"Inés Olaizola Nogales, catedrática de Derecho Penal de la Universidad
Pública de Navarra y autora del libro 'La financiación ilegal de los
partidos políticos: Un foco de corrupción', reconoce, no sin cierta
resignación, que casi ningún partido político se salva de la corrupción. (...)
Ha revelado que confía en un cambio porque "algo se está moviendo". A su
juicio, además de las reformas que se toman a nivel político,
administrativo y judicial para atajar la corrupción, la sociedad está
empezando a organizarse para, en la medida de sus posibilidades,
contribuir a erradicar estas prácticas.
Olaizola considera que en
España, debido a la democracia tardía, la indignación ciudadana no se
materializa en reclamación planificada. "Gritamos pero no reclamamos, no
tenemos cultura de rendición de cuentas". (...)
"Si los partidos no están sustentados económicamente por los propios
ciudadanos, los partidos se separan de los intereses de los ciudadanos. Y
además no tendrán que rendir cuentas a la ciudadanía porque no les
financia. Esto debe ser objeto de reflexión", ha resaltado. (...)
De hecho, Olaizola sitúa este punto entre las causas de
la financiación ilegal de los partidos. El escaso número de afilados,
junto con el "desmesurado" nivel de gasto de los partidos, la falta de
transparencia y la enorme jerarquización de las formaciones, son el
caldo de cultivo perfecto para la entrada de financiación ilegal. "Los
propios cargos públicos están sometidos al aparato de los partidos. Esta
presión se mitigaría con el sistema de lista abiertas".
Para facilitar la transparencia Olaizola propone que se adopten
fórmulas ya utilizadas y con éxito en otros países, como otorgar
subvenciones públicas en la medida en que las formaciones difundan las
aportaciones privadas recibidas. De esta manera, la ciudadanía conoce
qué empresas apoyan a qué partidos.
"Se debería seguir el ejemplo alemán
o el italiano, que por cada 50 céntimos llegados de empresas que hacen
públicos, reciben la misma cantidad de subvención. Así, con ese
incentivo, está garantizada la transparencia y al mismo tiempo la
financiación".
Olaizola también se he referido a las
"tentaciones" a las que están sometidos los cargos públicos y la
discrecionalidad y ausencia de controles en algunos ámbitos de la
actividad administrativa, especialmente en el ámbito de la contratación
pública. En este sentido aconseja rearmar y reforzar la Administración,
porque los sobornos, junto a la arbitrariedad de determinadas leyes
urbanísticas, han facilitado los delitos de cohecho.
El remate de esta situación es que aunque en teoría, no existe impunidad
ante estas conductas delictivas, la excesiva prolongación en el tiempo
las instrucciones de los procesos, juegan en contra. "Si no reformamos
la leyes procesales, es muy difícil que la persona que va a ser corrupta
se sienta intimidada.
Con la última reforma, la de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la gran medida estrella, la más aplaudida, fue
la duración limitada de los procesos, no más de 18 meses, y si no, se
cierran. Pero en la práctica, esto no es cierto. Además nadie ha dado
más medios a los juzgados, ni más jueces, ni más funcionarios, ni más
técnicos de hacienda...para hacer esto posible.
Desde determinados
sectores penalistas nos tememos que, esta medida de que los procesos no
van a poder durar más de cierto tiempo, es una forma de conseguir la
impunidad de determinados procesos que no son precisamente los abiertos
por los hurtos. Los procesos que duran son los grandes procesos
económicos, Bankia, o procesos de corrupción, caso Bárcenas, caso
Noos..."
Finalmente Olaizola ha puesto el foco y
sospecha en las fundaciones de los partidos. Faes, Ideas, Sabino Arana
actúan con libertad a la hora de recibir dinero de empresas. Los límites
de financiación se ponen por Ley a los partidos políticos pero no a las
fundaciones vinculadas a cada sigla, "cuando son una pasarela de dinero
a los partidos y no tienen obligación de publicar sus cuentas". (Natalia González de Uriarte
, eldiario.es, 05/12/2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario