como máxima responsable del organismo.
Expertos y organizaciones critican la ausencia de una actividad de fiscalización de la Oficina. Por ejemplo, un informe de la asociación ¿Hay Derecho? denunció
que el organismo "no realiza ningún tipo de comprobación sobre la
veracidad de las declaraciones" que presentan los altos cargos. "Es
decir, se fía de lo que le dicen y hace un control meramente formal",
explica Elisa de la Nuez, secretaria general de la asociación.
Una situación que ya denunció un informe del Tribunal de Cuentas en 2016 sobre
el funcionamiento interno de la Oficina, asegurando que no estaba
cumpliendo con los objetivos para los que fue creada. El documento, que
analiza la actividad del organismo entre 2012 y 2014, critica que la
Oficina se limitó a solicitar aclaraciones a los ex altos cargos sobre
sus declaraciones pero "no desarrolló las facultares que le atribuye la
ley para verificar e investigar" la información declarada.
Fuentes
del ministerio confirman a eldiario.es que las comprobaciones que
realiza la Oficina de Conflicto de Intereses se limitan a solicitar
informes a los organismos en los que ha estado destinado el alto cargo.
Es decir, es el mismo Gobierno el encargado de comprobar los expedientes
administrativos en los que hubiera tenido participación el ex
responsable público.
En total, 295 altos cargos recibieron 525 autorizaciones para incorporarse al sector privado entre 2006 y 2019, según los datos analizados por eldiario.es.
Unas solicitudes que se multiplican tras el cambio de Gobierno y que
vieron cumplir un récord en el último trimestre de 2018, con 37
permisos. Fomento y Asuntos Exteriores, los principales puestos de
salida.
Falta de independencia
En 2018 y por primera vez
en 12 años, un alto cargo de Defensa recibió la negativa de la Oficina
de Conflicto de Intereses para trabajar en una empresa de armas. Desde
la creación de organismo, la regla ha sido la contraria: los Gobiernos de Zapatero y Rajoy permitieron a once ex responsables de Defensa trabajar
para compañías del sector armamentístico como Airbus, Santa Bárbara,
Indra o Expal. Todas recibieron adjudicaciones millonarias de la cartera
ministerial.
Y no son las únicas autorizaciones con
polémica de la Oficina de Conflicto de Intereses: Jaime Pérez Renovales,
subsecretario de la Presidencia, recibió el visto bueno para trabajar
en el Banco Santander; la Directora General de Servicios del Sistema
Nacional de Salud, María del Sagrario Pérez, consiguió el permiso para
incorporarse a CocaCola; Ana Isabel Fernández, exconsejera de la CNMV,
recibió la autorización para trabajar en la aseguradora Mapfre y la
Fundación del Banco Sabadell.
Autorizaciones que ponen
la lupa sobre la independencia del organismo. "¿Qué autonomía vas a
tener si estás inserto en la estructura jerárquica de un Ministerio", criticó a eldiario.es Marcos Vaquer,
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y
panel de un grupo de expertos que pidieron en el Congreso dotar a la
Oficina de mayor independencia.
"No se ha querido
nunca dotarla de verdadera independencia y la persona que está al frente
lleva mucho tiempo allí con gobiernos de uno u otro signo,
probablemente porque nunca ha molestado a nadie importante", critica
Elisa de la Nuez, que denuncia un acuerdo implícito entre los dos
grandes partidos.
Un pacto que se escenificó en la confirmación de Flor López
como directora de la Oficina de Conflicto de Intereses. Mientras que
los portavoces de Podemos y Ciudadanos cuestionaron la labor de la
candidata al frente de la oficina, los representantes de PP y PSOE se
deshicieron en elogios hacia López Laguna.
La escasa
labor fiscalizadora de la Oficina de Conflicto de Intereses, no
obstante, solo se circunscribe a los dos años siguientes a su cese como
alto cargo. Nada impide a un ex responsable público a fichar por la
empresa que quieran o ocupar el puesto que deseen dos años después de
dejar la Administración." (Raúl sánchez, eldiario.es, 11/03/19)
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