"Los empresarios valencianos que han
reconocido financiar al Partido Popular de la Comunitat Valenciana no
son unos patronos cualquiera. Entre los nombres de los corruptos
confesos se encuentran, desde el expresidente de la patronal alicantina
Coepa, Rafael Martínez Berna; a la empresa que ostenta el monopolio del
agua en Castellón, Facsa de Enrique Gimeno; pasando por las
constructoras que gracias a una ley del PP se convirtieron en la firma
con más plazas concertadas en residencias para mayores, Sedesa y Grupo
Cívica de Vicente Cotino y Enrique Ortiz, respectivamente.
Entre todos y sin contar a Piaf (de los hermanos Antonio y Alejandro
Pons Dols que está en concurso de acreedores) ingresaron el pasado año
gracias a la contratación pública alrededor de 300 millones de euros.
Gestión del ciclo integral del agua, depuradoras, limpieza de edificios
públicos, recogida de basuras, mantenimiento de carreteras, trabajo con
dependientes y obra pública. Todos los sectores donde existe inversión
pública y que dependen de los ciclos políticos.
El primero en pactar con la fiscal y uno de los
empresarios más importantes de Alicante es Enrique Ortiz, del grupo
Cívica, conocido también por las grabaciones del caso Brugal como "la
polla insaciable". Fue el patrono que abrió el camino a los demás y
quien tiene otras causas por presunta corrupción abiertas.
Ortiz es conocido por haber presidido el Hércules Club de Fútbol y sus
empresas continúan viento en popa pese a la crisis y sus implicaciones
en escándalos políticos En 2016 sus empresas tuvieron un beneficio de 26
millones de euros con contratos tan importantes como la recogida de
basura de Alicante. Con sólo una multa de 109.000 euros se ha librado de
la cárcel tras confesar en el caso Gürtel.
A
principios de la década del 2000, este constructor diversificó sus
inversiones hacia el cuidado de dependientes a la sombra de una ley
creada por el exconseller preso Rafael Blasco y regada con dinero a
espuertas por el también exconseller Juan Cotino. Como socio eligió a
otro de los empresarios confesos. Se trata de Vicente Cotino, con quien
montó Savia Geroresidencias, una sociedad que tienen concertadas
centenares de plazas públicas de mayores.
En 2009, la policía intervino una conversación entre
Vicente Cotino y Enrique Ortiz, mientras el primero estaba de viaje en
el Caribe. En la grabación ordenada por el juez, Ortiz le recuerda que
hay que «presionar a Joaquín Martínez (secretario autonómico de
Bienestar Social), y añade que «el conseller tiene todo el interés del
mundo en llenar nuestras residencias, pero Joaquín Martínez se está
tocando los cojones y le da lo mismo llenar las residencias nuestras que
las del tío la boina». El conseller era Juan Cotino, tío de Vicente y a
quien Álvaro Pérez El Bigotes acusa de ser el recaudador del PP.
En la actualidad, Savia Geroresidencias continúa gestionado el mismo
número de centros concertados para mayores que cuando se le adjudicaron
en 2001. El PP le blindó un negocio para dos décadas.
Otro de los empresarios que han confesado haber financiado al PP
durante los años 2007 y 2008 es Enrique Gimeno, de la empresa Facsa, que
tiene más de un siglo de historia. Gimeno tiene el monopolio del agua
en la provincia de Castellón en municipios, en diputación y hasta en las
depuradoras de la Generalitat, de las que gestiona el 90 por ciento. No
tiene competencia en esta zona, pero tampoco se expande a otras,
evidenciando un reparto del mercado más que particular.
Prácticamente sin salir de las comarcas de Castelló, la firma de Gimeno
superó en los 100 millones de facturación en 2016 y los 8,5 de
beneficio. El pasado ejercicio demostró que los cambios de gobierno a
partidos de izquierda no le han afectado. Sigue ganando contratos
millonarios.
Otro de los patronos de Castellón que ha
aceptado pagar la multa y reconocer los delitos de falsedad documental y
delito electoral es Gabriel Batalla. Su familia tenía la propiedad de
Lubasa -ya condenada por amañar contratos- y le cambió el nombre para
bautizarla como Becsa. Recientemente consolidaron todas las sociedades
de la familia como el Grupo Obinesa, donde también tienen concesionarios
de coches y una azulejera. Gabriel Batalla es el presidente, aunque el
pasado año perdió el control de la sociedad al vender el 55 % al fondo
Atitlan de Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig.
Sólo con Becsa, que es la empresa de obra pública que en
2017 ganó un concurso de la Generalitat de 25 millones para
mantenimiento de carreteras, la sociedad que preside Batalla facturó en
2016 75 millones. Tuvo 550.000 euros de beneficio.
Rafael Martínez Berna llegó a ser el presidente de la patronal
alicantina Coepa. Con su hermano Tomás Martínez Berna son propietarios
de Hormigones Martínez, del Grupo Vallalba. Son los "príncipes" de la
Gürtel, según la policía, y recientemente ganaron un concurso de más de
20 millones de euros por el mantenimiento de las carreteras del norte de
la provincia de Alicante. Como Facsa con el agua en Castellón, en la
obra pública también existe un reparto geográfico del mercado.
Sólo a través de la empresa Hormigones Martínez facturaron en 2016 70
millones de euros y ganaron 1,3. La multa para evadir la cárcel que les
impuso la fiscal por confesar les costó alrededor de 400.000 euros.
Los que peor parados han salido de la crisis y de haber salido
salpicados por el caso Gürtel son los hermanos Antonio y Alejandro Pons
Dols que, además de haber roto su relación personal, han llevado su
empresa Piaf a concurso de acreedores. Son los empresarios más modestos
de todos los implicados en la financiación del PP, pero en su día
facturaban una media de 30 millones de euros. Piaf también está siendo
investigada en otro presunto caso de corrupción vinculada a los
populares, en este caso en Vila-real.
"Son todos los que están, pero no están todos los que son", dijo el Bigotes en el juicio de Gürtel." (Sergi Pitarch, eldiario.es, 23/01/18)
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