"Unas 430 cajas con documentación dispersa y el desorden consiguiente.
Sin estructura, ni correlación, ni justificantes, ni formularios, ni
facturas. "El archivo físico en donde se contenía la documentación
económico-financiera concerniente a la citada sociedad solo puede
calificarse de verdadero caos".
La Cámara de Cuentas hace referencia al Campus de la Justicia, aquel proyecto encargado en 2007 por Esperanza Aguirre para agrupar las 19 sedes judiciales en el barrio madrileño de Valdebebas.
La descripción corresponde al informe de
fiscalización con fecha del 22 de marzo de 2018 y ha sido rescatado este
martes por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. En el auto, recogido por Vozpópuli,
el juez cita a declarar a nuevos investigados en el caso y aprovecha
para detallar el "caos" en el que se intentó desarrollar el proyecto de
la Comunidad de Madrid. "La ineficacia global del proyecto es el reflejo de la ineficacia de los contratos que lo integraron".
"Disfunción contable"
Según el informe, se evidencia una "grave disfunción
contable" en la sociedad: en varios ejercicios los datos no eran
correlativos "ni en número ni en fecha". En el caso de las cuentas
correspondientes al ejercicio de 2012, fueron aprobadas por la Comunidad de Madrid
sin contar con el preceptivo informe previo de la Intervención General
que, según detalla el documento, se elaboró posteriormente. En alguna
ocasión, las cuentas fueron rendidas fuera de los plazos legalmente previstos; y en otras, carecieron del informe de gestión obligatorio.
Asimismo, los datos demuestran que desde la sociedad no se contó con la confirmación de saldos
una vez finalizados los ejercicios fiscales ni las operaciones
realizadas por la sociedad. "La información fue parcial e incompleta",
ha subrayado el magistrado en su resumen.
Hay una clara "inexistencia de documentos originales"
que den cobertura a las operaciones realizadas por el proyecto de
Aguirre. No constan, siquiera, los documentos originales vinculados a
las ampliaciones de capitales efectuadas por Campus de la Justicia.
No hay contratos
En la sociedad investigada no se seguía ningún
"criterio de racionalidad económico-organizativo". No se contó
prácticamente con ningún contrato de trabajo. "Las nóminas
y los documentos de cotización a la Seguridad Social aparecieron
desperdigados y por períodos incompletos", ha señalado el juez en el
auto.
De hecho, De la Mata hace hincapié en que todos los puestos de trabajo
en el marco del proyecto "se cubrieron por personas de confianza de los
gestores políticos del proyecto" y, en algunos casos, vinculados a "intereses privados". Pese a la falta de documentación, el informe al que hace referencia el juez menciona indicios de "numerosos despidos".
Sobre el señalamiento de "intereses privados", se detalla el caso particular de Isabelino Baños,
quien también ha sido citado para declarar como investigado el próximo
27 de marzo. La sociedad le encomendó elaborar el informe de valoración
de las ofertas y la propia adjudicación de un contrato; finalmente resultó elegida una empresa a la que el mismo Baños había estado vinculado años atrás.
En las 20 páginas del auto, el juez a cargo de la
investigación ha insistido en que el Campus de la Justicia no estableció
en materia de contratación un "sistema de control interno
sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables a estos procedimientos" ni de los
principios que deben presidir la contratación del sector público.
Sin facturas ni inventarios
Entre todos los papeles de la sociedad tampoco hay señales de ningún tipo de inventario de elementos del inmovilizado. Y en el período entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010 no hay registro de factura alguna que demuestre la realidad de los gastos efectuados.
En resumen, De la Mata ha subrayado la ausencia de documentación justificativa del proyecto,
la falta de criterios de racionalidad, la falta de rendición de cuentas
y las disparidades en las informaciones remitidas sobre inversiones y
de tesorería.
Ausencia de procedimientos
La Cámara de Cuentas ha determinado que en el Campus de la Justicia "no existía un trámite procedimental para definir y justificar" las necesidades
que se iban a atender en el marco del proyecto. Por ello, tampoco había
una correcta determinación del objeto de los contratos, por lo que al
final en la mayoría de las licitaciones no se pudo definir de forma adecuada la definición de las prestaciones recibidas. Al carecer de una estrategia definida, tampoco consta explicación sobre las razones por las que se contrató un proyecto u otro.
La sociedad tampoco contaba con una mesa de
contratación. Según el informe, en todos los concursos o procedimientos
abiertos del Campus se incluyeron "criterios subjetivos" que tuvieron "un peso muy importante en las adjudicaciones" y que no guardaban semejanza con los que enumera la legislación de los contratos en el sector público.
Otros gastos sin detallar
Consta que la sociedad Campus de la Justicia efectuó múltiples gastos en publicidad;
pero la mayoría de ellos no están acreditados en contrato alguno. En lo
que refiere a los gastos con expediente de contratación, la suma
alcanza casi el millón de euros, mientras que aquellos que carecen de
expediente se cifran en unos 5,4 millones.
En este apartado, se enumeran varias casos particulares, entre ellos el contrato fechado en 2008 con un fotógrafo
que llegó a cobrar un sueldo de 3.500 euros al mes: no hay registro de
justificación alguna sobre la efectividad de los servicios prestados al
proyecto madrileño.
La serie de gastos sin detallar es extensa; desde retiradas en efectivo
y uso de una tarjeta de crédito hasta pagos de matrículas
universitarias que no han podido justificarse hasta ahora. El importe
total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización
realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355 euros.
Sin embargo, de todo el proyecto sólo constan realizadas las obras de
urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina
Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono." (Liliana Ochoa, Vox Populi, 20/03/19)
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