"La aparición de una copia del teléfono móvil de una
colaboradora de Pablo Iglesias entre el archivo incautado al comisario
Villarejo escribe un nuevo episodio de la actuación de la policía
política que albergó el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016,
durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, según sospechan los
investigadores.
Podemos se reveló como uno de los
objetivos de esa policía política por primera vez en enero de 2016,
cuando varios medios publicaron el contenido del informe PISA,
un documento policial con falsedades sobre la supuesta financiación
irregular del partido de Iglesias. Desde entonces, la formación busca en
los tribunales el origen y autoría concreta de ese informe. En las
últimas horas ha conocido que aquella no fue la única maniobra para
perjudicar a Podemos desde el Ministerio del Interior de la época.
En mayo de 2014, un terremoto sacudió la política
española. Podemos, la formación que se presentaba como heredera directa
del descontento del 15M, obtenía cinco diputados en las elecciones al
Parlamento europeo. Lo hacía contra pronósticos y encuestas. Su líder,
Pablo Iglesias, volaba a Estrasburgo y compaginaba la tarea de
europarlamentario con la dirección de un partido que no paraba de crecer
en la España que clamaba contra los recortes del Gobierno del PP.
En
octubre de 2015, Iglesias renunció a su acta de europarlamentario para
dedicarse por completo al partido en Madrid. En los 16 meses que había
ejercido de europarlamentario tuvo como asistente a Dina Bousselham,
sombra del líder de Podemos durante el periplo en Estrasburgo. Ella,
como el resto de equipo, regresó con Iglesias a Madrid.
Al
poco de volver a España, un día de noviembre de 2015, Bousselham fue a
hacer compras a un centro comercial de Ikea en la localidad madrileña de
Alcorcón. Allí le sustrajeron su teléfono móvil. El volcado de ese
teléfono ha aparecido entre la documentación incautada al comisario
Villarejo dos años después, en noviembre de 2017. El comisario guardaba un total de 40 terabytes cuyo contenido revoluciona la vida política española según va siendo desvelado.
Entre todos esos archivos hay muchos que no serán objeto de investigación judicial por
estar prescritos los delitos que se desprenden de ellos o porque se
trata de información personal que al comisario le gustaba acumular sobre
terceros, ya fuera para incorporar a los dosieres que vendía o
directamente como chantaje.
No es el caso del teléfono móvil de
Bousselham. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha
decidido abrir una pieza separada de inmediato y ofrecer la personación
con perjudicados a Iglesias y Bousselham. El caso Villarejo ya tiene su
pieza número 10. Una investigación declarada secreta.
En el teléfono móvil de Bousselham hay una ingente cantidad de información,
personal y política, señalan fuentes de la investigación. Este dato, y
que Pablo Iglesias haya sido llamado junto a la propietaria del
teléfono, confluyen en la tesis de que el robo del terminal es parte de
una operación parapolicial con el fin de perjudicar al líder de Podemos.
Tres meses después del robo, Podemos obtenía más de cinco millones de
votos en las elecciones generales e irrumpía en el Congreso como tercera
fuerza política con 69 escaños.
Eso ocurrió en
diciembre de 2015. El 22 de enero de 2016, a 24 horas de que se
constituyeran las Cortes, dos diarios digitales madrileños publicaban
sendas informaciones sobre el contenido del informe PISA. Los contactos
entre PSOE y la formación morada eran incipientes entonces. El Partido
Popular, con el control del Ministerio del Interior desde enero de 2012,
se arriesgaba a perder el Gobierno de la nación.
Informe PISA, primer ataque conocido
El informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Ánonima) había sido remitido desde la Dirección Adjunta Operativa -la estructura que escondía la brigada política y a la que estaba adscrito Villarejo- a la Comisaría General de Policía Judicial el 9 de noviembre de 2015. Interior seguía sin remitir el documento a la Fiscalía o a un juzgado cuando Manos Limpias se hizo con él y lo incorporó a una querella contra Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo, que despreció su contenido.
Para
ganar tiempo, la Policía de Fernández Díaz remitió el documento al
Tribunal de Cuentas en un hecho inédito. Su rastro desapareció allí,
pero sirvió para que el propio Gobierno exigiera a Podemos explicaciones
sobre una falsa financiación por Irán, mantra que a día de hoy siguen
repitiendo los responsables del Partido Popular.
Con el informe PISA, el Ministerio del Interior reeditaba las maniobras de la Operación Catalunya:
informes policiales sin firma ni sello, elaborados en ausencia de
cualquier control judicial, que atacan a la oposición democrática y que
culminan su periplo en medios de comunicación afines al Partido Popular y
su Gobierno.
Okdiario.com, el primero en publicar
sobre el informe PISA, difundió en julio de 2016 el contenido de un chat
interno de Podemos en el que Iglesias hacía comentarios de tipo sexual
sobre la presentarora de televisión Mariló Montero. Pantallazos de aquel
chat eran conservados por Bousselham en el terminal que le había sido
robado el mes de noviembre anterior, explican las citadas fuentes.
La
actuación de la brigada política de Interior contra los rivales
políticos del PP ofreció una nueva versión con el descubrimiento de la
Operación Kitchen. En este caso, el objetivo no fue otro partido
político sino un antiguo responsable del propio PP, Luis Bárcenas. Pero
el objetivo final era el mismo, beneficiar a la formación de Rajoy
retirando de la circulación documentación perjudicial para el partido en
el Gobierno." (Pedro Águeda, Aitor Riveiro, eldiario.es, eldiario.es, 27/03/19)
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