Corrupción judicial: un juez amenazado por el Consejo General del Poder Judicial

"(...)Un juez frente al Consejo General del Poder Judicial

Corría mayo de 2015 cuando un joven juez llamado Manuel Ruiz de Lara pagó el viaje de un pequeño grupo de alumnos de Derecho a Bruselas. Su objetivo: debatir sobre el Derecho, sus órganos y sus leyes con estudiantes de otras universidades.

Él tenía 35 años y los alumnos veintipocos. Él era el portavoz de la llamada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación empeñada en denunciar las conexiones entre los partidos políticos y los órganos judiciales. Sus alumnos pertenecían a una quinta dispuesta a destripar el funcionamiento de la Justicia por ver si hallaban el mal.

Pocos días después de aquel viaje a Bruselas, el juez Ruiz de Lara recibió una llamada. A media mañana, cuando se encontraba en su domicilio disfrutando de un tiempo de vacaciones, sonó su teléfono personal. Al otro lado de la línea, un hombre se identificó como inspector del CGPJ y le preguntó cómo se financiaban esos debates universitarios. Él respondió que de su bolsillo. No se le informó de nada más.

Para entender la rocambolesca y oscura telaraña tejida en torno al juez Ruiz de Lara, en cuyo lienzo participa incluso el presidente del Tribunal Supremo, resulta imprescindible ver un vídeo de la Plataforma por la Independencia Judicial.

Este:

La siguiente comunicación le llegó al juez Ruiz de Lara más de un año después de aquella llamada de 2015.

El 2 de agosto de 2016, a las 13.30 de un miércoles soleado en el Mediterráneo, el joven juez recibió un mail en el que el CGPJ le preguntaba si tenía algún cargo en la asociación universitaria de debate y si recibía alguna remuneración por ello. Él ya vivía en Barcelona, donde desde febrero de ese año ocupa su puesto en el juzgado Mercantil número 10. Allí recibió el correo y desde allí respondió que no a ambas preguntas.

 Un hombre llamado Antonio Jesús Fonseca-Herrero había abierto diligencias informativas contra él. Fonseca-Herrero es lo que el CGPJ llama Promotor de la Acción Disciplinaria, cargo que une en su nombre las ideas de “acción” y “disciplina”, valga la evidencia.

“La asociación de los estudiantes es una entidad privada universitaria, y yo lo hice porque los debates que organizaban me parecía una actividad bonita académicamente”, explica. Ruiz de Lara es un treintañero flaco y sonriente de gran nariz y cejas pobladas sobre los ojos pardos. Habla con una seguridad ligeramente cascabelera que contrasta con su empeño constante en justificar algo que, en principio, parece que no necesitaría justificación.

De la misma forma que no sería necesaria la investigación puesta en marcha por el Promotor de la Acción Disciplinaria Fonseca-Herrero. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Y quizás por eso puso a disposición del CGPJ su cuenta corriente, donde entradas y salidas de dinero demostraban la verdad de sus palabras: gastos en los alumnos y ningún ingreso por esa parte.

Así quedó todo hasta que el pasado mes de enero de 2017, Ruiz de Lara decidió preguntar al Consejo por la marcha de la investigación a la que le someten. En ese momento llevaba ya más de 5 meses en marcha, y sin más noticias que las preguntas sobre la asociación universitaria de debates.

Entonces llegaron las sorpresas. Dos.

Sorpresa Uno: existe un informe secreto llevado a cabo por el magistrado José Manuel de Vicente Bobadilla donde queda en evidencia que ha investigado las actividades y la página web de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Este informe secreto no tiene ningún tipo de cobertura por parte de procedimiento alguno, y, lo que resulta más sorprendente, Ruiz de Lara desvela que está encargado por el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

El Consejo General del Poder Judicial solo puede investigar a jueces. La Plataforma es una entidad privada y entre sus socios se cuentan jueces, y también abogados y ciudadanos de a pie interesados en sus actividades. Más allá del pasmo que supone imaginar a todo un presidente del Supremo en estas triquiñuelas, como si no tuviera rotos nuestra democracia, la investigación es irregular.

Sorpresa Dos: existe un segundo informe del 12 de julio de 2016. Está firmado por Esperanza Córdoba Castroverde e insiste en la participación remunerada del joven juez en los debates universitarios. “El problema no es que haga esas insinuaciones, que ya es bastante grave”, protesta Ruiz de Lara, “sino que se basa únicamente en que aparezco en una foto de Facebook con jóvenes universitarios…

 En fin, yo y no sé cuántos magistrados más”. En los debates han participado, entre otros, el presidente de la Audiencia Nacional o el Fiscal General del Estado, y acuden personas de pública relevancia como Manuela Carmena, Adolfo Suárez Illana o Pablo Casado. La relación de la investigadora con el presidente del Supremo pasa por su hermano, Diego Córdoba Castroverde, considerado uno de los “cerebros en la sombra” de Lesmes.

Y entonces llega el vídeo, contundente, durísimo con la politización y corrupción en los nombramientos del CGPJ, nacido desde dentro.

Lo grabaron un sábado del pasado mes de enero en casa de uno de los miembros de la Plataforma por la Independencia Judicial, en el madrileño barrio de Salamanca. Les costó 700 euros, que pagaron entre siete miembros, a razón de 100 euros cada uno. Cuenta Ruiz de Lara que así suelen hacerse las cosas en la Plataforma. Entonces, lo enviaron “a toda la carrera judicial”.

Ruiz de Lara: “Nosotros denunciamos que hay que cambiar el sistema de elección de vocales del CGPJ. Actualmente se lo reparten los partidos, y eso implica que los políticos metan la mano en la Justicia. Y criticamos los nombramientos realizados por el CGPJ. Les corresponde la competencia para nombrar a los altos cargos de la judicatura y no se ajustan a los criterios de mérito y capacidad, es decir, se favorece a un magistrado que tiene menos méritos que otro que también concurre.

¿Motivo? Por razones de amiguismo con el presidente del Supremo, con algunos vocales, o porque se cree que va a pensar de una forma determinada, de acuerdo con alguna ideología o partido…”.

Tres días después de mandar el vídeo a todos los jueces, el pasado viernes 24 de febrero, pese a que no había indicio de que el juez Ruiz de Lara hubiera cometido infracción disciplinaria alguna, el Consejo General del Poder Judicial le llama a declarar. A él, y al presidente de su Plataforma, Agustín Azparren, exvocal del Poder Judicial, magistrado en excedencia, y a la presidenta de una liga de debate estudiantil, Ana Funes, una universitaria de 22 años.

–¿A declarar sobre qué?

–Sobre nada, porque no me concretan sobre qué tengo que declarar. Tampoco me informan si se me imputa alguna falta. Voy sin garantía ninguna, ni siquiera saber si tengo derecho a un abogado para defenderme.

–¿A defenderse de qué?

–Pues no tengo ni idea… Hombre, pero cuando a uno le cita un órgano determinado que te puede abrir un expediente disciplinario, lo lógico es que te informen sobre qué te van a tomar declaración, y a partir de ahí tú articulas tu defensa. Son los derechos mínimos de cualquier investigado.

–Pero ¿de qué podían informarle?

–De nada. No me informan de nada porque no tienen nada que imputarme.

–¿Por qué citan también al presidente de la Plataforma, Agustín Azparren, y a la estudiante Ana Funes?

–Aquí se comenten dos irregularidades: el CGPJ no puede citar a ciudadanos, para empezar. Pero además requiere que se aporten los estatutos de la Plataforma y los de la asociación universitaria de debates. Tampoco puede requerir a una entidad privada que aporte nada. El Consejo General no es un órgano judicial, sino un órgano administrativo destinado a gobernar la carrera judicial. Solo a los jueces.

–A los jueces que cometen irregularidades.

–Sí. Yo entiendo que con mi dinero puedo hacer lo que me dé la gana. El promotor de la acción disciplinaria Fonseca-Herrero me pregunta otra vez lo mismo, si recibo alguna retribución, y le respondo que no. Y para mi sorpresa me pregunta que por qué hago esto.

–¿Qué responde?

–Que yo creo que en la vida hay cosas que uno hace por mero idealismo, que es por lo que yo lo hago, vamos, porque conocí a estos universitarios, me pareció buena su idea.

–¿Podía haberle contestado “a usted qué le importa”?

–Efectivamente, porque ni le importa cómo conocí yo a los estudiantes ni por qué hago yo esto. Esto es mi vida privada. Un magistrado también tiene vida privada y se gasta su dinero en lo que quiere.

El momento clave de esa declaración llega en torno al minuto 40. Hasta entonces, el interrogatorio insistía en la asociación universitaria.

Pero entonces el magistrado inquiere qué actividad realiza la Plataforma por la Independencia Judicial, algo que no era objeto de investigación. Durante cerca de diez minutos, el inquisidor insiste en preguntar quién realiza los informes de la Plataforma, qué personas concretas, y cómo se aprueban. Pese a que realizar informes sobre nombramientos del CGPJ es perfectamente lícito, el juez Ruiz de Lara responde que él tiene la función de portavoz y que desconoce quién hace los informes.

“El objetivo era que yo diese unos cuantos nombres y que a esos magistrados, no sé, incluirlos en una lista negra y en el futuro ya se verá”, medita. “Esa insistencia en hacer constar el nombre concreto….”.

Termina el interrogatorio sin llegar a ningún lugar, porque de ningún lugar se partía.

Las diligencias informativas llevan abiertas desde julio 2016: siete meses. Los procedimientos disciplinarios a jueces solo pueden durar 6 meses. Si en lugar de abrir un procedimiento disciplinario –no pueden hacerlo al carecer de indicios–, abren diligencia informativa, como es el caso, no tienen límite de tiempo.

–Quiero llamar la atención del riesgo que suponen las diligencias informativas para la independencia judicial. Si yo le abro a un magistrado una diligencia informativa y la dejo abierta sine die, ese magistrado mañana tiene un caso de corrupción de un partido político, estando el CGPJ nombrado por los partidos… ¿Quién me dice a mí que no se usan esas diligencias abiertas para condicionar la decisión del magistrado?

–¿Qué pretenden exactamente según usted?

–Yo estoy en un mercantil y no llevo ahora casos de corrupción. Pero, ¿qué hacen conmigo? Mantienen las diligencias abiertas con el objetivo de decirme “chaval, dejad ya de hacer los informes de nombramientos y dejad de denunciar, que no nos interesa que esto salga en la prensa y el vídeo se difunda”. Como soy el portavoz, puedo ser un chivo expiatorio.

–Es chocante que, después de todo esto, el Consejo General acabe de declarar que no tiene ningún interés en la Plataforma que usted representa.

–Ha habido una reacción en cadena de toda la carrera judicial. El presidente del Supremo ha enviado una nota de prensa donde no se aclara nada. Una de las cosas que dice es que no hay ningún interés en la Plataforma.

¡Claro que lo hay! Hoy mismo [martes 28 de febrero] acaban de enviar un requerimiento a la Plataforma para que informe sobre cuándo se constituyó, para que aporte estatutos y actas de nombramiento de los cargos de la junta directiva… ¡Solo un día después de decir que no les interesaba nada!(...)"                   (Cristina Fallarás,CTXT, 01/03/17)