"El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto
con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague
retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales,
secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que
estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que
permitan agilizar la justicia madrileña.
En total, son 32 los juristas
que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco
Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a
Indra un desembolso cercano a 230.000 euros.
Paga Indra porque así lo establecen las bases del concurso público
que ganó esa empresa, según fuentes de la compañía, pero la orden de
esos pagos proviene de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de
su filial 100% pública ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de
la Comunidad de Madrid).
Las relaciones contractuales entre ICM e Indra
están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco en el marco de la Operación Púnica,
ante los numerosos indicios que apuntan a la existencia en el pasado de
facturaciones falsas del Gobierno de Ignacio González a través de
Indra. El actual consejero de Justicia de Madrid, Salvador Victoria, es uno de los tres aforados que han salido salpicados en la red púnica.
Este sistema estructurado y periódico de pagos a juristas (a razón de
entre 400 y 600 euros al mes, en función de la duración de cada una de
las tres fases de que se compone el proyecto tecnológico) fue ideado
durante la etapa final del mandato de Esperanza Aguirre (en diciembre de
2011). No obstante, la segunda
y la tercera fase (las más importantes y mejor nutridas económicamente
por el Gobierno regional) se están consumando y ejecutando durante el
Ejecutivo de González.
En la práctica, la inmensa mayoría de las empresas privadas contratan
a técnicos informáticos para que introduzcan y enseñen a sus
trabajadores, con obligación de asistencia, las nuevas tecnologías, pero
normalmente no se retribuye a los trabajadores por esa formación. En
este caso, los jueces exigieron cobrar por su participación y Justicia
trasladó a Indra los pagos. (...)
Para construir las nuevas herramientas informáticas, Indra necesitaba la
colaboración de los usuarios (los juristas) con el fin de conocer sus
necesidades e implementarlas mediante la adecuada aplicación
informática. Pero los jueces se negaron ante Justicia a colaborar si no
se les daba una compensación económica por asistir a las reuniones con
los técnicos de Indra.
Y así lo expuso en distintas reuniones, en nombre
de ellos, el presidente del TSJ de Madrid. Fue entonces cuando el
Gobierno de la Comunidad de Madrid pactó que fuese Indra —como
adjudicatario del proyecto informático, que empezó a finales de 2011 y
cuya tercera fase está previsto concluya en 2017— la que pagase a los
juristas. Las tres fases para acometer este proyecto tecnológico se las
ha adjudicado Indra, en concurso abierto. Al último concurso, el ahora
en marcha, solo concurrió Indra. (...)
Distintas fuentes judiciales han mostrado su sorpresa a EL PAÍS por
que se estén dando retribuciones a jueces y fiscales por colaborar en la
construcción de sus propias herramientas informáticas. “No sé si será
legal, pero desde luego parece poco estético”, afirma un magistrado.
Les
llama la atención que estos pagos “no los haga directamente, en su
caso, la Consejería de Justicia a través de ICM y se los trasladen a
Indra por la puerta de atrás”. Indra es una empresa con capital muy
mayoritariamente privado, y factura anualmente a la Comunidad unos 12
millones de euros.
Fuentes de la multinacional admiten los pagos, que se efectúan
directamente en las cuentas de los jueces, fiscales y secretarios tras
practicarse las oportunas deducciones fiscales. Estas fuentes añaden:
“Indra ha pagado a los jueces que [Justicia] nos han dicho que pagásemos
y las cantidades que nos han comentado que demos a cada uno”. Indra
reconoce que necesita a los juristas para acometer el proyecto
informático. (...)
Fuentes judiciales también se muestran sorprendidas por que la Comunidad
pague a jueces a través de una empresa privada como Indra y, en su
caso, no lo haga a través de su organismo público ICM, “ya que un juez
nunca debe percibir retribución alguna de una empresa privada”.
Indra
también ha desarrollado aplicaciones informáticas para la Consejería de
Educación, pero en este caso no se ha pagado a ningún profesor o maestro
ni personal docente por su colaboración, reconocen fuentes del Gobierno
regional. (...)" (
José Antonio Hernández
, El País, Madrid
22 FEB 2015)
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