"Hasta en las instituciones corruptas e incompetentes hay trabajadores
leales y abnegados que tratan de servir al interés público.
Desgraciadamente, los corruptos a menudo ganan, y los que luchan por
hacer las cosas bien pagan por ello con su empleo o siendo difamados.
Les voy a contar tres de estas historias, que tienen lugar en el
regulador más importante, responsable de la competencia en todos los
mercados, desde los bancos a los seguros, pasando por las
telecomunicaciones, el ferrocarril, la electricidad, el gas o la leche:
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC.
La
CNMC nació con un enorme vicio de origen: fue creada por el Gobierno
del PP en 2012 para eliminar a la institución anterior, que había
conseguido independencia y prestigio. Demuestra cada vez con mayor
claridad que no es capaz de hacer su trabajo. Este grave problema,
lamentablemente, pasa por debajo del rádar de los españoles.
Al
contrario que otras agencias supuestamente independientes pero
brutalmente manipuladas, como por ejemplo el CIS, las chapuzas, errores y corruptelas
a las que nos ha acostumbrado la CNMC son desconocidas por la opinión
pública, en parte por el trabajo de su (esa sí, muy competente) área de
comunicación y en parte, quizás, porque sus errores y manipulaciones, al
contrario que los del CIS, tienen una naturaleza eminentemente técnica.
No voy a detallar todas las instancias de la demencial torpeza de la
CNMC, que salen en la prensa salmón de forma habitual; sirven algunos
casos sangrantes. Los expedientes caducan por pasarse de plazo
(18 empresas beneficiadas solo en diciembre de 2018). La pobre
construcción jurídica de las resoluciones lleva a que las multas se
anulen de forma habitual. Por ejemplo, fue anulada una multa de 61
millones de euros a la patronal de las eléctricas o una de 22 millones a
Repsol por manipulación de precios.
Los tribunales confirman las
resoluciones formales y anulan casi todas las sustantivas. Por otro
lado, cuando no se anulan, las multas son irrisorias a veces porque se
imponen por el área de regulación, con una normativa mucho más benévola
para los lobbies.
Todo esto, puede sonar muy técnico, pero importa, y mucho, a los
consumidores. Permítanme dos ejemplos concretos. La CNMC ha acreditado
que Endesa engaña a sus consumidores y les cambia de contrato sin su
permiso para subirles la factura de la luz.
La multa, 30.000 euros en
cada uno de los cuatro casos implicados, es tan irrisoria que incita a
seguir engañando a los clientes. Si se hubiera multado a Endesa por
abuso de posición de dominio (que es lo que estaba haciendo) podría
haber tenido que pagar el 10% de su cifra de negocio.
Otro ejemplo: la CNMC sancionó a Iberdrola por cerrar sus centrales
en diciembre, en momentos de máxima demanda para hacer subir los
precios. La multa, 23 millones de euros, parece alta si uno no conoce el
beneficio que recibió Iberdrola de esta manipulación: 21 millones, con
perjuicio al consumidor de 105 millones de euros.
Robe usted 20 millones. Si le pillamos, la pena será durísima: le
obligaremos, quizá, a devolverlo dentro de años. Muy disuasorio.
La relación de la CNMC con las administraciones es de sumisión: no
impugna normas nocivas para la sociedad, ni se publican estudios ya
realizados, por razones ajenas a la competencia (universidades,
generación eléctrica…). Se producen todo tipo de relaciones no públicas
con administraciones que aceleran o frenan la realización o publicación
de informes o decisiones de impugnación.
El funcionamiento del Consejo de la CNMC es todo menos profesional.
Los miembros son, en muchos casos, directamente representantes de sus
partidos. Recuerdan quizás el famoso caso Torremocha, consejero que, al
“estilo Tezanos”, permaneció en la ejecutiva del PP, con obligación de
obediencia al partido, en evidente violación de la ley y de cualquier
norma ética.
Hay también un consejero “de PDeCat”, apoderado de empresa
familiar, sin conocimiento alguno de competencia (y con el nombramiento
expirado hace año y medio), y otro que, aunque casado con la actual
ministra socialista de energía no ve problema alguno en participar en
las resoluciones y decisiones concernientes al departamento de su esposa
o participar en la fundación de lobbies de la energía.
Varias personas han tratado de hacer de la CNMC un órgano valiente e
independiente que genere ventaja para los contribuyentes. Sus destinos
nos dicen todo lo que hace falta saber sobre este organismo. El que fue
director de promoción, Antonio Maudes, se caracterizó por su
extraordinaria actividad en sectores fundamentales para incrementar el
bienestar de la ciudadanía y potenciar crecimiento económico. Su
voluntad de realizar estudios e informes sobre normas en materias
cruciales, sin dejarse afectar por las presiones de determinados lobbies
o administraciones, le granjeó la enemistad del consejo.
Atacó
restricciones a la competencia en sectores como la contratación pública,
el mal uso de las encomiendas de gestión, el mercado mayorista de
carburantes, las farmacias o los colegios profesionales. La manipulación
de su trabajo le llevó a dimitir.
La segunda persona no dimitió, sino que fue directamente despedida:
Mateo Silos, un brillante economista independiente. Conocen su trabajo
si han visto un gráfico comparando el retorno de una inversión en
licencia de taxi frente al Ibex 35 desde 2001 (el taxi, mucho más
rentable). Silos alertó, primero internamente, sobre la bajada
injustificada del nivel de las sanciones y el empleo de metodologías
inadecuadas, sin base económica para el análisis.
Tras ser despedido,
fue contratado por el regulador del agua del Reino Unido por concurso
abierto a economistas de todo el mundo.
El tercer caso es la antigua presidenta de la autoridad vasca de la
competencia, Maria Pilar Canedo (cuyo nombramiento propuse al ministro
de Economía por su prestigio y su trabajo independiente en el País
Vasco). En la CNMC, Canedo mostró su independencia rápidamente con cinco
votos particulares y un duro esfuerzo por subir las multas, votando en
contra de la fórmula de cálculo en todos los casos. Ella no ha tenido
(aún) que irse a vivir a miles de kilómetros de Madrid. Pero su
dramático caso muestra hasta donde llega el capitalismo clientelar para
protegerse.
Solicitó y recibió permiso de la CNMC para compatibilizar la docencia
e investigación con su trabajo de consejera. Realizó un contrato sin
sueldo con la universidad y se lo notificó a la Oficina de Conflicto de
Intereses (OCI) dependiente del Ministerio de Hacienda. Cuando le
notificaron que era incompatible dejó de dar clases. A pesar de ello la
OCI le abrió un expediente que caducó.
Increíblemente, la oficina,
notable por su tolerancia con las verdaderas corruptelas de los
políticos, vuelve a abrir el expediente y este enero lo resolvió
proponiendo infracción muy grave. La nota del ministerio, claro, no dice
que las clases se daban sin sueldo, ni que Canedo había pedido, y
recibido, autorización de control interno de la CNMC.
Este es el destino de los que intentan mejorar nuestro país. Si
queremos unas instituciones que funcionen, tendremos que trabajar por
ellas. No podemos seguir dejando que ganen los que quieren seguir así."
(Luis Garicano es Profesor de IE Business School y Responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, El País, 01/02/19)
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