"La red de sociedades que los investigadores de la operación Erial vinculan al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana
se nutrió de fondos procedentes de la familia Cotino, cuyo origen
estaría en el pago de comisiones por las adjudicaciones de licencia de
ITV y concesiones para la explotación de parques eólicos en la Comunidad
Valenciana entre los años 1997 y 2003.
Las pesquisas de la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, recogidas en el
sumario parcialmente entregado a las partes al que ha tenido acceso El
Confidencial, apuntan al buen negocio que aquellos concursos supusieron para los protagonistas de la causa.
A través de una venta presuntamente ficticia
de participaciones societarias, los Cotino y su grupo Sedesa (Asedes
Capital) pusieron en manos de los testaferros de Zaplana la sociedad
Imison Internacional, con sede en Luxemburgo, y 6,4 millones de euros.
Por su parte, el que fue jefe de Gabinete del expresidente autonómico y
presidente de la mesa de contratación de las ITV, Juan Francisco García, liquidó en 2012 la mercantil luxemburguesa también creada originalmente por los Cotino, Fenix Investment,
en una operación que coincidió con la regularización fiscal de 2,3
millones de euros aprovechando la amnistía tributaria ofrecida por
Cristóbal Montoro.
Los
investigadores sostienen que Zaplana y sus testaferros habrían podido
repatriar al menos tres millones de euros traspasando fondos desde Luxemburgo a sociedades españolas y también en Uruguay u Holanda.
A la vez, como consecuencia de otras diligencias que permanecen
secretas, la jueza Isabel Rodríguez se ha incautado de otros 6,3
millones de euros en dos cuentas suizas, de los cuales el 90% los atribuye al exministro y al resto a sus testaferros, Joaquín Barceló 'Pachano' y Francisco Grau, que también han pasado nueve meses en prisión preventiva.
Pero las sociedades españolas que sirvieron para blanquear el dinero
procedente de las comisiones, según los informes de la UCO, también
ingresaron cantidades millonarias de otros empresarios cuya
contraprestación es una incógnita para los investigadores. Muchos de los
negocios inmobiliarios de la red de Zaplana con fondos de procedencia
posiblemente ilícita se desarrollaron a través de las mercantiles Gesdesarrollos Integrales, Medlevante y Turnys Silvática.
Pero hay una cuarta denominada Costera del Glorio en la que
Anticorrupción detectó una entrada de 4,3 millones de euros en 2007
procedente de la empresa denominada Urbanizadora Somosaguas. Se trata de la mercantil, ya extinguida, del promotor Luis García Cereceda,
uno de los impulsores de La Finca, la urbanización de lujo ubicada en
Pozuelo de Alarcón (Madrid) que sirve de refugio a grandes fortunas y
famosos adinerados.
Cereceda falleció en 2010 y sus hijas
heredaron una de las grandes fortunas inmobiliarias del país, aunque
bastante envenenada como consecuencia de su apalancamiento y la crisis
económica. Sus hijas se han enfrentado por el control del legado, hasta
el punto de que una de ellas, Susana, fue investigada por recurrir al
comisarió José Villarejo para espiar a su hermana, Yolanda, a la viuda
del fallecido y al arquitecto Joaquín Torres, aunque ella lo niega rotundamente.
La Guardia Civil considera cuanto menos "llamativo" el pago de 4,3
millones de Somosaguas a Costera del Glorio porque supuso un enorme
ingreso en su cifra de negocio en 2007, pues la sociedad, formalmente
administrada por Barceló, no pasaba de facturar unos pocos miles de
euros al año.
"Resulta llamativo que durante los cinco años posteriores
al ingreso de Urbanizadora Somosaguas no se recojan nuevos ingresos en
la mercantil Costera del Glorio, siendo los pagos declarados más
significativos dedicados aparentemente a la adquisición de vehículos a
motor, joyas y reformas", además de a "la compra de un inmueble sito en
la calle Núñez de Balboa de Madrid". Los investigadores sostienen que el "verdadero beneficiario" del patrimonio de Costera era Eduardo Zaplana.
Y basan su afirmación en trasferencias directas de la mercantil al
exministro de Trabajo y a los seguimientos efectuados al mismo que
revelarían que era él, y no Barceló, quien disfrutaba de la vivienda
madrileña, recientemente vendida por 1,23 millones de euros.
El sumario
contiene fotografías de Zaplana entrando en el inmueble y usando las
llaves para abrir y cerrar, en uno de los muchos dispositivos de
vigilancia montados por la UCO, que incluyeron además pinchazos
telefónicos, micrófonos ambiente y localizadores GPS para vehículos.
Según
se admite en el sumario, los investigadores todavía no han sido capaces
de determinar las razones del pago de los Cereceda a la empresa ligada a
Zaplana. Pero llama la atención que el abono se produjera cuando el
investigado todavía estaba en la primera línea política. En 2007, de
hecho, ejercía de portavoz del Partido Popular en el Congreso, cargo que
mantuvo hasta abril de 2008, cuando dejó el puesto para fichar por
Telefónica.
En el mismo periodo en que se produjo el pago de la mercantil de los Cereceda a Costera del Glorio, según publicó 'Vozpópuli', se produjo otro intercambio económico entre los Cereceda y otra sociedad de Edmundo Rodríguez Sobrino,
considerado testaferro del expresidente madrileño Ignacio González por
los investigadores de la UCO en la operación Lezo. Los vínculos de
amistad y visión de los negocios entre Zaplana y González han quedado en
evidencia por las pesquisas y grabaciones de esa causa y por las conversaciones recogidas en la operacion Erial.
Cereceda también fue el empresario por quien intercendió Alberto Ruiz-Gallardón ante Miguel Blesa
cuando este era presidente de Caja Madrid, según revelaron los correos
internos del ejecutivo que se quitó la vida en julio de 2017." (Víctor Romero, El Confidencial, 14/02/19)
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