"Como he descrito en el anterior artículo, los históricos dirigentes del pujolismo, en el caso denominado Pretoria,
crearon una trama dirigida a la realización de labores de
intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a
operaciones urbanísticas a cambio de la percepción de cuantiosas
comisiones, que procedían ulteriormente a ocultar tanto su titularidad
como el origen presuntamente delictivo de las referidas
ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento
posterior desvinculándolas de su origen mediante la utilización de
complejos entramados societarios y financieros.
Lluís Prenafeta, secretario de la Presidencia del Gobierno de Jordi Pujol desde 1980 a 1990, fue uno de los pilares del proceso ideológico y político que condujo a la actual ruptura del nacionalismo catalán,
derechista e insolidario, que está soportando Cataluña.
Prenafeta ya
había acreditado su vinculación con el sistema capitalista cuando el 5
de junio de 1989, siendo aún consejero de Pujol, se incorporó al consejo
de administración de Iberia de Seguros en representación de la sociedad
Vilassar Internacional, que había presidido Manuel Prado y Colón de Carvajal,
sociedad vinculada a su primo Isidor Prenafeta.
Esta decisión determinó
que la Fiscalía de Cataluña abriera una investigación penal contra
Lluís Prenafeta que no pudo concluirse por haberla impedido el entonces
Fiscal General del Estado. Su sesgo nacionalista quedó reflejado en la creación del diario El Observador --un absoluto fracaso-- y de la Fundació Catalunya Oberta. Resulta significativo que otro conocido pujolista de amplio historial delictivo, Javier de la Rosa, financiara a dicho diario con 1.000 millones de pesetas procedentes de Grand Tibidabo, lo que no impidió su cierre en 1993.
Desde estos antecedentes, no es extraño que posteriormente
emprendiera actividades económicas, esta vez de un nítido carácter
delictivo.
Ya dijimos en el escrito anterior que tanto Alavedra
como Prenafeta “reconocieron íntegramente”, dice la sentencia, los
hechos que se le atribuían por la acusación pública, una de las razones
por las que se les rebajó la pena solicitada por la Fiscalía. Ambos
reconocieron, entonces, la “estrecha relación personal” que mantenían
con Jordi Pujol y Artur Mas.
Prenafeta y Alavedra, “sabedores de la facilidad con que se movía Luis Andrés García
en los municipios ya referidos y del ascendiente e influencia que
también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos ce Cataluña,
se concertaron con el anterior, percibiendo ilícitas comisiones
procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron
obtener cuantiosos beneficios derivados de operaciones inmobiliarias
especulativas realizadas en (el) municipio a costa y en perjuicio del
interés público”. Actividades que Prenafeta desarrollaba por mediación
de la sociedad Poliafrers S.A.
La actividad de ocultación y afloramiento de las ganancias procedentes de los delitos de tráfico de influencias,
Prenafeta las llevó a cabo del siguiente modo, lo que determinó la
comisión y posterior condena por el delito de tráfico de influencias.
Ocultó fondos, que, entre 2000 y 2007, se elevaron al menos a 14.984.865 euros,
de los cuales 452.290,08 procedían de la actividad delictiva cometida
por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas y de otras
actuaciones de intermediación prestadas a diversas multinacionales a
través de empresas domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas;
beneficios que fueron ocultados a la Hacienda Pública
eludiendo, como era obvio, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Delitos, estos últimos, por los que no fueron condenados por haber
regularizado sus deudas fiscales o por prescripción de los mismos, pese a
su elevada cuantía. Es una muestra de las debilidades del sistema penal
ante la delincuencia de los poderosos.
Para
mantener la opacidad y encubrir la titularidad de los fondos, Prenafeta
contó con la “indispensable colaboración de su esposa, Maria Lluïsa Mas Crusells”,
creando sociedades instrumentales en territorios off shore, en las que,
a su vez, figuraban como socios otras sociedades fiduciarias
domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, en las Islas Seychelles y
en Madeira.
Para dificultar el seguimiento de sus operaciones,
Prenafeta utilizó numerosas cuentas en entidades bancarias domiciliadas
en el extranjero, que funcionaron como “cuentas puentes” para los
movimientos de sus fondos en efectivo. Fondos, los dispuesto en
efectivo, que se elevaban a 7.072.792,55 euros, y mediante
transferencias, a 7.029.999,23 euros.
Esta fue, resumidamente, la intensa actividad delictiva, generadora de cuantiosos beneficios económicos, de los primeros dirigentes políticos del nacionalismo catalanista.
Los actuales dirigentes y seguidores del independentismo están
obligados, sin demora, a conocer y divulgar esta sentencia para que,
unos y otros, sepan que sus orígenes se caracterizaron por la total
ausencia de ética pública y la utilización del poder político para su
enriquecimiento, sacrificando los derechos y necesidades de los
ciudadanos.
Y, todo ello, cuando aún están pendientes las decisiones
penales definitivas sobre la familia Pujol y sobre el 3%.
Ante estos tan enormes como ilícitos beneficios, tenemos razones para
dudar sobre cuál es el auténtico origen de los fondos que el movimiento independentista,
en horas, dispone para satisfacer de forma tan inmediata las exigencias
de fianzas penales y civiles del principal proceso penal contra sus
presuntos responsables penales."
(Carlos Jiménez Villarejo, Ex fiscal jefe anticorrupción, Crónica Global, 09/07/18)
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