"La decisión del juez Eloy Velasco de requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid y tomar declaración como imputados dentro del caso Púnica a dos antiguos altos cargos del PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre y a varios empresarios ha sacado a la luz dos nuevas vías de financiación supuestamente irregular de los populares: Fundescam
y el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de
inauguración de obras públicas.
Son las dos últimas cabezas de una
hidra, la de la supuesta caja b de la formación, que ya había mostrado durante los tres años de investigación otras cuatro de sus caras.
La reputación on line. Es la
partida de supuesta financiación irregular menos cuantiosa, apenas
varios cientos de miles de euros, pero es la que más repercusión
política ha generado. Políticos del PP de toda España desviaron
supuestamente fondos públicos a las empresas del experto informático
Alejandro de Pedro para que este promocionara su imagen política en
Internet. Uno de ellos, Marcos Martínez Barazón, que fuera presidente de
la Diputación de León, ya ha sido procesado por ello.
Otros, como el
exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y su
compañero en el Ejecutivo, Lucía Figar, están imputadas, como también el
que fuera consejero de Industria de Murcia, Juan Carlos Ruiz. En esta
región, el presidente, Pedro Antonio Sánchez, y la hoy senadora Pilar
Barreiro, están pendiente de que el juez Velasco decida si envía sendas
exposiciones razonadas para que los investigue el Tribunal Superior y el
Supremo.
Además, la Guardia Civil mantiene abiertas pesquisas en otros
municipios, como Castellón y Gandía (Valencia). En este último, un
informe de la UCO señala al que fuera su alcalde, Arturo Torró, y al
parlamentario regional Víctor Soler.
Los maletines. También ha salido a la luz uno de los métodos tradicionales de financiación ilegal: el pago en metálico de comisiones. Una agenda del exconsejero y ex número dos del PP madrileño Francisco Granados
reveló que este entregó supuestamente al partido dos millones de euros
procedentes del empresario Javier López Madrid, miembro del consejo de
administración de la constructora OHL y yerno del anterior presidente de
esta empresa Juan Miguel Villar Mir.
Los investigadores -y el juez
Velasco con ellos- consideran que existen otras empresas financiadoras.
De hecho, en el auto dictado en noviembre de 2015 para poner en libertad
bajo fianza a Ignacio Palacios, mano derecha de Granados y señalado
como su supuesto testaferro, el magistrado ya apuntaba a la presunta
entrega de dinero en efectivo por parte de mercantiles.
En aquel
escrito, se destacaba el papel “clave” de este colaborador del
exdirigente popular “mediante la recepción de cantidades en metálico
entregadas por empresarios”.
Fiestas e inauguraciones. Waiter Music SL
acaparó durante años contratos municipales para organizar festejos en
una veintena de localidades de Madrid gobernados por los populares. Todo
ello, según la Guardia Civil, gracias a la estrecha relación entre su
propietario, José Luis Huerta, y Granados. En un reciente informe de la
UCO se destaca que el primero consiguió “entre los años 2006 y 2010
contratos con ayuntamientos gobernados por el PP por valor de
19.214.514,56 euros”..
A cambio, la Guardia Civil considera que Huerta
obsequió con la organización de diversos “eventos de carácter personal” a
Granados y a otros cargos públicos, pero también al propio PP, cuyo
coste luego era cargado a las arcas públicas mediante el inflado de las
facturas por la organización de fiestas patronales y conciertos. Solo en
Valdemoro, la UCO estima que se desviaron cerca de 200.000 euros del
erario para sufragar mítines y actos del PP.
Waiter Music también organizó los festejos que acompañaron
la inauguración en 2007 de dos grandes obras de ampliación de la red del
Metro de la Comunidad de Madrid. En este caso, fueron las constructoras
que recibieron las adjudicaciones las que se encargaron de contratar a
la empresa de la trama, pero el juez Velasco sospecha que lo hicieron
por indicación expresa de Granados.
Encuestas políticas. La investigación sobre
los supuestos amaños de contratos a favor de la sociedad Cofely, filial
del gigante energético francés GDF Suez, ha revelado que en ocasiones
la mordida no era en efectivo sino mediante la elaboración de encuestas
electorales. Los beneficiarios eran alcaldes, en su mayoría del PP,
aunque también los había de otros partidos, como el socialista de Parla
(Madrid), José María Fraile.
Las empresas que aspiraban a conseguir una
adjudicación, encargaban a la consultora TNS, cuyo propietario está
imputado, un sondeo de intención de votos que se camuflaba como estudio
socioeconómico. El partido se ahorraba así el coste del mismo. Los
investigadores han encontrado indicios de que esta práctica se realizó
entre 2005 y 2014. Las primeras estimaciones cifran en más de 400.000
euros el coste real de estos trabajos.
Fundescam. No es la primera vez que esta fundación del PP de Madrid aparece salpicada por la corrupción. Ya ocurrió en el caso Gürtel.
Entonces, el juez Antonio Pedreira archivó las pesquisas al considerar
que los posibles delitos cometidos a través de ella estaban prescritos.
Ahora, su colega Velasco ha reactivado esta línea de investigación que
convierte las donaciones de empresarios a esta fundación creada por el
PP durante los años en que Esperanza Aguirre presidió la Comunidad de
Madrid en una de las más prometedoras de las pesquisas.
La misma surgió
tras encontrarse durante los registros de la sede de los populares y en
el domicilio del que fuera su tesorero, Beltrán Gutiérrez, documentación
que relacionan las aportaciones realizadas por algunos empresarios con
la posterior adjudicación de contratos públicos. Uno de ellos es el
presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, quien logró
contratos públicos para su empresa de restauración en organismos
públicos. El pasado miércoles fue citado a declarar a la Audiencia
Nacional.
Actos publicitarios. Las sospechas se
centran en las sociedades Over Marketing, Traci Comunicación y Link
América, todas ellas de empresario argentino Daniel Mercado. En
concreto, en los contratos firmados con ellas por las consejerías de
Sanidad y Transportes, la Dirección General de Justicia y la antigua
empresa pública del suelo Arpegio, los órganos de la Comunidad de Madrid
a los que ha acudido en los últimos días la UCO para reclamar facturas.
Los investigadores han constatado que estas sociedades acapararon
adjudicaciones para organizar primeras piedras y cortes de cinta en los
que se invertía el 1% del presupuesto de la obra y de la que
supuestamente se desviaba una parte para la supuesta caja B del PP
madrileño." (El País, 13/03/17)
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