"Cuatrecasas fue condenado por ocho delitos fiscales pero evitó la
cárcel tras pactar con el fiscal y la Abogacía del Estado que dependía
de Santamaría.
Emilio Cuatrecasas, líder del bufete por el que ha
fichado Soraya Sáenz de Santamaría este lunes, es un viejo conocido de
la crónica judicial barcelonesa. En 2015 este abogado, cuyo despacho es
especialista en asesoría fiscal, fue condenado a ocho delitos contra la
Hacienda pública.
Tras un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la
Abogacía del Estado –que entonces dependía de la vicepresidencia del
Gobierno que ostentaba Sáenz de Santamaría–, Cuatrecasas aceptó una pena
de dos años de cárcel –que no cumplió– y una multa de 1,5 millones de
euros tras haber devuelto al erario público 4,1 millones,
correspondientes al importe defraudado más los intereses.
En la sentencia de conformidad, que recogía el fraude
admitido por el propio Cuatrecasas, se consideró probado que el abogado
defraudó 3,02 millones de euros en los impuestos de IVA (827.590,3
euros), Sociedades (312.887,95), IRPF (775.492,88 euros) y Patrimonio
(1.109.787,36 euros), entre los ejercicios fiscales de 2006 a 2008.
El
acusado devolvió, como paso previo a aceptar la sentencia que le
condenaba, toda la cantidad defraudad (3.025.758,54 euros) más unos
intereses de 1.107.468,67 euros. El pacto entre los defraudadores y la
acusación es habitual, ya que la Fiscalía de delitos económicos prioriza
la devolución del dinero a lograr condenas penales de cárcel, mientras
los condenados buscan atenuar la pena y salvar la cárcel mediante el
pago de las cantidades defraudadas.
El mecanismo por el que se concretó el fraude
consistió en consistió en deducir como gastos empresariales el coste de
su propia vivienda, segundas residencias, un barco de recreo y su
tripulación, que en realidad debían cotizar por los impuestos de
Patrimonio, IVA, Sociedades e IRPF. En concreto, la sentencia señala que
Cuatrecasas "desarrolló una sucesión de negocios simulados al objeto de
eludir la debida tributación de los diferentes impuestos".
Por medio de contratos de arrendamiento, tanto las
diferentes viviendas utilizadas por la familia (en Barcelona y el Valle
de Aran y una finca del Empordà), el barco de recreo, el mobiliario y
varios coches tributaron "como gastos vinculados a una actividad
empresarial, consiguiendo con ello su deducción en la contabilidad de la
sociedad, con el correspondiente ahorro fiscal y en perjuicio de la
Hacienda Pública". destaca la sentencia.
Los contratos de alquiler con los que se articuló el
fraude "comprendían los gastos por adquisición de mobiliario,
electrodomésticos, decoración, consumos y mantenimiento en general,
incluyendo el personal de servicio y la tripulación de la embarcación",
señaló el fallo.
La sentencia resaltó además que por más Hacienda
conociera los contratos y que Cuatrecasas no los ocultara, el método de
tributación "constituyó una apariencia jurídica cuya única finalidad
resultaba la indebida disminución de la carga fiscal que correspondía al
acusado", esto es, pagar menos impuestos.
El caso arrancó en 2011 con una querella de la
Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona por fraude fiscal contra
Cuatrecasas, que inicialmente fue archivada por el juzgado de
instrucción, aunque la Audiencia de Barcelona reabrió el caso en
septiembre de 2013, al entender que su entramado societario era simulado
y sólo perseguía obtener beneficios fiscales. El pacto, además de la
Fiscalía y la Abogacía del Estado, también fue suscrito por la
Generalitat, encargada de recaudar el impuesto de patrimonio." (Oriol Solé, eldiario.es, 11/03/19)
"Del hachazo a las renovables al banco malo: decisiones de Rajoy que beneficiaron al bufete que ha fichado a Sáenz de Santamaría.
Cuatrecasas, la firma que este lunes anunció el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, se ha beneficiado en los últimos años de varias decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy entre las que destacan los contratos que ha obtenido a raíz de los pleitos de inversores extranjeros contra España por los recortes del PP a las energías renovables y su papel en la creación y puesta en marcha del denominado banco malo (la Sareb). (...)
El bufete catalán, que se limita a señalar que sus
clientes son públicos, siempre y cuando no exista cláusula de
confidencialidad, logró también un hito al ser contratado en 2012 como
asesor en la constitución de la Sociedad de Gestión de Activos de la
Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad creada por el Gobierno de
Rajoy para agrupar los activos tóxicos de la banca española, cuyo mayor
accionista es el Estado a través del Fondo de Rescate bancario (45,8%).
Ese
encargo contribuyó a que la firma pudiera cerrar 2012 con un ligero
incremento de su facturación, a contracorriente del resto de la abogacía
en España, en un año complicado para las firmas como consecuencia de
las dificultades que entonces atravesaba la economía española. En ese
ejercicio, una de las pocas alegrías para el sector fue la amnistía
fiscal que benefició a más de 30.000 empresas y personas físicas, lo que
tuvo su reflejo en las contrataciones de servicios de asesoría para
acogerse a esa medida de gracia, posteriormente declarada
inconstitucional.
Tras la creación del Banco Malo en
noviembre de 2012, Cuatrecasas también asesoró a la Sareb en su
posterior ampliación de capital y emisiones de bonos por un valor
cercano a los 28.000 millones de euros. El bufete participó asimismo,
junto a otras seis firmas, en la valoración (due dilligence) de los casi
200.000 activos inmobiliarios tóxicos que le fueron transferidos a
Sareb, procedentes de las entidades nacionalizadas (Bankia,
CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia).
Se
desconoce el importe al que ascendieron esos trabajos, que estarían
recogidos en la partida de "servicios exteriores" de las cuentas anuales
de Sareb. Esta pasó de algo menos de 5 millones en 2012 (cuando Sareb
no tuvo actividad) a más de 298 millones en 2013 y 333 millones en 2014. (...)
Cuatrecasas logró su primer contrato con la Sareb tras
asesorar al Ejecutivo de Rajoy en la implementación jurídica del Fondo
de Financiación de Pago a Proveedores, dotado con un total de hasta
35.000 millones y destinado a sanear deudas pendientes de entidades
locales y Comunidades Autónomas en "la mayor operación de financiación
de la historia de España", tal y como destacó entonces la firma. Lo hizo
prácticamente gratis, ya que realizó ese encargo por la cifra simbólica
de un euro.
Al mando del "consejillo"
La
creación de Sareb o los recortes a las renovables no fueron
responsabilidad directa de Santamaría. No obstante, como número dos de
Rajoy y persona de la absoluta confianza del entonces presidente, la
entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a
todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como
responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el
órgano al que en el seno de la Administración se conoce coloquialmente
como "el consejillo", encargado de dar cada miércoles el visto bueno (o
no) a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.
La
exvicepresidenta va a aterrizar en Cuatrecasas cuando no han pasado ni
nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los
trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al
personal al servicio de las administraciones públicas en materia de
incompatibilidades.
"Tiene que ganarse la vida, pero
quizás es pronto para incorporarse", dice un antiguo compañero suyo en
el cuerpo de abogados del Estado, que considera "raro" que Santamaría ni
siquiera haya esperado los dos años que marca la Ley de
Incompatibilidades, si bien el segmento al que se incorpora (Mercantil)
"es el más neutro".
Su desembarco en la firma llega en
un momento en el que Cuatrecasas, pese a mantenerse como segundo
despacho de España por facturación tras Garrigues, no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.
Emilio Cuatrecasas se libró de pisar la cárcel gracias a
un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado, que
entonces tenía dependencia directa de Santamaría al
estar adscrita a la subsecretaría de Presidencia, "sin perjuicio de su
dependencia" del Ministerio de Justicia, en virtud de un Real Decreto de
enero de 2012.
Entonces, el responsable de esa subsecretaría era la mano derecha de la vicepresidenta, Jaime Pérez Renovales, que fue ascendido por el Banco Santander a los once días de dejar el Gobierno a su actual cargo, secretario general y del consejo de la entidad." (Antonio M. vélez, eldiario.es, 11/03/19)
"La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría trabajará en el despacho de abogados Cuatrecasas como socia del área mercantil.
La política, abogada del Estado y miembro del Consejo
de Estado, formará parte del Consejo de Administración y se incorpora a
Cuatrecasas como socia, según ha informado a Efe el bufete. (...)
La nueva socia de Cuatrecasas, que liderará y desarrollará la práctica
de Corporate Governance y Compliance de la firma, retoma desde este
lunes su carrera profesional tras cumplir con todos los trámites
exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al
servicio de las administraciones públicas. (...)
"Estamos convencidos de que su enorme talento será
muy valorado por los clientes que necesitan asesoramiento integral en
términos de cumplimento normativo corporativo. Se incorpora a una
práctica en crecimiento que es clave para la sostenibilidad de cualquier
empresa", ha reconocido Fontana.
Soraya Sáenz de Santamaría, de 47 años, ingresó en el
Cuerpo de Abogados del Estado en 1999. Ha sido vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales, además de portavoz del Ejecutivo. Fue portavoz
parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso en la IX Legislatura." (Público, 11/03/19)
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