"La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer a la magistrada Pilar de Lara,
titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, una sanción de
siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta que
califica de "muy grave", de "desatención" en el ejercicio de las
competencias judiciales.
Al ser superior a los seis meses, la sanción
implica la pérdida de destino. De Lara (Cartagena, 1969) lleva desde
hace una década dirigiendo las principales investigaciones judiciales
contra la corrupción de todo tipo en Galicia, con políticos imputados de
todos los partidos, sobre todo del PP y del PSOE, funcionarios,
policías y guardias civiles, grandes empresarios detenidos por blanqueo y
cohecho y mafias de proxenetismo.
Aunque el fiscal del expediente
abierto contra la juez por dilaciones en la tramitación de las causas
solicitaba solo tres meses de suspensión de empleo y sueldo (lo que no
implicaba la pérdida de su plaza en Lugo), la cúpula del gobierno de los
jueces ha escuchado la demanda del promotor de la acción disciplinaria
en el CGPJ, Ricardo Conde,
exdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia con
los ministros del PP Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá entre 2012 y 2016.
La suspensión y el apartamiento de su plaza (y sus investigaciones)
de la impulsora de causas tan sonadas en Galicia como la Operación
Carioca, la Pokémon, la Cóndor, la Pulpo o la Garañón (que acabaron con
un buen puñado de carreras políticas en los últimos años) se anuncia a
las puertas de un nuevo largo periodo electoral. La decisión de la
comisión disciplinaria será ejecutiva una vez agotada la vía
administrativa.
La magistrada tiene un mes de plazo para recurrir en
alzada al pleno del CGPJ, aunque tal y como ha explicado su abogado, Agustín Azparren,
todos sus recursos hasta el momento no han sido tenidos en cuenta por
sus superiores jerárquicos en la cúpula del Poder Judicial. En caso de
que el gobierno de los jueces confirme la sanción, la magistrada aún
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera
del Supremo.
La juez anticorrupción ha recibido el anuncio de su próxima pérdida
de destino dos días después de notificar a las partes el auto con el que
pone fin a la investigación de la pieza principal de la Operación
Carioca, la mayor causa contra las mafias de proxenetismo que ha habido
en España.
En este auto dispone el inminente procesamiento por más de 70
delitos, incluida la agresión sexual, a un agente y avisa a la
Dirección General de la Guardia Civil de que es responsable subsidiaria
porque las actividades supuestamente delictivas del cabo eran
"sobradamente conocidas" por sus superiores.
La instrucción de macrocasos como el Pokémon, que al destapar
numerosos capítulos de corrupción contribuyó a cambiar el mapa político
gallego en las pasadas elecciones municipales, quedará ahora en manos de
un nuevo juez en Instrucción número 1 de Lugo. Carioca, Pokémon o
Cóndor, una operación contra el magnate del transporte de viajeros Raúl
López (Monbus) en la que llegó a estar bajo sospecha de Pilar de Lara el
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ocupan ya varios cientos
de tomos y centenares de miles de folios en un modesto juzgado de
provincias colapsado.
El abogado de la juez, que recurrirá hasta el final la sanción
impuesta, defendió ante el promotor de la acción disciplinaria que las
"dilaciones indebidas" de las que se acusaba a la magistrada se debían a
la falta de medios materiales y humanos que proporcionaba la Consellería de Presidencia
de la Xunta a este juzgado. También presentó alegaciones en las que
aseguraba que un buen número de los retrasos que los inspectores del
Consejo achacaban a De Lara eran falsos, porque correspondían a otros funcionarios y otros jueces.
Perdón a la juez pitonisa
El año pasado, sin embargo, el CGPJ archivó el expediente disciplinario por causa "muy grave" contra otra magistrada de Lugo que acabó siendo bautizada por la prensa como la "juez pitonisa". La comisión acordó, por cuatro votos frente a tres, no sancionar a la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, María Jesús García, por dedicarse en sus horas libres a echar las cartas del tarot a clientes en su domicilio.
Después de suspender de sus funciones judiciales a García por la
supuesta gravedad de los hechos desde el momento en que se incoó el
expediente disciplinario, el CGPJ consideró que la prueba en que se
basaba, una grabación del diario El Progreso en la que se la veía
presuntamente ejerciendo de pitonisa y cobrando la consulta, era ilícita
por hacerse con cámara oculta.
No obstante, aquel expediente tenía su
origen en una investigación iniciada en el Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia a partir de un escrito del presidente de la Audiencia de Lugo
en el que se denunciaba que la magistrada "de forma pública" repartía
octavillas por la ciudad "anunciándose como tarotista y vidente con gran
experiencia"." (Silvia R. , Pepe Seijo, El País, 28/03/19)
No hay comentarios:
Publicar un comentario