"El caso Taula no
es una anécdota, ni afecta a hechos remotos que ocurrieron en el
pasado. La investigación inicial por blanqueo que involucra desde enero de 2016 a
todo el equipo del PP en la ciudad de Valencia (sus concejales y
asesores habrían simulado donaciones al partido que se les devolvían en
dinero negro) se refería a la campaña electoral municipal más reciente,
la de 2015, y se derivó del inicial caso Imelsa, en el que se investiga
la corrupción en la Diputación de Valencia durante el mandato de Alfonso
Rus.
Pero al contrario de lo que podía pensarse en
un principio, el caso no sigue un esquema de muñecas rusas, en el que
una corrupción más grande incluye otras de menor calado. La evolución
del caso Taula ha adquirido una dinámica propia hasta llegar a conectar
con un escándalo que denunció en 2010 la entonces concejal socialista en
el Ayuntamiento de Valencia, Ana Botella.
La edil reveló la opacidad e irregularidades que marcaban la relación del Ayuntamiento con dos grupos de empresas, Laterne y Trasgos,
que contrataban con el consistorio y al mismo tiempo participaban en la
organización de las campañas de Rita Barberá, pero el asunto no llegó a
trasladarse a la fiscalía.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil incorporado recientemente a una de las piezas de Taula y
basado en documentación aportada por Jesús Gordillo, que fue asesor del
PP, confirma, no solo que Laterne y Trasgos fueron usadas para financiar
ilegalmente las campaña de Barberá en 2007, sino que el modus operandi se repitió en las elecciones de 2011 y 2015.
Sitúa, además, a quien fue mano derecha de Barberá, Alfonso Grau
(juzgado y absuelto en el caso Nóos), en el centro del sistema
irregular. El PP habría pagado sistemáticamente actos electorales
financiados por empresas contratistas desde una caja B.
La forma de actuar es similar a la empleada por el PP de la Comunidad
Valenciana en el caso Gürtel. Laterne y Trasgos habrían jugado a escala
local el papel que Orange Market, la terminal valenciana de la trama que
lideraba Francisco Correa, jugó en Gürtel.
Un caso con el que el
Ayuntamiento que presidía Rita Barberá tuvo una conexión a través de la
Feria de Valencia, cuyo patronato presidía la alcaldesa. En este caso
un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la
policía cifró en 1,2 millones de euros lo que la institución ferial, que dirigía Alberto Català, pagó a Orange Market, según la documentación de la contabilidad B de Correa.
De hecho, según el concejal que denunció la trama Gürtel, José Luis
Peñas, la influencia de la red corrupta en Feria Valencia fue tal que
Francisco Correa era quien nombraba a su presidente. El PP dejó a deber
más de 625.000 euros a la institución ferial por el alquiler de sus
instalaciones para el congreso del PP en 2008 en el que Mariano Rajoy
fue reelegido al frente del partido. Solo cuando una sentencia les ha
obligado a hacerlo, los populares han pagado lo que debían, tras reclamarlo los nuevos responsables de la institución.
La financiación irregular unifica todos esos casos de corrupción
política. Y también aparece en el caso Emarsa, que investiga el saqueo
de la depuradora metropolitana de Valencia, en Pinedo. La empresa
pública, controlada desde un organismo en el que el PP de Valencia
manejaba los hilos, habría pagado cenas de militantes del PP local
mientras Esteban Cuesta, que fue cargo orgánico de segundo nivel del
partido, era su gerente. Además, numerosos cargos del PP de València,
entre ellos la propia Rita Barberá, recibieron regalos de lujo con
dinero público de la depuración de aguas.
Las piezas
van encajando en un rompecabezas que revela que el presunto blanqueo en
el grupo municipal del PP, por el que están imputados nueve de sus 10
concejales, es solo la punta de una red mucho más amplia y continuada en
el tiempo. Una red que también tenía que ver con el caso Púnica, otra
de las grandes causas de corrupción que afectan al PP en España.
Según un informe de la UCO de la Guardia Civil aportado al sumario de Púnica, el actual concejal popular
Alberto Mendoza; el exconcejal, hoy diputado autonómico, Miquel
Domínguez y el exjefe de prensa de Barberá, Julio Valero, participaron
en el pago con dinero público al conseguidor de la red, Alejandro de
Pedro, por favorecer la imagen del PP en Internet.
Si en un tiempo parecía que, a diferencia de su correligionario y amigo
Francisco Camps, Rita Barberá había quedado al margen de la corrupción
que implicó a todo el PP valenciano, a medida que avanzan las
investigaciones judiciales toma forma un rompecabezas que sitúa a
Barberá en la cúspide de un enorme entramado corrupto.
Cuando la
exalcaldesa de Valencia murió en Madrid en noviembre de 2016, era
técnicamente una tránsfuga del PP, cuyo grupo había tenido que abandonar
en el Senado al tener que declarar ante el Tribunal Supremo imputada en
el caso Taula. " (Adolf Beltran
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