"El principal detenido en la 'operación Púnica', Francisco Granados,
hacía las labores de conseguidor de la trama desarticulada por la
Guardia Civil.
El que fuera 'número dos' del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid hacía valer su influencia en los despachos de alcaldes municipales para lograr las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.
Fuentes de la investigación han explicado que, aunque Granados llevaba al menos tres años fuera de la primera línea política, era la persona que conectaba a las instituciones públicas con los empresarios implicados en la trama. Sólo en los dos últimos años esta red defraudó 250 millones de euros. (...)
En este caso, según las mismas fuentes, era la empresa Cofely -filial de la multinacional francesa GDF Suez- "la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama" y la que se benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única. Su sede en Madrid ha sido registrada durante horas por los efectivos de Guardia Civil.
Cofely presta servicios de eficiencia energética y en su propia página web anuncia que en 2013 resultó "adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla". El contrato tenía una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros. (...)" (La Voz Libre, 28/10/2014)
El que fuera 'número dos' del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid hacía valer su influencia en los despachos de alcaldes municipales para lograr las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.
Fuentes de la investigación han explicado que, aunque Granados llevaba al menos tres años fuera de la primera línea política, era la persona que conectaba a las instituciones públicas con los empresarios implicados en la trama. Sólo en los dos últimos años esta red defraudó 250 millones de euros. (...)
En este caso, según las mismas fuentes, era la empresa Cofely -filial de la multinacional francesa GDF Suez- "la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama" y la que se benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única. Su sede en Madrid ha sido registrada durante horas por los efectivos de Guardia Civil.
Cofely presta servicios de eficiencia energética y en su propia página web anuncia que en 2013 resultó "adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla". El contrato tenía una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros. (...)" (La Voz Libre, 28/10/2014)
"Granados, "el intermediario de las ovejas negras que querían asegurarse su jubilación"
(...) su carrera política siempre estuvo rodeada de sospechas por sus relaciones con empresarios del negocio inmobiliario, y muy especialmente con David Marjaliza.
Ayer, esas sospechas quedaron patentes con la detención de ambos, en una operación que se llevó por delante a medio centenar de personas. (...)
El papel de Granados, según los investigadores, era
el de intermediario entre el empresario y políticos, las “ovejas negras”
de los partidos, que aceptaban el dinero ilegal para asegurarse su
jubilación.
A cambio, el actual asesor de Société Générale podría cobrar una parte. “Granados seguía ejerciendo sus influencias y eso tenía retorno”, aseguran fuentes de la investigación.
Marjaliza es amigo íntimo de Granados desde hace
muchos años. Durante el tiempo en la alcaldía de Valdemoro, Granados
regía y Marjaliza recibía las adjudicaciones. Fue en el consistorio
donde ambos comenzaron a crear su imperio. Parte del resultado de este
tándem son las cuentas en Suiza de las que ambos disponían (con 1,5 millones de euros en caso de Granados), que ha sido el origen de esta investigación.
Fuentes
del caso consideran que la relación de ambos no acabó cuando Granados
abandonó la Alcaldía, sino que se perpetuó en el tiempo. Granados le
introducía en los círculos políticos y Marjaliza conseguía
adjudicaciones que han llegado a ascender a 250 millones de euros. A
cambio, entregaba comisiones ilegales a los alcaldes y funcionarios.
De
las intervenciones telefónicas se desprende que principalmente los
alcaldes y políticos implicados, como el presidente de la Diputación de
León, Marcos Martínez, comenzaron en los últimos meses a
recibir más comisiones a la vista de que no iban a ganar las próximas
elecciones municipales y autonómicas, previstas para el próximo mes de
mayo, y se irían a su casa con una mano delante y otra detrás. Como
explican fuentes del caso, se trata de personas que no tienen otra profesión y se estaban asegurando su futuro. (...)
Estaban dando por cerrado el “chiringuito” e
intentando quedarse con lo que pudieran. Son las “ovejas negras” de los
partidos políticos, principalmente del PP. Esta trama no implica una
financiación ilegal de las formaciones políticas, pero sí demuestra que la corrupción no es una cosa del pasado, sino que sigue estando al orden del día. Días antes de explotar la Operación Púnica,
todavía se habían repartido las últimas comisiones. Dicen los
investigadores: “Estaban pillando lo último antes de que les echaran”.
El
grado de relaciones de los ‘conseguidores’ con cargos públicos llegó a
tal nivel que de las pesquisas se desprende que Marcos Martínez les
pidió que mediaran para que le nombraran presidente de la Diputación
cuando su antecesora, Isabel Carrasco, fue asesinada. Han llegado a acumular en los últimos años un nivel alto de influencias con cargos del PP. (...)" ( Carlota Guindal , El Confidencial, 28/10/2014)
"La Operación Púnica ha irrumpido este lunes como una nueva macrooperación contra la corrupción en España. Estas son sus claves:
- ¿Qué investiga la operación?
La Operación Púnica se dirige contra una trama de corrupción organizada que operaba en varios niveles de la Administración
—Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas— principalmente en
las regiones de Madrid, Murcia, León y Valencia.
Empresarios de
sociedades constructoras, de obras y de servicios energéticos lograban
irregularmente adjudicaciones de contratos y servicios públicos mediante
sobornos a concejales y funcionarios, quienes utilizaban las comisiones
recibidas para su lucro personal.
Los empresarios se valían también de
intermediarios y operaban con sociedades instrumentales. Mediante esta
fórmula fraudulenta han logrado, solo en los dos últimos años, contratos
públicos por valor de 250 millones de euros.
Francisco Granados abandona su domicilio tras ser detenido
- ¿Cómo funcionaba la trama?
Una vez logrados los contratos públicos de forma fraudulenta mediante
sobornos y comisiones ilegales, la organización blanqueaba los
beneficios a través de un complejo entramado societario.
Todas esas
empresas les servían también para conseguir los servicios y contratos,
vulnerando el principio de libre concurrencia en las licitaciones
públicas, según el cual los procesos de contratación deben incluir
regulaciones que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial
concurrencia, pluralidad y participación de postores. Los implicados en
la trama modificaban los pliegos de contratos con los políticos y con
los técnicos municipales.
- ¿Es un caso de financiación irregular de partidos políticos?
Fuentes jurídicas aseguran que no hay financiación irregular, sino
que los cargos públicos utilizaban el dinero de las comisiones para su
“lucro personal”. Las mismas fuentes añaden que algunos de los
responsables públicos se encontraban al final de su vida política, y
aprovechaban precisamente esa circunstancia para corromperse.
- ¿Cuántas personas hay implicadas?
Hay 51 detenidos, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción,
entre políticos, empresarios y funcionarios. Los políticos pertenecen a
varios partidos, al PP, al PSOE y a formaciones independientes. Entre
ellos se encuentra quien fue el hombre fuerte del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), Francisco Granados, seis alcaldes en ejercicio de Madrid y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, también del PP.
De los seis alcaldes en ejercicio
cuatro pertenecen al PP – son los de las localidades madrileñas de
Valdemoro (José Carlos Boza), Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas),
Casarrubuelos (David Rodríguez Sanz) y Collado Villalba (Agustín
Juárez)- ; uno al PSOE –el alcalde de la localidad madrileña de Parla
(José María Fraile)-; y uno es de un partido independiente (de Unión
Democrática Madrileña, UDMA), del municipio de Serranillos de Valle
(Antonio Sánchez Fernández). Entre los implicados hay también un
exalcalde, el del municipio de Cartagena (Murcia) entre 1991 y 1995,
José Antonio Alonso Conesa, del PSOE.
Otros cargos investigados son el
concejal de Hacienda de Valdemoro Javier Hernández, el cargo de
confianza de la concejalía de Obras Públicas, Sostenibilidad y Servicios
a la Comunidad del Ayuntamiento de Parla, Avelino Pérez, y el
secretario técnico del Instituto de Turismo de la región de Murcia,
Jesús Norberto Galindo.
Entre los empresarios se investiga a David Marjaliza, dedicado
principalmente a la actividad inmobiliaria y ligado a Francisco
Granados, y a Alejandro de Pedro Llorca, relacionado con la consultoría
de servicios y la informática.
- ¿Qué delitos se les imputan?
Los implicados han cometido presuntamente delitos de blanqueo de
capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho,
tráfico de influencias, malversación de caudales públicos,
prevaricación, revelación de secretos, negociación prohibida a
funcionarios, fraude contra la Administración y organización criminal.
La revelación de secretos aparece porque un agente de la Guardia Civil
informó a Francisco Granados de que estaba siendo investigado.
- ¿Cuál es la conexión entre las cuatro Administraciones implicadas?
De momento se desconoce cuál es el nexo común entre las
Administraciones de Madrid, Murcia, León y Valencia. Lo que sí se sabe
es que los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, los
dos conseguidores, eran los ejes sobre los que pivotaba la red.
Ambos, con destacados contactos entre las Administraciones locales y
regionales —entre los que se encontraba Francisco Granados—, extendieron
el entramado. Marjaliza lo hizo, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y
desde Valdemoro, donde consolidó su carrera como constructor. De Pedro,
en la costa mediterránea, donde desarrolló un negocio de consultoría de
servicios, lo que le llevó a relacionarse con las Administraciones
valenciana y murciana, según las primeras pesquisas.
- ¿Cuándo comienza la operación?
En enero de este año la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el
Crimen Organizado inicia la investigación, que liderará los meses
siguientes en coordinación con la Policía Judicial y el grupo de Delitos
contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional
incoa diligencias en el mes de junio, una vez recibe la “detallada
querella”, en palabras de Anticorrupción, que presenta la Fiscalía,
fruto del trabajo realizado junto a la UCO de la Guardia Civil, la
Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado.
Cuatro meses después, este lunes 27 de octubre, se desarrollan las detenciones, los registros y los mandamientos
(un total de 259 a Registros de la Propiedad para que anoten la
prohibición de disponer o vender los inmuebles de los implicados, 400 a
entidades bancarias y aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas
corrientes, valores o cualquier otro producto con la prohibición expresa
de realizar cualquier movimiento de fondos, y 30 embargos preventivos
de vehículos de alta gama de los principales investigados).
- ¿Por qué se destapa la trama?
La trama se revela tras el hallazgo del destino final de parte del
dinero que movieron los sospechosos. La recepción, en enero de este año,
de una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas
graves de blanqueo fue el origen de la investigación de la Fiscalía
Anticorrupción.
Las autoridades helvéticas enviaron a España la
información de dos personas con cuenta en Suiza (Francisco Granados y el
conseguidor David Marjaliza), tras bloquear esos fondos dentro
de una investigación en ese país por un delito de blanqueo de capitales
agravado. Suiza avisó a España porque, según las leyes helvéticas,
estaba obligada a tomar declaración a estos imputados y ante la
posibilidad de que movieran el dinero.
- ¿Por qué se ha llamado "Púnica"?
La Guardia Civil ha bautizado esta macrooperación con el nombre de Operación Púnica por el Punica granatum, el nombre científico del granado,
el árbol frutal que da la granada. Es decir, una referencia al pez más
gordo de los detenidos como supuestos integrantes de la trama: el
exconsejero de Madrid Francisco Granados." (
E.G.DE BLAS
, El País, Madrid
27 OCT 2014)
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