"Al parecer, el ruido político causado por el conflicto territorial va a presidir la campaña electoral para las próximas elecciones legislativas españolas.
Y bajo el ruido van a persistir los problemas que asolan secularmente
el país, entre los cuales ocupa un lugar destacado el fenómeno de la
corrupción.
Hace
poco Transparencia Internacional —una organización que combate la
corrupción a escala planetaria— dio a conocer los índices de percepción
de la corrupción (CPI) de 2018. Como era previsible, España no sale muy
bien parada en el CPI: en una escala que oscila entre 0 (máxima
corrupción) y 100 (mínima corrupción) España tiene 58 puntos y ocupa la
posición 41 de 180 países, muy lejos del podio que ocupan Dinamarca,
Nueva Zelanda y Finlandia.
En el contexto de Europa occidental, España
tiene por delante 22 países y por detrás 8 (Malta, Italia, Eslovaquia,
Croacia, Rumanía, Hungría, Grecia y Bulgaria). A pesar de que entre 2017
y 2018 ganó un punto y escaló una posición, España es, junto con Malta,
la “democracia plena” (en el sentido de The Economist) que tiene peor puntuación.
Los datos de Transparencia Internacional confirman lo que se sabe
desde hace tiempo a través de otras fuentes. Los eurobarómetros, por
ejemplo, indican que la corrupción percibida en España es mucho mayor
que en el resto de la unión. En 2017, el 98 % de los entrevistados
españoles declaró que en su país el problema de la corrupción es
“habitual”, mientras que en el conjunto de la UE hizo esa afirmación el
68 %. Dos tercios de los entrevistados españoles aseguraron que la
corrupción había aumentado, una sensación compartida solo por la mitad
de los europeos. Etcétera.
Entre algunos círculos independentistas los datos de Transparencia
Internacional fueron recibidos con alborozo. Cuanto más corrupta sea
España más motivos tendrán los catalanes para irse. Este razonamiento
olvida un hecho elemental, que es la contribución catalana a la
corrupción en España.
Un buen muestrario de los casos de corrupción en
Cataluña lo ofreció en su día la CUP, que antes de hacer seguidismo
parlamentario al centro-derecha y conceder a Puigdemont los últimos
presupuestos aprobados en Cataluña, publicó un atlas de la corrupción
bellamente documentado que llevaba por título Llums i taquígrafs.
Si Cataluña fuera un estado, ¿cómo puntuaría en el CPI? Hay razones para
pensar que no mucho mejor que el resto de España. Al menos eso es lo
que se desprende de los barómetros sobre la corrupción en Cataluña que
publica la Oficina Antifraude. En 2010, el 61 % de los entrevistados
afirmó que en Cataluña había mucha o bastante corrupción. En 2012, el
porcentaje se elevó al 79,5 y en 2014 alcanzó un máximo del 82,3. En las
últimas ediciones el porcentaje se ha relajado (74,2 en 2016 y 71,9 en
2018) pero sigue siendo muy elevado.
Uno de los datos más espeluznantes del barómetro de 2018 es la mayor
tolerancia con la corrupción de los jóvenes catalanes. Según el
barómetro, 1 de cada 10 jóvenes entre 18 y 29 años considera muy o
bastante aceptable que un político dé su apoyo a un proyecto para
beneficiar a un grupo económico que haya apoyado a su partido, mientras
que entre los mayores de 30 años el porcentaje se reduce al 3,7 %. El
director de la Oficina Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, manifestó su
preocupación por este comportamiento, que atribuyó a una posible “crisis
de valores” y calificó de “fracaso social terrible”.
Es cierto que el Pla de Govern de Quim Torra contempla la
“aprobación e implementación de un plan de prevención contra el fraude y
la corrupción 2019-2021”. Pero también es cierto que ahora mismo no
parece que el gobierno de Torra esté muy concentrado en gobernar, y en
cualquier caso no hemos tenido más noticias de un plan que no figura
entre las prioridades de la legislatura. Entre otras cosas, Torra no
mencionó ni una vez la corrupción en su discurso para el debate de
política general del pasado 2 de octubre.
En las elecciones del 28-A los mismos que fueron descabalgados del
Gobierno por la sentencia del caso Gürtel van a ocultar la corrupción
bajo el manto de la sagrada unidad de España. Nada nuevo para Cataluña:
sin necesidad de suscribir la burda tesis de que el procés
nació para tapar la corrupción, es verdad que desde hace tiempo el
debate soberanista dificulta hablar en serio de la corrupción o de otros
graves problemas que tiene Cataluña y que no desaparecerán con la
simple independencia." (Albert Branchadell, El País, 06/03/19)
No hay comentarios:
Publicar un comentario