"La Banca Privada d’Andorra (BPA), la entidad financiera elegida por el clan Pujol para ocultar su fortuna, manejó una caja b.
Un sistema de pagos secreto que permitió abonar más de 46 millones de
euros en comisiones a 120 directivos, empleados e intermediarios del
banco.
El esquema se ideó para burlar al fisco y los controles de
prevención de blanqueo, según los últimos datos de la investigación que
dirige la magistrada andorrana Canòlic Mingorance.
El circuito de pagos paralelo funcionó entre 2007 y
2015. Las autoridades del Principado intervinieron este último año la
entidad por un presunto delito de blanqueo.
La caja b operó a través de una sociedad panameña
participada en un 50% por el que fuera director general y consejero
delegado de BPA,
Joan Pau Miquel. Aunque sobre el papel, la mercantil se dedicaba a
asesorar a la entidad bancaria -su único cliente-, la finalidad real era
mover el dinero destinado a primas y comisiones de directivos,
empleados y comerciales.
Las transferencias del sistema paralelo se ordenaron a
espaldas del Consejo de Administración del banco. Y ni siquiera los
miembros de este órgano de gobierno conocieron que, tras la mercantil,
se amagaba el máximo ejecutivo de la BPA, según la investigación judicial.
El exdirector general y exconsejero delegado de la
Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel maniobró para proteger su
millonario patrimonio de las garras de la Justicia tras ser arrestado,
según la Policía de Andorra.
Siete meses antes de que las autoridades del Principado intervinieran la BPA y detuvieran a Miquel, en marzo de 2015, el directivo donó todas las acciones de su sociedad panameña Feyman Investment Corp. a su esposa e hijos. La firma registró una ampliación de capital de 13,7 millones de euros en noviembre de 2015, cuando Miquel llevaba ocho meses en prisión.
Los investigadores sospechan que esta secuencia se ejecutó para permitir a la esposa del exconsejero delegado de la BPA controlar el patrimonio inmobiliario y los fondos que el exejecutivo manejó en una cuenta en el Rothschild Bank de Suiza. “Una vez intervenida la entidad bancaria y detenido, [Joan Pau Miquel] habría realizado una maniobra de ocultación de su patrimonio en beneficio de su esposa e hijos”, señalan los investigadores.
Siete meses antes de que las autoridades del Principado intervinieran la BPA y detuvieran a Miquel, en marzo de 2015, el directivo donó todas las acciones de su sociedad panameña Feyman Investment Corp. a su esposa e hijos. La firma registró una ampliación de capital de 13,7 millones de euros en noviembre de 2015, cuando Miquel llevaba ocho meses en prisión.
Los investigadores sospechan que esta secuencia se ejecutó para permitir a la esposa del exconsejero delegado de la BPA controlar el patrimonio inmobiliario y los fondos que el exejecutivo manejó en una cuenta en el Rothschild Bank de Suiza. “Una vez intervenida la entidad bancaria y detenido, [Joan Pau Miquel] habría realizado una maniobra de ocultación de su patrimonio en beneficio de su esposa e hijos”, señalan los investigadores.
La sociedad utilizada para los pagos
opacos, Landstreet International, aparece en las pesquisas de la
Operación Bonus. Una causa judicial que indaga los presuntos delitos de
abuso de posición dominante, administración desleal, falsedad de cuentas
sociales y blanqueo de capitales.
La investigación revela que la BPA pagó desde 2007 a
través de Landstreet International 35 millones de euros a 27 directivos y
empleados del banco. Entre los beneficiarios figuraron el exconsejero
delegado Joan Pau Miquel, que percibió 12,7 millones de euros; el
exdirector general adjunto Xavier Mayol González (1,3 millones); y el
que fuera accionista mayoritario de la entidad, Higini Cierco (648.500
euros).
La conexión chavista
La caja b se utilizó también para retribuir las
comisiones de comerciales. Uno de ellos fue Luis Alejandro Rivero,
gestor de las cuentas en la BPA del empresario Diego Salazar, primo del
exministro de Energía de Venezuela Rafael Ramírez, y presunto miembro de la red que expolió la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). La BPA abonó 3,4 millones de euros a Rivero, según las pesquisas.
El financiero Gabriel Guillermo Salas Ely, de la
agencia de fondos de inversión venezolana Inveramerica e intermediario
que “facilitó la ocultación de dinero a PDVSA y Eléctrica de Caracas”, cobró 1,2 millones de euros de Landstreet International, según la Policía de Andorra.
2,9 millones para el asesor del presidente de Azerbaiyán
El abogado suizo Olivier Leon Georges Mestelan
recibió -según las pesquisas- 2,9 millones de euros del sistema opaco.
Los investigadores se refieren a Mestelan como “asesor” del presidente
de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.
La caja B de la BPA
también transfirió en septiembre de 2008 un total de 603.382 euros a
Oriol Puig, director del Servei Meteorològic de Catalunya y hermano del
exconseller Felip Puig. La Policía de Andorra considera que el dinero
que percibió Oriol Puig de la BPA “no estuvo justificado”.
Landstreet International manejó cuentas en el banco
andorrano donde figuró como titular Josep Maria Frases Homedes, un
andorrano de 50 años que la juez tilda de “testaferro”.
Por otra parte, junto al director general de BPA,
propietario del 50% de la sociedad utilizada para los pagos opacos,
figuraron en Landstreet International los gestores de fondos Javier
Escoda y Daniel García, que controlaron, respectivamente, el 35% y 15%
de las acciones de la firma panameña, según la Policía de Andorra.
El contrato de asesoramiento de Landstreet
International fue acordado en junio de 2007 por el Consejo de
Administración del banco. Durante su declaración judicial, Escoda y
García aseguraron que desconocían que la mitad de la sociedad panameña
era propiedad del director general de la BPA. Creían, dijeron, que las
acciones estaban controladas por la entidad financiera. Y justificaron
que figuraron como empleados de la BPA “por razones administrativas,
para poder cotizar a la Seguridad Social andorrana y obtener la
residencia en el Principado”.
Los dos gestores y socios minoritarios de Landstreet
indicaron a la juez desconocer que la sociedad se utilizó, también, para
el pago de primas a directivos y comisiones.
Comisiones a través de Suiza
Del rastreo de las cuentas de la sociedad panameña se
ha podido determinar que Joan Pau Miquel ingresó 12,7 millones de
euros, Javier Escoda 8,3 millones y Daniel García 4,4 millones. Los
gestores cobraban sus comisiones en cuentas de la BPA y en otra que,
según ellos, les abrió Miquel en el Rothschild Bank de Suiza.
EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión del
exdirector general y exconsejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel. El
exdirectivo permaneció en prisión preventiva entre marzo de 2015 y enero
de 2017.
Las autoridades andorranas intervinieron en marzo de 2015 la BPA
por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los dueños del banco,
que llegó a tener 9.000 clientes y un volumen negocio de 8.000 millones
de euros, niegan estas acusaciones. Andorra suprimió el pasado año el
secreto bancario.
El exdirector general y exconsejero delegado de la
Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel empleó la sociedad
panameña Landstreet International, que operó como caja B
del banco, como un “puente” para abonar primas y dádivas “en casos de
corrupción”, según un auto de la juez andorrana que instruye la
denominada Operación Bonus, Canòlic Mingorance.
Junto a la fortuna de la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, la BPA fue la entidad elegida por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, implicado en la mayor trama de sobornos de América, y la red de blanqueo de Gao Ping.
“Mediante facturas falsas se obtenían ingresos de BPA de millones de euros y posteriormente se retribuían mediante pagos en efectivo con primas no pactadas ni declaradas a ciertos directivos de la entidad a su arbitrio”, recoge la juez.
“[Landstreet] también se empleó para retribuir a ciertos prescriptores que no querían figurar en la entidad bancaria por motivos de compliance (prevención de riegos), y para pagar dádivas en casos de corrupción”.
“Aprovechando que Landstreet era una sociedad off shore y que sus cuentas eran titularidad de un testaferro, la firma se convirtió en una sociedad pantalla, con cuentas puente, para cometer diversos ilícitos penales”, indica la juez." (Joaquín Gil, El País, 22/04/18)
Junto a la fortuna de la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, la BPA fue la entidad elegida por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, implicado en la mayor trama de sobornos de América, y la red de blanqueo de Gao Ping.
“Mediante facturas falsas se obtenían ingresos de BPA de millones de euros y posteriormente se retribuían mediante pagos en efectivo con primas no pactadas ni declaradas a ciertos directivos de la entidad a su arbitrio”, recoge la juez.
“[Landstreet] también se empleó para retribuir a ciertos prescriptores que no querían figurar en la entidad bancaria por motivos de compliance (prevención de riegos), y para pagar dádivas en casos de corrupción”.
“Aprovechando que Landstreet era una sociedad off shore y que sus cuentas eran titularidad de un testaferro, la firma se convirtió en una sociedad pantalla, con cuentas puente, para cometer diversos ilícitos penales”, indica la juez." (Joaquín Gil, El País, 22/04/18)
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